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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00016-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00016-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda radicada por la señora Marlene Esther Añez contra el departamento de la Guajira y el municipio de San Juan del Cesar, por lo dicho en la motivación. SEGUNDO: COSTAS a cargo de la demandante en segunda instancia. TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2017-00016-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2017-00016-01 (4206-2022)
Demandante: Marlene Esther Añez
Demandado: Departamento de la Guajira y municipio de San Juan del
Cesar

Tema: Funcionario de hecho/Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Corresponde a la Sala de Subsección definir el recurso de apelación
interpuesto por la señora Marlene Esther Añez contra la sentencia del 4 de marzo
de 2022, proferida el Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó declarar la configuración del silencio
administrativo negativo respecto de la petición radicada con el N° 20165910 de
12 de agosto de 2016, a través de la cual solicitó al departamento de la Guajira
el reconocimiento y pago de una indemnización por los salarios y prestaciones
sociales desde el 1° de octubre de 1990 hasta «el fallo de segunda instancia
inclusive», tiempo en el que laboró como aseadora de la institución educativa
María Auxiliadora del municipio de San Juan del Cesar.

3. Asimismo, solicitó la nulidad del Oficio N° 9.TH.43.110 del 11 de julio de
2016 expedido por el alcalde del municipio de San Juan del Cesar que negó el
reconocimiento y pago de la indemnización de salarios y prestaciones sociales
por el período que laboró como aseadora de la institución educativa María
Auxiliadora de ese municipio.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Demandante: Marlene Esther Añez

4. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
una indemnización por concepto de salarios, primas, vacaciones, cesantías,
intereses a las cesantías, cuotas de seguridad social, indemnización moratoria
y demás acreencias laborales a que tenga derecho; la pensión vitalicia de
jubilación por haber laborado más de 20 años como funcionario público de
hecho; se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192
y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5. La señora Marlene Esther Añez afirmó que se vinculó por orden del rector
como aseadora en la institución educativa María Auxiliadora, ubicado en el
municipio de San Juan del Cesar, desde el 1° de octubre de 1990 hasta la fecha
de presentación de la demanda.

6. Que prestó el servicio de forma personal, permanente e ininterrumpida y
como contraprestación por sus labores le fue suministrada una vivienda para que
habitara junto a su núcleo familiar.

7. Que desde su vinculación irregular recibió órdenes e instrucciones por
parte de los diversos rectores, las cuales debía acatar como cualquier funcionario
público, situación que fue conocida por los representantes legales de las
entidades territoriales y del plantel educativo.

3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

8. Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 2°, 6°, 25 y 53 de la Constitución Política de
1991; 8° del Decreto 3135 de 1968; 52 del Decreto 1045 de 1978; Decretos 2733
de 1959 y 2351 de 1965 y la Ley 50 de 1990.

9. En el concepto de violación señaló que el principio de la realidad sobre las
formalidades establecidas en los sujetos de la relación laboral reconoce un
mínimo vital móvil, proporcional a la calidad y cantidad del trabajo, así como, la
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales, por lo tanto, la decisión de la administración adolece del vicio de falsa
motivación toda vez que el ente territorial determinó que no se adeuda ningún
tipo de dinero por concepto laboral, así la vinculación hubiere sido irregular, en
ese sentido, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones sociales por el tiempo en el que ha prestado sus servicios en la
institución educativa, prerrogativas que son de carácter irrenunciable.

10. Manifestó que los entes territoriales tienen la obligación de garantizar que
los derechos y prestaciones derivadas de la relación laboral sean concebidos de

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manera eficiente y oportuna, tomando como base la Constitución y la filosofía
para la que fueron creados.

11. Por último, afirmó que el Consejo de Estado en la sentencia dictada el 28
de junio de 2005 realizó precisiones respecto a los denominados funcionarios o
empleados de hecho.

1.4. Contestación de la demanda

12. El municipio de San Juan del Cesar, por conducto de apoderado, se
opuso a las pretensiones de la demanda, expresando que la entidad territorial
no expidió ningún acto administrativo de nombramiento de la demandante,
señalando que es al departamento de la Guajira al que le corresponde llevar a
cabo las vinculaciones ordinarias de los empleados y educadores en las
instituciones educativas del municipio, por no ser certificado en educación.

13. Formuló como excepciones las siguientes: i) falta de legitimación de la
demandante en la causa por activa; ii) inexistencia de obligaciones y cobro de lo
no debido al municipio de San Juan del Cesar; iii) no estar el municipio de San
Juan del Cesar certificado por el gobierno nacional en educación y iv)
prescripción.

