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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2010-00404-01

Fecha
23 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2010-00404-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia del 19 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso promovido por los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón contra el municipio de Málaga. En su lugar, se dispone lo siguiente: i) Declarar probada parcialmente la excepción de caducidad de la demanda de la referencia, respecto de las prestaciones distintas al giro de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. ii) Declarar la nulidad del Oficio AMM-AD-161-09 del 1 de octubre de 2009. iii) Ordenar al municipio de Málaga efectuar las cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensiones por la vinculación que tuvieron los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval (CC. 13.920.810) y Leticia Duarte Pinzón (C.C. 41.579.853), durante el tiempo comprendido entre el 28 de febrero de 1990 y el 5 de diciembre de 2006, tomando como ingreso base de cotización pensional (IBC) el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma por concepto de aportes a pensión, para lo cual deberá solicitar ante el fondo respectivo el cálculo de los aportes que debe girar. iv) Declarar que el tiempo laborado por los demandantes al servicio del municipio de Málaga, desde el 28 de febrero de 1990 hasta el 5 de diciembre de 2006, debe computarse para efectos pensionales. v) Negar las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Reconocer personería a los abogados Juan Andrés Suárez Gutiérrez y Edison Javier Rey Joya, como apoderados del municipio de málaga, en los términos y para los efectos de los poderes que obran en los folios 472 a 473 y 498 a 507. Se aclara que el último de los citados es quien en la actualidad ejerce la defensa judicial de la entidad. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Radicado: 68001-23-33-000-2010-00404-01 (1895-2015) Demandante: Juan de Jesús Moreno Sandoval y otra […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2010-00404-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

23 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2010-00404-01 (1895-2015)
Demandante: Juan de Jesús Moreno Sandoval y otra
Demandado: Municipio de Málaga (Santander)

Temas: Primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral.
Relación Laboral de hecho o subyacente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 19 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Santander, que declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control y negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA,1 los
ciudadanos Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón, por conducto
de apoderado, formularon demanda en orden a que se declare i) la nulidad del
contrato de arrendamiento celebrado el 30 de abril de 1990 [sic]2 entre el accionante
y el municipio de Málaga; y ii) la existencia de una relación laboral de derecho público
entre las partes, desde el 9 de noviembre de 1989 hasta el 15 de diciembre de 2006,
lapso durante el cual el ente territorial incumplió con sus obligaciones y forzó a los

1 Decreto 1 de 1984.
2 De acuerdo con las pruebas aportadas al plenario, el contrato se celebró el 28 de febrero de 1990.

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actores a renunciar a los empleos que desempeñaban como celador y aseadora,
respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, los
demandantes solicitaron condenar al municipio de Málaga a lo siguiente: i) reconocer
los derechos laborales derivados de la relación de trabajo que se presentó entre las
partes, incluyendo los salarios, prestaciones sociales, trabajo suplementario,
indemnización moratoria por falta de pago de dichos emolumentos, calzado y vestido
de labor; ii) reconocer los aportes a pensión, salud, caja de compensación familiar y
riesgos profesionales; iii) cubrir los siniestros ocurridos por accidentes de trabajo y
enfermedad profesional; iv) reconocer la pensión de invalidez, prestaciones
económicas y asistenciales a favor de la señora Leticia Duarte Pinzón, así como la
indemnización prevista en el artículo 216 del CST; v) sufragar las costa procesales;
y, vi) actualizar el valor de las condenas y reconocer intereses moratorios, conforme
a los artículos 176 y 177 del CCA.

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado de los demandantes señaló los siguientes:

i) Desde el 9 de noviembre de 1989 hasta el 15 de diciembre de 2006, previa
autorización del alcalde municipal de Málaga y con la promesa de recibir un salario
mínimo, los demandantes, en forma personal, ininterrumpida y subordinada,
cumplieron actividades de carácter laboral a favor de dicho ente y acataron las
órdenes impartidas por varios servidores públicos.

ii) El señor Juan de Jesús Moreno Sandoval trabajó como celador del Estadio
Municipal Ramón Rojas Herrera y la señora Leticia Duarte Pinzón se encargó del
aseo de los baños, prados, camerinos, cafetería, taquilla, gradería y escenarios
deportivos de dicho inmueble.

iii) El 30 de abril de 1990 [sic],3 los accionantes y el municipio demandado celebraron
un contrato de arrendamiento para ocupar un espacio dentro del aludido estadio,
conformado por dos habitaciones, baño, sala y cocina; sin embargo, nunca tuvieron
la condición de arrendatarios, pues no pagaron el canon pactado y el contrato no fue
prorrogado.

3 De acuerdo con las pruebas aportadas al plenario, el contrato se celebró el 28 de febrero de 1990.

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iv) Durante el tiempo que duró la relación laboral, los actores fueron los únicos
encargados del estadio y responsables ante el municipio de Málaga por su
mantenimiento, conservación, custodia y aseo; empero, no se les pagaron los
salarios, prestaciones sociales ni se les afilió al sistema de seguridad social.
Asimismo, tuvieron que asumir el costo de los servicios públicos del inmueble y
atender los gastos relacionados con implementos y utensilios de aseo.

v) En múltiples ocasiones los demandantes reclamaron sus derechos laborales y de
manera verbal se les respondía afirmativamente, pero en la realidad se perpetuó el
quebrantamiento del orden constitucional y legal. Finalmente, el municipio los forzó
a abandonar su sitio de trabajo, privándolos de los servicios públicos de agua y luz.

vi) Durante el vínculo laboral, la actora adquirió una enfermedad profesional que le
impide trabajar con normalidad. Ello ocurrió por la falta de capacitación y entrega de
insumos adecuados para desarrollar sus funciones.

vii) El 10 de octubre de 2006, el señor Moreno Sandoval radicó un escrito ante el
alcalde del municipio de Málaga, donde presentó «renuncia como celador del estadio
municipal» e informó sobre el estado de salud de su esposa que le impedía seguir
desarrollando las labores «propias de su cargo».

viii) El 5 de diciembre de 2006, el alcalde municipal de Málaga ordenó a los actores
entregar las instalaciones del estadio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 83, 122, 123, 228 y 315 de la
Constitución Política; 1494, 1495, 1502, 1524, 1603 y 1677 del Código Civil.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de los demandantes expuso
lo siguiente:

i) Los hechos antes narrados evidencian que el municipio de Málaga requería de
personal que cumplieran labores de celaduría, cuidado y mantenimiento del estadio
municipal. Con miras a obtener dicho servicio, el ente demandado simuló un contrato
de arrendamiento con los accionantes y les prometió el pago de salarios y

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prestaciones sociales.

ii) En realidad, los actores nunca fueron arrendatarios, sino que se alojaron en el
mencionado inmueble para poder desarrollar las labores que les fueron
encomendadas.

iii) La entidad territorial quebrantó los derechos al trabajo, justicia, dignidad humana
e igualdad de oportunidades, pues incumplió con el deber de remunerar la labor
desempeñada por los demandantes y desatendió las demás obligaciones propias de
un empleador.

iv) Entre los interesados y el municipio surgió una relación laboral, que benefició a la
comunidad en general y no puede ser desconocida.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Málaga se abstuvo de contestar la demanda.4

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 19 de febrero de
2015, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control y
negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:5

i) La acción de nulidad y restablecimiento del derecho no debe estudiarse respecto
del contrato de arrendamiento que suscribieron los demandantes con el municipio de
Málaga, «puesto que tal pretensión no guarda relación con la naturaleza de la acción
ni con la causa petendi» e inclusive los actores cuestionan su existencia y, en su
lugar, solicitan en reconocimiento de unas acreencias laborales, las cuales
desbordan el objeto negocial.

ii) En ese sentido, la demanda debe examinarse desde la óptica de la legalidad del
acto administrativo contenido en el oficio del 1 de octubre de 2009, a través del cual

4 Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 128.
5 Folios 454 al 459.

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el alcalde del ente territorial negó el reconocimiento de la presunta relación laboral.

iii) Conforme al artículo 136 del CCA, los actores tenían hasta el 1 de febrero de 2010
para radicar la demanda; sin embargo, lo hicieron el 1 de junio de 2010, es decir, que
se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:6

i) Los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón son personas
de la tercera edad, en condiciones precarias de salud y económicas, por lo que
requieren la inmediata acción del Estado para salvaguardar sus derechos a la
dignidad y el trabajo que desplegaron al servicio del municipio de Málaga.

ii) El aparato estatal debe investigar la verdad jurídica en la que los demandantes
suministraron su fuerza laboral, teniendo en cuenta que el derecho al trabajo goza
de especial protección constitucional y comporta unas garantías mínimas
irrenunciables, así como la aplicación de los principios de favorabilidad y primacía de
la realidad sobre las formalidades.

iii) En este caso debe prevalecer la relación laboral que se presentó entre los
accionantes y el municipio de Málaga, para despejar cualquier duda frente a la
ambivalencia que generó la suscripción de un simulado contrato de arrendamiento,
que materialmente no existió.

iv) La decisión del a quo no es congruente con el litigio planteado, vulnera el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, pues desconoció que en este
caso se acudió a un proceso ordinario declarativo y no a una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. En consecuencia, debe declararse la existencia de la
relación laboral que ha sido suficientemente demostrada, así como el pago de las
acreencias adeudadas.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6 Folios 461 al 463.

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La parte demandante guardó silencio7 y el municipio de Málaga8 solicitó confirmar la
sentencia apelada, por cuanto operó la caducidad del medio de control y los actores
no fueron contratados para cumplir labores de vigilancia, aseo y limpieza dentro del
estadio municipal, tampoco se les impartieron órdenes ni se les impusieron horarios
de trabajo y mucho menos fueron responsables del mantenimiento, conservación y
custodia de esas instalaciones, por ende, no se demostró la subordinación propia de
las relaciones laborales. Además, «el empleo o cargo que alegan ocupar los
accionantes no existe en la planta de personal de Málaga y su vinculación era
imposible de acuerdo al artículo 122 de la Constitución Política».

