Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2020-00162-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2020-00162-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2020-00162-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)
Radicado: 81001233900020200016201 (1411-20251)
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandada: Hospital del Sarare E.S.E.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Relaciones laborales encubiertas
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2.
1.1.1. Pretensiones.
La señora Flor María Julio Berrío, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y solicitó la nulidad
de:
• Oficio No. 515-033979 del Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), a través del cual el Hospital del Sarare E.S.E. negó la
reclamación laboral.
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Expediente electrónico
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Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf).
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
• Oficio No. 515-03-0144 del Diez (10) de enero de Dos Mil Veinte (2020),
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la
anterior decisión.
A título de restablecimiento del derecho pidió se declare: i) la existencia de
una relación legal y reglamentaria entre la actora y el Hospital del Sarare y, por
consiguiente, la calidad de empleada pública durante el periodo comprendido
del 1 de enero de 2014 a 30 de noviembre de 2018; ii) que ostenta el carácter
de prepensionada; iii) se ordene el reintegro de forma inmediata al cargo que
venía desempeñando o a uno de superior jerarquía; iv) el pago de los salarios,
prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en
el cual estuvo desvinculada del Hospital del Sarare y; vi) el pago de costas y
agencias en derecho.
1.1.2 Hechos
La actora trabajó en la ESE Hospital del Sarare desde el Primero (1) de enero
de Dos Mil Catorce (2014) al Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Dieciocho
(2018), inicialmente a través de órdenes de prestación de servicios y después
por medio de contratos individuales de trabajo a término fijo, en el cargo de
enfermera.
Manifiesta la demandante que, para la fecha de su desvinculación contaba con
58 años y le faltaban menos de tres años de cotización (136.71 semanas) para
cumplir los requisitos que le permitieran adquirir el derecho a la pensión; por
tanto, gozaba de estabilidad laboral reforzada al ostentar la calidad de
prepensionada.
La señora Flor María Julio Berrío solicitó ante la accionada el reintegro al cargo
que venía ejerciendo; así como, el pago de salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en que ha estado
desvinculada, el Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019);
petición que fue negada a través de los actos administrativos acusados, bajo
el argumento que, no reunía los requisitos para ser considerada en condición
de prepensionada.
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
Expuso que, para el momento de la demanda contaba con 60 años, lo cual le
ha generado la imposibilidad de ubicarse laboralmente.
1.1.3. Concepto de violación.
La parte actora invocó como normas violadas las siguientes: Ley 10 de 1990,
parágrafo del artículo 26 y el Decreto 1750 de 2003, artículo 16.
Indicó que, los actos administrativos demandados fueron expedidos con
infracción a la normatividad vigente y con falsa motivación; comoquiera que
estos le han negado la condición de prepensionada, argumentando que solo
tenía 1.118 semanas cotizadas y que le faltaban 180 semanas para
pensionarse; lo cual no es cierto, por cuanto, al momento de su desvinculación
tenía un total 1.163,29 semanas de cotización, distribuidas así: 1.110,86
cotizadas a Colpensiones y, 52,43 de tiempos públicos no cotizados.
Finalmente, concluyó que demostró que cumplía con los requisitos de edad y
tiempo de servicio para acceder a la pensión en menos de tres años, lo que la
hacía merecedora de la protección laboral reforzada como prepensionada.
1.2 Contestación de la demanda3.
El Hospital del Sarare E.S.E. se opuso a las pretensiones de la demanda
alegando que los actos demandados se encuentran ajustados a la
normatividad que regulan la materia, sin que se haya incurrido en falsa
motivación alegada.
Sostuvo que, no existió una relación legal y reglamentaria entre el Hospital del
Sarare E.S.E. y la señora Flor María Julio Berrio, su vinculación se dio
mediante contratos laborales; por tanto, no ostentó la calidad de empleada
pública. Asimismo, indicó que el reintegro solicitado no procede, pues la
relación laboral estaba sujeta a un contrato con plazo definido y al vencerse
dicho término, el vínculo terminó legalmente, sin generar derecho a reintegro,
salarios ni prestaciones sociales adicionales.
