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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00508-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00508-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda radicada por el señor José Helver Zapata Mendieta contra el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, por lo dicho en la motivación. SEGUNDO: COSTAS a cargo de la demandante en segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00508-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00508-01 (3113-2025)
Demandante: José Helver Zapata Mendieta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00508-01 (3113-2025)
Demandante: José Helver Zapata Mendieta
Demandado: Instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de
Caldas-Inficaldas

Tema: Funcionario de hecho/Relación laboral encubierta

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia que negó
pretensiones de la demanda

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
1 de septiembre de 2023, proferida el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
administrativo G.G. 183-2018 expedido el 22 de marzo de 2018 por el Instituto
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas que negó el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales desde el 25 de julio
de 2002 hasta el 7 de marzo de 2018, tiempo en el que laboró como maletero del
aeropuerto La Nubia de la ciudad de Manizales.

1
Demanda visible en las páginas 120 a 128 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el
índice 56 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00508-01 (3113-2025)
Demandante: José Helver Zapata Mendieta

3.Por lo anterior, solicitó declarar la existencia de la relación laboral a partir del
25 de julio de 2002 y hasta el 7 de marzo de 2018, lapso en el que adquirió la
condición de funcionario de hecho.

4. Como restablecimiento del derecho, reclamó: i) reconocer las acreencias
laborales y prestaciones sociales durante el tiempo de duración de la relación
laboral, tales como, auxilio de cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones
compensadas en dinero, prima de servicios, auxilio de transporte y aportes a
pensión; ii) pagar la sanción moratoria por la omisión en la cancelación del auxilio
de cesantías y los intereses de éstas y iii) reconocer una indemnización de
terminación de contrato sin justa causa.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5. El señor José Helver Zapata Mendieta afirmó que se vinculó a través de
contrato individual de trabajo verbal a Inficaldas desde el 25 de julio de 2002 y el
7 de marzo de 2018 (cuando le dieron por terminado el contrato), cumpliendo una
jornada de 5:50 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a domingo, siendo acordada como
remuneración el pago del salario mínimo legal mensual que se causaría de forma
diaria al final de la jornada.

6. Que prestó sus servicios en el aeropuerto La Nubia, y cumplió las siguientes
funciones: maletero; abrir la puerta de ingreso cuando llegaban los vuelos con los
viajeros al aeropuerto; encender, cuidar y vigilar la cinta trasportadora de
equipaje para evitar el paso en la sala de espera del aeropuerto; izar las banderas
del aeropuerto y recogerlas al terminar el turno, dejarles en custodia del puesto
de información; realizar el aseo del aeropuerto; encender y apagar las luces de
parqueadero y sala de equipajes y quemar la pólvora en la mañana y en la tarde
para espantar las garzas a los alrededores de la terminal aérea, igualmente,
debía cumplir con las demás funciones que fueran asignadas por la
administración del aeropuerto o los funcionarios del Instituto de Financiamiento,
Promoción y Desarrollo de Caldas.

7. Que esas actividades corresponden a las mismas llevadas a cabo en los
cargos de planta de auxiliar de servicios generales y que las ejecutó de forma
personal, permanente y bajo la subordinación del aeropuerto la Nubia. Que para
ingresar a las instalaciones, Inficaldas realizó proceso de carnetización.

8. Que en el mes de junio de 2017 el asesor de control interno de la entidad
demandada realizó una auditoria especial al componente de talento humano del
aeropuerto, encontrando como hallazgo que los maleteros para la prestación de
sus servicios personales no contaban con ningún tipo de condicionamiento de
Inficaldas.

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1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

9.Invocó la vulneración de los artículos 2, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política; Leyes 443 de 1998 y 909 de 2004.

10. Indicó que el acto administrativo enjuiciado adolecía del vicio de falsa
motivación, siendo palpable que el actor ha prestado sus servicios de forma
continua, ininterrumpida y bajo la subordinación del gerente de la terminal aérea
La Nubia de Manizales, ya que, se omitió su vinculación mediante el sistema de
carrera administrativa de que trató en su momento la Ley 443 de 1998 y
posteriormente la Ley 909 de 2004, asimismo, las tareas ejecutadas eran
semejantes a las establecidas para los empleados de la planta de personal de la
entidad, sobre todo, las asignadas a servicios generales.

11. Puntualizó que luego de varios informes de auditoría, en especial el llevado a

cabo por el asesor de control interno, Inficaldas advirtió que el demandante
ejercía funciones propias de un cargo que integraba la planta de personal, de ello
da cuenta el hallazgo tercero del proceso de control operacional en el cual se
evidenció la presencia de personas que ejecutaban actividades de forma informal
en la terminal aérea, como los maleteros y la despachadora de taxis, en razón de
ello, el asesor explicó la generación de desorden administrativo y de un
incumplimiento de la norma aplicable por desarrollarse las actividades señaladas
en las instalaciones de la terminal aérea.

1.4. Contestación de la demanda2

12. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas
contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda; explicó las
formas de vinculación a la función pública y los requisitos para la configuración
del funcionario de hecho para concluir que: i) no se demostró la existencia del
cargo de maletero en los empleos adscritos a la entidad demandada, tampoco se
cuenta con autorizaciones, órdenes de servicio, u otro tipo de escrito expedido
por la gerencia del instituto que permitiera inferir una relación laboral de hecho;
ii) no existió manual de funciones, por lo que si en algún momento el ciudadano
colaboró a cargar las maletas de los pasajeros del aeropuerto, dicha actividad la
realizó por su cuenta y riesgo, pues tenía conocimiento de que Inficaldas nunca
contrató esos servicios como quiera que ese cargo no existe en la planta de
personal; iii) no se observó que el interesado hubiese ejercido las mismas
funciones realizadas por un funcionario de planta y iv) no se presentó vínculo
laboral ni contractual con el señor José Helver Zapata Mendieta.

13. Con fundamento en lo anterior, propuso como excepciones de mérito las
siguientes: i) no existen presupuestos jurídicos ni jurisprudenciales para que se
presente la figura de funcionario de hecho; ii) cobro de lo no debido.

2
Contestación vista en las páginas 171 a 182 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en
el índice 56 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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1.5. Sentencia de primera instancia3

14. El
3 de febrero de 2023, el Tribunal declaró probadas las excepciones
formuladas por la parte demandada, negó las pretensiones y se abstuvo de
condenar en costas al demandante.

15. En primer término, señaló que en la planta de personal de la terminal aérea no

existía el cargo de auxiliar de equipaje o maletero, así como tampoco un empleo
con las funciones supuestamente efectuadas por el actor. Aclaró que, si bien la
administración del aeropuerto La Nubia permitió y autorizó el ingreso del
ciudadano a algunas zonas restringidas de la institución, las labores no eran
propias de Inficaldas ni del aeropuerto.

