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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00011-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00011-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2017-00011-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-40-000-2017-00011-01 (4995-2024)
Demandante: Sandra Leonor Brochero
Demandada: Departamento de La Guajira y Administradora Temporal en la
Prestación del Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira

Temas: Relación laboral encubierta - Funcionario de hecho – Habitación
en instituciones educativas. CONFIRMA SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1) La señora Sandra Leonor Brochero instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
contra del departamento de La Guajira y la Administradora Temporal en la
Prestación del Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira, con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2) Que se declare que se ha configurado el silencio administrativo negativo ficto
o presunto, derivado de la petición sin fecha, radicada el 14 de junio de 2015 ante
la oficina de recepción de documentos del departamento de La Guajira, radicado
bajo el N°. 20164256 y el acto administrativo negativo de fecha 15 de junio de 2016
suscrito por el alcalde de Villanueva-La Guajira.

3) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene el
reconocimiento y pago por parte del departamento de la Guajira, y municipio de
Villanueva, a una suma de dinero a título de indemnización por un valor
correspondiente a los salarios, primas, vacaciones, cesantías, intereses de
cesantías, aportes de salud, aportes de pensión y demás emolumentos causados y
no cancelados por las labores realizadas como aseadora de la institución educativa
desde el 01 de marzo de 1998 hasta la fecha del fallo de segunda instancia.

Radicación: 44001-23-40-000-2017-00011-01 (4995-2024)

HECHOS

4) La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5) Que desde el 1° de marzo de 1998 desempeñó las labores de aseadora de
la Institución Educativa Técnica de Promoción Social del Sur-Sede Las Delicias que
dichas labores las realizó de manera personal e ininterrumpida y acatando lo
ordenado por el rector y recibía como contraprestación la entrega de una habitación
donde vivía con su familia.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

6) La demanda fue admitida el 9 de febrero de 2017, el municipio demandado
manifestó que, en 1997 el departamento de La Guajira se certificó en el sector de
educación, lo que trajo consigo que los municipios no podían contratar ni realizar
ningún nombramiento, quedando toda la potestad en el referido ente territorial y no
en el municipio de Villanueva.

7) El departamento indicó que no contrató a la demandante para que prestara
sus servicios de manera directa o indirecta a dicha entidad, pues, las vinculaciones
de personal deben ajustarse a lo establecido en el Decreto 1222 de 1996 en su
artículo 233. Que la demandante no se ha vinculado a la gobernación de La Guajira
para desarrollar funciones de aseadora, pues obedeció a un contrato laboral verbal
con la rectora de la institución educativa Técnico Promoción Social del Sur-Sede La
Guajira del municipio de Villanueva.

8) El Ministerio de Educación manifestó que entre la demandante y el
ministerio jamás existió vinculación laboral a través de un contrato de trabajo, legal
y reglamentaria a través de nombramiento o algún contrato de prestación de
servicios que permitan predicar responsabilidad y/o solidaridad alguna.

9) Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, no
comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, inexistencia o falta de
causa para demandar, prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido.

10) Se celebró audiencia inicial el 12 de agosto de 2019, en la cual el apoderado
de la parte actora desistió de las pretensiones de la demanda frente al municipio de
Villanueva, se declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa,
fijó el litigio, surtió la etapa de conciliación, decretó las pruebas; luego de
practicadas, se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia, la
cual fue apelada dentro del término oportuno por la demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11) El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 23 de julio

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de 2023, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por el Ministerio de Educación, aclarando que en principio vinculó a la
Administradora Temporal de la Competencia de la Prestación del Servicio de
Educación del departamento de La Guajira a través del auto del 24 de enero de
20191, sin embargo, el Ministerio de Educación fue quien se hizo parte con
fundamento en el Decreto 2613 de 2009 que establece que la asunción temporal de
competencias es por parte de la Nación, por lo que entendió que quien debía
representar los intereses era dicha entidad.

12) Que no existe vínculo entre el demandante y el Ministerio, pues la prestación
del servicio educativo del municipio de Villanueva como entidad no certificada se
encuentra en cabeza del departamento de La Guajira, de allí que sea el extremo
pasivo dicho ente territorial, que es el único y exclusivo en responder en caso de
que sean prósperas las pretensiones de la demanda.

