Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2017-00015-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 44001-23-40-000-2017-00015-01 (6465-2019)
Demandante: José Javier Martínez Brito
Demandado: Departamento de La Guajira
Temas: Relación laboral subyacente o encubierta, funcionario de hecho, prestaciones
sociales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, de 17 de julio de 2019, por medio de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011), el ciudadano José Javier Martínez Brito, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o
presunto derivado de la petición radicada el 12 de agosto de 2016 ante el gobernador de
La Guajira, y mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de una indemnización por
las labores de celador en la institución educativa María Auxiliadora, sede Nuestra Señora
del Carmen del municipio de San Juan del Cesar, desde el 8 de junio de 1996 «hasta el
fallo de segunda instancia inclusive».
Asimismo, pidió declarar la nulidad del oficio 9.TH.43.1-120, de 11 de julio de 2016, a través
del cual el alcalde del municipio «negó el reconocimiento y pago de la indemnización (...) al
señor José Javier Martínez Brito, por su labor realizada como celador de la institución
educativa María Auxiliadora sede Nuestra Señora del Carmen del municipio de San Juan
del Cesar».
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Demandante: José Javier Martínez Brito
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) se
ordene el reconocimiento y pago de una indemnización por el valor correspondiente a los
salarios, primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, aportes de salud, aportes
de pensión, indemnización moratoria y demás emolumentos laborales causados y no
cancelados, «desde el 8 de junio de 1996 hasta que se profiera fallo definitivo»; ii) se ordene
el reconocimiento y pago de una pensión vitalicia de jubilación al señor José Javier Martínez
Brito, por haber laborado más de 20 años como funcionario público de hecho; y, iii) dar
cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de
2011.
1.1.2. Hechos:
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) Desde el 8 de junio de 1996, el señor José Javier Martínez Brito, por órdenes expresas
de la entonces rectora de la institución educativa María Auxiliadora, sede Nuestra Señora
del Carmen, del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), ingresó a laborar como
celador.
ii) Como contraprestación por sus servicios, al señor Martínez Brito se le entregó una
habitación para que residiera, junto a su familia, dentro del plantel educativo.
iii) Durante el tiempo ininterrumpido en que ha servido a la institución educativa, el señor
Martínez Brito ha recibido órdenes de todos los rectores, los cuales le exigían «el
cumplimiento de sus deberes como cualquier funcionario público (sic)».
iv) En los meses de julio y agosto de 2016, el señor Martínez Brito presentó derecho de
petición ante la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de San Juan del Cesar, con el fin
de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente a todos los
salarios y prestaciones sociales derivadas del tiempo trabajado para el plantel educativo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Se citan como normas violadas los artículos 2, 6, 25 y 53 de la Constitución; 8 del Decreto
3135 de 1968; 52 del Decreto 1045 de 1978; los decretos 2733 de 1959, 2351 de 1965; la
Ley 50 de 1990 y «244» (sic).
Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo
siguiente:
i) El principio de la realidad sobre las formalidades establecidas en los sujetos de la relación
laboral reconoce un mínimo vital móvil, proporcional a la calidad y cantidad del trabajo,
como también a la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales.
ii) Los actos administrativos demandados adolecen de falsa motivación, toda vez que los
entes territoriales, al establecer que no adeudan ningún tipo de dinero por concepto laboral,
se apartan de la realidad, pues si bien es cierto no existe ningún tipo de nombramiento de
carácter formal, «no es menos cierto que [el demandante] siempre estuvo realizando unas
labores propias de un empleado público bajo el conocimiento de las entidades demandadas
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Demandante: José Javier Martínez Brito
y así su vinculación haya sido de tipo irregular, no exonera a estas del pago de todas y cada
una de las acreencias laborales».
iii) Los entes territoriales tienen la obligación de garantizar que los derechos y prestaciones
derivadas de la relación laboral sean concebidos de manera eficiente y oportuna, tomando
como base la Constitución y la filosofía para la cual fueron creados.
iv) El artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 estableció que los empleados y obreros de carácter
nacional gozarían de auxilio de cesantías en razón de un mes de sueldo o jornada por cada
año de servicio. Por su parte, el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978 dispuso que los
funcionarios a quienes se les aplica ese decreto tienen derecho a una prima de servicio
anual equivalente a 30 días de remuneración, que se paga en los primeros 15 días del mes
de julio y diciembre de cada año. Asimismo, el artículo 8.º de la Ley 3131 de 1968 consagra
que los empleados o trabajadores oficiales tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones.
v) Debe tenerse en cuenta la sentencia del Consejo de Estado de 28 de julio de 2005,
atinente a los denominados funcionarios o empleados de hecho.
1.2. Contestación de la demanda
El departamento de La Guajira, por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por las siguientes razones:1
i) El señor José Javier Martínez Brito nunca ha mantenido una relación contractual con el
departamento de La Guajira.
ii) Existe prohibición expresa del Decreto 1222 de 1986 de vincular funcionarios a la
Administración departamental en la forma pretendida por el accionante.
iii) Los empleados públicos se vinculan a la Administración a través de concurso de méritos
y los trabajadores oficiales lo hacen por contratación de índole laboral, siendo que el actor
José Javier Martínez Brito no se ha vinculado de ninguna de las formas.
iv) No existe la menor duda de que el señor José Javier Martínez Brito no fue vinculado a
la Administración departamental para desarrollar una labor de celaduría, como lo afirma,
presuntamente, mediante un contrato de trabajo.
v) Propuso como excepciones i) inexistencia de la obligación, puesto que el demandante
nunca ha tenido relación contractual con el departamento; ii) cobro de lo no debido, por
cuanto al no existir vínculo contractual o laboral, podría configurarse un enriquecimiento sin
justa causa que deterioraría el patrimonio público; y iii) inexistencia de la solidaridad
pretendida, dado que las funciones desarrolladas por el demandante son ajenas a las del
orden funcional y orgánico del departamento.