1.6. El Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
sentido de solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia, con fundamento
en los siguientes razonamientos:9

i) El recurso de apelación no atacó la decisión de primera instancia, pues se limitó a
reiterar los hechos y pretensiones de la demanda. Además, se enfocó a que el ad
quem verifique si la demanda fue presentada en forma, así como la legitimación en la
causa, todo ello con el fin de acceder a la administración de justicia.

ii) La sentencia recurrida acertó en encauzar la demanda bajo la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que el acto objeto de enjuiciamiento
debía ser el oficio que negó la reclamación laboral y no el contrato de arrendamiento.

iii) La caducidad de la acción busca garantizar la estabilidad y firmeza de las
situaciones jurídicas, por ende, es legítimo aplicar esta figura al caso concreto.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

Previo a definir el problema jurídico que ocupará la atención de la Sala, se deben
hacer las siguientes precisiones:

7 Según constancia secretarial visible en el folio 496.
8 Folios 474 a 476 del expediente.
9 Folios 478 a 495.

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2.1.1. Acto administrativo objeto del estudio de legalidad

Es pertinente anotar que inicialmente la parte demandante presentó demanda de
reparación directa con el ánimo de que se declarara una relación laboral con el
municipio de Málaga, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales
consecuentes a dicha declaratoria; sin embargo, el a quo ordenó adecuar el medio
de control al de nulidad y restablecimiento del derecho.

En cumplimiento de lo anterior, se presentó escrito de subsanación de la demanda,
en el sentido de solicitar la nulidad del contrato de arrendamiento celebrado el 30 de
abril de 1990 [sic] 10 entre el accionante y el mencionado ente territorial con el fin de
habitar un espacio dentro del estadio municipal. Igualmente, los actores insistieron
en el reconocimiento de una relación laboral de derecho público, en aplicación del
«[p]rincipio Constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades».

El tribunal de primera instancia consideró que el debate no debía estudiarse respecto
del contrato de arrendamiento, sino del oficio AMM-AD-161-09 del 1 de octubre de
2009, pues dicho acto se expidió con ocasión de la reclamación elevada por los
interesados y de forma expresa negó la existencia de una vinculación laboral y el
pago de las acreencias derivadas de esta, por ende, resultaba más ajustado al litigio
planteado el análisis de legalidad de dicho oficio y no del contrato.

La Sala considera acertado el análisis del oficio en comento, pues una lectura
cuidadosa de la demanda y de su modificación, denota que la pretensión esencial de
los accionantes consiste en que se privilegie la realidad sobre las formas en aras de
acceder a los derechos laborales originados en el servicio que como «celador» y
«aseadora» prestaron al municipio de Málaga.

Al respecto, es preciso anotar que en algunas ocasiones esta corporación ha
expresado que la interpretación de la demanda no le permite al juez abordar el
estudio de actos administrativos que no fueron demandados;11 sin embargo, en
casos excepcionales, ha sostenido la tesis opuesta, con fundamento en los
siguientes argumentos:12

10 De acuerdo con las pruebas aportadas al plenario, el contrato se celebró el 28 de febrero de 1990.
11 Ver las siguientes providencias: i) del 3 de diciembre de 2020, radicado 08001-23-33-000-2019-00570-01 (25388); ii) del

11 de febrero de 2021, radicado 05001-23-31-000-2003-02829-01 ; iii) del 9 de marzo de 2023, radicado 08001-23-33-000-
2020-00330-01 (26946).
12 Ver las siguientes providencias: i) del 26 de septiembre de 2012, radicado 05001-23-31-000-2001-02844-01(1807-09); ii)

del 26 de noviembre de 2018, radicado 23001-23-33-000-2015-00216-01 (3327-18).

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Si bien, la demanda escasea de rigor técnico en su estructuración, puesto que no es
clara en la narración de los hechos, ni es correcta la individualización de los actos
demandados e inclusive, los argumentos que corresponden al concepto de la violación
los incorpora en la causa petendi, lo cierto es que, el fallador, con soporte en la
autonomía funcional y siendo garante del acceso efectivo a la administración de justicia,
debe interpretar de manera integral el escrito introductorio, extrayendo el verdadero
sentido del documento y el alcance de la protección judicial solicitada con la demanda,
motivo por el que se acude a la jurisdicción.

En esa medida, no podía quedarse el tribunal en una lectura literal de las pretensiones
de la demanda, sino que era necesario integrar e interpretar la demanda de forma tal
que supere los meros formalismos y llegue a impartir justicia, de fondo y sin dilaciones.
[…]

Por lo tanto y de conformidad con el principio de efectividad que se predica de todos los
derechos fundamentales, es necesario que el acceso y el procedimiento que lo
desarrolla, sea igualmente interpretado a la luz del ordenamiento superior13, máxime, si
se tiene en cuenta que el aspecto por el cual el tribunal declaró probada la excepción
de ineptitud de la demanda debió ser examinado en el estudio de admisibilidad, de
manera que, al no hacerlo con el rigor que el mismo exige, sorprende a la parte actora
con la decisión aquí cuestionada, pues de manera intempestiva declara la ineptitud de
la demanda cuando con antelación, había considerado que la misma cumplía con los
requisitos de ley para su admisión y trámite, generando en la parte activa confianza en
que el proceso se adelantaría en condiciones normales sin que fuese variada su
situación procesal abruptamente por el juez de conocimiento.

De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, el juez está facultado para
interpretar la demanda y desentrañar de su contenido el acto administrativo que el
interesado pretendió debatir, especialmente cuando se encuentran en juego
derechos fundamentales al trabajo y la seguridad social que no pueden verse
limitados por rigorismos formales, máxime cuando en la demanda se expusieron con
suficiencia los motivos de inconformidad y se hizo mención a cada una de las
decisiones de la administración que definieron las situaciones particulares, tal como
ocurre en el sub lite.

En tales circunstancias deben privilegiarse los principios de eficacia, pro homine,
acceso a la administración de justicia y derecho sustancial, con miras a que el

13 Ver Corte Constitucional en sentencia T-950 de 2011 explica la caracterización del defecto procedimental por exceso de

ritual manifiesto así: « (…)Se está frente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando la autoridad judicial,
por una inclinación extrema y aplicación mecánica de las normas adjetivas, renuncia de forma consciente a la verdad jurídica
objetiva que muestran los hechos, lo que trae como consecuencia el sacrificio de la justicia material, de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas (art. 228 C.P.), cuando éstas, tan sólo son un instrumento o medio para la realización
de aquél y no fines en sí mismas y del acceso efectivo a la administración de justicia .
(…)Según la jurisprudencia de esta Corte, dentro de las circunstancias que pueden constituir defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, se encuentran las siguientes: (i) cuando al aplicarse un precepto procesal se restringen derechos
sustanciales o al utilizar el primero se limitan las mismas oportunidades procesales; (ii) dejar de inaplicar disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (iii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en algunas ocasiones puedan consistir en cargas imposibles de cumplir
para las partes, siempre que esa situación se encuentre probada; o, (iv) incurrir en un rigorismo procedimental en la
apreciación de las pruebas..»

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fallador se pronuncie de fondo frente al acto que verdaderamente debía ser
enjuiciado, teniendo en cuenta que ello no vulnera el debido proceso de la parte
demandada, pues es quien expide la decisión, conoce su contenido y ha tenido
oportunidad debatir con amplitud las pretensiones de los interesados.

En efecto, en este caso el municipio de Málaga expidió el Oficio AMM-AD-161-09 del
1 de octubre de 2009 y en los alegatos de conclusión presentados en segunda
instancia solicitó confirmar la sentencia recurrida, porque se configuró la caducidad
de la acción respecto del mencionado oficio, es decir, que jamás a desconocido la
existencia de esa decisión y se ampara en ella para obtener un fallo favorable a sus
intereses.

Adicionalmente, esta corporación ha considerado que el principio de confianza
legítima resulta aplicable a casos como el presente, pues «la administración de
justicia se enmarca como una sola jurisdicción administrativa, que, aunque
compuesta por diferentes órganos, no son aislados, sino que están íntimamente
interrelacionados, puesto que obedecen a un mismo objetivo, que no es otro que la
correcta administración de justicia»;14 de manera que opera la prohibición de ir contra
los actos propios.

Por lo tanto, como el Tribunal Administrativo de Santander, a través de sus
actuaciones, no solo admitió la demanda por la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, sino que dio trámite al proceso y lo decidió en función del acto
administrativo contenido en el Oficio AMM-AD-161-09 del 1 de octubre de 2009,
adelantó unos actos externos «lo suficientemente concluyentes para orientar al
accionante hacia la conducta futura esperada, es decir, a decidir de fondo a la
demanda incoada»,15 creándole así una expectativa legítima, que es objeto de
protección.

Así las cosas, de conformidad con el derrotero jurisprudencial expuesto, la Sala
considera que en el presente caso el acto administrativo pasible del estudio de
legalidad es el Oficio AMM-AD-161-09 del 1 de octubre de 2009, a través del cual el
municipio de Málaga negó la existencia de la relación laboral y el pago de los salarios
y prestaciones sociales, reclamados por los actores.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2017, radicado 11001-03-15-000-2016-

03752-01.
15 Ibídem.

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2.1.2. Caducidad del medio de control

La Corte Constitucional se ha referido a la caducidad en los siguientes términos: 16

La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso
administrativas (artículo 136 del CCA), de manera que al no promoverse la acción
dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los
interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el
reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos
constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es
que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del
Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que
quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos,
no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado.

A su turno, el Consejo de Estado ha entendido la caducidad como el término dentro
del cual es posible ejercer el derecho de acción, y como instrumento de salvaguarda
de la seguridad jurídica y de la estabilidad de las relaciones entre los individuos y el
Estado.17

En ese sentido, se ha precisado que el acceso a la administración de justicia debe
ser oportuno, con el fin de racionalizar el ejercicio del derecho de acción y para que
las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas por vía judicial en
cualquier tiempo.

Sobre el particular, el artículo 136 del CCA (actual artículo 164 del CPACA) dispuso la
oportunidad para presentar la demanda cuya competencia corresponda a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, así:

Artículo 136. Caducidad de las acciones.
[…]
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución
del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones
periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

Según este precepto, se puede entender que el término para instaurar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses, contados a partir
del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto

16 Sentencia Corte Constitucional C-574 de 1998, magistrado ponente, Barrera Carbonell, Antonio.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2021; radicado 2017-00070-01(1492-

18).