16. En virtud de lo dicho, sostuvo que no se podía predicar el ejercicio de funciones

irregulares, ni de la misma forma y apariencia en las que hubiere ejercido la
persona designada regularmente debido a que no existen actividades
reglamentadas que el interesado pudiera desarrollar y tampoco rubro
presupuestal para el pago de salarios y prestaciones sociales.

17. Que el actor tampoco demostró los elementos configurativos de la relación

laboral encubierta, por cuanto: i) es cierto que podría concluirse que prestó
personalmente el servicio de maletero, pero no se demostraron los demás
elementos; ii) en el expediente no se cuenta con constancias de pago,
transferencias o consignaciones de las que se denote la contraprestación; iii) las
declaraciones rendidas no permiten establecer la imposición o cumplimiento de
horario de trabajo, además, no otorgan certeza sobre las órdenes impartidas por
los superiores o el cumplimiento de directrices.

18. En lo concerniente a la subordinación enfatizó que: i) la entrega de carnet al

accionante no implica la sujeción del ciudadano con la parte demandada; ii) el
uso de carros para transportar los equipajes no es un indicio en la medida que
los mismos estaban dispuestos en la terminal aérea para el uso de los pasajeros;
iii) las labores de aseo, los deponentes reconocieron que en la planta de personal
se contaba con personal que lo realizara.

1.6. Recurso de apelación4

19. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia y se concedan las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:

20. Se probaron los elementos de la figura de funcionario de hecho, sobre todo el

ejercicio de funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades,

3
Providencia observada en el archivo «048ED_36SentenciaPrimeraIn(.pdf) NroActua 30», adjunto en el índice 56 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
4
Recurso visto en el archivo «052ED_40RecursoApelacionDe(.pdf) NroActua 30», adjunto en el índice 56 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.

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asimismo, no se discutieron ni valoraron los elementos de existencia de un
contrato realidad.

21. Que conforme al salvamento de voto de la decisión, era necesario verificar las

sentencias de constitucionalidad C-593 de 2014 y C-154 de 1997 en las que se
efectuó un análisis de la protección al trabajo y de la primacía de la realidad sobre
las formas, respectivamente.

22. Las declaraciones rendidas por los señores Reinel Rodríguez Arenas, Jorge

William Tangarife y Aldemar Gutiérrez Rave acreditan que: i) la vinculación fue
de manera verbal para prestar los servicios de auxiliar de equipaje en la terminal
aérea La Nubia; ii) inició a laborar desde el 25 de julio de 2002; iii) el retiro se
produjo el 7 de marzo de 2018; iv) Inficaldas impuso la jornada laboral que era
de lunes a domingo a partir de las 5:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m.; v) la tarifa era
establecida por la parte demandada; vi) las funciones asignadas y ejecutadas por
el actor; vii) la permanencia continua, ininterrumpida y subordinada del
demandante en la terminal aérea por parte de Inficaldas; viii) el conocimiento de
Inficaldas sobre las actividades ejecutadas por José Helver Zapata Mendieta; xi)
la carnetización y dotación suministrada por la entidad; x) la asistencia y
participación en las capacitaciones efectuadas en el aeropuerto que eran
convocadas por Inficaldas; xi) las convocatorias realizadas mediante circulares y
comunicados; xii) las sanciones impuestas al recurrente por las faltas acaecidas
en el desempeño de sus funciones; xiii) la inclusión del demandante en las
integraciones realizadas por la institución en épocas decembrinas y xiv) las
atenciones médicas cubiertas por Inficaldas a través de la administración del
aeropuerto.

23. Después de múltiples informes de auditoría, Inficaldas verificó que el señor

José Helver Zapata Mendieta ejerció funciones públicas propias de la entidad,
como lo determinó el hallazgo 3 del proceso de control operacional en el que se
evidenció «la presencia de personas que ejecutan actividades de manera
informal en el aeropuerto la Nubia, como son los maleteros y la despachadora de
taxis».

1.7 Trámite de segunda instancia

24. El recurso de apelación se admitió en auto del 14 de noviembre de 20255,

oportunidad en la cual se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde que se admitiera el recurso hasta antes que ingresara el proceso al
despacho para fallo. En la citada etapa, el Ministerio Público guardó silencio.

25. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes,

5
Índice 4 aplicativo SAMAI segunda instancia.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

27. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código

General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

28. En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandante, la

resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

29. Si bien en el recurso de apelación se mencionó la calidad de funcionario de

hecho del demandante en la prestación de sus servicios como maletero del
aeropuerto La Nubia del municipio de Manizales en el período comprendido entre
el 25 de julio de 2002 y hasta el 7 de marzo de 2018, lo cierto es que se sustenta
en la existencia de una relación laboral encubierta con la entidad pública
demandada.

30. De allí que la Sala hará mención a la figura del funcionario de hecho invocada

en el recurso de apelación, así como a la relación laboral encubierta para resolver
el caso.

31. Y para ello deberá determinar si en este caso el demandante fungió como

funcionario de hecho de la entidad demandada, y por lo tanto tiene derecho a las
prestaciones causadas en el período reclamado en la demanda. O si por contrario
mantuvo una relación laboral subyacente, que genera el mismo derecho a
percibir las prestaciones pretendidas.

2.3. De la relación laboral de hecho

32. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado8 que esta forma anormal

de vinculación con el Estado puede estructurarse en dos momentos a saber:

6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
8
Sentencia del 15 de mayo de 2013. CP Gerardo Arenas Monsalve. Número interno 1363-2012. Demandante: Hurtado
de Jesús Monsalve Martínez. Demandado: Metrosalud E.S.E

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33. a) En los períodos de normalidad institucional pueden surgir funcionarios de

hecho. Se da esta situación cuando media título que habilita para el ejercicio de
la función pública, pero por causas anteriores o supervinientes resulta inválido o
deja de surtir efectos. Esto ocurre en hipótesis muy variadas: designación de una
persona que no reunía las condiciones legales exigidas, por lo cual más tarde es
revocada; funcionario que posteriormente a su designación se inhabilita para el
ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa ejerciéndolo, o que permanece
en funciones luego de vencido el término de su mandato, etc.

34. b) En épocas de anormalidad institucional, producida por guerras,
revoluciones, grandes calamidades, etc., el panorama es distinto.

35. En tales casos es frecuente que asuman el ejercicio de funciones públicas

quienes no tienen título legal alguno. A veces son personas de buena voluntad
que, frente a la desaparición de las autoridades constituidas, toman a su cargo
ciertas funciones públicas.

36. En este orden, los requisitos esenciales para que se configure el funcionario

de hecho en los períodos de normalidad institucional son: a) que exista de jure el
cargo9; b) la función sea ejercida irregularmente; c) que el cargo se ejerza en la
misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada
regularmente10 y d) también puede darse cuando el empleado ejerce funciones
públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e
impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio irregular de una
investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pero que, en todo
caso debe ser objeto de protección en aplicación del principio constitucional de
la prevalencia de la realidad frente a las formas.

