Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00043-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00043-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00043-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de enero de 2026
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00043-01 (5304-2022)
Demandante: María Lucía Sánchez de Moncada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00043-01 (5304-2022)
Demandante: María Lucía Sánchez de Moncada
Demandado: Municipio de Pereira y departamento de Risaralda
Tema: Funcionario de hecho/Relación laboral encubierta
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
30 de junio de 2022, proferida el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda2
2.Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 14418
expedido el 25 de abril de 2016 por la Secretaría de Educación de Pereira que
negó el reconocimiento y pago de unas acreencias laborales, tales como, primas,
auxilio de cesantías, vacaciones, horas extras, recargos nocturnos y lo que
constituya factor salarial (incluido cotizaciones a salud, pensión y ARL), de la
misma manera, solicitó la nulidad del Oficio 7298 signado el 25 de abril de 2016,
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
2 Se advierte que mediante memoriales vistos a folios 338 a 371 del archivo titulado
«6_002EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_1» y en el folio 545 del archivo titulado
«7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2» se reformaron los hechos, pretensiones, concepto de violación
y pruebas del medio de control, reforma admitida a través de la providencia dictada el 26 de noviembre de
2019, visible en folio 376 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2», disponible en el
índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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expedido por la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda en la
cual se indicó que «las pretensiones solicitadas deben ser dirigidas única y
exclusivamente al Municipio de Pereira, con ocasión de los servicios prestados
en la institución educativa sede C.E. Claret-la bodega desde el 28 de marzo de
1988 y «hasta la fecha».
3. En virtud de lo anterior, solicitó que se declare: i) entre las entidades
territoriales demandadas existieron 3 relaciones concurrentes en los cargos de
vigilancia, servicios generales y jardinería; ii) las citadas relaciones contractuales
iniciaron el 22 de marzo de 1988 y continúan vigentes en la actualidad; iii) los
cargos se ejercieron bajo subordinación y dependencia del departamento de
Risaralda (28 de marzo de 1988 a noviembre de 2002) y del municipio de Pereira
(noviembre de 2002 a la fecha); iv) el salario pactado y pagado por la prestación
de servicios consistió en el pago de un canon de arrendamiento por la vivienda
ocupada en la institución educativa; v) las labores se efectuaron de forma
personal; vi) la relación contractual acaecida entre las partes fue de carácter
laboral; vii) las funciones se llevaron a cabo en el plantel educativo sede C.E.
Claret-la bodega, ubicado en la ciudad de Pereira; vii) los contratos se ejecutaron
sin solución de continuidad; viii) la sustitución patronal entre el departamento de
Risaralda y el municipio de Pereira desde el 28 de marzo de 1988 por los
servicios que se desarrollaron a favor de la administración departamental y hasta
el momento de entrega de la institución educativa al municipio de Pereira en
noviembre de 2002; ix) la solidaridad del municipio de Pereira con los
emolumentos laborales a que tuviere derecho respecto a las funciones ejercidas
a favor del departamento de Risaralda entre marzo de 1988 a noviembre de 2002;
x) el cumplimiento de los requisitos para adquirir la pensión de vejez.
4. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de lo
siguiente: i) el conjunto de prestaciones indemnizaciones por las actividades
ejecutadas en el período de 28 de marzo de 1988 a noviembre de 2002 y entre
noviembre de 2002 a la fecha presente; ii) derivado de la omisión de las entidades
territoriales en la afiliación al sistema general de pensiones, ordenar el pago de
la pensión sanción; iii) en caso de no ordenarse el pago de la pensión sanción,
de forma subsidiaria disponer la cancelación de las cotizaciones y sanciones por
la omisión de realizar los aportes pensionales; iv) los intereses moratorios en los
términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) liquidar el monto de la mesada
pensional teniendo como base el salario total devengado por un empleado de
planta de la administración municipal que realice los mismos oficios.
5. Reclamó el pago de los salarios de los tres años anteriores de la radicación de
la reclamación administrativa, esto es, 4 de abril de 2016 ante el departamento y
el 1° de abril de 2016 ante el municipio, y hasta la fecha que se estime como de
inclusión en nómina y pago de la primera mesada pensional, en los siguientes
términos: i) el salario percibido por el empleado de planta de la administración
municipal homologado a la administración departamental que ejerza el mismo
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cargo de vigilancia en el plantel educativo en el que desarrolla sus labores; ii) el
salario devengado por el empleado de planta de la administración municipal
homologado a la administración departamental que ejerza el mismo cargo de
jardinería en el plantel educativo en el que desarrolla sus labores; iii) el salario
irrogado por el empleado de planta de la administración municipal homologado a
la administración departamental que ejerza el mismo cargo de servicios
generales en el plantel educativo en el que desarrolla sus labores; iv) el
reconocimiento de los salarios por valor de 3 jornadas de 8 horas (la
disponibilidad era de 24 horas) debe ser por la totalidad de la relación laboral y
hasta la fecha actual.
6. Requirió la cancelación de los emolumentos que se relacionan: i) auxilio de
cesantías e intereses de éstas; ii) prima de servicios; iii) vacaciones; iv)
dotaciones por calzado y vestido de labor; v) horas extras, festivas y dominicales,
diurnas y nocturnas; vi) descansos compensatorios; vii) sanción moratoria por la
falta de consignación de las cesantías; viii) bonificación por servicios prestados;
ix) prima de navidad; x) prima de recreación; xi) prima técnica; xii) los valores se
reconozcan con fundamento a los valores y beneficios recibidos por el funcionario
de planta; xiii) bonificaciones legales, extralegales o convencionales que hubiere
percibido el funcionario de planta.
7. En el caso de no accederse a la pretensión principal de reconocimiento y pago
de las acreencias con ocasión a los 3 cargos ejercidos, subsidiariamente reclamó
el pago de los mismos conceptos pretendidos tomando como fundamento que la
actividad principal era la de vigilante y teniendo en cuenta las horas extras
diurnas, y horas extras nocturnas, al igual que trabajo en día festivos (con recargo
por horas extras diurnas y nocturnas) , y dominicales(con recargo por horas
extras diurnas y nocturnas), recargo por trabajo en día de descanso
(compensatorio diurno o nocturno).
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
8. La señora María Lucía Sánchez de Moncada a partir del 27 de marzo de 1988
fue instalada en compañía de su esposo e hijos al interior del establecimiento
educativo sede C.E. Claret-La bodega en el colegio de Combia por disposición
de la señora Blanca Inés Montoya quien laboraba al servicio de la Secretaría de
Educación de Risaralda.
9. Que la vinculación a la entidad fue mediante contrato laboral a término
indefinido.
10. Que las funciones ejercidas fueron asignadas por la citada funcionaria,
consistentes en: i) vigilancia diurna y nocturna del plantel educativo; ii) atención
de la portería; ii) recepcionar los elementos o paquetería con destino a la
institución; iii) controlar el acceso y tránsito de personas atendiendo las
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instrucciones dadas por los docentes encargados, iv) efectuar labores de aseo y
limpieza en la institución educativa, específicamente en las áreas diferentes a las
aulas de clase; v) velar por el mantenimiento de zonas verdes, cancha y
jardinería.
11. Que también debía realizar el aseo, mantenimiento, control y vigilancia de una
fábrica de uniformes escolares, zapatos escolares y ropa en general, así como,
de un centro odontológico al servicio de la comunidad de Combia, servicios que
se prestaban al interior del C.E. Claret-la bodega del colegio de Combia.
12. Que la situación descrita ha perdurado durante más de 30 años, convalidada
por los sucesivos directores y profesores del plantel educativo bajo su anuencia
y permiso en una constante sujeción a órdenes dirigidas al cumplimiento de las
actividades encomendadas.
13. Que la administración departamental y municipal no han surtido gestiones que
le impidieran efectuar las labores de aseo, vigilancia y jardinería, servicios que
han sido remunerados con la posibilidad de usar un inmueble ubicado en la
institución sin generarse el pago de cánones de arriendo por su uso, es decir, su
retribución no fue en dinero sino en especie.
14. Que no contaba con la potestad de ausentarse sin colocar en riesgo la
seguridad del centro educativo y los bienes bajo su custodia y responsabilidad,
igualmente, no podía desatender los oficios de aseo y jardinería, ya que, ningún
funcionario llevaba a cabo tales labores.
15. Que el día 17 de diciembre de 2005 el señor Luis Ancizar Jaramillo, nuevo
rector del plantel educativo y el señor Gustavo Adolfo Moncada Sánchez, hijo de
la actora, suscribieron contrato de arrendamiento de vivienda urbana, pero no se
estipuló su valor.
16. Que, con posterioridad a ello, se asignaron las funciones de supervisión y
control de almacenamiento de productos entregados por el ICBF, la preparación
de la colada, la recepción de refrigerios que serían entregados a los docentes el
día siguiente.
17. Que las funciones ejecutadas se han llevado a cabo a lo largo de 30 años a
excepción de la labor de jardinería que, por un período de enfermedad, contrató
a una persona para que lo realizara.
18. Que desde su vinculación irregular ha recibido órdenes e instrucciones por
parte de las directivas, las cuales debía acatar como cualquier funcionario
público, situación que fue conocida por el ordenador del gasto (departamento de
Risaralda).
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19. Que presta los servicios las 24 horas diarias y los 7 días de la semana, sin
ningún día compensatorio entre semana.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
20. Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 2°, 4°, 13, 25, 53, 123 y 315 de la Constitución
Política; 22, 23, 24, 32, 36, 37, 47, 57, 62, 63 ,64, 65, 129, 145, 186, 230 y 249
del Código Sustantivo del Trabajo; 1-3 de la Ley 52 de 1975; 99-3 de la Ley 50
de 1990; 1° y 10 del Decreto 2726 de 1945; 291, 293, 294, 295 y 296 del Decreto
1333 de 1996 y la Ley 80 de 1993.
21. En el concepto de violación alegó que la transgresión de las disposiciones
constitucionales y legales de protección del derecho al trabajo y los derechos
derivados de la relación pretendida conculcaron las garantías de las que es
beneficiaria, de ahí que, la administración en el desarrollo de las relaciones
contractuales debe observar con plenitud las normas que regulan la función
pública, de lo contrario, se causan irregularidades y desviaciones en las cuales
la autoridad nominadora no ejerce sus atribuciones con fundamento a las
regulaciones pertinentes.
22. Que en las labores que comportan la realización del servicio de celaduría o
vigilancia está implícito el grado de subordinación y dependencia, indispensable
para la ejecución de las funciones. Que la remuneración se puede efectuar en
dinero o en especie, en virtud de ello, desde el inicio de la relación contractual la
entidad le indicó que su contraprestación correspondería al canon de
arrendamiento de la vivienda, sin embargo, se desconoció que el pago del salario
en especie no podía corresponder al 100% del salario percibido, pues solo está
permitido el 30% de este.
1.4. Contestación de la demanda
23. El departamento de Risaralda mediante apoderado se opuso a las
pretensiones invocadas y como consecuencia de ello aseveró que no se
configuraron los elementos del contrato realidad, pues, en los archivos de la
entidad territorial no reposa ningún documento del que se lograra inferir que la
accionante laboró de manera continua y subordinada al servicio del
departamento y mucho menos que hubiere recibido un salario por el
reconocimiento de la relación laboral, además, no se allegó ningún documento
en el que se observara que la autoridad administrativa actuara como empleadora.
24. Formuló como excepciones las siguientes: i) inexistencia de la obligación; ii)
cobro de lo no debido y iii) inexistencia de contrato de trabajo; iv) prescripción; v)
incumplimiento de requisitos legales.
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25. De otro lado, la referida dependencia no contestó la reforma de la demanda.
