Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00503-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00503-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00503-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
Demandados: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas1
Temas: Relación laboral. Trabajador de hecho
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 18 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Óscar Antonio Aristizábal Giraldo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio G.G.180-2018 del 22 de marzo de
2018, por medio del cual el gerente general del Inficaldas le negó la existencia de
una relación laboral por sus servicios prestados entre el 4 de diciembre de 1994 y
el 7 de marzo de 2018 y el pago de las prestaciones laborales y sociales que se
derivaban de ella.
1 En adelante Inficaldas.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado y de que en dicho lapso adquirió «la condición de funcionario
público de hecho»; ii) el pago de los conceptos salariales y prestacionales que de ello
se derivaran, tales como auxilio de cesantías y sus intereses, vacaciones, auxilio de
transporte y la prima servicios; iii) la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, así como los intereses a los que hubiere lugar; iv) el reconocimiento y
pago de la indemnización compensatoria por « terminación sin justa causa»; y
v) efectuar los aportes a pensión con el correspondiente cálculo actuarial.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Óscar Antonio Aristizábal Giraldo y el Inficaldas celebraron un contrato verbal de
trabajo para prestar las siguientes labores en el aeropuerto La Nubia de Manizales:
«a). Brindar el servicio de maletero tanto para los pasajeros que efectuaran el check in y el
check out. b). Abrir la puerta de ingreso cuando llegaran los vuelos de pasajeros al
Aeropuerto, c). Encender, cuidar y vigilar la cinta trasportadora de equipaje para evitar el
paso en la sala de espera del Aeropuerto, d). Izar las banderas del Aeropuerto y recogerlas
al terminar el turno para dejarles en custodia del puesto de información, e). Realizar el aseo
del Aeropuerto, f). Encender y apagar las luces de parqueadero y sala de equipajes del
Aeropuerto j). Quemar la pólvora en la mañana y en la tarde, para espantar las garzas a los
alrededores de la terminal aérea» (sic).
3.2. Adicionala las anteriores funciones debía cumplir aquellas que le fueran
impuestas por la administración del aeropuerto y demás funcionarios asignados por
el instituto.
3.3. Durante toda la relación laboral, cumplió un horario impuesto por la entidad de
lunes a domingo de 5:50 am a 6:00 pm, y como contraprestación recibió un salario
mensual legal vigente «el cual sería causado de forma diaria al final de la jornada laboral
en el aeropuerto» (sic).
3.4. Para la prestación de sus servicios y con el fin de que pudiera ingresar y
movilizarse dentro del aeropuerto, el instituto lo carnetizó.
3.5. Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley, por sus servicios a la entidad no le fueron reconocidas.
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3.6. En el tiempo en que estuvo vinculado con la entidad, realizó de manera personal
y dependiente sus funciones en la terminal aérea, en igualdad de condiciones al
personal de planta, específicamente el de los auxiliares de servicios generales.
3.7. En el mes de junio de 2017 el Inficaldas realizó una auditoría especial al proceso
de administración del talento humano de la terminal aérea de la ciudad y
evidenciaron que algunas personas, de forma irregular, prestaban sus servicios
personales de «maleteros».
3.8. En la reunión celebrada el 7 de marzo de 2018, en las «instalaciones de la terraza
del aeropuerto La Nubia», de manera verbal, el administrador del aeropuerto en
compañía del secretario general del Inficaldas y el superintendente jefe del
aeropuerto le informaron que a partir de la fecha se daba por terminado su «contrato
de trabajo».
3.9. El 5 de marzo de 2018 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios a favor
del Inficaldas y el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales
que se derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada a través del acto
demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los 2, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; y
las leyes 443 de 1998 y 909 de 2004.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
5.1. La entidad demandada vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, pues
pese a que prestó sus servicios de forma permanente, subordinada y dependiente,
no le fueron reconocidos los derechos mínimos que le corresponden en vigencia del
principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas y el de a trabajo
igual salario igual.
5.2. Si bien se omitieron las condiciones de vinculación previstas en las leyes 443 de
1998 y 9090 de 2004, adquirió la condición de «funcionario público de hecho» (sic)
pues las funciones desarrolladas correspondieron a las establecidas para el
personal de planta de la entidad.
3 Samai, índice 2, 5_ED_17001233300020180050(.zip) NroActua 2,
5_5_170012333000201800503011EXPEDIENTEDIGI20230718123202, CUADERNO 1,
17001233300020180050300.pdf, folios 119 al 144.
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Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
5.3. En contravía del artículo 13 de la Constitución Política, con el acto demandado
la entidad desconoció las garantías y condiciones propias del «funcionario de hecho»
y la postura favorable por parte del Consejo de Estado en cuanto al reconocimiento
de las acreencias laborales y prestacionales para aquellos empleados que sin existir
acto de nombramiento y posesión ejercen el cargo en condiciones que lleva a la
comunidad a considerarlo como un servidor legítimo.
5.4. Tuvo una vinculación precaria, pues pese a que prestó sus servicios a la entidad
no le fueron reconocidos los derechos mínimos que le corresponden en vigencia del
principio de primacía de la realidad sobre las formas y el de a trabajo igual salario
igual.
1.2. Contestación de la demanda
6. Inficaldas se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en los siguientes argumentos4:
6.1. El
demandante nunca estuvo vinculado laboral ni contractualmente con la
entidad.
6.2. En el aeropuerto La Nubia funcionan hangares alquilados por particulares que
contratan ayudantes para el cargue de equipaje, entre otras funciones y para ello
es necesario que porten un carné que los identifique para movilizarse dentro de las
instalaciones de la terminal aérea, sin que ello implique el reconocimiento de una
relación laboral con la entidad demandada.
6.3. La labor realizada por Óscar Antonio Aristizábal Giraldo la hizo por su cuenta y
riesgo, sin que hubiera sido autorizado por el Inficaldas para ello.
6.4. Comoquiera que el cargo de «maletero» o su equivalente no existe en la planta
de personal del instituto, no se encuentran estructurados los requisitos para
acreditar la figura del «funcionario de hecho» (sic).
6.5. Por último, propuso las siguientes excepciones: i) «no existen presupuestos
jurídicos ni jurisprudenciales para que se configure la figura de funcionario de hecho»; y
ii) cobro de lo no debido.
4 Ibidem, folios 252 al 254.
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1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia proferida el 18 de marzo de
2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en consecuencia
dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLÁRESE NO PROBADAS las excepciones denominadas ‹no existen
presupuestos jurídicos ni jurisprudenciales para que se presente la figura de un
funcionario de hecho› y ‹cobro de lo no debido› formuladas por INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS.
SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo G.G.180-2018 expedido el
22 de marzo de 2018 por Inficaldas.
TERCERO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONDÉNASE al
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS -
INFICALDAS a pagar al señor OSCAR ANTONIO ARISTIZÁBAL GIRALDO todas las
prestaciones y factores salariales a los que un empleado de esa entidad en cargos de
auxiliar de servicios generales código 740, grado 01 tendría derecho, tomando como
base el salario mínimo legal mensual vigente, en el período del 7 de marzo de 2015 al 7
de marzo de 2018, teniendo en cuenta la prescripción trienal.
No obstante, se deberán realizar los aportes que le corresponden al empleador al
Sistema de Seguridad Social en pensiones y directamente al fondo de pensiones que
señale la parte actora, por todo el periodo de servicios, esto es, del 4 de diciembre de
1994 hasta el 7 de marzo de 2018, y pagar también las cesantías por el mismo lapso.