14. El departamento de la Guajira indicó que la señora Marlene Esther Añez
no se vinculó mediante acto administrativo o contrato de trabajo a la
administración del orden departamental para desarrollar labores de aseadora en
la institución educativa María Auxiliadora.

15. Propuso como excepciones las que a continuación se relacionan: i)
inexistencia de la obligación; ii) cobro de lo no debido y iii) inexistencia de la
solidaridad pretendida.

1.5. Sentencia de primera instancia

16. El 4 de marzo de 2022, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda,
explicando que el cargo ocupado por la demandante no existe en la planta de
personal, que no se aportaron documentos o se conformaron indicios de la
presunta prestación personal del servicio como aseadora en la sede nuestra
señora del Carmen de la institución educativa María Auxiliadora.

17. Sostuvo que no se logró establecer si la demandante recibió órdenes de
las personas que ejercieron la rectoría, igualmente, el personal directivo y
docente del plantel no la reconocieron como empleada de la institución. Si bien
la prueba testimonial intentó acreditar que ella vivió en el colegio a partir del año
1990, desempeñando actividades de aseadora durante el día y la noche de forma
permanente y por un lapso de 20 años, los demás elementos probatorios no

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otorgaron certeza respecto a lo declarado en la audiencia de pruebas y que las
autoridades tuviesen conocimiento de dicha situación.

1.6. Recurso de apelación

18. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, para tal efecto, expresó los siguientes argumentos:

i) Se estructuró la figura del funcionario de hecho por un término superior a
24 años, lo cual se puede advertir de analizarse en conjunto todas las
pruebas allegadas al proceso.

ii) Todos los testimonios aportados al proceso dan cuenta que conocieron a la
interesada como aseadora, manipuladora de alimentos o servicios
generales de la institución educativa María Auxiliadora.

iii) No existe duda que la demandante no se vinculó de manera regular a la
administración, es decir, a través de un acto legal y reglamentario o
mediante contrato de prestación de servicios; además la entidad debía
cubrir los gastos de celador, aseador y portero en los colegios que hacían
parte del orden departamental, razón por la que permitió o vinculó personal
que cumplieran provisionalmente estas labores a cambio de vivienda, esto
pese a que la ley prohíbe que el pago en especie supere el 25% de lo
devengado.

iv) El cargo de aseadora o servicios generales sí existía en la planta de
personal del departamento para el momento de los hechos y las entidades
omitieron su deber de realizar el respectivo nombramiento, por lo que tiene
derecho a que se le pague una indemnización equivalente a lo que debió
percibir por concepto de salarios y demás prestaciones sociales
correspondientes a 24 años.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

19. El 14 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente
regresaría al despacho para fallo2.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se resolverá la
alzada, previas las siguientes,

2 Conforme al informe secretarial visto en el índice 9 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

20. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

21. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso4, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, la demandante es apelante único, el análisis se encuentra limitado a
los reparos concretos formulados en el recurso.

2.2. Problema jurídico

22. Si bien en el recurso de apelación se mencionó la calidad de funcionario de
hecho de la demandante en la prestación de sus servicios como aseadora de la
institución educativa María Auxiliadora en el período comprendido entre el 1° de
octubre de 1990 y la fecha de presentación de la demanda, lo cierto es que se
sustenta en la existencia de una relación laboral encubierta con el municipio de
San Juan del Cesar y el departamento de la Guajira.

23. De allí que la Sala hará mención a la figura del funcionario de hecho invocada
en el recurso de apelación, así como a la relación laboral encubierta para
resolver el caso. Razón por la cual, corresponderá determinar si entre las partes
existió o no una relación laboral encubierta, de ser así, si deben reconocerse las
prestaciones sociales de ley, si hubo o no interrupción en la prestación del
servicio; y si se presentó o no la prescripción de estas.

2.4. De la relación laboral de hecho

24. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado5 que esta forma
anormal de vinculación con el Estado puede estructurarse en dos momentos, a
saber:

25. a) En los períodos de normalidad institucional pueden surgir funcionarios
de hecho. Se da esta situación cuando media título que habilita para el ejercicio
de la función pública, pero por causas anteriores o supervinientes resulta inválido
o deja de surtir efectos. Esto ocurre en hipótesis muy variadas: designación de

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
5 Sentencia del 15 de mayo de 2013. CP Gerardo Arenas Monsalve. Número interno 1363-2012.

