Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00037-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00037-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00037-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de febrero de 2025
Radicación: 17001-2333-000-2017-00037-01 (0046-2021)
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., Veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 17001-2333-000-2017-00037-01 (0046-2021)
Demandante: José Humberto Hernández Henao.
Demandado: Municipio de Manizales-Secretaría de Educación
Temas: Relación laboral encubierta. Habitación en institución
educativa. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020) proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor José Humberto Hernández Henao instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del Municipio de Manizales-Secretaría de Educación,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del oficio AJ-SEM 1541-SAC 3913 del 19 de mayo de
2016, por medio del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el
pago de unas prestaciones dejadas de percibir.
Que se declare que existió una relación laboral de derecho público, conforme al
principio de la primacía de la realidad sobre las formas desde el 10 de septiembre
de 2005 hasta el 30 de abril de 2014 y, se condene a la entidad a pagar las
prestaciones y cualquier beneficio económico adicional que reconozca el
municipio a sus empleados de planta.
Que se cancelen los daños morales y que se condene en costas a la demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
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manera:
Que prestó sus servicios en la institución educativa rural Rafael Pombo de la
vereda la Garrucha adscrita a la Secretaría de Educación del municipio de
Manizales desde el 10 de septiembre de 2005 hasta el 30 de abril de 2014 como
vigilante y en labores de aseo y jardinería.
Que, para cumplir sus labores de manera eficiente, se le permitió vivir con su
familia en una casa adjunta ubicada en la escuela de básica primaria. Que, los
padres de familia de los niños que estudiaban en la entidad recogían $100.000
que le pagaba de forma mensual.
Que, para abril de 2014, el rector de la institución le informó que la relación que
tenían él y su esposa con la entidad era irregular, por lo que decidió suspender
la recolección de dicho dinero, pero le permitió seguir en la vivienda y, en marzo
de 2015 la nueva rectora le indicó que para que ellos siguieran como caseros de
la sede principal, debían cancelar $10.000 mensuales.
Que, su esposa, la señora Blanca Amparo Vélez Castro sigue realizando sus
labores de aseo y vigilancia 24 horas en la escuela y el demandante, fue
desvinculado del colegio desde el 30 de abril de 2014.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 24 de marzo de 2017 y, notificada a
la entidad demandada, quien manifestó que existe un contrato suscrito entre el
demandante y el rector del colegio quien le concedió el derecho al uso y goce de
una parte del inmueble de la institución educativa como vivienda para él y su
familia y que, los servicios que ha prestado fueron remunerados con recursos de
los padres de familia, por lo que se evidencia una falta de legitimación en la causa
por pasiva por parte de la entidad.
Llamó en garantía a los que fungieron como rectores de la institución educativa
Rafael Pombo por el periodo sobre el cual se concretan las pretensiones, esto
es, del 2005 al 2016. De manera subsidiaria, solicitó que, se integrara el
contradictorio con ellos como parte demandada, solicitudes que fueron
rechazadas por el Despacho.
Se celebró audiencia inicial el 10 de diciembre de 2018, en la cual se difirió la
decisión de la excepción de falta de legitimación en la causa para la sentencia,
se fijó el litigio, se surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas
solicitadas y se programó la audiencia para su práctica. Luego de agotado el
periodo probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y
se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte
demandante.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del treinta y uno (31)
de enero de dos mil veinte (2020), negó las pretensiones al considerar que no se
logró determinar si el demandante era quien ejercía las labores de vigilancia y/o
mantenimiento en la institución; pues las únicas pruebas allegadas, son
testimoniales y estas no ofrecen certeza sobre las circunstancias de tiempo y
modo en que el demandante prestaba sus servicios.
Que algunos testigos, simplemente afirmaron que vieron al demandante podando
el césped, haciendo trabajos de mantenimiento o de vigilancia en la institución;
otros afirmaron que la compañera del señor Hernández era la persona que
realizaba las labores de aseo; y otros, simplemente indicaron que el demandante
siempre estaba allí.
