Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMI NISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C. , cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2 022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECI MIENTO DEL
DERECHO
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017)
Demandante : ISABEL ANAYA DE MERCH Á N
Demandada: MUNI CIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDE R)
Tema: Funcionaria de hecho. Reconocimiento de
prestaciones sociales.
SENT ENCI A DE SE G UNDA I NSTA NCI A / LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
Conoce la Sala de Subsección del recurso de apelación presentado
por el municipio d e Bucaramanga (Santander) contra la sentencia
del 13 de septiembre de 2016 , proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La señora ISABEL ANAYA DE MERCH ÁN, actuando por conducto
de apoderad a judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
CPACA, demandó a la Secretaría de Educación del Municipio de
Bucaramanga (Santander), el reconocimie nto de las siguientes
declaraciones y condenas:
1.1. Pretensiones 1
La nulidad de l acto administrativo del 19 de marzo de 2014
expedido por la Secretaría de Educación del Municipio de
1 Folios 42 a 43 del expediente.
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NULIDAD Y REST ABLECIMIENT O DEL DERECHO
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017)
Demandante: Isabel Anaya de Merchán
Bucaramanga (Santander) a través del cual le negó el
reconocimiento de una relación laboral y el pa go de las
prestaciones que reclamó.
A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la
entidad demandada a lo siguiente:
• Declar ar que exist ió un cont r at o labor al y r econocer y paga r l os
salar ios, las pr est a ciones soc ia les ( ce sant í as, int er eses de las
cesant í as, pr im a de ser vicios, pr im a de navidad, vacaciones, pr im a
vacaciona l) y el tr abaj o suplem ent ar io causados, desde el 15 de
diciem br e de 1985 h ast a la f echa de pr esent ación de la dem an da.
• Pagar a CO LPENSI O NES las sem anas dej adas de cot izar desde el
15 de diciem br e de 1985 hast a 2004, fecha pr obable en l a que
debí a adquir ir la pe nsión de vej ez.
• Pagar el r et r oact ivo pensiona l pr opor cio nal al t iem po en que debió
r ecibir l a pens ión d e vej ez y los int er eses m or at or ios causados
desde el año 200 4 hast a la f echa en que se haga ef ect ivo el
disf r ut e de su der echo pensiona l.
• Pagar los int er eses pr evist os en el ar t í culo 192 del C PAC A.
• Act ualizar y/ o index ar las sum as r econo c idas a la f echa en que se
paguen.
Condenar en costas y/o agencias en derecho a la entidad
demandada .
1.2. Fundamentos fácticos 2
La señora ISABEL ANAYA DE MERCH ÁN fundamentó sus
pretensiones en los siguientes hechos:
El 15 de diciembre de 1985, el municipio de Bucaramanga la
autorizó a vivir e n las instalaciones de la Institución Educativa
Divino Salvador de esa entidad territorial para que prestara los
servicios de vigilancia y aseo de las instalaciones y objetos
pertenecientes a esa institución.
Seis años después el alcalde del municipio de Bucaramanga la
convocó para celebrar contrato de arrendamiento en el que se
incluyeron funciones y obligaciones de vigilancia y aseo .
Pese a que finalmente el citado contrato no existió, ella sí ejerció
las funciones referidas de forma personal, permanente e indefinida
2 Folios 41 a 42 del expediente.
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desde la fecha de su vinculación a la entidad demandada, el 15 de
diciembre de 1985, hasta la fecha de presentación de la demanda.
Teniendo en cuenta que no se le pagaron salarios n i prestaciones
sociales durante todo el tiempo que prestó sus servicio s, el 28 de
febrero de 2014 requirió su reconocimiento ; no obstante, el
municipio de Bucaramanga (Santander) mediante acto
administrativ o del 19 de marzo de 2014, negó su solicit ud.
1.3. Normas violadas y concepto de violación 3
El demandante citó c omo norma s vulneradas : Constitución
Política, artículos 1, 4, 25, 13, 48, 53, 122 y 229 ; Decreto 1042 de
1978, artículo 33; Decreto 1045 de 1978 y demás normas
concordantes.
Al desarrolla r el concepto de la violación, afirmó que el acto
administrativo demandado debe ser declarado nulo, por cuanto ha
trabajado para el municipio de Bucaramanga desde el 15 de
diciembre de 1985 , realizando labores de vigilancia y aseo en la
Institución Educativa Divino Salvador y nunca se le ha pagado por
la prestación de sus servicios, a dif erencia de la empresa privada
de vigilancia DELTA 1 que ejerce la misma actividad en otras
instituciones e ducativas de la entidad demandada con quien
contrató y sí recibe una retribución, circunstancia que viola sus
derechos a la igualdad, el trabajo y la vida digna.
En ese sentido, indicó que las funciones que ha ejercido son propias
del contrato de trabajo al constituirse los tres elementos esenciales
de una relación laboral , porque desarrollaba la función de celadora
de la Institución Educativa Divino Salvador, ubicada en el Diamante
2 de Bucaramanga y recibía ó rdenes de los directores de ese
plantel educativo, en consecuencia, le asist ía el derecho al
reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales dejados de
devengar.
3 Folios 43 a 51 del expediente.
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Así las cosas , precisó que el hecho de que se le permitiera vivir en
la Institución Educativa no le daba derecho a la entidad d emandada
para explotarla la boralmente, esto es, para que se abstuviera de
pagarle como contraprestación a sus servicios.
