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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2018-00144-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2018-00144-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda radicada por la señora Marily Molina Rumbo contra el departamento de la Guajira y la administración temporal para el sector educativo en el departamento de la Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, por lo dicho en la motivación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 44001-23-40-000-2018-00144-01 (0722-2024) Demandante: Marily Molina Rumbo SEGUNDO: COSTAS a cargo de la demandante en segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2018-00144-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de abril de 2026

Radicado: 44001-23-40-000-2018-00144-01 (0722-2024)
Demandante: Marily Molina Rumbo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2018-00144-01 (0722-2024)
Demandante: Marily Molina Rumbo
Demandado: Departamento de la Guajira-Administración temporal para el
sector educativo en el departamento de la Guajira, el Distrito
de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia

Tema: Funcionario de hecho/Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
8 de febrero de 2022, proferida el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo expedido el 8 de mayo de
2018 por la profesional especializada del área administrativa y financiera de la
Secretaría de Educación del departamento de la Guajira que negó el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales desde el 1° de
mayo de 1998 hasta «la fecha del fallo de segunda instancia», tiempo en el que
laboró como aseadora, celadora y servicios generales de la Institución Educativa
«el tablazo» del municipio de San Juan del Cesar.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Demandante: Marily Molina Rumbo

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una
indemnización por concepto de salarios, primas, vacaciones, cesantías, intereses
a las cesantías, cuotas de seguridad social, indemnización moratoria y demás
acreencias laborales a que tenga derecho, de igual manera, instó a que se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley
1437 de 2011.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora Marily Molina Rumbo afirmó que se vinculó por orden del rector
como aseadora, portera y servicios generales en la institución educativa «el
tablazo», ubicada en la zona rural del municipio de San Juan del Cesar, desde el
1° de mayo de 1998.

5.Que ha prestado el servicio de forma personal, permanente e ininterrumpida y
como contraprestación por sus labores le fue suministrada una vivienda para que
habitara junto a su núcleo familiar.

6. Que desde su vinculación irregular ha recibido órdenes e instrucciones por
parte de los diversos rectores, las cuales debía acatar como cualquier funcionario
público, situación que fue conocida por el ordenador del gasto (departamento de
la Guajira).

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

7.Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 2°, 6°, 25 y 53 de la Constitución Política de
1991; 8° del Decreto 3135 de 1968; 52 del Decreto 1045 de 1978; Decretos 2733
de 1959 y 2351 de 1965 y la Ley 50 de 1990.

8. En el concepto de violación señaló que el principio de la realidad sobre las
formalidades establecidas en los sujetos de la relación laboral reconoce un
mínimo vital móvil, proporcional a la calidad y cantidad del trabajo, así como, la
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales,
por lo tanto, la decisión de la administración adolece del vicio de falsa motivación
toda vez que el ente territorial determinó que no se adeuda ningún tipo de dinero
por concepto laboral, así la vinculación hubiere sido irregular, en ese sentido, le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales
por el tiempo en el que ha prestado sus servicios en la institución educativos, los
cuales son de carácter irrenunciable.

1.4. Contestación de la demanda

9. El departamento de la Guajira mediante apoderado se opuso a las
pretensiones invocadas y como consecuencia de ello, argumentó que existe

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prohibición expresa del Decreto 1222 de 1986 de vincular funcionarios a la
administración departamental en la forma pretendida, así mismo, indicó que la
señora Marily Molina Rumbo no fue contratada por la entidad para desarrollar
labores como aseadora, portera y servicios generales.

10. Formuló como excepciones las siguientes: i) inexistencia de las obligaciones

demandadas; ii) cobro de lo no debido y iii) inexistencia de la solidaridad
pretendida.

11. La administración temporal para el sector educativo en el departamento

de la Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia
manifestó que la responsabilidad derivada del litigio, únicamente le corresponde
a la entidad territorial, ya que, los hechos descritos en el medio de control
ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la medida correctiva que creó la
administración temporal del sector educativo en el departamento de La Guajira,
por ello, no ostentan legitimación en la causa por pasiva.

1.5. Sentencia de primera instancia

12. El 8 de febrero de 2022, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda,

explicando en primer lugar que el centro educativo «el tablazo» fue creado en el
año 2002; en la planta de personal de la gobernación de La Guajira existe el
cargo de aseadora desde el año 1990, mientras que, el cargo de celador existió
desde el año 1990 hasta 1999 cuando fue suprimido; para 1998 en la planta de
cargos de la Secretaría de Educación de la entidad territorial existía el cargo de
celador y auxiliar de servicios generales adscritos a los establecimientos
educativos de la Guajira y que en los históricos de la Gobernación de La Guajira
no reposa información que indique que la demandante prestó sus servicios como
aseadora, celadora o auxiliar de servicios generales en ninguna institución ni
dependencia de la entidad.

13. De esa manera, señaló que no se acreditó la existencia del cargo de aseador

o celador en el plantel educativo, solamente se demostró que en la planta global
de personal de la gobernación existe el cargo de aseador, mientras que el de
celador existió tan sólo desde 1990 hasta 1999 y que en la Secretaría de
Educación se cuenta con el cargo de auxiliar de servicios generales, de ahí que,
no hay certeza sobre la existencia del cargo de aseadora y/o celadora en la
institución educativa.

14. Señaló que las declaraciones rendidas no establecieron las condiciones de

modo, tiempo y lugar en las que la demandante desempeñó sus actividades.

15. Determinó que no se demostró que el departamento de la Guajira tuviera
conocimiento de las labores desempeñadas por la demandante, ni mucho menos

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en que consistían éstas, tampoco se observó que recibiera órdenes de los
funcionarios de la institución educativa.

16. Finalmente, explicó que el material probatorio era insuficiente para demostrar

los elementos de la relación laboral, tales como, la prestación personal del
servicio, remuneración y subordinación.

