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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00490-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00490-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia de 15 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán de la siguiente manera: SEGUNDO: Declarar la existencia de una relación laboral subyacente entre la señora Angélica María Posso Cruz y la ESE Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro, Valle del Cauca, en los siguientes periodos: i) entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005; ii) entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de junio de 2011; y iii) entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre de 2011. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la ESE Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro, Valle del Cauca, a pagarle a la demandante Angélica María Posso Cruz la suma de veintinueve millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos ($29.664.465), por concepto de prestaciones sociales dejadas de percibir en los periodos comprendidos entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de junio de 2011, y entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre de 2011, conforme la liquidación efectuada en la motivación. Asimismo, deberá reconocer y pagar a la parte actora la dotación de vestido y calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación, en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2011. CUARTO: ORDENAR a la ESE Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro, Valle del Cauca, tomar como ingreso base de cotización pensional de la demandante Angélica María Posso Cruz, durante los periodos comprendidos entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005, entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de junio de 2011, y entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre de 2011, conforme los montos indicados en la motivación como devengados por concepto de honorarios pactados. Si existe diferencia entre los aportes realizados como asociada a la cooperativa y como contratista, y aquellos que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00490-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2026

Radicado: 76001-23-33-000-2013-00490-01 (1332-2023)
Demandante: Angelica María Posso Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00490-01 (1332-2023)
Demandante: Angelica María Posso Cruz
Demandado: ESE Hospital Sagrada Familia

Tema: Relación laboral subyacente o encubierta/ auxiliar de
enfermería.

Decisión: Modifica sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia de 15 de
agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:

2. Declarar la nulidad del acto administrativo a través del cual se negó la solicitud
de reintegro y pago de las prestaciones sociales reclamadas contenido en el
oficio TDR/100.313 del 19 de noviembre de 2012. En consecuencia, solicitó que
se reintegre a la demandante al cargo de auxiliar de enfermería o, en su defecto,
a un cargo de igual o mayor categoría. Asimismo, pidió el reconocimiento y pago
de los salarios, prestaciones sociales «legales y extralegales», trabajo
suplementario, auxilio de transporte, prima técnica, prima de servicio, vacaciones
y su prima, calzado y vestido, cesantías e intereses a las cesantías, subsidio
familiar; así como el pago de los aportes realizados al Sistema de Seguridad
Social Integral en salud y pensiones.

3. Que, para todos los efectos, la relación laboral suscitada entre las partes se
tome de manera ininterrumpida y que los dineros a pagar sean debidamente
indexados; se condene a la entidad al pago de las costas y agencias en derecho,

1
Folio 39 expediente físico.

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y que el cumplimiento de la condena se dé en los términos que disponen las
normas procesales.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

4.La señora Angélica María Posso Cruz prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería en favor de la ESE Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro,
Valle del Cauca, entre el 11 de agosto de 2005 y el 31 de diciembre de 2011.

5. Durante este periodo, la relación laboral se suscitó a través de empresas
intermediarias y mediante contrataciones directas con la ESE. En efecto, las
vinculaciones de la demandante con la entidad fueron las siguientes:

5.1. Entre el 11 de agosto de 2005 y el 30 de noviembre de 2005, su servicio se

cumplió a través de CTA Milenium Cooperativa de Trabajo Asociados.
5.2. Entre el 1 de diciembre de 2005 y el 31 de marzo de 2007, laboró directamente

con el Hospital Sagrada Familia.
5.3. Entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de julio de 2011, laboró con CTA Servicios

Especiales CTA.
5.4. Desde agosto de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, estuvo vinculada

directamente por contrato de prestación de servicios.

6. Mencionó que cumplió con un horario de trabajo asignado de 7:00 a.m. a 1:00
p.m. y de 1:30 p.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, y realizó diferentes funciones,
tales como: atención al paciente, servicio de urgencias, hospitalización, traslado
de pacientes en ambulancia, facturación de procedimientos médicos, asistencia
a médicos en partos, verificación de si los pacientes se encontraban activos en
EPS, servicio de recepción, vacunación en las diferentes veredas y atención
primaria en salud.

7.Adujo que tuvo como jefes al personal interno de la ESE, quienes variaron
constantemente las formas de su vinculación.

8. Finalmente, presentó el 2 de noviembre de 2012 reclamación administrativa,
la cual fue negada el 19 de noviembre de 2012.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

9. Expuso que el acto administrativo demandado vulneró las siguientes
disposiciones de orden constitucional: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 25,
26, 29, 40, 44, 46, 48, 53, 54, 90 y siguientes; la Ley 80 de 1993, artículo 32,
numeral 3.

10. Señaló que el acto administrativo enjuiciado incurrió en las causales de nulidad
de desviación de poder y falsa motivación, habida cuenta de que el servicio de la
demandante se llevó a cabo por intermediación de cooperativas de trabajo; sin
embargo, cumplió órdenes y horarios establecidos por la gerencia de la ESE. Por
tanto, considera que a través de las diversas maneras de vinculación se simuló
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una verdadera relación laboral con el objeto de desconocerle las prestaciones
sociales a las que tenía derecho.

1.4. Contestación de la demanda2

11. La ESE Hospital Sagrada Familia del municipio Toro, Valle del Cauca, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones. Al respecto, señaló que la
demandante carece del derecho invocado, pues nunca tuvo la calidad de servidor
público y, por tanto, no resulta procedente el reintegro, en la medida en que no
estaba nombrada mediante el sistema de carrera administrativa.

12. Indicó que, en el caso de la señora Angélica María Posso Cruz, medió una
prestación de servicios, mas no una relación laboral propia de una funcionaria de
carrera administrativa, por lo que no es correcto hablar de desvinculación.
Aunado a ello, precisó que no es procedente liquidar derechos laborales, pues
no existió una relación laboral y el acto administrativo demandado se encuentra
ajustado a derecho.

1.5. Sentencia de primera instancia3

13. El 15 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó
sentencia declarando la nulidad del oficio TDR/100.313 del 19 de noviembre de
2012 y la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 1 de
noviembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011. Como consecuencia, a
título de restablecimiento del derecho, ordenó a la ESE el reconocimiento y pago
en favor de la actora de «las diferencias de todas y cada una de las prestaciones
sociales que resulten entre lo que recibió la actora y lo que en el mismo periodo
hubiese percibido una auxiliar de enfermería de planta de la entidad, dentro del
lapso comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2011».

14. Asimismo, ordenó que, en el período en que se reconoció la relación laboral,
la ESE consignara las diferencias de los aportes a pensión que debió realizar,
como empleador, en favor de la actora. Finalmente, negó las demás pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a alguna de las partes.

15. Paraarribar a la anterior conclusión, el Tribunal encontró probado los
elementos de la relación laboral de la siguiente manera:

16. Indicó que, de manera general, con el contrato de prestación de servicios, las
constancias laborales y las fichas de pago se probaban tanto el elemento de
prestación personal del servicio y la remuneración de las actividades
realizadas por la actora como auxiliar de enfermería en la ESE. Su servicio se
realizó mediante cooperativas de trabajo asociado —Milenium C.T.A. y
Zarsalud— y contratos de prestación de servicios suscritos con la ESE.