2. Contestación de la demanda
El municipio de Bucaramanga (Santander) 4 se opuso a las
pretensiones de la demanda, porque advirtió que , si bien el 6 de
marzo de 1991 el alcalde de esa época suscribió un contrato de
arrendamiento con la señora ISABEL ANAYA DE MERCHÁN de una
vivienda que se encontraba dentro de un establecimien to educativo,
lo cierto es que nunca existió una relación laboral entre las partes ,
pues las labores de aseo e higiene correspondían al lugar
arrendado.
Resaltó que no tiene evidencia alguna respecto de la cual se pueda
determinar que la demandante haya sido empleada pública o
trabajadora oficial de esa entidad territorial , es decir, no existe
prueba de la relación legal y reglamentaria que se alega en la
demanda.
Formuló co mo excepción la de cobro de lo no debido, en el
entendido que, ante la inexistencia de un vínculo laboral, no se le
adeuda ningún valor por concepto de salarios, prestaciones
sociales y pensión, a la señora ISABEL ANAYA DE MERCHÁN.
3. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial
El 30 de abril de 2015 , el Tribunal Administrativo de Santander
celebró audiencia inicial 5 en la que decidió (i) declarar saneado el
proceso, (ii) resolver la excepción de cobro de lo no debido en el
fondo del asunto, (iii) fija r el lit igio , en los siguientes términos:
« 1. Si dent r o de la relaci ón que exist e ent r e la señor a I sabel Anaya
de M er chán y el M unicip io de Buca r am anga, se encuent r an
pr esent es los elem ent os de una r elación labor al, conf or me a lo
4 Folios 72 a 75 del expediente.
5 Folios 102 a 104 del expediente.
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señalado p or la accionant e en los hechos y en el concept o de
violac ión con s igna d os en la dem anda. 2. sí por lo ant er ior , la
accionant e t ien e der echo al r econocim ient o de s alar ios,
pr est aciones socia l es y cot izaciones a segur idad socia l in t egr a l,
que le de bier on ser canceladas en vir t ud de la r elac ión labor al que
según l a accio na nt e inic ió en 1985 y que se encuent r a act ual m ent e
vigent e. 3. si el m unicip io de Bucar am anga se est á enr iqueciend o
sin j ust a causa al no cancelar le a la señor a I sabel Ana ya de
M er chán sus salar ios y pr est aciones por los ser vicios pr est ados a
ese ent e t err i t or ial. 4. o si por el cont rar io, la r elación exi st ent e
inic ió en 1991 y es em inent em ent e cont r act ual en vir t ud del
cont r at o de arr endam ient o suscr it o por las par t es, y que la única
calid ad que ost ent a la señor a I sabel A naya de M er chán f rent e al
m unicip io es la ar r e ndat ar ia de l inm ueb l e ubicad o en la I nst i t ución
Educat iva D ivi no Sa lvador y, por t ant o , no t iene der echo a p er cibi r
las pr est aciones y cot izaciones qu e r ecl am a » 6.
Asimismo, (iv) de clarar fallida la conciliación y (vi) decretar
pruebas.
4. La sentencia apelada
El 13 de septiembre de 201 6, el Tribunal Administrativo de
Santander 7 declaró parcialmente pr óspera la excepción de cobro de
lo no debido respecto de las prestaciones solicitadas a partir del
año 2000, porque la demandante no acreditó la prestación de los
servicios de vigilan cia y aseo a partir de esa anualidad.
De igual manera declaró la nulidad del acto administrativo
demandado y en consecuencia, a título de restablecimiento del
derecho, que entre la señora ISABEL ANAYA DE MERCHÁN y el
municipio de Bucaramanga (Santander) existió una relación de
hecho desde el primer día del calendario escolar de 1986 hasta el
último día del cale ndario escolar en diciembre de 1999 y condenó
a la entidad territorial a reconocer y p agar a favor de la demandante
los salarios y p restaciones sociales q ue hubiere recibido en el cargo
de aseadora y celadora po r dicho período.
Adicionalmente, ordenó descontar lo pagado en especie por
concepto de vivienda a la señora ISABEL ANAYA DE MERCHÁN y
devolverle a la de mandante el valor correspondiente a las sumas
que ella pagó por concepto de cánones de arrendamiento entre
febrero de 1986 y diciembre de 1999 .
6 Vto. Folio 103 del expediente.
7 Folios 214 a 224 del expediente.
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Como fundamento de la decisión, sostuvo que si bien en el
expediente no se demostró que la demandante ej erció las funciones
de portería, entendida como el control del ingreso y salida del
personal del plantel educativo, lo cierto es que del análisis de los
testimonios recaudados fue posible verificar que la señ ora ISABEL
ANAYA DE MERCHÁN sí prestó los servic ios de vigilancia y aseo a
la Institución Educativa Divino S alvador desde el inicio del
calendario escolar del año 1986 hasta el último día del calendario
escolar del año 1999, toda vez que fue en febrero de 1986 que los
testigos manifestaron que la conoci eron y refieren que inició dichas
labores y a partir del año 2000 en adelante , declararon que cesaron
esas funciones por el cambio de directivos del colegio y la llegada
de personas a realizar el aseo.
5. El recurso de apelación
El municipio de Bucaramanga (Santander) 8 presentó recurso de
apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de
Santander, pues advirtió que si la demandante realizaba labores de
aseo dentro de la institución era para conservar en buen estado el
lugar en donde vivía totalmente gratis, función que debía cumplir
de acuerdo con lo previsto en los artí culos 1996, 1997 y 1998 del
Código Civil y resaltó que no demostró que algún funcionario de la
Institución le impartiera dicha instrucción.