1.6. Recurso de apelación

17. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

18. Se configuró la figura del funcionario de hecho por un término superior a 20

años, lo cual se puede advertir, de analizarse en su conjunto todas las pruebas
allegadas al proceso.

19. Todos los testimonios aportados al proceso dan cuenta que conocieron a la

interesada como celadora, portera y aseadora de la institución educativa «el
Tablazo».

20. El ente territorial no justificó la estadía de la demandante por el término de 20

años en la institución, ni desmintió que fuera la encargada del aseo, portería,
vigilancia y del manejo de las llaves del centro educativo, dichos servicios exigen
la presencia permanente, atendiendo y obedeciendo órdenes de los superiores a
quienes les correspondía determinar cómo ejecutar las labores, el horario y la
dependencia en la prestación de los servicios.

21. No existe duda que la demandante no se vinculó de manera regular a la
administración, es decir, a través de un acto legal y reglamentario o mediante
contrato de prestación de servicios; además la entidad debía cubrir los gastos de
celador, aseador y portero en los colegios que hacían parte del orden
departamental, razón por la que permitió o vinculó personal que cumplieran
provisionalmente estas labores a cambio de vivienda, esto pese a que la ley
prohíbe que el pago en especie supere el 25% de lo devengado.

22. Elcargo de celador y aseador sí existían en la planta de personal del
departamento para el momento de los hechos y las entidades omitieron su deber
de realizar el respectivo nombramiento, por lo que tiene derecho a que se le
pague una indemnización equivalente a lo que debió percibir por concepto de
salarios y demás prestaciones sociales correspondientes a 20 años.

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1.7 Trámite de segunda instancia

23. El 4 de marzo de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,

de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el negocio regresaría al
despacho para fallo2.

Finalmente, no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, por
lo que procede la Sala a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

25. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código

General del Proceso4, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, la demandante es apelante único, el análisis se encuentra limitado a
los reparos concretos formulados en el recurso.

2.2. Problema jurídico

26. Si bien en el recurso de apelación se mencionó la calidad de funcionario de

hecho de la demandante en la prestación de sus servicios como aseadora de la
institución educativa «el tablazo» del municipio de San Juan del Cesar en el
período comprendido entre el 1° de mayo de 1998 y la fecha de presentación de
la demanda, lo cierto es que se sustenta en la existencia de una relación laboral
encubierta con el departamento de la Guajira.

27. De allí que la Sala mencionará la figura del funcionario de hecho invocada en

el recurso de apelación, así como la relación laboral encubierta para resolver el
caso. Razón por la cual, corresponderá determinar si entre las partes existió o no
una relación laboral encubierta, de ser así, si deben reconocerse las prestaciones
sociales de ley, si hubo o no interrupción en la prestación del servicio; y si se
presentó o no la prescripción de estas.

2 Conforme al informe secretarial visto en el índice 10 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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2.3. De la relación laboral de hecho

28. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado5 que esta forma anormal

de vinculación con el Estado puede estructurarse en dos momentos a saber:

29. a) En los períodos de normalidad institucional pueden surgir funcionarios de

hecho. Se da esta situación cuando media título que habilita para el ejercicio de
la función pública, pero por causas anteriores o supervinientes resulta inválido o
deja de surtir efectos. Esto ocurre en hipótesis muy variadas: designación de una
persona que no reunía las condiciones legales exigidas, por lo cual más tarde es
revocada; funcionario que posteriormente a su designación se inhabilita para el
ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa ejerciéndolo, o que permanece
en funciones luego de vencido el término de su mandato, etc.

30. b) En épocas de anormalidad institucional, producida por guerras,
revoluciones, grandes calamidades, etc., el panorama es distinto.

31. En tales casos es frecuente que asuman el ejercicio de funciones públicas

quienes no tienen título legal alguno. A veces son personas de buena voluntad
que, frente a la desaparición de las autoridades constituidas, toman a su cargo
ciertas funciones públicas.

32. En este orden, los requisitos esenciales para que se configure el funcionario

de hecho en los períodos de normalidad institucional son: a) que exista de jure el
cargo6; b) la función sea ejercida irregularmente; c) que el cargo se ejerza en la
misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada
regularmente7 y d) también puede darse cuando el empleado ejerce funciones
públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e
impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio irregular de una
investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pero que, en todo
caso debe ser objeto de protección en aplicación del principio constitucional de
la prevalencia de la realidad frente a las formas.

33. Al respecto, esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones de

manera irregular debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple

5 Sentencia del 15 de mayo de 2013. CP Gerardo Arenas Monsalve. Número interno 1363-2012.
Demandante: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez. Demandado: Metrosalud E.S.E
6 En sentencia del 29 de septiembre de 2022, dentro del radicado 23001 23 33 000 2015 00240 01 (1932-

2020), esta subsección sostuvo lo siguiente: «Con todo, y en gracia de la discusión, debe recordarse que si
bien la jurisprudencia de esta Corporación ha exigido prueba de la existencia del cargo a efectos de
reconocer una situación de funcionario de hecho, lo cierto es que para garantizar la vigencia del derecho al
trabajo, debe considerarse que este no es un requisito rígido ni absoluto, de suerte que no es indispensable
su demostración cuando lo que se advierte es que la entidad ha tolerado que el trabajador desarrolle
actividades propias de la administración sin la existencia del empleo en su planta de personal, lo cual, como
se ha expuesto a lo largo de esta decisión, quedó acreditado».
7 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A", consejero Ponente: Alberto Arango Mantilla,

sentencia de 15 de marzo de 2007, Exp. No: 25000-23-25-000-1996-41885-01 (6267-05).

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no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja el
vínculo legal y reglamentario; en otras palabras, cuando no existe nombramiento
o elección según el tipo de cargo, ni tampoco posesión. También opera cuando
tales requisitos, pese a que existieron, ya no están vigentes8.