Se declarará, además que el tiempo laborado por el demandante se debe computar para
efectos pensiónales.
Los valores a pagar deberán ser reajustados conforme a la fórmula señalada en la parte
considerativa de esta providencia.
Se autoriza a Inficaldas para que de la suma a pagar al actor se descuenten las sumas
que correspondan para el pago en el porcentaje que el trabajador deba hacer al sistema
de seguridad social en pensiones.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.
QUINTO: SIN COSTAS por lo brevemente expuesto» (sic).
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:
5 Ibidem, folios 372 al 406.
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Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
8.1. No prospera la tacha de los testigos José Alirio Escobar Marín y José Helver
Zapata Medina, puesto que si bien por similares supuestos fácticos y jurídicos a los
del actor presentaron demandas contra la entidad, lo cierto es que dicho argumento
no es razón suficiente para invalidar su testimonio, toda vez que sus declaraciones
fueron coherentes, congruentes y concordantes con la pretensión procesal y su
resistencia «sin observarse vacilaciones ni expresiones con algún ánimo revanchista o
sesgado frente a la demandada, y si bien pueden tener algún interés indirecto, se observa
que ello no se dejó traslucir en sus declaraciones, máxime que lo dicho por otras personas
que también están demandando por la misma situación, es coherente con otros testigos
como el servidor de la Policía Nacional, que incluso en su declaración llena más de detalles
de valor probatorio sobre el asunto que se está dilucidando, esto es, sobre las condiciones
de prestación personal del servicio, subordinación y dependencia, y sobre la forma en que
eran remunerados estas personas» (sic).
8.2. Si bien el actor «no intenta desvirtuar un contrato de prestación de servicios, por la
sencilla razón que nunca lo suscribió», lo cierto es que en el plenario se acreditaron los
elementos que permiten establecer que entre las partes existió una verdadera
relación laboral encubierta en un contrato verbal de trabajo entre el administrador
del aeropuerto La Nubia y Óscar Antonio Aristizábal Giraldo, toda vez que desde el
4 de diciembre de 1994 hasta el 7 de marzo de 2018 prestó sus servicios como
maletero en la terminal aérea y cumplió entre otras funciones las de «poner a izar las
banderas símbolos de la institución; realizar el aseo en la edificación y en las pistas de
despegue y aterrizaje; prender las luminarias, en algunas ocasiones incluso hacerles
mantenimiento; espantar las garzas con pólvora para posibilitar el aterrizaje y despegue de
las naves; abrir la sala de abordaje y de equipaje; servicio de mensajería; cargue y
descargue de elementos de la entidad remplazar a empleados de base de la institución del
aeropuerto cuando no asistían al trabajo; limpiar lámparas; aseo y mantenimiento de los
baños de la terminal; limpiar ventanales; despejar las pistas del aeropuerto cuando caía
sobre la misma ceniza volcánica, entre otras; lo cual hacía en un horario que iba desde las
5:00 a.m. a las 6:00 p.m., de lunes a domingo. Labores que ejecutó en forma personal y
que se asimilan a las que conforme al manual de funciones se fijaban en esa entidad para
el cargo de auxiliar de servicios generales código 740, grado 01» (sic).
8.3. Durante su vinculación con la entidad siguió las órdenes e instrucciones del
administrador del aeropuerto La Nubia, relacionadas con la labor que debía ejecutar.
8.4. La administración del aeropuerto le suministró los elementos de trabajo tales
como camisetas de dotación y carnés de identificación «con logos oficiales», los que
le permitían prestar su labor e ingresar a sitios en los cuales era prohibido el acceso
a particulares.
8.5. De acuerdo con la declaración de parte y los testimonios recibidos se pudo
establecer que como contraprestación de los servicios, diariamente al demandante
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Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
le fue pagado un salario el cual variaba, puesto que este dinero era recolectado de
la tarifa fijada por el administrador del aeropuerto por el servicio de maleteros
cobrado a los usuarios, el cual al finalizar la jornada era distribuido en partes iguales
entre todos los «maleteros».
8.6. Comoquiera que las labores realizadas por el actor no fueron de construcción de
obra o mantenimiento deberán ser entendidas como propias de un empleado
público.
8.7. Aun cuando en el expediente, claramente, no se probó el monto de remuneración
que percibía el actor, en virtud de la protección constitucional al trabajo, la base para
reconocer las prestaciones a las que tiene derecho, serán determinadas por el
salario mínimo mensual legal vigente.
8.8. En el presente asunto no se pueden acoger las reglas jurisprudenciales relativas
al fenómeno jurídico de la prescripción en el «contrato realidad derivado de una relación
contractual», toda vez que no se está frente a este tipo de contrato, razón por la cual
dará aplicación al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, según el cual «la persona
tendría 3 años desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible para realizar el
reclamo respectivo, so pena de que opere el aludido fenómeno procesal». Así las cosas,
comoquiera que la reclamación se radicó el 7 de marzo de 2018, respecto de los
derechos anteriores al 7 de marzo de 2015 operó la prescripción.
8.9. Enconsideración a que el auxilio de las cesantías se hace exigible a la
terminación del contrato de trabajo y comoquiera que la sentencia es constitutiva
del derecho, respecto de dicho concepto no operó la prescripción, pues su término
comenzó a contabilizarse desde la finalización de la relación y no antes.
8.10. No se condenará en costas toda vez que las pretensiones de la demanda
prosperaron parcialmente.
1.4. El recurso de apelación
9. Inficaldas apeló la sentencia de primera instancia, por lo siguiente6:
9.1. El tribunal desconoció el principio de congruencia, toda vez que el problema
jurídico se ciñó a establecer si con ocasión de la supuesta relación del demandante
con el Inficaldas se acreditaron los elementos de una relación laboral, pero dejó de
lado lo planteado por el accionante en la demandada relativo a la configuración de
la figura de «funcionario de hecho».
6 Ibidem, folios 412 al 431.
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Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
9.2. La pretensión procesal y su resistencia tuvieron sustento en la existencia de la
figura del «funcionario de hecho» (sic), razón por la cual su análisis debió efectuarse
a partir de los elementos previstos por la doctrina y la jurisprudencia para tal fin.
9.3. Si bien en la audiencia inicial el litigio se fijó en establecer si se daban los
elementos de una relación laboral «ello no es una camisa para el operador judicial, pues
precisamente al momento de proferirse la sentencia es donde se debe analizar
exactamente cuál es el problema jurídico principal», lo que implica reformular el
problema e inclusive plantear nuevos.
9.4. No se acreditaron los presupuestos jurídicos y jurisprudenciales para que se
configurara la figura del «funcionario de hecho» (sic), toda vez que el empleo de
«maletero o auxiliar de equipaje» no existía en la planta de personal de la entidad, no
recibió una contraprestación por sus servicios y no medió autorización por parte de
la entidad para que el demandante realizara la labor.
9.5. El demandante no cumplía con los requisitos de estudio y experiencia para
desarrollar labor alguna en la planta de personal de Inficaldas por cuanto no tenía
el requisito mínimo de ser bachiller y que es de obligatoria observancia.