1
Folios 41 al 46, que se repite en folios 47 al 52.
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1.3. La audiencia inicial2
El 18 de abril de 2018, mediante acta número 2018-015, la magistrada sustanciadora del
proceso fijó el litigio en los siguientes términos:
Si procede declarar la nulidad del acto administrativo demandado -acto ficto presunto
derivado de la petición adiada 12 de agosto de 2016 formulada ante el Departamento de la
Guajira-, y si la asiste al señor JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ BRITO, a título de indemnización, el
derecho al reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos laborales solicitados en la demanda, causados por el periodo en el que ha
fungido como funcionario de hecho en calidad de celador dentro de la institución educativa
María Auxiliadora sede Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio de San Juan
del Cesar, La Guajira.
1.4. La sentencia apelada3
Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira,
de 17 de julio de 2019, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Los
fundamentos jurídicos de la decisión fueron los siguientes:
i) De acuerdo con la certificación expedida por a la Secretaría de Educación del
departamento de La Guajira, en la institución educativa María Auxiliadora, sede Nuestra
Señora del Carmen, el cargo de celador no existe. Además, los cargos de celador que se
encuentran adscritos a ese plantel, y en los que no se especifica la sede donde se presta
el servicio, no se encuentran vacantes, sino que son ocupados por personas que, en el peor
de los casos, llevan más de 20 años de vinculación laboral.
ii) A pesar de lo relatado por los testigos en relación con el ejercicio de actividades de
celador en forma irregular por parte del demandante, no es posible demostrar la existencia
de las funciones debidamente reglamentadas por la inexistencia del cargo en el
departamento de La Guajira.
iii) Si bien los testigos coinciden en afirmar que el demandante recibía órdenes de la señora
Clotilde Urbina de Carrillo, de quien dicen cumplió funciones administrativas dentro del
plantel, no hay evidencia de que esta tuviera competencia nominadora; por lo tanto, si el
señor Martínez Brito desempeñó alguna labor en la institución educativa María Auxiliadora,
sede Nuestra Señora del Carmen, lo cierto es que la prestó a un particular, y no a la
Administración.
iv) El demandante no logró acreditar que la remuneración por sus servicios como celador
proviniera de los recursos del departamento; por el contrario, las declaraciones de los
testigos señalan que aquel no recibía ninguna contraprestación económica, sino que eran
los docentes del centro quienes reunían dinero como ayuda para este.
v) El actor tampoco pudo demostrar que ejercía sus funciones en las mismas condiciones
que un funcionario de la entidad, pues, se itera, no se acreditó la existencia del cargo de
celador en la planta de personal de la entidad demandada.
2
Folios 66 al 68.
3
Folios 182 al 189.
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vi) En definitiva, al no poder demostrarse la existencia del cargo dentro de la entidad
demandada, el ejercicio de funciones de forma irregular y el desempeño de funciones en
igualdad de condiciones que el personal de planta, cabe concluir que el señor Martínez Brito
no reúne las condiciones para que sea declarado un funcionario de hecho.
1.5. El recurso de apelación
E señor José Javier Martínez Brito, por conducto de apoderado, interpuso el recurso de
apelación4 contra la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla para acceder a las
pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
i) Sí ejerció labores de celaduría y portería en el plantel educativo María Auxiliadora, sede
Nuestra Señora del Carmen del municipio de San Juan del Cesar, como se deduce de las
declaraciones de los testigos obrantes en el proceso.
ii) Fue vinculado a la Administración de forma irregular «en su calidad de celador viviente y
portero» de la institución educativa María Auxiliadora, sede nuestra señora del Carmen del
municipio de San Juan del Cesar.
iii) El cargo de celador y portero sí existe en la planta de personal del departamento de La
Guajira, por lo que la entidad demandada omitió su deber de realizar el respectivo
nombramiento.
iv) El «tema de otorgar vivienda a cambio de celaduría o portería» es un hecho sistemático
en todo el departamento de La Guajira.
v) A pesar de existir norma expresa que señala taxativamente que el pago en especie no
puede sobrepasar el 25% de lo devengado, la entidad demandada hizo caso omiso.
vi) Comoquiera que su vinculación se llevó a cabo de manera irregular, es decir, «sin un
acto administrativo que avale sus funciones», tiene derecho a recibir una indemnización
equivalente «a lo que debió haber percibido por concepto de salarios y demás prestaciones
laborales por los 23 años en la administración».
vii) No propuso excepciones.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes, el ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio, según informe visible en el folio 211 del expediente.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para
conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido
4
Folios 192 al 200.