26. El municipio de Risaralda mediante mandataria presentó contestación de la
reforma de la demanda y en virtud de lo anterior explicó que no se cumplieron los
elementos esenciales del contrato de trabajo, así mismo, manifestó que la
entidad no necesitó los servicios de la actora y que su permanencia en las
instalaciones de la institución educativa se derivó con ocasión del contrato de
arrendamiento verbal originado desde la anualidad de 1988 que al parecer tuvo
con el departamento de Risaralda, no obstante, después de obtener la
certificación en educación el municipio de Pereira, el contrato se legalizó por
escrito en el año 2006, relación permitida en la entidad territorial, la cual es de
origen civil y no laboral, razón por la que la demandante estaba exenta de
cualquier cumplimiento de horario, subordinación o dependencia de los directivos
del centro educativo.
27. Aclaró que conforme al oficio signado el 15 de abril de 2013 por el secretario
de desarrollo administrativo de la entidad territorial, la persona que actuaba como
casero del inmueble identificado con ficha catastral 00-10-005-0020-00 y folio de
matrícula 290-92005 era el señor Gustavo Adolfo Moncada Muñoz a quien le fue
entregado el bien para que habitara con su familia, lo que hizo en arrendamiento.
De tal manera que la persona que se desempeñó como celador de la institución
fue el citado ciudadano, cónyuge de la accionante al que le fue entregada la
vivienda en arrendamiento y no como se relató en la demanda.
28. De igual manera, subrayó que en el documento de contrato de arrendamiento
era posible determinar que quien actuaba como arrendatario era el señor
Gustavo de Jesús Moncada Muñoz que gozó de una vinculación legal y
reglamentaria con el municipio de Pereira, así mismo, indicó que el contrato se
pactó inicialmente con el señor Moncada Muñoz y se suscribió finalmente con su
hijo. En consecuencia, quien verdaderamente ejerció labores de vigilancia fue el
señor Gustavo Moncada.
29. Señaló que en la demanda se atribuyeron unos tiempos en los que el servicio
de educación estaba a cargo del departamento de Risaralda, sin embargo,
ninguno de los tiempos es reconocido porque como se advirtió en la demanda
inicial por el mismo sujeto procesal, la demandante se encontraba en la institución
educativa como consecuencia de la calidad de cónyuge.
30. Argumentó que las labores ilustradas en la demanda correspondían a las que
diariamente desarrolla una persona en su lugar de habitación y que no se
demostró la existencia de contrato verbal de trabajo ni mucho menos los
elementos de su configuración, en efecto, la permanencia de la actora en las
instalaciones del plantel educativo no fue consecuencia de la prestación de algún
servicio, sino que en ésta se encontraba el lugar de su residencia.
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31. Afirmó que no acaeció ningún tipo de vinculación a través de contrato de
prestación de servicios o contrato de trabajo que implicara la vinculación a la
planta de cargos, como quiera que la entidad territorial no requería de la
prestación de servicios, pues contaba con personal asignado por el departamento
de Risaralda o el municipio de Pereira para su cumplimiento.
32. Invocócomo excepciones las siguientes: i) inepta demanda por falta de
agotamiento parcial de la vía gubernativa; ii) inexistencia del contrato de trabajo
o relación laboral; iii) inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no
debido; iv) falta de legitimación en la causa por activa; v) prescripción; vi)
compensación.
1.5. Auto que resolvió las excepciones previas
33. Mediante decisión adoptada el 9 de junio de 2021 el a quo declaró no probada
la excepción de inepta demanda por incumplimiento de requisitos legales
propuesta por el departamento de Risaralda, similar determinación adoptó en lo
referente a los mecanismos exceptivos de inepta demanda por falta de
agotamiento parcial de la vía gubernativa y falta de legitimación en la causa por
activa, invocados por el municipio de Pereira. Finalmente difirió para la etapa de
fallo el estudio de la excepción de prescripción.
1.6. Sentencia de primera instancia
34. El 30 de junio de 2022, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas a la demandante, con fundamento a los siguientes
argumentos.
35. El municipio de Pereira formuló tacha de parcialidad en contra de la
declaración rendida por los señores Gloria Nancy Moncada Sánchez y Duván
Alirio Moncada Sánchez en consideración a que manifestaron ser hijos de la
accionante, sin embargo, consideró que sus relatos fueron coherentes, sin que
se evidenciara la intención de favorecer al sujeto procesal.
36. Que de las pruebas documentales no se observó certificado laboral o contrato
que permitiera establecer la supuesta vinculación de la interesada con los entes
territoriales demandados desde el mes de marzo de 1988, no obstante, según la
demanda lo pretendido por la actora fue el reconocimiento como funcionario
hecho en el período reclamado derivado de la prestación de servicios como
vigilante, auxiliar de servicios generales y jardinería en la institución educativa
Claret La Bodega del municipio de Pereira.
37. De acuerdo con los oficios expedidos el 7 de mayo de 2018 y 25 de mayo por
el director administrativo del departamento de Risaralda y el director de talento
humano del sector del municipio de Pereira, respectivamente, certificaron que: i)
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el departamento de Risaralda cuenta con 81 cargos de celaduría y 57 cargos de
auxiliar de servicios generales; ii) el municipio de Pereira está integrado con 61
cargos de vigilantes y 97 cargos de auxiliar de servicios generales. En
consecuencia, existe en la planta de personal de las entidades territoriales el
cargo de celador y auxiliar de servicios generales.
38. Verificadaslas pruebas documentales, las declaraciones rendidas por los
testigos Gloria Nancy Moncada Sánchez, Duván Alirio Moncada Sánchez,
Claudia Patricia Correa Galvis y Javier Grisales Rivera, así como, el interrogatorio
de parte de la señora María Lucía Sánchez de Moncada, no era posible concluir
que la actora ejerció funciones de vigilancia y aseo de manera irregular.
39. A pesar de que no existe contrato escrito de arrendamiento o comodato, la
accionante se benefició de tal situación al facilitársele la vivienda y disfrute de
servicios públicos, siendo lógico que ésta mantuviera organizado el espacio en
el que vivía con su familia y se cerciorara de la situación de seguridad de forma
regular, ya que, la vivienda se encontraba al interior del centro educativo, con una
única puerta de ingreso.
40. Que no se acreditó el cumplimiento de las mismas funciones del cargo de
celador código 477, contenidas en el Decreto municipal 284 del 14 de mayo de
2007 que adoptó el manual de funciones del municipio de Pereira, puesto que,
su labor solamente tendría semejanza en lo atinente a la apertura y cierre de la
puerta del centro educativo, sin determinarse que tal actividad se desarrollaba
como consecuencia de una orden dada por algún docente o rector de la
institución educativa, que si bien la accionante tenía las llaves de la institución,
ello obedeció a la habitación permanente que se le permitió en el lugar y que
representaba su propia seguridad y la de su familia.
41. No se aportó elemento probatorio del que se dedujera relación contractual ni
la relación laboral reclamada, por el contrario, las actividades realizadas
correspondían a que la demandante permanecía en la institución educativa en la
que fue permitida la vivienda, sin pagar suma alguna por arrendamiento.
42. Es cierto que los deponentes manifestaron que la interesada cuidaba el colegio
de día y de noche, habitaba en las instalaciones de la institución, y actuaba
ocasionalmente como mensajero, sin embargo, no hubo certeza de las
condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ejerció labores como celador, ya
que, señalaron de manera general que se encargaba de las llaves, de abrir las
diferentes puertas de la institución, sin especificarse el cumplimiento de un
horario, como tampoco que las funciones eran del resorte de un empleado público
adscrito a la entidad demandada.
43. No se demostró la aquiescencia de las autoridades administrativas o
funcionarios representantes de las entidades territoriales, aun cuando se indicó
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una orden verbal emitida por la directora de núcleo de la institución para vivir en
el inmueble, no se allegó prueba que respaldara la manifestación ni que se
hubieren asignado funciones, ahora bien, el hijo de la demandante afirmó que la
jefe de núcleo impartió las instrucciones a ella para realizar las funciones al
momento de llegar a habitar el inmueble, pero no está probado el consentimiento
de las autoridades territoriales para la realización de esas labores, ni que el
alcalde de Pereira o el gobernador de Risaralda le permitieren residir en el plantel
educativo.
44. Tampoco se comprobó el pago de una remuneración por los servicios
prestados como celadora, y que aquello provinieran de las entidades territoriales,
ni que existiera dentro del presupuesto un rubro específico para el pago de los
salarios y prestaciones sociales de la demandante.
45. Por último, sostuvo que tampoco se acreditaron los elementos de una relación
laboral subyacente derivada de la celebración de contratos de prestación de
servicios, pues, no se demostró la prestación personal del servicio, la
subordinación ni la remuneración, además, destacó que los contratos estatales
deben constar por escrito y de no ser así no hay lugar a considerar la existencia
del negocio jurídico, por tanto, si no se acredita ese presupuesto no es dable
predicar su perfeccionamiento, en ese sentido, concluyó que la actora no
suscribió ningún tipo de contrato con las entidades territoriales.
1.6. Recurso de apelación
46. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
47. Elmaterial probatorio permitió concluir que la demandante desempeñó
funciones propias del cargo de vigilante y aseadora en el centro educativo la
Bodega desde el 27 de marzo de 1988 a la actualidad.
48. No se verificó la existencia de la prueba documental obrante en el folio 57,
oficio con fecha del 23 de febrero de 2018 suscrito por el secretario de desarrollo
administrativo de Pereira en el que se contestó la solicitud de reconocimiento de
los derechos laborales por las labores de vigilancia, aseo y jardinería, en dicho
oficio la administración animó a la actora a la «desocupación del predio
voluntariamente para no tomar las medidas legales que son de nuestra
obligación, para la recuperación de los bienes inmuebles del Municipio». Es decir,
la entidad territorial dejó dicha actividad para el momento en el que la ciudadana
reclamó sus derechos laborales.
49. Se acreditó que la accionante continúa viviendo en la planta física del plantel
educativo en la que ejerce diariamente sus funciones de celadora y portera, ha
permanecido de manera continua y permanente en la institución durante día y
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noche por un período que excede los 33 años, período en el que ha sido sometida
subordinación por parte de las directivas y docentes de la institución.
50. Para desarrollar las actividades de vigilancia, la persona contratada debe
atender y obedecer las órdenes de sus superiores a los que les corresponde
determinar en qué forma, horario y dependencia debe prestar el servicio, esto es,
en que momentos debía abrir, a quienes dejar ingresar, desde que horario estar
a disposición para hacer coladas y servirlas, a quien servirlas, en que instante
realizar el aseo de los baños y cada cuanto efectuar el mantenimiento de canchas
y jardinería.
51. Se omitió analizar la disponibilidad de la actora durante las 24 horas del día y
los 365 días que componen el año calendario, de esa manera, con necesario
tiempo de descanso la demandante estaba sujeta a retomar sus labores en
cualquier momento, según los requerimientos del empleador por ejemplo para la
apertura de la puerta de la escuela respecto no sólo a los estudiantes ordinarios,
sino respecto a cursos fines de semana, trabajadores de la fábrica o del
consultorio odontológico, la labor de vigilancia nocturna y su reacción frente a
cualquier eventualidad durante ese periodo, por ello, tales situaciones limitan e
imposibilitan que el trabajador disfrute de tiempo libre para programar salidas
familiares u otra actividad, en ese sentido, la disponibilidad se considera como
una parte de la jornada laboral.
52. La administración no relevó en el horario a la accionante, por el contrario, le
dejó la carga permanente bajo su responsabilidad, por lo tanto, esas condiciones
debían computarse dentro de la jornada laboral y en virtud de ello el
reconocimiento de horas extras si la disponibilidad excede la jornada laboral
ordinaria; al pago del recargo nocturno si la disponibilidad se debe prestar de
noche; el recargo dominical y festivo si la disponibilidad fue permanente incluso
para los citados días.