Que, de esta prueba se logra determinar que el señor Hernández estuvo
ocupando el inmueble donde está ubicada la institución, pero que esto no permite
afirmar con certeza la existencia de la prestación personal de un servicio por parte
de este, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Que, si bien algunos testigos afirmaron que, entre los padres de familia de los
estudiantes se hacían colectas, los mismos indican que este recaudo era para
comprar o sufragar los elementos con los cuales hacían el aseo en la institución.
Condenó en costas al demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que está
demostrado que la relación fue de carácter laboral pues los elementos de esta se
presentaron claros y evidentes.
Que, frente a la prestación del servicio, se respaldó por los testigos que el
demandante era quien vigilaba y cuidaba las instalaciones físicas del centro
educativo Rafael Pombo, además, que la entidad nunca demostró que dicho
servicio se hubiera realizado por otra persona.
Que siempre estuvo sometido al criterio patronal que de forma delegada ejecutó
el municipio a través de los diferentes rectores teniendo en cuenta la naturaleza
del cargo.
Que, la vocación de permanencia y duración en el cargo que atendió de forma
diligente es una muestra fehaciente que rompe con el criterio de inexistencia de
una relación laboral pese a que su salario hubiese sido cancelado por los padres
de familia por expreso mandato de los directores o rectores.
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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
El 3 de febrero de 2021 fue admitido el recurso de apelación, y el 28 de junio de
2021 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público, quienes
guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala determinará si se acreditó la existencia de un vínculo entre las partes
derivado de la prestación de servicios profesionales y, en caso afirmativo, si se
encubrió una relación laboral y, como consecuencia, el demandante tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de esa situación.
Luego, se decidirá lo concerniente a la condena en costas de segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis del concepto de
relación laboral, la cual comprende los siguientes elementos: la actividad humana
que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-
16) CE-SUJ2-025-21, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
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concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.”
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Ahora, en materia laboral ordinaria, la carga de la prueba recae sobre el
empleador quien debe demostrar que la prestación del servicio se llevó a cabo
de una forma deliberada y sin ningún tipo de sujeción más allá de una prestación
de servicios que no genera obligaciones prestacionales; por el contrario, cuando
se presentan relaciones que involucran servidores públicos o particulares con el
Estado, estos son los que deberán asumir la carga de demostrar que existió una
relación laboral encubierta dentro de la prestación de servicios1 y que se
configuraron los elementos propios de esta, que son: una actividad personal, un
salario y la subordinación.
Si bien lo más utilizado por el Estado para desarrollar los objetos de las diferentes
entidades, es suscribir contratos de prestación de servicios con los particulares,
es necesario aclarar que, para establecer el posible encubrimiento de una
relación laboral, no es estrictamente necesario haberse suscrito un contrato de
manera escrita o con algún tipo de formalidad, porque lo que debe procurarse es
la demostración de los elementos de la relación de trabajo ya indicados.
El denominado “contrato realidad” aplica cuando se demuestra la continua
prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional
de la entidad contratante, para ejecutarlos bajo sujeción de órdenes y condiciones
que desbordan las necesidades de coordinación respecto de los verdaderos
contratistas.2
La jurisprudencia Constitucional ha establecido los casos en los que se configura
una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al
contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 53 de la Constitución Política, el principio de primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe
aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el
Estado3.
Debe precisarse que, tal y como lo indicó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución del caso concreto
Analizadas las pruebas, se tiene lo siguiente:
1
Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia
de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
3 Corte Constitucional. Sentencia T-723 de 2016. M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
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A folio 30 del expediente se observa una comunicación dirigida a la señora Blanca
Amparo Vélez con fecha del 19 de marzo de 2015, en calidad de “Casera de la
sede principal”, en la cual le informan que para que pueda continuar siendo
“casera de la sede principal de la institución, es indispensable que firme contrato
de arrendamiento con un pago mensual de DIEZ MIL PESOS MCTE ($10.000)
que será cobrado a partir del mes de abril de 2015, de lo contrario será necesario
la entrega del inmueble por parte suya con un plazo máximo de un mes…”.
