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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00777-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00777-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2018-00777-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00777-02 (5442-2023)
Demandante: Beatriz Elena Ballesteros Toloza
Demandada: Municipio de Bucaramanga

Temas: Relación laboral encubierta - Funcionario de hecho – Habitación
en instituciones educativas. CONFIRMA SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el cinco (5) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1) La señora Beatriz Elena Ballesteros Toloza instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
en contra del Municipio de Bucaramanga, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES

2) Que se declare la nulidad de los actos administrativos JUR 843 de 23 de
noviembre de 2017 y SEB JUR 387 del 19 de abril de 2018 y, en consecuencia, que
entre la actora y el municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación - Colegio
Santa María Goretti, existió un vínculo laboral desde el 4 de mayo de 2000 hasta el
25 de noviembre de 2016.

3) Que se reconozcan y paguen los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos inherentes al vínculo laboral, teniendo como parámetro lo devengado
por un aseador, celador, vinculado al municipio.

HECHOS

4) La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5) Que prestó sus servicios a la Institución Educativa María Goretti, en ese
entonces denominada concentración “La Yaqueline” ubicada en el barrio La victoria
para realizar las labores de celaduría, aseo, jardinería atención de la portería y de
la cafetería, y en general para que cuidara las instalaciones, prestara algunos

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00777-02 (5442-2023)

servicios a los docentes y controlara la entrada y salida de las personas a dicha
institución.

6) Que, como única contraprestación por las labores realizadas, el municipio a
través de las directivas de la institución puso a su disposición una casa de habitación
que hace parte de las instalaciones de dicho colegio.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7) La demanda fue admitida el 20 de noviembre de 2018, la entidad manifestó
que la actora no acreditó la existencia de ningún contrato laboral o de prestación de
servicios para la ejecución de las labores enunciadas al interior de la institución
educativa.

8) Que las directivas del colegio María Goretti carecen de competencias y
facultades para realizar una vinculación laboral y ordenar la realización de oficios
varios dentro de la institución, la cual radica únicamente en cabeza de la Secretaría
de Educación, dependencia que a través de procesos contractuales suministra el
personal de aseo y de vigilancia para todas las instituciones educativas.

9) Que la demandante ocupaba una casa de habitación ubicada dentro del
predio de la institución, pero que no le consta que fuera desde la fecha enunciada
en la demanda, ya que solo es cierta la fecha de entrega y devolución de la casa
habitación el 25 de noviembre de 2016.

10) Propuso las excepciones de caducidad, falta de jurisdicción y competencia,
inexistencia de la relación laboral, inexistencia de la calidad de empleado público,
prescripción, compensación y la genérica.

11) Se celebró audiencia inicial el 11 de marzo de 2020, en la cual se declaró
probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, y se remitió a los
juzgados laborales, los cuales manifestaron el conflicto de competencias, siendo
dirimido por la Corte Constitucional1. El 24 de febrero de 2023 el Tribunal fijó el
litigio, surtió la etapa de conciliación, decretó las pruebas y luego de practicadas, se
corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada
dentro del término oportuno por la demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

12) El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 5 de julio de
2023, negó las pretensiones bajo el argumento de que, de los testimonios solo se
extrae que la demandante vivía en el colegio, pero no se logró demostrar que
ocupaba el cargo de celadora o de aseadora pues no fue aportada prueba alguna
que corroborara dicha situación ni la forma de retribución.

1 Auto 319 del 9 de marzo de 2022: «DECLARAR que corresponde al Tribunal Administrativo de Santander

conocer del proceso presentado por la ciudadana Beatriz Elena Ballesteros Toloza en contra del Municipio de
Bucaramanga.»

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13) Que el hecho de abrir y cerrar la puerta de entrada del colegio al comienzo y
final de cada jornada académica, por sí solo no significa que hubiera desempeñado
el cargo de celadora, pues, resulta lógico que, permitirle residir allí sin pagar ningún
arriendo, lo mínimo que podía hacer era abrir y cerrar la puerta.