Asimismo, señaló qu e no existe prueba contundente que permita
concluir que la demandante era la vigilante de la Institución, porque
los testimonios de las profesoras del colegio acreditan que lo hizo
precisamente porque su hogar se encontraba allí.
En ese sentido, aseguró que el a quo le dio poca credibilidad a los
testimonios referidos y , contrario a ello , le otorgó mayor valor a los
que mencionaban que las labores de vigilancia las ejercía por
órdenes del rector.
8 Folios 229 a 231 del expediente.
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6. Alegatos de concl usión en segunda instancia
La parte demandante 9 reiteró que, de acuerdo con las pruebas
aportadas al proceso, quedó demostrado que prestó sus servicios
como vigilante y aseadora para el municipio de Bucaramanga
(Santander) por los cuales nunca se le pag aron los salarios y
prestaciones sociales a que tenía derecho.
El municipio de Bucaramanga (Santander) 10 no se pronunci ó.
7. Concepto del Mini sterio Público
El Ministerio Público guardó silencio como consta en el informe
secretarial visible en folio 263 del expediente.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde
a la Sala determinar si ¿la señora I SABEL ANAYA DE MERCHÁN
ostenta la calidad de funcionari a de hecho de l municipio de
Bucaramanga (Santander) por desempeñarse como celador a y
aseadora de la Institución Educativa Divino Salvador de e sa entidad
territorial y, como consecuencia de ello, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales por
el interregno comprendido entre los años 1986 y 1999 ?
9 Folios 256 a 262 del expediente.
10 V e r informe secretarial en folio 263 del expediente .
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Lo anterior, teniendo en cuenta que desde el año 2000 en adelante,
el Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la
excepción de cobro de lo no debido, puesto que no se demostró la
existencia de la relación de hecho alegada en la demanda, decisión
respecto de la cual el municipio de Bucaramanga (Santander) no
manifestó ninguna inconformidad en el escrito de apelación que
presentó de tal manera que el análisis en esta instancia se limita al
período de 1986 a 1999.
Para resolver la controversia , la Sala desarrollará el siguiente
orden metodológico: (i) del empleo público; (ii) del fun cionario de
hecho y (iii) del caso concreto
3. Marco normativo y jurisprudencial.
3.1. Del empleo público 11
Tal como se señaló por esta Sala en la sentencia de 5 de agosto de
2010 12 la regulación del empleo está inspirada, actualmente, por los
principios contenidos en las sigu ientes disposicion es de la
Constitución Política de 1991:
«Ar t í culo 122. No habr á em pleo públic o que no t enga f unciones
det allad as en ley o r eg lam ent o y par a pr oveer los de car áct er
r em uner ado se r equier e que est én contem plados en la r espect iva
plant a y pr evist o s sus em olum ent os en el pr esu puest o
cor r espondient e.
Ningú n ser vidor público ent r ar á a ej er cer su car go sin pr est ar
j ur am ent o de cum plir y def ender la Cons t it ución y desem peñ ar los
deber es que le incu m ben [ . .. ].
Ar t í culo 123. [ …] Los ser vidor es públ i cos est án al ser vici o del
Est ado y de la com unidad; ej er cer án sus f unciones en la f or m a
pr evist a por la Cons t it ución, la ley y el r egl am ent o ».
De ellas se pueden extraer las siguientes conclusiones: (i) no hay
empleo público sin funciones; (ii) todo empleo público debe estar
11 E l p r e s e n t e m a r c o c o n c e p t u a l f u e e x p u e s t o e n l a s e n t e n c i a d e 2 9 d e m a r z o d e 2 0 1 2 ,
Radicación número: 50001 -23-31-000-2005-10496-02(1146-10), Sección Segunda,
Subsección “B” C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
12 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n “ B ” , C . P . V í c t o r H e r n a n d o
Alvarado Ardila, sentencia de 5 de agosto de 2010, Exp. 50001233100020054052601,
No. Interno. 2079-2009.
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contemplado en la respectiva planta de personal; (iii) sus
emolumentos deben estar previstos en el presupuesto
correspondie nte 13 y (iv) la titularidad para ejercer el e mpleo se
adquirirá sólo a partir de la posesión de este.
De la consagración del empleo como una de las instituciones sin
las cuales no se materializa un Estado participativo, eficiente y
democrático surge la n ecesidad de la existencia de otros elementos
para su estructuración y determinación, como aquellos que hacen
relación a la clasif icación 14 y nomenclatura 15, y a la fijación de las
calidades que deben acreditarse por los interesados para su
desempeño.
Por su parte, el Decreto 2503 de 1998 16 define el empleo de la
siguiente manera:
«ARTI CU LO 2o. DE LA NO CI Ó N DE EM PLEO . Se ent iende por
em pleo el conj unt o de f unciones que una per sona nat ur al debe
desar r ollar y las com pet encias r equer id as par a llevar las a cabo,
con el pr opós it o de sat isf acer el cum pl im ient o de los p lan es de
desar r ollo y los f ine s del Est ado.
Las f unciones y los r equisit os especí f ic os par a su ej er cicio ser án
f ij ados por las r espect ivas ent idades, con suj eción a los gener ales
que est ablezca el G obier no Nacion al de acuer do con los par ám et r os
señalados en e l ar t í culo 5º de est e de cr et o, salvo par a a quel los
em pleos cuyas f unciones y r equisit os est én señalados en la
Const it ución P olí t ica o en leyes especia l es ».
