Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2020-00205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2020-00205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2020-00205-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27-001-23-33-000-2020-00205-01 (0441-2025)
Demandante: Lesbia Leonor Liloy Murillo
Demandado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en
el Exterior -en adelante ICETEX-
Tema: Nivelación Salarial.CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó
que negó las pretensiones y no impuso condena en costas.
ANTECEDENTES
1. La señora Lesbia Leonor Liloy Murillo instauró demanda en contra del ICETEX
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio del 18 de noviembre de 2018 por medio del cual
se le negó el reconocimiento y pago de las acreencias reclamadas el 17 de octubre de
la misma anualidad y como consecuencia, se condene al reconocimiento y pago de
sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos correspondientes
al cargo de profesional universitario grado 02, durante el periodo comprendido entre el
1º de noviembre de 2006 y el 21 de mayo de 2018, debidamente indexado y, se ordene
la reliquidación de sus cesantías definitivas acorde con el último salario percibido.
3. Que la condena sea actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187
del CPACA aplicando los ajustes de valor acorde con el IPC y, que se de cumplimiento
a la sentencia en el término legal y, en caso de que ello no suceda, se reconozcan
intereses comerciales y moratorios. Finalmente, se condene en costas y agencias en
derecho a la parte pasiva.
Radicado: 27-001-23-33-000-2020-00205-01 (0441-2025)
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que fue nombrada desde el 7 de junio de 2002 en el cargo de auxiliar administrativa
4044-1 de la planta de personal del ICETEX, cuyas funciones cumplió hasta el 30 de
octubre de 2006.
6. Que, a partir del 1º de noviembre de 2006, debido a la renuncia de la profesional
universitaria de la entidad, comenzó a ejercer sus funciones de manera personal, bajo
las mismas condiciones de horario y subordinación y, acorde con el manual de
funciones y competencias, siendo el último salario devengado $1.334.067 que
correspondía al del cargo de auxiliar administrativo en el año 2018.
7. Que el 27 de septiembre de 2017 solicitó su ascenso al cargo de profesional
universitario, lo cual fue denegado.
8. Que tiene derecho a recibir la diferencia salarial existente entre el cago para el cual
fue nombrada, a saber, auxiliar administrativo, y el que ejercía de profesional
universitaria, desde el 1º de noviembre de 2006 hasta el 21 de mayo de 2018.
9. Que se le adeudan los siguientes conceptos:
Concepto Monto
Cesantías $17.127.636
Intereses a las cesantías $ 2.055.316
Prima de servicios $17.127.636
Vacaciones $8.563.821
Prima de navidad $17.127.636
Prima semestral $8.563.821
Bono por coordinación $31.418.944,80
10. Que el 16 de noviembre de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de los
emolumentos adeudados, denegándoselos a través del acto demandado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.
11. Se indicaron como violados los artículos 13, 23, 25, 48 y 53 de la Constitución
Nacional y, 1 ,5 ,9, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 34, 35 del Código Sustantivo del
Trabajo; Ley 712 de 2001, Ley 79 de 1988, Ley 1233 de 2008 -Art. 7-, Decreto 4588
de 2006 -Art. 16-, Decreto 3553 de 2008, Decreto 2025 de 2011, Ley 80 de 1993 – Art.
32-, Ley 50 de 1990 -Art. 99- y Ley 100 de 1993 -Arts. 22 y 23-. Así mismo la
Recomendación Mundial de la OIT y varias sentencias de la Corte Suprema de
Justicia.
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Radicado: 27-001-23-33-000-2020-00205-01 (0441-2025)
12. En el concepto de la violación se adujo que el acto acusado desconoce el
derecho a la igualdad dado que pese a que la demandante ejercía las funciones de un
cargo superior -profesional universitario- percibía el salario de auxiliar administrativo,
esto es, no era remunerada acorde con las labores que desarrollaba pero sí recaía
sobre ella la responsabilidad administrativa de la regional de la entidad, con lo cual,
también se desconoce el principio de “a trabajo igual salario igual”. De igual forma se
pasa por alto la obligación del Estado de proteger y reconocer, sin ninguna
discriminación, la primacía de los derechos inalienables de la persona en el campo del
trabajo, como es el salario y las prestaciones sociales. Y, por último, que se vulnera el
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
13. El 6 de junio de 2018 el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó
admitió la demanda y, en proveído del 3 de agosto de 2020 declaró su falta de
competencia para seguir conociendo del asunto en atención al factor cuantía y remitió
el expediente al Tribunal Administrativo del Chocó.