9.6. Si bien dentro de las pruebas allegadas se encuentran los carnés de los años
2015 a 2017 que identifican al actor como «maletero del aeropuerto», dichos
documentos no dan cuenta que efectivamente prestó sus servicios a favor de la
entidad demandada, toda vez que según la Circular 14-2017 expedida por Inficaldas
a algunas personas se les «expiden permisos permanentes para desarrollar actividades
en el aeropuerto» sin que necesariamente sean empleados de la entidad.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar7.
1.6. Concepto del Ministerio Público
8
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio .
7 Así se dispuso en auto del 23 de enero de 2024. Índice 4 de Samai.
8 Así se desprende del informe secretarial del 6 de marzo de 2024. Índice 7 de Samai.
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Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si entre Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
y el Inficaldas se configuró una relación laboral que tenga como consecuencia el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó entre el 4 de
diciembre de 1994 y el 7 de marzo de 2018?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
13. En virtud de los artículos 2510 y 5311 de la Constitución Política y el 127 del Código
Sustantivo del Trabajo12, se han establecido derroteros que garantizan los derechos
de los trabajadores por encima de las condiciones formales pactadas. El primero de
ellos es el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, el cual se
encuentra ligado al de la prevalencia del derecho sustancial previsto en el artículo
228 Superior. En segundo lugar, está la importancia otorgada a los elementos que
hacen parte de la relación laboral, sobre la que se le da al vínculo contractual. En
tercer lugar, en lo que puede constituir salario, que corresponde a todo lo que recibe
el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea
cualquiera la forma o denominación que se adopte.
14. Lo anterior se aplica en los casos en los cuales se presenta el encubrimiento de
relaciones laborales con el Estado, en ese contexto el juez estará sujeto a verificar
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
10 «El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas».
11 «El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo
menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de
edad».
12 «Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el
trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma
o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del
trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,
porcentajes sobre ventas y comisiones».
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Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
el cumplimiento de los mencionados requisitos con el fin de identificar la existencia
de la aludida relación laboral.
15. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994 manifestó:
«La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, es un principio constitucional (CP art. 53). La entrega libre de
energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de
subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el
carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo,
las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. La prestación
efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor del
trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las
normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo
y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera
imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo,
sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan
querido dar al contrato» (resalta la Sala).
16. Así, cuando el artículo 53 constitucional garantiza unos mínimos fundamentales
para los trabajadores y alude a los convenios internacionales debidamente
ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho a la igualdad a
través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En igual sentido
el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización14, desarrolló el principio anterior
al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las
condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia
de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».
17. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
18. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
«ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o.
de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
19. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador, cuandoquiera que se pretenda
el reconocimiento de una relación laboral, en garantía del principio constitucional de
la primacía de la realidad sobre las formalidades.
2.2.3. La relación laboral de hecho
20. Esta Sección ha advertido que esta figura se presenta «cuando una persona ejerce
funciones públicas con la anuencia de las autoridades encargadas de controlar e impedir
esta clase de situaciones, pues la Administración estaría permitiendo el ejercicio irregular
de un cargo por circunstancias de facto no previstas en la ley»16 en tal sentido, ha
precisado que «si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha exigido la acreditación de
la existencia del cargo a efectos de reconocer una situación de funcionario de hecho, lo
cierto es que con el fin de darle vigencia al derecho al trabajo, la Sala considera que una
interpretación que le otorga esa garantía impone considerar que este no es un requisito
rígido ni absoluto, de suerte que no sea indispensable su demostración cuando lo que se
advierte es que la entidad ha tolerado que el trabajador desarrolle actividades propias de la
administración sin la existencia del empleo en su planta de personal»17.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de junio de 2011, radicado 85001-23-31-
000-2005-00571-01 (1457-08) M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado 23001 23 33
000 2015 00240 01 (1932-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
21. Como corolario de lo anterior, se ha acudido jurisprudencialmente al uso de esta
figura cuando los actos a través de los cuales un servidor estuvo vinculado en forma
regular perdieron vigencia, o cuando una persona ejerce unas labores en forma
irregular, esto es, no media nombramiento ni elección (según el tipo de cargo) ni
cumple con los requisitos que exige un vínculo legal y reglamentario, pero lo hace
con la anuencia de la administración.
22. Así las cosas, cuando se pretenda el reconocimiento de una relación laboral de
hecho, el interesado debe probar que las actividades que realizó al servicio de la
administración se hicieron en forma personal y permanente, que por su labor
recibió una remuneración o pago y, además, que en la relación con el empleador
existió subordinación o dependencia. Esta última entendida como aquella facultad
para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, a lo largo de la duración del
vínculo18.
2.3. Caso concreto
23. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
23.1. El 26 de diciembre de 2017, el coordinador y auxiliar de equipajes, en asocio
con aquellos compañeros que desarrollaban igual labor, entre ellos el demandante,
dirigió un escrito al administrador del aeropuerto La Nubia de Manizales, en el que
solicitó la carnetización que los acredita como prestadores de dicho servicio19.
23.2. Ante la falta de respuesta de la anterior solicitud, el 22 de enero de 2018, los
auxiliares de equipajes, entre ellos el demandante, solicitaron a la gerente del
Inficaldas ordenar la entrega de los carnés que los acredite como prestadores del
servicio de auxiliares de equipaje20.
23.3. El 5 y el 8 de marzo de 2018 solicitó al Inficaldas el reconocimiento de una
relación laboral de hecho, la liquidación del contrato laboral, la indemnización por
terminación sin justa cauca y el pago de todas las prestaciones legales sociales
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, radicado
5001-23-31-000-2005-00492-01 (1150-14), M.P. César Palomino Cortés.
19 Samai, índice 2, 5_ED_17001233300020180050(.zip) NroActua 2,
5_5_170012333000201800503011EXPEDIENTEDIGI20230718123202, CUADERNO 1,
17001233300020180050300.pdf, folio 161.
20 Ibidem, folios 163 y 164.
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adeudadas durante la vigencia y terminación de su vinculación laboral desde el 4
de diciembre de 1994 hasta el 7 de marzo de 201721.
23.4. El 22 de marzo de 2018, el gerente general del Inficaldas negó la anterior
solicitud con fundamento en que en la planta de personal del aeropuerto La Nubia
no existe el cargo de «maletero» o equivalente, por tanto, mal haría la entidad en
reconocer la existencia una relación legal y reglamentaria que implicara el pago de
derechos laborales22.
23.5. También se allegaron los siguientes documentos: i) carnés expedidos por la
administración del aeropuerto La Nubia que lo acreditaban como maletero23;
ii) fotografías del demandante en las instalaciones de la terminal aérea haciendo
uso de ropa con el logo y distintivos de la entidad demandada24; iii) informes de
auditoría especial «administración de personal proceso negocios periféricos vigencia
2017»25 y «procesos negocios periféricos 06/01/2017 -05/30/2018»26 suscritos por el
asesor de control interno del Inficaldas y en los cuales se evidenció de «la presencia
de personas que ejecutan actividades de manera informal en el aeropuerto La Nubia, como
son los maleteros y despachadora de taxis» (sic); y iv) actos administrativos por medio
de los cuales se estableció la planta de personal del aeropuerto La Nubia27.
2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte
la audiencia de pruebas celebrada el 3 y 4 de marzo de 202028, el
23.6. En
demandante manifestó lo siguiente:
23.6.1. Se vinculó con el aeropuerto La Nubia desde 1994, lugar en el que por
instrucciones del administrador ejerció sus labores como «maletero» en un horario
de lunes a domingo desde las 5:00 am hasta finalizar operaciones.