13 C a r a c t e r í s t i c a
concordante con lo dispuesto en los numerales 14 del artículo 189,
7 del artículo 305, y 7 del artículo 315 de la Constitución Política.
14 E n s e n t e n c i a C - 1 1 7 4 d e 2 0 0 5 , M . P . D r . J a i m e C ó r d o b a T r i v i ñ o s e h i z o r e f e r e n c i a
a la clasificación del empleo público en los siguientes términos: “La clasificación
hace alusión a la forma de organización de los empleos públicos en diferentes grupos.
Dicha clasificación tiene su origen en la Constitución o en la ley. Con fundamento en
la Carta, cuya clasificación atiende a la naturaleza de l cargo, los empleos son de
carrera -la regla general -, de elección popular, de libre nombramiento y remoción,
los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Una manera de clasificación tradicional que contempla la ley es por niveles
jerárquicos que tiene en cuenta la naturaleza de las funciones asignadas, los
requisitos exigidos para el empleo y el grado de responsabilidad. Con base en la
clasificación se adoptan otras medidas como la determinación del régimen salarial,
el sistema de selección y el régimen de competencia y responsabilidades de los
servidores públicos.”
15 E n l a m i s m a s e n t e n c i a , l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l s e r e f i r i ó a l a n o m e n c l a t u r a e n l o s
siguientes términos: “La nomenclatura se refiere a los vocablos (denominación) y/o
dígitos (código numérico) que se le asignan a un empleo para identificarlo e
individualizarlo de los demás.”
16 P o r e l c u a l s e e s t a b l e c e l a n a t u r a l e z a g e n e r a l d e l a s f u n c i o n e s y l o s r e q u i s i t o s
generales para los diferentes empleos públicos de las entidades del O rden Nacional
a las cuales se aplica la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones, publicado
en el Diario Oficial No. 43.449 del 11 de diciembre de 1998.
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Asimismo, l a Ley 909 de septiembre 23 de 2004, por la cual se
expiden normas que regulan el empleo público, la carre ra
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en
materia de empleo público dispuso:
«A rt . 19 El Empl eo Públ i co.
1. El em pleo p úbl ic o e s el núc leo bás ic o de la est r uct ur a de la
f unción públ ica obj et o de est a ley. Por em pleo se ent iende el
conj unt o de f unciones, t ar eas y r esponsabi li dades que se
asignan a una per sona y las com petencias r equer idas par a
llevar las a cabo, con el pr opósit o de sat isf acer el cum plim ient o
de los planes de de sar r ollo y los f ines d el Est ado.
2. El diseñ o de cada em pleo debe cont ene r :
a) La descr ipción de l cont enido f uncion al del em pleo, de t al
m aner a que per m it a ident if icar con clar idad las
r esponsabi lid ades e xigib les a quie n sea su t it ular ;
b) El per f il de com pet e ncias que se r equie r en par a ocupar el
em pleo, incl uyendo los r equis it os de es t udio y exper ie ncia, así
com o t am bién las d em ás condici ones p ar a el acceso a l ser vicio.
En t odo caso, los el em ent os del per f il h an de ser coher ent es con
las exigenc ias f unci onales de l cont enid o del em pleo;
c) La dur ación de l em pleo siem pr e que s e t r at e de em pleos
t em por ales” [ …] »
En este punto se debe destacar que se permit en por el
ordenamiento jurídico tres clases de vinculaciones con entidades
públicas, a saber: i) De los empleados públicos (rela ción legal y
reglamentaria); ii) De los trabajadores oficiales (relación
contractual laboral) y iii) De los contratistas de prestación de
servicios (re lación contrac tual estatal).
En cuanto a los e mpleados públicos, destaca la Sala q ue fuera del
marco constitucional y legal aludido, no es posible efectuar un
nombramiento o realizar un movimiento de personal, ya que las
diferentes modalidades que adquiere la relación laboral de derecho
público se encuentran previamente determinadas o reglamentadas
en una norma de derecho positivo por tratarse precisa mente de
actuaciones en esencia regladas.
Sin embargo, puede ocurrir que en algunas ocasiones se
desempeñen fun ciones por particulares, sin llenar la t otalidad de
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los requisitos constitucionales y legales para el ejercicio del cargo,
tal es el caso del funcionario de hecho.
3.2. Del funcionario de hecho
La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado 17 que esta
forma anormal de vinculación con el Estado puede estructurarse en
dos momentos a saber:
a) En los períodos de normalidad institucional pueden surgir
funcionarios de hecho. Se da esta situación cuando media título que
habilita para el ejercicio de la función pública pero por causas
anteriores o supervinientes resulta inválido o deja de surtir efectos.
Esto ocurre en hipótesis muy variadas: designación de una persona
que no reunía las condiciones legales exigidas, por lo cual más
tarde es revocada; funcionario que posteriormente a su designación
se inhabilita para el ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa
ejerciéndolo, o que permanece en funciones luego de vencido el
término de su mandato, etc.
b) En épocas de anormalidad insti tucional, producida por guerras,
revoluciones, grandes calamidades, etc., el panorama es distinto.
En tales casos es frecuente que asuman el ejercicio de funciones
públicas quienes no tienen título legal alguno. A veces son
personas de buena voluntad que, frente a la desaparición de las
autoridades constituidas, toman a su cargo cierta s funciones
públicas.