14. El 22 de febrero de 2021, el Tribunal admitió la demanda. El ICETEX expresó que
la demandante fue incorporada a su planta de personal transitoria mediante
Resolución 0126 del 27 de febrero de 2002 en el cargo de auxiliar administrativo 4044-
12, por su condición o fuero de madre cabeza de familia y con funciones en la oficina
comercial y de mercadeo desde el 7 de junio de 2002 hasta el 21 de mayo de 2018.
Que nunca fue nombrada o designada en un cargo diferente y tampoco, es cierto que
hubiere desempeñado labores o competencias distintas a las de su empleo.
15. Dijo que la asignación de funciones es una figura a la cual puede acudir la
administración cuando surjan labores adicionales que por su naturaleza puedan ser
desempeñadas por empleados vinculados a los cargos de la planta de personal de la
entidad, sin que se transforme el empleo de quien las recibe, o cuando la entidad
necesita que se cumpla con algunas de las funciones de un cargo, pero siempre que
las mismas tengan relación con las del empleo al que se le asignan.
16. Que la decisión de no reconocer los valores solicitados bajo el argumento de que
desempeñó el cargo de profesional universitario desde el día 1 de noviembre de 2006
hasta la fecha de liquidación del contrato por renuncia voluntaria, es conforme con el
ordenamiento jurídico habida cuenta que en momento alguno, durante el
nombramiento sostenido con el ICETEX, se le encargó en el empleo de profesional
universitario ni tampoco ejerció funciones como tal, por manera que, hasta la fecha en
que se desvinculó con ocasión a la renuncia, estuvo en el cargo de auxiliar
administrativo grado 12, con sustento en el cual se le cancelaron en debida forma
todos los conceptos salariales y prestaciones que en su favor se causaron.
17. El 20 de septiembre de 2023 se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.
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SENTENCIA APELADA
18. En sentencia del 31 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Chocó
negó las pretensiones por considerar que no se acreditó que la demandante hubiere
ejercido funciones diferentes a las del cargo de auxiliar administrativo, código 4044,
grado 12.
19. Afirmó que si bien es cierto que reposan varios oficios dirigidos a ella bajo la
denominación de coordinadora, representante y/o directora de la regional Chocó del
ICETEX, ello no es suficiente para llegar a una conclusión en contrario, más aún
cuando lo probado es que sus funciones se circunscribieron a las previstas en el cargo
en cita por cuanto las mismas se fundamentaron principalmente en apoyar a la asesora
territorial zona noroccidente del ICETEX, en la promoción y divulgación de los servicios
de la entidad.
20. A continuación se detuvo a determinar, en ánimo de discusión, si se cumplían los
presupuestos exigidos para la declaratoria de la figura del funcionario de hecho,
concluyendo que no.
RECURSO DE APELACIÓN
21. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que insistió en que si
bien la actora fue nombrada para ocupar el cargo de auxiliar administrativo 4044-12
no es menos cierto que desempeñó desde el 1 de noviembre de 2006 al 21 de mayo
de 2018, las funciones de profesional universitario grado 02, con la anuencia y permiso
del ICETEX, convirtiéndose en una funcionaria de hecho, pese a lo cual no se le
canceló la remuneración correspondiente a dicho cargo.
22. Sostuvo que es evidente que, la situación bajo análisis desnaturalizó la figura de
la asignación de funciones, pues una de sus características es que sea transitoria y,
en este caso, fueron ejercidas por más de doce años (01 de noviembre de 2006 al 21
de mayo de 2018) en un cargo de nivel superior (Profesional Universitario, Grado 2).