Demandante: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez. Demandado: Metrosalud E.S.E
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una persona que no reunía las condiciones legales exigidas, por lo cual más tarde
es revocada; funcionario que posteriormente a su designación se inhabilita para
el ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa ejerciéndolo, o que permanece
en funciones luego de vencido el término de su mandato, etc.

26. b) En épocas de anormalidad institucional, producida por guerras,
revoluciones, grandes calamidades, etc., el panorama es distinto.

27. En tales casos es frecuente que asuman el ejercicio de funciones públicas
quienes no tienen título legal alguno. A veces son personas de buena voluntad
que, frente a la desaparición de las autoridades constituidas, toman a su cargo
ciertas funciones públicas.

28. En este orden, los requisitos esenciales para que se configure el funcionario
de hecho en los períodos de normalidad institucional son: a) que exista de jure el
cargo6; b) la función sea ejercida irregularmente; c) que el cargo se ejerza en la
misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada
regularmente7 y d) también puede darse cuando el empleado ejerce funciones
públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e
impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio irregular de una
investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pero que, en todo
caso debe ser objeto de protección en aplicación del principio constitucional de
la prevalencia de la realidad frente a las formas.

29. Al respecto, esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones de
manera irregular debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple
no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja el
vínculo legal y reglamentario; en otras palabras, cuando no existe nombramiento
o elección según el tipo de cargo, ni tampoco posesión. También opera cuando
tales requisitos, pese a que existieron, ya no están vigentes8.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

30. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos

6
En sentencia del 29 de septiembre de 2022, dentro del radicado 23001 23 33 000 2015 00240 01 (1932-
2020), esta subsección sostuvo lo siguiente: «Con todo, y en gracia de la discusión, debe recordarse que si
bien la jurisprudencia de esta Corporación ha exigido prueba de la existencia del cargo a efectos de
reconocer una situación de funcionario de hecho, lo cierto es que para garantizar la vigencia del derecho al
trabajo, debe considerarse que este no es un requisito rígido ni absoluto, de suerte que no es indispensable
su demostración cuando lo que se advierte es que la entidad ha tolerado que el trabajador desarrolle
actividades propias de la administración sin la existencia del empleo en su planta de personal, lo cual, como
se ha expuesto a lo largo de esta decisión, quedó acreditado».
7 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A", consejero Ponente: Alberto Arango Mantilla,

sentencia de 15 de marzo de 2007, Exp. No: 25000-23-25-000-1996-41885-01 (6267-05).
8 Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2016, radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-

14); ii) del 5 de mayo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017).
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establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

31. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

32. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

33. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

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2.4. Análisis de la Sala frente al problema jurídico

34. En el sub lite, la demandante manifestó que se desempeñó como
funcionaria de hecho porque prestó sus servicios como aseadora de la institución
educativa María Auxiliadora del municipio de San Juan del Cesar, desde el 1° de
octubre de 1990 hasta la fecha de presentación de la demanda.

35. Esto lo sustentó al señalar que: i) no se vinculó de manera regular a la
administración, a través de un acto legal y reglamentario o por medio de contrato
de prestación de servicios; ii) la administración departamental permitió que
cumpliera provisionalmente las labores a cambio de vivienda, pese a que la ley
prohíbe que el pago en especie supere el 25% de lo devengado; iii) el cargo de
celadora y aseadora sí existía en la planta de personal del departamento para el
momento de los hechos y iv) la entidad territorial omitió su deber de realizar el
respectivo nombramiento.

2.4.1. Material probatorio

36. 2.4.1.1. Los días 4 y 11 de septiembre de 2018, la profesional
especializada 222-06 del Área Administrativa y Financiera de la Secretaría de
Educación del Departamento de La Guajira9, así como, la oficina de recursos
humanos10, señalaron que, la planta de personal de la institución María
Auxiliadora de San Juan del Cesar tiene activos los siguientes funcionarios:

CÓDIGO FECHA
NOMBRES CARGO
CARGO INGRESO
GUSTAVO JOSÉ
HINOJOSA 477 Celador 10/04/1994
GUTIÉRREZ
YOLIS MARGARITA Auxiliar
407 09/12/1994
ACOSTA GÁMEZ administrativo
DEIVIS LEONOR Auxiliar
407 05/15/1997
MENDOZA PERALTA administrativo
CARLOS ALBERTO
477 Celador 06/29/1990
DAZA CUELLO
JULIO GONZÁLEZ
477 Celador 03/22/1977
CUJIA
MAIDA ELENA
Auxiliar
CÓRDOBA 407 02/02/1993
administrativo
MANJARREZ