En este orden, los requisitos esenciales para que se configure el
funcionario de hecho en los períodos de normalidad institucional
son: (a) que exista de jure el cargo; (b) la función sea ejercida
irregularmente; (c) que el cargo se ejerza en la misma forma y
apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada
regularmente 18 y (d) también puede darse cuando el empleado
17 S e n t e n c i adel 15 de mayo de 2013. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
Número interno 1363 -2012. Actor: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez. Demandado:
METROSALUD E.S.E
18 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a - S u b s e c c i ó n " A " , C o n s e j e r o P o n e n t e : A l b e r t o
Arango Mantilla, sentencia de 15 de marzo de 2007, Exp. No: 25000-23-25-000-1996-
41885-01(6267-05).
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ejerce funciones pú blicas con la anuencia y permiso de las
autoridades encargadas de controlar e impedir est a clase de
situaciones que permiten el ejercicio irregular de una investidura,
por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pe ro que, en
todo caso debe ser obj eto de protección en aplicación del principio
constitucional de la prevalencia de la realidad frente a las formas.
Cabe aclarar que cuando la Subsección señala que las funciones
deben ser ejercidas de manera irregular, se refiere a que la persona
que las cumple no se vinculó al servicio público con el lleno de los
requisitos para que surja la vinculación legal y reglamentaria, esto
es, no existe ni no mbramiento o elección según el tipo de cargo, ni
tampoco la posesión o tales requisitos, pese a que existie ron, ya
no están vigentes.
Además, se requiere probar que su actividad en la entidad haya
sido personal y permanente y que por dicha labor ha ya recibido
una remuneración o pago y, además, debe probar que en la
relación con el e mpleador exista subordinación o d ependencia,
situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o can tidad de trabajo, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo 19.
Por otra parte, es claro que para que una persona natural
desempeñe un empleo en calidad de empleado público (relación
legal y reglamentaria), es preciso que se realic e su ingreso al
servicio público en la forma establecida en la ley, vale decir,
requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según
el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las
funciones propias de dicho empleo. Así es dab le concluir, que no
por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la
calidad de empleado público, dada las condiciones especiales que
se predican de dicha vinculación est ablecidas en la Co nstitución y
la Ley.
19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia de 24 de enero de 2019, C.P. César Palomino Cortés ,
número de radicación 50001-23-31-000-2005-00492-01(1150-14)
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4. Análisis del caso concreto.
Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo
probatorio allegado al proceso, cuya autenticidad no fue
controvertida por las partes, el cual le permite tener por acreditados
los siguientes hechos relevantes:
a). Certificado s uscrito por el jefe de talento humano de la
Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga en el
que se informa que «revisado en la planta de cargos de la
Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga existen cargos
de: AUXILIAR D E SERVICIOS GENE RALES GRADO 2 3 CÓDIGO
470 con salario para el año 2013 de $1.318.250, CELADOR GRADO
23 CÓDIGO 477 con salario para el año 2013 de $1.318.250,
CONDUCTO R GRA DO 23 CÓDIGO 480 con salario para el año 2013
de $1.318.250 » (fol.19).
b) Contrato d e arrendamiento. Consta en el proceso , a folios 15 a
17 del expediente , el contrato de arrendamiento No. 075 de 1991
entre el señor Alfo nso Gómez Gómez , en calidad de alcalde mayor
de Bucaramanga y la señora Isabel Anaya de Merchán, cuyo objeto
fue el arrendamiento de «dos (2) alcobas, cocina, ubicadas en la
calle 91 No. 25 -02 donde funciona la concentración escolar Divino
Salvador». Dentro de las obliga ciones y funciones de la viviente se
encontraba «mantener limpias las paredes, pavimentos y demás
partes interiores y exteriores de la edificación; responder por la
pérdida de los elementos que allí se encuentren y sean de
propiedad el municipio de Bucaram anga, mantener el buen estado
de las puertas, ventanas y cerraduras del inmueble y se
compromete a observar una conducta intachable, moral y
socialmente frente a la comunidad estudiantil y el vecind ario […]».
c) Contrato de suministro de vigila ncia. Obra en folios 20 a 25
del expediente el contrato de suministro No. 315 del 13 de agosto
de 2013, suscrito entre el secretario de educación del municipio de
Bucaramanga y la empresa DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA , para la
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prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en los
establecimientos educativos del municipio de Bucaramanga.
d) Testimonios: En la audiencia de pruebas se practicaron los
testimonios de los señores Luis Francisco Jiménez Hernández,
Excelina Díaz Colmenares, Martha Inés Carvajal, Mart ha Cecilia
Pradilla, Nubia V elasco de Ochoa, Socorro Carreño Rueda y
Graciela Jaimes Ja imes (folios 130 a 134 y CD´S folios 129 y 155).
✓ Luis Fr anc isco Jim énez Her nández. S eñaló qu e est uvo com o
vivient e en la I nst i t ución Div ino Salv a dor hast a el año 1985,
cuando ll egó la dem andant e a vivir en el lugar que el ocupab a con
su f am ilia. Q ue a él le cor r espondí an labor es de aseo y vigilanci a
y que r ecibí a ór denes del per soner o m unicipal, a la señor a I SABE L
ANAY A M ERC HÁN t am bién le c or r espon dier on esas f unc ione s t oda
la sem ana sin desc anso de lo cua l po dí a dar cuent a en t ant o
cont inuó v isit ando e l cole gio p or que sus hij os est udiab an al l í . Sin
em bar go, n o pudo asegur ar si la dem andant e r ecibí a ór denes y de
quién.