23. Por último, indicó que la actora cumplía con los requisitos de configuración del
funcionario de hecho y de idoneidad para el ejercicio del cargo de profesional
universitario grado 02 del ICETEX zona noroccidental.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
24. En auto del 10 de junio de 2025, se admitió el recurso de apelación. Sin
pronunciamientos adicionales de las partes.
25. El agente del Ministerio Público solicitó la confirmación de la decisión para lo
cual sostuvo que “el material de prueba es claro e inequívoco en el sentido de
establecer que de manera alguna el ICETEX dio su anuencia para que la señora
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LESBIA LEONOR LILOY MURILLO ejerciera funciones propias del cargo de
profesional universitario grado 02, puesto que, contrario a ello, en todo momento le
recordó que había sido nombrada y posesionada en el cargo de Auxiliar Administrativo
código 4044 grado 12 mediante Resolución 0126 de febrero de 2007”.
26. Y continuó: “Bajo esa línea de argumentación, de manera alguna la accionante
fue delegada en las funciones de Profesional Universitario grado 02 como pretendió
hacerlo ver, ya que conforme a las previsiones de los artículos 9 y 10 de la Ley 489 de
1998 citados en apartes que preceden, la delegación se debe realizar previa
autorización legal en la que se determinen la materia a delegar y las condiciones para
su aplicación, no existiendo en el caso objeto de estudio la autorización de que habla
la norma en comento, por lo que tampoco existe el acto administrativo de delegación
por parte la autoridad administrativa que transfiere el ejercicio de funciones a la señora
LESBIA LEONOR LILOY MURILLO, puesto que del relato de los hechos se establece
que no existía funcionario delegante ya que el cargo de Profesional Universitario se
encontraba vacante ante la renuncia presentada por quien desempeñaba las funciones
de Directora en la Regional Quibdó, esto es, la señora Azay Gema Ricard”.
27. Finalmente, sostuvo que no se configura la figura del “funcionario de hecho”, ya
que no se ejercieron funciones de manera irregular en el cargo de profesional
universitario grado 02 por parte de la accionante, ya que resulta imposible que estando
nombrada y posesionada en el cargo de auxiliar administrativo código 4044 grado 12
alegue el desarrollo de funciones de otro cargo sin vinculación alguna (de forma
irregular), puesto que era imposible que ejerciera dos cargos públicos en la misma
entidad y de forma concomitante, uno con vinculación legal y reglamentaria y el otro
de hecho.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
28. El problema jurídico se contrae a determinar si la demandante acreditó el
cumplimiento de los presupuestos necesarios para acceder a la nivelación salarial
pretendida respecto de su cargo de auxiliar administrativo código 4044 grado 12 y el
empleo denominado profesional universitario grado 02. Así mismo, deberá
determinarse si se acreditan los requisitos para la estructuración de la figura del
funcionario de hecho.
Nivelación salarial cuando las funciones se equiparán a un cargo de mayor
jerarquía
29. En materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega por la
parte activa el desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una
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entidad, pero con menor salario al de su par, esta Subsección precisó las condiciones
para la procedencia de tal clase de pretensiones, al indicar:1
“Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple
resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario,
debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la
misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El
incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la
parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que
la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la
otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos”.
30. Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional también ha precisado:2
En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios
de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en
igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad
predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando
entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación
ante situaciones desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos:
i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales.
31. Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de
las controversias derivadas del trabajo no puede ser formal sino objetivo y material, tal
como lo ha reiterado la Corte Constitucional:3
Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye
una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla general la cual
señala que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y en esa medida
en constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y
razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón
de la diferencia se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. En
consecuencia no toda diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el
mismo cargo vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es
posible encontrar razones objetivas que autorizan el trato diferente.”
1
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2018-
01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado 25000-23-42-000-2018-01454-01
(3652-2022).
2
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también señaló al respecto
en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial,
si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas
responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono
hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en
relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]».