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del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los
argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos vertidos por la parte demandante en la alzada, corresponde
a la Sala resolver si el señor José Javier Martínez Brito ostentó la calidad de funcionario de
hecho de la entidad demandada, por desempeñarse, presuntamente, como celador en la
institución educativa María Auxiliadora, sede Nuestra Señora del Carmen del municipio de
San Juan del Cesar (La Guajira) y, como consecuencia de ello, si le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales por el periodo comprendido
entre el 8 de junio de 1996 y la fecha de presentación de la demanda.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, se regulan tres clases de vinculación al
servicio público, con sus características o elementos que las tipifican y su régimen jurídico
propio. Estas son: i) la vinculación legal y reglamentaria;5 ii) la laboral contractual;6 y, iii) la
contractual o de prestación de servicios.7
La vinculación legal y reglamentaria, propia de los empleados públicos, se acredita con la
concurrencia de los elementos regulados en el artículo 122 de la Constitución Política, cuyo
tenor es el siguiente:
Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento
y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender
la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se
lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las
normas del servidor público. (…).
Esta subsección, en oportunidades anteriores,8 ha definido la calidad de empleado público
como aquella persona que es designada «(...) para ejercer un empleo y (ha) tomado
posesión del mismo (sic)». En igual sentido, ha señalado que los elementos para determinar
5
La vinculación legal y reglamentaria es la forma predominante de acceso a cargos públicos, la cual está dirigida a la vinculación de los
empleados públicos. Por empleado público debe entenderse aquella persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado
posesión del mismo.
De acuerdo con la jurisprudencia, los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona se desempeña como empleado
público son, en principio: i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii) la determinación de las funciones propias
del cargo; y iii) la existencia de recursos para proveer el cargo. Así lo indicó esta Subsección en sentencia del 5 de mayo de 2016, en
proceso radicado 85001233100020120003202 (2119-14) de Luis Alberto Arias contra el Departamento de Casanare.
6
La relación laboral contractual es la forma de vinculación de los trabajadores oficiales, la cual se realiza a través de contrato de trabajo
de acuerdo con la normatividad prevista en el Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes. Estos, si bien desempeñan empleos
públicos, cuentan con derechos y reglamentación propia.
Así, el Decreto 3135 de 1968 define que, en principio, trabajadores oficiales son aquellos que se dedican a la construcción y sostenimiento
de obras públicas y, aquellos que prestan sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado, en este último caso con la
excepción de quienes realicen actividades de dirección y confianza que ostentan la calidad de empleados públicos.
7
La vinculación a través de contratos de prestación de servicios, la cual se regula por el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993.
Las personas vinculadas a través de este sistema se denominan contratistas, quienes tienen por finalidad desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, siempre que estas no puedan ser ejercidas por el personal de planta
o por que requieran de conocimientos especializados para ello.
8
Véase la sentencia del 13 de febrero de 2014, expediente: 1943-12, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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que una persona desempeña un empleo público y, por consiguiente, pueda obtener los
derechos que se derivan de tal hecho son, en principio, «la existencia del empleo en la
planta de personal de la entidad, la determinación de las funciones propias del cargo y la
existencia de la provisión de los recursos en el presupuesto para el pago de la labor». 9
De acuerdo a lo expuesto, se tiene que i) no hay empleo público sin funciones; ii) todo
empleo público debe estar contemplado en la respectiva planta de personal; iii) sus
emolumentos deben estar previstos en el presupuesto correspondiente; y iv) la titularidad
para ejercer el empleo se adquirirá solo a partir de la posesión del cargo.
Por su parte, la Ley 909 de 2004 «por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones» en
materia de empleo público, dispone lo siguiente:
Artículo 19. El Empleo Público
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta
ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito
de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.
2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar
con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos
de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio.
En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales
del contenido del empleo;
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales (…)
En consecuencia, fuera del marco constitucional y legal relacionado, no es posible efectuar
un nombramiento o realizar un movimiento de personal, ya que las diferentes modalidades
de la relación laboral de derecho público se encuentran determinadas o reglamentadas en
una norma de derecho positivo, por tratarse, de manera precisa, de actuaciones
esencialmente regladas.
2.3.1. Del funcionario de hecho
Al margen de lo señalado en líneas anteriores, existe otra forma de vinculación excepcional
a la Administración configurada a través de una investidura irregular, es decir, cuando una
persona, sin cumplir con los requisitos previstos por la ley, desempeña funciones públicas
como si se tratara de un auténtico servidor público: el funcionario de hecho.