14) Que, en relación con el aseo de la parte exterior del mismo, la demandante
manifestó en su interrogatorio que se encargaba de abrir las puertas de los salones
para que “las señoras” hicieran el aseo.

15) Que si bien en principio podría inferirse que la actora ocupó el cargo de
“celador” sin que mediara nombramiento y posesión y que en consecuencia, sí
comenzó a ejercer unas funciones de manera irregular, lo anterior no resulta
acertado, pues, para que pueda considerarse así, era necesario tener la certeza de
la existencia del cargo, y esto no se demostró, por lo que no se prueba la existencia
de las funciones debidamente reglamentadas que la demandante asegura cumplió
para la entidad demandada.

16) Que, además, no existe documento alguno que demuestre que el alcalde del
municipio de Bucaramanga le impartiera órdenes, le asignara un horario o tareas
referidas al cargo de celador o aseador. Que tampoco hay pruebas de que se
hubiera actuado así por parte de las directivas de la institución, no siendo posible
establecer que existió una subordinación, ni puede hablarse del cumplimiento de
una jornada laboral, pues se desconoce la forma como realmente cumplía estas
presuntas funciones.

RECURSO DE APELACIÓN

17) La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que
la sentencia desconoce por completo el contexto en el que se produjo la relación
entre la entidad demandada a través de los directivos de la concentración “La
Yaqueline”, hoy colegio María Goretti, y la demandante.

18) Que, es un hecho probado que a partir del 2000 fue contactada por el rector
de ese colegio, que en ese entonces era el señor Alfonso Calderón, como lo
confirmaron los testigos, para que hiciera las veces de “viviente” de las
instalaciones, término este de origen popular que se refiere al cuidador y encargado
del mantenimiento de un predio.

19) Que la utilización de esta figura de manera informal al vincular a personas de
baja escolaridad y en condición de pobreza, era un patrón de conducta de los
rectores de los colegios públicos a nivel nacional y en particular en la ciudad de
Bucaramanga durante las anteriores décadas. Que resulta claro que a la
demandante se le permitió vivir en ese inmueble propiedad del municipio, como
única contraprestación por todas las labores que realizaba para el colegio.

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20) Que el fallador de primera instancia concluyó que no estaban probadas ni las
actividades propias de una relación laboral con la institución educativa y el municipio
de Bucaramanga, ni la subordinación propia de este tipo de vínculo, premisa
totalmente opuesta al contenido y sentido de las declaraciones de la demandante y
de los testigos, todos ellos coherentes, espontáneos y con conocimiento de la razón
de su dicho.

21) Que, el municipio ha planteado en su defensa que los pagos de cotizaciones
a seguridad social a favor de la actora en los años 2013 a 2016 demuestran que
tendría un empleador distinto a este, pero dicha afirmación se queda sin sustento al
confirmar que los mencionados pagos se hicieron en virtud de estas labores
ocasionales, que se realizaron para una Cooperativa que llevaba alimentación a las
niñas del colegio.

22) Que, frente a los funcionarios de hecho, y puntualmente frente a los requisitos
contemplados en la subregla jurisprudencial, existe una identidad en las funciones
de la actora con las que figuran en el Decreto 066 de 2018 para el empleo
denominado “OBRERO 1” de la planta de trabajadores del municipio y fueron
descritas en el escrito de la demanda.

23) Que, la demandante es una mujer, madre cabeza de familia, con bajo nivel
de escolaridad y a cargo de 2 niños. Que por esta situación de vulnerabilidad
económica aceptó hacer la celaduría y aseo de las instalaciones del colegio,
adicional a otros oficios. Que, a cambio de esto, lo único que recibió fue que se le
permitiera vivir en un pequeño cuarto de este con sus hijas.