9 Documento visible en el folio 89 del expediente disponible en el índice 2 del expediente digital que se

encuentra en SAMAI.
10 Documento visible en el folio 90, así mismo, a la certificación fueron adjuntadas las certificaciones

laborales de las personas mencionadas en el escrito, las cuales reposan en los folios 91 a 95, ibidem.
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37. 2.4.1.2. El 14 de septiembre de 2018, la jefe de la oficina jurídica del
Departamento de La Guajira11, manifestó que una vez revisada la base de datos
de la planta de personal «humano web» de la institución educativa María
Auxiliadora, no se evidenció ninguna vinculación de la señora Marlene Esther
Añez, con el precitado establecimiento.

38. 2.4.1.3. El 6 de marzo de 202012, la rectora de esa institución en cumplimiento
del requerimiento realizado en el curso de la primera instancia manifestó lo
siguiente:

«revisados los archivos de la INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA, y específicamente los atinentes a la sede nuestra señora
del Carmen, no se verificó la existencia de ningún documento que de la
certeza o indicios siquiera de que la señora MARLENE ESTHER AÑEZ
preste o haya sus (sic) servicios como aseadora en esta institución, de
igual forma, efectuadas las indagaciones correspondientes no obtuvo
información relacionada con que las personas que ejercieron el cargo de
rectoría en el pasado hubiesen contratado informalmente los servicios de
la señora MARLENE ESTHER AÑEZ como aseadora en la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA-sede nuestra señora del Carmen.
[…]
La señora MARLENE ESTHER AÑEZ no recibe ni ha recibido órdenes e
instrucciones por parte de la suscrita rectora de la institución educativa
María Auxiliadora, así como tampoco se tiene conocimiento de que haya
recibido de las personas que ejercieron la rectoría de la institución en el
pasado; aunado a lo anterior el cuerpo directivo y docente desde centro
educativo no reconoce a la señora MARLENE ESTHER AÑEZ como
empleada de la institución educativa María Auxiliadora-sede nuestra
señora del Carmen, así como tampoco se la han impartido órdenes o se
le han dado indicaciones de índole laboral.
[…]
Revisada la información contenida en los archivos institucionales, y
efectuadas las indagaciones en la comunidad educativa de la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA-SEDE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN, se pudo constatar que la señora MARLENE
ESTHER AÑEZ nunca ha vivido en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA-SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN». (Sic)

39. 2.4.1.4. Testimonios. El día 25 de noviembre de 2019 en la audiencia de
pruebas13, se escucharon en declaración jurada a las señoras Martha Patricia
Ariza Álvarez, Lina Fernanda Rodríguez Herrera y Leandra María Mendoza
Manjarrez

40. 2.4.1.5. Reclamación administrativa. Los días 5 de julio de 201614 y 12 de
agosto de 201615 se radicó ante el alcalde del municipio de San Juan del Cesar

11 Documento visible en el folio 88 del expediente disponible en el índice 2 del expediente digital que se

encuentra en SAMAI.
12 Documento visible en los folios 133 a 135, ibidem.
13 Acta visible en los folios 122 a 124, ibidem.

14 Documento visible en los folios 19 y 20 del expediente disponible en el índice 2 del expediente digital que

se encuentra en SAMAI.
15 Documento visible en los folios 17 y 18, ibidem.

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y el gobernador de la Guajira, respectivamente, solicitud de reconocimiento de
una indemnización correspondiente al valor por concepto de salarios, reajustes
salariales, primas, cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, sanción
moratoria, dotación de uniformes, pagos de aportes de salud y pensión y demás
emolumentos no cancelados a la demandante.

41. Para la Sala el material probatorio referenciado de cara a la condición de
funcionario de hecho de la demandante no se encuentra acreditado. Ello porque
no se probó la existencia del cargo de aseadora o auxiliar de servicios
generales en la institución educativa María Auxiliadora del municipio de San Juan
del Cesar. En efecto, las certificaciones expedidas en los días 4 y 11 de
septiembre de 2018 por la Secretaría de Educación del departamento de la
Guajira y la oficina de recursos humanos de la entidad municipal demandada
expresaron que en la planta de personal solo existen 3 cargos de celador y 3
cargos de auxiliar administrativo, sin que aparezca relacionado el que dice la
demandante desempeñó.