Frente a tal situación, esta corporación ha considerado como elementos configurativos de
una relación laboral con un funcionario de hecho, los siguientes: i) que exista de iure el
cargo;10 ii) que la función sea ejercida irregularmente; y, iii) que se realice en la misma forma
9
Ibídem.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 21 de enero de 2021; radicado: 2015-00581-01(2473-18); C.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
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y apariencia como lo haría una persona designada regularmente. 11 No obstante, también
puede surgir esta figura cuando una persona ejerce funciones públicas con la anuencia de
las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones, pues la
Administración estaría permitiendo el ejercicio irregular de un cargo por circunstancias de
facto no previstas en la ley. Por todo ello, el trabajo desarrollado en esas condiciones debe
ser objeto de protección, a través del principio de la primacía de la realidad sobre las
formas.12
Ahora, en lo relacionado con el ejercicio de las funciones de forma irregular, para esta
subsección debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple no se vinculó
al servicio público con el lleno de los requisitos que exige un vínculo legal y reglamentario;
esto es, cuando no existe ni nombramiento, ni elección (según el tipo de cargo), ni tampoco
posesión. Pero también opera cuando tales requisitos, pese a que existieron, ya no están
vigentes.13 14
En ese orden de ideas, quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral de hecho
debe probar que su actividad en la entidad fue personal y permanente, que por su labor
recibió una remuneración o pago y, además, que en la relación con el empleador existió
subordinación o dependencia. Esta última entendida como aquella facultad para exigir al
servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, a lo largo de la duración del vínculo.15
Por último, conviene reiterar que para que una persona natural desempeñe un cargo en
calidad de empleado público (mediante una relación legal y reglamentaria) es preciso que
su ingreso al servicio se realice en la forma establecida en la ley; esto es, se requiere de la
designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para
poder entrar a ejercer las funciones propias del empleo estatal. En consecuencia, dadas las
condiciones especiales que se predican de dicha vinculación en la Constitución y en la ley,
no es posible adquirir la calidad de empleado público por el simple hecho de haber laborado
para el Estado.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:
2.4.1. Sobre la relación que alega el demandante
i) En fecha indeterminada del año 1996, el señor José Javier Martínez Brito, junto con su
familia, se instaló en la institución educativa María Auxiliadora, sede Nuestra Señora del
Carmen del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), donde ocupa un aula como
vivienda.16
11
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia del 9 de junio de 2011; radicado: 2005-00571-01 (1457-08). C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez.
12
Ibídem.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Sentencia del 5 de mayo de
2016. Radicación 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-14).
14
Véase la sentencia del 23 de julio de 2020, expediente: 5779-18, consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández
15
Véase la sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 1150-14, consejero Ponente: Cesar Palomino Cortes
16
Conforme a los testimonios relacionados más adelante.
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Demandante: José Javier Martínez Brito
ii) Durante su estancia en el referido plantel educativo, el señor Martínez Brito se encargó
de abrir y cerrar las puertas del inmueble y, algunas veces, recibía una ayuda económica
por parte de los docentes. 17
iii) El 14 de septiembre de 2018, la Gobernación de La Guajira certificó que en los archivos
de la entidad, la planta de personal de la institución educativa María Auxiliadora de San
Juan del Cesar tiene activos a los siguientes funcionarios:18
NOMBRE CÓDIGO CARGO CARGO FECHA INGRESO
GUSTAVO JOSÉ
477 Celador 10/04/1994
HINOJOSA GUTIÉRREZ
YOLIS MARGARITA
407 Auxiliar administrativo 09/12/1994
ACOSTA GAMEZ
DEIVIS LEONOR
407 Auxiliar administrativo 05/15/1997
MENDOZA PERALTA
CARLOS ALBERTO
477 Celador 06/29/1990
DAZA CUELLO
JULIO GONZÁLEZ CUJIA 477 Celador 03/22/1977
MAIDA ELENA
407 Auxiliar administrativo 02/02/1993
CÓRDOBA MANJARRÉZ
iv) Los días 30 de enero y 9 de abril de 2019, en la celebración de la audiencia de pruebas,
se recibieron los testimonios de Luz Marina Güete González, María Eugenia Rodríguez
Jiménez, Josefina Barrancas y Rosana Margarita Mejía Mendoza, quienes, en lo relevante,
declararon lo siguiente:19
a) Luz Marina Güete González. Conoce al demandante desde hace 20 años; vivió como
vecina del Colegio en el año 2006 y tiene una amistad con el actor. Sostuvo que el señor
Martínez ha laborado en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, que es parte
del colegio María Auxiliadora, por más de 20 años, y que le destinaron dos aulas para que
allí viviera junto a su familia. Señaló que desconocía quién había autorizado al demandante
para vivir en el colegio, pero que «se imaginaba» que había tenido que ser la rectora. Al ser
preguntada sobre la fecha de ingreso del demandante a la institución, dijo: «Bueno, donde
yo tengo así de pronto entendido, no sé. Creo que desde el 96». Preguntada: Señora Luz
Marina, si usted dice que se radicó como vecina en el año 2006, al lado del colegio, ¿cómo
tiene conocimiento de que el señor José Javier ingresó al colegio en el año 96? Contestó:
«pues porque yo escucho por ahí las versiones de los vecinos; pero no porque él me ha
llegado a decir a mí yo entré en tal fecha; no puedo decir ni aumentar lo que no se debe.
Preguntada: dígale al despacho, si lo sabe, ¿qué labores específicas veía usted realizando
al señor José Javier Martínez dentro de la institución? Contestó: «Bueno, como celador,
siempre pendiente a la institución cuando llegan los profesores abrir el portón, luego se van,
cerrarlas, y muchas otras labores en la institución». Preguntada: señora luz María, dígale al
despacho, si lo sabe, si ha podido observar en oportunidades ¿qué funcionario o rectores
de la institución le han dado o no órdenes al señor José Javier; y, en caso afirmativo, qué,
clase de ordenes y qué personas le realizan esas órdenes? Contestó: «Bueno, ahí,
sinceramente, no sé, uno tiene que decir y hablar y así no sé (...)». Preguntada: ¿en algún
momento, estando usted en el colegio, pudo ver que la rectora o rector de la institución le
daban instrucciones al señor José Javier? Contestó: «pues claro que sí». Preguntada:
cuéntanos un poco más sobre eso. Contestó: «siempre pendiente de José, mire, aquí hay
que hacer esta labor al colegio, hay que pintar; pendiente de que no entre personas no
autorizadas al colegio y siempre pendiente él de todo con ella». Preguntada: ¿eso lo
presenció usted? Contestó: «Sí lo presencié». Preguntada: ¿con ocasión de qué estaba
usted en el colegio las veces que presenció eso? Contestó: «porque yo tenía unos nietos
en el colegio, dos hembras y un varón, cuando vivía ahí al lado del colegio». Preguntada:
¿Le consta eso durante el año 2006, los otros años, distintos al 2006, pudo también usted
17
Ibídem.