23.6.2. El salario con el cual le remuneraban sus servicios lo percibían de los viajeros,
previa tarifa que establecía el administrador del aeropuerto. Dichos dineros eran
entregados a la administración y al finalizar el día era dividido entre todos los
compañeros que ejercían la función de maleteros.
21 Ibidem, folios 152 al 155.
22 Ibidem, folios 156 al 159.
23 Ibidem, folios 165 y 167 al 173.
24 Ibidem, folios 174 al 184.
25 Ibidem, folios 190 al 204.
26 Samai del tribunal, índice 32.
27 Samai del tribunal, índices 32 y 34
28 Samai del tribunal, índice 35, 17001233300120180050300_170012333001_02,
17001233300120180050300_170012333001_03 y
17001233300120180050300_170012333001_04.
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23.6.3. En caso de ausentarse de sus funciones debía comunicarlo a la administración
del aeropuerto, pues de no hacerlo era suspendido de su ejercicio.
23.6.4. Por su bajo nivel de educación (primaria) poco o nada entiende de la forma de
vinculación del personal de las entidades públicas; sin embargo, considera que su
vinculación con el aeropuerto se realizó de forma legal, toda vez que siempre se le
requirió algunos documentos, tales como la hoja de vida, pasado judicial,
antecedentes disciplinarios, entre otros.
23.6.5. La entidad le otorgó un carné que lo identificó como maletero del aeropuerto
La Nubia.
23.6.6. No reclamó antes por la prestación de sus servicios porque siempre se le
permitió laborar de forma continua y demandó porque luego de una auditoría se le
prohibió continuar prestando sus servicios.
23.7. Asimismo, en esta oportunidad también se recibieron los testimonios de Reinel
Rodríguez Arenas, José Alirdo Escobar Marín y José Helver Zapata Medina quienes
en específicos momento compartieron sitio de trabajo y funciones con el
demandante
23.7.1. Reinel Rodríguez Arenas actualmente se encuentra cursando estudios de
derecho; conoció al demandante porque para los años 1995 al 2012 laboró al
servicio de la Policía Nacional adjudicado a prestar sus servicios en el aeropuerto
La Nubia de Manizales.
23.7.2. Cuando fue asignado para laborar en aeropuerto el demandante ya prestaba
sus servicios como maletero, por ello desconoce cuál fue su forma de vinculación
con la entidad.
23.7.3. Una vez comenzó a prestar los servicios de policía en el aeropuerto le fue
informado por su superior y por parte del administrador de la terminal que algunos
funcionarios (maleteros) podían ingresar y movilizarse dentro del aeropuerto
siempre que portaran el carné que los identificaba como trabajadores del
aeropuerto.
23.7.4. Óscar Antonio Giraldo Aristizábal, principalmente, se desempeñaba como
maletero de la terminal área; sin embargo, debía desarrollar otras funciones
asignadas por Inficaldas.
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23.7.4.1. Para la realización de sus actividades el demandante debía cumplir un
horario que comenzaba a las 5:00 am y finalizaba hasta «cuando salía el último vuelo
y el último pasajero del aeropuerto».
23.7.4.2. Además de las funciones de maletero, ese equipo realizaba la apertura y el
cierre de puertas de acceso al público, encendían luces, hacían aseo, espantaban
las garzas con pólvora, izaban banderas, efectuaban reparaciones locativas,
limpiaban ventanales, lavaban carros del Inficaldas, entre otras.
23.7.4.3. El jefe inmediato del cuerpo de maleteros era el administrador del aeropuerto
(Reineiro Cuartas); no obstante, él delegaba a uno de ellos para que fungiera como
coordinador del grupo y enlace entre ellos y el aeropuerto.
23.7.4.4. Anualmente debían renovar una documentación y el carné que los
identificaba como maleteros de Inficaldas «carné que es muy distinto a los empleados
de las aerolíneas y personal de cafetería», toda vez que los de las empresas privadas
portaban uniformes y distintivos de su empleador.
23.7.4.5. Para la remuneración del cuerpo de maleteros, cada año, la administración
profería una circular en la cual se establecía la tarifa por el servicio; dicho acto se
fijaba en un lugar visible de la terminal aérea; los pagos recibidos por el servicio
eran llevados a la administración y en horas de la tarde se dividía entre todo el
equipo de maleteros.
23.7.4.6. En aquellos casos de cobros irregulares e incumplimiento en sus funciones
eran objeto de sanción con la suspensión del trabajo por parte de la administración
del aeropuerto. Para la ejecución efectiva de las sanciones impuestas, el
administrador del aeropuerto de manera verbal le comunicaba al cuerpo policial
respecto de la prohibición para ejercer labores.
23.7.4.7. Cuando alguno de los maleteros debía ausentarse de su lugar de trabajo
debía pedir el permiso del administrador del aeropuerto, so pena de ser
sancionados. En caso de enfermarse, ellos tenían autorizado hacer uso del servicio
médico para atender urgencias del aeropuerto.
23.7.4.8. Deduce que los maleteros hacían parte del cuerpo de personal del Inficaldas
porque estaban carnetizados, portaban un uniforme con los logos de la entidad, eran
sujetos de llamados de atención y sanciones, seguían las instrucciones que le
impartía el administrador del aeropuerto y en algunas ocasiones debían suplir la
ausencia temporal de sus compañeros en las distintas áreas del aeropuerto.
23.7.4.9. Por seguridad y de manera obligatoria, el Personal de Inficaldas, de las
15
Radicado: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
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aerolíneas, de aseo y cuerpo de bomberos, siempre debían portar el carné que los
identificaba durante la permanencia en la prestación del servicio en las instalaciones
del aeropuerto. En caso de no contar con este documento no podían ingresar a
prestar sus servicios.
23.7.4.10. Inficaldas
realizó capacitaciones abiertas y algunas exclusivas para el
personal de la entidad, a las cuales de forma obligatoria los maleteros debieron
asistir. En caso de no asistir se le sancionaba por uno o dos días sin poder trabajar.
23.7.5. José Alirdo Escobar Marín desde 1994 hasta el 2018, fue compañero del
demandante, ya que también fungió como maletero de la termina área. Nunca
suscribió contrato laboral, pues fue vinculado por órdenes de Juan Carlos Pérez
Vázquez, quién para el año de 1994 fuese el gerente del Inficaldas. Él lo envió a
hablar con el administrador del aeropuerto y desde junio de esa anualidad fue
encargado de prestar el servicio de maletero.
23.7.6. Para ingresar a laborar debió llevar su hoja de vida y cada año debía actualizar
documentos y así poder seguir prestando sus servicios.
23.7.7. El personal que ejerció la función de maleteros en el aeropuerto La Nubia se
vinculó con la terminal aérea de forma informal.
23.7.7.1. De lunes a domingo, para la realización de actividades debía cumplir un
horario que comenzaba a las 5:00 am, inclusive en los días en que el aeropuerto
estuvo cerrado por motivos de fuerza mayor, debían asistir y mantener limpia la
pista.
23.7.7.2. El personal maletero del aeropuerto La Nubia debía seguir las directrices y
órdenes del administrador de la terminal, quien ante la falta de cumplimiento de las
obligaciones les realizaba llamados verbales de atención y ordenaba la suspensión
de sus servicios como correctivo.
23.7.7.3. Los elementos con los que el personal maletero prestaba sus servicios eran
de propiedad del aeropuerto.