3
Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-3.561.818 y sentencia
C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente: D-113. Se aclara en este punto que a
pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de
su parte considerativa se desarrolló una regla jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con
lo casos en los que se invoca la igualdad para efectos de nivelación salarial.
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6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración
debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar
sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo,
son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración diferente. Se
insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la
inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable, que justifique la
diferenciación.
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las
dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la
cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones
igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos.»
32. Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una presunta
igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le corresponden a un
empleo con mejor remuneración, y en el cumplimiento exacto de requisitos o perfiles
para desempeñar la misma actividad, tales hechos tendrán que valorarse en conjunto
con todas las condiciones particulares de cada cargo en contraste desde diferentes
aristas objetivas, en orden de fijar un criterio de equiparación viable en lo relativo a la
nivelación salarial, en la medida en que un examen adecuado para hallar un trato
discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares exactos y no entre
similares con ciertas divergencias.4
33. Finalmente, en materia de pruebas, esta Subsección,5 tiene dicho:
“Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una diferencia
en su remuneración porque considera que las funciones y demás condiciones que
cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya asignación es mayor, debe
acreditar necesariamente que existe un criterio de igualdad entre los dos para
poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto que solo se
logra si se comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta situación
desfavorable: a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades
que las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica preparación o perfil al de
un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y c) acreditaba la totalidad de
requisitos exigidos para desempeñar el empleo cotejado”.
De la relación laboral de hecho
34. El artículo 122 de la Constitución Política dispone que, en el ejercicio de la función
pública, “no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente” y preceptúa que “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo
4
La mentada tesis jurídica ya fue advertida por esta misma Subsección en sentencia del 15 de julio de 2021, proferida en el
proceso con radicado: 73001-23-33-000-2016-00616-01 (0047-2018).
5
Ibidem.
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sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes
que le incumben”.
35. El artículo 125 prevé las formas ordinarias de vinculación con el Estado, esto es:
(i) a través de relaciones legales y reglamentarias, (ii) contratos de trabajo, y (iii)
contratos de prestación de servicios.
36. Lo anterior se constituye en la regla general que rige el desempeño de los empleos
públicos de manera legal, y parte de una relación lógica necesaria para el buen
funcionamiento de la Administración: la existencia de cargos en una planta de personal
con precisa atribución de funciones, para los cuales se encuentre previsto el régimen
salarial y prestacional, y el desempeño del empleo previa declaración formal de
cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos.
37. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido situaciones
excepcionales en las cuales cierta persona natural pudo prestar servicios al Estado sin
que existiera algún tipo de vinculación con la Administración, pero de manera
subordinada lo que implica una relación laboral, como lo es, el trabajador o funcionario
de hecho que emerge como aquel que desempeña una labor pública por situaciones
de hecho que no están previstas en la Ley pero con la aquiescencia de la misma
Administración.
38. Al respecto, esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones de manera
irregular debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple no se vinculó
al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja el vínculo legal y
reglamentario; en otras palabras, cuando no existe nombramiento o elección según el
tipo de cargo, ni tampoco posesión. También opera cuando tales requisitos, pese a
que existieron, ya no están vigentes6.
Resolución del caso concreto
39. A efectos de atender a la primera parte del problema jurídico formulado, la Sala
encuentra probado que mediante Resolución 00225 de 28 de mayo de 20227 la
demandante fue nombrada, en carácter provisional, en el cargo de auxiliar
administrativo código 5120 grado 12 en la seccional Chocó del ICETEX, cargo del cual
tomó posesión el 7 de junio de 2022.
40. Que mediante Decreto 0126 del 27 de febrero de 2007, dada su condición de
madre cabeza de familia y en virtud del proceso de transformación de esa misma
entidad, fue incorporada al cargo de auxiliar administrativo código 4044 grado 12 en la
planta de personal transitoria prevista en el artículo 2 del Decreto 381 del 12 de febrero
de 2007, mientras subsistían las condiciones particulares que dieron lugar a dicha
6
Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2016, radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-14); ii) del 5 de mayo
de 2022, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017) y del 12 de junio de 2025, radicado 76001-23-33-000-2012-
00249-01 (0963-2021)
7
Lo cual le fue comunicado en oficio del 29 de mayo de 2022.