53. En los folios 115 a 121 del expediente digital se allegaron comprobantes de
remisión de entrega de complementos alimentarios en unidad de servicio jornada
mañana y tarde, dentro del programa de alimentación PAE, en los cuales se
evidencia que la actora firmó como encargada de operación de entrega, asunto
que únicamente podría suceder bajo órdenes y orientaciones de la autoridad
administrativa al interior de la Escuela.
54. Durante el período laborado, el servicio de vigilancia y aseo para el plantel
educativo no fue prestado por la administración municipal ni departamental,
motivo por el que la necesidad se satisfizo con el trabajo desempeñado por la
demandante.
55. Se acreditaron las circunstancias constitutivas de la categoría de funcionario
de hecho, pues, no se reunieron a cabalidad las formalidades constitucionales y
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legales de la investidura del funcionario público, pero se demostró la existencia
jurídica del cargo y con fundamento a las declaraciones, el desempeño de las
actividades contó con el conocimiento y aquiescencia por lo menos de la jefe de
núcleo, la rectora del colegio de Combia y los profesores del centro educativo la
Bodega de Combia, las secretarías de educación departamental y municipal, así
mismo, permitieron que los servicios de vigilancia y aseo fueran prestados por la
demandante, sin que se preocuparan de legalizar el estado de dicha contratación
por un lapso mayor a 33 años.
56. No se comprobó que se hubiere enviado personal de celaduría o de servicios
generales para cumplir esas funciones, tampoco se acreditó que durante esos 33
años, si es que no se contaba con el personal suficiente para ejercer las funciones
de celaduría y aseo, el municipio de Pereira ni el Departamento de Risaralda
hubiere enmendado la situación suscribiendo al menos un contrato estatal de
prestación de servicios con el cumplimiento de requisitos legales, por el contrario,
se toleró durante más de tres décadas la situación irregular y de facto en la que
se colocó a la interesada.
57. Los requisitos esenciales para la configuración del funcionario consisten en la
existencia del empleo, el ejercicio irregular de las funciones y que el cargo se
hubiere ejercido en la misma apariencia y forma como lo hubiese desempeñado
un empelado vinculado en debida forma.
58. El Consejo de Estado en un caso de circunstancias similares a las de la señora
María Lucía Sánchez de Mocada, mediante sentencia de 2 de mayo de 20133
reconoció la condición de funcionario de hecho por prestar sus servicios como
celador a la administración durante un período de 6 años sin mediar acto
administrativo y posesión. Posteriormente, la misma corporación4 determinó que
además de la existencia del cargo se requiere que cuando la persona ejerce
funciones públicas con anuencia de las autoridades encargadas de controlar,
permitir o impedir este tipo de situación, prevalece el principio de la realidad sobre
las formas. La anterior línea jurisprudencial no fue atendida por el juez de primera
instancia.
59. Respecto a la valoración de las declaraciones, se pasó por alto lo explicado
por los testigos:
60. Gloria Nancy Moncada Sánchez dio los siguientes detalles sobre el servicio de
la demandante: i) realización de aseo en la parte externa de la escuela; ii) durante
mucho tiempo debió estar pendiente de alumnos que estudiaban el fin de semana
los sábados debiendo ella abrir y cerrar la puerta; iii) en los cursos de
manualidades en semana le tocaba igual encargarse de la portería para su
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente:
73001-23-31-000- 2010-00673-01 (1555-12). CP Alfonso Vargas Rincón.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente:
16050-01-23-31-000-2011-01297-01 (2272-2015). CP William Hernández Gómez.
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ingreso y egreso; iv) identificó a la rectora Nora como otra de las personas que
daba órdenes a la demandante; v) afirmó que en las noches tenía que hacer
ronda a la fábrica y donde estaba lo de odontología; vi) durante el tiempo de
estancia de la demandante ni el municipio ni el departamento han enviado
persona a realizar funciones de cuidado, aseo, vigilancia o jardinería; vii) en la
actualidad se ha asignado una función más a la demandante en lo concerniente
con el cuidado del restaurante de la escuela; viii) que le han exigido a la
demandante últimamente hacer mejor el aseo; xi) a la actora le han llamado la
atención, en la actualidad la rectora de Combia le ha dado órdenes; x) la fecha
de inicio de labores fue en el año 1988.
61. Duván Alirio Moncada Sánchez también expuso aspectos alusivos a: i) el
restaurante, la fábrica, y el consultorio de odontología que debía vigilar y hacer
aseo la demandante, eran servicios del municipio para la misma comunidad y
que los referidos lugares quedaban al interior de la institución educativa; ii) la
rectora del colegio de Combia acordaba las labores de la fábrica; iii) siempre les
dijeron que las labores que hacía la accionante tenían como retribución el valor
del canon de arrendamiento.
62. Claudia Patricia Correa Galvis relató aspectos sobre: i) la fábrica que vigilaba
y en la que realizaba aseo la actora era de propiedad de la alcaldía, se hacían
uniformes de propiedad de la alcaldía, su madre trabajaba allí y creía que el
salario que le pagaban provenía de la alcaldía; ii) presenció a la demandante
efectuar las labores anunciadas cuando iba por los hermanos estudiantes y
cuando visitaba a su madre en la fábrica; iii) nunca observó a otros trabajadores
haciendo las labores que la demandante hacía; iv) la accionante hasta la
actualidad ejecuta las mismas funciones.
63. Se demostró que la interesada ejerció las funciones producto de la orden dada
por la jefe de núcleo y la rectora, las cuales se pagarían con el canon de arriendo
de la casa de habitación al interior del centro educativo.
64. Todos los deponentes explicaron que la accionante era la encargada de abrir
y cerrar la puerta de la escuela, así como la vigilancia de una fábrica de calzado
y un centro odontológico al interior del centro educativo, mantenimiento de
prados, mantenimiento de jardines, hacer colada para los alumnos, repartir los
refrigerios a los niños de la escuela, el aseo de la escuela, limpiar los corredores,
en las noches le tocaba hacer ronda a la escuela cumpliendo con su obligación
de vigilancia, recibir bienestarina y repartirla a otras escuelas. Ello dista de lo
concluido por el a quo que se limitó a determinar que la accionante se encargaba
del cuidado del sitio y a abrir y cerrar la puerta de la institución.
65. El juez de primera instancia determinó que los espacios en los que la actora
prestaba sus servicios correspondían al lugar en el que vivía, desconociéndose
la fuerza de trabajo prestada por la demandante.
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66. No es cierto que la accionante se dedicara únicamente a la apertura y cierre
de la puerta del plantel, también fue desacertado concluir que no se probó que
esa función no fuera ordenada por algún docente o directivo de la entidad,
además, múltiples testigos relataron que la actora dormía en algunas
oportunidades con sus hijos dentro de las bodegas que debía cuidar, lo cual era
posible si manejaba las llaves del interior del centro educativo.
67. En lo alusivo a la subordinación, la accionante recibió indicaciones de una
autoridad administrativa (jefe de núcleo), refrendada posteriormente por la
rectora del colegio de Combia, y profesores que otorgaban el permiso de
ausentarse del plantel educativo cuando lo requería.
68. Sobre la remuneración, se demostró que la jefe de núcleo le indicó que la
retribución sería la vivienda al interior de la institución educativa para ella y su
familia, a su vez, la retribución en especie está limitada y no podrá ser igual al
100% sin que exista retribución monetaria alguna.
69. No se advirtió que el contrato inicialmente pactado como contrato de
prestación de servicios mutó a un contrato realidad o contrato laboral.
1.7 Trámite de segunda instancia
70. El 9 de noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el negocio
regresaría al despacho para fallo5.
71. Finalmente,se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
72. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
73. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
5 Conforme al informe secretarial visto en el índice 11 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, la demandante es apelante único, el análisis se encuentra limitado a
los reparos concretos formulados en el recurso.
2.2. Problema jurídico
74. Si bien en el recurso de apelación se mencionó la calidad de funcionario de
hecho de la demandante en la prestación de sus servicios como vigilante, auxiliar
de servicios generales y jardinería de la institución educativa Claret La Bodega
del colegio de Combia del municipio de Pereira en el período comprendido entre
el 27 de marzo de 1988 y la fecha de presentación de la demanda, lo cierto es
que se sustenta en la existencia de una relación laboral encubierta con el
municipio de Pereira y el departamento de Risaralda.
75. De allí que la Sala hará mención a la figura del funcionario de hecho invocada
en el recurso de apelación, así como a la relación laboral encubierta para resolver
el caso. Razón por la cual, corresponderá determinar si entre las partes existió o
no una relación laboral encubierta, de ser así, si deben reconocerse las
prestaciones sociales de ley, si hubo o no interrupción en la prestación del
servicio; y si se presentó o no la prescripción de estas.
2.3. De la relación laboral de hecho
76. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado 8 que esta forma anormal
de vinculación con el Estado puede estructurarse en dos momentos a saber:
77. a) En los períodos de normalidad institucional pueden surgir funcionarios de
hecho. Se da esta situación cuando media título que habilita para el ejercicio de
la función pública, pero por causas anteriores o supervinientes resulta inválido o
deja de surtir efectos. Esto ocurre en hipótesis muy variadas: designación de una
persona que no reunía las condiciones legales exigidas, por lo cual más tarde es
revocada; funcionario que posteriormente a su designación se inhabilita para el
ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa ejerciéndolo, o que permanece
en funciones luego de vencido el término de su mandato, etc.
78. b) En épocas de anormalidad institucional, producida por guerras,
revoluciones, grandes calamidades, etc., el panorama es distinto.
79. En tales casos es frecuente que asuman el ejercicio de funciones públicas
quienes no tienen título legal alguno. A veces son personas de buena voluntad
que, frente a la desaparición de las autoridades constituidas, toman a su cargo
ciertas funciones públicas.
8Sentencia del 15 de mayo de 2013. CP Gerardo Arenas Monsalve. Número interno 1363-2012.
Demandante: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez. Demandado: Metrosalud E.S.E
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80. En este orden, los requisitos esenciales para que se configure el funcionario
de hecho en los períodos de normalidad institucional son: a) que exista de jure el
cargo9; b) la función sea ejercida irregularmente; c) que el cargo se ejerza en la
misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada
regularmente10 y d) también puede darse cuando el empleado ejerce funciones
públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e
impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio irregular de una
investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pero que, en todo
caso debe ser objeto de protección en aplicación del principio constitucional de
la prevalencia de la realidad frente a las formas.
81. Al respecto, esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones de
manera irregular debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple
no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja el
vínculo legal y reglamentario; en otras palabras, cuando no existe nombramiento
o elección según el tipo de cargo, ni tampoco posesión. También opera cuando
tales requisitos, pese a que existieron, ya no están vigentes11.
2.4. De la relación laboral encubierta o subyacente
82. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
83. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
9 En sentencia del 29 de septiembre de 2022, dentro del radicado 23001 23 33 000 2015 00240 01 (1932-
2020), esta subsección sostuvo lo siguiente: «Con todo, y en gracia de la discusión, debe recordarse que si
bien la jurisprudencia de esta Corporación ha exigido prueba de la existencia del cargo a efectos de
reconocer una situación de funcionario de hecho, lo cierto es que para garantizar la vigencia del derecho al
trabajo, debe considerarse que este no es un requisito rígido ni absoluto, de suerte que no es indispensable
su demostración cuando lo que se advierte es que la entidad ha tolerado que el trabajador desarrolle
actividades propias de la administración sin la existencia del empleo en su planta de personal, lo cual, como
se ha expuesto a lo largo de esta decisión, quedó acreditado».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A", consejero Ponente: Alberto Arango Mantilla,
sentencia de 15 de marzo de 2007, Exp. No: 25000-23-25-000-1996-41885-01 (6267-05).