37. Al respecto, esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones de

manera irregular debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple
no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja el
vínculo legal y reglamentario; en otras palabras, cuando no existe nombramiento
o elección según el tipo de cargo, ni tampoco posesión. También opera cuando
tales requisitos, pese a que existieron, ya no están vigentes11.

2.4. De la relación laboral encubierta o subyacente

38.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
9
En sentencia del 29 de septiembre de 2022, dentro del radicado 23001 23 33 000 2015 00240 01 (1932-2020), esta
subsección sostuvo lo siguiente: «Con todo, y en gracia de la discusión, debe recordarse que si bien la jurisprudencia de
esta Corporación ha exigido prueba de la existencia del cargo a efectos de reconocer una situación de funcionario de
hecho, lo cierto es que para garantizar la vigencia del derecho al trabajo, debe considerarse que este no es un requisito
rígido ni absoluto, de suerte que no es indispensable su demostración cuando lo que se advierte es que la entidad ha
tolerado que el trabajador desarrolle actividades propias de la administración sin la existencia del empleo en su planta de
personal, lo cual, como se ha expuesto a lo largo de esta decisión, quedó acreditado».
10
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A", consejero Ponente: Alberto Arango Mantilla, sentencia de 15
de marzo de 2007, Exp. No: 25000-23-25-000-1996-41885-01 (6267-05).
11
Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2016, radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-14); ii) del 5
de mayo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017).

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cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

39. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

40. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección

Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

41. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera

personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.5. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

42. En primer lugar, la Sala estima necesarioprecisar que en la audiencia de
pruebas realizada el 15 de diciembre de 2020 el apoderado de la entidad
demandada formuló tacha en contra de los testimonios rendidos por los señores

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Jorge William Tangarife García12 y Aldemar Gutiérrez Rave13 en virtud del interés
directo en el resultado del proceso.

43. Al respecto, es preciso recordar el deber de imparcialidad, en los términos

prescritos por el Código General del Proceso:

«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos
o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso»

44. Como se puede apreciar, le corresponde al juez determinar sí un testigo es o

no sospechoso y valorar sus declaraciones de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.

45. Ahora bien, para valorar el testimonio, es necesario que las circunstancias de

tiempo, modo y lugar del relato sean claras, que las respuestas sean responsivas,
exactas y completas14 y que el declarante explique cómo llegó al conocimiento
de los hechos, pues sólo de esta forma el juzgador podrá apreciar la veracidad
de lo expuesto, y determinar si la información se obtuvo de primera mano, si
resulta verosímil, si no contraría los dictados del sentido común o las leyes de la
naturaleza, y, además, si es consonante con el resto del material probatorio 15.

46. No obstante, tal como se infiere de la norma transcrita, la tacha no impide la

valoración de la declaración de un testigo sospechoso, sino que le impone al
juzgador el deber de apreciarlo con mayor severidad, y que su dicho sea
contrastado con las demás pruebas que existen en el expediente16. De allí que
se haga el estudio del medio probatorio en mención de manera conjunta con los
demás elementos probatorios traídos al proceso, a efectos de determinar la
veracidad de las declaraciones de los testigos y, por tal conducto, la pertinencia

12
Al respecto, el apoderado de la parte demandad afirmó que «atendiendo a lo que manifiesta el señor Jorge William
Tangarife en relación a que tiene un proceso iniciado en contra de Inficaldas por las mismas circunstancias que se está
aduciendo en este proceso, y dado que son testigos recíprocos, me permito, señor magistrado, con todo respeto solicitar
la tacha del testigo de conformidad con lo expuesto en el artículo 211 del Código General del Proceso, y ello atendiendo
a que la declaración del señor Jorge William puede verse parcializada en atención al interés directo que tiene el resultado
de este proceso y de todos los procesos que cursan en relación con el tema de maleteros, por cuanto él también presentó
una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, demanda que cursa en el juzgado octavo administrativo del
circuito de Manizales, proceso radicado con el número 201800385, el cual se encuentra pendiente de la audiencia de
pruebas a realizarse el día 21 de abril del año 2021. Entonces, quiero dejar constancia esta anotación en la dirigencia,
señor magistrado, para que cuando sea la oportunidad de procesarla resuelva el despacho».
13
En detalle, el mandatario de la parte demanda señaló que «atendiendo a lo que manifiesta el señor Aldemar Gutiérrez,
me permito, de conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso, tachar el testimonio del señor Gutiérrez
Rave, en razón a que se dan unas circunstancias que permiten deducir que tiene un interés directo en el resultado del
proceso, toda vez que también tiene una demanda por las mismas circunstancias fácticas que aquí se investigan, proceso
que cursa en el Tribunal Administrativo de Caldas, en el despacho del doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes, con radicado
2018-00-505, y el cual se encuentra a despacho para sentencia, señor magistrado».
14
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de febrero de 1965, magistrado ponente: Gustavo
Fajardo Pinzón, publicada en Gaceta Judicial, Tomo CXI, página 54,
15
cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de agosto de 1992, magistrado ponente: Alberto
Ospina Botero, publicada en la Gaceta Judicial 2458, que se encuentra en el Tomo ccxix, pp. 301 y ss.
16
Sentencia de 23 de mayo de 2024; Sección Segunda, Subsección A, radicado 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-
2020) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.

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que la prueba cuenta para constatar o no la teoría del caso de la parte
demandante.

47. Dicho lo anterior, en el sub lite, el recurrente alegó que se presentó la figura

de funcionario de hecho por ejecutar labores de maletero en el aeropuerto La
Nubia del municipio de Manizales, desde el 25 de julio de 2002 hasta el 7 de
marzo de 2018.

48. Esto lo sustentó al señalar que: i) no se vinculó de manera regular a la
administración, ya que, se omitió efectuar su vinculación a través del sistema de
carrera administrativa; ii) las labores desempeñadas como maletero son similares
a las ejercidas en el cargo de auxiliar de servicios generales que hace parte de
la planta de personal; iii) el informe especial del asesor de control interno del
Inficaldas evidenció la presencia de personas que realizaban actividades en la
terminal aérea, como los maleteros, lo cual ocasionó desorden administrativo e
incumplimiento de la norma aplicable al desarrollarse actividades en las
instalaciones del aeropuerto.

49. La Sala no comparte la tesis del accionante en lo concerniente al cumplimiento

de los presupuestos de la condición de funcionario de hecho porque no existe el
cargo ni están establecidos los emolumentos, por las razones que a continuación
de señalan.