18
Folios 91 al 97.
19
121 al 125 y 130 al 133.
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tener esa percepción? Contestó: «No, hasta allá si no porque yo no vivía cerca, pero si era
amiga de él, de ellos, pero yo no vivía ahí. Yo estuve del 2006 hasta el 2008, estuve viviendo
al lado donde ellos». Preguntada: manifieste a este despacho si el señor José Javier
Martínez Brito viene percibiendo remuneración alguna por la labor que él desempeña en la
institución educativa. Contestó: «Me parece que no, o sea, un sueldo no, ahí el que lo ayuda
es la rectora, que entre los compañeros profesores, pues se juntan ellos y lo ayudan a él,
que sé yo cuánto le dan, pero él no está recibiendo un sueldo ahí».
b) María Eugenia Rodríguez Jiménez. Conoció al demandante en el año 1999, cuando
entró a trabajar en el restaurante escolar del colegio; empleo que ejercía con el Bienestar
Familiar. Sostuvo que el actor vivía en la institución educativa con su familia: «Bueno, él
estaba ahí empleado, sin ningún pago. Llegó ahí en el Colegio». Preguntada. ¿Cómo se
entendería que él trabajaba por una remuneración? Contestó: «De pronto, usted sabe que
cuando uno hace una labor le reconocen pagó; él ahí sí colocaba los bombillos, colocaba
una lámina que estaba dañada, la limpieza del colegio, la parte de afuera...yo considero que
tenían que haberle que pagarle (sic) e ir colaborar en algo». Preguntada: ¿usted, ingresó a
la cafetería del restaurante del colegio en el año 1999, y hasta qué año estuvo ahí?
Contestó: «Yo estuve el 2008 y a José lo dejé ahí y todavía está ahí en el colegio».
Preguntada: ¿Desde 1999 hasta el 2008, en esos años estuvo en el restaurante? Contestó:
«sí, señora». Preguntada: ¿quién le daba órdenes al señor José Javier de cambiar el
bombillo y limpiar la fachada? Contestó: «ahí estaba la señora coordinadora, la seño
Clotilde Urbina de Carrillo. Ella era la coordinadora encargada del colegio». Preguntada
¿Pero tiene usted conocimiento de si él percibe salario? Contestó: «no percibe salario».
Preguntada: Por eso, vuelvo y le pregunto ¿de qué subsiste?, o sea, si usted está indicando
que por lo menos la señora no labora, entonces, ¿con qué desayunan, con qué almuerzan,
con que comen? Contestó: «ahí sí desconozco el caso, pero sí dice que con las labores que
le daban las profesoras recogían; a él le daban (sic)».
c) Josefina Barrancas. Es amiga del actor y lo conoce desde el año 1986; que este trabaja
como celador en la institución educativa desde el año 1996. Tiene conocimiento de ello
porque eran vecinos, recibía órdenes de la directora y que el señor José Javier vive en la
institución con su familia. Al preguntársele sobre quién le ofreció el trabajo, Contestó: «No
sé quién le ofreció». Preguntada: ¿tiene usted conocimiento de si el señor José Javier ha
percibido salario durante el tiempo que ha permanecido el colegio? Contestó: «No».
Preguntada: ¿tiene usted conocimiento o le consta si el señor paga servicios públicos?
Contestó: «No». Preguntada: ¿Sabe usted si el señor José Javier paga algún arriendo por
el lugar donde vivía en el colegio? Contestó: «No pagaba, no, no sé» Preguntada: En la
visita que le hacía al señor ¿pudo ver en qué condiciones vivían ellos en el colegio?
Contestó: «En un salón». Preguntada: ¿usted recuerda cómo era ese salón? Contestó:
«un salón grande y ellos lo dividieron».
d) Rosana Margarita Mejía Mendoza. Conoce al demandante desde el año 2006, cuando
estudió con una hijastra suya el bachillerato, por lo que iba constantemente a su casa,
ubicada en la institución educativa; le consta que este era el celador de ese lugar. Al ser
preguntada sobre si presenció alguna vez que el personal directivo de la institución le
impartiera instrucciones u órdenes al señor Martínez, contestó: «siempre llegaba la seño
(sic) Clotilde y le decía: abra este salón, mire el baño, cierre la puerta abierta, está la llave
abierta, cosas así». Preguntada: ¿usted recuerda el apellido de la señora Clotilde?,
Contestó: «Urbina de Carrillo». Preguntada: ¿ella era qué dentro de la institución?