✓ Excel ina Dí az Colm enar es . Declar ó que conoce a la dem andant e
desde el año 1986 en t ant o f ue pr of esor a del I nst it ut o Divi no
Salvador hast a el a ño 2000, cuando se r et ir ó. M anif est ó que en
f ebr er o del año 1986 cuando em pezar on l as act ividades es col ar es,
el dir ect or la pr esent ó com o la per sona que iba a cuidar el I ns t it ut o
y vio que la dem andant e cuidaba por t er í a, hací a aseo en las
bat er í as sanit ar ias, los par ques del coleg io y los salones. E xp r esó
que, en cuant o a la subor dinación, pensaba que el dir ect or le
im par t í a ór denes, per o no sabí a si ot r as per sonas t am bié n lo
hací an . Sobr e la r em uner ación af ir m ó que la se ñor a I SABEL
M ERCHÁ N ANA YA no r ecibí a pago por los ser vicios pr est ados a
pesar de que er a m ucho t r abaj o.
✓ M ar t ha I nés Car vaj al. Señaló qu e conoce a la señor a I sabe l A naya
M er chán desde 2002 o 2003, cuando ingr esó com o docent e de la
I nst it ución Educat i va Div ino S alvad or . M anif est ó que la
dem andant e y su esposo est aban pend i ent es de cer r ar la puer t a
cuando el la salí a del colegio . Dij o que la dem andant e hac í a el aseo
los f ines de sem ana de t oda la escuela y el de los sa lones a m edio
dí a y a las 6: 30 p.m . cuando t er m inaban la j or nada , per o que
después le quit ar on esas f un ciones y le pidier on las l laves de la
I nst it ución, que después lle gar on ot r as per sonas que se
encar gaban de h ace r el aseo y ej er cer la celadur í a. De i gual f or m a,
asegur ó que la señor a I SABEL ANAY A M ERCHÁN no r ecibí a
r em uner ación por su t r abaj o , r azón por la cual los est udiant es
r ecogí an 100 o 200 pesos y se lo ent r egaban a ella.
✓ M ar t ha Cecilia Pr ad i lla . Af ir m ó t r abaj a en la I nst it ución Educ at iva
Divi no Salv ador com o docent e de pr escolar y conoce a la
dem andant e desde el año 1985. Dij o que m ás o m enos hast a el
año 2004 la señora I SABEL ANAYA M ERCHÁ N est aba com o
celador a, t ant o así que cuando se per dier on unas sil las y una
gr abador a le t ocó p agar las al e nt onces dir ect or de la I nst it ución
que se la cobr ó. M anif est ó que no t en í a conocim ient o si la
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dem andant e r ecibí a o no un salar io por l as labor es que pr est aban.
I ndicó que hací a el aseo los f ines de sem ana par a ent r egar el
coleg io en per f ect o est ado. Expr esó que el d ir ect or y los
coor dinador es r ev is aban el t r abaj o de la dem andant e de lo c ual se
dio c uent a por que l e r eclam aban cuando f alt aba algo o est aba
t apado un caño. Señ aló que cuando la I n st it ución D ivi no Sa lv ador
se f usionó con el I NEM , a la señor a I SABEL ANA YA M ERC H ÁN le
quit ar on las l laves d el coleg io.
✓ Nubia Ve lasco de O choa . Asegur ó que f ue docent e y ahor a est a
pensiona da, que du r ant e su ej er cicio pr of esional en e l I nst it ut o
Divi no Salva dor conoció a la dem andant e com o vivient e del
I nst it ut o y est aba encar gada del ase o y cuidar los bien e s del
coleg io. Dij o que el ser vicio de aseo lo pr est aba t odos los dí as y
que el dir ect or la super visaba por que l e hací a una especie de
invent ar io qu e el la d ebí a ej ecut ar , t ant o así que en un m om ent o le
pidi ó que pagar a un m ot or que se per dió. Af ir m ó que no conoce si
r ecibió r em uner ació n por su t r abaj o, per o t iene clar o qu e los
padr es de f am ilia r e unier on ent r e $100 y $200 par a pagar le por el
aseo. M anif est ó que ell a le p agaba $8 . 000 m ensual par a que e l
salón lo t uvier a l im p io.
✓ Socor r o Car r eño Ru eda . Dij o que c onoci ó a la d em andant e d esde
diciem br e de 1 985 y que su r elac ión con el I nst it ut o se debe a que
sus hij os y sus niet os han est udiado allí y vive hace 40 años a una
cuadr a del colegi o. Q ue el esposo de la señor a I SABEL ANAY A
M ERCHÁ N ej er cí a las labor es de v igi la ncia por m om ent os y que
ella r eal izaba las labor es de aseo. Asegur ó que no t ení a
conocim ient o si r eci bió r em uner ación po r sus ser vicios.
✓ G r aciela Jaim es Ja i m es . Rect or a de la I nst it ución E ducat iva I NEM
de la cual es sede anexa el Divi no Sal vador , m anif est ó que no
conoce a la dem andant e , que no le ha im par t ido ór denes y que la
sede no cuent a en est e m om ent o con el ser vicio de cel adur í a.
e). Solicitud de reconocimiento de la relación laboral. Consta en
folios 26 a 30 del expediente solicitud de la demandante dirigida a
la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga en la que
requirió el reconocimiento de la relación laboral y el pago de
prestaciones sociales por la prestación de los servicios de
vigilancia y aseo.
f) Acto administrativo demandado . Mediante acto administrativo
del 19 de marzo de 2014 expedido por la Secretaría de Educación
de Bucaramanga , por el cual se le n egó el reconoci miento y pago
de los salarios y prestaciones sociales. Textualmente indicó:
«Una vez r evisada l a of icina de nóm ina y la of icina de plan t a de
per sonal de est a sec r et ar í a, no se encontr ó ningún ví nculo la bor al
exist ent e ent r e el m unicip io de Bucar am anga, la Secr et a r í a de
Educació n y la seño r a I SABEL ANAY A D E M ERCH Á N.