11 Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2016, radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-
14); ii) del 5 de mayo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017).
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prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
84. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
85. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».
2.5. Análisis de la Sala frente al problema jurídico
86. En el sub lite, la señora María Lucía Sánchez de Moncada manifestó que se
desempeñó como funcionaria de hecho por el desarrollo de las labores de
celadora, aseadora y jardinería de la institución educativa Claret La Bodega del
colegio de Combia del municipio de Pereira desde el 27 de marzo de 1988 hasta
la fecha de presentación de la demanda.
87. Estolo sustentó al señalar que: i) no se vinculó de manera regular a la
administración, a través de un acto legal y reglamentario o por medio de contrato
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de prestación de servicios; ii) la administración permitió que cumpliera
provisionalmente las labores a cambio de vivienda, pese a que la ley prohíbe que
el pago en especie supere el 30% de lo devengado; iii) el cargo de celadora y
auxiliar de servicios generales sí existía en la planta de personal del municipio de
Pereira y el departamento de Risaralda y las entidades territoriales omitieron su
deber de realizar el respectivo nombramiento.
88. Pues bien, sobre las declaraciones rendidas por los señores Gloria Nancy
Moncada Sánchez12 y Duván Alirio Moncada Sánchez13 el municipio de Pereira
y el departamento de Risaralda señalaron que eran parcializadas, toda vez que
eran hijos de la señora María Lucía Sánchez de Moncada, por lo que debían ser
tratados como testigos sospechosos.
89. Al respecto, es preciso recordar el deber de imparcialidad, en los términos
prescritos por el Código General del Proceso:
«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos
o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso».
90. Como se puede apreciar, le corresponde al juez determinar que un testigo es
sospechoso y valorar sus declaraciones de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.
91. Ahora bien, para valorar el testimonio, es necesario que las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del relato sean claras, que las respuestas sean responsivas,
12 Sobre el particular, el magistrado sustanciador le preguntó a la testigo «¿tiene usted alguna relación de
amistad o parentesco con la señora María Lucía Sánchez de Moncada?», expresando que «sí, yo soy la hija
de ella». Por lo anterior, la apoderada del municipio de Pereira manifestó que «teniendo en cuenta el grado
de parentesco que tiene la testigo con una de las partes del proceso, es necesario que el juez verifique.
Para lo cual propongo entonces la tacha del testigo y para que el señor magistrado realice un análisis más
severo respecto de cada una de las de ponencias que ella o de los hechos que ella va a manifestar conoce,
para que determine el grado de credibilidad que ofrecen y cerciorarse así entonces su eficacia aprobatoria,
señor magistrado», así mismo, el apoderado del departamento de Risaralda manifestó que «en ese mismo
sentido, por considerar este apoderado que su imparcialidad se encuentra afectada, tacho como sospecha
a la testigo para que sea valorado en sentencia».
13 Al respecto, el magistrado sustanciador le preguntó al declarante si «¿tiene usted alguna relación de
amistad o parentesco con la señora María Lucía Sánchez de Moncada?», afirmando que «ella es mi madre».
En consecuencia, la mandataria del municipio de Pereira sostuvo que «solicitarle a su honorable despacho
tramitar este testimonio que lo tildo de sospechoso, teniendo en cuenta el grado de consanguinidad de
parentesco que tiene el testigo de ponente con la demandante, entonces solicito a su señoría hacer un
análisis más severo respecto de cada uno de los hechos que indica, tiene convicción o conocimiento y
determine su señoría entonces el grado de credibilidad que ofrece este testimonio para tenerlo en cuenta
como eficacia probatoria», de la misma manera, el apoderado del departamento de Risaralda expresó que
«en el mismo sentido, coadyuvo la solicitud de la apoderada del municipio de Pereira».
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exactas y completas14 y que el declarante explique cómo llegó al conocimiento
de los hechos, pues sólo de esta forma el juzgador podrá apreciar la veracidad
de lo expuesto, y determinar si la información se obtuvo de primera mano, si
resulta verosímil, si no contraría los dictados del sentido común o las leyes de la
naturaleza, y, además, si es consonante con el resto del material probatorio 15.
92. No obstante, tal como se infiere de la norma transcrita, no impide la declaración
de un testigo sospechoso, sino que le impone al juzgador el deber de apreciarlo
con mayor severidad, y que su dicho sea contrastado con las demás pruebas que
existen en el expediente16. De allí que se haga el estudio del medio probatorio en
mención de manera conjunta con los demás elementos probatorios traídos al
proceso.
93. Dicho lo precedente, se observa que mediante la Resolución 368 de 26 de
mayo de 199717 el secretario de educación del departamento de Risaralda y el
director jurídico y de escalafón docente de la entidad, concedieron licencia de
funcionamiento a la escuela La Clareth, a su vez, el secretario de educación del
municipio de Pereira a través del Oficio 1922-2016 PQR552 con fecha del 28 de
enero de 201618, certificó que «el establecimiento educativo SEDE C.E.
CLARETH-LA BODEGA previamente a que le otorgara licencia de
funcionamiento mediante la Resolución 368 del 26 de mayo de 1997, se
encontraba a servicio de la Secretaría de educación del departamento de
Risaralda, quien concedió la licencia de funcionamiento en mención».
94. Asimismo, la Secretaría de Educación del municipio de Pereira a través de
Oficio del 14 de enero de 201619 señaló que: i) con ocasión de la expedición de
la Resolución 2494 del mes de noviembre de 2002 se certificó en educación a la
entidad territorial, razón por la que el centro educativo Clareth La Bodega se
transformó en una entidad del orden municipal; ii) el citado establecimiento
educativo es una sede de la institución educativa Combia.
95. En ese sentido, se tiene que el departamento de Risaralda tuvo a cargo la
competencia administrativa y fiscal de esa escuela desde el 28 de marzo de 1988
hasta octubre de 2002 y a partir del 1° de noviembre de 2002 pasó a integrar al
municipio de Pereira, cuando fue certificado para administrar el servicio educativo
en su jurisdicción territorial.
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de febrero de 1965, magistrado
ponente: Gustavo Fajardo Pinzón, publicada en Gaceta Judicial, Tomo CXI, página 54,
15 cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de agosto de 1992, magistrado
ponente: Alberto Ospina Botero, publicada en la Gaceta Judicial 2458, que se encuentra en el Tomo ccxix,
pp. 301 y ss.
16 Sentencia de 23 de mayo de 2024; Sección Segunda, Subsección A, radicado 66001-23-33-000-2017-
00083-01 (2190-2020) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.
17 Documento visible en el folio 5 a 7 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
18 Documento visible en el folio 3 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
19 Documento visible en el folio 350 del archivo titulado «6_002EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
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96. Ahora bien, el departamento de Risaralda20 a través del Oficio 000402-10319
del 7 de mayo de 201821 contestó que: i) tiene 81 cargos de celaduría; ii) cuenta
con 57 cargos de auxiliares de servicios generales 470-01 para el desarrollo de
labores de aseo en las instituciones educativas de los 12 municipios no
certificados del departamento; iii) posee 16 cargos de auxiliar de servicios
generales (operarios) para el mantenimiento de zonas verdes de las instituciones
educativas; iv) en las anualidades de 1997 a 2002 en la sede Clareth La Bodega
no se tenía celador porque estos se asignaban a las instituciones educativas y
no a los centros educativos, y el directivo docente debía establecer comunicación
con la policía para efectuar las rondas; v) en las anualidades de 1997 a 2002 en
la sede no contaba con aseador porque éstos eran asignados a las instituciones
educativas y no a los centros educativos, debiendo el directivo docente
establecer mecanismos para el aseo de las sedes; vi) en la anualidad de 1997 a
2002 en esa sede no se tenía personal de apoyo a zonas verdes.
97. No obstante, en el período en el cual la escuela fue de carácter departamental
no se acreditó la existencia de los cargos de celador o de auxiliar de servicios
generales, o jardineros ya que, si bien se aportó el manual de funciones de estos,
contenido en el Decreto 1000 de 4 de noviembre de 201122, la fecha de vigencia
de ese acto administrativo es posterior al 1° de noviembre de 2002, momento en
el que el municipio de Pereira asumió la prestación del servicio de educación de
la entidad territorial.
98. De otro lado, en lo concerniente al lapso de 1° de noviembre de 2002 a la
actualidad, época en la que el plantel educativo ostenta la naturaleza de
institución educativa municipal, según Oficio 23573 del 25 de mayo de 201823
suscrito por el director operativo del talento humano del ente territorial, certificó
que la Secretaría de educación: i) tiene 61 vigilantes de planta y por prestación
de servicios no existe ninguna vinculación de vigilantes; ii) se cuenta con 94
cargos de auxiliares generales y 195 por prestación de servicios.
99. Se aportó el Decreto 284 del 14 de mayo de 2007 expedido por el alcalde de
Pereira24 mediante el cual se adoptó la planta de personal administrativo de
educación en el que se evidenció la existencia del cargo de auxiliar de servicios
20 Radicada el 26 de abril de 2018, visible en los folios 11 a 15 del archivo titulado
«7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2», expediente digital, índice 2 de Samai. En este se le solicitó
información, entre otras cosas del número vigilantes con los que cuenta para la custodia de las instituciones
educativas a su cargo, las funciones asignadas a éstos, la existencia de personas que realizaban las labores
de aseo y mantenimiento de sus zonas verdes y si en el período de 1997 a noviembre de 2002 en la sede
Clareth La Bodega existía personal encargado de ello.
21 Documento visible en los folios 20 a 25 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
22 Documento visible en el folio 350 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
23 Documento visible en el folio 27 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
24 Documento visible en los folios 33 a 63 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
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generales código 470 grado 04 y de celador código 477 grado 02 con lugar de
desempeño en las instituciones educativas oficiales.
100. A pesar de lo anterior, no se aportaron documentos adicionales para acreditar
que la sede Clareth La Bodega del colegio de Combia contaba con los cargos de
vigilante, jardinero y de auxiliar de servicios generales.
101.Nótese que en el oficio de 14 de enero de 201625 suscrito por el secretario
de educación de la entidad territorial se detalló que «en relación a la planta de
personal del establecimiento educativo sede C.E Claret-la bodega como se le
informó en el oficio 39016, existen únicamente dos (2) docentes asignados de
planta, por lo que el personal como conserjes, vigilantes y personas que
desempeñan oficio varios no son personal de planta» (sic).
102.De esta manera, como lo ha indicado la Subsección al resolver asuntos
similares26 no se cuenta con elementos probatorios que permitan inferir que
dentro de la planta de personal de las entidades demandadas desde el 27 de
marzo de 1988 a la fecha de presentación de la demanda existiera el cargo de
auxiliar de servicios generales, jardinero y celador, que afirma la demandante
ocupó en la sede Clareth La Bodega del colegio de Combia del municipio de
Pereira.
103.En cuanto al cumplimiento de los requisitos de la relación laboral encubierta,
por haberse permitido la prestación del servicio como vigilante, jardinera y auxiliar
de servicios generales, como lo sostiene la demandante, para la Sala tampoco
se encuentran probados como pasa a indicarse.
104.En la demanda se afirmó que desde el 27 de marzo de 1988 por órdenes de
la señora Blanca Inés Montoya, funcionaria de la Secretaría de Educación de
Risaralda, se la autorizó el ingreso a la institución educativa mencionada junto a
su esposo e hijos, con el fin de que ejerciera labores de vigilancia, auxiliar de
servicios generales y jardinería y que como contraprestación le fue suministrada
una vivienda para que habitara junto a su núcleo familiar, sin contar con otro tipo
de pago como retribución del servicio.