Contestó: «en ese momento ella era la directora». Preguntada: ¿en qué periodo fue ella
directora, si usted lo recuerda? Contestó: «Bueno, cuando yo llegué ahí ella era la directora
(...) después (...) pasó a ser coordinadora (...)». Preguntada: ¿cuántos años más o menos
estuvo ella como directora o coordinadora? Contestó: «Bueno, no sé, porque cuando yo la
conocí, ellos ya, él y la señora estaba ahí». Preguntada: ¿en el 2000 ya estaba la señora,
y cuál fue la última vez que la vio en ese rol de directora coordinadora? Contestó: «Bueno,
ya no recuerdo bien, pero yo siempre la encuentro allá todavía». Preguntada: ¿sabe si por
vivir en ese lugar el señor José pagaba algún arriendo? Contestó: «No, no cancela
arriendo». Preguntada: ¿por quién sabe usted eso? Contestó: «porque yo siempre hablaba
con ella y me decía que le habían dado un aula de clases para vivir, por lo que él hacía allí».
Preguntada: ¿sabe si él reclamo alguna vez para que le pagaran salario?, Contestó: «No,
no sé». Preguntada: ¿De qué vivía él económicamente, qué ingresos tenía como para
sostener a su familia? Contestó: «la señora de él fuera del horario laboral, hacía aseo,
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lavaba ropa, planchaba, etc.». Preguntada: Cuando dice, fuera del horario laboral ¿a qué
se refiere? Contestó: «O sea, que la señora de él trabajaba, hacía también el aseo en la
institución y ella fuera de eso, tenía que buscar cómo sustentar la familia porque ya tenía
que estar pendiente de la institución». Preguntada: ¿al señor José entonces no le daban ni
un pesito (sic) por lo que hacía? Contestó: «que yo tenga entendido, no; creo que una vez
María me dijo que los profesores como que a veces les colaboraban».
v) El 6 de mayo de 2019, la rectora de la institución educativa María Auxiliadora del
municipio de San Juan del Cesar, Clotilde Elena Urbina de Carrillo, en cumplimiento del
requerimiento realizado en el curso de la primera instancia, manifestó lo siguiente:20
(...) revisados los archivos de la institución educativa María Auxiliadora y, específicamente,
los atinentes a la sede de Nuestra Señora del Carmen, no se verificó la existencia de ningún
documento que dé la certeza o indicios siquiera de que el señor José Javier Martínez Brito
preste o haya prestado sus servicios como celador en esa institución (...). De igual forma (...)
no se obtuvo información relacionada con que las personas que ejercieron el cargo de
Rectoría, en el pasado, hubiesen contratado informalmente los servicios del señor José
Javier (...).
[...]
El señor José Javier Martínez Brito no recibe ni ha recibido órdenes o instrucciones por parte
de la suscrita rectora de la Institución Educativa María Auxiliadora, así como tampoco se
tiene conocimiento de que [las] haya recibido de las personas que ejercieron la Rectoría de
la institución en el pasado.
[...]
(...) los padres de familia de esta institución decidieron brindarle una solución temporal a la
problemática [hurtos en la época] escogiendo una familia que viviera al interior de la
institución (...).
[...]
(...) nunca ha existido ningún tipo de relación contractual y mucho menos laboral entre el
señor José Javier Martínez Brito y la institución educativa María Auxiliadora, máxime cuando
(...) nunca ha cumplido ningún tipo de jornada laboral y menos aún recibido ningún tipo de
contraprestación o pago por parte de la institución (...).
[...]
(...) es de público conocimiento que el señor José Javier Martínez Brito labora hace mucho
tiempo con la empresa encargada de hacer limpieza a las vías (...) situación [que] la puede
aclarar el mismo demandante.
2.4.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 5 de mayo de 2016, el señor Martínez Brito, mediante derecho de petición, solicitó al
entonces alcalde del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), el reconocimiento y
pago de acrecencias laborales, por haber «realizado labores como celador de la institución
educativa María Auxiliadora sede Nuestra Señora del Carmen del municipio (...)».21
ii) El 11 de julio de 2016, mediante el oficio 9.TH.43.1-120, el alcalde del municipio contestó
al anterior derecho de petición, donde precisó que «(...) en los archivos de la administración
20
Folios 147 al 149.
21
Folios 17 y 18.
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municipal no aparece ningún acto administrativo en relación a su caso (...)», razón por la
cual requirió al demandante para que aportara varios documentos con el fin de «darle
respuesta a su solicitud». 22
iii) El 12 de agosto de 2016, el demandante, a través de derecho de petición, solicitó al
gobernador de La Guajira el reconocimiento y pago de acreencias laborales, por los mismos
motivos que lo hiciera ante el alcalde del municipio de San Juan del Cesar.23
iv) El 5 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto, rechazó
la demanda «en relación al oficio con fecha julio 11 de 2016, emanado del municipio de San
Juan del Cesar», al considerarlo un acto de trámite «que no exterioriza la voluntad de la
Administración para producir efectos en derecho (...)». 24 Esta decisión no fue impugnada.
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia del Tribunal Administrativo
de La Guajira, de 17 de julio de 2019, a través de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra el acto ficto o
presunto derivado del silencio administrativo negativo, en que incurrió la entidad
demandada, por no dar respuesta oportuna a la petición presentada el 12 de agosto de
2016 por el actor, relacionada con el pago de una indemnización con fundamento en la
forma del funcionario de hecho.