24) Que dada la situación de vulnerabilidad en que se encontraba y se encuentra,
resulta contrario al principio de igualdad material que, al reclamar sus derechos
laborales, la administración de justicia le exija que demuestre a través de
documentos que existía una relación laboral.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

25) El 27 de octubre de 2023 fue admitido el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que esto ocurriera.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

26) La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la demandante tiene

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derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de esta.

27) En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará lo
relativo a la base salarial para la liquidación de las prestaciones, el reajuste salarial
solicitado por la demandante, la prescripción de los derechos reclamados y,
finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas.

28) Si bien en el recurso de apelación se mencionó la presunta calidad de
funcionario de hecho de la demandante en la prestación de sus servicios como
aseadora de la institución, lo cierto es que se sustenta en la existencia de una
relación laboral encubierta con el municipio bajo el cumplimiento de funciones
determinadas en el manual de funciones de dicho cargo. De allí que la Sala hará
mención a la figura del funcionario de hecho invocada en el recurso, así como a la
relación laboral encubierta para resolver el caso.

Marco normativo y jurisprudencial

29) Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

30) El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

31) Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.

32) Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando
la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

33) El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que

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pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los
dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse
sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no
lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en los
estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución
del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral.

34) Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

35) Ahora bien, el reconocimiento de la relación laboral encubierta conlleva
ciertas obligaciones, como lo son, el reconocimiento de las prestaciones que el
contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales. Esta
Subsección, ha venido insistiendo en que las prestaciones sociales a que hay lugar
son aquellas previstas en los Decreto 1042 y 1045 de 1978, ya que en aquellos se
establece el régimen prestacional aplicable a los empleados públicos; y acoge como
criterio para su reconocimiento y liquidación, el valor de los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios.

36) En materia laboral ordinaria, la carga de la prueba recae sobre el empleador
quien debe demostrar que la prestación del servicio se llevó a cabo de una forma
deliberada y sin ningún tipo de sujeción más allá de una prestación de servicios que
no genera obligaciones prestacionales; por el contrario, cuando se presentan

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relaciones que involucran servidores públicos o particulares con el Estado, estos
son los que deberán asumir la carga de demostrar que existió una relación laboral
encubierta dentro de la prestación de servicios y que se configuraron los elementos
propios de esta.

37) Si bien lo más utilizado por el Estado para desarrollar los objetos de las
diferentes entidades, es suscribir contratos de prestación de servicios con los
particulares, es necesario aclarar que, para establecer el posible encubrimiento de
una relación laboral, no es estrictamente necesario haberse suscrito un contrato de
manera escrita o con algún tipo de formalidad, porque lo que debe procurarse es la
demostración de los elementos de la relación de trabajo ya indicados.

38) La jurisprudencia Constitucional ha establecido los casos en los que se
configura una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las
partes al contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 53 de la Constitución Política, el principio de primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe
aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el
Estado2.

De la relación laboral de hecho

39) Al respecto, esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones
de manera irregular debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple
no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja el
vínculo legal y reglamentario; en otras palabras, cuando no existe nombramiento o
elección según el tipo de cargo, ni tampoco posesión. También opera cuando tales
requisitos, pese a que existieron, ya no están vigentes3.

Resolución al caso concreto

40) Con las pruebas documentales es posible establecer que la demandante
residió en las instalaciones del colegio María Goretty desde el 2000 hasta el 2016.

41) Como prueba testimonial se tiene la declaración de la señora Ana Isabel
Pino, quien manifestó que fue rectora en el Instituto María Goretti por espacio de 3
años 2014-2017, y conoció a la demandante porque ella residió en el colegio hasta
el año 2016, pero que no era su jefe, y que no cumplía funciones dentro de la
institución.

42) Que en el año 2014 la celaduría la prestaba una empresa de vigilancia
contratada por el municipio de Bucaramanga, y el servicio de aseo a través de
licitación pública. Nunca se le entregó dotación, nunca suscribió contrato alguno con
el municipio y nunca se dieron órdenes para realizar actividades.