2
Folios 73 a 82 expediente físico.
3
Índice

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Demandante: Angelica María Posso Cruz
17. En cuanto a la subordinación consideró que en el expediente existía prueba
de que la demandante cumplió sus funciones como auxiliar de enfermería en los
siguientes periodos: i) del 11 de agosto de 2005 al 30 de noviembre de 2005, por
un convenio de asociación con Milenium C.T.A.; ii) del 1 de abril de 2007 al 30 de
julio de 2011, por un convenio de asociación con Zarsalud C.T.A.; y iii) del 1 de
agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2011, por contrato de prestación de
servicios con la ESE.

18. Que respecto del período comprendido entre el 11 de agosto de 2005 y el 30
de noviembre de 2005, no existía prueba de la remuneración recibida por la
actora. De manera que, por esa razón, no era procedente el estudio de la
existencia de la relación laboral y, en especial, del elemento de la subordinación.

19. De igual manera, en el lapso que se extiende entre el 1 de diciembre de 2005
y el 31 de marzo de 2007, no obra prueba de que la actora hubiera realizado
actividades en favor de la ESE, lo que se corrobora con la certificación a folio 70
del expediente, por lo que también se negó la relación laboral en este periodo.

20. Contrario a lo anterior, respecto del período comprendido entre el 1 de abril de
2007 y el 31 de diciembre de 2011, indicó que reposaban en el plenario las
minutas contractuales que denotan el cumplimiento de horario y la dependencia
de la actora del direccionamiento del personal médico. Asimismo, conforme a los
testigos, se evidencia que la demandante debió cumplir horario, directrices y
órdenes en circunstancias o parámetros determinados por la entidad, debido a
las funciones de enfermería que desempeñaba. Por lo tanto, se acreditó la
subordinación en este tiempo.

1.6. Recursos de apelación

21. La ESE Hospital Sagrada Familia4 del municipio Toro, Valle del Cauca,
solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y se negaran las
pretensiones, toda vez que el Tribunal no tuvo en cuenta las excepciones, las
razones de la defensa, las pruebas documentales y testimoniales, desconociendo
el vínculo contractual entre las partes.

22. Manifestó que, en el período del 11 de agosto de 2005 al 30 de noviembre de
2005, el empleador directo de la señora Posso Cruz fue la Cooperativa de Trabajo
Asociado Milenium, a través del convenio de asociación, tal como consta en las
certificaciones, la cual tenía la autoridad para disponer a su arbitrio de la fuerza
de trabajo de la demandante y prescindir de sus servicios.

23. De igual manera, en el lapso comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 30
de julio de 2011, el empleador directo de la demandante fue la Cooperativa de
Trabajo Asociado Zarsalud, a través del convenio de asociación, la cual tenía la
misma facultad de disponer de su fuerza de trabajo como empleador de una
relación de trabajo independiente.

4
Folio 162 del expediente físico.

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24. Frente al vínculodel 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011, la señora
Angélica María Posso Cruz tuvo una relación contractual con la ESE Hospital
Sagrada Familia, a través de la modalidad de prestación de servicios, cuya
terminación se dio por el vencimiento del término pactado en el contrato.

25. Finalmente, la entidad concluyó que no se logró demostrar fehacientemente el
elemento de subordinación en el tiempo del contrato de prestación de servicios,
esto es, del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2011, pues la existencia de
determinadas instrucciones inherentes al objeto del contrato y el cumplimiento de
un horario no configuran tal elemento.

26. La demandante 5, actuando a través de apoderado judicial, presentó recurso
de apelación en el cual solicitó lo siguiente:

27. Respecto del tiempo de servicio del 11 de agosto de 2005 al 30 de noviembre
de 2005, refirió que el Tribunal hizo un recuento frente a la primacía de la realidad
sobre las formas, que no tuvo en cuenta para acreditar, finalmente, la existencia
de la relación laboral encubierta entre las partes. Explicó que la subordinación se
acreditó con las pruebas testimoniales, con las cuales se demostró que la señora
Posso Cruz desempeñó actividades propias del Hospital Sagrada Familia como
auxiliar de enfermería.

28. Por lo tanto, hubo subordinación en el servicio durante todo el periodo de su
vinculación, a pesar de que en determinados espacios esta se dio mediante
cooperativas de trabajo.

29. Aludió que no se puede desconocer la subordinación que recibió la actora por
parte del Hospital y que, si bien es cierto que fue vinculada en dos periodos por
las cooperativas, también lo es que existió una clara relación laboral encubierta
por parte de la entidad estatal.

30. Solicitó el reintegro al cargo, dado que la relación laboral que a su juicio se
presentó no le permitía desvincularla; por lo cual, no solo se solicitó la acreencia
de salarios y emolumentos del periodo no reconocido en el 2005, sino también el
reintegro al cargo y los salarios.

1.7 Trámite en segunda instancia

1.7.1 Con auto de 12 de diciembre de 2023 6, se admitió el recurso de apelación.

31. Mediante memorial de 2 de abril de 2024, la ESE Hospital Sagrada Familia
presentó alegatos de conclusión, en los cuales reiteró los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación. Explicó que los
empleadores fueron directamente las cooperativas, a través de los convenios

5
Folio 175 del expediente físico.
6
Ver índice 04 aplicativo SAMAI RAD 76001-23-33-000-2013-00490-01 (1332-2023).

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individuales de trabajo que ella celebró, tal como se probó durante el trámite de
la primera instancia.

32. La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

33. Se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la
Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7.

35. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, como la apelación la
realizaron las dos partes, pero únicamente en puntos determinados de la
sentencia de primera instancia, la resolución del caso se ceñirá a cada uno de
sus planteamientos. De allí que no se haga estudio alguno respecto del tiempo
reclamado en la demanda y negado en primera instancia comprendido entre el 1
de diciembre de 2005 y el 31 de marzo de 2007, dado que no fue objeto de reparo
alguno por las partes.

2.2. Problema jurídico

36. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

37. ¿Entre la señora Angélica María Posso Cruz y la ESE Hospital Sagrada
Familia existió una relación laboral encubierta en el período comprendido entre
el 11 de agosto de 2005 y el 30 de noviembre de 2005 y entre el 1 de abril de
2007 al 30 de julio de 2011, cuando ejecutó actividades de auxiliar de enfermería
mediante contratos de prestación de servicios y convenios de asociación con las
cooperativas Milenium C.T.A. y Zarsalud C.T.A.?

38. De encontrarse acreditada la existencia de la relación laboral encubierta, se
estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció en todo o en parte el fenómeno

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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de la prescripción trienal y si la actora tiene o no derecho al pago de las
prestaciones sociales que devenga un funcionario de planta de la entidad y al
reintegro del cargo y al pago de salarios.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

39. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

40. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

41. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius
variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector,
organizativo o disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a
desarrollar correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

42.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. De las cooperativas de trabajo asociado

Con ocasión a esas cooperativas la Ley 79 de 1988, señaló que su finalidad
43.

no era otra que la de proveer de herramientas al sector cooperativo para poder
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integrarse y desarrollarse de manera activa en la economía nacional, en pro de
la comunidad y del interés general, a través de la protección y vigilancia de dicho
sector; definiéndola en su artículo 70 como «aquellas que vinculan el trabajo
personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la
prestación de servicios».