23.7.7.4. No cualquier persona podía prestar el servicio de maletero en el aeropuerto,
por cuanto era necesario portar el carné de identificación.
23.7.7.5. El administrador del aeropuerto les suministró varias camisetas, jeans y una
faja como dotación.
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23.7.7.6. Previa convocatoria de la terminal aérea, debían asistir a capacitaciones
sobre idiomas, seguridad aeroportuaria y otros temas cuya asistencia era de
carácter obligatorio.
23.7.7.7. Todos los maleteros fueron desvinculador el mismo día en una reunión
realizada en la terraza del aeropuerto a la que asistieron el administrador en
compañía de unos funcionarios de Inficaldas.
23.7.7.8. Como contraprestación, los maleteros percibían una suma de dinero que
diariamente variaba pues por los servicios «coordinaban una tarifa para cobrarle a los
viajeros, llevaban esa plata a la administración y al final del día se dividía entre todos los
maleteros (…) con eso nos pagaban».
23.7.8. José Helver Zapata Medina fue compañero del demandante, ya que también
fungió como maletero de la terminal área. Se vinculó con la entidad porque escuchó
en una emisora el anuncio de que se estaban requiriendo maleteros en el
aeropuerto La Nubia; llevó su hoja de vida y 15 días después fue contactado por la
administración del aeropuerto.
23.7.8.1. En las instalaciones del aeropuerto debían cumplir con un horario de lunes a
domingo, entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Dicho horario era controlado
por parte del administrador del aeropuerto, para tal efecto este se ayudaba de las
cámaras de seguridad y del personal de policía.
23.7.8.2. Además de las funciones de maleteros, debían realizar otras funciones como
la de espantar las garzas y palomas de las pistas con pólvora, sacar la basura,
realizar arreglos locativos y cumplir remplazos en el punto de información.
23.7.8.3. El jefe directo del personal de maleteros era el administrador del aeropuerto
y de él debían seguir las órdenes e instrucciones, cuando estas no eran cumplidas
eran suspendidos para trabajar.
23.7.8.4. El aeropuerto La Nubia les dotó el vestido de labor y, cada año, les asignó
un carné que los identificaba como maleteros.
23.7.8.5. El hecho de portar el carné que los identificaba como maleteros les permitía
ingresar a cualquier dependencia y rincón del aeropuerto.
23.7.8.6. Por el servicio de maletero el Inficaldas fijó una tarifa que era cobrada a los
usuarios del aeropuerto, dichos dineros eran recaudados por la administración del
aeropuerto y al finalizar el día era dividido entre todos los miembros del grupo de
maleteros.
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2.4. Análisis sustancial del caso concreto
24. Previo a realizar el análisis del caso concreto, respecto del argumento esbozado
por el apelante según el cual el a quo desconoció el principio de congruencia por
haber analizado el planteamiento del problema jurídico desde los elementos de una
relación laboral, pero dejando de lado lo relativo a la configuración de la figura del
trabajador de hecho, la Sala precisa que no le asiste razón al apelante toda vez que,
en primer lugar desde la audiencia inicial celebrada el 3 de diciembre de 201929 se
fijó el litigió en establecer si se configuraron los elementos de la relación laboral
entre las partes o «actuó el demandante como funcionario de hecho por la actividad
desarrollada en la terminal área de Manizales» (sic), y respecto de ese no hubo
oposición. Y en un segundo lugar, porque la concreción de los puntos litigiosos
identificados por el tribunal guarda relación con el objeto de la controversia y su
desarrollo se hizo en los extensos argumentos de la providencia.
25. Respecto de la fijación del litigio y la vulneración del principio de congruencia, la
Sala recuerda que de acuerdo con el artículo 180 del CPACA, este corresponde en
la determinación de los puntos en desacuerdo, razón por la cual la dinámica
probatoria y por ende la resolución del conflicto girara en torno a ello, esto
claramente, es una de las garantías más relevantes del derecho al debido proceso
previsto por el legislador cuyo objeto no es otro que asegurar que se mantenga una
coherencia tanto interna como externa: «[l]a primera se refiere a la consonancia que
debe existir entre su parte motiva y resolutiva. La segunda, a que haya concordancia entre
la decisión que contiene, lo que se pidió en la demanda, así como con la contestación y las
excepciones»30.
26. Así las cosas, para la Sala es claro que le asistió razón al tribunal para desarrollar
y resolver el litigio propuesto; no obstante, la parte demandante no comparte la
respuesta que el Tribunal le dio al problema jurídico que planteó en la sentencia y a
la motivación que la sustentó, cuestión que es propia del recurso de apelación,
razón por la cual esta Sala pasará a determinar si en el sub examine se acreditó la
existencia de un vínculo laboral entre el Inficaldas y Óscar Antonio Aristizábal
Giraldo.
27. Ciertamente, en el sub lite, en aplicación de los principios de primacía de la
realidad, confianza legítima y el de «ser el trabajo un principio fundante de la
29 Samai, índice 2, 5_ED_17001233300020180050(.zip) NroActua 2,
5_5_170012333000201800503011EXPEDIENTEDIGI20230718123202, CUADERNO 1,
17001233300020180050300.pdf, folios 298 al
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de agosto de 2010,
radicado 76001233100020000250101 (1146-05), MP Bertha Lucía Ramírez de Páez.
18
Radicado: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
Constitución Política Colombiana» el Tribunal Administrativo de Caldas, por encontrar
probados los elementos indispensables para declarar que entre Óscar Antonio
Aristizábal Giraldo y el Inficaldas existió una verdadera relación laboral, declaró la
nulidad del acto demandado y a título de restablecimiento del derecho ordenó pagar
a favor del demandante todas las prestaciones y salarios devengados por un
empleado de planta que desempeñó el cargo de auxiliar de servicios generales
código 740, grado 01, tomando como base el salario mínimo legal mensual vigente.
28. Inconforme con lo anterior, el Inficaldas recurrió la decisión de primera instancia
por considerar que no se acreditaron los presupuestos para configurar la existencia
del trabajador de hecho, toda vez que las funciones y el empleo desarrollado por el
demandante no existían dentro de la planta de la entidad, no recibió una
contraprestación por sus servicios y medió autorización por parte de la entidad para
que este realizara la labor.
29. Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, la Sala, con el fin de determinar
la existencia de un vínculo laboral entre el Inficaldas y Óscar Antonio Aristizábal
Giraldo, analizará si el ejercicio de la función que aquel alega haber desempeñado,
de manera ininterrumpida, entre el 4 de diciembre de 1994 y el 7 de marzo de 2018
correspondió a una prestación cierta e indiscutible de su servicio personal bajo la
subordinación y dependencia de la administración.
2.4.1. Existencia del cargo
30. Si bien de las pruebas relacionadas, no se encuentra en la planta de personal la
existencia del cargo de maletero desempeñado por el demandante31 ni otro que se
adecúe específicamente a las labores por él desarrolladas que incluía tareas como
permitir el acceso al público, encender luces, espantar las garzas con pólvora, izar
banderas, efectuar reparaciones locativas, limpiar ventanales, lavar carros, hacer el
aseo de la pistas de aterrizaje, entre otras, lo cierto es que tal y como quedó
expuesto en el marco normativo de esta sentencia dicho elemento no constituye un
requisito absoluto, pues cuando lo que se advierte es que la entidad ha tolerado que
el trabajador desarrolle actividades propias de la administración sin la existencia del
empleo en su planta de personal, corresponde otorgarle vigencia al derecho al
31 Óscar Antonio Aristizábal Giraldo sostuvo en la demanda que celebró contratos verbales con el
Inficaldas para prestar las siguientes labores en el aeropuerto La Nubia de Manizales: «a). Brindar
el servicio de maletero tanto para los pasajeros que efectuaran el check in y el check out. b). Abrir la
puerta de ingreso cuando llegaran los vuelos de pasajeros al Aeropuerto, c). Encender, cuidar y
vigilar la cinta trasportadora de equipaje para evitar el paso en la sala de espera del Aeropuerto, d).