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De igual se ver if icó con la RECTO RA DE L I NSTI TUTO I NEM , Sede
E, I nst it ut o Divino S alvador y con la CO O RDI NADO RA de l m ism o
plant el educ at ivo, e inf or m ar on lo siguie nt e:
a. Respect o a las act ividades de la seño r a I SABEL ANAYA DE
M ERCHÁ N, con la in st it ución DI VI NO SA LVADO R S EDE “ E” I NEM ,
es el hecho de el la y su esposo ser VI VI ENTES.
b. Respect o a las act ividades de la seño r a I SABEL ANAYA DE
M ERCHÁ N Y SU ES PO SO , con la inst it ución DI VI NO SALVA DO R,
ni hubo n i hay ni ngu na, por que ni la co or dinac ión, ni l os doce nt es,
ni r ect or í a le han s o lic it ado que r ea lic e ningún t ipo de act ivi dad . »
4.2. Análisis sustancial
¿La señora ISABE L ANAYA DE MERCHÁN os tenta la calidad de
funcionaria de hecho del municipio de Bucaramanga
(Santander) por desempeñarse como celadora y aseadora de la
Institución Educativa Divino Salvador de esa entidad territorial
y, como consecuencia de ello, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de los salarios y prestaci ones sociales
por el interregno comprendido entre los años 1986 y 1999?
De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y del
análisis del acervo probatorio se considera lo siguiente:
Para que se configure la existencia d e un funcionario d e hecho en
los períodos de normalidad institucio nal se hace necesario que: (a)
que exista de jure el cargo; (b) la función sea ejercida
irregularmente; (c) que el cargo se ejerza en la misma forma y
apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada
regularmente 20 y (d) también puede darse cuando el empleado
ejerce funciones públicas con la anuencia y permiso de las
autoridades encargadas de controlar e impedir est a clase de
situaciones que per miten el ejercicio irregular de una investidura,
por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pe ro que, en
todo caso debe ser objeto de protección en aplicación del principio
constitucional de la prevalencia de la realidad frente a las formas,
los cuales se analizarán de la siguiente manera .
20 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a
• Subsección "A", Consejero Ponente: Alberto
Arango Mantilla, sentencia de 15 de marzo de 2007, Exp. No: 25000-23-25-000-1996-
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➢ Existencia del cargo
Como ocurrió en u n caso de simila res contornos 21 al que hoy es de
conocimiento de la Sala, se evidencia que mediante certificación
expedida por el jefe de talento humano de la Secretaría de
Educación del Municipio de Bucaramanga se señala que existen en
la planta de personal de la entidad los cargos de auxiliar de
servicios generales, grado 23, código 470 y de celador, grado 23,
código 477.
Conviene, entonces, precisar si la act ora desempeñó las funciones
de algunos de esos cargos, de conformidad con la prueba
testimonial practica da en el proceso.
➢ Ejercicio de las funciones de forma irregular
La demandante afirmó que desde el año 1985 presta los servicios
de celadora y aseadora de la Institución Educativa Divino Salvador
y que como contraprestación por el servicio prestado le fue
suministrada una v ivienda para que la habitara junto a su núcleo
familiar, sin contar con otro tipo de pago como retribución del
servicio ; sin embargo , no es suficiente con la simple afirmación de
ella, tampoco el dicho de los testigos que declararon en el proceso,
porque d e estos no se puede determinar si las labores ejercidas por
la demandante correspondían verdaderamente a las del cargo de
«auxiliar de se rvicios generales, g rado 23, código 470 » o de
«celador, grado 2 3, código 477 », de la planta de cargos de la
Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga
(Santander), puesto que no se cuenta en el acervo probatorio con
documento alguno respecto del cual la Sala pueda establecer
qué funciones le asistían a estos empleos.
Por el contrario, lo que sí se observa es que las actividades de la
señora ISABEL ANAYA MERCHÁ N est aban dentro de las
21Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Dr. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Sentencia del 8 de octubre de 2020. Radicado:
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obligaciones y funciones adquiridas como viviente del inmueble
ubicado en la Institución Divino Salvador, constancia de ello es el
contrato de arrendamiento en folio s 15 a 17 se determina que ella,
como arrendataria , debe ejercer labores de aseo y vigilancia .
Ahora bien, que realizara estas actividades en los salones de la
Institución Educativa y no solo en el lugar arrendado, como lo
manifestaron los testigos, es un a cuestión que por si sola no
significa que ejerciera las funciones de los cargos de «auxiliar de
servicios generales, grado 23, código 470 » o de «celador, grado
23, código 477 », primero, porque , como se dijo, no hay constancia
de cuáles son las funciones asignadas a estos cargos y segundo,
porque no se demostró la permanencia en el desarrollo de las
mismas, ¿todos los días la demandante realizaba el aseo?, ¿era
responsable de la seguridad del plantel educativo y de las personas
que allí estaban? ¿de qué ma nera ejerció la vigilancia del lugar?