2.4. De la relación laboral encubierta

34. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

35. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

36. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección

Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

37. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera

personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos

8 Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2016, radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-

14); ii) del 5 de mayo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017).
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de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.5. Análisis de la Sala frente al problema jurídico

38. En el sub lite la señora Marily Molina Rumbo manifestó que se desempeñó

como funcionaria de hecho por el desarrollo de las labores de celadora, aseadora
y servicios generales de la institución educativa «el Tablazo» del municipio de
San Juan del Cesar, desde el 1° de mayo de 1998 hasta el mes de junio de 2016.

39. Estolo sustentó al señalar que: i) no se vinculó de manera regular a la
administración, a través de un acto legal y reglamentario o por medio de contrato
de prestación de servicios; ii) la administración departamental permitió que
cumpliera provisionalmente las labores a cambio de vivienda, pese a que la ley
prohíbe que el pago en especie supere el 25% de lo devengado; iii) el cargo de
celadora y aseadora sí existía en la planta de personal del departamento para el
momento de los hechos y la entidad territorial omitió su deber de realizar el
respectivo nombramiento. Para resolver la controversia, se indica lo siguiente.

40. Con el Decreto 245 de 5 de noviembre de 20029 «por medio del cual se
organizan nuevos centros educativos en el municipio de San Juan del Cesar y se
dictan otras disposiciones», expedido por el gobernador del departamento de la
Guajira y el secretario de educación de la entidad territorial, se ordenó la
conformación y organización del centro educativo «el tablazo». En dicho acto se
dijo lo siguiente:

«El gobernador de del Departamento de la Guajira, en uso de sus facultades legales y las
conferidas por la ley 715 de 2001 y la ordenanza número 064 del 2002.

CONSIDERADO

Que el Artículo número 9 de la ley 715 de 2001, define la Institución educativa como “un
conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya
finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica
como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán
Centros Educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de
educación básica completa a los estudiantes”.

Que la honorable asamblea del Departamento de la Guajira, mediante ordenanza número 064
del 2002 faculta al señor gobernador para organizar los establecimientos educativos oficiales
del Departamento en Instituciones y Centros Educativos.

Que el municipio de San Juan del Cesar, presentó una propuesta de conformación de sus
Instituciones y Centros Educativos, la cual se ajusta a los requerimientos de ley la cual hace
parte integral del presente acto administrativo.

[…]

Que se hace necesario otorgar a los nuevos Centros Educativos su correspondiente Licencia
de Funcionamiento.

Que en virtud de lo anterior.

9 Documento visible en los folios 114 y 115 del expediente disponible en el índice 2 del expediente digital

que se encuentra en SAMAI.
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DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Conformar y organizar los establecimientos educativos de la zona rural
del municipio de San Juan del Cesar en Centros Educativos, los cuales ofrecerán los niveles
de preescolar y básica primaria, según se indica en el siguiente cuadro:

CENTROS EDUCATIVOS ESCUELAS QUE LO CONFORMAN

Escuela rural mixta los tunales
Escuela rural mixta boca del
CENTRO EDUCATIVO CAÑAVERALES
monte
Escuela rural mixta Podorito

Escuela rural mixta Veracruz
CENTRO EDUCATIVO LOS HATICOS Escuela rural mixta de lagunita
Escuela rural mixta de Guamachal

Escuela rural mixta villa del río
CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE
Escuela rural mixta Guayacanal
PIEDRA
Escuela rural mixta el Arhuaco

Escuela rural mixta de
CENTRO EDUCATIVO CARACOLI
Tembladera

Escuela rural el Carney
Escuela rural loma del potrero
Escuela rural el Machín
CENTRO ETNOEDUCATIVO LA PEÑA
Escuela rural de Ulago
DE LOS INDIOS
Escuela rural el río barcino
Escuela rural el potrerito
Escuela rural Sabana Grande

Escuela rural de Piñoncito
Escuela rural sabana Joaquina
CENTRO ETNOEDUCATIVO LA
Escuela rural el Marocazo
LAGUNA
Escuela rural el Pital
Escuela rural el Guamaca
Escuela rural de los Pondores
CENTRO EDUCATIVO LOS PONDORES
Escuela rural de Zambrano
Escuela rural de Corraleja
CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO Escuela rural de los Pozos
Escuela rural de Paloquemao

[…]

ARTICULO QUINTO: Concédase Licencia de Funcionamiento a los Centros Educativos
conformados y organizados mediante el presente acto administrativo.

[…]» (Sic).

41. El 16 de octubre de 2018 se radicó ante el gobernador de la Guajira solicitud

del listado de cargos de la planta de personal de esa entidad para el mes de mayo
de 1998 con la asignación mensual, así como, certificación de los nombres de las
personas que han laborado en el cargo de aseadora, portera o servicios
generales de la institución educativa «el tablazo» del municipio de San Juan del
Cesar a partir de mayo de 1998 y hasta el mes de julio de 2018, junto a la
certificación del valor del salario de un funcionario de servicios generales de esa
entidad. No se obtuvo respuesta de la anterior petición.

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42. A través de certificación expedida el 27 de agosto de 2019 por la profesional

especializada 222-06 del Área Administrativa y Financiera de la Secretaría de
Educación del Departamento de La Guajira, se certificó que «revisados los
archivos de historias laborales, nóminas y demás documentos que reposan en
esta dependencia, no se encontró evidencia alguna autorizada por el nominador
de esta secretaría que demuestre prestación de servicios en el sector de
educación correspondiente a la señora Marily Molina Rumbo […]»10.

43. Mediante el Oficio DATH 055 de 12 de febrero de 2020, signado por el director

de talento humano de la entidad territorial demandada se certificó que «para el
año 1990 existía en la planta de personal del departamento de la Guajira el cargo
de auxiliar de servicios generales, y se encuentra vigente a la fecha bajo la
siguiente denominación: auxiliar de servicios generales código 470 grado 05» y
en lo referente al cargo de celador señaló que «para el año 1990 existía en la
planta global del Departamento de la Guajira el cargo de celador, empero, este
fue suprimido en la restructuración del año 1999, por lo tanto, en la actualidad ya
no se encuentra vigente en nuestra planta»11.