50. Se tiene que Inficaldas conforme a la Ordenanza 805 del 26 de julio de 2017 17

es un establecimiento público departamental, adscrito al departamento de
Caldas, descentralizado, de fomento y desarrollo, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto principal es
«contribuir en el fomento económico, cultural y social, mediante la prestación de
servicios de crédito y garantía, y eventualmente de otros, en favor de obras de
servicio público, que se adelanten en el país, de preferencia las de índole
regional, las de interés común de varios municipios y las de carácter
departamental y municipal». Adicionalmente, en el informe rendido el 26 de
febrero de 202118 por el gerente de la institución precisó que el aeropuerto La
Nubia de Manizales integra a la entidad como una unidad de negocios.

51. En atención a lo contemplado en el Acuerdo 039 del 13 de febrero de 2009 19,

se advierte que el aeropuerto La Nubia tiene distribuidos 24 cargos; así:

Cargo Número de cargos Propósito principal
Profesional Administrar el sistema operativo y funcional del
1
especializado aeropuerto la Nubia.
Dirigir y coordinar conjuntamente con el
Capitán de Profesional Especializado la oportuna
1
bomberos realización de las actividades de salvamento,
extinción de incendios, prevención de desastres

17
Documento observado en las páginas 90 a 107 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto
en el índice 56 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
18
Documento visible en el archivo «035ED_03document37» del expediente digital que se encuentra en el índice 2 SAMAI.
19
Acto administrativo visto en el archivo «008ED_C01Princip_ACUERDO039PLANTAPERS», adjunto en el índice 56 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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y demás situaciones de riesgo que puedan
presentarse con base en las normas de
seguridad establecidas por la Aerocivil y la
Organización de la Aviación Civil Internacional –
OACI.
Atender en forma ágil y oportuna las tareas de
salvamento, extinción de incendios y cualquier
situación de riesgo que pueda presentarse en el
Bomberos 15
Aeropuerto, con base en las normas
establecidas por la Aerocivil y la Organización
de la Aviación Civil Internacional-OACI.
Garantizar la correcta y oportuna prestación del
Ayudante
servicio de parqueadero, cumpliendo con las
código 472 2
normas de control y seguridad establecidas por
grado 02
el Instituto.
Realizar la entrega de correspondencia del
Ayudante Instituto en las diferentes entidades que lo
código 472 3 requiera y responder por la integridad de los
grado 04 documentos, encomendados de acuerdo a las
normas y procedimientos vigentes.
Auxiliar de
Ejecutar labores relacionadas con aseo y
servicios 2
mantenimiento de las áreas a su cargo.
generales

52. Inficaldas, en el acto administrativo demandado oficio G.G. 183-2018 del 22

de marzo de 2018 explicó que «en el aeropuerto La Nubia existe una planta fija
de personal […], entre los que se encuentran: profesional especializado
Aeropuerto, Capitán de Bomberos y ayudantes; sin que existan los cargos de
maleteros y/o equivalentes». (Sic).

53. El 16 de febrero de 202120, el gerente general de la institución en cumplimiento

del requerimiento efectuado en el curso de la primera instancia de rendir informe
sobre los hechos de la demanda manifestó lo siguiente:

«[…]
«De acuerdo a lo anterior, se tiene que en el aeropuerto la Nubia existe una planta
fija de personal de veintiún cargos, entre los que se encuentran: profesional
especializado aeropuerto, capitán de bomberos, bomberos y ayudantes; sin que
existan los cargos de maleteros y/o equivalentes.
[…]
También hay que hacer claridad que dentro del presupuesto que maneja el
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, no se evidencia el
pago por concepto de servicios prestados por el demandante en ninguna de las
sedes del Instituto, y mucho menos en las instalaciones del Aeropuerto La Nubia
de Manizales.

Adicionalmente, es preciso aclarar que los cargos que se desempeñan en las
entidades de carácter público deben estar respaldados por la ley y contener de
manera determinada las funciones de forma expresa; así como la existencia de
los cargos en las diferentes plantas de personal, circunstancia que como se anotó
anteriormente no se cumplen en el caso de los "maleteros" y/o equivalentes en
INFICALDAS.

[…]» (Sic).

20
Documento visible en el archivo «035ED_03document37» del expediente digital que se encuentra en el índice 2 SAMAI.

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54. En ese orden, para la Sala el material probatorio, revela, de cara a la condición
de funcionario de hecho del demandante que esta no se encuentra acreditada.
Ello porque no se probó la existencia del cargo de auxiliar de equipaje o maletero
en la entidad demandada ni la asignación de emolumentos del empleo.

55. De esta manera, como lo ha indicado la Subsección al resolver asuntos
similares21 no se cuenta con elementos probatorios que permitan inferir que
dentro de la planta de personal de la entidad demandada en el período indicado
por el recurrente existiera el cargo de auxiliar de equipaje o maletero, que afirma
haber ocupado en el aeropuerto La Nubia de Manizales. Y si bien se acreditó la
existencia del cargo de auxiliar de servicios generales las funciones que se dicen
ejecutaron no son las que tiene establecidas ese cargo en la planta de personal,
como más adelante se explicará.

56. En cuanto al cumplimiento de los requisitos de la relación laboral encubierta,

por haberse permitido la prestación del servicio de maletero o de auxiliar de
servicios generales, como lo sostiene el demandante, para la Sala tampoco se
encuentran probados como pasa a indicarse.

57. En ese orden, lo primero que se destaca es que los testigos de la parte
demandante conocieron al actor en razón a las labores que realizaba en las
instalaciones del aeropuerto La Nubia, así:

58. El señor Reinel Rodríguez Arenas expresó que prestó servicios asociados con

la unidad canina de la Policía Nacional en la terminal aérea22 desde la anualidad
de 200323.

59. El señor Jorge William Tangarife García afirmó que conoció al accionante dado

que también realizó actividades como maletero en el aeropuerto La Nubia de
Manizales desde el 2007 y hasta el 201824.