2 Corte Constitucional. Sentencia T-723 de 2016. M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
3 Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2016, radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-

14); ii) del 5 de mayo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017) y del 12 de junio de
2025, radicado 76001-23-33-000-2012-00249-01 (0963-2021)

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43) La señora Claudia Clemencia García Dulcey, manifestó que fue docente en
el Instituto María Goretti por espacio de 21 años, que llegó a la institución en el año
2004 y que ya la demandante vivía ahí. Que colaboraba en lo que se necesitara,
participaba en las izadas de bandera, día del niño, hombre y mujer, trabajaba 2
jornadas; que siempre estaba pendiente de los estudiantes desde su entrada hasta
su salida, se preocupaba por la seguridad de los mismos y mantenía la escuela por
dentro y por fuera en la limpieza. Se encargaba del aseo y la celaduría, recibía
órdenes del rector y coordinador y debía tener aseado todo y estar pendiente de la
puerta por órdenes del rector.

44) Por su parte, el señor Jimmy Julián Ropero manifestó que laboró en la
institución educativa donde residió la demandante por espacio de 11 años desde el
año 2000 al 2011, que era una persona entregada a la institución, recibía a los niños
antes de las 7 porque no había servicio de vigilancia, hacía aseo general de las
canchas, recogía las hojas de los árboles, hacía aseo por fuera del colegio y el aseo
de baños.

45) Que los fines de semana se hacían actividades y la demandante participaba
y colaboraba. Los profesores hacían colectas para los útiles de sus hijos. Las
órdenes las recibía de los coordinadores y del rector. Que tenía las llaves de la
institución y cuando no había calendario escolar igual estaba pendiente, pues era la
viviente.

46) El señor Edgar Sarmiento, manifestó que es maestro de construcción y que
conoce hace años a la demandante. Que desarrollaba muchas actividades en el
colegio, entre estas, era la encargada de abrir la puerta y recibir a los niños de las
dos jornadas. Que vivió dentro del colegio por espacio de 15 años. Que no tenía un
horario fijo, que cuando él llegaba a las 6 a dejar a sus hijas, ya estaba en la puerta,
y permanecía todo el día en el colegio realizando actividades.

47) Que le parecía que recibía órdenes del rector, pero no estaba seguro. Que,
al principio no había servicio de vigilancia contratado, pero a lo último sí.

48) La señora María Angelica Corzo Corzo, manifestó conocer a la demandante
desde el año 2003, pues sus hijas estudiaron en ese instituto. Que la actora vivía
en un apartamento dentro del colegio con sus hijos. Que desempeñaba actividades
de aseadora, vigilancia y enfermera en un horario de 5 am a 10 am.

49) Que en el colegio había doble jornada, que, para esa fecha no había
celaduría, le rendía cuentas al rector que era el señor Alfonso Calderón y luego a la
señora Mireya. Que los rectores y coordinadores sabían que ella vivía allí. Que ella
pasaba frecuentemente por la institución y la veía haciendo aseo y celaduría hasta
las 9:30 de la noche, porque la testigo trabajaba cerca en unas comidas rápidas.

50) Por último, la actora, indicó en su interrogatorio de parte que llegó al colegio
el 4 de mayo del 2000 ante la invitación del señor Jesús Barrera funcionario de la

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institución, que sus actividades eran mantener las fachadas, las zonas verdes, los
baños, estar pendiente de la puerta y cuidar. Que esto duró hasta el 25 de
noviembre de 2016.

51) Que el horario era de 4:30 a.m a 7:30 p.m; que también debía realizar
actividades el fin de semana, nunca trabajó por fuera, nunca le pagaron, colaboraba
con el aseo, cerraba los salones y abría la puerta para que una señora hiciera el
aseo de salones. No había vigilante y que, cuando se perdió un DVD le tocó pagarlo.