44. A través del Oficio DATH 077 de 21 de febrero de 2020, firmado por el director

de talento humano de la entidad territorial demandada se certificó que «el cargo
de auxiliar de servicios generales código 407 grado 04 del departamento de la
Guajira tiene una asignación básica salarial de un millón ciento veintisiete mil
setenta y cuatro pesos M/L ($1.127.074.00, de conformidad con lo establecido en
el Decreto 103 de fecha 17 de junio de 2019» (Sic)12.

45. Por medio de certificado de 21 de febrero de 2020, expedido por la oficina de

recursos humanos y de planta de la Secretaría de Educación del departamento
de la Guajira se precisó que «una vez revisada la información que se encuentra
en los archivos físicos de la Secretaría de Educación departamental, se evidencia
que para la vigencia 1998, en la planta de cargos, se encuentran los cargos de
celadores y auxiliar de servicios generales adscritos a los establecimientos
educativos del Departamento de la Guajira»13.

46. Con certificado de 26 de febrero de 2020, emanado de la profesional
especializada 222-06 del Área administrativa y financiera de la Secretaría de
Educación del departamento de La Guajira se aseveró que «no existe en los
archivos de esta Secretaría contrato, nombramiento, acta de posesión, acto de
traslado permuta, autorización de prestación de servicios, acta de entrega
producto de administración de la educación u otro documento que evidencie

10 Documento visible en el folio 51 del expediente disponible en el índice 2 del expediente digital que se

encuentra en SAMAI.
11 Documento visible en el folio 93 del expediente disponible en el índice 2 del expediente digital que se

encuentra en SAMAI.
12 Documento visible en el folio 112, ídem.
13 Documento visible en el folio 113, ídem.

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vínculo laboral de aseador, celador y servicios generales en el centro educativo
el Tablazo, ubicado en el municipio de San Juan del Cesar» (Sic)14.

47. A efectos de verificar la existencia del cargo se realizarán las precisiones que

a continuación se señalan.

48. Laaccionante sostuvo que ejerció las funciones de aseadora, portera y
celadora de la institución educativa «el Tablazo» del municipio de San Juan del
Cesar, con la anuencia de la rectora y los directivos del colegio desde el 1.° de
mayo de 1998.

49. Sobre el particular, en la declaración de parte rendida por la demandante se

tiene que ella afirmó que inició a laborar desde 1998 y permaneció 18 años en la
institución educativa15, época en la que ejecutó tareas de manipulación de
alimentos en la cocina, luego como aseadora y también tenía a cargo las llaves
de la puerta de ingreso a la entidad16.

50. Adicionalmente, la agente del Ministerio Público le solicitó que aclarara
«¿cuándo usted indica inicialmente empezó prestando servicios en la cocina y
después de aseo, o sea por qué no explica con detalle esas labores?», la
demandante contestó «a mí me busco la seño Carmen Ailina para que trabajara
en el colegio, ella me dijo que comenzara por el restaurante ayudando a la
manipuladora que estaba ahí, porque era una sola, que ayudara a la
manipuladora, y yo comencé ayudándola».

51. Igualmente, le pidió que aclarara «¿la buscan para prestar qué servicio?», la

accionante dijo «para que yo me dé cuenta que era lo que pasaba en el colegio,
sentían algún movimiento y como yo tenía las llaves yo tenía que ir a abrir para
ver qué era lo que pasaba». De esa manera le preguntó si «¿cómo vigilante,
como portera o como cuidadora?», precisando que «ahí no había vigilante, no
había nada, yo tenía que responder por cualquier cosa en el colegio, ahí no había
vigilante». Además, la interrogó en el sentido de detallar «¿qué servicios le
ofrecía usted al colegio en general?», aseverando la actora que «yo hacía aseo,
trabajaba en la cocina como manipuladora, a mí me buscaban, si iban a recoger
alguna firma al pueblo, yo salía a recoger la firma, si algún maestro no iba, Mari
atiéndalos ahí mientras llega el profesor, todo eso hacia yo».

14 Documento visible en el folio 116, ídem.
15 Sobre la fecha de retiro, el apoderado de la demandante le preguntó «¿hasta qué año estuvo usted en

esa institución educativa?», señalando la demandante que «en el 2016, salí».
16 El apoderado de la parte demandante realizó las siguientes preguntas: «¿usted conoce la institución

educativa denominada el tablazo? CONTESTÓ: «Centro educativo el Tablazo, sí señor, si lo conozco»
PREGUNTADO: «¿Por qué lo conoce? hágame un recuento» CONTESTÓ: «Pues porque yo trabajé 18
años en ella, yo fui aseadora, fui celadora, trabajé en la cocina, tuve las llaves del colegio, en todos esos 18
años yo mantuve las llaves del colegio y yo respondía por todo en el colegio».
De otro lado, en respuesta posterior cuando estaba mencionando las sumas de dinero que recibía por la
prestación del servicio sostuvo que «primero yo entré a la cocina, después hacia el aseo».
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52. Así mismo, en el testimonio dado por la señora Yaraima Vega Mejía especificó

que la demandante inició a laborar a partir del mes de mayo de 1998 y hasta junio
de 2016, desempeñó actividades de aseo, manipuladora de alimentos,
colaboraba en la toma de fotocopias, le pedían favores de dirigirse al municipio
de San Juan, tenía conocimiento de las actividades que se realizaban en el
colegio y principalmente era la encargada del manejo del mazo de llaves del
plantel educativo17.