60. Y el señor Aldemar Gutiérrez Rave sostuvo que actuó como maletero en los

años 2000 a 201825.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2022, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación 44001-23-40-000-2017-00015-01 (6465-2019).
22
En efecto, el magistrado sustanciador le preguntó «cuéntenos si ha tenido algún vínculo contractual o de alguna otra
naturaleza con esa institución», señalando el deponente que «no, doctor, solo trabajé con la Policía Nacional, para la
Policía Nacional, en el aeropuerto de La Nubia y fue donde conocí al señor Helber Zapata».
23
Al respecto, el magistrado sustanciador interrogó al declarante así, «usted ha hecho un comentario sobre lo que habría
observado en esas circunstancias a las que usted se ha referido. Le pregunto cuándo ocurrió eso, qué años, qué fechas»,
especificando el deponente que «yo estuve trabajando en Cali para el 2002. Yo llegué, yo estuve en Manizales, estuve
trabajando en ese aeropuerto como base con la unidad Canina, salí trasladado para Cali en el 2002 y regresé en el 2003.
En mayo del 2003 regresé al aeropuerto de La Nubia y cuando yo entré ya estaba el señor Helder trabajando ahí. Lo veía
frecuentemente por cuando yo venía a Manizales».
24
Sobre el tema, el magistrado sustanciador le preguntó al testigo «¿cuándo, en qué época, si usted lo recuerda, llevó el
señor José Albert Zapata Mendieta sus actividades en el aeropuerto?», especificando el declarante que «yo ingresé a
trabajar en el aeropuerto en el 2007. Cuando yo ya trabajaba, Helver ya estaba trabajando en el aeropuerto […]».
Adicionalmente, le pidió que indicara «¿hasta cuándo llevó el demandante José Helver Zapata Mendieta sus actividades
en el aeropuerto?», contestando el deponente que «trabajamos hasta el 10 de marzo de 2018».
25
En detalle, el magistrado sustanciador formuló el interrogante consistente en «le pregunto qué ha hecho para
Inficaldas», expresando el testigo que «fui auxiliar de equipajes durante 18 años», a su vez le solicitó que señalara «¿en
dónde?», especificando el testigo que «en el aeropuerto La Nubia», motivo por el que le pidió al declarante que aclarara
«¿entre qué periodo se cumplieron esos 18 años?», contestando el deponente que «del 2000 al 2018».

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61. Ahora bien, el testimonio rendido por el declarante de la parte demandada,

Andrés Mauricio Gaitán Guzmán, no puede ser tenido en cuenta para la
demostración de los supuestos fácticos descritos por éste, pues no le pueden
constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que el demandante
llevó a cabo las actividades alegadas en la demanda, ello, por cuanto afirmó que
laboró desde «el 6 de junio del año 2017 hasta el 27 de enero del año 2020 en el
cargo de secretario general de la entidad», y al ser interrogado por el magistrado
sustanciador sobre «si conoce al señor José Helver Zapata Mendieta», afirmó
que a «José Helver, no, doctor. Tendría que ver la persona, pero no».

62. Adicionalmente, fundó su conocimiento del caso como consecuencia de las

reclamaciones administrativas radicadas por el demandante y otros, pues señaló
que «conozco los hechos de la demanda por cuanto, mientras estaba en
Inficaldas como secretario general, llegaron las reclamaciones administrativas
por parte de estas personas, aduciendo que ellos tenían una relación laboral con
la entidad, por cuanto ellos prestaban un servicio de maleteros». En
consecuencia, para la Sala este testigo no ofrece certeza respecto del
conocimiento que pueda tener de las condiciones en que el demandante prestó
sus servicios.

63. Explicado lo anterior, en cuanto a las labores ejercidas por el demandante, el

testigo Reinel Rodríguez Arenas expresó que todos los maleteros, incluido el
accionante, se encargaban de encender las luces; acomodar los carros de
trasporte de equipaje, abrir las puertas de acceso principal, efectuar el aseo de
las instalaciones mientras ingresaba el personal a cargo de la función y ofrecer
el servicio de maleteros26.

64. Con lo dicho también coincidió el testigo Jorge William Tangarife García27,

quien destacó que las labores de aseo usualmente se llevaban a cabo el sábado
o domingo porque únicamente permanecía un empleado de esa labor en dichos
días, «entonces nos tocaba a nosotros, con ella, ayudarle a recoger basuras y
hacer el aseo por fuera, barrer las entradas del aeropuerto». Adicionalmente, el
declarante Aldemar Gutiérrez Rave agregó que los maleteros «apagamos luces,
colocamos las banderas, colocamos las banderas, reclamamos las llaves de las
puertas de sala de equipaje, hacíamos aseos, alistábamos carritos para
transportar el equipaje» (sic) y en respuesta posterior señaló que «salir a quemar
pólvora para espantar las garras, que era un perjuicio para los aviones» (sic).

26
Al respecto, el testigo afirmó que «todos los maleteros, entre ellos el señor Helver. Encendían las luces, acomodaban
los carros donde transportan el equipaje de los pasajeros, abrían las puertas de acceso principales, pues la principal y las
que están a los costados de la puerta principal de acceso al aeropuerto, la puerta de acceso al sector administrativo de
Inficaldas, perdón, de la administración de allá, o sea, el sector que tiene las oficinas donde están las secretarias de
Inficaldas que funcionan ahí en el aeropuerto. Si había algún desorden o desaseo, ellos tenían que organizar todo mientras
llegaban la empresa que hacía aseo para el entonces allá en el aeropuerto. Y ya ellos, cuando llegaban los pasajeros, se
ofrecía el servicio de maletero como tal, y eran los encargados de llevar esas esas maletas a las distintas aerolíneas
donde viajaban los pasajeros».
27
Al respecto, el declarante manifestó que «cumplíamos varias funciones en el aeropuerto, como eran abrir puertas,
apagar las luces del aeropuerto por la mañana, apenas llegábamos, encender las luces por la noche antes de irnos,
colocar las banderas en el aeropuerto y quitarlas por la noche. Los fines de semana nos tocaba que hacer luz en la
seguridad del aeropuerto. Y en semana cuando un funcionario de Inficaldas no iba o tenía que ausentarse, la
Administración nos mandaba a nosotros a cubrir ese puesto, como la información, como eran las puertas de ingreso a la
sala de hospital. Cumplíamos todas esas funciones».

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65. Si bien, lo descrito por los deponentes evidencia la permanencia del
accionante en las instalaciones de la terminal aérea, sus relatos no son
suficientes para determinar que ejecutó las labores señaladas por los testigos, en
especial, auxiliar de equipaje o maletero, en tanto las declaraciones contienen
explicaciones genéricas de la supuesta prestación del servicio en el aeropuerto
La Nubia. Al respecto, los testigos Reinel Rodríguez Arenas, Jorge William
Tangarife García y Aldemar Gutiérrez Rave se refirieron al grupo de personas
que se identificaban como maleteros de la terminal aérea y no de forma concreta
al señor José Helver Zapata Mendieta.

66. No obstante, es claro que conforme a la auditoría especial28 realizada en el

mes de junio de 2017 por la oficina de control interno de Inficaldas, en el hallazgo
tercero se determinó la presencia de personas que ejecutaban actividades
informalmente en la terminal aérea, como lo son los maleteros y la despachadora
de taxis, cuya causa fueron las falencias en los mecanismos del proceso de
control operacional de la terminal aérea. Ciertamente, se consignó lo
consiguiente:

«*En la planta de cargos está asignado para el aeropuerto la Nubia un (1) Auxiliar
Servicios Generales, no obstante, en la actualidad los dos cargos se desempeñan
en la terminal área.