44.Frente a la naturaleza de este tipo de organizaciones, la Corte Constitucional 9
al analizar la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, señaló lo
siguiente:

«Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma
de un grupo de personas que decide unirse para trabajar
mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos
estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos
trabajadores, éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las
relaciones laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los
asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado,
además de participar en la distribución equitativa de los excedentes que
obtenga la Cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma transitoria u
ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se
regirán por la legislación laboral vigente».

45.En relación con las prohibiciones que la legislación anterior imprimió a la
aplicación y ejecución de servicios a través de las cooperativas de trabajo, se
tiene que el artículo 6 ibidem, indicó que a ninguna de ellas les era permitido,
entre otras cosas, «2. Establecer con sociedades o personas mercantiles,
combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o
indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las
cooperativas» negrillas de la Sala. De la anterior disposición se extrae que a las
cooperativas no les es permitido realizar acuerdos que hagan participes y
beneficiarios de su objeto a sociedades, con el fin de que estas últimas se
hicieran acreedoras o sacaran provecho suyo de los beneficios dados por la Ley
a las cooperativas.

46.En similar sentido, la autonomía y protección de la finalidad de la figura de la
cooperativa de trabajo asociado, así como los derechos de sus integrantes, se
reforzó con el Decreto 468 de 1990, con el cual se reglamentó la Ley 79 de 1988,
ya que allí se estableció en su artículo 5 que las cooperativas de trabajo asociado
«deberán ser propietarias, poseedoras o tenedoras de los medios materiales
de labor o de los derechos que proporcionen fuentes de trabajo o de los
productos del trabajo», y el artículo 6 ibidem preceptuó que las cooperativas
debían organizar directamente las actividades de trabajo de sus asociados «con
autonomía administrativa y asumiendo los riesgos en su realización (…)».

9
C-211 de 2000.
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47.El incumplimiento de las anteriores disposiciones podía dar lugar a la
consecuencia prevista en el artículo 107 de la Ley 79 de 1988, cuyo numeral 6
estableció como causal de disolución de las cooperativas que los medios
empleados para el cumplimiento de sus fines, o las actividades desarrolladas,
fueran contrarios a la ley, a las buenas costumbres o al espíritu del
cooperativismo. De igual manera, los artículos 148, 149 y 150 ibidem
determinaron responsabilidades y sanciones para las cooperativas, los titulares
de sus órganos de administración y vigilancia, los gerentes, liquidadores y
terceros que incurrieran en el incumplimiento de las normas legales o
estatutarias, o se aprovecharan indebidamente de los derechos y exenciones
concedidos a las cooperativas.

48.De lo anterior se concluye que, desde la creación de la figura de las
cooperativas de trabajo asociado, el legislador buscó garantizar una modalidad
de trabajo autónoma e independiente, desarrollada por personas organizadas
mancomunadamente bajo las disposiciones legales y sus estatutos internos, con
el fin de satisfacer determinados servicios de manera directa. Ello, con la
correlativa retribución de los trabajadores asociados mediante compensaciones
y retornos proporcionales al trabajo aportado y a los excedentes obtenidos por la
cooperativa.

49.
Por ese motivo, a las cooperativas de trabajo asociado se les vedó celebrar
acuerdos con sociedades o personas mercantiles dirigidos a obtener los
beneficios propios de esta figura para satisfacer necesidades particulares y
ajenas a su finalidad; así como ejecutar servicios respecto de los cuales no
conservaran control, autonomía, o no fueran propietarias, poseedoras o
tenedoras de los medios utilizados para el cumplimiento del servicio.

50. Así las cosas, la Subsección encuentra que, dentro de las hipótesis de uso
desviado de la figura cooperativa —o que atentaran contra el espíritu de
cooperativismo—, se configura, entre otros, el evento en que una cooperativa es
utilizada por una empresa de naturaleza pública o privada para la satisfacción de
determinados fines u objetivos ajenos a aquella, sin que conserve control directo
sobre la organización de las actividades de sus asociados, autonomía
administrativa, manejo de las herramientas, ni dirección sobre el lugar y espacio
del servicio. Lo que, en últimas, deviene en que los trabajadores asociados
puedan ser utilizados para encubrir una relación laboral subordinada bajo una
forma de tercerización con la empresa beneficiaria del servicio.

51. Es así, entonces, que la protección de la independencia y finalidad de las
cooperativas se buscó garantizar a través de las disposiciones normativas
anteriores, mediante la imposición de responsabilidades y sanciones a los
titulares de los órganos de administración y vigilancia de las cooperativas cuando
su utilización no se ajustara a los fines para los cuales fueron creadas, o se
realizara en contravía de las disposiciones legales. Ello, al punto de que el
empleo de medios contrarios a la ley, a las buenas costumbres o al espíritu del

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Demandante: Angelica María Posso Cruz
cooperativismo llegó a configurarse como causal de disolución de las
cooperativas.

52.Posteriormente, a través del Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006 —con
el que se derogó el Decreto 468 de 1990—, el Gobierno Nacional estableció de
manera expresa las reglas sobre desnaturalización del trabajo asociado y las
prohibiciones para actuar como intermediario laboral o empresa de servicios
temporales, en los artículos 16 y 17, así:

«Artículo 16. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea enviado por
la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar servicios a una
persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida en el artículo 17 del
presente decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o
jurídica que se beneficie con su trabajo.

Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos
atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes.

Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativ a y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador
asociado» Negrillas de la Sala.

53.Ahora bien, la Subsección en sentencia del 15 de julio de 2019 10 condensó los
anteriores planteamientos precisando que la desnaturalización de las
cooperativas de trabajo asociado se materializa cuando son utilizadas para
encubrir relaciones laborales y los derechos de los trabajadores cooperados,
siempre y cuando se demuestre que, en aplicación de la primacía de la realidad
sobre las formas, la entidad beneficiaria del servicio ejerció sobre el trabajador
cooperado funciones de empleador con la existencia de los elementos que
caracterizan una relación laboral encubierta, a saber: (i) prestación de un trabajo
en forma personal, (ii) subordinación, y (iii) contraprestación por la labor
ejecutada.

54.
Finalmente, la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formas, en casos de encubrimiento de una relación laboral, no solo debe
predicarse a partir de la prohibición expresa prevista en el Decreto 4588 del 27
de diciembre de 2006, sino también respecto de aquellos servicios que, con
anterioridad a la entrada en vigor de dicha disposición, se ejecutaron en contravía

10
Radicado 76001-23-31-000-2011-01249-01(2164-18), con ponencia del consejero Dr. William Hernández
Gómez.
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de las disposiciones legales y estatutarias propias del trabajo asociado, del
espíritu cooperativo y de las normas que regulaban la figura. Lo anterior, en la
medida en que se compruebe que, a través del servicio cooperado, se encubrió
una relación laboral con una empresa externa que, en su ejecución, actuó como
verdadero empleador del trabajador cooperado, siempre que este último acredite
la existencia de los tres elementos que caracterizan la relación laboral antes
descritos.