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administrativo; lapso que puede ser suspendido por una sola vez y solamente
durante 3 meses, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial
establecida, conforme lo disponen la Ley 640 de 200118 y el Decreto 1716 de 2009.19

En el presente caso, el oficio objeto de enjuiciamiento se notificó el 1 de octubre de
2009, los accionantes solicitaron la conciliación extrajudicial el 2 de septiembre de
2009 y la constancia de no conciliación se expidió el 12 de marzo de 2010; sin
embargo, la caducidad solamente podía suspenderse por 3 meses, es decir, que el
término para accionar se reanudó el 2 de diciembre de 2009 y, por lo tanto, la
demanda debía interponerse hasta el 2 de abril de 2010, pero se radicó el 1 de junio
de 2010, esto es, cuando ya había vencido la oportunidad para acudir ante la
jurisdicción.

No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016,20 indicó que «[l]as reclamaciones de los aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del
contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas,
también están exceptuadas de la caducidad del medio de control».

Conforme al anterior criterio, esta Sala concluye que en los asuntos relativos al
reconocimiento de relaciones laborales encubiertas o subyacentes no resulta
procedente exigir que se acuda ante la jurisdicción dentro un determinado tiempo,
so pena de que opere el fenómeno de la caducidad, pues se involucran prerrogativas
laborales de carácter periódico e irrenunciable, como lo son los aportes con destino
al sistema de seguridad social en pensiones, que repercuten en el derecho de los
interesados a obtener una pensión.

18 Ley 640 de 2001. Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de

conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este
trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o
hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable.
19 Decreto 1716 de 2009. Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de

conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según
el caso, hasta:
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001,
o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.
En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con
la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia
correspondiente.
La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.
Parágrafo único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para el trámite
conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o prescripción.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2 de 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-

000-2013-00260-01 (0088-2015)

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Entonces, aunque el a quo consideró que había operado el fenómeno de la
caducidad respecto del Oficio AMM-AD-161-09 del 1 de octubre de 2009, lo cierto es
que en el caso concreto no resulta procedente tal declaratoria, en la medida en que
los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social y
derivados de la existencia de una relación laboral, bajo el principio de la primacía de
la realidad sobre las formas, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones
periódicas, están exceptuados no solo de la prescripción extintiva, sino de la
caducidad de la acción, y, por ende, pueden ser solicitados y demandados en
cualquier momento.21

Así las cosas, de acuerdo con la referida sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, en este caso solo procede declarar la caducidad parcial, esto es, frente a
las prestaciones unitarias, pero no respecto de los aportes que se encaminan a
financiar una prestación periódica, por lo que se estudiará si en este caso se
encuentra acreditada la relación laboral subyacente alegada por los accionantes.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos esgrimidos por los apelantes, en armonía con las
cuestiones previas antes desarrolladas, corresponde a la Sala resolver i) si los
señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón prestaron una labor
en beneficio del municipio de Málaga sin que mediara una relación legal y
reglamentaria o un contrato de prestación de servicios; y, ii) si como consecuencia
de ello, el ente territorial debe asumir el pago de los aportes al sistema integral de la
seguridad social en pensiones.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, existen tres clases de vinculación al
servicio público, con sus características o elementos que las tipifican y su régimen

21 En el mismo sentido, ver el auto proferido por la Subsección B el 18 de febrero de 2021, radicado 17001-23-33-000-2018-

00466-01 (2123-19), en el que se efectuaron las mismas consideraciones en cuanto a la caducidad de los asuntos en los que
discute el reconocimiento de una relación laboral y la reclamación de los aportes pensionales.

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jurídico propio, a saber: i) la vinculación legal y reglamentaria;22 ii) la laboral
contractual;23 y iii) la contractual o de prestación de servicios.24

En todo caso, al margen de la anterior clasificación, el trabajo goza de especial
protección con independencia de las formas que se hayan adoptado para la
prestación del servicio, ya que el artículo 53 de la Carta Política entronizó el principio
de «primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales» como parte del núcleo esencial del derecho al trabajo. Dicho
derrotero también se encuentra ligado a la prevalencia del derecho sustancial
previsto en el artículo 228 Superior.

A partir de las anteriores premisas, cuando se ha observado que algunas personas
ejecutaron funciones públicas sin ajustarse a ninguna de las citadas modalidades, la
doctrina y la jurisprudencia han desarrollado la figura del funcionario de hecho o de
facto, entendido como aquella persona que, sin título o con título irregular, ejerce
funciones públicas como si fuese un verdadero servidor público.25

Se ha considerado que dicha figura puede presentarse cuando una persona
desarrolla funciones públicas con la anuencia de las autoridades encargadas de
controlar e impedir esta clase de situaciones, quienes permiten el ejercicio irregular
de un cargo por circunstancias de facto no previstas en la ley.

Sobre el particular, esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones de
manera irregular debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple
no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja el vínculo
legal y reglamentario; en otras palabras, cuando no existe nombramiento o elección
según el tipo de cargo, ni tampoco posesión. También opera cuando tales requisitos,
pese a que existieron, ya no están vigentes.26

22 La vinculación legal y reglamentaria es la forma predominante de acceso a cargos públicos. De acuerdo con la
jurisprudencia, los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona se desempeña como empleado
público son i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii) la determinación de las funciones propias
del cargo; y iii) la existencia de recursos para proveer el cargo. Así lo indicó esta Subsección en sentencia del 5 de mayo de
2016, radicado 85001233100020120003202 (2119-14).
23 La relación laboral contractual es la forma de vinculación de los trabajadores oficiales, la cual se realiza a través de

contrato de trabajo. El Decreto 3135 de 1968 dispone son trabajadores oficiales aquellos que se dedican a la construcción
y sostenimiento de obras públicas y quienes prestan sus servicios en empresas industriales y comerciales del Estado, salvo
que realicen actividades de dirección y confianza, pues en ese caso ostentan la calidad de empleados públicos.
24 La vinculación a través de contratos de prestación de servicios se regula por el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de

1993.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2014, radicado: 73001-23-31-000-

2011-00215-01 (2300-12).
26 Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2016, radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-14); ii) del 5 de

mayo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2014-00619-01 (1919-2017).

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Siguiendo esa lógica, quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral de
hecho o subyacente debe probar que su actividad en la entidad fue personal, recibió
una remuneración en dinero o en especie27 y, además, el elemento de
subordinación o dependencia frente al empleador. Este criterio es consonante con
los lineamientos que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, en los
siguientes términos:

La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, es un principio constitucional (CP art. 53). La entrega libre de
energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de
subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene
el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del
trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. La
prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor
del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las
normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del
trabajo y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera
imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo,
sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan
querido dar al contrato. (Resalta la Sala).

Dentro de las normas internacionales a que alude la anterior cita, se destaca el artículo
2 del Convenio 111 de la OIT,28 en tanto dispuso que «todo miembro para el cual este
Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional
que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales,
la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto
de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

También se resalta el Protocolo de San Salvador29 en cuanto preceptúa que todos los
Estados parte deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas
y satisfactorias» y «una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y
un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Entonces, a partir de la especial protección de la que goza el trabajo, como expresión
de la actividad productiva del ser humano,30 se procederá a analizar el asunto puesto
a consideración de la Sala.

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de julio de 2023, radicado 66001-23-33-000-2018-

00090-01 (0685-2020).
28 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
29 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988. Aprobado en Colombia por la Ley 319 de 1996.
30 Sentencia C-211 de 2000.

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2.4. Hechos probados

2.4.1. Sobre la relación laboral con el Estado invocada por los demandantes

• El 28 de febrero de 1990, entre el señor Juan de Jesús Moreno Sandoval y el
entonces alcalde del municipio de Málaga, Manuel José Guarín Anaya, se celebró
un contrato de arrendamiento, con las siguientes especificaciones:31

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato: El municipio dá y el contratista recibe en
arrendamiento un apartamento que consta de: dos (2) alcobas, una cocina comedor,
en ella, un mesón y lavaplatos enchapados en azulejo, un patio con su respectivo
lavadero y tanque prefabricados, un baño enchapado y una taquilla, todo esto en
buen estado, ubicado dentro de un inmueble donde funciona el “Estadio Municipal”
“Ramón Rojas Herrera” […]. CLÁUSULA SEGUNDA: Cannon (sic) de arrendamiento es
de Dos mil Quinientos pesos M/cte ($2.500.oo) moneda corriente, los cuales
cancelará en la Tesorería Municipal dentro de los cinco (5) primeros días de cada
mes vencido, cumpliendo además con las siguientes Obligaciones: 1.
Conservación y mantenimiento de los prados existentes en el inmueble. 2. Aseo
general de los baños, graderías y cancha deportiva existente en dicho estadio.
3. Guardar respeto y obediencia al personal autorizado para utilizar este
estadio. 4. Conservar en buen estado la taquilla del inmueble. 5. Conservar los
enseres, cancha deportiva y cualquier elemento de que esté dotado este
estadio. 6. Informar sobre cualquier daño ocasionado por los usuarios al
inmueble. 7. Abstenerse de dejar ingresar personal en horas que no esté
autorizado utilizar las canchas para eventos deportivos. 8. Abstenerse de
utilizar los servicios de agua y luz para el lavado y planchado de ropas ajenas
al personal que habita este apartamento. CLÁUSULA TERCERA: Término del
contrato: El término de este contrato es el de dos (2) años contados a partir del
primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa (1990) al Veintiocho de febrero de
mil novecientos noventa y dos (1992) y solo podrá prolongarse, mediante un nuevo
contrato, y para ello deberá el contratista si desea continuar acercarse al municipio
y manifestar su deseo de renovación por lo menos con quince (15) días de
anticipación al vencimiento del mismo [...]. [Resalta la Sala].

• El 12 de diciembre de 2001, el alcalde municipal de Málaga, en oficio dirigido al
gerente de la Electrificadora de Santander, solicitó lo siguiente:32

Respetuosamente, me permito solicitar sea incluido dentro del servicio de Alumbrado
Público del municipio de Málaga, el recibo que figura a nombre de Celaduría Estadio
Municipal […]. Por el valor que figura según recibo N° 954256 de 19 de noviembre
de 2001 cuyo monto asciende a $113.630 y los demás recibos que a partir de la fecha
lleguen a dicha dirección sean cargados a la misma cuenta.

• En el mes de enero de 2002, los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia
Duarte Pinzón le solicitaron al director del Instituto Municipal de Deporte de Málaga
«útiles de aseo, tales como: escobas, traperos, fregadores, jabón, creolina,
blanqueador y esponjas, elementos necesarios para realizar la limpieza de gradas

31 Folio 42 y 363.
32 Folio 76.

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(tribunal), baños, camerinos y cancha del Estadio Municipal Ramón Rojas Herrera
de esta ciudad». Adicionalmente, señalaron lo siguiente:33

Es indispensable contar con su valiosa colaboración, ya que a lo largo de 12 años en
nuestras labores de “celaduría y aseo” de dicho escenario, hemos acarreado de forma
injusta con los costos de estos elementos, teniendo en cuenta que esta función es
obligación de la Alcaldía por intermedio de este Instituto.