**En la planta de cargos están asignados para el aeropuerto la Nubia quince (15)
bomberos, sin embargo, actualmente se encuentras provistos catorce (14).
[…]
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
En la revisión efectuada a la administración de talento humano en el proceso
negocios periféricos se establecieron los siguientes hallazgos
[....]
Hallazgo 3

Criterio
Proceso: Control operacional-CÓDIGO 200-CP-04-Versión: 02

Situación

Se evidenció la presencia de personas que ejecutan actividades de manera
informal en el aeropuerto la Nubia, como son los maleteros y la despachadora de
taxis.

Causas
Esto se debe a falencias en los mecanismos de control asociados al proceso de
control operacional en el aeropuerto la Nubia.

Efectos
Lo anterior ocasiona que se presente informalidad en la ejecución de algunas
actividades relativas al proceso, incumpliendo la normatividad aplicable y
generando desorden administrativo. En igual forma se corre el riesgo de un daño
de tipo jurídico para la entidad, debido a que estas personas pueden ejercer
acciones judiciales contra el instituto ante cualquier eventualidad que se les
presente, ya que, aunque no tiene vínculo laboral con el mismo, están

28
Documento observado en las páginas 69 a 83 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto
en el índice 56 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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desarrollando las actividades señaladas en las instalaciones del aeropuerto la
Nubia, sin ningún tipo de condicionamiento por parte de Inficaldas quien es el
operador del terminal aéreo» (Sic).

67. Por ello, como lo ha indicado la Subsección al resolver asuntos similares29 no

se cuenta con elementos probatorios que permitan inferir que dentro de la planta
de personal de la entidad demandada desde el 25 de julio de 2002 al 7 de marzo
de 2018 existiera el cargo de auxiliar de equipaje o de maletero.

68. Ahora, como en la demanda se afirmó que las labores ejecutadas eran
similares a las asignadas en el cargo de auxiliar de servicios generales, se
verificará si estas se asemejan a las funciones conferidas al cargo de auxiliar de
servicios generales código 470 grado 01, así:

Propósito principal
Ejecutar labores relacionadas con aseo y mantenimiento de las áreas a su cargo
Descripción de funciones esenciales
Mantener las oficinas en orden y aseo.
Suministrar a los funcionarios de las respectivas dependencias los servicios de cafetería.
Dotar las áreas respectivas de los diferentes implementos de mantenimiento y aseo.
Mantener en completo orden el área de ejecución de sus actividades.
Mantener los equipos y materiales entregados para su custodia y manejo en perfecto orden.
Ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, que esté
acorde con la naturaleza del cargo
Contribuciones esenciales
Que diariamente se haga un aseo óptimo en las instalaciones.
Atención oportuna a los funcionarios y clientes de la Institución

69. Esa descripción del cargo no permite constatar que exista alguna similitud con

las labores de auxiliar de equipaje o maletero y tampoco se acreditó la existencia
de un empleo con las demás funciones que presuntamente realizó el recurrente,
ni mucho menos, con las otras tareas descritas en las declaraciones por los
testigos.

70. Y si bien es cierto la única labor que es asimilable a la de auxiliar de servicios

generales es la atinente al aseo en las instalaciones de la terminal aérea, las
manifestaciones de los declarantes no son suficientes para determinar las
condiciones en las que el actor ejecutó la labor, dado que no ofrecen claridad
respecto a las condiciones de tiempo y modo en que ello ocurrió, como tampoco
es posible determinar la existencia de órdenes o direccionamientos por parte de
personal directivo o rector de la entidad hacia el demandante.

71. No se probó con quién se obligó a prestar sus servicios el actor teniendo en

cuenta que se afirmó que su vínculo fue verbal con la entidad, pues sólo el
declarante Jorge William Tangarife García a la pregunta relacionada con que
«quiero que nos especifique ¿si usted sabe cómo se vinculó el señor José Elver
Zapata y si lo sabe, por qué lo sabe, de dónde tiene ese conocimiento?», señaló
que como él llevó al administrador del aeropuerto su hoja de vida, quien le realizó
una entrevista para darle el trabajo, supone que igual ocurrió con el demandante.
29
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Es decir, la razón en la que fundamentó su conocimiento sobre la situación del
actor fue por su circunstancia personal y no porque realmente supo de la de
aquél30.

72. En cuanto a las órdenes recibidas por el actor, este testigo a la pregunta «¿en

el desarrollo de sus actividades recibía órdenes de alguna autoridad del
aeropuerto?», precisó que «nosotros recibimos la orden del administrador», y a
la pregunta «y qué órdenes les daban ellos a ustedes», relató que «cumplir […]
nos mandaban a estar pendiente de las banderas, de las puertas, de las luces,
de recoger basuras, de mantener el aeropuerto en perfecto estado» (sic).

73. También afirmó que eran objeto de suspensión por el ingreso a zonas no

permitidas en el aeropuerto31, que el actor fue suspendido en una oportunidad
por llegar tarde a laborar y que en el evento en que la administración les hiciera
un llamado de atención, en primer lugar efectuaba uno, y luego «suspendido dos,
tres días y si ya era el reincidente, pues ya los sacaban del trabajo, cosa que le
pasó a varias personas» (sic).

74. A su vez, el declarante Reinel Rodríguez Arenas sostuvo que los maleteros

recibían órdenes de la administración de la terminal aérea mediante circulares o
verbalmente. A la pregunta «¿y las órdenes se impartían en qué forma?»,
expresó que se remitían circulares a todo el personal de Inficaldas o el
administrador los llamaba con el objeto de que permanecieran en el puesto de
información en caso de que la persona a cargo asistiera a cita médica o se
enfermara32. Adicionalmente, indicó que «a veces les daban órdenes por decir
algo de referente, como se presentaban muchos inconvenientes con ellos o
quejas de los pasajeros, cuando por decir algo presentaban riñas o el pasajero
se veía como ofendido o agredido por la actitud del maletero, entonces ellos
ponían la queja» (sic).

75. Este testigo también afirmó que tenía conocimiento de una oportunidad en la

que recibieron un oficio en el cual se indicó que el demandante no tenía
autorizado trabajar en el aeropuerto como consecuencia de estrellar unos