42. De esta manera, como lo ha indicado la Subsección al resolver asuntos
similares16 no se cuenta con elementos probatorios que permitan inferir que
dentro de la planta de personal de las entidades demandadas desde el 1° de
octubre de 1990 a la fecha de presentación de la demanda existiera el cargo de
aseadora, que afirma la interesada ocupó en la institución educativa María
Auxiliadora.

43. En cuanto al cumplimiento de los requisitos de la relación laboral encubierta, por
haberse permitido la prestación del servicio como aseadora, como lo sostiene la
demandante, para la Sala tampoco se encuentran probados como pasa a
indicarse.

44. En la demanda se afirmó que desde el 1° de octubre de 1990 por órdenes del
rector del plantel educativo mencionado, la demandante desempeñó el cargo de
aseadora y que como contraprestación le fue suministrada una vivienda para que
habitara junto a su núcleo familiar, sin contar con otro tipo de pago como
retribución del servicio.

45. Sobre la prestación de esos servicios, se tienen en el proceso las declaraciones
de las señoras Martha Patricia Ariza Álvarez, Lina Fernanda Rodríguez Herrera
y Leandra María Mendoza Ramírez, quienes coincidieron al expresar que la
señora Marlene Esther Añez prestó los servicios de aseadora en el plantel
educativo María Auxiliadora del municipio de San Juan del Cesar desde el año
1990 y que ella vivía con su familia en las instalaciones de esa institución.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

de 7 de abril de 2022, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación 44001-23-40-000-2017-
00015-01 (6465-2019).

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Demandante: Marlene Esther Añez

46. La testigo Martha Ariza afirmó en su declaración que ella entró a laborar a la
institución en el año 2002 como aseadora contratada por dos maestras. Del
conocimiento de la demandante en su trabajo dijo lo siguiente:

«Cuando yo entré a trabajar ahí ya la señora Marlene estaba en el colegio.
PREGUNTADO: ¿Eso en qué año fue? CONTESTÓ: En el 2000, cuando yo entré
a trabajar la encontré en el colegio. PREGUNTADO: ¿Qué hacía ella en el colegio?
CONTESTÓ: Aseadora. PREGUNTADO: ¿A qué horas hacía aseo? CONTESTÓ:
Nosotras entrabamos a las 2 de la tarde y salíamos a las seis de la tarde, y a las
cinco de la mañana teníamos que ir para barrer el frente, entonces ella agarraba
un lado y yo agarraba el otro lado, porque este colegio es grande.” (...)
PREGUNTADO: ¿Quién le daba los implementos para realizar el aseo o los
implementos de aseo que ustedes utilizaban? CONTESTÓ: Las maestras que me
contrataron a mí. PREGUNTADO: ¿Cuál es el nombre de esas maestras?
CONTESTÓ: María Cecilia Álvarez y Elcy Bonilla. PREGUNTADO: ¿Cómo se
llamaba en ese entonces el rector de la institución educativa María Auxiliadora?
CONTESTÓ: Luz Mary Aragón. PREGUNTADO: ¿Dónde vive la señora Marlene
Esther Añez? CONTESTÓ: La señora Marlene vive en el colegio María Auxiliadora.
PREGUNTADO: ¿En estos momentos la señora Marlene aún permanece en la
institución? CONTESTÓ: Sí, está ahí en la institución. PREGUNTADO: ¿La señora
Marlene sigue cumpliendo las labores de aseo de esa institución educativa?
CONTESTÓ: Sí, sigue haciendo las labores. PREGUNTADO: ¿De quiénes
recibían ustedes las instrucciones para realizar las labores? CONTESTÓ: De las
maestras que nos contrataron. PREGUNTADO: ¿Cuál era el salario que se le
cancelaba a la señora Marlene? CONTESTÓ: $200.000 pesos. PREGUNTADO:
¿Durante ese tiempo recibió pago de prestaciones sociales por ese trabajo?
CONTESTÓ: No» Preguntas formuladas por el agente del Ministerio Público:
«PREGUNTADO: Usted ha afirmado que la señora Marlene recibía $200.000
pesos de salario, ¿Quién pagaba el salario de la señora Marlene? CONTESTÓ:
Las maestras que nos contrataron porque yo también recibía eso. PREGUNTADO:
¿Consentía la rectora de la institución educativa las labores que ustedes
desarrollaban?, o sea, ¿cuál era la actitud de la rectora frente a ese aseo que
ustedes realizaban? CONTESTÓ: Ella quedaba satisfecha, ella era agradable.
«PREGUNTADO: ¿La rectora de la institución educativa, la señora Luz Mary
Aragón, les impartía a ustedes directamente órdenes o directrices respecto del
aseo que ustedes realizaban? CONTESTÓ: sí. «PREGUNTADO: ¿Qué órdenes
les señalaba? ¿qué les decía ella a ustedes frente a ese servicio? CONTESTÓ:
Para que todo quedara bien limpio, todo tenía que estar en orden, los salones,
todo. «PREGUNTADO: ¿Existía un coordinador en la institución educativa y cuál
era el nombre? CONTESTÓ: Nelly, pero el apellido se me escapa ahora.
PREGUNTADO: ¿El coordinador de la institución educativa qué les señalaba frente
al servicio que ustedes hacían, los instruía o no los instruía? CONTESTÓ: Sí
también. PREGUNTADO: ¿Les impartía órdenes? CONTESTÓ: sí, la seño Nelly
también...».