13) Que no se cumplieron los requisitos exigidos para determinar la existencia de
un funcionario de hecho, porque, no hay prueba de que la accionante perteneció a
la planta de personal del departamento de La Guajira y que si bien pudo haber
existido un vínculo obedeció a una relación particular entre el entonces rector del
plantel educativo y la demandante, más no uno laboral existente con el ente
territorial demandado.

14) Que no se probó que la accionante haya ejercido labores de manera irregular,
pues las que ejercía eran para beneficio y provecho propio y de su grupo familiar y
no está acreditado que haya cumplido las mismas funciones que empleados de
planta en la medida que no se logró demostrar la existencia del cargo de aseadora
dentro de los cargos adscritos al departamento de La Guajira.

RECURSO DE APELACIÓN

15) La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que
la prestación del servicio se encuentra demostrada con los testimonios espontáneos
rendidos dentro del proceso, que afirman que la actora vivía en la Institución
Educativa, donde se desempeñaba todos los días como celadora, aseadora y
portera.

16) Que si una persona presta servicios como vigilante, portera y aseadora por
varios años resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e
independientes, cuando la labor contratada por la entidad exige que se brinde el
servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar con total
tranquilidad.

17) Que para cumplir con las labores de vigilancia, aseo y servicios generales, la
persona contratada para tal fin debe atender y obedecer las órdenes de sus
superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y

1 Ver auto a fl. 69-70

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dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la
subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio.

18) Que dentro de la función pública puede existir el denominado funcionario de
hecho, que identifica a la persona que, habitualmente, sin título o con título irregular,
ejerce funciones públicas como si fuese verdadero funcionario y en este caso no
existe duda que la actora no se vinculó de manera regular a la administración, es
decir, mediante un acto legal y reglamentario o a través de un contrato de prestación
de servicios, que por el contrario, en virtud de la falencia que tenía la administración
para cubrir los cargos de celadores, aseadores y servicios generales en los colegios
que hacía parte del orden departamental, permitió o vinculó personas que
cumplieran provisionalmente estas labores a cambio de una vivienda.

19) Que esto significa que a pesar de existir norma expresa que señala
taxativamente que el pago en especie no puede sobrepasar el 25% de lo
devengado, las entidades demandadas hicieron caso omiso a esta normatividad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20) El 26 de septiembre de 2024 fue admitido el recurso de apelación y se
dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho
para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio
Público podría emitir concepto hasta antes de que esto ocurriera.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

21) Atendiendo los reparos formulados en el recurso de apelación, corresponde
determinar si la señora Sandra Leonor Brochero acreditó haber ejercido funciones
de aseadora o celadora de la Institución Educativa Técnica de Promoción Social del
Sur – Sede Las Delicias, en condiciones que permitan reconocer un vínculo laboral
derivado de la prestación de servicios o la existencia de una situación constitutiva
de funcionaria de hecho y, en consecuencia, si hay lugar al reconocimiento de la
indemnización equivalente a salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
reclamados y, finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas..

22) Ahora, si bien en el recurso de apelación se mencionó la presunta calidad de
funcionario de hecho de la demandante en la prestación de sus servicios como
aseadora de la institución, lo cierto es que se sustenta en la existencia de una
relación laboral encubierta con el departamento bajo el cumplimiento de funciones
determinadas en el manual de funciones de dicho cargo. De allí que la Sala hará
mención de la figura del funcionario de hecho invocada, así como a la relación
laboral encubierta para resolver el caso.

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Marco normativo y jurisprudencial

23) Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

24) El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

25) Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.

26) Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando
la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

27) El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los
dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.

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• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse
sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no
lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en los
estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución
del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral.

28) Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

29) Ahora bien, el reconocimiento de la relación laboral encubierta conlleva
ciertas obligaciones, como lo son el reconocimiento de las prestaciones que el
contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales. Esta
Subsección ha venido insistiendo en que las prestaciones sociales a que hay lugar
son aquellas previstas en los Decreto 1042 y 1045 de 1978, ya que en aquellos se
establece el régimen prestacional aplicable a los empleados públicos; y acoge como
criterio para su reconocimiento y liquidación, el valor de los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios.

30) En materia laboral ordinaria, la carga de la prueba recae sobre el empleador,
quien debe demostrar que la prestación del servicio se llevó a cabo de una forma
deliberada y sin ningún tipo de sujeción más allá de una prestación de servicios que
no genera obligaciones prestacionales; por el contrario, cuando se presentan
relaciones que involucran servidores públicos o particulares con el Estado, estos
son los que deberán asumir la carga de demostrar que existió una relación laboral
encubierta dentro de la prestación de servicios y que se configuraron los elementos
propios de esta.