• El 8 de abril de 2002, el exdirector del Instituto Municipal del Deporte de Málaga
suscribió un documento presentado por los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval
y Leticia Duarte Pinzón, en el que le solicitaban el «visto bueno y aprobatorio de
nuestra labor como celadores y aseadores del escenario deportivo Estadio Ramón
Rojas Herrera de Málaga durante su período administrativo en esta prestigiosa
institución».34

En la misma fecha, el exdirector técnico de Málaga Fútbol Club y una persona35
adscrita a la «Escuela de Formación Deportiva», firmaron un documento similar en
el que también se lee que los actores desarrollaban las referidas actividades «previa
y posteriormente a cada una de las fechas del calendario del torneo de Fútbol
Categoría Primera “C”, además de cumplir con los favores y servicios
correspondientes. Es indispensable su colaboración ya que de esta forma podremos
solicitar nuevos útiles de aseo para seguir realizando nuestras labores».36

• El 9 de abril de 2002, el director del Club Deportivo Academia de Fútbol Tine
Cartagena certificó que la señora Leticia Duarte «nos hace entrega al empezar
nuestras clases de fútbol, el Estadio Ramón Rojas Herrera, en óptimas condiciones
para poder realizar con satisfacción los entrenamientos».37

• El 4 de febrero de 2003, los accionantes informaron al jefe de Planeación de Málaga
que «en el apartamento que en calidad de celadores y aseadores del estadio
municipal ocupamos en la actualidad, cuyo cuidado tenemos bajo nuestra
responsabilidad, se están presentando fisuras en la parte que colinda con la
propiedad del señor PEDRO BELLO, por tanto solicitamos que haga una inspección

33 Folio 28.
34 Folio 33.
35 En el documento no se identifica el cargo.
36 Folios 31 y 32.
37 Folios 25 y 43.

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ocular con el fin de determinar el camino a seguir para que los daños que hay en la
propiedad sean reparados y eventualmente no se complique el problema».38

• El 4 de febrero de 2003, el señor Moreno Sandoval le expresó lo siguiente al
tesorero municipal de Málaga:39

[…] en calidad de celador y aseador del Estadio Municipal, no tengo por qué correr con
los gastos de los servicios públicos de este inmueble.

Me permito anexarle copia del oficio remitido por el señor Roso Abel toda la zona, ex
alcalde del municipio de Málaga, en la que solicita al ingeniero gerente de
electrificadora que el valor del recibo número 954256 del 19 de noviembre de 2001,
cuyo monto asciende a la suma de $113.630 y que figura a nombre de Celaduría
Estadio Municipal […] y los demás recibos que a partir de la fecha lleguen a dicha
dirección, sean cargados a la cuenta de Alumbrado público de Málaga.

• El 10 de octubre de 2006, el señor Juan de Jesús Moreno Sandoval radicó una
carta ante la Alcaldía del municipio de Málaga, dirigida al alcalde, señor Jairo Poveda
Flórez, en la cual manifestó lo siguiente: 40

Respetuoso saludo, me dirijo usted con el fin de presentar mi “renuncia como celador
del estadio municipal Ramón Rojas Herrera del municipio de Málaga”, después de casi
diecisiete (17) años de servicio al municipio a través de dicho cargo, ya que
actualmente mi salud y principalmente la salud de mi esposa Leticia Duarte se ha visto
afectada, razón por la cual es imposible que continúe haciendo el aseo del escenario
en mención y esta actividad es fundamental para el buen aspecto y disposición del
mismo para el público que lo frecuenta constantemente.

Por lo anterior, le solicito comedidamente que envíe lo más pronto posible un
funcionario autorizado para que reciba el inventario físico de los elementos que existen
dentro de las instalaciones del estadio municipal Ramón Rojas Herrera.

Es necesario dejar claro, que durante los últimos años la alcaldía no me proporcionó
elementos de aseo, sin embargo, nunca dejé de cumplir con esta labor ni con la labor
como celador propendiendo siempre por el cuidado y la salvaguardia de este
importante escenario manteniéndolo siempre listo y dispuesto para los distintos
eventos que en este estadio municipal se ha realizado.
[…]

• El 5 de diciembre de 2006, el señor Juan de Jesús Moreno hizo la entrega del
Estadio Ramón Rojas Herrera a la auxiliar administrativa de la Alcaldía de Málaga.
En el acta, se registró la siguiente información:41

• Las instalaciones se encuentran en malas condiciones, los baños de las damas (4),
3 están buenos, 1 fue dañado en el campeonato realizado por los Andes Stereos, 1
lavamanos regular estado, y las puertas sin candado.

38 Folio 29.
39 Folio 30.
40 Folios 27, 75 y 111.
41 Folio 56 y 377.

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• Los baños de los caballeros instalaciones pésimas, 4 baños limpios y lavamanos sin
llave.
• Dos camerinos con 2 baños y 4 duchas.
• Un camerino con 2 baños y duchas, 1 baño (en total son 3 camerinos)
Instalaciones en pésimas condiciones.
• 1 cafetería se encontraba cerrada.
• 1 camerino con llave, donde se guardan los balones (Jhon Albert Espinel)
• 1 camerino de Asoarma.
• 1 cuarto con candado lleno de reciclaje.
• 1 camerino con reciclaje de la señora Sixta, se encuentra una carretilla B.E, 4 baldes
de plástico, 3 mangueras de plástico verde, 1 tablero grande de madera que es de
amare [sic], unos hierros.
• La taquilla que consta de un cuartico pequeño en obra negra.

El apartamento consta de:

• 2 piezas, 1 baño, 1 sala dividida cocina, 1 patio donde se encuentra el lavadero, el
apartamento se encuentra sin pisos, contador, pero están sin luz.

En general las instalaciones del Estadio Ramón Rojas Herrera se encuentran en
regulares condiciones.
[…]

• El 20 de septiembre de 2011, el secretario de Hacienda del municipio de Málaga
certificó lo siguiente:42

Que: revisados los archivos de la Alcaldía Municipal no se encontró prueba que (sic)
los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte cancelaran algún dinero
por concepto de arrendamiento durante el tiempo comprendido del 09 de noviembre
de 1989 hasta el 15 de diciembre de 2006.
Que: revisados los archivos de la Alcaldía Municipal no se encontró prueba que (sic)
los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte laboraran en la entidad,
no se encontró soporte de algún pago realizado, no existe indicios de que fueran
empleados, no hay acta de posesión.

• El 7 de junio de 2012, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga, en
cumplimiento del oficio comisorio 0053 de 29 de septiembre de 2011, proferido por
el Tribunal Administrativo de Santander,43 recibió los testimonios de los señores
Rosalba Lizarazo Díaz, Chiquinquirá Suárez de Bello, Alba Yaneth Machuca Duarte,
Edgar Darío Oliveros Rodríguez y Roso Abel Tarazona Duarte, quienes, en lo
relevante para el caso, declararon lo siguiente:44

a) Rosalba Lizarazo Díaz

PREGUNTADO: infórmele al despacho si Ud. conoce a los señores JUAN DE JESÚS
MORENO SANDOVAL y LETICIA DUARTE PINZÓN, de ser así, indique bajo qué
circunstancias y hace cuánto tiempo. CONTESTÓ: Sí, conozco a JUAN DE JESÚS

42 Folio 132.
43 Folio 320.
44 Folios 385 a 396.

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MORENO, porque estuvimos en la escuela ambos, lo conozco, pues, desde niños, en
el campo. Y a doña LETICIA la conozco, en el estadio, la conozco ahí porque una hija
de ella estudió con una hija mía. Eso hará como unos 20 años. Ahora somos vecinas,
porque el hijo de ella compró una casita al frente de mi casa y pues somos vecinas.
PREGUNTADO: sabe Ud. qué actividad o actividades desarrollaron estas personas
aproximadamente para la época comprendida entre 1989 y el año 2006. CONTESTÓ:
Pues yo como vivo en la para [sic] de arriba del estadio, yo veía a doña LETICIA en la
gradería del estadio, haciendo el aseo del estadio, yo la veía con la escoba. Ella, las
actividades que tenía que hacer era el aseo de los baños y de la gradería y de la
cancha. Y ahí, fuera del andén, uno la veía arreglando, arrancando el pasto. Y con
respecto a don JUAN DE JESÚS, pues sé lo de doña LETICIA. De don JESUS, pues,
yo lo que sé es que colaboraba mucho a la esposa; ellos, los dos, y con los hijos,
trabajaban haciendo el aseo en el estadio. PREGUNTADO: Dígale al despacho, si lo
sabe, si alguien contrató a doña LETICIA para que hiciera el aseo al estadio como Ud.
lo ha manifestado. CONTESTÓ: Yo sé que le trabajaba al municipio, porque el estadio
es del municipio. Como eso así (sic) buscan celadores, resulta que don JUAN DE
JESÚS era el celador del estadio; porque el municipio lo contrató para la celaduría.
Resulta que ellos, don JESÚS, la esposa LETICIA y los hijos (4 hijos) vivían ahí, en
una casita del estadio. […]. PREGUNTADO: Dígale al despacho, si Ud. sabe, ¿si estas
personas recibían órdenes de alguien para el desempeño de esas actividades de aseo
y celaduría, en tal caso, de quién. CONTESTÓ: Yo creo que del alcalde, porque como
los contrata es la Alcaldía, eso es municipal. Yo sé eso porque en las escuelas le
corresponde al municipio la celaduría, yo concluyo que esa fue la situación que se
presentó en el municipio. […] PREGUNTADO: sabe Ud. cuándo estas personas
dejaron de realizar dichas actividades de aseo y celaduría, y por qué razón.
CONTESTÓ: No supe cuándo se salieron de ahí. No supe la razón; yo, cuando los vi,
es que ya estaban enfrente de mi casa, que se habían ido a vivir allá. Y vivían de lo
que trabaja el señor, es decir, vendiendo lotería. Y creo que los hijos también les
ayudan. […] PREGUNTADO: sírvase concretar si el lapso de tiempo (sic) al cual Ud.
ha referido conocimiento de los hechos, relatados por Ud., va del año 1989 al 2006.
CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADO: tiene Ud. conocimiento, por el tiempo acabado de
mencionar, en el estadio municipal de Málaga, qué actividades se desplegaban en el
mismo y por cuenta de quiénes. CONTESTÓ: Pues los partidos de fútbol. También por
ahí venían unos eventos musicales, y, a veces, entraban los colegios a ensayar esas
revistas; también los colegios tenían eventos en el estadio, por lo menos, marchas.
PREGUNTADO: Esto por qué le consta a Ud. Que se hacía en el estadio. CONTESTÓ:
Pues, porque yo tengo una casa como a dos cuadras y media del estadio, y de ahí se
ve todo lo que se hace en el estadio. […].