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Radicado: 27-001-23-33-000-2020-00205-01 (0441-2025)
protección. Lo anterior le fue comunicado en oficio 00003703 del 27 de febrero de
2007. De dicho cargo la accionante tomó posesión, conforme el Acta No. 095, el 1º de
marzo de 2007.
41. Que la actora elevó solicitud de ascenso al cargo de profesional universitario la
cual le fue denegada indicándose que para ello debía superar concurso de mérito.
42. Que en Resolución 1699 del 17 de marzo de 2018 le fue aceptada la renuncia al
empleo de auxiliar administrativo código 4044 grado 12.
43. Que el 5 de octubre de 2018 elevó reclamación administrativa con el objeto de
obtener el pago de sus prestaciones sociales y demás derechos laborales por haber
prestado sus servicios en el cargo de profesional universitario grado 02 desde el 1º de
noviembre de 2006 hasta el 21 de mayo de 2018; a lo cual se atendió en forma
desfavorable teniendo en cuenta que no existía acto administrativo de nombramiento
en un cargo distinto al ocupado por ella.
44. En el decurso del proceso se recibieron, además, las declaraciones de los señores
Alex Yilmar Hernández Machado, Josefina Moreno Urrutia, y Espíritu Cuesta Córdoba
quienes manifestaron conocer a la demandante por haber laborado de alguna forma
con ella a quien identificaban como la coordinadora y/o jefe de la seccional Chocó, así
mismo, indicaron que asistía a los eventos pues todas las comunicaciones venían
dirigidas a ella y, que atendía a quienes llegaban de otras ciudades.
45. Igualmente, se recibió el testimonio de la señora Margarita María Jaramillo
Guzmán quien ejerció desde el año 2015 el cargo de directora territorial del ICETEX
Noroccidente conformada por los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas,
Risaralda y Quindío, quien, entre otros, manifestó:
“En el año 2015, recibo el apoyo de la señora Lesvia Leonor en un territorio
bastante complejo que es Chocó en el cual, dentro de las funciones que a ella le
correspondían el recibir encargos, delegaciones, visitar las universidades,
acompañar a la directora territorial que era yo en ese momento, a todas las
gestiones propias del ICETEX, o recibir la correspondencia o hacer envío oportuno
a la institución central que estaba ubicada en el edificio Coltejer y como directora
territorial era mi deber velar porque todas estas funciones se cumplieran, entre
otras, estar atenta a todas las novedades y dificultades que se presentaran en la
sede de Quibdó, por lo tanto, todas las funciones eran delegadas directamente
desde el ICETEX y las funciones que ella hacía de apoyo a la territorialidad y al
ICETEX estaba el recibir algunos viáticos para salir de la ciudad de Quibdó, visitar
otros municipios, participar en algunos eventos de las universidades, acompañar
el seguimiento como directora territorial me correspondía hacer (…)”. “Como bien
es claro, todas las funciones de ella estaban de servicio de apoyo y colaboración
a la dirección territorial y en esa tarea que ella tenía estaba el ser evaluada cada
periodo por su jefe inmediato, en este caso, su jefe inmediato era yo, sobre el
desempeño de su cargo y sobre las funciones que tenía a su cargo. Durante mi
tiempo como directora territorial recibí total apoyo de la señora Lesvia Leonor en
el territorio asignado, hubo muy buena comunicación, era una funcionaria
supremamente colaboradora, comprometida, diligente, conocedora de sus
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funciones (…) sus funciones eran de apoyo a nivel operativo y logístico del
ICETEX, en la región.”
46. Reposan en el expediente oficios, misivas, comunicaciones y otros documentos
dirigidos por distintas entidades y dependencias privadas y públicas a la demandante
identificándola como coordinadora, directora y/o representante del ICETEX seccional
Chocó, por medio de los cuales se le extienden invitaciones y/o se le hace partícipes
de diferentes eventos, entre otros.