2.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

55.Conforme al contrato de trabajo asociado suscrito entre la señora Posso Cruz
y la Cooperativa de Trabajo Asociado Milenium C.T.A., y a los certificados de
tiempo laborado expedidos por el gerente de esa cooperativa y por la
Cooperativa de Trabajo Asociado C.T.A. Zarsalud, se evidencia que la actora
prestó su servicio entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005, y entre el
1 de abril de 2007 y el 30 de junio de 2011, respectivamente. Los tiempos de
servicios, valores y remuneración recibida por ella se resumen de la siguiente
manera:

Empresa o Inicio Fin Objeto Remuneración
Agremiación (compensación)
Cooperativa de 11 de 30 de Promotora salud / auxiliar de $381.500 pagados
Trabajo Asociado agosto de noviembre de enfermería en el «Hospital – mensualmente,
MILENIUM C.T.A. 2005 200511 Toro» según contratos

C.T.A. ZARSALUD 1 de abril 30 de julio de Prestación de servicios como El certificado del
de 2007 2011 auxiliar de enfermería en la 5 de julio de
ESE Hospital Sagrada Familia 2012 expedido
del municipio del Toro Valle por el gerente de
del Cauca la C.T.A. indicó
que la
compensación
mensual
recibida por la
señora Posso
Cruz era de
$691.179. Sin
embargo, esta
compensación no
se precisó en qué
periodo
exactamente de la
vinculación fue
recibida.

Asimismo, en los
folios 23 y s.s. del
expediente se
encuentran las
colillas de pago de
algunos meses de
2007, 2008, 2009,
2010 y 2011 en los
que se aprecian
los valores que por
compensaciones
recibió la

11
De acuerdo con el certificado expedido el 14 de diciembre de 2011 por el gerente de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Milenium C.T.A.

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demandante, los
cuales se
indicarán en la
parte del
restablecimiento
de esta
providencia.

Asimismo, obra en el expediente la minuta del contrato de prestación de
56.

servicios suscrito por la demandante con la ESE para la prestación de su servicio
como auxiliar de enfermería para los extremos, objeto y valor que a continuación
se relaciona:

Contrato Inicio Fin Objeto del contrato Valor del contrato
67 de 011 1 de agosto 31 de EL CONTRATISTA se obliga para con $4.200.000
de 2011 diciembre de la ESE SAGRADA FAMILIA de Toro
2011 Valle a prestar los servicios técnicos
de auxiliar de enfermería y facturación
bajo un modelo de atención primaria
en salud dirigido a las áreas de
promoción de la salud y prevención de
la enfermedad, de acuerdo con su
capacidad técnica realizando las
actividades descritas en la cláusula
cuarte de la presente orden.

57. De lo anterior, se concluye que la demandante prestó sus servicios en favor
de la ESE Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro, Valle del Cauca: i)
entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005, a través de la Cooperativa
de Trabajo Asociado Milenium C.T.A.; ii) entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de
junio de 2011, mediante la Cooperativa de Trabajo Asociado C.T.A. Zarsalud; y
iii) entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre de 2011, mediante contrato de
prestación de servicios suscrito directamente con la ESE.

58.Respecto de la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por la contratista en el período en que realizó sus actividades, considera
la Subsección que los documentos antes referenciados también dan cuenta de
este requisito.

59.En efecto, véase que el contrato suscrito por la actora con la cooperativa
Milenium C.T.A. y el certificado expedido el 9 de octubre de 2012 discriminan los
valores recibidos en ese tránsito contractual. En cuanto al periodo de contratación
con la cooperativa Zarsalud, existe constancia del certificado del 5 de julio de
2012 y de los extractos de pagos realizados mensualmente por la empresa a la
demandante. Finalmente, en el periodo en que las partes suscribieron
directamente contrato de prestación de servicios, da cuenta de la remuneración
la cláusula del contrato que se refiere a los honorarios.

Por lo anterior, la Subsección se aparta de la decisión tomada por el Tribunal
60.

de tener por no acreditada la existencia de la relación laboral entre las partes
entre el 11 de agosto de 2005 y el 30 de noviembre de 2005, en tanto, a su juicio,
durante este periodo no se probó la remuneración recibida por la demandante.

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Antes bien, conforme a las pruebas descritas, es claro que, en este período, al
igual que en los otros en que sí se declaró la existencia de la relación laboral,
existen elementos suficientes para tener por satisfecho el elemento de la
remuneración.

61.De esa manera, conforme a los planteamientos del recurso de apelación de la
demandante, se considera necesario en este punto estudiar el elemento de la
subordinación, a efectos de determinar si, en efecto, se acreditó, no solo en los
periodos en que se tuvo por establecida esta figura en la sentencia de primera
instancia —esto es, entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2011—,
sino también entre el 11 de agosto de 2005 y el 30 de noviembre de 2005.

62.En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre
este elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en
el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el
subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es una
obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que
lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio
con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución
del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación».

63. En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de
establecer si existió una relación de subordinación con el hospital demandado.
Para ello, se tendrán en cuenta los criterios expuestos por esta Corporación en
la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-2021.

64.
Respecto al lugar de trabajo, la Subsección evidencia del conjunto de
pruebas que la demandante ejecutó las actividades encomendadas en las
instalaciones de la ESE Hospital Sagrada Familia.

Sobre el horario de servicio, la Subsección encuentra de las declaraciones
65.

de los señores Héctor Fabio Marulanda Delgado 12 y Nestor Alberto Céspedes
Díaz13, que la demandante cumplía con las actividades que le eran
encomendadas en un turno establecido por la entidad.

12
El testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «pregunta: Señor testigo informe a este despacho si le costa, si esta
señora, pese a que usted ya lo manifestó, si le costa, si la actora, es decir, la señora Angélica María Pozo cumplió horario
o ella llegaba a cualquier hora a prestar el servicio contestó: Ella tenía su horario para laborar».
13
Este testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «pregunta: ¿Usted conoce la jornada laboral en la que se desempeñaba
la señora Angélica María Pozo Cruz? contestó: La jornada laboral era la establecida para todas las enfermeras, o sea,
existían los turnos, existían los horarios que definían el área de enfermería en el hospital (…) Pregunta: ¿Pero siempre
había cumplido un horario? Contestó: Sí, claro, un horario».

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66.Asimismo, de la lectura del contrato suscrito por la actora con la cooperativa
de trabajo Milenium se evidencia que en su cláusula cuarta se determinó la
jornada de trabajo de 48 horas semanales, así como la regulación del trabajo en
horas extras. De igual manera, al analizarse el contrato de prestación de servicios
067 de 2011, se evidencia que dentro de las obligaciones específicas que
cumplía la demandante se encontraban: «21. el recibo de turno de los pacientes
que se encuentren en observación de urgencias (…) 31. Recibir el turno, paciente
por paciente (…) 48. Recibir y entregar turno con inventario de medicamentos
(…)».