b) Chiquinquirá Suárez de Bello

PREGUNTADO: infórmele al despacho si Ud. conoce a los señores JUAN DE JESÚS
MORENO SANDOVAL y LETICIA DUARTE PINZÓN, de ser así, indique bajo qué
circunstancias y hace cuánto tiempo. CONTESTÓ: Sí, los conozco. A don JUAN y a
doña LETICIA los conozco hace como 17 años, porque yo soy vecina del estadio y
ellos llegaron ahí en el 89. Ellos llegaron a vivir ahí. El motivo para que ellos llegaron
a vivir ahí es porque no había celador en el estadio y ellos fueron conocidos toda la
vida como los celadores del estadio. PREGUNTADO: En concreto qué actividades
desempeñaban estas personas. [CONTESTÓ] La señora limpiaba el estadio y
arreglaba, cuando habían (sic) partidos, ella era la que arreglaba el estadio; él le
ayudaba, no siempre, pero uno los veía ahí desde la sotea (sic) haciendo el aseo.
PREGUNTADO: Dígale al despacho, si lo sabe, si alguien contrató a estas personas
para que hicieran el aseo y para que realizaran labores de celaduría como Ud. lo ha
manifestado. CONTESTÓ: Yo sé que era como la Junta de Deportes a la que como
que ellos le rendían informe. PREGUNTADO: quién conformaba la Junta de Deportes.
CONTESTÓ: Todo eso es de la Alcaldía; pero ellos eran los que asistían ahí y como
que les daban órdenes de que les organizara, de que limpiara. […]. PREGUNTADO:
Durante el tiempo que Ud. dice que JUAN DE JESÚS MORENO SANDOVAL y
LETICIA DUARTE PINZÓN estuvieron en el estadio, ellos se desempeñaron en alguna

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otra labor. CONTESTÓ: No, yo siempre los veía ahí en el estadio. […].
PREGUNTADO: ¿sabe Ud. cuándo estas personas dejaron de realizar dichas
actividades de aseo y celaduría y por qué razón? CONTESTÓ: A ellos nunca les dieron
nada para hacer hace [sic], les tocaba de su bolsillo, a ellos los sacaron de ahí, yo creo
que el municipio, porque necesitaban la vivienda. Ellos estuvieron ahí, más o menos,
hasta el año 2006. […] PREGUNTADO. Del año 1989 hasta el 2006, en que manifiesta
constarle que allí estuvieron JUAN DE JESÚS MORENO SANDOVAL y LETICIA
DUARTE PINZÓN, en el estadio municipal de Málaga, le consta a Ud. qué tipo de
actividades y por cuenta de quién se realizaban en el estadio CONTESTÓ. Esas
actividades las organizaba el municipio de Málaga y la Junta de Deportes. En el
estadio, una vez realizaron allá lo de ferias y fiestas; seguido de campeonatos de
deporte y eventos cívicos, bandas, centros culturales. PREGUNTADO. Manifiéstele al
despacho si en el estadio se practicaba algún deporte en particular y con qué
periodicidad y quiénes. CONTESTÓ. Entrenamiento de equipos de fútbol y micro y eso
era constante. PREGUNTADO: Concrétele al despacho, doña LETICIA qué
actividades realizaba en el estadio en ese tiempo. CONTESTÓ. La actividad de ella
era el aseo general de todo el estadio y cuidar de que cuando no había ningún evento,
cuidar, porque se entraba la gente o animales a hacer cosas que no tenían porqué
hacer. PREGUNTADO. Sabe Ud. si otra u otras personas colaboraban con dichas
actividades o eran ellos los que la desarrollaban. CONTESTÓ. Solamente ellos.
PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho, en forma concreta, por qué a Ud. le consta
todo lo que ha acabado de mencionar. CONTESTÓ. Porque soy vecina, puramente
vecina del estadio, y solo nos separa una pared, llevo viviendo ahí cuarenta años. […]
PREGUNTADO. Sabe Ud. si el municipio o la Junta de Deportes de Málaga les
proporcionaba elementos o herramientas para que desarrollaran sus actividades.
CONTESTÓ: No, no les daban herramientas ni nada, les prometían, pero no les
llevaban nada.

c) Alba Yaneth Machuca Duarte

PREGUNTADO: infórmele al despacho si Ud. conoce a los señores JUAN DE JESÚS
MORENO SANDOVAL y LETICIA DUARTE PINZÓN, de ser así, indique bajo qué
circunstancias y hace cuánto tiempo. CONTESTÓ: Sí los conozco, hace más de 18
años, los conocí primero porque mi mamá tenía una amistad con doña MARI y
empezamos los estudios con PILAR, y ahí comenzamos la amistad. Doña MARI es la
forma como llamamos a Leticia Duarte. PREGUNTADO: sabe Ud. qué actividad o
actividades desarrollaron estas personas aproximadamente para la época
comprendida entre 1989 y el año 2006. CONTESTÓ: Doña MARI siempre la conocí
ahí en el estadio Municipal de Málaga. Ella realizaba el aseo y don CHUCHO prestaba
el servicio de la celaduría; nosotros les colaborábamos haciendo el aseo a veces.
PREGUNTADO: Dígale al despacho, si lo sabe, si alguien contrató a doña LETICIA
para que hiciera el aseo al estadio como Ud. lo ha manifestado, y, a don CHUCHO, es
decir, se entiende que Ud. se refiere a don JUAN DE JESÚS MORENO, si alguien lo
contrató para que cumpliera labores de celaduría en el estadio de Málaga, en tal caso,
quién. CONTESTÓ: Pues uno no puede decir con exactitud, porque yo no fui testigo
en esos momentos; lo que puedo decir es que de la Selección Málaga había una oficina
en uno de los camerinos en el estadio y cuando yo iba a hacer tareas, yo escuchaba
que le decían: “doña MARI, este permiso lo mandan de la alcaldía … luego yo presumo
que la alcaldía los había contratado. PREGUNTADO: en aquella época, a la que Ud.
hace referencia en su respuesta anterior, dónde vivían don JUAN DE JESÚS
MORENO y doña LETICIA DUARTE. CONTESTÓ: ahí en el estadio. Eso era a la
entrada, a mano izquierda, ahí era la salita y ahí mismo era la cocina; dos habitaciones
y un patio de ropas pequeñito. PREGUNTADO: supo Ud. que por vivir en ese sitio,
JUAN DE JESÚS MORENO y doña LETICIA DUARTE le cancelaran arriendo a alguien
o con permiso de quién habitaban ese lugar. CONTESTÓ: Ellos, que yo sepa, no
cancelaban arriendo, pero sí pagaban era los servicios; y pues la Alcaldía era la que
les había dado el permiso para que ellos vivieran ahí, pues una vez les cortaron los
servicios y decían que era de allá, de parte de la Alcaldía de Málaga. PREGUNTADO:
Dígale al despacho, si Ud. sabe, si estas personas […] recibían alguna remuneración

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por esos oficios que Ud. dice que realizaban de aseo y celaduría, de ser así, quién les
pagaba. CONTESTÓ: Ellos nunca recibieron sueldo. Yo lo sé porque ella me cuidaba
a mi como una hija, porque yo me la pasaba mucho tiempo allá estudiando con su hija
PILAR. A doña LETICIA le tocaba tinturar ropa para ayudarle a don CHUCHO al
sostenimiento de la casa. Y don CHUCHO vivía de vender lotería en todo el pueblo; él
es muy conocido acá. Le dicen “YIYO". PREGUNTADO: Dígale al despacho, si Ud.
sabe si estas personas recibían órdenes de alguien para el desempeño de esas
actividades de aseo y celaduría, en tal caso, de quién. CONTESTÓ: Cuando funcionó
la Selección, y se presentaban los partidos, tenían que tener la cancha lista para el
entrenamiento de los muchachos y los camerinos; en ese tiempo venían de Cúcuta,
de Bucaramanga. Siempre que yo estaba, llegaba de la Alcaldía de Málaga el
funcionario que estuviera encargado de lo de deportes, él era el que les decía de alistar
la cancha y alistar los camerinos. Por ejemplo, ese señor que le decían “el gato”. No
recuerdo el nombre. PREGUNTADO: sabe Ud. si estas personas (…) tenían seguridad
social, para la época comprendida entre el año 1989 y 2006. CONTESTÓ: No tenían
seguridad, porque, es más, cuando íbamos a ir al médico, que era con el SISBEN en
ese entonces, íbamos con PILAR y con la mamá. PREGUNTADO: sabe Ud. cuándo
estas personas dejaron de realizar dichas actividades de aseo y celaduría y por qué
razón. CONTESTÓ: Se retiraron al tiempo, porque ella, doña LETICIA, se enfermó,
eso fue en el año 2001, estaba yo de novia con el papá de mi hijo mayor, se enfermó
de las piernas. Y a raíz de eso se veía enferma, y con PILAR llegábamos a la casa y
le colaborábamos con el aseo de la cancha y de los camerinos, y ya después, como
en el año 2006, el hijo de ellos, que se llama ALEX LEONARDO MORENO, compró
una casita cerca al barrio SANTA MARIA, y yo me acuerdo que doña MARI decía que
se salía del estadio porque estaba muy enferma, y don CHUCHO decía que no, porque
le daba pena moral, pues ya estaba acostumbrado a que llegara la gente y el deporte. Y a ellos les cortaron los servicios, y ALEX le dijo que dejaran de ser tercos y que se
fueran a vivir a la casa que les había comprado. Y ahí es donde se encuentran
viviendo. Pero yo digo una cosa, cuando con mi familia nos fuimos a vivir al barrio
SANTA MARIA, yo tenía 7 años, y ese sector casi no era habitado, era solo potrero,
es el sector que rodea el estadio, y yo me acuerdo que decía mi mamá: tenga cuidado
cuando salga para la escuela, porque se prestaba para violaciones, para inseguridad,
y entonces aprecio como importante la labor que hizo don CHUCHO, porque salía en
las noches y se paseaba el estadio. Eso lo digo porque yo estudiaba con PILAR en la
Normal y me quedaba hasta las 11 o 12 de la noche, y en ese tiempo nos dejaban
muchísimo trabajo. Yo digo que desde que llegaron ellos ahí, pasar por esa calle era
más tranquilo, pues algo que pasara, pues uno gritaba a don CHUCHO. […]
PREGUNTADO. Por favor concrétele al despacho, describa, qué actividades y
servicios le consta a ud. Que presta doña [sic] JUAN DE JESÚS MORENO y doña
LETICIA DUARTE con relación a los hechos narrados. CONTESTÓ. Doña MARI se
dedicaba al aseo de las graderías, arreglo de los camerinos, y pues yo digo en su casa
siempre prestó el servicio, ellos no tenían privacidad, todo el mundo entraba haya [sic],
ellos le solucionaban a la gente y don CHUCHO, la labor de él fue cuidar el estadio,
que no entraran mariguaneros y nada de eso, porque en un comienzo cuando ellos
llegaron allá se encontraron muchas cosas, como preservativos, ropa de mujer y yo
digo que desde que él estuvo ahí el estadio se mantuvo en buenas condiciones. PREGUNTADO. Estas actividades que desarrollaban JUAN DE JESUS MORENO y
doña LETICIA DUARTE, las desarrollaban ellos de qué manera, es decir de qué forma
en cuanto a su modo o tiempo. CONTESTÓ:

Doña MARI todos los días, manteniendo
el estadio que no presentaran papeles y los camerinos que se mantuvieran limpios. Y
yo la admiraba, porque los baños los dejaban vueltos nada, y una vez nosotros la
acompañamos a hacer aseo, y yo le preguntaba si la alcaldía le colaboraba para hacer
aseo con escobas o algo, y ella decía que no, que no le daban nada. Don CHUCHO
llegaba de vender lotería como a las 6 de la tarde, y cenaba, y por ahí a eso de las
8:30, daba una vuelta por el estadio y tenía la costumbre de salir a la calle y decía que
se iba para el billar, y cuando llegaba, se iba a pasear otra vez el estadio. Él tuvo una
paquita [sic] que se llamaba PAQUITA y era la que lo acompañaba. PREGUNTADO:
¿tiene Ud. conocimiento de si con relación al estadio municipal de Málaga, al cual se
ha referido, otra u otras personas desempeñaban las mismas actividades
desarrolladas por JUAN DE JESUS MORENO y doña LETICIA DUARTE, o eran ellos

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quienes, exclusivamente, lo hacían? CONTESTÓ: Solamente doña MARI y don
CHUCHO. […] PREGUNTADO. Por favor concrétele al despacho la razón por la cual
tiene conocimiento de todo esto que ha narrado. CONTESTÓ. Porque estudiaba con
PILAR la hija de los señores JUAN DE JESÚS MORENO y DOÑA LETICIA DUARTE.
Somos las mejores amigas todavía.

d) Edgar Darío Oliveros Rodríguez

PREGUNTADO: infórmele al despacho si Ud. conoce a los señores JUAN DE JESÚS
MORENO SANDOVAL y LETICIA DUARTE PINZÓN, de ser así, indique bajo qué
circunstancias y hace cuánto tiempo. CONTESTÓ: Sí los conozco, de toda una vida,
porque ellos vivían en el barrio El Dorado y yo viví en ese barrio, mi nona (sic) le vendía
la leche a ellos, y por eso los conozco. PREGUNTADO: Sabe Ud. qué actividad o
actividades desarrollaron estas personas aproximadamente para la época
comprendida entre 1989 y el año 2006. CONTESTÓ: Por fechas exactas, no sé, pero
yo después de un tiempo sé que ellos vivían en el estadio de Málaga; ellos habitaban
allí y laboraban, eran como los celadores ahí, los que cuidaban el estadio, abrían,
cerraban, hacían el aseo, permitían o no permitían jugar fútbol. Yo, en esa época,
resulta que pertenecía a la Selección de Málaga de futbol, y para ir a entrenar, uno iba
a la alcaldía y el secretario de Gobierno le daba a uno una orden y uno se la llevaba a
la señora LETICIA, y ella permitía la entrada al estadio. Cuando había torneos de
fútbol, uno la veía que hacía el aseo de los baños y de la escalera después de los
partidos. Y el señor vivía ahí, pero como él se dedicaba a la venta de lotería, pues no
permanecía todo el tiempo ahí; la señora sí permanecía todo el tiempo ahí. Inclusive,
yo fui funcionario de la Alcaldía en una época, en el año 2000, y había un señor que
se llamaba Henry Wenceslao Flórez, él era el tesorero en esa época, y él tenía unas
vaquitas atrás en las tribunas, y me pedía que yo las fuera a vacunar; una noche, me
llamó tarde para que fuera a mirarle una, y la señora nos abrió y don JUAN nos
acompañó y nos ayudó a tenerle la linterna para proceder a darle tratamiento a la vaca,
o sea, que fuera la hora que fuera, ellos mantenían ahí. PREGUNTADO: Dígale al
despacho, si lo sabe, si alguien contrató a doña LETICIA y a don JUAN DE JESÚS
para que, como Ud. lo ha dicho, cuidaran del estadio e hicieran el aseo en el mismo,
de ser así, quién los contrató. CONTESTÓ: La verdad, no sé en qué administración
ellos entrarían, lo que sí doy fe, es que ellos recibían órdenes de las administraciones
municipales de turno; el día domingo, cuando había partidos, ella hacía aseo, y pues
me imagino que si el estadio pertenecía al municipio, pues alguien del municipio tenía
que darle los parámetros de que tenía que hacer. PREGUNTADO: Dígale al despacho,
si Ud. sabe, si estas personas recibían alguna remuneración por esos oficios que Ud.
dice que realizaban de aseo y celaduría, de ser así, quién les pagaba. CONTESTÓ: No tengo conocimiento de eso. Cuando ellos vivieron los últimos años, pues yo iba a
venderles la leche, yo iba todos los días a las 7 de la mañana y yo la veía haciendo
aseo no solo adentro de la casa sino en todo el estadio, en la parte de las graderías.
[…] PREGUNTADO: tiene Ud. conocimiento para la fecha de 1989 a 2006, qué
actividades se desarrollaban en el estadio municipal. CONTESTÓ: Para esa época
había mucho campeonato de fútbol, más actividades que hoy en día, y prestaban el
estadio para campeonatos de fútbol, organizados por la administración municipal;
también se hacían conciertos musicales, para eventos taurinos esas son las
actividades que puedo recordar. Si no mal recuerdo cuando doña LETICIA estaba aquí
había fútbol había de la primera C, competían por regiones […] PREGUNTADO: tiene
Ud. conocimiento de si las actividades que desplegaba JUAN DE JESÚS MORENO y
doña LETICIA DUARTE, en qué circunstancias de tiempo las realizaban. CONTESTÓ: Yo iba con la leche todos los días, y todos los días uno la veía con su escoba y su
recogedor y su delantal. Y como el área del estadio era tan grande, uno la veía un día
por un lado y otro día por el otro lado, uno hablaba con ella y se quejaba mucho de sus
dolencias físicas.

PREGUNTADO: tiene Ud. conocimiento de si otras personas,
distintos a ellos, desempeñaban las mismas labores o similares, con relación al estadio
municipal. CONTESTÓ: No. Uno siempre la veía a ella, de pronto cuando iba a haber
algún campeonato mandaban a alguien para que lo podara. Lo de aseo y
mantenimiento lo hacía ella exclusivamente. […]

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e) Roso Abel Tarazona Duarte

PREGUNTADO: infórmele al despacho, si Ud. conoce a los señores JUAN DE
JESÚS MORENO SANDOVAL y LETICIA DUARTE PINZÓN, de ser así, indique bajo
qué circunstancias y hace cuánto tiempo. CONTESTÓ: Hace unos 30 años, amigos
de toda la vida. PREGUNTADO: sabe Ud. qué actividad o actividades desarrollaron
estas personas aproximadamente para la época comprendida entre 1989 y el año
2006. CONTESTÓ: Yo los conocí viviendo en el estadio de Málaga; realmente como
que la principal actividad que los conozco es esa. Yo tuve la oportunidad de ser
concejal del municipio, y uno en el servicio público frecuenta esos sitios sociales por
ser hombre público. Siempre los veía allá. Cuando llegaba uno a allá, ellos lo
atendían, atendían el público; cualquier cosa que preguntaba uno, ellos eran los que
le daban razón, cualquier cuestión de mi actividad política. PREGUNTADO: sabe Ud.
quién o quiénes ejercían la labor de celaduría y de aseo en el estadio durante el
tiempo en que Ud. dice que estas personas (…) permanecieron allí. CONTESTÓ: Yo
los conocí a ellos, más nadie, nunca supe que hubiera otro celador u otra persona
más encargada del estadio. En cuanto al aseo, la verdad, yo los vi a ellos haciendo
aseo, creo que a unos baños que hay allá, la señora LETICIA, que una vez fui por
allá y le pregunté si le tocaba hacer el aseo, y ella me dijo que sí, que ella era quien
le hacía el aseo a los baños. PREGUNTADO: según su conocimiento ejercían la
misma labor la señora LETICIA y el señor JUAN DE JESÚS con respecto al estadio
de Málaga. CONTESTÓ: Teniendo en cuenta que el municipio no tenía ni ha tenido
una persona diferente a ellos, para mi, creo que sí. PREGUNTADO: Conoció Ud. de
alguna contratación que realizara alguna persona o representante de alguna entidad
hacia estas personas, para que realizaran las labores de aseo y celaduría que Ud.
ha referido en su declaración. CONTESTÓ: No, ellos decían que tenían un contrato
con el municipio, pero yo no conocí nada en concreto. PREGUNTADO: Dígale al
despacho, si Ud. sabe, si estas personas recibían alguna remuneración por esos
oficios que Ud. dice que realizaban de aseo y celaduría, de ser así, quién les pagaba. CONTESTÓ: Yo tuve la oportunidad de ser alcalde de esta localidad y, no; ellos no
recibían ninguna remuneración. PREGUNTADO: Dígale al despacho, si Ud. sabe, si
estas personas recibían órdenes de alguien para el desempeño de esas actividades
de aseo y celaduría, en tal caso, de quién. CONTESTÓ: orden como tal, siempre
nombraba uno a un coordinador de deportes, y realmente ese funcionario que
nombraba era el que coordinaba todo lo relacionado con esos escenarios deportivos,
mas no era directamente el alcalde, porque él tiene sus colaboradores. […]
PREGUNTADO: sabe Ud. cuándo estas personas dejaron de realizar dichas
actividades de aseo y celaduría y por qué razón. CONTESTÓ: Cuando yo terminé mi
periodo de alcalde, ellos quedaron ahí, eso fue en el 2002; y, posteriormente, los
continúe viendo ahí, creo que siguieron 2 o 3 alcaldías más. Ya el motivo porque se
fueron, si no sé. […] PREGUNTADO: Con ocasión a su actividad política y al
desempeño como funcionario al servicio del municipio de Málaga, en su doble
condición de concejal y de alcalde municipal sabe Ud. para el año 1989 al 2006, quién
era el titular de la propiedad y poseedor del estadio municipal de nombre Ramón
Rojas Herrera. CONTESTÓ: Toda mi vida, como dirigente comunal, concejal y
alcalde de esta municipalidad, el dominio y posesión del predio donde funciona el
estadio Ramón Rojas Herrera ha sido y es del municipio de Málaga. […]
PREGUNTADO: Por la misma fecha mencionada, tiene Ud. conocimiento sobre qué
tipo de actividades se desarrollaron en el estadio municipal. CONTESTÓ:

Cualquier
sinnúmero de campeonatos, incluso recuerdo mucho de un concierto de orquestas,
fue sede de la primera "C" del departamento, en los años 1996 al 2002, tuvimos
equipos en la primera "C", y allí se desarrollaban los partidos que correspondían en
las fechas establecidos por la liga departamental. […] PREGUNTADO: Con relación
al mismo inmueble tiene Ud. conocimiento de que autoridad o qué persona, por el
mismo tiempo mencionado, era la encargada de designar celador y demás personas
que debían realizar las labores de aseo y mantenimiento del estadio. CONTESTÓ: Como el estadio es del inventario local, sin lugar a dudas, le correspondía a la
administración municipal, cualquiera que estuviera en el turno.

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• El 5 de noviembre de 2013, el alcalde de municipio de Málaga rindió versión
juramentada sobre los hechos de la demanda, en la siguiente forma: 45

Revisados los archivos del ente territorial, se tiene que en el periodo comprendido
1988-1990, Manuel José Guarín Anaya, en su carácter de alcalde municipal de
Málaga, y Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón celebraron un
contrato de arrendamiento de un apartamento de propiedad del municipio de Málaga
con un canon de arrendamiento mensual de 2500 pesos moneda corriente,
prorrogables por el término de dos años. De lo anterior se refleja que el señor Juan
de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón no han desarrollado actividades
de carácter laboral a favor del municipio de Málaga, de manera personal bajo la
continua subordinación del ente territorial, como celador y aseadora respectivamente,
ya que no existe dentro de la planta de personal del municipio de Málaga, de acuerdo
al contenido del artículo 122 de la Constitución Política, nombramiento y posesión, ni
manual de funciones para el cargo pretendido por los señores Juan de Jesús Moreno
Sandoval y Leticia Duarte Pinzón como celador vigilante y aseadora del estadio
municipal de Málaga. Al no existir nombramiento ni posesión, ni manual de funciones,
no aparece dentro de los archivos municipales que el señor alcalde municipal de
Málaga, señor Manuel José Guarín Araya, los hubiese contratado o nombrado para
realizar las labores por ellos descritas con un salario mínimo legal y las demás
prestaciones sociales; por el contrario, se suscribió el contrato de arrendamiento ya
enunciado sobre un inmueble del territorial. El municipio de Málaga, por medio de su
representante legal, no impartió instrucciones ni órdenes a los aquí demandantes, no
existió subordinación, ni horario de trabajo para la prestación del servicio, derivado
de lo anterior y como lo establece el mismo demandante en su pretensión, al no existir
relación laboral, no se evidencia pago por conceptos laborales y, por el contrario,
ellos realizaron las obligaciones propias de un contrato de arrendamiento de un
inmueble del municipio de Málaga. […].

2.4.2. La reclamación en sede administrativa

• El 16 de septiembre de 2009, los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia
Duarte Pinzón solicitaron al alcalde del municipio de Málaga lo siguiente:46

1. Se nos reconozca formalmente la condición de servidores públicos, [ya] que desde
el 9 de noviembre de 1989 hasta el 15 de diciembre de 2006, existió una relación de
carácter laboral de derecho público entre el municipio de Málaga Santander, de una
parte, y Juan de Jesús Moreno Sandoval (donde laboré como celador durante 24
horas diarias del estadio municipal Ramón Rojas Herrera), Leticia Duarte Pinzón
(laboré como aseadora de la instalaciones deportivas estadio municipal Ramón
Rojas Herrera) de otra parte, derivándose los derechos y obligaciones anejos.

2. Dicha Relación Laboral en el sector público, constitutivo (sic) del contrato laboral -
realidad, toda vez que se dieron todos sus elementos configurantes (sic).
[…]

• El 1 de octubre de 2009, mediante el oficio AMM-AD-161-09, el alcalde del municipio
de Málaga contestó al anterior derecho de petición en el sentido de indicar que «la

45 Folio 405.
46 Folios 44 a 46 y 450 a 452.

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Entidad Territorial ha decidido negar todas y cada una de sus pretensiones, en razón
a que su poderdante deberá demostrar, mediante el proceso ordinario laboral
correspondiente, la existencia de los derechos que reclama y, por supuesto, la
relación laboral que depreca del municipio de Málaga, para así proceder en caso de
decisión a su favor, a cancelar las sumas que resulten justificadas».47

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

Conforme a lo establecido en acápites anteriores, en el presente caso únicamente
puede estudiarse la relación laboral invocada por los actores en lo que atañe a su
incidencia en los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, ya que frente
a las demás pretensiones operó la figura de la caducidad de la acción.

Ahora bien, en el presente caso se encuentra acreditada la existencia de una
verdadera relación laboral subyacente o de hecho entre los demandantes y el
municipio de Málaga, pues se verificaron los tres elementos que la constituyen, esto
es, prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

Es así como las pruebas documentales y testimoniales aportadas al plenario
evidencian que los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón
desplegaron diferentes actividades en beneficio del municipio de Málaga,
específicamente en el estadio municipal; además, la entidad cohonestó la presencia
de los actores en ese inmueble al suscribir un contrato de arrendamiento para que
ellos lo habitaran.

Si bien es cierto que en este caso no se analiza la legalidad de dicho negocio jurídico,
su contenido resulta relevante para contextualizar la forma en que los actores
lograron habitar el apartamento ubicado en el estadio municipal, así como las
razones por las que de forma continua siguieron suministrando su fuerza de trabajo
en ese lugar.

En efecto, a través del referido contrato, el municipio de Málaga le permitió a los
demandantes vivir en el estadio con el compromiso de que lo cuidaran y conservaran.
Además, se pactaron cláusulas que denotan el querer del ente demandado de que
ellos se encargaran de la administración del estadio desde el punto de vista de su
mantenimiento y control de ingreso del personal externo.

47 Folios 42 y 449.

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De manera especial, llaman la atención las siguientes obligaciones a cargo de los
accionantes: i) conservación y mantenimiento de los prados existentes en el
inmueble; ii) aseo general de los baños, graderías y cancha deportiva del estadio; iii)
guardar respeto y obediencia al personal autorizado para utilizar este estadio; iv)
conservar en buen estado la taquilla; v) conservar los enseres, cancha deportiva y
cualquier elemento de que esté dotado el estadio; vi) informar sobre cualquier daño
ocasionado por los usuarios; vii) abstenerse de dejar ingresar personal en horas que
no esté autorizado utilizar las canchas para eventos deportivos.

Las anteriores obligaciones tienen una connotación eminentemente laboral,
subordinante y ajena a la denominación de contrato de arrendamiento que se
atribuyó al negocio jurídico celebrado entre las partes.

Es más, nunca se verificó un verdadero arrendamiento, ya que los accionantes no
pagaron el canon pactado, sino que se les permitió seguir viviendo en el aludido
inmueble hasta el momento de la entrega, esto es, el 5 de diciembre de 2006, por
ende, pese a que el contrato fue celebrado el 28 de febrero de 1990 y su prórroga
debía hacerse de manera escrita, la administración permitió que los actores siguieran
viviendo allí.

Pero los demandantes no solo se limitaron a habitar el inmueble, sino que también
siguieron cumpliendo con las obligaciones inicialmente pactadas, conforme lo
narraron los testigos y lo evidenciaron los documentos aportados al plenario.

Es así como el señor Juan de Jesús Moreno Sandoval era visto como el celador del
estadio, quien durante el día se dedicaba a vender lotería y durante algunas horas de
la noche cumplía con la labor de caminar por los alrededores, vigilar que todo estuviera
en orden y le proporcionaba a la comunidad la confianza de que podían transitar sin
correr peligro, conforme lo narró la señora Alba Yaneth Machuca Duarte.

Igualmente, las funciones que los demandantes desempeñaban en dicho escenario
deportivo se han relacionado de manera directa con la circunstancia de que estos
vivieran allí y resultaban de especial importancia para que la comunidad pudiera
desplegar las actividades culturales y deportivas a las que se destinó ese inmueble.

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Ejemplo de ello, es que nadie podía ingresar al estadio sin que los actores permitieran
el ingreso, las autoridades se sentían en plena libertad de enviar permisos para que
estudiantes, escuelas deportivas y demás usuarios ingresaran al estadio, para lo cual
informaban a los actores y ellos habilitaban el ingreso.

Además, los servidores de la administración municipal ordenaban a los actores,
especialmente a la señora Leticia Duarte Pinzón, que limpiara las instalaciones para
que pudieran ser utilizadas y ello también implicaba el aseo de los baños, canchas,
prados y camerinos. Labores en las que también la apoyaba su esposo, según lo
narraron los testigos.

En esta línea de intelección, se concluye que los demandantes estaban sujetos a las
directrices que se impartían desde la administración central y que les eran informadas
a través de diferentes servidores o directamente por las personas autorizadas para
acceder a los escenarios deportivos.