30
En detalle, el apoderado de la parte demandada le preguntó «Yo no le estoy preguntando por su vinculación, sino por
la vinculación del señor José Elver Zapata Mendieta. Quiero que nos especifique si usted sabe cómo se vinculó el señor
José Elver Zapata y si lo sabe, por qué lo sabe, de dónde tiene ese conocimiento», relatando el declarante que «sí, doctor.
Le estoy contestando porque, como le estoy comentando, en el caso mío, yo llevé mi hoja de vida, la vio, me entrevistó
el administrador y me dio el trabajo. En ningún momento se firmó contrato o nada, todo fue verbal. Entonces, yo de la
misma manera, charlando con los demás compañeros, con los que llevaban más tiempo, incluido Elver, les pregunté,
venga, ¿usted los contrató? ¿Cómo los contrataron? Y el comentario de ellos fue exactamente igual. La contratación fue
igual, se llevó hoja de vida, me entrevistó el administrador y ahí ya nos dieron el trabajo».
31
En efecto, el deponente indicó que «también si uno se metía en zonas que no eran permitidas, sin autorización de la
administración, por decirlo a hangares. Nosotros para poder subir al hangar teníamos que pedir la autorización a la
administración. De resto no podíamos subir. Cuando discutíamos con algún pasajero o con alguna persona, se hacía un
acreedor a una suspensión».
32
Sobre el tema, el deponente sostuvo que «a veces enviaban unas circulares, que esas se las colocaban en el módulo
de información para todo el personal de Inficaldas, y a veces el mismo administrador cuando salía por decir algo, que se
enfermó por decir algo, o tenía una cita médica, el señor del puesto de información o la señora que estaba en el puesto
de información, entonces él los llamaban allá a la administración y los ponían de reemplazo ahí en el puesto de
información, o en su defecto cuando iban a almorzar las niñas de las puertas, los que estaban estipulados para las puertas,
ellos hacían los reemplazos allá en la puerta de sala de embarque y sala de equipajes y acceso a la administración,
porque para el acceso a la administración también había para ese entonces una persona directamente de Inficaldas».

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vehículos automotores que le encomendaron en la terminal aérea 33. Sin
embargo, al expediente no se aportaron elementos de juicio adicionales que
permitan determinar la existencia de ese documento y en todo caso, si éste se
relacionó con el ejercicio de labores de maletero o las demás que supuestamente
fueron ejecutadas, pues, en ninguno de los relatos se explicó que el demandante
tuviera a su cargo vehículos automotores.

76. De la misma, manera el declarante Aldemar Gutiérrez Rave afirmó que los

maleteros «teníamos orden de la administración para hacer alguna actividad, o
la administración nos mandaba a hacer las actividades, entonces ya nosotros las
hacíamos. El resto no podíamos hacer nada sin autorizaciones» (sic).
Posteriormente, el apoderado de la parte demandante le solicitó que puntualizara
si tenía conocimiento de que el demandante recibió órdenes directas, quien
contestó que en múltiples oportunidades a ellos les entregaron maletines para
llevar a la administración o lavar los carros34. También dijo que si ellos cobraban
tarifa diferente a la permitida «el que hiciera algo así, lo suspendían o
posiblemente lo echaban» y que derivado de no observar las órdenes impartidas
«los suspendían, común y corriente los suspendían porque no obedecían las
órdenes» (sic).

77. Para la Sala esas declaraciones son muy generales y abstractas, no es posible

constar en ellas circunstancias particulares que permitan concluir que el actor
estuvo sujeto al cumplimiento de directrices u órdenes de algún personal de la
demandada o que debía ejecutar alguna labor en las condiciones impuestas por
la entidad, pues lo único que puede sostenerse es que el demandante prestó los
servicios de maletero en el aeropuerto La Nubia de Manizales por su cuenta.

78. En cuanto a dotaciones como jeans, camisetas blancas y gorros, y la carreta

para transportar el equipaje, los testigos Jorge William Tangarife García35 y
Reinel Rodríguez Arenas36 sostuvieron que efectivamente se dio la entrega de
los mencionados elementos. Además, el señor Tangarife agregó que tenían que
firmar planillas al instante de entrega de los objetos, las cuales no fueron
aportadas al expediente para ratificar lo afirmado, de todos modos, se resalta que

33
Sobre el tema, el apoderado de la parte demandante le formuló el siguiente interrogante: «don Reynel, frente al tema
de las sanciones a las que usted hizo referencia, que en ocasiones fue sancionado al señor José Helver, ¿usted tiene
conocimiento si a él le iniciaron un proceso disciplinario a nivel de un comité o de un cuerpo digamos especializado, una
dependencia especializada en Inficaldas, que le hayan hecho un proceso para poder imponer esa sanción?», relatando
el testigo que «doctor, que yo lo haya visto personalmente cómo fue el proceso disciplinario que le hicieron, que yo lo
haya evidenciado como tal, no. Lo que sí nos llegó por decir algo a lo que yo hice referencia cuando lo sancionaron por
estrellar unos carros que le encomendaron a él allá en el parqueadero del aeropuerto, sí sé que lo sancionaron porque a
nosotros nos llegó el oficio de Inficaldas allá donde decía que el señor Helver no podía laborar por un determinado tiempo,
específicamente en este momento, no recuerdo cuántos días fueron, pero sí recuerdo esa sanción y la recuerdo porque
yo estaba de comandante de guardia, a mí me tocó ir a verificar esa situación allá y mirar los daños que se habían hecho
y hacer la anotación en la minuta de guardia, pero que yo diga cuál fue el procedimiento, qué hicieron, cómo lo
sancionaron, cuándo lo citaron, con quién le tocó hablar, no puedo asegurar eso».
34
En detalle, el testigo afirmó que «claro, muchas veces le entregaron a uno los maletines o las maletas para llevar a la
administración. Hasta muchas veces le lavábamos el carro y todo».
35
Al respecto, el declarante mencionó que «nos daban de dotación, nos dieron a cada uno, gorra, camiseta con el logotipo
de Inficaldas, una faja y un carrito para trabajar a cada uno».
36
En detalle, el deponente relató que «ellos utilizaban una camiseta que los identificaba como maletero y también
portaban un overol, que era la dotación que ellos tenían para como uniforme pues como tal. O sea, overol y camiseta.
Ellos tenían, no sé cómo tenían estipulado el horario para repartirse en los uniformes, pero cuando no era overol era una
camiseta».

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a las carretas de transporte de equipaje tienen acceso cualquier usuario en los
aeropuertos.

79. Por otra parte, vale precisar que tampoco se acreditó claramente el elemento

de la remuneración, pues el demandante sostuvo en el interrogatorio de parte
que recibía un dinero proveniente de los usuarios de la terminal aérea y que la
tarifa ascendía a la suma de $3.000 M/cte., dinero que era entregado a la
administración y en la tarde la dependencia repartía la suma recaudada37.

80. Eldeclarante Jorge William Tangarife García por su parte explicó que
«nosotros prestábamos el servicio, se llevaba el equipaje y el pasajero nos decía
cuánto es. Nosotros le decíamos la tarifa, son tres mil pesos. Ya el pasajero nos
daba la plata y ya, eso era todo» (sic). De la misma forma, señaló que diariamente
recibían en promedio $25.000 o $30.000 pesos38. El señor Aldemar Gutiérrez
Rave precisó que Inficaldas determinaba la tarifa que los maleteros cobrarían a
los pasajero y dicho dinero lo trasladaban a la administración para que en la
jornada de la tarde esta les pagara39.