31) Si bien lo más utilizado por el Estado para desarrollar los objetos de las
diferentes entidades, es suscribir contratos de prestación de servicios con los
particulares, es necesario aclarar que, para establecer el posible encubrimiento de
una relación laboral, no es estrictamente necesario haberse suscrito un contrato de
manera escrita o con algún tipo de formalidad, porque lo que debe procurarse es la
demostración de los elementos de la relación de trabajo ya indicados.

32) La jurisprudencia Constitucional ha establecido los casos en los que se
configura una relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las
partes al contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 53 de la Constitución Política, el principio de primacía de la realidad

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sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe
aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el
Estado2.

De la relación laboral de hecho

33) Al respecto, esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones
de manera irregular debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple
no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja el
vínculo legal y reglamentario; en otras palabras, cuando no existe nombramiento o
elección según el tipo de cargo, ni tampoco posesión. También opera cuando tales
requisitos, pese a que existieron, ya no están vigentes3.

Resolución al caso concreto

34) Con las pruebas documentales es posible establecer que la demandante
residió en las instalaciones de la institución educativa Técnica de Promoción Social
del Sur-Sede Las Delicias del municipio de Villanueva desde el 01 de marzo de
1998.

35) Se tienen las declaraciones de la parte actora y de los señores Alba Luz
Lacouture Ospino, Jorge Luis Manziri Quintero y Yesica Paola Calero Contreras.

36) En su interrogatorio de parte, la demandante manifestó que llegó a la
institución educativa en 1998 por invitación del entonces rector, quien le solicitó que
se trasladara a vivir al establecimiento educativo y colaborara con el aseo y con las
necesidades que surgieran dentro del plantel.

37) Que nunca recibió salario, honorarios, prestaciones sociales o
contraprestación económica alguna por las actividades desarrolladas, que obtenía
ingresos mediante la venta de catálogos y posteriormente mediante la elaboración
y comercialización de arepas.

38) Igualmente manifestó que continúa residiendo en la institución educativa y
que actualmente sigue colaborando ocasionalmente con algunas labores de
limpieza o cuidado de estudiantes cuando ello resulta necesario.

39) La señora Alba Luz Lacouture Ospino, indicó que laboró como docente de
la institución educativa durante varios años, que la demandante colaboraba con el
aseo general del plantel y ocasionalmente con el cuidado de algunos estudiantes.

40) Que en oportunidades la institución le suministraba implementos de aseo
para realizar tales labores, que cuando existía personal encargado formalmente de
las actividades de aseo este era enviado o contratado desde la sede principal.

2 Corte Constitucional. Sentencia T-723 de 2016. M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
3 Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2016, radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-

14); ii) del 5 de mayo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017) y del 12 de junio de
2025, radicado 76001-23-33-000-2012-00249-01 (0963-2021)

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41) El señor Jorge Luis Manziri Quintero afirmó conocer a la demandante
desde hacía varios años y haberla observado realizando actividades de limpieza y
mantenimiento dentro de la institución educativa.

42) También manifestó haberla visto con las llaves del establecimiento y tener
conocimiento de que el rector fue quien la llevó a residir en el plantel. Que
desconocía las condiciones bajo las cuales la demandante ingresó a la institución
educativa.

43) Indicó no saber si alguna entidad pública la contrató para desempeñar
labores de aseo o vigilancia.

44) La señora Yesica Paola Calero Contreras manifestó conocer a la
demandante desde el año 2008 y haberla observado realizar labores de aseo,
jardinería y apertura del portón de ingreso al establecimiento educativo.

45) Que nunca tuvo conocimiento de contratación alguna por parte de una
entidad pública y que, según su percepción, la demandante realizaba dichas
actividades por iniciativa propia mientras residía en el colegio. Que la actora obtenía
ingresos mediante pequeñas actividades comerciales, tales como la venta de bolis,
dulces y posteriormente arepas.

46) Analizadas las declaraciones, la Sala puede establecer que la demandante
habitaba un espacio de propiedad del departamento de La Guajira, pero no se
encuentra demostrada ninguna forma de vinculación contractual o laboral con el
Estado; pues los supuestos servicios de aseo y vigilancia no se desprenden de
alguna orden o instrucción dada por la entidad, solo se puede determinar que esta
abría las puertas del colegio, pues su lugar de habitación se encontraba dentro de
este.