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Samai – Tribunal, índice 6, archivo 9Recepcionexped_19ContestacionHospSa(.pdf).
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
Propuso las excepciones que denominó «los actos administrativos demandados se
encuentran ajustados a derecho»; «inexistencia de relación legal y reglamentaria entre la
demandante y el hospital del Sarare E.S.E»; y «improcedencia del reintegro».
1.3. La sentencia de primera instancia4.
El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia proferida el
Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas; así:
«PRIMERO: DECLARAR NO probadas las excepciones de caducidad e inepta
demanda del presente medio de control, propuesta por la entidad demandada, por lo
expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en los
oficios No. 515-03-3979 de 2019 y No. 515-03-0144 de 2020, expedidos por el Hospital
del Sarare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la E.S.E. Hospital del Sarare, pagar a la señora Flor María
Julio Berrio, los salarios y prestaciones dejadas de percibir con ocasión a la terminación
de la relación laboral, en razón de la configuración de una relación legal y reglamentaria
de hecho, dadas las funciones desempeñadas como enfermera auditora. Por ello, tanto
el salario como las prestaciones deberán liquidarse de acuerdo con las sumas
correspondientes al valor de los salarios pagados a quienes desempeñaron la misma
labor en los años subsiguientes a la desvinculación de la actora hasta que la señora
cumpla con el requisito de las 1.300 semanas, esto es, 132,71 semanas desde la fecha
de la desvinculación (30 de noviembre de 2018).
CUARTO: ORDENAR a la E.S.E. Hospital del Sarare, realizar mes a mes la cotización
al respectivo fondo de pensiones, de la suma correspondiente por concepto de aportes
a pensión hasta completar el requisito de las 1.300 semanas, esto es, 132,71 semanas
desde la fecha de la desvinculación (30 de noviembre de 2018).
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva.
SEXTO: DECLARAR que no hay condena en costas, por lo expuesto en la parte
motiva».
Al resolver la excepción de caducidad el Tribunal indicó que, la actora presentó
su reclamación en agosto de 2019, dentro del plazo legal, esto es, los tres
años siguientes a la finalización del vínculo laboral, y que la administración dio
respuesta mediante actos administrativos del 13 de diciembre de 2019 y 10 de
enero de 2020, notificado este último el 25 de febrero siguiente, fecha desde
la cual empezó a correr el término de caducidad para demandar.
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Samai – Tribunal, índice 8.
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
Indicó que, dicho término se suspendió por la solicitud de conciliación
extrajudicial presentada el 27 de mayo de 2020, la cual fue declarada fallida el
4 de agosto siguiente y, también por la suspensión general de términos por la
pandemia entre el 16 de marzo y el 1° de julio de 2020. Motivo por el cual,
indicó que el plazo para demandar se extendía hasta el 17 de noviembre de
2020; por tanto, como la demanda fue presentada el 23 de septiembre de ese
año, aquella fue interpuesta oportunamente, debiéndose, en consecuencia,
declarar no probada la excepción de caducidad.
Con relación a la excepción de inepta demanda precisó que, al ejercer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho; aquella nulidad debe
recaer sobre el acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica. En
este proceso, se cuestionan los actos mediante los cuales el Hospital de
Sarare negó a la señora Julio Berrio la condición de prepensionada y resolvió
el recurso interpuesto; por tanto, la demanda cumple con los requisitos del
artículo 162 del CPACA, razón suficiente para rechazar la excepción
planteada.
De otra parte, determinó el A-quo que la señora Julio Berrío ejerció sus
funciones de forma irregular; lo anterior por cuanto, conforme al Decreto 1876
de 1994, las E.S.E. solo pueden celebrar contratos laborales para suplir las
necesidades de personal que se desempeñe en servicios generales o labores
de mantenimiento; para las demás funciones propias de la entidad deben ser
vinculados como empleados públicos, según el Decreto 1083 de 2015 y la Ley
1438 de 2011.