Como prueba testimonial se tienen las declaraciones de los señores Alba Lucía
Ceballos, Luis Alfonso Hernández Gómez, Andrés Álvarez Gómez, Rubiela Parra
Castrillón y Roveiro Castrillón Parra, quienes residían en zonas aledañas a la
institución educativa.
La señora Alba Lucía Ceballos manifestó conocer al actor por un periodo de 20
años aproximadamente, que él y su esposa Blanca eran los encargados de cuidar
la institución educativa Rafael Pombo, que no se metiera ningún extraño y que
era quien avisaba a la policía si veía algo raro, que le hacía mantenimiento al
plantel, a los prados y al platanal.
Que desconoce si este llegó a trabajar para el municipio de Manizales, pero sabe
que fue llevado por el señor Francisco, quién fue rector de ese plantel en algún
tiempo.
Que no sabía su horario, pero que lo veía trabajar allí siempre, incluido fines de
semana. Que desconoce el cargo que desempeñaba, las personas que le daban
órdenes, si recibía llamados de atención por no realizar las funciones a su cargo,
si podía ausentarse de estas o si le cancelaban algún tipo de salario o
prestaciones sociales por sus labores.
Que no sabía cuánto era el ingreso económico, pero que el rector les pedía a los
padres de familia una colaboración cada mes para que su esposa pudiera hacer
el aseo de la escuela pues ella era a quién acudían para entrar por alguna
emergencia al colegio, ya que tenía las llaves de las aulas.
Por su parte, el señor Luis Alfonzo Hernández Gómez manifestó que sus hijos
estudiaban en la institución educativa Rafael Pombo, y que por esto lo conocía,
que le constaba que hacía trabajos de mantenimiento y vigilancia en la institución,
no así que trabajara para el municipio de Manizales, que simplemente lo veía ahí
haciendo esas labores en el colegio.
Que desconocía quien le daba órdenes, quien supervisaba sus labores o si debía
pedir permiso cuando este requería ausentarse de la escuela y ante quién.
Que el demandante vive en la institución educativa desde el año 2005 a la fecha
de la diligencia y que tanto él como su esposa manejaban las llaves de la
institución, pero principalmente la esposa.
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Que los padres de familia de la institución educativa recogían mil o dos mil pesos
mensuales, para comprar implementos de aseo, dinero que por lo general era
entregado a la secretaria del plantel.
El señor Mauricio Andrés Álvarez Gómez indicó que el demandante vive en la
escuela Rafael Pombo y que lo veía hacer el mantenimiento del plantel y de un
lote que tiene cultivo de plátanos.
Que ignoraba si debía cumplir horario y la jornada de trabajo, que solo lo veía
constantemente trabajar ahí y que él y su esposa Blanca eran los encargados de
abrir y poner a disposición la escuela.
Que desconocía si debía solicitar permiso para ausentarse de sus labores, o si
recibía órdenes o de alguna consecuencia si este se ausentaba de su lugar de
trabajo y mucho menos si recibía algún sueldo o alguna liquidación cuando dejó
de trabajar para la escuela.
Que fue llevado a la escuela por el rector Francisco y que vivió ahí desde el año
2005, tiempo en el cual se dedicó al cuidado de las áreas de la institución
educativa y que actualmente sigue viviendo ahí.
La señora Rubiela Parra de Castillo indicó conocerlo desde que él se fue a vivir
a la escuela Rafael Pombo, desde el 2004 - 2005 y que sus funciones allí
consistieron en desyerbar el colegio y mantenerlo limpio.
Que creía que debía tener un horario porque siempre estaba allí. Que el cargo
que el tenía era el de jardinero y que suponía que quién le daba las órdenes y
supervisaba sus jornadas de trabajo era el rector y los docentes, pero que no
sabía si podía delegar sus funciones a otra persona o si recibía alguna
contraprestación por los servicios prestados.
Que el demandante aún vive en la escuela rural y que las llaves de esta son
manejadas por la esposa del señor José Humberto.
Como última declaración, se tiene la del señor Roveiro Castillo Parra quien indicó
que conoce al demandante desde hace más de 25 años, pues este al igual que
él ha vivido y trabajado en la vereda la Garrucha.