105. En el interrogatorio de parte, la apoderada del municipio de Pereira interrogó
a la demandante para que precisara «¿quién le dio a usted las funciones y cómo
se las dieron?», y ella contestó que «a nosotros nos llevó allá a vivir Blanca Inés,
la directora del colegio, la del núcleo. Ella me llevó allá y me entregó las llaves. Y
nosotros fuimos a conocer la escuela para ver si yo me comprometía a hacer todo
en la escuela». Igualmente, le preguntó «cuándo a usted le dicen que vaya para
25 Documento visible en el folio 350 del archivo titulado «6_002EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 7 de abril de 2022, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación 44001-23-40-000-2017-
00015-01 (6465-2019).
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Demandante: María Lucía Sánchez de Moncada
la escuela y que mire a ver las funciones, ¿esas funciones se las entregaron
porque estaba el señor Gustavo Moncada o porque la buscaron a usted
sencillamente para que hiciera esas funciones?», ella afirmó que «sí, a mí no me
buscaron, me entregaron las llaves y a mí me toca hacer todo, todavía me toca,
porque mi esposo trabajaba en el colegio de Combia…Él era vigilante de allá».
106. Por su parte, la declarante Gloria Inés Moncada Sánchez, hija de la
demandante manifestó que desde que tenía 11 años de edad comenzó a vivir en
la institución educativa Clareth La Bodega con sus padres y a su mamá le
entregaron las llaves de los salones y de la puerta de ingreso del plantel27, agregó
que no se celebró ningún tipo de contrato, sino que de forma verbal le impartieron
la orden a su mamá de llevar a cabo las labores28.
107. En ese sentido, el magistrado sustanciador le preguntó cuál funcionario de la
administración instaló a la actora en la institución29, indicando la testigo que «ella
se llama Blanca Inés, ella era la jefe del núcleo número 5, en ese entonces se
llamaba así, jefe del núcleo número 5 del colegio de Combia, donde mi papá
trabajaba, mi papá trabajaba allá, entonces por eso fue que nos llevaron a
vivir allá a esa escuela» (sic).
108. Pese a lo descrito, esta testigo ante pregunta formulada por el magistrado
sustanciador consistente en sí «le consta, de qué manera llegó la señora María
Lucía Sánchez a la escuela Claret la Bodega» (sic), reconoció que «no podría
decirle», y ante el interrogante si conocía quien le entregó las llaves de la
institución a la accionante, sostuvo que «creo que sí fue, en ese tiempo, la rectora
que estaba en esa época, la que le delegó a ella, pues, que estuviera ahí
pendiente de la escuela».
109.Y el deponente Duván Alirio Moncada Sánchez, también hijo de la
accionante, aseveró que llegaron a la escuela en el año 1988 cuando él tenía 12
años de edad30 y que la condición para permanecer en la vivienda era mantener
limpio el centro educativo, por lo cual, le dieron instrucciones a su mamá sobre
las actividades que debía realizar31, de ahí que, el magistrado sustanciador lo
interrogó en el sentido de indicar «¿quién le dio esas instrucciones?», y él
27 En efecto, sostuvo que «desde los 11 años llegué a vivir a la escuela La Bodega con mis padres, a mi
mamá se le entregaron las llaves para manejar salones, portada».
28 Sobre el punto, el magistrado sustanciador le preguntó «¿sabe usted o le consta si entre la demandante
María Lucía Sánchez y el municipio se habían celebrado algún contrato o convenio u orden de trabajo para
que se ubicaran en ese establecimiento educativo y realizaran las actividades que usted manifestó en
respuesta anterior?, expresando que «no, todo fue verbal, fue verbal, las órdenes que se le dieron fue
verbal».
29 Concretamente se le preguntó «¿qué persona, qué funcionario de la administración municipal instaló a la
demandante María Lucía Sánchez en el establecimiento educativo?»
30 Sobre el particular, el declarante sostuvo que «llegamos a la escuela, a la bodega en el año 1988, yo
siendo pues un niño de 12 años».
31 Al respecto, el magistrado sustanciador le preguntó «de esas actividades que usted manifestó, de limpieza
de los corredores, de la apertura y cierre de la puerta, el cambio de luminarias o bombillería, arreglo de
jardines. ¿Usted presenció que alguien le diera una orden para que realizara esas tareas?», expresando
que «en el momento que llegamos esa fue la condición, que teníamos que mantener todo limpio, o sea, a
mi mamá le dieron unas instrucciones que realizar para que nos ganáramos la vivienda».
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Demandante: María Lucía Sánchez de Moncada
contestó que «en ese entonces había una rectora del núcleo, me acuerdo del
nombre Blanca, entonces ella fue la que le dio todas las instrucciones a mi mamá
para que ella hiciera todo lo de la escuela». Explicó que cuando le entregaron las
llaves a su mamá la rectora le colocó unas condiciones, dado que, como su papá
no podía ejercer la función en tanto tenía un trabajo en el colegio, se requería de
una persona que estuviere atenta a la planta física de noche y de día, hacer el
oficio de los corredores, la cancha y mantener en buen estado los prados32.
110.Por lo anterior, la apoderada del municipio de Pereira le preguntó «quién
precisamente o por qué les entregaron a ustedes la vivienda de la bodega»,
relatando que «la escuela estaba sola, estaba sola y necesitaban una persona
que se encargara de cuidarla y hacerle el mantenimiento, entonces, por ese
motivo nos dieron la escuela a nosotros».
111.A su vez, el testigo Javier Grisales Rivera manifestó que no tenía
conocimiento de quien le entregó las llaves a la demandante o la razón de la
presencia de ésta y su familia en el plantel educativo, precisó que únicamente se
dio cuenta que ellos llegaron cuando sus hijos iniciaron a educarse33.
112. Conforme a las declaraciones la demandante llegó a la institución educativa
por instrucción de la directora de núcleo de la época de nombre Blanca, pero esta
coincidencia en el relato no es suficiente para demostrar la relación laboral
encubierta, pues es palmario que los testigos no fueron claros, directos a la hora
de relatar las circunstancias que rodearon la llegada de la señora María Sánchez
a la institución educativa.
113. Lo que se advierte de la prueba documental es que ello ocurrió porque su
esposo estaba vinculado como celador de la entidad territorial en la institución a
la que pertenecía la escuela Clareth La Bodega pero en la sede Combia. En
efecto, conforme al Oficio 71206 de 30 de diciembre de 2019 expedido por la
directora administrativa del talento humano del sector del municipio de Pereira34:
i) el señor Gustavo de Jesús Moncada Muñoz (esposo de la demandante) laboró
para la secretaria de educación municipal desde el 18 de febrero de 1983 hasta
32 Sobre el punto, el apoderado de la parte demandante le preguntó «¿quién entregó las llaves de la escuela
y a quién se la entregaron al momento de ir ustedes a vivir a Combia en donde vivió?», afirmando el testigo
que «cuando le entregaron las llaves a mi mamá, la rectora inclusive le puso unas condiciones a mi mamá,
le dijo, como su papá no puede ejercer la función porque tiene un trabajo que es el que tiene el colegio,
entonces necesitamos una persona que esté pendiente en el día y la noche, entonces necesitamos que
usted haga el oficio de todos los corredores, la cancha hay que mantenerla barrida, los prados va a dañados,
no se puede dejar la escuela sola ni sábados, ni domingos, ni festivos, en la noche menos».
33 Al respecto, el magistrado sustanciador le preguntó «y usted sabe o le consta si alguien, es decir, ¿de
qué manera la llevaron a ella allá? ¿Quién le entregó llaves? ¿Quién le entregó el local? ¿Quién le dio
instrucciones? ¿Usted sabe algo al respecto?», manifestando el deponente que «no señor, de eso no tengo
conocimiento, no. Cuando yo ya me di cuenta porque yo, mis hijos estuvieron allá y cuando yo me di cuenta
ellos ya llegaron, llegaron a la escuela allá pero no sé de dónde vinieron ni por qué, ni quién les entregó, ni
nada. Yo no tengo conocimiento».
34 Documento visible en los folios 400 y 401 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
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el día 30 de diciembre de 2005; ii) y que en el expediente laboral se relacionó a
la señora María Lucía Sánchez de Moncada como su cónyuge.
114.Así mismo, conforme al formato único para la expedición de certificado de
historia laboral aportado por la entidad territorial35 el señor Moncada Muñoz
dentro de los establecimientos educativos en los que trabajó, se encontraba el
centro educativo de Combia durante el lapso de 6 de abril de 1988 al 28 de abril
de 2004.
115. Por otra parte, en lo concerniente a las actividades ejecutadas por la
demandante, la declarante Gloria Inés Moncada Sánchez sostuvo que la
demandante tenía a cargo la apertura y cierre de la puerta de entrada de la
institución educativa, vigilaba una fábrica de ropas y de calzado, así como un
centro de odontología, repartía la bienestarina para cada escuela en el
corregimiento de Combia, los refrigerios de los niños en la escuela Clareth La
Bodega, y colaboraba con el mantenimiento de los prados36. Agregó que la actora
continúa trabajando en la actualidad, y que realizaba el aseo exterior de la
escuela y «ahorita está trabajando más duro, porque le han subido como más el
cargo de que el aseo sea mejor hecho».
116.Del mismo modo, como expresó que la actora laboraba durante las 24 horas
del día, el apoderado del departamento de Risaralda le preguntó «según su
conocimiento, a qué se dedicaba en las horas nocturnas en dicha institución
educativa», la declarante explicó que hacía rondas en la noche y en algunas
oportunidades dormía en la fábrica de ropa para cuidarla y vigilaba el centro de
odontología al igual que el restaurante la institución educativa37. Agregó que
durante múltiples años en los que los alumnos estudiaron los días sábados, debía
abrir y cerrar la puerta de la institución, así como, cuando se impartían cursos de
manualidades38.
35 Documento visible en el folio 404 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
36 Sobre el punto, la declarante aseveró que «se le dio la orden de que ella debía abrir la portada por la
mañana y cerrar por ese mediodía cuando ya los niños salgan, vigilancia de una fábrica de ropas y calzado,
vigilancia de una odontología, el repartimiento de bienestarina para cada escuela de todo el corregimiento
de Combia, repartir los refrigerios a los niños acá en la escuela, en La Bodega, mantenimiento de prados,
siempre se ha hecho, ella siempre ha hecho el mantenimiento de prados, 33 años, mantenimiento de
bombillos, siempre la bombillería la cambió ella, todos esos años. Mantenimiento de jardines, hace lo que
esa fuera en la escuela, mantenimiento de jardines, mantenimiento de prados, hacer la colada para los
alumnos, muchos años se hizo la colada para los alumnos de bienestarina, repartirla a cada alumno».
37 En efecto, el apoderado del departamento de Risaralda le preguntó «usted ha dicho que la señora
trabajaba 24 horas. ¿Puede usted indicarnos, según su conocimiento, a qué se dedicaba en las horas
nocturnas en dicha institución educativa?», contestando la declarante que «siempre tenía que hacer ronda,
a veces amanecía en la fábrica para cuidar la fábrica de ropas, como que ahí atrasito de la vivienda, y para
cuidar la odontología, porque esa odontología tenía demasiadas cosas y la fábrica de ropa también,
máquinas de coser. Como habían hecho un robo antes, como 15 días antes habían robado ahí en la fábrica,
ella amaneció muchas veces ahí en la fábrica, en la noche. Día y noche ella siempre ha trabajado, siempre
le ha puesto cuidado y un restaurante también hay. Ahorita hay un restaurante que también a ella le toca
vigilarlo».