47. Por su parte, la declarante Lina Fernanda Rodríguez Herrera, quien dijo haber
sido estudiante de la institución educativa María Auxiliadora, afirmó:

«PREGUNTADO: ¿Por qué son amigas? CONTESTÓ: Porque yo estudié allá en
el colegio María Auxiliadora y desde ahí la conozco. PREGUNTADO: ¿En qué
año? CONTESTÓ: En el 92. ¿Cómo la conoció, haciendo qué allá en el colegio?
CONTESTÓ: Aseadora. PREGUNTADO: ¿En qué horarios? CONTESTÓ: En las
tardes. PREGUNTADO: ¿Hasta cuándo estudió usted en el colegio? CONTESTÓ:
Yo inicié en el 92 y terminé en el 2002. PREGUNTADO: ¿Cuándo usted se fue
aún estaba la señora Marlene allí o ya no trabaja? CONTESTÓ: Todavía estaba
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allí Preguntas formuladas por el apoderado de la parte demandante:
PREGUNTADO: ¿Tiene conocimiento si la señora Marlene aún continúa, en la
institución educativa María Auxiliadora? CONTESTÓ: Sí, todavía está ahí.
PREGUNTADO: ¿Qué funciones cumple la señora Marlene en esa institución
educativa? CONTESTÓ: Es aseadora. PREGUNTADO: ¿Cuál es el salario que
devenga la señora Marlene? CONTESTÓ: No. PREGUNTADO: ¿Dónde vive la
señora Marlene en estos momentos? CONTESTÓ: En la institución María
Auxiliadora. PREGUNTADO: ¿Con quién vive ella ahí? CONTESTÓ: Con su
esposo y dos hijos. PREGUNTADO: ¿Quién le suministraba los elementos o los
utensilios de aseo para que la señora Marlene realizara las labores ahí en la
institución? CONTESTÓ: No sé. PREGUNTADO: ¿Cuál era el nombre de la
rectora o del rector de la institución educativa María Auxiliadora? CONTESTÓ:
Cuando yo fui estudiante Luz Mary Aragón. PREGUNTADO: ¿Hasta qué horario
realizaba sus labores la señora Marlene? CONTESTÓ: Desde las dos de la tarde
y volvía en las mañanas. Preguntas formuladas por el agente del Ministerio
Público: PREGUNTADO: Durante el tiempo que usted estudió en la institución
educativa, ¿observó que a la señora Marlene le impartieran órdenes frente a ese
servicio que presuntamente prestaba. CONTESTÓ: No sé. PREGUNTADO:
Durante el tiempo que usted estuvo en la institución educativa vio que alguien le
diera órdenes a la señora Marlene. CONTESTÓ: Las profesoras. PREGUNTADO:
¿Qué profesoras? CONTESTÓ: Las que estuvieron ahí en ese entonces.
PREGUNTADO: Específicamente, frente a la rectora Luz Mary Aragón, ¿percibió
usted o se dio cuenta de que a la señora Marlene, la rectora de la institución
educativa, le diera órdenes? CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADO: ¿Qué órdenes le
impartía? CONTESTÓ: Los salones de los cuales le tocaba hacer aseo, en las
partes, los baños, los sitios».