47) No se logran determinar las fechas en que se prestaron los servicios,
tampoco se logra tener claridad en cuanto a los extremos, ni el cumplimiento de un
horario, ni algún tipo de orden o instrucción dada para realizar sus actividades pues
los testimonios solo indican que la veían allí durante todo el día, todos los días, pero
ninguno tiene pleno conocimiento de que efectivamente le fuera impuesto un
horario, le dieran órdenes, solicitara permisos para ausentarse, etc.

48) Todos los testigos dan fe de la prestación del servicio de la demandante como
aseadora y vigilante de la institución educativa, pero sus afirmaciones no son lo
suficientemente claras, coherentes y precisas respecto al conocimiento de
instrucciones u órdenes del alcalde de la entidad demandada, y tampoco fueron
coincidentes a la hora de expresar el conocimiento de la remuneración percibida. Si
bien, aseveraron que recibía órdenes del rector o rectores de la época, las razones
de sus dichos no son claras para la Sala, pues no relataron circunstancias de tiempo
y modo en que ello ocurrió.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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49) Lo que hace concluir que su presencia en este sitio era precisamente por su
habitación. A su vez, se advierte que todos los testigos, lejos de esclarecer las
circunstancias que dieron lugar a la presunta existencia del elemento de
subordinación, se limitaron a realizar una narración de las situaciones que
percibieron como de prestación de servicios, pero ninguno tiene certeza de la
situación personal de esta.

50) Obsérvese que, en ningún momento, se afirmó que alguien hubiese influido
en la forma en que desarrollaba sus supuestas actividades, no se indican al menos
las circunstancias de tiempo y modo en que aquellas se le otorgaban, en tal sentido,
no se demostró que la demandada hubiera ejercido una imposición decisiva sobre
la manera en la que debía desarrollar alguna actividad.

51) Frente a la remuneración, se tiene que ni los testigos ni la parte, indicaron
que le hubiera sido cancelado algún rubro por sus actividades, por el contrario, se
indica que nadie le pagaba nada.

52) Por lo tanto, la Sala no encuentra en el expediente medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan concluir en primer lugar y como elemento más
importante, la prestación personal del servicio; como segundo elemento, no se
encuentra que la actora recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía
desarrollar alguna actividad ni mucho menos que estas eran relativas a las
funciones de celador o aseador y como tercer elemento, no se prueba una
remuneración como retribución a su supuesta prestación4.

53) Por último, frente a la figura de funcionario de hecho desarrollada en la
primera instancia, de la valoración integral del material probatorio la Sala concluye
que lo demostrado en el expediente no es la existencia de un empleo público
ejercido irregularmente, sino una situación de tolerancia institucional derivada de la
autorización para ocupar una vivienda ubicada dentro del establecimiento
educativo.

54) En efecto, las pruebas permiten establecer que la demandante y su núcleo
familiar habitaron durante varios años una dependencia del plantel educativo y que,
como consecuencia de dicha permanencia, desarrollaron actividades de
colaboración relacionadas con la conservación y cuidado de las instalaciones. No
obstante, la tolerancia de esa situación por parte de las directivas del
establecimiento educativo no transforma automáticamente dichas actividades en
una relación legal y reglamentaria ni configura por sí misma la figura excepcional
del funcionario de hecho.

55) Aceptar la tesis propuesta por la demandante implicaría extender dicha
institución más allá de los límites fijados por la jurisprudencia, desconociendo que
su aplicación exige la demostración estricta de los presupuestos que la estructuran.

4 A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso de similares premisas fácticas: SALA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE:
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ 17001-2333-000-2017-00037-01 (0046-2021).

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56) Por consiguiente, al no acreditarse la existencia del empleo, ni el ejercicio de
funciones públicas bajo la apariencia de una vinculación regular, ni la configuración
de los demás elementos exigidos por la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala
concluye que no hay lugar al reconocimiento de la condición de funcionaria de hecho
reclamada por la actora.

En consecuencia, la sentencia apelada debe confirmarse.

De la condena en costas

57) La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

58) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

59) En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

60) En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la
parte demandante, por cuanto no salieron avante los argumentos de su recurso de
apelación, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de La
Guajira.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 44001-23-40-000-2017-00011-01 (4995-2024)

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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