Izar las banderas del Aeropuerto y recogerlas al terminar el turno para dejarles en custodia del puesto
de información, e). Realizar el aseo del Aeropuerto, f). Encender y apagar las luces de parqueadero
y sala de equipajes del Aeropuerto j). Quemar la pólvora en la mañana y en la tarde, para espantar
las garzas a los alrededores de la terminal aérea» (sic).
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Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
trabajo por encima de las condiciones formales y comprobar que se hayan
acreditado los 3 elementos propios de una relación laboral, como son la prestación
personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
31. En igual sentido lo ha considerado la reciente jurisprudencia de esta
corporación32, y este entendimiento cobra importancia cuando lo que se pretende
es el reconocimiento de una relación laboral, que dista de una situación de un
funcionario de hecho, en los que sí se ha exigido la acreditación de los requisitos de
i) existencia de iure del cargo; y ii) que la función sea ejercida irregularmente; y iii)
que se realice de la misma forma y apariencia como lo haría una persona designada
regularmente33.
32. Así pues, la figura del funcionario de hecho se ha desarrollado a partir de 2
situaciones: las de normalidad, cuando media título que habilita para el ejercicio de
la función pública, pero por causas anteriores o sobrevinientes resulta inválido o
deja de surtir efectos; y las de anormalidad, como lo serían las producidas por
guerras, revoluciones, desastres o calamidades, entre otras, esto es que no tienen
título legal alguno, pero asumen a su cargo ciertas funciones públicas, dado el vacío,
desaparición o vacancia de quien las ejercía o debería desempeñar34.
33. Sin embargo, en este asunto el problema jurídico debe abordarse desde el
principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, tal y como lo
dispuso el tribunal en primera instancia y lo aceptó la entidad al establecer la fijación
del litigio; y es bajo esta consideración que la Sección ha resuelto asuntos en los
que se ha apartado del análisis del «funcionario de hecho» para señalar que estos
casos deben ser abordados desde la figura de la «relación laboral de hecho»35 que se
presenta «cuando una persona ejerce funciones públicas con la anuencia de las
autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones, pues la
Administración estaría permitiendo el ejercicio irregular de un cargo por circunstancias de
facto no previstas en la ley»36.
32 En igual sentido, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 27 de julio de 2023, radicado 66001-23-33-000-
2018-00090-01 (0685-2020); y de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
del 23 de octubre de 2023, radicado 68001-23-33-000-2010-00404-01 (1895-2015)
33 Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Sentencia del 9 de junio de 2011. Radicación: 85001-23-31-000-2005-00571-01 (1457-08)
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de marzo de 2018, radicado
70001-23-33-000-2012-00182-01 (4361-2013), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
35 En esta Subsección en la sentencia proferida el 27 de julio de 2023, en el proceso con radicado
66001-23-33-000-2018-00090-01 (0685-2020), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; y en la
Subsección A, en el proceso con radicado 68001-23-33-000-2010-00404-01 (1895-2015), M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de junio de 2011, radicado 85001-23-31-
000-2005-00571-01 (1457-08) M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
20
Radicado: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
34. Así, se ha acudido jurisprudencialmente al uso de esta figura cuando una persona
ejerce unas labores en forma irregular, esto es, no media nombramiento ni elección
(según el tipo de cargo) ni cumple con los requisitos que exige un vínculo legal y
reglamentario, pero lo hace con la anuencia de la administración. De forma que el
reconocimiento de una relación laboral de hecho, impone al interesado demostrar
que las actividades que realizó se hicieron en forma personal y permanente, que
por su labor recibió una remuneración o pago en dinero o en especie y, además,
que en la relación con el empleador existió subordinación o dependencia; esta
última entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, a lo largo de la duración del vínculo37. En suma, lo que
corresponde analizar es el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.
35. En este punto, es importante precisar que contrario a lo señalado en el recurso
de apelación, según el cual, si bien en la audiencia inicial se plantearon unos
problemas jurídicos «dentro de los cuales se incluyó el de establecer si se daban los
elementos de uno relación laboral, ello no es una camisa de fuerza para el operador judicial,
pues precisamente al momento de proferirse lo sentencia es donde se debe analizar
exactamente cuál es el problema jurídico principal, que debe ser formulado por el
Despacho, lo que ello implica que se pueda reformular los problemas establecidos en la
audiencia inicial, o inclusive formular nuevos», esta corporación ha señalado que la
fijación del litigio determina el marco de competencia del juez, de manera que
posibilita una decisión congruente y beneficia el derecho al debido proceso en punto
del ejercicio del derecho de defensa y contradicción, pues les permite a las partes
conocer el problema sobre el cual efectuará un pronunciamiento. Al respecto se
destaca la siguiente consideración38:
«La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación
entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»39, porque es guía y ajuste de esta
última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso,
razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma
concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron
condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en
la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, radicado
5001-23-31-000-2005-00492-01 (1150-14), M.P. César Palomino Cortés.
38 Entre otras, se puede consultar la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, con radicado 17001-23-33-000-2017-00100-02(4103-18) y 17001-23-33-
000-2017-00100-01(3251-17), M.P. William Hernández Gómez.
39 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015)
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dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar
adecuadamente la sentencia».
36. En línea con lo expuesto, no se debe exigir al demandante que acredite la
existencia del cargo en la planta de personal ni que las funciones ejercidas
irregularmente las desempeñara en igual forma y apariencia que la persona
designada en forma regular; pues basta con que se evidencie que desarrolló
funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades, con el fin de
acreditar la prestación personal del servicio. En efecto, esta Sección ha
precisado que «si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha exigido la acreditación de
la existencia del cargo a efectos de reconocer una situación de funcionario de hecho, lo
cierto es que con el fin de darle vigencia al derecho al trabajo, […] una interpretación que
le otorga esa garantía impone considerar que este no es un requisito rígido ni absoluto, de
suerte que no sea indispensable su demostración cuando lo que se advierte es que la
entidad ha tolerado que el trabajador desarrolle actividades propias de la administración sin
la existencia del empleo en su planta de personal»40.
37. Entonces, exigir la existencia del cargo en la planta de personal implicaría la
vulneración del artículo 53 de la Constitución Política, que dispone, la protección en
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y frente a los principios
mínimos fundamentales en asuntos laborales, estableció el de la primacía de la
realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado 23001 23 33
000 2015 00240 01 (1932-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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38. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)41 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 42, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto». Así las cosas, la Sala pasará a analizar la configuración de los
demás elementos para la configuración de la relación laboral de hecho.