48. Y la testigo Leandra María Mendoza Manjarrés manifestó lo siguiente:

«PREGUNTADO: ¿Sabe a qué se dedicaba la señora Marlene en ese colegio?
CONTESTÓ: Sí, aseadora. PREGUNTADO: ¿En qué año? CONTESTÓ: Como
en el 90. PREGUNTADO: ¿Recuerda usted en qué horario, hacía la señora
Marlene el aseo que usted acaba de referirse? CONTESTÓ: En la mañana y por
la tarde también […]. PREGUNTADO: a una pregunta que le hizo el despacho
usted afirmó que para el año 90 conoció a la señora Marlene Esther como
aseadora en la institución educativa María Auxiliadora de San Juan del Cesar,
para esa fecha ¿usted también desarrollaba alguna labor en dicho colegio?
CONTESTÓ: No señor, yo no. PREGUNTADO: ¿Trabajaba en otro lugar?
CONTESTÓ: No, somos vecinas. PREGUNTADO: ¿Siguen siendo vecinas?
CONTESTÓ: Ya no porque me mudé, vivo en otro barrio, los olivos.
PREGUNTADO: ¿Cuándo se mudó? CONTESTÓ: Ya tengo cinco años.
Preguntas formuladas por el apoderado de la parte demandante: PREGUNTADO:
¿La institución educativa es un colegio de jornada diurna o únicamente en la
mañana o en la tarde? CONTESTÓ: Las dos, mañana y tarde. PREGUNTADO:
¿La jornada era únicamente en la mañana o eran las dos jornadas? CONTESTÓ:
Las dos jornadas. PREGUNTADO: ¿Dónde vive la señora Marlene Esther Añez?
CONTESTÓ: En María Auxiliadora. PREGUNTADO: ¿Con quién vive ella allí?
CONTESTÓ: Actualmente con su esposo y su hijo. PREGUNTADO: ¿Hasta la
fecha ella aún sigue viviendo allí y cumpliendo las mismas labores? CONTESTÓ:
Sí señor. PREGUNTADO: ¿Usted pudo observar a la señora Marlene portar las
llaves de la institución o de los salones? CONTESTÓ: Sí señor. PREGUNTADO:
¿Usted conoce el nombre del rector de la institución María Auxiliadora o los
rectores que han pasado por allí? CONTESTÓ: Bueno que han pasado fue Mary
Luz Mendoza, la señora Nerila Urriola, la actual es la seño Cleotilde Urbina.
PREGUNTADO: ¿En algún momento usted pudo observar a esas personas
dándole órdenes o instrucciones a la señora Marlene? CONTESTÓ: Sí, le daban

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órdenes. PREGUNTADO: ¿A parte de la señora Marlene qué otra persona
realizaba esas labores en la institución? CONTESTÓ: Sí, hay más, pero, no me
acuerdo los nombres».

49. De los anteriores elementos probatorios valorados en conjunto y bajo la sana
crítica, extrae la Sala que, no logran demostrar la existencia de la relación laboral
encubierta entre las partes, pues sus requisitos esenciales no se encuentran
claramente determinados.

50. De las manifestaciones de las testigos se advierte que la demandante vivía dentro
de las instalaciones del colegio, pero no se prueba con ello la vinculación
contractual o laboral con la entidad demandada; y si bien es cierto esas testigos
indicaron que la actora prestó personalmente sus servicios en la Institución
Educativa María Auxiliadora realizando actividades como aseadora; de sus
expresiones no es posible establecer de forma clara, coherente y precisa las
particularidades de su servicio y, menos aún, eventos en los que concretamente
sobre la demandante se dirigieron órdenes o direccionamientos por parte de
personal directivo o rector de la entidad.

51. En efecto, nótese que la señora Martha Ariza manifestó que prestó los mismos
servicios que la actora en la institución educativa desde el año 2000, lo que
denota que no tiene el conocimiento directo de los extremos comprendidos desde
el 1° de octubre de 1990 hasta esa anualidad, y a partir de esta no queda claro
hasta qué concurrió su servicio, lo que impide establecer con certeza los tiempos
exactos de su conocimiento particular y detallado de las posibles actividades de
la demandante. Además, cuando se le interrogó sobre las órdenes que pudieron
recibir ambas en la prestación del servicio, no fue clara en su relato, pues
únicamente indicó que quien las impartían eran las maestras que la contrataron
a ella; y respecto a la rectora de la institución solamente indicó que «ella quedaba
muy satisfecha». Es decir que desde el nivel directivo de la institución no hubo
instrucción alguna hacia la demandante.

52. En similar sentido, la Sala considera que la testigo Lina Fernanda Rodríguez
Herrera —quien afirmó estudiar en el centro educativo entre 1992 y 2002 no fue
coherente en sus afirmaciones pues manifestó no conocer si ella recibió
direccionamientos en el desarrollo del servicio, y luego indicó que presenció que
personal de la entidad le impartía algunas; situación que, para la Sala, impide
considerar sus dichos como claros, responsivos y coherentes para probar tal
aspecto17.