38 Al respecto, la testigo señaló que «hubo un tiempo, muchos años en que estudiaron los domingos, ella
tenía que estar pendiente de ese personal, de los alumnos, abrir la portada y cerrársela los domingos, ah,
eran los sábados, los sábados era que estudiaban ahí. También hacían cursos de manualidades, le tocaba
a ella lo mismo, en semana iban a hacer cursos de manualidades, abrir la portada, cerrar la portada».
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117. Igualmente, el testigo Duván Alirio Moncada Sánchez especificó que las
labores desempeñadas por la accionante consistieron en el mantenimiento de los
prados, limpiar los corredores de la institución, apertura y cierre del plantel
educativo, y no dejar sola la sede, preparar la colada y servirla a los estudiantes,
en las noches hacían ronda a la escuela39. En ese sentido, el apoderado del
departamento de Risaralda le preguntó «¿qué actividades desempeñaba María
Lucía Sánchez de Moncada los fines de semana y en las horas nocturnas?», y
ella contestó que «igualmente vigilancia, en las horas nocturnas, es vigilancia
porque, aunque es una finca en vereda, se escuchaba mucho de que se entraban
en las otras fincas aledañas, escuchábamos que sí, que atracaban, entonces
hubo una temporada muy, pues que se estuvo muy pendiente de la escuela
porque estuvieron robando mucho y, pues gracias a Dios, allá nunca nos pasó
nada, qué lamentar» (sic).
118.Al deponente, el magistrado sustanciador le pidió que aclarara quiénes eran
los propietarios de las actividades relacionadas con la fábrica de uniformes, el
centro de odontología y el restaurante, dado que en la demanda se afirmó que la
accionante también los vigilaba40, y este expresó que entendía que los dueños
era el municipio porque era un beneficio para la comunidad, de esa manera
explicó que los uniformes se confeccionaban para las veredas colindantes y los
alumnos de plantel educativo, el centro de odontología era para el servicio de la
comunidad y las demás veredas, lugares que debían permanecer custodiados
porque resguardaban elementos cuantiosos41.
119. Luego, el magistrado sustanciador lo interrogó en el sentido de indicar «si
esas actividades de la fábrica de uniformes o la de odontología, digamos, las
coordinaba la rectora o los rectores de la escuela, la Clareth La Bodega, o sea,
la pregunta es que, si ellos coordinaban las labores de la fábrica», y este contestó
que «eso era directamente con el colegio, como que había un vínculo con las
otras escuelas y los uniformes de todas las escuelas de Combia se hacían en
esa fábrica que estamos mencionando».
39 Sobre el particular, el deponente especificó que «a mi mamá le dieron unas funciones que hacer para,
para estar en la escuela, que era el mantenimiento de los prados, mantener los corredores, los patios limpios,
abrir en la mañana la portada para que los estudiantes salieran. Lo mismo cuando los estudiantes salían a
mediodía, cerrarla. En ningún momento la escuela se puede en estos momentos dejar sola, qué más le digo
yo, en ese tiempo el gobierno daba unas coladas para una bienestarina que se las daban a las escuelas
para que hicieran unos cargos, unos refrigerios. Eso le correspondía a mi mamá, preparar la colada, servirla,
todos los días era el mismo procedimiento. Lo mismo en la noche. Nos tocaba dar ronda en la noche a la
escuela, porque días anteriores antes de nosotros llegar ahí habían ocurrido cosas que por ese motivo nos
llevaron a cuidar y hasta el momento no se ha perdido nada, no ha habido ningún problema en la escuela».
40 Concretamente, el magistrado sustanciador le preguntó «se aduce en la demanda que allí funcionaba
también una fábrica de uniformes, un centro de odontología y digamos un restaurante. Que debía igualmente
estar digamos bajo el cuidado de la señora María Lucía Sánchez. ¿Sabe usted quiénes eran los propietarios
de esas actividades?».
41 El testigo manifestó que «nosotros teníamos entendido que los dueños eran del mismo municipio, porque
eso era para beneficio de la misma comunidad inclusive se hacían los uniformes para las escuelas de todas
las veredas aledañas. Ahí en esa fábrica se hacían uniformes para los mismos estudiantes. Y la odontología,
igualmente los estudiantes los rotaban de varias escuelas de todo el sector de Cumbia y iban llegando
escuelas de los otros, aledañas, otras escuelas al servicio de odontología y eso nos correspondía a nosotros
mantenerlo también al día y muy vigilado, porque había instrumentos inclusive que eran muy costosos».
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120. De otro lado, la deponente Claudia Patricia Correa Galvis, sostuvo que veía
a la accionante arreglando los jardines de la institución, abrir la puerta de la
escuela y servir la colada a los niños42. En pregunta posterior, el magistrado
sustanciador le solicitó que especificara si «usted llegó a presenciar a la señora,
a ver a la señora María Lucía Sánchez haciendo estas tareas», y ella mencionó
que «claro que sí, claro porque uno iba a recoger, como le digo, a sus hermanitos
de la escuela, mi mamá nos llevaba a la microempresa y claro, uno la veía
desempeñando esas labores, claro, ella estaba pendiente del jardín, había, o sea,
como la escuelita siempre es muy grande, tenía muchas canastas de matas,
floreciditas, creo que hasta ellos sembraron árboles, los arbolitos que hay allá,
todos los sembraron ellos» (sic).
121.Así mismo, el deponente Javier Grisales Rivera, vecino del centro educativo
desde la anualidad de 1988 especificó que la demandante colaboraba en repartir
la colada a los niños, hacer el aseo general a la institución y velar por el
mantenimiento de los prados43. En respuesta posterior reconoció que solamente
le constaba que la accionante realizó labores de jardinería y aseo, sobre el
particular expresó que «de jardinería y mantenimiento, eso sí me consta. A mí
me consta haberla visto a ella en esos quehaceres».
122. Teniendo en cuenta lo anterior, no es cierto lo alegado por la recurrente en
el recurso de apelación de que los declarantes fueron coincidentes en relatar las
supuestas actividades desplegadas por ella, mientras los deponentes Gloria Inés
Moncada Sánchez y Duván Alirio Moncada Sánchez expresaron que se dedicada
a la vigilancia del plantel educativo, la apertura y cierre de la puerta de ingreso,
hacía rondas de vigilancia de la escuela, en la fábrica de uniformes, en el centro
de odontología y el restaurante del colegio, preparaba la colada de los
estudiantes, era aseadora, entregaba los refrigerios y efectuaba labores de
mantenimiento y de cuidado del césped, la declarante Claudia Patricia Correa
Galvis únicamente especificó que tuvo conocimiento de la realización de las
actividades de apertura de la puerta de la escuela, la entrega de refrigerios, el
aseo de lugares internos de la escuela (salones) y en especial las tareas de
jardinería, a su vez, al testigo Javier Grisales Rivera solamente le constaba que
la demandante llevaba a cabo tareas de jardinería y mantenimiento.
42 Sobre el punto, el magistrado sustanciador le preguntó «en relación con cómo llegó ella a ese
establecimiento educativo y qué labores realiza ella que a usted le conste allá», expresó la testigo que «estar
pendiente, a ver, cuando llegábamos a recibir los niños, los hermanitos, ella nos abría la portada, por
ejemplo, y tenía muchas labores de, a ver, ella le daba las coladas a los niños, ella misma las preparaba y
ella misma le daba a los niños, cuando ese tiempo regalaban también mucha leche en bultos, y también ella
regalaba a los niños, nos daba, les daba, perdón, y a nosotras también obviamente nos daba porque
nosotras recibíamos lo de los hermanitos. Entonces era como el refrigerio en ese tiempo».
43 En efecto, la demandante aseveró que «entonces nosotros fuimos a ir a la escuela y me tocó, durante
muchos años, la fábrica de ropa, la odontología. Y me tocó hacer la colada, repartir a los niños de la escuela,
que eran 80. Y me tocó recibir los refrigerios durante muchos años, en la escuela bienestarina que también
llegaba, me tocaba recibirla y repartirla a todos los colegios y escuelas del Corregimiento de Cumbia. Ahí
me tocaba entregar todo eso. Me tocaba barrer los corredores, trapear y arreglar los jardines y los prados
de la escuela, todo eso me tocaba, barrer la cancha. Yo soy ama de llaves, de la puerta de afuera. Cuando
llegan los carros, cuando se van, me toca abrir por la mañanita y cerrar la puerta».
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123. A propósito, la demandante fue coincidente con el relato de funciones que
expusieron sus hijos44, y la deponente Gloria Inés Moncada Sánchez destacó que
a la actora «se le entregaron las llaves para manejar salones», no obstante, la
demandante en su interrogatorio sostuvo que «me entregaron las llaves y a mí
me toca hacer todo», agregó que realizaba las labores de auxiliar de servicios
generales, pero alrededor de la institución educativa45. De ese modo la
apoderada del municipio de Pereira le preguntó «¿Cuál es la razón por la cual
usted no realiza esa labor en los salones?», contestó que «no, porque es que a
nosotros no nos dejan llaves», así mismo, le solicitó que especificara «¿entonces
las llaves que usted carga son de dónde?», reconoció la accionante que «no, yo
cargo las llaves de la portada. Yo cargo las llaves de la portada. De la portada
las cargo yo».
124. Además, el testigo Duván Alirio Moncada Sánchez destacó que «lo que
consta de lo que estamos hablando de mantenimiento de las áreas exteriores,
eso sí nos correspondía a nosotros, los prados, jardinería, vigilancia, eso sí en
ningún momento nos ayudaba», con lo que coincidió la demandante al contestar
la pregunta formulada por la apoderada del municipio de Pereira alusiva a «quién
le hace mantenimiento y aseo a los salones», señalando la actora «es como es
un solo salón, la profesora barre eso con los niños», sin embargo, la testigo
Claudia Patricia Correa Galvis sostuvo que la accionante estaba pendiente
«como el aseo de los salones».
125.En esos términos, mientras el testigo Moncada Sánchez y la demandante
afirmaron que la interesada se dedicaba al aseo de lugares exteriores, la
declarante Correa Galvis sostuvo que atendía el aseo de sitios interiores como lo
son los salones, mientras que la propia demandante afirmó que era uno solo.
126.Así mismo, la testigo Gloria Inés Moncada Sánchez manifestó que el señor
Gustavo Moncada no realizaba ninguna labor en la escuela Clareth La Bodega
porque «en la escuela de Combia él no podía hacer trabajos porque él trabajaba
en el colegio de Combia, entonces todo el tiempo estaba allá en el colegio de
Combia». Con lo anterior coincidió el testigo Duván Moncada a quien el
magistrado sustanciador le preguntó «¿cuándo estaba libre en el colegio de
Combia colaboraba o realizaba tareas o trabajos en la escuela, La Bodega?», y
este contestó que «en ningún momento, porque él tenía su trabajo y le quedaba
muy duro hacer las actividades al mismo tiempo. O él trasnochaba, entonces él
llegaba directamente a ir a dormir, la que quedaba encargada de la escuela era
44 Sobre el particular, la apoderada del municipio de Pereira le preguntó «¿de pronto allá en la institución
educativa de la bodega hay alguna persona que ejerza las funciones de auxiliar de servicios generales como
que realice el aseo o cosas así?», manifestando que «a mí me toca, en los salones, no. Pero sí me toca. Me
toca afuera, lo que es todo alrededor de la escuela. A mí me toca hacer todo. Llevo muchos años haciendo
esa labor. Treinta y tres años».