53. De la misma manera, el declarante Gustavo Mendoza Manjarrez indicó que la

demandante comenzó a prestar los servicios en la entidad desde la anualidad de
199818 recibía a los niños en la puerta de ingreso a la institución, y los conducía
a las aulas de clase, cocinaba, manejaba las llaves del plantel19; el testigo
también aseveró que cuando la rectora de la institución «no estaba, ella hacia la
labor de ella, le matriculaba los niños y hacia lo que le pertenecía de hacer, su
trabajo» (sic en la cita), motivo por el que la agente del Ministerio Público le
preguntó «¿o sea que hacía las veces de secretaria también?», asintiendo el
declarante20, además le formuló dos preguntas adicionales: «¿Qué otras labores
realizaban la señora Marily?», mencionando que «ella hacía su oficio, su aseo,
planchar, cocinar, todo eso lo hacía ella», y «¿qué planchaba?» contestando que
«ella hacía de todo, planchar, hacer oficio y barrer».

54. Teniendo en cuenta lo anterior, la demandante y los testigos fueron
coincidentes en afirmar que realizaba actividades de manipulación de alimentos,
aseo del plantel educativo y de forma principal de control de acceso a las
instalaciones por ser la encargada de las llaves de la puerta de ingreso a la
institución.

55. Por ello, las actividades ejecutadas se asimilarán al cargo de auxiliar de
servicios generales que según lo dicho por la actora y la declarante Yaraima
Cristina Vega, desempeñó desde mayo de 199821 hasta junio de 201622.

56. Noobstante, frente a las supuestas labores como portera únicamente se
puede determinar que la accionante abría las puertas del plantel educativo, sin

17
Sobre el punto, el apoderado de la actora le preguntó «¿A qué se dedicaba la señora Marily?», especificando la
deponente que «ella se dedicaba al aseo, era manipuladora, era celadora, sacaba fotocopia, la directora le pedía el favor
a veces que fuera a hacer cualquier vuelta a San Juan y ella iba, ella era la que manejaba las llaves del colegio, de la
institución, ella era la que cargaba el mazo de llaves, ella era la que sabía que se iba a hacer y que no se iba a hacer en
el colegio».
Además, en respuesta posterior afirmó que «ella manejaba todo lo del colegio, principalmente el manejo de llave»
18
Al respecto, el testigo señaló que «ella se dedicaba a su trabajo en el colegio, a atender a los niños, a hacer de todo
porque ella ahí era la que hacía de todo, yo de allá desde la casa, como ellos son vecinos míos, yo iba a llevarle los niños
y cuando ella no estaba, yo la iba a buscar porque ella tenía las llaves para abrir y recibir los niños»
19
En efecto, el deponente mencionó que «bueno ella hay era para matricular niños, para hacer aseo, para cocinar, de
todo».
20
En específico, señaló el declarante que «claro».
21
Al respecto, el apoderado del sujeto procesal le preguntó «¿recuerda usted el año en que entró en ese centro educativo
a laborar?», contestando que «yo entré en el año 1998». Correlativamente la interrogó en el sentido de puntualizar
«¿hasta qué año estuvo usted en esa institución educativa?», mencionado que «en el 2016, salí».
22
Sobre el punto, la deponente Yaraima Cristina Vega expresó que la demandante «trabajó en la institución educativa el
tablazo, entró en el año 98 en mayo, no recuerdo el día y salió en junio del 2016».

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que sea dable predicar que ello correspondía a las funciones atinentes a
celaduría de inmuebles.

57. Así pues, es pertinente hacer hincapié en que conforme al Decreto 245 de 5

de noviembre de 2002 expedido por el gobernador y el secretario de educación
departamental, se ordenó la conformación y organización del centro educativo
«el Tablazo», conformado por las siguientes escuelas rurales: i) Corraleja; ii) los
Pozos y iii) Paloquemao, por lo tanto, le otorgó licencia de funcionamiento. Se
resalta que, según los considerandos segundo y tercero del precitado acto
administrativo, la asamblea departamental facultó al gobernador para organizar
los establecimientos educativos del departamento de la Guajira en instituciones
y centros educativos, de igual manera, el municipio de San Juan del Cesar fue la
entidad territorial que presentó la propuesta de conformación de sus instituciones
y centros educativos.

58. Nótese que, en la declaración de parte rendida por la demandante, el
apoderado le preguntó «¿usted conoce la institución educativa denominada el
Tablazo?», contestando que «centro educativo el Tablazo, sí señor, si lo
conozco. Así mismo, le preguntó «¿por qué lo conoce?», señalando que «pues
porque yo trabajé 18 años en ella».

59. A su vez, la declarante Yaraima Cristina Vega Mejía explicó que la interesada

«hasta dónde sé, porque yo nací en el pueblo, ella trabajó en la institución
educativa el Tablazo, entró en el año 98 en mayo, no recuerdo el día y salió en
junio del 2016».

60. Igualmente, el apoderado de la demandante le preguntó al testigo Gustavo

Mendoza Manjarrez «¿cómo se llama ese colegio?», mencionando que «centro
educativo del Tablazo», pidiéndole que puntualizara «¿desde qué fecha está la
señora Marily ahí en ese centro educativo?», señalando el deponente que «por
ahí como en el 98, que comenzó a trabajar desde el 98».

61. En consecuencia, si bien es cierto al centro educativo «el Tablazo» se le otorgó

licencia de funcionamiento hasta el año 2002, también lo es que previamente
funcionaba como un establecimiento educativo tal como se detalló en la
declaración de parte y los testimonios que acreditan que se encontraba
funcionando inclusive en la anualidad de 1998, de ahí que, cuando se facultó al
gobernador para organizar los establecimientos educativos, se infiere que para
ese entonces ya existían las instituciones educativas objeto del proceso de
organización.

62. En el expediente no reposan otros documentos en los que se vislumbre si la

naturaleza cambió o el municipio de San Juan del Cesar fue certificado en la
prestación del servicio de educación, en consecuencia, el centro educativo «el

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Tablazo» ostentó la naturaleza de plantel educativo del orden departamental en
el periodo de 1998 a 201823.