¿solo abría las puertas del lugar y las cerraba? ¿ su esposo la
ayudaba en esos menesteres o lo hacía sola?.
En ese orden de ideas, como lo ha afirmado esta Sala 22 en asuntos
anteriores, para que pueda considerarse así, era necesario tener la
certeza de la exist encia del cargo, lo que no se demostró en el caso
concreto. En efecto, la no acreditación de ello acarrea como
consecuencia lógica, la no demostración de la existe ncia de las
funciones debidamente reglamentadas que la demandante asegura
cumplió para la Institución Educativa Divino Salvador y que en el
presupuesto de las entidades demandadas no se fijó rubro para
cubrir el pago de los salarios y prestaciones so ciales de quien
ocupara el cargo de «celador» y «aseadora ».
➢ Que cumpla las funciones de la mi sma forma como l o haría
un funcionario público
Aun cuando de los testimonios recaudados se advierte que la
señora ISABEL ANAYA MERCHÁN ha cía el aseo en la I nstitución
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsecc ión
A, sentencia de 5 de mayo de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación
85001-23-31-000-2012-00032-02(2119-14); Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de abril de 2019, C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 68001-23-31-000-2009-00395-01(3152-15)
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Educativa Divino Salvador y jun to con su esposo ejercía
eventualmente la vigilancia del luga r, respecto de lo cual, en
principio , podría afirmarse que cumplió con el requisito de
prestación personal del servicio, lo cierto es que no se probó la
remuneración por ese trabajo y no existe certeza sobre la
subordinación , esto es, que el director o un coordinador le
impartiera órdenes de forma continua y permanente, pues no basta
con que los testigos afirmen que el re ctor le exigió a la d emandante
el pago de una grabadora extraviada y que le reclamaba en
momentos el cumplimiento de ciertos trabajo s como destapar un
caño, sino que es necesario tener ce rteza sobre las condicion es de
lugar, tiempo y modo en que ocurri ó.
En ese orden de ideas, se evidencia que en sus declaraciones los
testigos son escuetos en señalar que la demandante sí recibía
órdenes del directo r, pero no se tiene certeza sobre la id entidad de
la persona que supuestamente las impartía , el director, sí, pero en
¿qué período?, ¿de qué forma?, ¿en qué lugar?, ¿ cuáles directrices
impartía, ¿cumplía una jornada laboral?, es decir, son muchos los
cuestionamientos en relación con los servicios q ue dice la
demandante haber prestado, que de forma algun a la Sala puede
llegar a la convicción sobre la configuración de este presupuesto
de subordinación.
Lo expuesto quiere decir que , a diferencia del Tribunal
Administrativo de Santander , para esta Sala no es su ficiente el
material probatorio obrante en el expediente para llegar a la
veracidad de que la señora ISABEL ANAYA MERCHÁN cumplió las
funciones de celadora y aseadora como lo hiciere un funcionario
público, sobre todo cuando no existe documento alguno que
demuestre que se le impartiera ó rdenes, le asignaran u n horario y
tareas referidas a los cargos que dice haber desempeñado , siendo
imposible develar que existió una posible subordinació n.
Por su parte en relación con la remuneración, los testigos son
coincidente s en que no recibió ningún emolumento como
contraprestación a los servicios que supuestamente prestó, tanto
así que manifiesta n que se recogía dinero entre los e studiantes
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como estímulo para que realizara el aseo de los salones ; no
obstante, ello no era per manente sino eventual. Está claro entonces
que este requisito tampoco se cumplió.
➢ Que el empleado ejerce funciones públicas con la
anuencia y permiso de las autoridades
Como se indicó en acápites anteriore s, no está probado que en el
caso concreto la demandante ejerciera las funciones públicas de
celadora y aseadora en la Institución Educativa con la autorización
y anuencia del alcalde de Bucaramanga o de la Secretaría de
Educación Municipal , lo que está probado es que suscribió un
contrato de arrendam iento con dicha entidad territorial para vivir en
una residencia de dos habitaciones y una cocina ubicada en el
Divino Salvador para lo cual contrajo una serie de obligaciones,
entre las cuales se encontraba mantener en buen estado el
inmueble y responder por la pérdida de los elementos que allí se
encontraran y fueran propiedad de la entidad territorial.
En consecuencia, al ser la carga probatoria de la demandante,
cuando se involucran relaciones ent re los servidores públicos o
particulares f rente al Esta do, siempre que intenten develar una
relación laboral, y al no ser posible constatar los elementos
necesarios para establecer que se configuró una relación laboral,
no hay lugar a declarar la existencia d e funcionario de hecho, razón
por la cual, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar
negará las pretensiones de la demanda .
5. Condena en costa s
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los nece sarios para t raslad o de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación.
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Atendiendo esa orientación, e n el presente caso no hay lugar a
imponer condena en costas en esta instancia, de conformidad con
el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, toda
vez que no resultó probada su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia d el 13 de septiembre de 2016 ,
el Tribunal Administrativo de Santander que accedió p arcialmente
a las pretensiones del medio de control por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia y , en su lugar,
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la señora ISABEL
ANAYA MERCHÁN contra el municipio de Bucaramanga
(Santander) de acuerdo con los argumentos señalados en las
consideraciones de este fallo.
TERCERO: Sin co ndena en costas en esta instancia.
CUARTO: En firm e esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de orige n y efectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la
presente sesión.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN COMISIÓN
www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia
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