En el sub lite, los motivos de inconformidad de la parte apelante se contraen a señalar que,
contrario a lo afirmado en la sentencia de primer grado, en el expediente sí están
acreditados los elementos que, jurisprudencialmente, dan origen a la figura del funcionario
de hecho. En ese sentido, la Sala los analizará, uno por uno, y comprobará su rigor como
eje central de la presente controversia jurídica.
i) Existencia del cargo
Dentro del expediente no se logró demostrar que en la planta de personal de la entidad
demandada (departamento de La Guajira) existiera el cargo de «celador y portero». Por el
contrario, de acuerdo con la certificación expedida por la Gobernación de La Guajira (hecho
probado 3), en los archivos de esa entidad, la planta de personal de la Institución Educativa
María Auxiliadora, del municipio de San Juan del Cesar, está constituida por seis personas,
la que menos, con veinte años de servicios ininterrumpidos.
Además, si bien se certifica que en dicha planta de personal existe el cargo de «celador,
código 477», también se precisa que este ha sido ocupado por los señores Gustavo José
Hinojosa Gutiérrez desde el 10 de abril de 1994; Carlos Alberto Daza Cuello, desde el 29
de junio de 1990; y Julio González Cujia, desde el 22 de marzo de 1977. Por lo tanto, para
la Sala, resulta cuando menos contradictorio que la demandada, habiendo asignado tres
celadores a la institución educativa desde hace más de veinte años, acuda a una tercera
persona ajena para que ocupe un cargo inexistente denominado «celador y portero».
22
Folio 19.
23
Folios 15 y 16.
24
Folios 30 al 32.
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Aunado a lo anterior, advierte la Sala que al plenario no se aportó el manual de funciones
de la entidad, que permita advertir la estructura de tal cargo de «celador y portero», con sus
respectivas funciones; por lo que difícilmente pueden compararse las actividades de
«apertura y cierre de puertas, cambio de bombillas, cierre de llaves, no dejar entrar
personas no autorizadas», que los testigos afirman realizó el demandante, con las que
efectivamente debe desarrollar un servidor público vinculado al citado empleo. En cambio,
es relevante la respuesta de la señora rectora del plantel educativo, Clotilde Urbina de
Carrillo (hecho probado v), quien afirmó, categóricamente, que «(...) no se verificó la
existencia de ningún documento que dé la certeza o indicios siquiera de que el señor José
Javier Martínez Brito preste o haya prestado sus servicios como celador en la institución
(...)».
En estos términos, no se encuentra demostrado que dentro de la planta de personal de la
Gobernación de La Guajira existiera un cargo denominado «celador y portero», el cual sería
un fuerte indicio del empleo ejercido de facto por el actor. Sin embargo, en aras a garantizar
su derecho al acceso a la justicia, la Sala continuará con el estudio del resto de los
elementos, para considerar, o no, la existencia de la vinculación anormal con la
Administración.
ii) Ejercicio irregular de las funciones
El demandante afirmó haber ejercido las funciones de «celador y portero» con anuencia de
la entidad demandada, en el periodo comprendido entre el 8 de junio de 1996 y la actualidad
(fecha de presentación de la demanda), y que como contraprestación por sus servicios,
recibió una habitación dentro de institución educativa María Auxiliadora, del municipio de
San Juan del Cesar.
Para probar su argumento, el actor presentó los testimonios de cuatro personas, a saber:
Luz Marina Güete González, María Eugenia Rodríguez Jiménez, Josefina Barrancas y
Rosana Margarita Mejía Mendoza, quienes, para determinar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que supuestamente aquel ejecutó las labores de celador, en lo relevante,
coincidieron en afirmar lo siguiente: i) el señor Martínez vivía con su familia en las
instalaciones del plantel educativo; ii) en ocasiones, daba apertura y cierre a las puertas del
inmueble y realizaba otras actividades que le pedían los docentes y por las cuales estos le
entregaban una ayuda económica; iii) no pagaba canon alguno por su «vivienda»; y, iv) no
percibía ninguna contraprestación económica por sus «funciones».
No obstante lo anterior, si bien es cierto que tales declaraciones podrían acreditar que en
algunas oportunidades el demandante efectuó actividades ocasionales dentro de la
institución educativa, también lo es que no tienen el grado suficiente de convicción que
permita a esta Sala determinar la continuidad, permanencia y subordinación propias de la
relación laboral; o lo que es lo mismo: que el actor hubiera ocupado el cargo de «celador y
portero» sin que mediara nombramiento ni posesión. Por lo tanto, de ellas no es posible
determinar que el señor Martínez hubiera tenido un superior jerárquico que le indicara la
forma en que debía cumplir el trabajo de celador o que dichas órdenes fueran dadas
permanentemente por el director o los docentes del centro educativo.
Adicionalmente, resalta la Sala que en todas las declaraciones son permanentes
expresiones tales como «escucho las versiones de los vecinos, creo, no sé, hasta allá si no
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sé, me parece que no, ahí sí desconozco el caso, no recuerdo bien, que yo tenga entendido
no (...), no creo, una vez me dijo, etc.», las cuales, bajo las reglas de la sana crítica (lógica
y experiencia), permiten evidenciar que los testigos no tuvieron acceso directo a la realidad
fáctica de lo acontecido entre el señor José Javier Martínez Brito y la institución educativa
María Auxiliadora, del municipio de San Juan del Cesar.
Por último, es preciso subrayar que al plenario no se allegó ninguna prueba documental
que permita evidenciar órdenes o llamados de atención por parte de un superior jerárquico
al demandante u otra que precise las funciones a desarrollar, la minuta de turnos o el valor
que le era cancelado de manera mensual por la prestación de su servicio de «celaduría».