81. Y el testigo Reinel Rodríguez Arenas reconoció que no podía «especificar yo

que decirles a ellos recibían tanto» y que él tenía conocimiento del dinero recibido
por ellos como consecuencia de «los comentarios que uno escuchaba de ellos
allá a veces eran variables. Lo que uno escuchaba es que no era algo fijo que
ellos tuvieran porque eso variaba dependiendo de lo que le dieran los pasajeros
allá con el cuento de las tarifas» (sic).

82. Si bien el relato de los testigos destaca que los dineros tenían origen en las

sumas que eran entregadas por los usuarios, no es dable establecer que dichos
montos provenían de la entidad pública.

83. En consecuencia, el accionante no demostró los elementos de la relación
laboral encubierta. De otro lado, en el recurso de apelación se reprochó que era
necesario verificar las sentencias de constitucionalidad C-593 de 2014 y C-154
de 1997 en las que se efectuó un análisis de la protección al trabajo y de la
primacía de la realidad sobre las formas; sin embargo, la Sala aclara que, en esa
oportunidad, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad parcial del
artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, así como del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, respectivamente, lo cual no releva al sujeto procesal de llevar a cabo
el ejercicio suficiente para acreditar los fundamentos de hecho alegados en la

37
Sobre el punto, el apoderado de la entidad demandada le preguntó al actor si «¿firmó usted en algún momento planillas
de pago o soportes de pago a algún funcionario de Inficaldas?», explicando el sujeto procesal que «no, señor. En ningún
momento. Porque vuelvo y le confirmo que el pago de nosotros era a los pasajeros. Nosotros había una tarifa establecida
de 3000 pesos. Esa tarifa se llevaba a la administración y por la tarde se recibía esa plata y nos pagaban el día.
Sinceramente».
38
En detalle, el apoderado de la parte demandada le preguntó «¿usted nos puede especificar más o menos cuánto
recibían ustedes diario por esos servicios que ustedes prestaban?», relatando el testigo que «era un promedio de
veinticinco mil a treinta mil pesos diarios cada uno».
39
Al respecto, el magistrado sustanciador le pidió que aclarara «cómo le pagaban a usted, o cómo percibía usted dineros
por las actividades que desarrollaba. Si es que alguien le pagaba» explicando el testigo que «sí, claro, en Inficaldas se
establecía una tarifa, entonces la tarifa la que nosotros cobrábamos. Esa plata se llevaba a la administración, ya por la
tarde nos llamaban a cada uno y nos pagaban el día».

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demanda, en especial el elemento de la continua dependencia con la entidad
contratante.

84. En suma, aun cuando de las pruebas se pueda inferir que el demandante

permanecía en las instalaciones del aeropuerto la Nubia de Manizales, no se
logró establecer las condiciones de tiempo y modo en que ello ocurrió; y mucho
menos se puede concluir que, con su presencia en las instalaciones del
aeropuerto se acredita la existencia del funcionario de hecho o de una relación
laboral encubierta40.

85. Finalmente, el resultado de la auditoria especial que realizó la oficina de control

interno a la planta de personal y los contratos de prestación de servicios en la
anualidad de 2017, que determinó el hallazgo tercero, consistente en que se
evidenció la presencia de personas que ejecutaban actividades de manera
informal en el aeropuerto, como fue el caso de los maleteros y la despachadora
de taxis, tal afirmación no permite concluir que se configuró el funcionario de
hecho, pues el cargo no existe en la planta de personal y tampoco que se dio una
relación laboral encubierta ya que la ejecución de las actividades de maletero con
la anuencia de la autoridad administrativa no generó ningún vínculo de carácter
laboral con la administración, por el contrario, la labor se realizó de manera
independiente sin subordinación ni dependencia a la terminal aérea, y los carnet
otorgados lo fueron como manera de organización de la terminal aérea de
distinguir a los usuarios de la misma de aquellas personas que por alguna razón
laboraban sea directamente para el aeropuerto o ejerciera alguna actividad
dentro del mismo, como ocurrió con el demandante.

86. Es cierto que en el formulario de «carnetización aeropuerto la Nubia» 41 con

fecha de 21 de septiembre de 2010 se registraron los datos del señor José Helver
Zapata Mendieta como maletero en la terminal aérea y que existen tres carnets42
que identificaron al actor como maletero en el aeropuerto La Nubia cuyas fechas
de vigencia corresponden: i) hasta el 13 de abril de 2011; ii) hasta el 31 de
diciembre de 2013; iii) hasta el 31 de diciembre de 2015.

87. No obstante, la Resolución 00892 de 8 de marzo de 2004 que unificó las

normas de seguridad aeroportuaria, expedida por el director y el secretario
general de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, que entre otras
cosas, estableció que para el ingreso de las personas a las áreas restringidas de
los aeropuertos se puede expedir un permiso permanente o carnet o un permiso
temporal, en efecto, reglamentó que «para el control de loteros, equipajeros,
lustrabotas y demás personas que estén debidamente autorizadas para realizar
actividades permanentes en las áreas públicas de los aeropuertos, se autoriza la
expedición de un carné de uso exclusivo en dichas áreas cuyo diseño será

40
A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso de similares premisas fácticas: Sección Segunda
Subsección A, consejero ponente doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, rad. 17001-2333-000-2017-00037-01 (0046-2021).
41
Documento observado en la página 50 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el
índice 56 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
42
Archivos vistos en las páginas 52 a 54 del archivo «001ED_C01Princip_01PROCESO20180050800», adjunto en el
índice 56 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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distinto a los carnés de áreas restringidas. Este documento no tendrá los
mecanismos que se utilizan para el control de acceso a las áreas restringidas
(códigos de barras, barras de colores o banda magnética) y contendrá el oficio
que desarrolla la persona y el nombre de la asociación a la que pertenece» y que
«estas personas tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades
aeroportuarias, cualquier anomalía o situación irregular atentatoria contra la
seguridad que llegaren a presenciar».

88. En ese sentido, por directriz de la autoridad administradora del sector de la

aviación civil es posible la expedición de carnets a los maleteros o equipajeros,
por lo tanto, la prestación del servicio de maletero con base a la autorización que
eventualmente puede dar el administrador de un aeropuerto no implica el
ejercicio de actividades de naturaleza pública o la generación de vínculo
contractual o laboral.

89. En ese orden de ideas, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 167 del

CGP, le corresponde a quien alega la ocurrencia de un hecho, aportar los
elementos probatorios que lo respalden, por lo tanto, al estar asignada la carga
probatoria en cabeza del demandante es a él a quien le corresponde demostrar
que ejerció con la anuencia de los demandados un cargo público existente en su
planta de personal; o que fue contratado para disfrazar una relación laboral, y
como ello no ocurrió, se confirmará la sentencia apelada.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

90. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

91. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

92. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación

y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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93. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia a

la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Caldas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de septiembre de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda
radicada por el señor José Helver Zapata Mendieta contra el Instituto de
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, por lo dicho en la motivación.

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la demandante en segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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