47. Lo que no se encuentra en el expediente es acto administrativo alguno a través del
cual a la actora se le hubiera delegado o encargado de las funciones y competencias
del cargo denominado profesional universitario grado 02, como tampoco de las del
representante, director o coordinador de la entidad en la regional Chocó, de cara a lo
cual, de lo que existe prueba es de que sus funciones eran las de apoyar la gestión de
la asesora territorial de la zona noroccidente del ICETEX en la promulgación y difusión
de los servicios que eran prestados por la entidad.
48. Finalmente, al expediente se trajeron documentos contentivos de las funciones
previstas para los cargos de auxiliar administrativo grado 12 -Resolución 0289 de 17
de marzo de 2015- y profesional universitario grado 2 -Resolución 0278 del 13 de
marzo de 2015-, cuyo parangón fue hecho por el Tribunal de primera instancia y, que
se trae a colación, a efectos de afirmar que las funciones realizadas por la actora, en
efecto, fueron las que correspondían a su cargo como a continuación se ve:
Cargo Auxiliar Administrativo Profesional Universitario Grado 02 de
Grado 12 presidencia
Resolución No 0289 del 17 de marzo de 2015 No 0278 del 13 de marzo de 2015
Área Oficina Comercial y de Presidencia
funcional Mercadeo
Propósito Asistir a la Dirección Territorial en la Administrar los procesos y
principal redacción, manejo, revisión y control procedimientos relacionados con los
de documentos y datos. programas de reclutamiento, selección,
evaluación de competencias y planes de
desarrollo dirigidos a los funcionarios de
la Entidad.
Funciones Recibir, revisar, clasificar, radicar, Apoyar al asesor territorial en la
distribuir y controlar documentos, formulación de estrategias y mecanismos
datos, elementos y correspondencia, para la divulgación de los servicios
relacionados con los asuntos de la ofrecidos por la Entidad.
Dirección Territorial.
Apoyar la prestación de la asistencia
Llevar y mantener actualizados los técnica y realizar seguimiento y control a
registros de carácter técnico, la operación de crédito otorgado a los
administrativo y financiero y responder estudiantes a través de las diferentes
por la exactitud de los mismos. líneas establecidas por el ICETEX o a
través de los fondos en administración, en
Responder por el adecuado manejo de la oficina asignada.
las claves personales de acceso
asignadas para consulta y operación Presentar los informes requeridos por el
de los aplicativos a cargo de la asesor territorial sobre los seguimientos
Dirección Territorial. realizados y sugerir mecanismos o
acciones de mejoramiento de la operación.
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Elaborar documentos en
procesadores de texto, cuadros en Apoyar al Asesor territorial en las acciones
hoja de cálculo, necesarias para prestar asistencia técnica
presentaciones en software adecuada a las IESen la región que se le
relacionado y manejar aplicativos en asigne, en la correcta operación de los
Internet. aplicativos, en la aplicación de políticas
y procedimientos fijados por la
Realizar labores de apoyo logístico Entidad en procura de la óptima ejecución
que demande la Dirección Territorial. del crédito educativo.
Efectuar diligencias externas cuando Apoyar al asesor territorial en la
las necesidades del orientación a las IES en el desarrollo de los
servicio lo requieran. procesos administrados por ellas de
manera que cumplan con los requisitos de
Apoyar la Realización de todas las control, productividad y seguridad
funciones y prestar apoyo logístico a requeridos por el Instituto y los diferentes
los diferentes procesos que entes de control.
correspondan a la Dirección
Territorial. Apoyar al asesor territorial en el
seguimiento al cumplimiento de los
Proyectar informes que requieran o le convenios firmados entre el Instituto y las
sean encomendados por la Dirección IES para el desarrollo adecuado de los
Territorial. procesos.