En este caso, resulta relevante destacar que el municipio de Málaga certificó que en
su planta de personal no existían los cargos de aseadora y vigilante a los que
pretenden homologarse los accionantes; sin embargo, este asunto no debe abordarse
desde la perspectiva de una asimilación en tal sentido, sino en el reconocimiento del
trabajo que los actores desplegaron en beneficio del ente territorial y de la comunidad
en general.

De este modo, se encuentra probado que los demandantes desplegaron labores que
permitieron cuidar el estadio, pues eran los únicos que lo habitaban y se encargaban
de su custodia y conservación. Así lo afirmó de manera categórica el señor Roso Abel
Tarazona Duarte, exalcalde del municipio.

Este testigo reviste especial importancia, pues desde sus funciones como alcalde y
dignatario del Concejo Municipal pudo dar cuenta de la forma en que las sucesivas
administraciones se relacionaban con los demandantes, les impartían órdenes para el
mantenimiento del estadio y les indicaban qué escuelas, estudiantes o comunidad en
general podía ingresar al inmueble.

También se resalta que los actores hacían múltiples esfuerzos para lograr cumplir con
sus funciones, ya que acudían a las autoridades locales y personal de escuelas y
clubes deportivos para obtener los insumos necesarios con miras a cumplir sus

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funciones, especialmente las de aseo que eran esenciales para que el estadio pudiera
utilizarse en condiciones aceptables.

En cuanto a la remuneración, se destaca que esta corporación, en sentencia del
sentencia del 27 de julio de 2023,48 indicó que la relación laboral de hecho o
subyacente también puede demostrarse cuando los interesados percibieron un salario
en especie, como ocurre en el caso de los actores a quienes se les permitió vivir en el
estadio municipal sin necesidad de cubrir un canon de arrendamiento e inclusive el
municipio de Málaga en algunas ocasiones se hizo cargo del pago de los servicios
públicos domiciliarios de agua y luz.

Así las cosas, se encuentra demostrado que los actores prestaron sus servicios al
municipio de Málaga, durante más de 16 años y con la anuencia de las autoridades
públicas.

Es pertinente anotar que al plenario se allegó un acta de entrega del estadio municipal,
en la que se indicó que el inmueble estaba en regulares condiciones; sin embargo, tal
situación de ninguna manera desdibuja las labores desplegadas por los actores, pues
suministraron su fuerza de trabajo sin recibir una contraprestación en dinero, no
recibían los insumos necesarios para cumplir de mejor manera con sus tareas y la
comunidad en general y el municipio siempre reconocieron su labor.

Aunado a lo anterior, las tareas desarrolladas por los actores fueron indispensables
para la custodia y conservación del estadio, pues de otro modo el inmueble hubiera
sido objeto de robos, ocupación ilegal, daños y deterioro que pudieron evitarse gracias
a la presencia de los señores Juan de Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón.

De la anterior situación también dieron cuenta los testigos, quienes afirmaron que la
llegada de los demandantes al estadio mejoró la seguridad del sector e impidió que
ingresaran personas no autorizadas y que se presentaran situaciones irregulares y
ajenas a la finalidad cultural y deportiva del inmueble.

Así las cosas, apreciada en su conjunto la prueba documental y testimonial aportada
al proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la Sala considera que los
accionantes desempeñaron funciones públicas al servicio del municipio de Málaga,

48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 66001-23-33-000-2018-00090-01 (0685-2020).

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sin que mediaran los elementos formales que configuran la relación legal y
reglamentaria, como lo son el acto de nombramiento y posesión; sin embargo, en
virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, tienen derecho a
que se les reconozca la relación laboral de hecho o subyacente que tuvieron con ese
ente territorial.

Entonces, la omisión en que incurrió el municipio de Málaga, al haberles asignado
funciones en el estadio municipal sin que mediara un acto de nombramiento ni
posesión y sin fijarles los respectivos salarios, no puede prevalecer sobre los
derechos irrenunciables al trabajo y la seguridad social de los actores.

Ahora bien, la entidad demandada certificó que en su planta de personal no existían
los cargos de «celador y aseadora del estadio municipal Ramón Rojas Herrera»,
como tampoco se aportaron manuales de funciones para esas categorías de empleo.

Además, los testigos afirmaron que los actores también desempeñaban otras
actividades para poder proveer por su congrua subsistencia. En el caso de la señora
Leticia Duarte Pinzón se encargaba de tinturar ropa y el señor Juan de Jesús Moreno
Sandoval vendía lotería en el día.

La anterior situación no desdibuja las funciones que los demandantes desplegaron
al servicio del municipio de Málaga, pues era apenas lógico que acudieran a formas
alternativas para lograr el sustento de su hogar. Además, es condición natural del
ser humano buscar los medios para lograr la satisfacción de sus necesidades
básicas, autosostenerse y encargarse de su destino.49

En estas condiciones, para efectos de determinar el restablecimiento del derecho,
no es posible homologar a los demandantes a los empleos de celador y aseadora,
por cuanto los testimonios dan cuenta del cumplimiento de una labor en beneficio del
municipio de Málaga, pero que no puede asimilarse al cumplimiento en igualdad de
condiciones de las funciones propias de dichos servidores.

No obstante, la Sección Tercera del Consejo de Estado50 ha desarrollado la tesis de
que el desempeño de una actividad productiva lícita debe remunerarse con un salario
mínimo, por lo cual, ante la ausencia de otros elementos que permitan determinar un

49 Corte Constitucional, SU-554 de 2014.
50 Ver las siguientes sentencias: i) del 5 de marzo de 2020, radicado 76001-23-31-000-2008-01191-01 (52.881); ii) del 18 de

julio de 2019, radicado 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44572).

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ingreso diferente en beneficio de los actores, se acudirá a este razonamiento.

En consecuencia, se ordenará al municipio de Málaga pagar los aportes al sistema
de seguridad en pensiones que debió asumir por la vinculación irregular de los
demandantes, tomando como base el salario mínimo legal mensual vigente.

En atención a la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022,51 proferida por esta
Sección, dichas cotizaciones correrán integralmente a cargo del ente territorial, pues
el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994 prescriben que durante
la vigencia de la relación laboral el empleador es responsable del pago de sus
aportes y los de sus trabajadores. En todo caso, es responsable de «la totalidad del
aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador».

Para el cumplimiento de esta obligación, el municipio de Málaga deberá solicitar al
fondo de pensiones respectivo el cálculo de los aportes que debe girar, conforme lo
preceptúa el Decreto 1833 de 2016.

De otro lado, se observa que la señora Leticia Duarte Pinzón también solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero la única prueba que se practicó en
torno a su pérdida de capacidad laboral arrojó un porcentaje del 27.10% y se aclaró
que es de origen común.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 prevé que la invalidez solo se
produce por una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, por ende, en el
hipotético caso que el municipio debiera hacerse cargo de esa prestación, no se
cumplirían con los presupuestos establecidos para el efecto.

Las demás pretensiones, por su carácter unitario, se encuentran afectadas por el
fenómeno de la caducidad de la acción, por lo que no tienen vocación de
prosperidad. Al respecto, se recuerda que durante la vigencia del vínculo laboral los
emolumentos se reputan periódicos, pero esa condición que se pierde una vez se
concluye el nexo laboral.52

Por las razones que anteceden, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar,
i) declarará probada parcialmente la excepción de caducidad; II) anulará el Oficio

51 Radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
52 Ver auto del 4 de octubre de 2018, radicado 25000 23 42 000 2016 05410 01 (2816-2017).

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AMM-AD-161-09 del 1 de octubre de 2009; iii) ordenará al municipio de Málaga tomar

(durante el tiempo comprendido entre el 28 de febrero de 1990 y el 5 de diciembre
de 2006) como ingreso base de cotización pensional (IBC) el salario mínimo legal
mensual vigente para cada anualidad y cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma por concepto de aportes a pensión, para lo cual deberá solicitar ante el fondo
respectivo el cálculo de los aportes que debe girar; iv) declarará que el tiempo
laborado por los demandantes, desde el 28 de febrero de 1990 hasta el 5 de
diciembre de 2006, debe computarse para efectos pensionales; y, v) negará las
demás pretensiones de la demanda.

Se aclara que debido a las dificultades probatorias para determinar las fechas
exactas del comienzo y finalización de la aludida relación laboral subyacente o de
hecho, la Sala toma como extremos de inicio y culminación las fechas de celebración
del contrato arrendamiento y el acta de entrega del inmueble que estaba bajo la
custodia de los actores.

2.6. De la condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de
condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y en
el presente caso no se encuentra acreditada tal conducta, por lo cual no hay lugar a
imponerlas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el
acervo probatorio, la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada
existió una relación laboral subyacente o de hecho, que amerita declarar la nulidad
del acto administrativo objeto del estudio de legalidad y reconocer los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por la autoridad de la ley,

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FALLA:

Primero. Revocar la sentencia del 19 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del proceso promovido por los señores Juan de
Jesús Moreno Sandoval y Leticia Duarte Pinzón contra el municipio de Málaga. En
su lugar, se dispone lo siguiente:

i) Declarar probada parcialmente la excepción de caducidad de la demanda de la
referencia, respecto de las prestaciones distintas al giro de los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones, conforme a las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

ii) Declarar la nulidad del Oficio AMM-AD-161-09 del 1 de octubre de 2009.

iii) Ordenar al municipio de Málaga efectuar las cotizaciones al sistema general
de seguridad social en pensiones por la vinculación que tuvieron los señores Juan
de Jesús Moreno Sandoval (CC. 13.920.810) y Leticia Duarte Pinzón (C.C.
41.579.853), durante el tiempo comprendido entre el 28 de febrero de 1990 y el 5
de diciembre de 2006, tomando como ingreso base de cotización pensional (IBC)
el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad y cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma por concepto de aportes a pensión, para lo cual
deberá solicitar ante el fondo respectivo el cálculo de los aportes que debe girar.

iv) Declarar que el tiempo laborado por los demandantes al servicio del municipio
de Málaga, desde el 28 de febrero de 1990 hasta el 5 de diciembre de 2006, debe
computarse para efectos pensionales.

v) Negar las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Reconocer personería a los abogados Juan Andrés Suárez Gutiérrez y
Edison Javier Rey Joya, como apoderados del municipio de málaga, en los términos
y para los efectos de los poderes que obran en los folios 472 a 473 y 498 a 507. Se
aclara que el último de los citados es quien en la actualidad ejerce la defensa judicial
de la entidad.

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Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

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