63. Así las cosas, el aludido colegio se rige por las previsiones del departamento,

ya que, el municipio de San Juan del Cesar no está certificado en educación. En
ese orden de ideas, los requerimientos de personal del centro educativo «el
Tablazo», debían ser atendidos por el departamento de la Guajira.

64. A efectos de establecer la existencia del cargo de auxiliar de servicios
generales y de celador, conforme a la certificación expedida el 12 de febrero de
2020 por el director de talento humano de la entidad territorial, el cargo existe
desde el año 1990 y se encuentra vigente bajo la denominación de auxiliar de
servicios general código 470 grado 05, no obstante, el cargo de celador estuvo
vigente en la anualidad de 1990 a 1999. Sobre el particular:

«DATH No. 055

EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CERTIFICA

Que para el año 1990 existía en la planta global del Departamento de la Guajira,
el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, y se encuentra vigente a la
fecha bajo la siguiente denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERAL
Código 470 grado 05.

En relación al cargo de CELADOR me permito certificar que para el año 1990
existía en la planta global del Departamento de la Guajira, el cargo de CELADOR,
empero, este fue suprimido en la restructuración del año 1999 por lo tanto en la
actualidad ya no se encuentra vigente en nuestra planta.

La presente certificación se expide a los 12 días del mes de febrero del 2020, a
solicitud del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira.

JHON BLEINER MUÑOZ RODRÍGUEZ
Director Administrativo de talento Humano»

65. Ahora bien, la certificación de 21 de febrero de 2020, signada por la
administración temporal de la competencia de la prestación del servicio de
educación en el Departamento de la Guajira, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia, estableció que, en el año 1998, en la planta de
cargos se contaba con los cargos de celadores y auxiliar de servicios generales,
adscritos a los establecimientos educativos de la entidad territorial, así:

«LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA, EL DISTRITO DE RIOHACHA Y LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y
URIBIA

23 16 de octubre de 2018 cuando fue presentada la demanda.

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LOS SUSCRITOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE RECURSOS
HUMANOS Y DE PLANTA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

CERTIFICAN,

Que una vez revisada la información que se encuentra registrada en los archivos
físicos de nómina de la Secretaría de Educación Departamental, se evidencia que
para la vigencia 1998, en la planta de cargos, se encuentran los cargos de
celadores y auxiliar de servicio generales adscritos a los establecimientos
educativos del Departamento de la Guajira.
Se expide a solicitud del interesado a los veintiún (21) días del mes de febrero de
2020.

SAMUEL JOSE DAZA LOPESIERRA JUAN ZAMBRANO CORTES».

66. Se destaca que, para la Sala el material probatorio referenciado de cara a la

condición de funcionario de hecho de la demandante no se encuentra acreditado.
Ello porque no se probó la existencia del cargo de auxiliar de servicios generales
en la institución educativa «el tablazo» del municipio de San Juan del Cesar.

67. En efecto, la certificación signada el 12 de febrero de 2020 por el director de

talento humano de la entidad territorial, detalló que el cargo de auxiliar de
servicios generales código 470 grado 05 está vigente desde la anualidad de 1990.
A pesar de esto, no es posible predicar que dicho cargo pertenece a los planteles
educativos de la entidad territorial porque el certificado hace referencia de forma
general a la planta global del departamento, de otro lado, respecto al cargo de
celador, la dependencia señaló que únicamente integró a la planta de personal
entre los años 1990 y 1999.

68. Ahora bien, conforme a la certificación con fecha del 21 de febrero de 2020

suscrita por la Secretaría de Educación departamental, en el año 1998 existían
los cargos de celador y de auxiliar de servicios generales en los establecimientos
educativos del departamento de la Guajira, sin embargo, el documento no
certificó que la existencia del cargo de auxiliar de servicios generales perdurara
hasta la anualidad de 2016.

69. De esta manera, como lo ha indicado la Subsección al resolver asuntos
similares24 no se cuenta con elementos probatorios que permitan inferir que
dentro de la planta de personal de las entidades demandadas desde el 1° de
mayo de 1998 a la fecha de presentación de la demanda existiera el cargo de
auxiliar de servicios generales y de celadora, que afirma la interesada ocupó en
la institución «el Tablazo» del municipio de San Juan del Cesar.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 7 de abril de 2022, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación 44001-23-40-000-2017-
00015-01 (6465-2019).

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70. En cuanto al cumplimiento de los requisitos de la relación laboral encubierta,

por haberse permitido la prestación del servicio como auxiliar de servicios
generales, como lo sostiene la demandante, para la Sala tampoco se encuentran
probados como pasa a indicarse.

71. En la demanda se afirmó que desde el 1° de mayo de 1998 por órdenes de la

rectora del plantel educativo mencionado, la actora desempeñó el cargo de
auxiliar de servicios generales y que como contraprestación le fue suministrada
una vivienda para que habitara junto a su núcleo familiar, sin contar con otro tipo
de pago como retribución del servicio.

72. Sobre el particular, en la declaración de parte la demandante expresó que
inició a laborar porque la buscó la señora Carmen Ailina Gámez que era la rectora
del plantel educativo25, el colegio adquirió una casa y si deseaba vivir ahí tenía
que responder por cualquier situación que sucediera en la institución 26, agregó
que en la casa convivió con su compañero permanente, señor José Guillermo
Granadillo y sus hijos27.

73. Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público preguntó si por parte

del plantel educativo «¿le ofrecieron una pieza de habitación que contenía sus
baños su cocina o todo?», mencionando la accionante que «esa era una casa de
barro que solamente que, como una llama sala y un baño, la sala y el aposento
que decía uno, dos cuarticos, pero no tenía cocina o baño, nada de eso», además
le solicitó que manifestara «¿cómo dice usted que se llamaba la rectora que la
vinculó a la institución educativa o la llevó a la institución educativa?», señalando
la interesada que «Carmen Ailina Gámez».