Que el rector Francisco lo llevó a la institución Rafael Pombo desde el 2004 o
2005 hasta el 2014, cuando fue retirado del colegio, que llegó a vivir en el mismo
colegio y que actualmente sigue viviendo allí. Que las funciones que cumplió eran
las de mantener los prados y un lote con cultivo de plátano.
Que era el demandante quien daba aviso cuando se presentaba algún percance
en el plantel como un tubo roto, para que le hicieran algo y que llamaba a la
policía cuando ingresaba gente extraña a la institución.
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Que desconocía si podía ausentarse del colegio, si debía cumplir horario, cuál
era el cargo que desempeñaba, quien le daba las órdenes, supervisaba su trabajo
o le suministraba los elementos de trabajo.
Analizados los mismos, la Sala puede establecer que el demandante habitaba un
espacio de propiedad del municipio de Manizales, pero no se encuentra
demostrada ninguna forma de vinculación contractual o laboral con el Estado;
pues los supuestos servicios de mantenimiento no se desprenden de alguna
orden o instrucción dada por la entidad y, de la supuesta “vigilancia o celaduría”
que afirma prestar, solo se puede determinar que este abría las puertas del
colegio pues su lugar de habitación se encontraba dentro de este.
Ninguno de los testigos especifica las verdaderas funciones que desempeñó el
señor Hernández Henao, pues algunos manifestaron que estas eran las de
vigilante, de mantenimiento de los prados y el cultivo de plátano, otros refirieron
que también lo era de aseador; sin embargo, esta última labor se la asignaron
igualmente a su esposa, quien a su vez velaba por la integridad del plantel.
No se logra determinar las fechas en que se prestaron estos servicios, tampoco
se logra tener claridad en cuanto a los extremos, ni el cumplimiento de un horario,
ni algún tipo de orden o instrucción dada para realizar sus actividades pues, la
Sala observa que los testimonios aportados solo indican que veían al
demandante allí durante todo el día, todos los días, pero ninguno tiene pleno
conocimiento de que efectivamente le fuera impuesto un horario, le dieran
órdenes, solicitara permisos para ausentarse, etc.
Lo que hace concluir que su presencia en este sitio era precisamente por su
habitación.
A su vez, se advierte que todos los testigos, lejos de esclarecer las circunstancias
que dieron lugar a la presunta existencia del elemento de subordinación, se
limitaron a realizar una narración de las situaciones que percibieron como de
prestación de servicios, pero ninguno tiene certeza de la situación personal de
este.
En efecto, obsérvese que, en ningún momento, se afirmó que alguien hubiese
influido en la forma en que desarrollaba sus supuestas actividades, no se indican
al menos las circunstancias de tiempo y modo en que aquellas se le otorgaban,
en tal sentido, no se demostró que la demandada hubiera ejercido una imposición
decisiva sobre la manera en la que debía desarrollar alguna actividad.
Frente a la supuesta remuneración, se tiene que los testigos afirmaron que los
padres de familia mensualmente le entregaban una pequeña suma de dinero al
rector para elementos de aseo, y no, como lo quiere hacer ver la parte recurrente,
para que fueran parte de su salario o que constituyera un pago por sus
actividades.
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Por lo tanto, la Sala no encuentra en el expediente medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan aseverar en primer lugar y como elemento más
importante, la prestación personal del servicio; como segundo elemento, no se
encuentra que el actor recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que
debía desarrollar alguna actividad ni mucho menos que estas eran relativas a las
funciones de celador o aseador y como tercer elemento, no se precisa una
remuneración como retribución a su supuesta prestación, tal como se afirmó en
la sentencia de primera instancia y por tanto se confirmará la misma.
Por sustracción de materia no se pronunciará la Sala sobre los perjuicios
solicitados.
De la condena en costas en segunda instancia.
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el
cambio introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 4 en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite
que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la
Subsección A considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado,
y observando los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas
intervenciones, no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no
se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos
mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la
cual negó las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
4 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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