39. Valga precisar que si bien el tribunal concluyó que las labores ejecutadas en
forma personal por Óscar Antonio Aristizábal Giraldo se asimilaban a las del cargo
de auxiliar de servicios generales, aun cuando las pruebas dan cuenta de que
formalmente se desempeñó como «maletero» [pues fue el cargo identificado en el
carné asignado por la institución], y que es por esta razón que la Sala alude a dichas
funciones43, lo cierto es que no se deja de lado ni se desconoce que en ejercicio del
ius variandi por parte de la entidad, el administrador del aeropuerto le asignó otras
funciones relacionadas con el correcto funcionamiento de la terminal área, tal y
como se desarrollará a continuación.
2.4.2. Prestación personal del servicio
40. En virtud de lo manifestado por los testigos y los documentos allegados al
plenario, se encuentra demostrado que Óscar Antonio Aristizábal Giraldo no solo
realizaba funciones de «maletero», sino que también debía realizar otras asignadas
por el administrador del aeropuerto La Nubia de Manizales, tales como abrir y cerrar
las puertas de acceso al público, encender luces, espantar las garzas con pólvora,
izar banderas, efectuar reparaciones locativas, limpiar ventanales, lavaban carros y
hacer el aseo de la pistas de aterrizaje, entre otras, de modo tal que no podría
hablarse solo del ejercicio de funciones de «maletero», de manera exclusiva, pero
en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas esta Sala
encuentra necesario reconocer que el demandante ejercía dicho cargo como se
expone a continuación.
41. Los testimonios de quienes ejercieron iguales funciones a las del demandante y
el del exservidor de la Policía Nacional coincidieron en que Óscar Antonio Aristizábal
41 Aprobada el 11 de abril de 1919.
42 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
43 Cargue y descargue de maletas, artículos y enseres que traían los usuarios del aeropuerto.
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Giraldo recibía órdenes e instrucciones por parte del administrador de la terminal
aérea, recibía llamados de atención verbales, cumplía un horario, portaba carné e
indumentaria con logos del Inficaldas, anualmente renovaba su documentación para
seguir trabajando al servicio de la terminal aérea y cuando por algún motivo se
retiraba de su puesto de trabajo debía pedir permiso, so pena de ser sancionado.
42. Valga precisar que aun cuando José Alirdo Escobar Marín y José Helver Zapata
Medina presentaron demandas por similares supuestos fácticos y jurídicos contra el
Inficaldas, sus declaraciones resultan suficientes para esta Sala, pues justamente
eran quienes se encontraba en iguales condiciones que aquel y podían exponer [por
virtud de su conocimiento propio] las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se desarrolló la labor; además que, de acuerdo con lo expuesto, sus declaraciones
coinciden con las de Reinel Rodríguez Arenas, e incluso, en contraste con lo
afirmado por la entidad.
43. Es de destacar que además de las declaraciones de los testigos se evidencia en
el informe de auditoría interna, que la entidad ya había evidenciado «la presencia de
personas que ejecutan actividades de manera informal en el aeropuerto La Nubia, como
son los maleteros y la despachadora de taxis», que si bien no tienen vínculo laboral con
la entidad «están desarrollando las actividades señaladas en las instalaciones del
aeropuerto La Nubia, sin ningún tipo de condicionamiento por parte de INFICALDAS quien
es el operador del terminal aéreo» (sic).
44. De todo lo anterior, se advierte que, tal y como lo concluyó el a quo, el
demandante, además de las funciones de «maletero», también ejerció aquellas
relacionadas con el correcto funcionamiento de la terminal área y las cuales,
conforme al manual de funciones44, se asemejan más a las del cargo de auxiliar de
servicios generales cuyo propósito principal es el de «ejecutar labores relacionadas
con aseo y mantenimiento de las áreas a su cargo» pues, se insiste, entre otras labores,
permitía el acceso al público, encendía luces, espantaba las garzas con pólvora,
izaba banderas, efectuaba reparaciones locativas, limpiaba ventanales, lavaba
carros y hacía el aseo de la pistas de aterrizaje.
2.4.3. Ejercicio de las funciones de forma irregular
45. Sobre el particular, se advierte que no es posible entender que las funciones
desempeñadas por Óscar Antonio Aristizábal Giraldo de manera irregular se dieron
con su total autonomía e independencia, puesto que por el simple hecho de estar
carnetizado y recibir vestido de labor que lo identificaba como «maletero» y servidor
44 Acuerdos 039 del 13 de febrero de 2009 y 042 del 21 de enero de 2010, visibles en Samai del
tribunal, índice 32, 11ED_PRUEBASCd_ACUERDO039doc(.doc) NroActua 32 y
13ED_PRUEBASCd_ACUERDO042DE2010pdf(.pdf) NroActua 32.
24
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del aeropuerto se entiende que las autoridades tenían conocimiento de ello y
avalaban sus actuaciones, máxime si se tiene en cuenta lo dicho por Reinel
Rodríguez Arenas el cual como miembro del cuerpo de Policía encargado de la
seguridad aeroportuaria del aeropuerto La Nubia de Manizales infería que el cuerpo
de maleteros pertenecía a la planta de personal del Inficaldas, pues además de
estar identificados con distintivos de la entidad y presentados como trabajadores del
aeropuerto, atendían las ordenes e instrucciones del administrador de la terminal
área y en caso de incumplir con sus obligaciones eran objeto de sanciones.
46. Ahora bien, se advierte que como contraprestación o pago por las actividades
que ejecutó, la terminal área estableció tarifas para el servicio de maletero las cuales
eran cobradas a los usuarios, captadas por la administración del aeropuerto para
posteriormente ser distribuidas entre el equipo que prestaba dicho servicio, lo que
pone en evidencia que se acreditó el requisito que exige la ley para encontrar
demostrada una relación laboral de hecho. En efecto, contrario a lo señalado por el
apelante, para la Sala cuando el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo alude
a un salario como retribución del servicio debe armonizarse con lo dispuesto en el
artículo 127 ibidem que señala que «[c]onstituye salario no sólo la remuneración
ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio», pues no es dable «despojar de incidencia salarial
un pago claramente remunerativo cuya causa inmediata es el servicio prestado»45.
47. Es así como las pruebas documentales y testimoniales aportadas al plenario
evidencian que Óscar Antonio Aristizábal Giraldo desplegó diferentes actividades
en beneficio de la entidad pública, específicamente en el aeropuerto La Nubia de
Manizales; y que la entidad cohonestó su presencia en ese inmueble al punto que
incluso le entregó un carné que lo identificaba como prestador de un servicio propio
de la terminal aérea, lo que desvirtúa las afirmaciones de la entidad en torno a que
la labor que realizó la hizo por su cuenta y riesgo, sin que hubiera sido autorizado
por el Inficaldas para ello, especialmente por cuanto, tal y como lo reconoce en el
recurso de apelación, de acuerdo con la Circular 14-2017 expedida por el instituto,
«dentro del plan local de seguridad del Aeropuerto la Nubia se expiden permisos
permanentes para personas que desarrollan actividades allí, sin ser necesariamente
empleados de INFICALDAS»46.