17 Debe recordarse que la testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Durante el tiempo que usted estudió

en la institución educativa, ¿observó que a la señora Marlene le impartieran órdenes frente a ese servicio
que presuntamente prestaba. CONTESTÓ: No sé. PREGUNTADO: Durante el tiempo que usted estuvo en
la institución educativa vio que alguien le diera órdenes a la señora Marlene. CONTESTÓ: Las profesoras
(…)»
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53. Por su parte, para la Subsección la testigo Leandra María Mendoza Manjarrés no
tuvo una relación directa con las actividades de la actora, pues en su declaración
explicó que no tuvo un vínculo con la entidad demandada y conoció del servicio
de la demandante en calidad de «vecina». Sin embargo, no fundamentó la razón
de sus dichos, esto es, los motivos por los cuales conoció de las condiciones que
en tiempo, modo y lugar la demandante ejerció sus funciones, lo que le impide a
la Sala conocer la razón de su conocimiento del caso y, por tanto, considerar sus
dichos como útiles y pertinentes para constatar el servicio de la actora.

54. Adicionalmente, se tiene que la rectora de la institución educativa María
Auxiliadora, señora Clotilde Elena Urbina de Carrillo18 ante requerimiento
efectuado por el a quo respondió, entre otros puntos, que «revisados los archivos
de la Institución Educativa María Auxiliadora, y específicamente los atinentes a
la sede Nuestra Señora del Carmen, no se verificó la existencia de ningún
documento que de la certeza o indicios siquiera de que la señora MARLENE
ESTHER AÑEZ preste o haya prestado sus servicios como aseadora en esta
institución, de igual forma, efectuadas las indagaciones correspondientes no se
obtuvo información relacionada con que las personas que ejercieron el cargo de
rectoría en el pasado hubiesen contratado informalmente los servicios de la
señora MARLENE ESTHER AÑEZ…». De la misma manera, respondió que
tampoco es cierto que la demandante haya recibido órdenes e instrucciones por
parte de las personas que ocuparon el cargo de rector, agregando que el cuerpo
directivo y docente de la institución no reconocen a la señora Marlene Esther
Añez como empleada de este.

55. Tampoco se aportaron elementos de convicción de carácter documental en los
que se observaran órdenes o llamados de atención emanados de un directivo o
superior e instrucciones sobre la forma de cumplir las tareas asignadas, además,
no se encuentran pruebas de asignación de horarios o de directrices directas a
la demandante, por lo tanto, no se puede establecer la existencia de un grado de
dependencia y subordinación dentro de la relación laboral reclamada.

56. Por otra parte, vale precisar que tampoco se acreditó claramente el elemento de
la remuneración, pues mientras que la actora —desde la presentación de la
demanda— indicó que como contraprestación por su servicio le fue suministrado
por la entidad una vivienda para que habitara junto con su familia, la testigo
Martha Ariza indicó que como remuneración la demandante percibía $200.000.
Dicho aspecto, además de ser contradictorio, no logra ser aclarado con las
manifestaciones de las otras testigos, ni con otros elementos de pruebas.

57. En suma, aun cuando de las pruebas se pueda inferir que la demandante
habitaba en un espacio físico de la entidad, no se logró establecer las condiciones

18 Ver folios 133 a 135 del expediente digital.

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y motivos exactos por los cuales lo hizo; y mucho menos se puede concluir que,
al determinarse ese hecho, por sí solo, se acredite una relación de subordinación
con la entidad, pues no se probaron los requisitos esenciales de existencia del
funcionario de hecho o de una relación laboral encubierta19.

58. Así las cosas, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 167 del CGP, le
corresponde a quien alega la ocurrencia de un hecho, aportar los elementos
probatorios que lo respalden, por lo tanto, al estar asignada la carga probatoria
en cabeza de la demandante es a ella a quien le corresponde demostrar que
ejerció con la anuencia de los demandados un cargo público existente en su
planta de personal; o que fue contratada para disfrazar una relación laboral, y
como ello no ocurrió, se confirmará la sentencia apelada por las razones aquí
expuestas.

2.7. Condena en costas

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

62. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia
a la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de la Guajira.

19 A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso de similares premisas fácticas: SALA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE:
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ 17001-2333-000-2017-00037-01 (0046-2021).
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Demandante: Marlene Esther Añez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de marzo de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda
radicada por la señora Marlene Esther Añez contra el departamento de la Guajira
y el municipio de San Juan del Cesar, por lo dicho en la motivación.

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la demandante en segunda instancia.

TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de
origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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