67.Para la Subsección, los anteriores elementos son suficientes para concluir que
la actora desarrolló sus servicios en jornadas de servicio determinadas por la
ESE. En todo caso, es de resaltar que, para la Sala el cumplimiento de un horario
no debe entenderse como un aspecto que, en su análisis particular y aislado,
configure el elemento de la subordinación en la relación laboral encubierta. Por
el contrario, ello debe entenderse como un parámetro lógico que guarda relación
con la coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta
ejecución del objeto convenido 14. De manera que es necesario analizar si, en la
ejecución de los contratos, se presentaron direccionamientos y controles
efectivos de las labores contratadas a efectos de acreditar el requisito de la
subordinación.

68.Para analizar la dirección y el control efectivo de las actividades, es de
reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.

69.La entidad, en el recurso de alzada, manifestó que con las pruebas que
reposan en el plenario no se acreditó de forma clara el elemento de
subordinación. Además, consideró que entre el 11 de agosto de 2005 y el 30 de
noviembre de 2005, y entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de julio de 2011, la
demandante realizó su servicio a través de cooperativas de trabajo, las cuales
fungieron como reales empleadoras y no la ESE.

Para la Subsección, no le asiste razón a la entidad, porque del análisis integral
70.

de las pruebas se evidencia que la demandante estuvo sujeta, por parte de la
ESE, al direccionamiento y control de las actividades ejecutadas.

En efecto, de los testimonios se extrae que el señor Héctor Fabio Marulanda
71.

Delgado indicó que conoció del servicio prestado por la demandante como

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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auxiliar de enfermería durante seis años aproximadamente, puesto que, como
trabajador de la ESE, le correspondió transportarla en el curso de las remisiones
médicas que se requerían a diferentes lugares del país 15. Con ese conocimiento,
explicó que, a pesar de las vinculaciones que tuvo la actora mediante
cooperativas de trabajo, recibió directrices de parte del hospital a través de la
enfermera jefe y el gerente, quienes eran los encargados de darle las órdenes a
las enfermeras. Además, indicó que los elementos eran suministrados por la ESE
y que esta era la beneficiaria directa del servicio 16.

72.Por su parte, el señor Néstor Alberto Céspedes Díaz indicó que, en su calidad
de jefe de control interno de la ESE, conoció del servicio de la demandante
durante un año y medio, aproximadamente, desde el año 2008. Al interrogársele
sobre las órdenes que pudo recibir la demandante en su servicio como auxiliar
de enfermería, respondió que aquella dependía directamente de la enfermera
jefe de la ESE 17.

73. Igualmente, al analizarse el contrato de prestación de servicios 067 de 2011,
se evidencia que, como obligaciones específicas, la demandante cumplió las
siguientes: «(…) 2. Cumplir con las guías y protocolos de atención aprobadas
por el comité de calidad de la organización (…) 13. Observar una conducta
acorde con sus actividades y la naturaleza del contratante (…) 18. No
presentarse en la entidad contratante en estado de embriaguez o bajo el influjo
de narcóticos (…) 22. Realizar inventario del carro de paro. 23. Completar el
carro de paro en cada turno, posterior a la atención de emergencia (…) 26.
Registrar los signos vitales en el formato de Triage que existe en el servicio de
urgencias. 27. Cumplir con las órdenes médicas y registrar los procedimientos
en el formato correspondiente. 28. Cuidar los equipos biomédicos y mantenerlos
limpios y desinfectados. 29. Realizar limpieza y desinfección a los equipos
utilizados en los procedimientos (…)».

El análisis en conjunto de las pruebas permite constatar que la actora realizó
74.

actividades bajo las directrices dadas por la enfermera jefe de la ESE, al tiempo
que las funciones ejecutadas conllevan indicios de subordinación, aun cuando
en determinados períodos las vinculaciones se hicieron a través de las
cooperativas de trabajo asociado Milenium y Zarsalud.

15
En detalle el testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿Tiene profesión u ocupación? Contestó: Conductor. Pregunta: ¿Y
cuál es su relación con la accionante señora Angélica María Posso? Contestó: Bueno, Angélica María Posso, ella fue
trabajadora del Hospital Sagrada Familia de Toro. Fue enfermera. Pregunta: ¿Por cuánto tiempo usted la conoció?
Contestó: Por ahí seis años y medio que trabajó ahí en el hospital. ¿Y usted la transportaba? Pregunta: Como ella era
enfermera, a mí me tocaba viajar con ella en remisiones a Cali, a Pereira, a Tuluá, diferentes ciudades del país, de aquí
del valle más que todo».
16
En detalle, todo lo anterior fue declarado por el deponente en los siguientes términos: «Pregunta: ¿Manifiesta el
despacho si la señora Posso cumplía directrices u órdenes dadas por algún directivo del hospital o de otra dependencia
del mismo? Contestó: Bueno, ellos son de contrato, ellos tienen su cooperativa, pero a ellos la manda dentro del hospital,
como ella le trabaja al hospital, hay una enfermera jefe que es la que manda a las enfermeras y hay una cabeza principal
que es el gerente, también tiene mando en ella. (…) Pregunta: ¿Qué persona o qué entidad se veía beneficiada por los
servicios que prestaba ella como enfermera? ¿Qué persona, qué entidad, dónde trabajaba ella? Contestó: Hospital,
porque (…) las órdenes (…) hay una enfermera jefe y hay un director del hospital que son las cabezas principales.
Pregunta: ¿Usted sabe quién es el propietario de los medios de prestación de servicios? Es decir, de las instalaciones y
de las herramientas de trabajo. Contestó: Bueno, el Hospital Sagrado Familia»
17
Al respecto el testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿qué funciones desempeñó la señora Posso en la mencionada entidad
durante el término que prestó sus servidos a la misma? Contestó: Pues yo la conocí en el área de enfermería. Enfermería.
Pregunta: Si la señora Pozo cumplía directrices u órdenes dadas por algún directivo del hospital o de otra dependencia
del mismo. Contestó: (…) ella dependía de una jefe de enfermería que el hospital tenía en ese tiempo, la enfermera jefe».

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75.Por lo tanto, a pesar de que el contrato cooperativo suscrito entre la
demandante y Milenium, y los certificados sobre los lapsos comprendidos entre
el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005, y el 1 de abril de 2007 y el 30 de
junio de 2011, no discriminan de manera detallada las actividades desarrolladas,
sí evidencian que estas se ejecutaron en áreas correspondientes al servicio
asistencial de la ESE demandada como auxiliar de enfermería, las que siguió
desarrollando posteriormente cuando suscribió el contrato de prestación de
servicios directamente con la ESE; lo cual permite concluir que la actora realizó
sus actividades sujeta a las directrices, órdenes e instrucciones impartidas por
los superiores o responsables del servicio; lo que denota que estuvo inserta en
la órbita de dirección y control de la entidad demandada, lo que, a la postre,
configura la subordinación en la prestación del servicio.