45 Sobre el particular, la apoderada del municipio de Pereira le preguntó «¿de pronto allá en la institución
educativa de la bodega hay alguna persona que ejerza las funciones de auxiliar de servicios generales como
que realice el aseo o cosas así?», manifestando que «a mí me toca, en los salones, no. Pero sí me toca. Me
toca afuera, lo que es todo alrededor de la escuela. A mí me toca hacer todo. Llevo muchos años haciendo
esa labor. Treinta y tres años».
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mi mamá y mi papá» (sic), de la misma manera, la testigo Claudia Patricia Correa
Galvis sostuvo que «él trabajaba en el colegio y la verdad no lo veía, yo no lo
veía casi nunca, muy de vez en cuando lo veía. Doña Lucía sí, todos los días».
Sin embargo, el testigo Javier Grisales Rivera afirmó que el señor Gustavo
Moncada si le colaboraba a la demandante en el desarrollo de sus tareas, en
efecto, expresó que «yo creo porque él trabajaba como en un colegio y ella
permanecía demasiado sola porque trabajaba en un colegio. Es lo que me di
cuenta yo».
127. Estos dichos no permiten establecer con claridad meridiana que la
demandante ejecutaba las labores de celador, jardinería y servicios generales a
favor de la institución educativa por haber sido contratada para ello, pues las
pruebas lo que demuestran es que se le permitió a ella y a su familia habitar en
las instalaciones de la escuela, de la cual solo contaba con las llaves de entrada,
no por ser trabajadora sino porque las requería para poder ingresar y salir
libremente de ella. Nótese que la apoderada del municipio de Pereira le preguntó
a la demandante si ¿para ingresar a su vivienda es necesario ingresar por esa
portada para poder acceder a su vivienda?», afirmó la accionante que «ah, sí,
por la portada, sí, a mí me toca abrir y cerrar cada que llega un carro. A mí me
toca ir a abrir. Y ya cuando los niños también entran a estudiar me toca cerrarla.
Cerrarla y si llega algún carro a mí me toca salir a abrir, volver a cerrar. Todo eso
me toca a mí».
128.Por lo tanto, no existe claridad en la prestación del servicio que alegó la
accionante, únicamente es posible determinar que habitaba en la escuela Clareth
La Bodega del colegio de Combia de propiedad del municipio de Pereira, sin
demostrase ningún tipo de vinculación contractual o laboral con el Estado. Con
las declaraciones no es posible determinar eventos en los que concretamente
sobre la demandante se dirigieron órdenes o direccionamientos por parte de
personal directivo o rector de la entidad.
129. En el relato dado por la declarante Gloria Inés Moncada Sánchez identificó
como órdenes o direccionamiento de trabajo a la orden o autorización de habitar
la vivienda otorgada por la jefe de núcleo 5, señora Blanca Inés Montoya
Cardona, complementó que la rectora Nora «era la que también le decía a ella
qué tenía que hacer». Posteriormente, la apoderada del municipio de Pereira la
interrogó en el sentido de aclarar si «usted sabe si en algún momento le hicieron
a ella algún procedimiento disciplinario o le dieron algún llamado de atención por
parte de la rectoría». A pesar de que indicó que, si le han llamado la atención a
la demandante, según su dicho, los llamados de atención consistieron en decirle
las órdenes que debía atender, abrir o cerrar la puerta y mantener limpios los
corredores del plantel educativo. Lo anterior únicamente correspondió a la
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percepción de las labores que según su consideración desplegó la señora
Sánchez de Moncada46.
130. Luego, al deponente Duván Alirio Moncada Sánchez le preguntó el
magistrado sustanciador «¿usted presenció que alguien le diera una orden para
que realizara esas tareas?», y este contestó que «en el momento que llegamos
esa fue la condición, que teníamos que mantener todo limpio, o sea, a mi mamá
le dieron unas instrucciones que realizar para que nos ganáramos la vivienda»,
en ese sentido, le solicitó que señalara «¿quién le dio esas instrucciones?», y
relató que «en ese entonces había una rectora del núcleo, me acuerdo del
nombre Blanca, entonces ella fue la que le dio todas las instrucciones a mi mamá
para que ella hiciera todo lo de la escuela».
131.Además, en el interrogatorio de la demandante la apoderada del municipio
de Pereira le preguntó «¿quién le dio a usted las funciones y cómo se las
dieron?», afirmó que «a nosotros nos llevó allá a vivir Blanca Inés, la directora
del colegio, la del núcleo. ella me llevó allá y me entregó las llaves. Y nosotros
fuimos a conocer la escuela para ver si yo me comprometía a hacer todo en la
escuela». Luego, le preguntó «¿quién le daba las órdenes para que barriera la
cancha o aseara los baños?», y manifestó que «el coordinador del colegio el
crucero de Combia y la rectora, la del núcleo, a mí ella me dio la orden» (sic).
132. Y la declarante Claudia Patricia Correa Galvis manifestó que no le constaba
como ingresó al plantel educativo la demandante y tampoco dio detalles de las
instrucciones que se alegan en la demanda, únicamente sostuvo que creía que
la rectora de esa época le encomendó que estuviera a cargo de la escuela47.
133.De la misma manera, el deponente Javier Grisales Rivera tampoco tenía
conocimiento de quien autorizó a la accionante habitar la vivienda del plantel
educativo, en efecto, destacó que de «eso no tengo conocimiento, no. Cuando
yo ya me di cuenta porque yo, mis hijos estuvieron allá y cuando yo me di cuenta
ellos ya llegaron, llegaron a la escuela allá pero no sé de dónde vinieron ni por
qué, ni quién les entregó, ni nada. yo no tengo conocimiento». Igualmente, el
magistrado sustanciador le preguntó si «¿ha visto durante el tiempo que usted la
conoce que alguien le diera órdenes sobre lo que debía hacer? ¿Vigilancia, aseo,
jardinería, etcétera? ¿De qué alguien le dio?», reconociendo el testigo que lo
46 En efecto, la testigo mencionó que «le han llamado la atención que, por ejemplo, la portada, ahorita están
muy pendientes de eso, de que no la portada, la rectora del colegio de Combia en este momento está
diciéndole la portada por la mañana, abrirla y cerrarla, abrir y cerrar cuando los alumnos se vayan, sí le han
dado órdenes y la rectora del colegio. Le han llamado la atención también que mantener demasiado limpio
en los corredores y ella se siente cansadita porque siempre tiene edad y está muy cansada ya. Y como yo
no estoy ahí con ella, entonces ella solita se siente cansada».
47 Al respecto, el magistrado sustanciador efectuó las siguientes preguntas: «¿usted sabe o le consta, de
qué manera llegó la señora María Lucía Sánchez a la escuela Claret la Bodega?» contestó: «no, no podría
decirle». Preguntado: «¿quién le entregó, digamos, a ella las llaves, ¿no? ¿No sabe?» Contestó: «creo
que sí fue, en ese tiempo, la rectora que estaba en esa época, la que le delegó a ella, pues, que estuviera
ahí pendiente de la escuela»
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desconocía, así lo relató, «yo no conozco de a quién le diera órdenes, no. No lo
sé».
134.Teniendo en cuenta lo anterior, ninguno de los relatos ni el interrogatorio de
parte explicó el cumplimiento de un horario, si bien, los testigos Gloria Inés
Moncada Sánchez y Duván Alirio Moncada Sánchez indicaron que la interesada
debía estar en disponibilidad las 24 horas del día, no especificaron ninguna franja
horaria ni quien impuso su acatamiento.
135.A su vez, las manifestaciones de los testigos fueron muy generales sobre la
manera en que según su parecer se direccionó el supuesto trabajo de la
demandante, pues, hicieron énfasis en la entrega de llaves de la puerta de la
escuela y la situación para que ingresaran a la vivienda ubicada en la institución
educativa, sin detallar cuales docentes o directivos docentes dieron instrucciones
o impartieron órdenes de carácter laboral a la demandante.
136.Igualmente, es pertinente hacer hincapié en que la declarante Gloria Inés
Moncada Sánchez no contó con la inmediación directa de los hechos que afirmó
observar, pues, en el momento que relató que su papá era vigilante del colegio
de Combia señaló que en el día estudiaban en el colegio de Combia y que cuando
salían de la escuela, siempre se encontraba con el señor Gustavo Moncada
durante todo el día48, por ello, no se tiene certeza del conocimiento directo sobre
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que relató rodearon la vinculación de
la demandante.
137. Además, el deponente Duván Alirio Moncada Sánchez reconoció que vivió
junto a su familia hasta los 24 años de edad, en efecto, el apoderado del
departamento de Risaralda le preguntó «escuché de respuesta anterior que usted
se retiró de la institución educativa Clareth La Bodega, según entiendo, cuando
tenía 24 años», asintiendo el declarante, por ello, el apoderado de la entidad
territorial le solicitó que aclarara si «a partir de ese retiro usted no tuvo más
contacto ni estuvo presente en la institución educativa», y este contestó que
«pues es mi mamá, yo la visitaba cada ocho días y claro, iba mucho, pero
entonces ya no vivía ahí». En consecuencia, si bien visitaba a su mamá una vez
por semana, no le podía constar las situaciones acaecidas en los días en que no
acudía.
138.
En lo concerniente al reproche de que los comprobantes de entrega de
complementos alimentarios del programa de alimentación PAE que según la
demandante fueron firmados por ella como encargada de la operación de entrega
48 Sobre el particular, la apoderada del municipio de Pereira realizó las siguientes preguntas: «¿usted sabe
qué labores ejercía el señor Gustavo de Jesús en la escuela de Combia?» Contestó: En la escuela de
Combia él no podía hacer trabajos porque él trabajaba en el colegio de Combia, entonces todo el tiempo
estaba allá en el colegio de Combia» Preguntado: «¿Qué funciones realizaba él allá?» Contestó: «En el
colegio de Combia era el vigilante, vigilante del colegio, inclusive nosotros en el día, todos estudiábamos en
el colegio de Combia cuando salimos de la escuela y allá estaba mi papá trabajando, siempre nos
encontramos con él allá todo el día, con él estábamos allá en el colegio de Combia».
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y que constituye un indicio de la recepción de órdenes y orientaciones de la
autoridad administrativa, se tiene en el expediente 6 formatos con el epígrafe de
«Departamento de Risaralda-Ministerio de Educación Nacional. Programa de
alimentación escolar-PAE. Remisión entrega de complementos alimentarios en
unidad de servicios jornada mañana y tarde (ración industrializada lista) con
destino a institución educativa Claret y con operador «gota dulce». En efecto, se
aportaron: i) formato de entrega de la semana 2, días 13, 14 y 15 de abril de 2025
con firma de entrega de «Lucía Sánchez»49; ii) formato de entrega de la semana
2, días 14, 15 y 19 de mayo de 2015, con firma de entrega de «Lucía Sánchez»
y en el que se identificó con el cargo de «casera»50; iii) formato de entrega de la
semana 4, días 28 y 29 de mayo de 2015, con firma de entrega de «Lucía
Sánchez»51; iv) formato de entrega de la semana 2, días 10 y 11 de junio de 2015,
con firma de entrega de «Lucía Sánchez»52; v) formato de entrega de la semana
3, días 13, 14 y 18 de agosto de 2015, sin firma de entrega53; vi) formato de
entrega de la semana 1, días 27, 28 y 31 de agosto de 2015, sin firma de
entrega54.