74. A su vez, la magistrada sustanciadora le formuló la siguiente pregunta, «¿y la

casa quedaba afuera del colegio?», reconociendo la demandante que «era ahí
vecina, pero estaba cercada, tenía cerca de madera».

75. Por otra parte, la representante del Ministerio Público le preguntó a la
deponente Yaraima Cristina Vega Mejía si «¿tiene conocimiento como fue su
vinculación al centro educativo el Tablazo?», relatando la declarante que «la
señora directora le habló y ella aceptó y así consiguió el trabajo». De esa manera,
la interrogó así, «¿le habló de qué?», expresando que «le propuso para que ella
trabajara con ella, en el colegio» y le preguntó si «¿conoce los términos de esa

25
Sobre ello, el apoderado de la actora le preguntó a su mandante «¿cómo ingresó usted a laborar en ese centro
educativo?», contestando ésta que «a mí me buscó la seño Carmen Ailina, era rectora, porque ya no es y me puso a vivir
en una vivienda que era del colegio, para que yo respondiera por cualquier cosa que pasara ahí en el colegio».
26
Al respecto, la agente del Ministerio del Público le preguntó «¿cómo fue la forma de su vinculación inicial a la institución
educativa el tablazo?», señalando la demandante que «el colegio compró una casa y a mí me dijeron que, si yo quería
vivir ahí en esa casa, pero tenía que responder por cualquier cosa que pasara en el colegio, entonces yo dije sí, yo vivía
ahí en la casa y yo respondía por cualquier cosa que pasara en el colegio, cualquier movimiento que escuchaban de una
vez iban dónde mí, porque yo tenía la llave, de una vez buscaban era a mí».
27
Sobre el punto, la agente del Ministerio Público efectuó las siguientes preguntas: «Cuando usted dice que se va a vivir
al colegio, porque debe responder por las cosas que estaban ahí, ¿con quién va a vivir usted al colegio?» CONTESTÓ:
«Con mi compañero y mis hijos». […] «PREGUNTADO: «¿Cómo se llama su compañero permanente?» CONTESTÓ:
«José Guillermo Granadillo».

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propuesta?», relatando que «no, ella le pidió el favor si quería ayudar o colaborar
en el colegio y como estaba ahí mismo viviendo en el mismo colegio a ella le
quedaba más fácil».

76. De igual modo, le preguntó si «¿ella ya vivía con antelación, antes de la
vinculación?», relatando la declarante que «la casita dónde vivía ella, donde vivía
Marily era la casa de la abuela de ella, entonces ¿qué hicieron?, ellos hicieron un
negocio, el colegio compró e hicieron un trato con la abuela de ella, que pasó de
eso, ella como trabajaba ahí, la señora directora la dejó ahí, como que siguiera
viviendo ahí y como ella estaba colaborándole en el colegio, ella siguió viviendo
ahí en la casa y ya esa casa no existe, porque el colegio lo modernizaron, lo
tumbaron e hicieron aulas nuevas y diferentes, entonces Marily no vive ahí hace
rato, hace rato que salió».

77. Por esa razón, le pidió que aclarara si en la casa de la abuela de la señora

Marily funcionaba un colegio con anterioridad?», expresando que «el colegio
quedaba ahí pegado y ellos necesitaban ampliar la sede, ¿entonces qué
hicieron?, negociaron con la abuela de Marily, cambiaron, ellos le compraron un
lado y la casita de la señora le quedó a ella al colegio y ahí fue dónde ampliaron
el mega colegio».

78. De igual manera, le solicitó que detallara si «la señora Marily cuándo ingresó

en la institución educativa, ¿dónde vivía?», aseverando la declarante que «ella
vivía ahí mismo, en la misma casa, porque ella vivía con la abuela de ella, ella se
quedó ahí viviendo» (sic).

79. En ese sentido, le requirió explicar si la unidad de vivienda que utilizaba la

accionante hacía parte de la institución educativa28, expresando la declarante que
«estaba fuera del colegio, pero ahora ya eso quedó adentro», además, le instó
que especificara que «¿cuándo dice ahora, es cuando ella todavía estaba
prestando servicios a la institución o cuando ya salió?», contestando la testigo
que «estaba afuera del colegio, después que hicieron el cambio fue que
organizaron el colegio, y ya esa pieza no existe, eso lo tumbaron y demolieron
para hacer el colegio nuevo».

80. De otro lado, el deponente Gustavo Mendoza Manjarrez ante la pregunta
formulada por la representante del Ministerio Público, consistente en «¿quién
lleva a la señora Marily a trabajar al colegio?, ¿cómo ingresa ella al colegio si
usted tiene conocimiento de esa situación?», relató que «ella entró por la señora
rectora que estaba, la que salió» y en respuesta posterior agregó que el nombre
de la directiva era «Carmen Ailina, la conozco así».

28
Concretamente, la representante del Ministerio Público le preguntó «¿dónde estaba ubicada la pieza de habitación que
tenía la señora Marily, dentro o a fuera?».

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81. Es cierto que la actora y los testigos fueron coincidentes en que la demandante

inició a laborar en la entidad con la anuencia de la rectora, señora Carmen Ailina
Gámez, sin embargo, no se cuenta con la suficiente certeza para determinar que
la accionante vivía con su familia en las instalaciones de dicho plantel.