Además, no puede pasar por alto la Sala que esta Sección ha considerado
76.

que por lo general las actividades realizadas por los auxiliares de enfermería no
pueden ejecutarse de manera autónoma e independiente, pues sobre estas
personas se presume la concreción de sus servicios bajo el principio de
subordinación.

77.Ello, habida cuenta que quienes realizan la labor de enfermería, no pueden
definir el lugar o el horario en que prestan sus servicios ni tampoco suspender
su ejecución sin que medie alguna justificación, pues, de hacerse, se pondría en
riesgo la prestación del servicio de salud. Aunado al hecho que, por regla
general, la prestación de este servicio se encuentra regulado por las directrices
que al respecto establezca el personal médico a cargo de los cuidados y
tratamientos que requieran los pacientes a fin de garantizar de manera íntegra
el servicio-derecho fundamental de la salud, es decir, la parte demandada en su
condición de empleadora tenía la posibilidad de disponer del trabajo de la
demandante, demostrándose de esta manera la existencia de la subordinación.

78.En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por la actora, ni que las cooperativas
o asociaciones gremiales actuaran como real empleador.

79.En consecuencia, entre las partes surgió una relación laboral subyacente
entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005, entre el 1 de abril de 2007
y el 30 de junio de 2011, y entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.
Por lo tanto, debe declararse que en los dos primeros bloques de tiempo 18 las
cooperativas de trabajo asociado Milenium C.T.A. y C.T.A. Zarsalud actuaron
como simples intermediarias del servicio y, en el último bloque de tiempo, se
desvirtuó que el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes fuera
independiente, pues la actora actuó de forma subordinada respecto de la ESE.

18
Es decir, entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005, entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de junio de 2011.

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80.Por lo tanto, se modificará la sentencia apelada en su numeral segundo de la
parte resolutiva, para precisar que la relación laboral encubierta entre las partes
ocurrió en dichos lapsos. Las prestaciones sociales generadas de este
reconocimiento se estudiarán más adelante.

2.5 Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico – interrupción y
prescripción

81.
Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre las
partes, corresponde determinar si esta fue objeto o no de interrupción.

82.
Pues bien, la Sala advierte que la actora no ostentó la calidad de servidor
público y en razón de ello no es posible equiparar su forma de vinculación con
las personas que gozan de nombramiento ordinario, es decir, en los casos de
relación laboral subyacente, la exigibilidad no se analiza de forma independiente
por cada prestación social sino a partir de la culminación del vínculo contractual;
así lo preciso la Corporación en la sentencia de unificación SUJ2-005-16 de 25
de agosto de 2016 al concluir que «quien pretenda el reconocimiento de la
relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones
derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a
partir de la terminación de su vínculo contractual» 19.

83.
Igualmente, la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021 fijó el período de 30 días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, no obstante, dicho tiempo no es «camisa de fuerza» para determinar si
acaeció o no la solución de continuidad de la relación laboral.

84.
A partir de lo anterior, se recuerda que la señora Posso Cruz prestó sus
servicios en dos bloques de tiempo, cuyos períodos se discriminan a
continuación, junto con los lapsos de interrupción existentes entre la finalización
de uno y el inicio del otro:

1. Entre el 11 de agosto de 2005 y el 30 de noviembre de 2005 (cooperativa)
Interrupción de 1 año, 4 meses y 2 días
2. Entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de julio de 2011 (cooperativa)
Sin interrupciones
Entre el 1 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 (CPS) 20

85.
De esa manera, se evidencia que entre la finalización del primer bloque de
tiempo y el inicio del segundo transcurrió un tiempo superior a 30 días hábiles,
por lo que el término de prescripción de ese primer bloque se tiene que analizar
de manera independiente. No ocurre lo mismo respecto del segundo bloque: si
bien entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de julio de 2011 el servicio de la actora
fue a través de la cooperativa Zarsalud C.T.A., y entre el 1 de agosto y el 31 de

19
Folios 79 a 83 del archivo titulado «065RADICACIONDEL_ANEXOSDEMANDAPDF», exp. digital, índice 2 de Samai.
20
Contrato de prestación de servicios
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diciembre de 2011 lo hizo mediante contrato de prestación de servicios celebrado
directamente con la ESE, no existieron interrupciones que amerite que su estudio
se haga de manera aislada. Por lo tanto, para todos los efectos, la prescripción
de este segundo bloque se tomará de manera conjunta entre el 1 de abril de
2007 y el 31 de diciembre de 2011.

86.En ese contexto, la actora contaba con tres años desde la finalización de su
vinculación con Milenium C.T.A. —30 de noviembre de 2005— para reclamar la
existencia de la relación laboral con la ESE. Sin embargo, ello no ocurrió, pues
la reclamación solo fue interpuesta el 2 de noviembre de 2012. Por ende, en el
periodo comprendido entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005 acaeció
el fenómeno de la prescripción trienal de las prestaciones sociales a las que
tendría derecho la demandante.

87.Respecto al segundo bloque, habida cuenta de que la demandante contaba
con tres años desde su finalización —31 de diciembre de 2011—, es decir, hasta
el 31 de diciembre de 2014, para peticionar la existencia de la relación laboral,
su reclamación ocurrió en momento oportuno, pues fue presentada el 2 de
noviembre de 2012 y la demanda, posteriormente, el 13 de mayo de 2013.

88.En suma, para la Subsección se configuró el fenómeno de la prescripción en
el primer bloque, que transcurrió entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de
2005, y no sobre el segundo, acaecido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de
diciembre de 2011. Dicha precisión se hará en la parte resolutiva de esta
providencia.

Restablecimiento del derecho

89.Una vez corroborada la existencia de la relación laboral y determinado el
período respecto del cual no operó la prescripción trienal, esto es, entre el 1 de
abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2011, procede el estudio del
restablecimiento del derecho de la parte actora. Este se materializa a través del
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión del
servicio desarrollado en favor de la ESE directamente y mediante la Cooperativa
de Trabajo Asociado C.T.A. ZARSALUD.

90.Se observa que la sentencia de primera instancia ordenó el reconocimiento y
pago de las diferencias de las prestaciones sociales que resultaran entre lo que
recibió la demandante y aquello que generalmente recibe una auxiliar de
enfermería de planta de la entidad.

91. Sin embargo, la Subsección se aparta de la consideración del Tribunal, en
tanto que, en decisiones precedentes, esta Sala ha precisado que
la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios no le otorga al
contratista la calidad de empleado público, debido a que esta condición solo se
adquiere previo cumplimiento de las exigencias normativas (nombramiento y
posesión en un empleo que esté previsto en la planta de personal y tenga
definidos sus emolumentos y funciones, previo seguimiento de los mecanismos
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de ingreso que privilegian el mérito, por regla general) 21, por lo que no hay lugar
a la aplicación del principio «a igual trabajo, igual salario», además, la
responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de un contratista y un empleado no
es equivalente 22.

92.Igualmente, se ha considerado que aun en los escenarios en que la posible
equivalencia se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido
implicaría que se superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos
de que dispone la entidad. En este punto, es pertinente advertir que ni siquiera
en aquellos eventos en que se persigue la nivelación salarial este es un ejercicio
posible pues, aunque la parte cumpla algunas funciones similares a las de un
cargo de igual jerarquía, ello no implica que haya identidad total entre ambos
para que sea procedente, ya que para reconocerla es necesario probar el
cumplimiento total de las funciones del cargo frente al cual se reclama la
nivelación.

Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
93.

desempeño de una misma posición jerárquica al interior de una entidad, pero
con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado jurisprudencia
sobre las condiciones de procedencia de las pretensiones, al indicar 23:

«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que
exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos (…)» (negrilla de la Sala).

94. En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:

«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya asignación
es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de igualdad entre
los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto
que solo se logra si se comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta
situación desfavorable: a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales
responsabilidades que las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica
preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y
c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo
cotejado»

95. La Corte Constitucional también ha precisado: 24

21 Artículos 122 y 125 de la Constitución Política
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025,
expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019).
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-42-
000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado 25000-23-42-000-
2018-01454-01 (3652-2022).
24
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también señaló al
respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se ha afirmado que ''en

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«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria
los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos,
hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso
advertir que la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no
meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los
iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones
desiguales...”
[…]

7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la
Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser
igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes
presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma
categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el
horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales.
(…)» (Negrilla de la Sala).

96.
Para la Sala, es claro que, si tratándose de relaciones laborales regulares,
esto es, cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron
vinculados mediante nombramientos presumidos de legalidad, es tan riguroso el
análisis de los requisitos de la igualdad, mucha más dificultad se presenta
cuando uno de ellos está vinculado mediante contrato de prestación de servicios.
En ese orden, la liquidación de la condena no puede efectuarse con fundamento
en el monto de los salarios que devenga el cargo de auxiliar de enfermería, como
lo interpretó el Tribunal.

97.Por el contrario, y de acuerdo con los parámetros dados por esta Sección en
la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, es
pertinente que la liquidación de las prestaciones sociales a reconocer se realice
con base en los honorarios o sumas pactadas en los respectivos vínculos de
prestación de servicios. Ahora bien, como en este caso existieron vinculaciones
por contrato de prestación de servicios y a través de cooperativa de trabajo
asociado, la Subsección tomará, para el primer caso, los valores recibidos como
honorarios y, en el segundo, las sumas recibidas como compensación en el
marco de los contratos cooperativos.

98.De esa manera, se observa que la sentencia de primera instancia, si bien
reconoció prestaciones sociales entre el 1 de noviembre de 2007 y el 31 de
diciembre de 2011, no discriminó cuáles eran, aspecto que la Subsección
considera esencial precisar para determinar, en concreto, los valores a los que
asciende la condena.

En esa medida, se precisa que la demandante tiene derecho al pago de
99.

aquellas prestaciones a cargo del empleador que correspondan a un servidor
público vinculado a una entidad pública del orden territorial —ya que la
demandada ostenta esa calidad— conforme a los Decretos 1042 y 1045 de 1978,

materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los
mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la
predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio
en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU -519 de 1997
[…]».

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estas son: cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones, prima de
vacaciones, prima de navidad, auxilio de alimentación, dotación de calzado y
vestido de labor, y auxilio de transporte. No se reconocerá el pago de la prima
de servicios ni la bonificación por servicios prestados, pues estas empezaron a
reconocerse a los empleados del orden territorial a partir de los años 2015 y
2016, respectivamente.

Finalmente, respecto de la solicitud de reintegro reiterada por la demandante
100.

con su recurso de apelación, la Subsección considera que debe ser negada, por
cuanto el reconocimiento de la existencia de la relación laboral en aplicación del
principio de primacía de la realidad no le confiere la calidad de empleada pública.
Por el contrario, como se indicó previamente, este estatus solo ocurre mediante
un vínculo legal o reglamentario, y no por la simple desnaturalización de un
contrato de prestación de servicios.

De esa manera, el restablecimiento del derecho debe ceñirse, únicamente, a
101.

las prestaciones sociales referenciadas las cuales se proceden a liquidar entre
el 1 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2011 de la siguiente manera,
teniendo en cuenta el monto de las compensaciones devengadas, así:

Abril de 2007: $ 325.374
Mayo de 2007: se presumirá el salario mínimo legal mensual para esta
anualidad.
Junio de 2007: $533.400
Julio a agosto de 2007: $640.080.
Septiembre a noviembre de 2007: $646.748.
Diciembre de 2007: $724.348.
Enero de 2008: Se presumirá el salario mínimo legal mensual vigente, por cuanto
no existe prueba del monto percibido por concepto de honorarios en este lapso.
Febrero de 2008: $890.308.
Marzo de 2008: $839.418.
Abril a diciembre de 2008: $742.308.
Enero y febrero de 2009: Se presumirá el salario mínimo legal mensual vigente,
por cuanto no existe prueba del monto percibido por concepto de honorarios en
este lapso.
Marzo de 2009: $742.308.
Abril a diciembre de 2009: $799.243.
Enero a diciembre de 2010: $670.365.
Enero a diciembre de 2011: $691.307.

Liquidación

LIQUIDADO AÑO HASTA DONDE SE INDEXA 2026 0 2026-0

SALAR INTERE
#
IO AUXILI AUXILI S
Dia #
PROME AUXILI O DE AUXILI O DE TOTAL CESAN SOBRE
Des IPC IPC s meses
D. O DE TRANS O DE ALIMEN ANUAL CESAN TIA LA
de FIN INICI po compl
MENSU TRANS PT. ALIME T SALARI TIA INDEXA CESAN
AÑO AL AL r por
AL PT. INDEXA NT INDEXA OS DA TIA
añ año
POR DO DO INDEXA
o
AÑO DA

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63,85
2007
159, 30 1 433.700 50.800 126.924 3.552 8.875
abril
53 433.700 36.535 91.283 913
2007 64,05
maa 159, 31 1 433.700 50.800 126.528 35.512 88.450
yo 53 448.157 37.768 94.068 972
64,12
2007 159, 30 1 533.400 50.800 126.390 35.512 88.354
junio 53 533.400 44.939 111.808 1.118

2007
jul- 60 2 640.748 50.800 126.351 35.512 88.326
159, 1.281.4
agos
53 64,14 96 109.128 271.424 5.428
64,51
2007
sept- 90 3 646.748 50.800 125.626 35.512 87.819
159, 1.940.2
nov
53 44 167.004 412.993 12.390
64,82
2007 159, 30 1 724.348 50.800 125.025 35.512 87.399
dic 53 724.348 61.018 150.172 1.502
65,51
2008 159, 31 1 461.500 55.000 133.936 37.533 91.400
ene 53 476.883 40.189 97.867 1.011
66,50
2008 159, 28 1 890.308 55.000 131.942 37.533 90.040
feb 53 830.954 69.977 167.870 1.567
67,04
2008 159, 31 1 839.418 55.000 130.879 37.533 89.314
mar 53 867.399 73.075 173.891 1.797
69,80
2008
27
abril- 159, 9 742.308 55.000 125.704 37.533 85.783
0 6.680.7 1.399.4
dic
53 72 612.316 67 125.952
2009 70,80
ene- 159, 60 2 496.900 59.300 133.618 40.412 91.058
feb 53 993.800 84.667 190.776 3.816
71,15
2009 159, 31 1 742.308 59.300 132.960 40.412 90.610
mar 53 767.052 64.627 144.904 1.497
71,20
2009
27
ab- 159, 0
9 799.243 59.300 132.867 40.412 90.547 7.193.1 1.477.1
dic 53 87 659.283 82 132.946
73,45
2010
36
ene- 159, 5
12 670.365 61.500 133.575 41.221 89.530
8.156.1 1.677.1
dic
53 08 772.188 56 204.054
76,19
2011
36
ene- 159, 12 691.307 63.600 133.168 42.528 89.047
5 8.410.9 1.667.3
dic
53 02 796.320 69 202.863