Por tanto, la Sala concluyó que la demandante fue vinculada de forma anormal,
a través de contrato de trabajo laboral, a pesar de haber ejercido funciones
propias de un empleado público; por tanto, determinó que la actora reúne los
requisitos para ser considerada funcionaria de hecho, máxime si se tiene en
cuenta que, ejerció funciones propias del Hospital del Sarare y con la
autorización de sus directivos.
En cuanto a la calidad de prepensionada, el Tribunal analizó la situación
conforme a los criterios de la Corte Constitucional, concluyendo que, al
momento de la desvinculación de la demandante, esto es, el 30 de noviembre
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
de 2018, contaba con 58 años de edad y 1.167,29 semanas cotizadas, es
decir, le faltaban 132,71 semanas para cumplir las 1.300 exigidas por el
Régimen de Prima Media para poder adquirir el derecho a la pensión; motivos
por los cuales podía considerarse prepensionada.
Por lo anterior, declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron la
condición de prepensionada a la demandante; sin embargo, negó su reintegro,
dado que actualmente tiene 64 años y ya podría haber cumplido los requisitos
para pensionarse.
Reconoció el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir,
en virtud de la relación legal y reglamentaria de hecho derivada de su labor
como enfermera auditora. En ese sentido, indicó que, estos valores deberían
liquidarse con base en los salarios de quienes desempeñaron cargos
equivalentes y cubrir el tiempo faltante hasta completar las 1.300 semanas de
cotización, es decir, las 132,71 semanas desde el 30 de noviembre de 2018.
Además, resaltó que la entidad debería realizar las cotizaciones pensionales
mensuales correspondientes a dicho periodo para garantizar su derecho a la
pensión. Finalmente, precisó que no procede la sanción moratoria, por tratarse
de una sentencia constitutiva y no declarativa.
1.4. El recurso de apelación5
La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que, se
omitió aplicar correctamente la norma sobre caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el CPACA, que fija un
plazo de cuatro meses para presentar la demanda; precisando que, el acto
que originó el perjuicio reclamado fue el oficio No. DIR-00-1166
TRD.321.11.58 del 31 de octubre de 2018, mediante el cual se notificó a la
demandante que su contrato laboral no sería prorrogado; por tanto, consideró
que en este asunto operó la caducidad.
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Samai – Tribunal – índice 12.
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
De otra parte, insistió en la configuración de la inepta demanda al no haberse
demandado la proposición jurídica de forma completa, puesto que la actora no
impugnó el acto administrativo DIR-00-1166 TRD.321.11.58 del 31 de octubre
de 2018, mediante el cual se decidió no prorrogar su contrato de trabajo.
Finalmente, con relación al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
sociales ordenado por el A-quo alegó que, no se encuentra llamado a
prosperar, comoquiera que, tras la finalización de su vínculo con el Hospital
del Sarare E.S.E. la demandante se vinculó laboralmente con otras entidades;
ante lo cual, no corresponde seguir cotizando ni pagarle los valores hasta
completar las 1.300 semanas. Además, solicitó decretar pruebas para
acreditar esa nueva vinculación laboral, dado que dicha información surgió
después de vencido el término probatorio en primera instancia.
1.5. Trámite de segunda instancia
Por medio de auto del Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)6,
el consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA y, negó el decreto de las pruebas solicitadas en el
recurso de alzada, dando aplicación a lo preceptuado por el artículo 212
ibidem.
Dentro del término legal el Ministerio Público emitió concepto7 pidiendo se
confirme la sentencia del Tribunal, al considerar que la entidad demandada no
aportó pruebas que acreditaran que la actora hubiera trabajado después de su
desvinculación. Además, conforme lo concluyó el Tribunal no se configuró la
caducidad aducida ni la inepta demanda, siendo acertado el juicio que se hizo
en la sentencia recurrida.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
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Samai - índice 4.