82. En efecto, la interesada sostuvo que la institución adquirió el inmueble, si
necesitaba permanecer en ésta debía responder por cualquier situación que
acaeciera en el lugar y que la casa era aledaña al colegio, mientras que la
deponente Yaraima Cristina Vega Mejía indicó que con ocasión a la ampliación
del colegio, el plantel realizó un negocio con la abuela de la actora para adquirir
una porción de terreno y la unidad de vivienda le quedó a la señora Marily Molina,
pues, era el sitio en el que vivía con su abuela, además la citada testigo sostuvo
que la vivienda se encontraba en un lugar externo y aledaño al centro de
enseñanza que en la actualidad integra a la institución, recuérdese que ante la
pregunta consistente en «¿cuándo dice ahora, es cuando ella todavía estaba
prestando servicios a la institución o cuando ya salió?», mencionando la
declarante que «estaba afuera del colegio, después que hicieron el cambio fue
que organizaron el colegio, y ya esa pieza no existe, eso lo tumbaron y
demolieron para hacer el colegio nuevo».

83. Lo dicho por la deponente Yaraima Cristina Vega Mejía también fue ratificado

por el testigo Gustavo Mendoza Manjarrez a quien la representante del Ministerio
Público , le preguntó ¿dónde vivía la señora Marily cuando prestaba los servicios
en el centro educativo el tablazo?», afirmando que «en el tablazo», motivo por el
que le solicitó si «¿puede ser más específico, en qué parte del tablazo, dentro del
colegio, al frente del colegio?» relatando que «ahí mismo pegado al colegio,
dónde es el colegió eso lo construyeron, quedó detrás por decirle algo».

84. Por lo tanto, no se puede concluir que la señora Marily Molina Rumbo vivía

dentro de las instalaciones del plantel educativo.

85. De otro lado, no se probó la vinculación contractual o laboral con la entidad

demandada; y si bien es cierto en la declaración de la parte demandante y en los
testimonios se relató que la actora prestó personalmente sus servicios en la
Institución «el tablazo» realizando actividades como auxiliar de servicios
generales; de sus expresiones no es posible establecer de forma clara, coherente
y precisa las particularidades de su servicio y, menos aún, los extremos inicial y
final del vínculo laboral, y si en efecto su permanencia en las instalaciones del
colegio obedeció a una vinculación laboral o realmente se dio por la adquisición
del terreno por parte de Estado y la aquiescencia a que continuara habitando el
lugar, a pesar de que los testigos afirmaron que recibía órdenes de las profesoras
y rectora del colegio.

86. De la misma manera, tampoco se acreditó el elemento de la remuneración,

pues mientras que la actora-desde la presentación de la demanda-indicó que

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como contraprestación por su servicio le fue suministrado por la entidad una
vivienda para que habitara junto con su familia, en la declaración de parte,
aseveró que «yo comencé ahí, ganando 20 mil pesos, porque primero yo entré a
la cocina, después hacia el aseo por los mismos 20 mil pesos y de ahí gané 120
mil pesos, eso fue lo último que me pagaron 120 mil pesos al mes», dinero que
era pagado por los maestros de la institución educativa29.

87. Mientras que la deponente Yaraima Cristina Vega Mejía señaló que la
interesada «entró ganando como 20 mil pesos, cuando entró, porque colaboraba
con la institución, le pagaban 20 mil o 30 mil pesos y eso lo recogían de pronto
que les pedían a los padres de familia una colaboración y de eso le pagaban, y a
lo último cuando se fue más, ella ya salió ganando 120 mil pesos, era lo que le
pagaban ahí».

88. A su vez, el testigo Gustavo Mendoza Manjarrez expresó que a la accionante

«si le pagaban, lo que yo retenga cuánto es no sé, pero sí sé que en ese tiempo
pagaban muy barato, más o menos vamos a ponerle por ahí 20 mil o 30 mil pesos,
para tenerla contenta».

89. Esas manifestaciones para la Sala son contradictorias con las de la demanda,

y además son suposiciones de los testigos sin respaldo probatorio alguno.

90. La Sala advierte que no se aportaron elementos de convicción de carácter

documental en los que se observaran órdenes o llamados de atención emanados
de un directivo o superior e instrucciones sobre la forma de cumplir las tareas
asignadas, además, no se encuentran pruebas de asignación de horarios o de
directrices directas a la demandante, por lo tanto, no se puede establecer la
existencia de la relación laboral encubierta reclamada.

91. En suma, aun cuando de las pruebas se pueda afirmar que la demandante

permanecía en un espacio físico contiguo a las instalaciones de la entidad, no se
logró establecer las condiciones y motivos exactos por los cuales lo hizo; y mucho
menos se puede concluir que, al determinarse ese hecho, por sí solo, se acredite
una relación de subordinación, pues no se probaron los requisitos esenciales de
existencia del funcionario de hecho o de una relación laboral encubierta30.

92. Así las cosas, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 167 del CGP, le

corresponde a quien alega la ocurrencia de un hecho, aportar los elementos
probatorios que lo respalden, por lo tanto, al estar asignada la carga probatoria
en cabeza de la demandante es a ella a quien le corresponde demostrar que
ejerció con la anuencia de los demandados un cargo público existente en su

29
Sobre el particular, el apoderado del sujeto procesal la preguntó «¿quién le pagaba esa suma de dinero?» señalando
la accionante que «los maestros, ellos cada uno, ponían una cuota y recogían y me daban lo que recogían».
30
A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso de similares premisas fácticas: SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE:
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ 17001-2333-000-2017-00037-01 (0046-2021).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 44001-23-40-000-2018-00144-01 (0722-2024)
Demandante: Marily Molina Rumbo

planta de personal; o que fue contratada para disfrazar una relación laboral, y
como ello no ocurrió, se confirmará la sentencia apelada por las razones aquí
expuestas.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

93. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

94. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

95. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación

y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

96. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia a

la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de la Guajira.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda
radicada por la señora Marily Molina Rumbo contra el departamento de la Guajira
y la administración temporal para el sector educativo en el departamento de la
Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, por lo dicho
en la motivación.

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Radicado: 44001-23-40-000-2018-00144-01 (0722-2024)
Demandante: Marily Molina Rumbo

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la demandante en segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
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