45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 2 de agosto de 2017 SL12220-
2017, radicado 44416 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
46 En la referida circular se indicó lo siguiente:
«(a) Para efectos de la expedición del carné de ingreso a áreas restringidas del Aeropuerto La Nubia,
el Representante Legal o Autoridad de la empresa o entidad solicitante, suscribirá la solicitud en
donde claramente certificará que el funcionario o empleado desarrolla labores en dichas áreas en
forma permanente y en caso de que se presente su indebida utilización, acarreará las sanciones
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48. Además, de manera especial, llama la atención las siguientes obligaciones a
cargo del accionante: i) realizaba la apertura y cierre de puertas de acceso al
público, ii) encendía las luces del aeropuerto, iii) espantaba las garzas con pólvora,
iv) izaba banderas, v) efectuaba reparaciones locativas, y vi) hacía labores de aseo
en las instalaciones del aeropuerto [baños, ventanales, vehículos del instituto] y en
las pistas de despegue y aterrizaje. Estas tareas tienen una connotación
eminentemente laboral, subordinada y dependiente de instrucciones de superiores,
lo que lo hace ajeno a cualquier modo de actividad de voluntariado y lo cierto es que
no se demostró, como lo alegó la entidad que tales labores fueran al servicio de un
particular [aerolínea], pues la evidencia de un proceso de carnetización muestra el
interés de la entidad de identificar a su personal. Una conclusión diferente a la que
llegó el tribunal desconocería que fue la administración la que se benefició de tal
situación y que esas actividades eran indispensables para la conservación del
inmueble y el funcionamiento del aeropuerto en punto de la seguridad de los
pasajeros y empleados del lugar.
49. Situaciones como las expuestas en esta decisión, han llevado a esta Subsección
a considerar que la entidad pública al beneficiarse de la labor desarrollada se
encuentra obligada a reconocer salarios y prestaciones en igualdad de condiciones
en relación con las personas vinculadas a su planta de personal, luego de
evidenciarse que la labor ejercida fue cohonestada por la administración47.
50. En consecuencia, tal y como fue determinado por el Tribunal Administrativo de
Caldas es dable acceder a las pretensiones que alega el demandante al encontrarse
acreditados los elementos que evidencian una relación laboral de hecho, de tal
suerte que, en este punto, se confirmará la decisión apelada.
2.4.4. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
51. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta, toda vez que, si
determinadas por la autoridad aeronáutica. Índice 2 de Samai, carpeta comprimida
«5_ED_17001233300020180050(.zip) NroActua 2», página 162
(b) Toda solicitud deberá estar acompañada mínimo de una copia legible del documento de
identificación correspondiente, del carné de afiliación a la EPS y a la ARL. Cuando la persona para
la que se solicita el permiso tenga la calidad de extranjero, debe acompañarse además la Visa de
trabajo expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Consulado del país de origen»
47 En igual sentido, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 27 de julio de 2023, radicado 66001-23-33-000-
2018-00090-01 (0685-2020); y de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
del 23 de octubre de 2023, radicado 68001-23-33-000-2010-00404-01 (1895-2015)
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bien no fue objeto de la apelación, lo cierto es que por virtud de los artículos 187 del
CPACA48 y 328 del CGP49 y acorde a la sentencia de unificación jurisprudencial del
25 de agosto de 201650 es deber del juez estudiar en todos los procesos en los
cuales proceda el reconocimiento de la relación laboral aun cuando no se haya
solicitado expresamente lo concerniente a dicho fenómeno «pues el hecho de que
esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene
la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo
que negó la existencia del vínculo laboral)».
52. En el presente asunto el a quo accedió a las pretensiones de la demandada y en
consecuencia, declaró configurada la existencia de la relación laboral por el período
comprendido entre el 4 de diciembre de 1994 y el 7 de marzo de 2018, sin solución
de continuidad; no obstante, en cuanto a la prescripción, inaplicó las reglas de
unificación previstas en las sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016 y del
9 de septiembre de 2021, por no tratarse de un «contrato realidad derivado de una
relación contractual», y en su lugar, con fundamento en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968, declaró la prescripción de prestaciones sociales de orden lega causadas
con anterioridad al 7 de marzo de 2015.
53. Ciertamente, si bien en el sub judice no esta en discusión la declaratoria del
reconocimiento de una la relación laboral encubierta bajo contratos de prestación
de servicios, lo cierto es que, contrario a lo afirmado por el a quo, por tratarse de
una asunto en el que en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades se discuten los elementos constitutivos de una relación laboral con
48 «Artículo 187. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la
demanda y su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos
con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentra probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida
todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus» (se
resalta).
49 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia» (se resalta).
50 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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el Estado, dichas reglas sobre la prescripción de las prestaciones sociales le son
aplicables, máxime cuando es dable inferir la vocación de permanencia en el
servicio y la continuidad en su prestación, lo que generó en el demandante la idea
de poder reclamar a la terminación del vínculo de hecho que se alega.
54. Así, respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación51 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
55. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia conforme
al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
56. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«(…)
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
57. Así las cosas, esta Sala reitera lo expuesto en precedencia, según lo cual «(q)uien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»52.
58. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la reclamación fue
presentada el 5 y 8 de marzo de 2018, se establece que no acaeció el fenómeno
jurídico de la prescripción, pues no transcurrió un lapso superior a 3 años para
solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el
pago de los salarios y prestaciones, toda vez que la relación culminó en esa fecha;
no obstante, en virtud del principio constitucional53 de la non reformatio in pejus no
52 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
53 Constitución Política artículo 31 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el
condenado sea apelante único.
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se puede agravar la situación del apelante único. En consecuencia, sin
consideración adicional se confirmará en este punto la sentencia apelada.
2.4.5. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
59. Por lo analizado el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación
laboral debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que
realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó, correspondiente al periodo mencionado y, solo
en caso de no existir, con base los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios en ese periodo.
60. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales54 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas55.
61. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por óscar Antonio Aristizabal Giraldo debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones; empero no se efectuará modificación alguna a la sentencia recurrida, en
aras de no vulnerar la situación del apelante único, que en este caso es la entidad
demandada.
54 25 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
55 26 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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62. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales56, esta Sala ha señalado que en asuntos
relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y
pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por
concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho
cargo de la entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto el municipio de
Palmira funge como apelante único, razón por la cual en virtud del principio de la
non reformatio in peius no habrá lugar a modificar la sentencia apelada.
63. Por último, el tribunal determinó que no operaba el fenómeno de la prescripción
en torno al auxilio de cesantías, toda vez para este tipo de asuntos el término
comienza a contarse desde la finalización de la relación y no antes, decisión que
esta Sala comparte comoquiera que dicha prestación fue creada con la finalidad de
proteger al empleado cesante y es a partir de la desvinculación cuando este puede
disponer libremente de ella, y lo cierto es que, concomitante con el reconocimiento
de una relación laboral de hecho, se accede a aquellas prestaciones sociales que
no estén afectadas por el fenómeno de la prescripción. Ahora bien, comoquiera que
el derecho al auxilio de las cesantías surge como consecuencia de esta decisión, y
que se reclamaron a la entidad dentro de los 3 años posteriores al reconocimiento
laboral solicitado, en efecto, en este caso, no se encuentran afectadas por el
fenómeno prescriptivo.
2.5. Costas
64. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
65. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
56 Artículo 53 de la Constitución Política.
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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
66. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma57.
67. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
68. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
69. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral de hecho entre Óscar Antonio Aristizábal Giraldo y el Inficaldas en el periodo
comprendido entre el 4 de diciembre de 1994 y el 7 de marzo de 2018 y por tanto le
asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones de orden legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en el proceso promovido por Óscar Antonio Aristizábal
Giraldo contra el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, por
las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
57En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023)
Demandante: Óscar Antonio Aristizábal Giraldo
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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