15 35%

BONIFICA
PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA DE PRIMA DE BONIFICA -CIÓN
VACACIO PRIMA DE
DE DE DE NAVIDAD VACACIO VACACIO -CIÒN POR
N VACACIO
SERVICI SERVICI NAVIDA INDEXAD N N POR SERVICIO
INDEXADA N
O O D A INDEXADA SERVICIO INDEXAD
A

0 0 36.283 90.653 20.336 50.808 20.336 50.808 0 0

0 0 36.297 90.406 22.389 55.766 22.389 55.766 0 0

0 0 44.629 111.037 25.821 64.243 25.821 64.243 0 0

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0 0 107.633 267.706 60.588 150.696 60.588 150.696 0 0

0 0 163.596 404.565 91.633 226.603 91.633 226.603 0 0

0 0 60.597 149.136 33.778 83.131 33.778 83.131 0 0

0 0 38.624 94.057 23.854 58.090 23.854 58.090 0 0

0 0 74.458 178.620 38.222 91.692 38.222 91.692 0 0

0 0 70.230 167.121 40.126 95.484 40.126 95.484 0 0

0 0 576.298 1.317.145 313.065 715.520 313.065 715.520 0 0

0 0 83.507 188.162 49.718 112.026 49.718 112.026 0 0

0 0 62.111 139.263 36.254 81.287 36.254 81.287 0 0

0 0 620.502 1.390.289 337.108 755.321 337.108 755.321 0 0

0 0 703.024 1.526.936 391.912 851.214 391.912 851.214 0 0

0 0 724.995 1.518.027 404.255 846.448 404.255 846.448 0 0

CONSOLIDADO
AUXILIO PRIMA
DE AUXILIO INTERES DE PRIMA
TRANSPT DE CESANTI SERVICI DE PRIMA DE BONIFICACI
E ALIMENT A O NAVIDAD VACACION VACACION ÒN POR
INDEXAD INDEXAD CESANTIAS INDEXAD INDEXAD INDEXAD ES ES SERVICIO
O O INDEXADA O A A INDEXADAS INDEXADA INDEXADA
$ $ $
$ 8.128.232 $ 697.826 $0 $ 4.238.328 $ 4.238.328 $0
1.945.494 1.256.553 7.633.125

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 29.664.465

Conforme a lo anterior, la liquidación por concepto de prestaciones sociales
102.

que debe reconocer la ESE en favor de la parte actora asciende a veintinueve
millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos
($29.664.465), por lo que se modificará el numeral tercero de la sentencia de
primera instancia para precisar el monto de la condena.

Asimismo, la demandada deberá reconocer y pagar en dinero a la parte actora
103.

la dotación de vestido y calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido
por la entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la
dotación, en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de
diciembre de 2011.

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Aportes pensionales

104.Se recuerda que la sentencia SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016
sobre los porcentajes a cotización pensional precisó la imprescriptibilidad los
aportes pensionales, por lo tanto, la Administración deberá determinar mes a mes
si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por
el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que
le incumbía como trabajador.

Ahora bien, comoquiera que en esta instancia se reconoció la existencia de la
105.

relación laboral, no solo en los periodos acreditados en primera instancia —entre
el 1 de noviembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011— sino también en
el periodo anterior ocurrido entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005,
la Subsección, dada la imprescriptibilidad de los aportes, por ello se ordenará a
la ESE a realizar su pago en las diferencias que le correspondían como
empleador, pues de las pruebas acreditadas no se comprobó que la demandante
los hubiera recibido. Para el efecto, se modificará igualmente el numeral cuarto
de la sentencia de primera instancia para precisar este particular.

2.7 De la condena en costas

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
106.

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
107.

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, esto es, la
108.

entidad demandada; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo
188 del CPACA.

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Demandante: Angelica María Posso Cruz
Como quiera que, en el presente caso se realiza un ajuste a la condena
109.

impuesta en primera instancia, se estima que no existe parte vencida, por lo tanto,
no se condenará en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia
de 15 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, los cuales quedarán de la siguiente manera:

SEGUNDO: Declarar la existencia de una relación laboral subyacente
entre la señora Angélica María Posso Cruz y la ESE Hospital Sagrada
Familia del municipio de Toro, Valle del Cauca, en los siguientes periodos:
i) entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005; ii) entre el 1 de abril
de 2007 y el 30 de junio de 2011; y iii) entre el 11 de agosto y el 31 de
diciembre de 2011.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la ESE
Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro, Valle del Cauca, a pagarle
a la demandante Angélica María Posso Cruz la suma de veintinueve
millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco
pesos ($29.664.465), por concepto de prestaciones sociales dejadas de
percibir en los periodos comprendidos entre el 1 de abril de 2007 y el 30
de junio de 2011, y entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre de 2011,
conforme la liquidación efectuada en la motivación.

Asimismo, deberá reconocer y pagar a la parte actora la dotación de
vestido y calzado de labor, teniendo en cuenta el valor establecido por la
entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la
dotación, en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de
diciembre de 2011.

CUARTO: ORDENAR a la ESE Hospital Sagrada Familia del municipio de
Toro, Valle del Cauca, tomar como ingreso base de cotización pensional
de la demandante Angélica María Posso Cruz, durante los periodos
comprendidos entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2005, entre
el 1 de abril de 2007 y el 30 de junio de 2011, y entre el 11 de agosto y el
31 de diciembre de 2011, conforme los montos indicados en la motivación
como devengados por concepto de honorarios pactados. Si existe
diferencia entre los aportes realizados como asociada a la cooperativa y
como contratista, y aquellos que se debieron efectuar, deberá cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Los
aportes a pensión deberán ser actualizados a valor presente a través del
ejercicio de un cálculo actuarial, de suerte que se tenga una cifra real de
lo que le corresponde sufragar al empleador y a la actora, según el caso.

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Radicado: 76001-23-33-000-2013-00490-01 (1332-2023)
Demandante: Angelica María Posso Cruz
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de las
prestaciones sociales a que tendría derecho la señora Angélica María Posso
Cruz como consecuencia de la declaratoria de la relación laboral encubierta con
la ESE, en el periodo comprendido entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de
2005, salvo los aportes pensionales.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

QUINTO: Sin costas en segunda instancia, por lo ya dicho.

SEXTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la le y y el artículo 186 del
CPACA.

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