52) Analizadas las declaraciones, la Sala puede establecer que la demandante
habitaba un espacio de propiedad del municipio de Bucaramanga, pero no se
encuentra demostrada ninguna forma de vinculación contractual o laboral con el
Estado; pues los supuestos servicios de aseo y vigilancia no se desprenden de
alguna orden o instrucción dada por la entidad, solo se puede determinar que esta
abría las puertas del colegio pues su lugar de habitación se encontraba dentro de
este.

53) No se logran determinar las fechas en que se prestaron los servicios,
tampoco se logra tener claridad en cuanto a los extremos, ni el cumplimiento de un
horario, ni algún tipo de orden o instrucción dada para realizar sus actividades pues
los testimonios solo indican que veían a la demandante allí durante todo el día, todos
los días, pero ninguno tiene pleno conocimiento de que efectivamente le fuera
impuesto un horario, le dieran órdenes, solicitara permisos para ausentarse, etc.

54) Todos los testigos dan fe de la prestación del servicio de la demandante como
aseadora y vigilante de la institución educativa, pero sus afirmaciones no son lo
suficientemente claras, coherentes y precisas respecto al conocimiento de
instrucciones u órdenes del alcalde de la entidad demandada, y tampoco fueron
coincidentes a la hora de expresar el conocimiento de la remuneración percibida. Si
bien, aseveraron que recibía órdenes del rector o rectores de la época, las razones
de sus dichos no son claras para la Sala, pues no relataron circunstancias de tiempo
y modo en que ello ocurrió.

55) Lo que hace concluir que su presencia en este sitio era precisamente por su
habitación. A su vez, se advierte que todos los testigos, lejos de esclarecer las
circunstancias que dieron lugar a la presunta existencia del elemento de
subordinación, se limitaron a realizar una narración de las situaciones que
percibieron como de prestación de servicios, pero ninguno tiene certeza de la
situación personal de esta.

56) Obsérvese que, en ningún momento, se afirmó que alguien hubiese influido
en la forma en que desarrollaba sus supuestas actividades, no se indican al menos
las circunstancias de tiempo y modo en que aquellas se le otorgaban, en tal sentido,
no se demostró que la demandada hubiera ejercido una imposición decisiva sobre
la manera en la que debía desarrollar alguna actividad.

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57) Frente a la remuneración, se tiene que ni los testigos ni la parte, indicaron
que le hubiera sido cancelado algún rubro por sus actividades, por el contrario, se
indica que nadie le pagaba nada.

58) Por lo tanto, la Sala no encuentra en el expediente medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan aseverar en primer lugar y como elemento más
importante, la prestación personal del servicio; como segundo elemento, no se
encuentra que la actora recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía
desarrollar alguna actividad ni mucho menos que estas eran relativas a las
funciones de celador o aseador y como tercer elemento, no se prueba una
remuneración como retribución a su supuesta prestación, tal como se afirmó en la
sentencia de primera instancia y por tanto se confirmará la misma4.

59) Por último, si bien en el proceso se estableció que el cargo de celador y
aseador existían en la planta de personal del municipio, ese dato, por sí solo, resulta
insuficiente para acceder a las pretensiones de ser tenido como funcionario de
hecho, pues la jurisprudencia ha precisado que, para la existencia de tal figura, se
requiere, además, que las funciones del empleo sean ejercidas irregularmente en la
misma forma y apariencia en que lo haría un servidor regularmente vinculado, y con
la anuencia de las autoridades competentes.

60) En consecuencia, la sentencia apelada debe confirmarse, porque la parte
demandante no logró demostrar los presupuestos exigidos para reconocerlo como
funcionario de hecho, ni acreditó la existencia de una relación laboral o contractual
susceptible de producir los efectos salariales y prestacionales reclamados.

De la condena en costas

61) La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

62) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

4 A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso de similares premisas fácticas: SALA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE:
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ 17001-2333-000-2017-00037-01 (0046-2021).

10
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00777-02 (5442-2023)

63) En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

64) En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la
parte demandante, por cuanto no salieron avante los argumentos de su recurso de
apelación, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de julio de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

11
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