Participar en los eventos de Preparar y presentar los informes
mercadeo, ferias universitarias y en requeridos por el asesor territorial, en
todo evento de promoción divulgación forma oportuna y de acuerdo con los
y mercadeo que le sea asignado por el lineamientos técnicos señalados para el
Jefe inmediato. efecto.
Tramitar la presentación de las Apoyar el seguimiento a la ejecución de
respuestas a tutelas que le sean los procesos que sean entregados en
reportadas por los funcionarios de la outsorcing en la región que le determine,
Secretaría General. presentar los informes y
recomendaciones para su mejoramiento.
Efectuar diligencias externas cuando
las necesidades del Apoyar al asesor territorial en la
servicio lo requieran. supervisión de los contratos que se
desarrollen en la oficina asignada
Apoyar al asesor territorial en la
supervisión de los contratos que se Ejercer autocontrol en todas las funciones
desarrollen en la oficina asignada. que le sean asignadas.
Ejercer autocontrol en todas las En las demás funciones que le sean
funciones que le sean asignadas. asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
Las demás funciones que le sean área de desempeño del cargo.
asignadas por la autoridad
competente, de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área de desempeño
del cargo
49. En este sentido, la prueba puesta de presente no permite tener por acreditado el
cumplimiento de los presupuestos necesarios para acceder a la nivelación salarial
pretendida por la actora habida consideración que no se demostró el desarrollo de
funciones diferentes a las del cargo para el que fue nombrada, por lo que la respuesta
a la primera parte del problema jurídico formulado es negativa.
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50. A la misma conclusión se arriba respecto de la estructuración del funcionario de
hecho. En efecto, como fue concluido por el Tribunal, en primer lugar, el cargo de
profesional universitario grado 02 es propio de presidencia y en su respecto no existe
prueba que corrobore que el mismo existía en la planta de cargos determinada para la
seccional Chocó donde laboraba la actora. En segundo lugar, la vinculación laboral de
la demandante con la entidad era regular producto de un nombramiento y posesión en
un empleo creado para una planta transitoria creada por virtud de la ley, de manera
que no puede hablarse de un ejercicio de funciones de manera irregular y las cumplía
en su rol de funcionaria pública.
51. Por consiguiente, al no acreditarse la existencia del empleo, ni el ejercicio de
funciones públicas bajo la apariencia de una vinculación regular, ni la configuración de
los demás elementos exigidos por la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala
concluye que no hay lugar al reconocimiento de la condición de funcionaria de hecho
reclamada por la actora, lo que, como se anunció, conlleva a una respuesta negativa
al segundo supuesto formulado como problema jurídico.
52. Todo lo expuesto, conlleva a la confirmación de la sentencia de primera
instancia que denegó las pretensiones.
53. Lo anterior, no sin antes indicarle a la parte actora que conforme lo establecido en
el artículo 167 del Código General del Proceso que estipula: “Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, por tanto, le asistía el deber de acreditar los supuestos fácticos que
soportaban sus pretensiones y al no hacerlo, la consecuencia no pude ser otra que la
negación de las pretensiones, como en efecto aconteció.
54. A conclusión similar allegó esta Corporación8 cuando sostuvo: “Conforme a lo
expuesto y debido a la falta de evidencia que respalde la tesis de la parte activa sobre
la supuesta discriminación salarial a la que se vio sometido, para la Subsección resulta
evidente que se configura un incumplimiento frente a la carga probatoria en lo que
respecta a la demostración de los supuestos de hecho y jurídicos que alega para el
reclamo de su derecho, mandato que se encuentra contenido en el artículo 167 del
CGP”
De la condena en costas de segunda instancia
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
8
Sentencia del 10 de julio de 2004. Radicación 76001-23-33-000-2018-00297-01 (1338-2023)
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Radicado: 27-001-23-33-000-2020-00205-01 (0441-2025)
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
57. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, en tanto las peticiones del recurso no fueron
acogidas. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Chocó que denegó las pretensiones de la demanda, por lo expuesto.
Segundo. CONDENAR en costas procesales en esta instancia a la parte demandante,
por las razones consignadas en la presente providencia.
Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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