139.No obstante, en la contestación de la demanda, el municipio de Pereira
desconoció los citados documentos, en efecto, subrayó que «me permito
desconocer las planillas al parecer del PAE que no reconoce mi representada y
que no tiene firma ni rúbrica de ningún funcionario de la administración,
pudiéndose observar que con el traslado de la reforma, fue presentada una
planilla en blanco totalmente, por lo que las que se encuentran diligenciadas a
lapicero, pudieron haber sido diligenciada por una persona diferente a las que allí
figuran, desconociendo qué persona fue la que suscribió en calidad de docente
de la institución educativa». Como consecuencia de esto solicitó que «se oficie
al Departamento de Risaralda-Ministerio de Educación Nacional para que en el
menor tiempo posible se indique si la señora MARIA LUCÍA SANCHEZ DE
MONCADA […] ha fungido como "ENCARGADO DEL OPERADOR" GOTA DE
LECHE en la Institución Educativa CLARET para la entrega de alimentos del PAE
y en caso afirmativo, se servirá indicar cuáles eran sus funciones dentro del
programa».
140.En la audiencia inicial llevada a cabo el día 7 de septiembre de 2021 55 el
Tribunal de primera instancia ofició al departamento de Risaralda y al Ministerio
de Educación para que emitiera certificación sobre ese asunto.
49 Documento visible en el folio 193 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
50 Documento visible en el folio 195 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
51 Documento visible en el folio 197 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
52 Documento visible en el folio 199 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
53 Documento visible en el folio 201 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
54 Documento visible en el folio 203 del archivo titulado «7_003EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_2»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
55 Acta vista en el archivo titulado «17_017AUDIENCIAINICIAL», expediente digital, índice 2 de Samai.
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141.A este requerimiento dio respuesta el Ministerio de Educación mediante el
Oficio 2021-EE-346999 del 11 de octubre de 202156 en el que señaló que le
«corresponde a la Entidad Territorial Certificada a donde pertenece la Institución
Educativa Claret, la que debe certificar si la señora María Lucía Sánchez
Moncada, ha fungido como encargada del operador gotas de leche». Sin
embargo, el municipio de Pereira no aportó documentos adicionales para
controvertir el contenido de los formatos de entrega de alimentos del programa
de alimentación PAE, en todo caso, los formatos de entrega permiten constatar
que la demandante se encontraba en el plantel educativo y que en el formato de
entrega la semana 2, días 14, 15 y 19 de mayo de 2015 se identificó como casera,
lo cual, no denota ningún indicio de subordinación, solamente su permanencia
en el plantel educativo como habitante del mismo.
142.De otro lado, reprochó la demandante que no se valoró el oficio expedido el
23 de febrero de 201857 por el secretario de desarrollo administrativo del
municipio de Pereira que a juicio del sujeto procesal la entidad territorial intentó
la devolución del inmueble luego de que reclamó los derechos de carácter laboral.
143. Al respecto, en el referido oficio se consignó lo siguiente:
«Lo primero es que una vez revisada la base de datos de los empleados de la
Secretaria de Educación de Pereira, en ninguna de ellas aparece usted vinculada
en cualquiera de las modalidades de contratación que se puedan dar en el sector
público. Por ello desconocemos sus apreciaciones verbales y escritas, acerca de
la modalidad a la cual usted aduce estar sujeta en las labores de la escuela.
Como segunda medida, queremos reiterarle que el Municipio no se puede
comprometer y es la obligación del mismo, la recuperación de los bienes inmuebles
que hacen parte del inventario Escuela la Bodega - Vereda Combia (bien fiscal de
propiedad del Municipio). Al respecto le recordamos que de conformidad con el
artículo 674 del Código Civil los “bienes de la Unión" se clasifican, en bienes
patrimoniales o fiscales y en bienes de uso público. Los primeros son los
propiamente estatales, pertenecen a una persona jurídica de derecho público de
cualquier naturaleza y generalmente, están destinados a la prestación de las
funciones públicas o de los servicios públicos, cuyo dominio corresponde al
Estado, pero su “uso no pertenece generalmente a los habitantes”, es decir, el
Estado los posee y los administra de manera similar a como lo hacen los
particulares con los bienes de su propiedad» (sic).
144.Ese documento no conduce a determinar ningún aspecto sobre la prestación
del servicio de la accionante ni las condiciones de tiempo, modo y lugar en las
que acaecieron las actividades que alegó, no obstante, permite ratificar que la
demandante se encuentra ocupando un bien inmueble de propiedad del
municipio de Pereira.
56 Documento observado en el archivo titulado «25RespuestaMinisterioEducacion», expediente digital,
índice 2 de Samai.
57 Documento visible en el folio 356 del archivo titulado «6_002EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
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145.Así mismo, la situación de recuperación del bien inmueble, contrario a lo
afirmado en el recurso de apelación, se presenta incluso desde el 15 de abril de
2013, fecha en la que el secretario de desarrollo administrativo y el profesional
universitario de bienes inmueble de la entidad territorial le solicitaron a la
corregidora de Combia proceder al desalojo por ocupación de hecho58.
146. En esa misma línea, la señora Carolina Echeverri Bedoya, rectora de la
institución educativa de Combia a través de documento con fecha del 29 de
septiembre de 202159 señaló que el «el día 3 de octubre del año 2016 inicié mi
proceso de rectoría en dicha institución educativa y me encuentro que en la sede
el Clareth se tiene a la señora María Lucía Sánchez de Moncada […] en calidad
de esposa de quien era el casero de dicha sede la cual se fusionó como sede de
la institución educativa Combia a partir del 15 de octubre del año 2013 […]. Para
esa fecha el señor Gustavo Moncada ya vivía en la escuela y por tanto cuando
yo llego como rectora encuentro a la señora María Lucía Sánchez viviendo allí y
solicito por oficio a la dirección de bienes de la alcaldía de Pereira legalizar la
contratación de dicha familia ya que no posee un documento que avale su
permanencia en dicha vivienda, sumado a que me entero el hijo de la señora
vendió los predios institucionales a un tercero, situación supremamente delicada
frente a la cual no poseo la competencia funcional para resolver» (sic).
147. Ciertamente, en la audiencia de pruebas la apoderada del municipio de
Pereira le preguntó a la demandante si conocía de un contrato de arrendamiento
que fue aportado al proceso, reconociendo la actora que «un contrato, con mi
hijo, Gustavo Adolfo. Él firmó el contrato. Eso fue mucho después que yo
demandara la posesión».
148.En virtud de lo anterior, no resulta coherente que mientras la accionante
intentaba alegar la calidad de señora y dueña de la vivienda ubicada en la escuela
la Clareth del colegio de Combia de propiedad del municipio de Pereira,
argumente en la demanda de la referencia que tanto el departamento de
Risaralda y el municipio de Pereira la vincularon irregularmente para la prestación
de servicios de vigilancia, auxiliar de servicios generales y jardinería en las
entidades territoriales y que como remuneración recibió la vivienda. Pues esas
dos condiciones no guardan correspondencia con lo pretendido en este caso.
149.Es necesario precisar que en el expediente reposa el oficio 8588860 suscrito
por la secretaria de educación de Pereira y la directora administrativa del servicio
educativo y administración de plazas docentes de la entidad territorial en el que
58 Mediante el oficio D10894 de 15 de abril de 2013 identificado con el asunto «solicitud de desalojo de bien
fiscal identificado con matrícula inmobiliaria 290-99005» con destino a la señora Luz Analida Franco León,
corregidora de Combia baja el Crucero. Documento visible en el folio 358 del archivo titulado
«6_002EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_1», expediente digital, índice 2 de Samai.
59 Documento visto en el archivo titulado «23_021RESPUESTAIECLARET», expediente digital, índice 2 de
Samai.
60 Documento visible en el folio 360 del archivo titulado «6_002EXPEDIENTEDIGITALIZADO_1_1»,
expediente digital, índice 2 de Samai.
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se informó al docente Sixto Antonio Pinzón Hernández que el casero del plantel
educativo era el señor Gustavo Moncada. El documento indicó lo siguiente:
«Dando respuesta dentro de los términos de norma a su solicitud, nos permitimos
informarle que el proceso de fusión es pertinente y debido a ello ustedes deberán
proceder a coordinar con la rectora de la Institución Educativa Combia lo
correspondiente a la seguridad del centro educativo, esto sin desconocer que este
centro educativo tiene como casero al señor Gustavo Moncada, información
suministrada por el docente Sixto Antonio Pinzón Hernández.
Ahora bien, vale la pena recordar que dentro de la contraprestación que existe para
que una persona habite la vivienda de un centro educativo está el mantener
adecuadamente en materia de limpieza y orden la planta física del centro educativo
y por consiguiente velar por la seguridad del mismo.
Cordial saludo,
Patricia Castañeda Paz
Secretaria de educación municipal
María Sirley Ossa Vergara
Directora administrativa de prestación del servicio educativo y administración de
plazas docentes
C.C: Alba Lucía Osorio Orozco, rectora institución educativa Combia».
150.El anterior documento no ofrece detalles de las condiciones de prestación del
servicio de la señora María Lucía Sánchez de Moncada en tanto desde la misma
entidad territorial se reconoce que el casero de la institución educativa era su
cónyuge Gustavo Moncada, de ahí que, es contradictorio que en la demanda se
manifestara que la persona a la que buscó la entidad territorial para el desempeño
de las funciones era la accionante.
151.Finalmente, en el recurso de apelación se argumentó que el juez de primera
instancia desconoció las sentencias dictadas por el Consejo de Estado con fecha
del 2 de mayo de 201361 y del 27 de abril de 201662.
152.Es pertinente aclarar que en la sentencia del 2 de mayo de 2013 se estudió
la demanda del señor Helman Darío Álvarez Hernández en contra de municipio
de Ibagué y a pesar de que desarrolló actividades como celador en una institución
educativa oficial en este caso se demostraron los elementos constitutivos de
funcionario de hecho, sin embargo, en el presente asunto no se demostró la
prestación de los servicios y teniendo en cuenta que cada caso atiende
particularidades probatorias diferentes, el análisis efectuado en aquel momento
no implica que las demandas futuras sean resueltas en igual sentido.
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente:
73001-23-31-000- 2010-00673-01 (1555-12). CP Alfonso Vargas Rincón.
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente:
16050-01-23-31-000-2011-01297-01 (2272-2015). CP William Hernández Gómez.
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153.En lo atinente a la decisión del 27 de abril de 2016 se analizó la demanda
radicada por la señora Mónica Rodríguez Maya quien argumentó que prestó
servicios como gerontóloga, supuesto de hecho diferente a la causa que motivó
la presente demanda.
154.En suma, aun cuando de las pruebas se pueda inferir que la demandante
permanecía en un espacio físico contiguo a las instalaciones de la entidad, no se
logró establecer las condiciones y motivos exactos por los cuales lo hizo; y mucho
menos se puede concluir que, al determinarse ese hecho, por sí solo, se acredite
una relación de subordinación con la entidad, pues no se probaron los requisitos
esenciales de existencia del funcionario de hecho o de una relación laboral
encubierta63.
155.Así las cosas, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 167 del CGP, le
corresponde a quien alega la ocurrencia de un hecho, aportar los elementos
probatorios que lo respalden, por lo tanto, al estar asignada la carga probatoria
en cabeza de la demandante es a ella a quien le corresponde demostrar que
ejerció con la anuencia de los demandados un cargo público existente en su
planta de personal; o que fue contratada para disfrazar una relación laboral, y
como ello no ocurrió, se confirmará la sentencia apelada por las razones aquí
expuestas.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
156.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
157.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
158.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, aplicable
por la integración normativa autorizada en el artículo 306 del CPACA; la
63A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso de similares premisas fácticas: SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE:
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ 17001-2333-000-2017-00037-01 (0046-2021).
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liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
159. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia a
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda
radicada por la señora María Lucía Sánchez de Moncada contra el municipio de
Pereira y del departamento de Risaralda, por lo dicho en la motivación.
SEGUNDO: COSTAS a cargo de la demandante en segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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