En consecuencia, el material probatorio aportado es limitado y no permite establecer los
elementos propios de una relación laboral, en especial, la subordinación, en la medida que
no se evidencia una descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el
demandante llevó a cabo sus presuntas funciones de celaduría. Asimismo, no se aportó
prueba conducente que acredite que algún funcionario le impartiera órdenes, le asignara
un horario o tareas referidas al cargo de celador; por lo que resulta imposible develar que
existió una posible dependencia.
iii) Ejercicio de funciones en iguales condiciones que un empleado público
Como se indicó en acápites anteriores, no se encuentra probado que el demandante
ejerciera las funciones públicas de celador al servicio de la institución educativa María
Auxiliadora del municipio de San Juan del Cesar; carga probatoria que se encontraba en
cabeza de la parte actora, pues es claro que cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, siempre que intenten develar una
relación de trabajo, deben acreditarse los elementos necesarios para establecer que se
configuró dicho vínculo laboral.
Asimismo, como lo ha afirmado esta Sección en asuntos anteriores, 25 para que pueda
admitirse la configuración del funcionario de hecho, es necesario tener la certeza de la
existencia del cargo, lo cual, precisamente, no se definió en este caso. De ahí que su no
acreditación acarree, como consecuencia lógica, i) no demostrar las funciones debidamente
reglamentadas que el señor Martínez Brito, al parecer, cumplió para la entidad demandada,
y ii) que en el presupuesto de la Gobernación de La Guajira no se fijó un rubro para cubrir
el pago de los salarios y prestaciones sociales de quien ocupara el mentado cargo.
Sumado a ello, de acuerdo con lo manifestado por los testigos, si bien todos afirman que el
señor José Javier Martínez Brito se desempeñó como celador de la institución educativa
María Auxiliadora, del municipio de San Juan del Cesar, tales declaraciones, como ya se
consideró, carecen de claridad y precisión; pues, se itera, algunas de ellas no guardan
congruencia respecto de las labores que el demandante ejecutaba, quién le daba las
supuestas órdenes o la forma en que tuvieron conocimiento de los hechos. En conjunto,
tales situaciones restan credibilidad a sus aseveraciones y, por lo mismo, fuerza concluir
que aquellos no tuvieron un conocimiento directo de la situación del demandante y que sus
afirmaciones se fundaron en lo que el señor Martínez Brito y su entorno familiar les decían.
25
Véase las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, expediente 5779-18, sentencia del 23 de julio de 2020,
consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández; y expediente 2119-14, sentencia del 5 de mayo de 2016, consejero Ponente: William
Hernández Gómez.
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Por su parte, cabe subrayar lo declarado por la rectora de la institución educativa, Clotilde
Urbina de Carrillo (hecho probado v) que, respecto de las presuntas funciones ejercidas por
el señor Martínez Brito, afirmó lo siguiente: «[el demandante] no recibe ni ha recibido
órdenes o instrucciones por parte de la suscrita rectora de la Institución (...), así como
tampoco se tiene conocimiento de que [las] haya recibido de las personas que ejercieron la
Rectoría de la institución en el pasado»; «(...) los padres de familia escogie[ron ]una familia
que viviera al interior de la institución» y «(...) nunca ha cumplido ningún tipo de jornada
laboral y menos aún recibido ningún tipo de contraprestación o pago por parte de la
institución».
iv) Ejercicio de funciones públicas con la anuencia y/o permiso de las autoridades
encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones
Sobre el particular, si bien es cierto que el actor pudo haber ocupado desde el año 1996,
ininterrumpidamente, una parte (aula) de la institución educativa María Auxiliadora, del
municipio de San Juan del Cesar, como vivienda, con la autorización de los directivos del
plantel y por decisión de los padres de familia de la época,26 esta circunstancia, por sí
misma, no conduce a la conclusión de que aquel desempeñó funciones públicas con la
anuencia y permiso de la Administración, toda vez que, se insiste, la prueba aportada al
expediente no ofrece certeza sobre las labores desarrolladas como celador por el señor
José Javier Martínez Brito o el tiempo en que presuntamente las prestó.27
En esas condiciones, al no haberse acreditado los elementos de una relación laboral,
contractual o legal y reglamentaria entre el demandante y la gobernación de La Guajira,
deben negarse las pretensiones de la demanda, tal como fue resuelto en el fallo apelado,
el cual amerita ser confirmado.
2.6. De la condena en costas
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016,28 respecto de la condena en costas
en vigencia del CPACA, concluyó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que
«salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil», hoy Código General del Proceso, y expuso las siguientes
conclusiones:
• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio
subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con
abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la
posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o
26
Hechos probados cuarto y quinto.
27
A este respecto, véase la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de 12 de julio de 2018; radicado 2013-
00339-01(3049-14), C.P. William Hernández Gómez.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Conforme a esa orientación y de acuerdo con la posición fijada por esta Subsección,29 la
Sala considera que en este caso no debe imponerse la condena en costas de segunda
instancia, toda vez que la parte demandada no intervino.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada no existió una relación
laboral, contractual o legal y reglamentaria, razón por la cual hay lugar a confirmar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Sin condena en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, de 17 de julio
de 2019, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor José Javier Martínez Brito contra el
departamento de La Guajira, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones
en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CBT
29
Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
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