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Samai - índice 10
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
Cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 3288 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si en el presente caso operó el fenómeno
jurídico de la caducidad y/o se presentó la inepta demanda alegada por el
recurrente; en caso de no quedar demostradas ninguna de ellas, deberá
analizarse si es procedente el restablecimiento del derecho ordenado por el
Tribunal o, como lo afirma el recurrente, no hay lugar a ello por cuanto la
demandante tuvo otras vinculaciones laborales con posterioridad a la
terminación del vínculo con la entidad demandada.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo; 2.2.2. Pruebas recaudadas; y 2.2.3 Caso
concreto.
2.2.1. Marco normativo
De la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el caso concreto
La caducidad es el fenómeno jurídico que extingue la oportunidad de quien
pretende controvertir la existencia de un derecho en sede judicial, cuando ha
transcurrido el tiempo para interponer una acción u otro mecanismo previsto
en la ley.
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
En ese sentido, los numerales 1 (literal c) y 2 (literal d) del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) señalan la oportunidad para presentar la demanda, o el término de
caducidad de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, así:
«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá
ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir
del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en
otras disposiciones legales.»
(Destaca la Sala.)
De otra parte, la Sala recuerda que este plazo puede ser suspendido en los
términos del artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, que establece:
«Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del
Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según
el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza
el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud;
lo que ocurra primero».
Conviene precisar que, cuando se reclaman prestaciones periódicas, como el
salario, durante el tiempo que esté vigente la relación laboral, no opera el
término de la caducidad; no obstante, cuando finaliza el vínculo laboral, los
derechos laborales pierden la connotación de periódicos y pasan a ser
prestaciones definitivas, susceptibles del término de caducidad.
Naturaleza de la excepción previa de inepta demanda9
La demanda ha sido entendida como el instrumento o el mecanismo a través
del cual las personas ejercen su derecho de acción, es decir, la posibilidad de
acudir ante la jurisdicción en procura de sus intereses, con el fin de obtener
una decisión de fondo, de ahí que uno de los presupuestos procesales para
proferir sentencia sea el de la demanda en forma.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, proceso 25000-23-36-000-
2015-01026-01.
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
Por tanto, la demanda debe cumplir con unos requisitos formales, previamente
establecidos por el legislador, los cuales, para el asunto bajo estudio, están
contenidos en el capítulo III del CPACA y más precisamente en los artículos
162, 163 y 165 de este cuerpo normativo, en relación con la claridad y la
precisión de los hechos y de las pretensiones, los fundamentos de derecho,
las pruebas que se pretenden hacer valer y la dirección para notificaciones,
entre otros aspectos, que resultan relevantes y, por tanto, son analizados
desde el estudio de admisión que efectúa la autoridad judicial competente10.
El Código General del Proceso, en su artículo 100, numeral 5, prevé la «ineptitud
de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones», como una excepción previa, de ahí que deba entenderse que este
medio exceptivo está llamado a prosperar solo cuando la demanda carece de
los requisitos de forma previstos en la ley o cuando no se cumplen las reglas
para que opere la figura procesal de la acumulación de pretensiones.
De la proposición jurídica incompleta
Conforme se desprende del artículo 138 del CPACA, quien considere que ha
sido lesionado sus derechos, puede pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo, expreso o presunto, que generó dicha lesión y se restablezca
su derecho.
De la anterior norma, se desprende que, siempre que se acuda a la jurisdicción
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es
necesario que exista un acto administrativo que haya sido proferido por la
entidad llamada a juicio y que se considere ilegal. Este acto administrativo
puede ser simple, esto es, cuando proviene de una sola voluntad
administrativa, es decir, lo emite una única autoridad o entidad o, puede ser
complejo, cuando para su formación requiere la intervención de varias
voluntades administrativas.
10
Al respecto, puede consultarse el auto proferido el auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Expediente con número interno 58.415 del 26 de abril del 2017.
Consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
Con relación a los eventos en los cuales los actos administrativos demandados
no han sido la causa de la vulneración del derecho que se pretende
restablecer, esta Colegiatura ha indicado:
«A nivel del petitum la situación en mención se suscita en dos casos de ocurrencia
alternativa o sumada a saber: i) Cuando el acto acusado torna lógicamente imposible
la decisión de fondo debido a una irreparable ruptura de su relación con la causa
petendi, o ii) Cuando el acto demandado no es autónomo por encontrarse en una
inescindible relación de dependencia con otro u otros no impugnados que
determinan su contenido, validez o su eficacia, eventos en los que como se expresó
resulta imposible emitir una decisión de fondo para el Juez. Así, en tanto la parte
demandante omitió cuestionar el acto administrativo que en principio y sustancialmente
contiene la decisión tachada de ilegalidad en el sub examine -Resolución No. 23701 del
23 de agosto de 2002-, no podía válidamente emitirse juicio alguno, razón por la que se
concluye la ineptitud sustantiva de la demanda y la decisión inhibitoria al respecto, en
ausencia de la proposición jurídica necesaria para definir de manera adecuada la
pretensión del actor».11 (Subrayado fuera de texto)
Por tal razón, en este tipo de asuntos, la Subsección ha sostenido que «resulta
adecuado que el operador judicial competente y las partes, velen por alcanzar una integración
completa y comprensiva del contradictorio y de la proposición jurídica, de tal suerte que
puedan ser materia de examen todos los actos administrativos que conformen unidad jurídica
respecto de la situación del pensionado, con lo que, además se honran los principios de
eficiencia, eficacia y seguridad jurídica»12.
Así las cosas, para poder proferir una decisión de fondo es necesario que se
haya demandado la totalidad de actos administrativos, en caso de acto
administrativo complejo, que hayan lesionado los derechos del actor.
Del empleo público13
El artículo 122 de la Constitución Política dispone que, en el ejercicio de la
función pública, «[n]o habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados
en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente» y
preceptúa que «[n]ingún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento
de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben».
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia de 18 de mayo de 2011, Radicación No. 76001-
23-31-000-2006-02409-01(1282-10), C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; auto de 16 de mayo de 2025; expediente 76001-23-33-000-
2021-01059-00 (0147-2025); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
13 Ver sentencia del 8 de mayo de 2025, dentro del proceso radicado bajo el No. 17001-23-33-000-2016-00989-02
(3535-2024), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
Asimismo, el artículo 125 de la Norma Fundamental prevé las formas
ordinarias de vinculación con el Estado, esto es: (i) a través de relaciones
legales y reglamentarias, (ii) contratos de trabajo, y (ii) contratos de prestación
de servicios.
Dicho enunciado constituye la pauta general que rige el desempeño de los
empleos públicos de manera legal, y parte de una relación lógica necesaria
para el buen funcionamiento de la Administración: la existencia de empleos en
una planta de personal con atribución precisa atribución de funciones, para los
cuales se encuentre previsto el régimen salarial y prestacional, y el desempeño
del empleo previa declaración formal de cumplimiento de las Constitución, la
ley y los reglamentos.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido situaciones
excepcionales en las cuales cierta persona natural pudo prestar servicios al
Estado sin que existiera algún tipo de vinculación con la Administración, pero
de manera subordinada lo que implica una relación laboral.
Lo anterior, ha sido edificado por esta Sección en diferentes pronunciamientos
de los que podemos destacar el siguiente14:
“Más recientemente esta Subsección ha realizado similares planteamientos a los aquí
esbozados15 y reiteró la posibilidad de reconocer la existencia de una relación laboral
de hecho.
En conclusión, para que se configure la existencia de una relación de hecho es
necesario que el cargo esté creado de conformidad con las normas legales y la función
sea ejercidas irregularmente, pero, también puede darse cuando en empleado ejerce
funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de
controlar e impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio irregular de una
investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pero que, en todo caso,
debe ser objeto de protección a través del principio de la realidad frente a las formas
previsto en el artículo 53 Constitucional. Además, de que el cargo debió haberse
ejercido en la misma forma y apariencia como si lo hubiese desempeñado un empleado
designado regularmente.”
Lo anterior se traduce en que por situaciones diferentes a las que ha
estructurado la jurisprudencia del funcionario de hecho, en el que existe un
14 Subsección B, Consejero Ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez, Nueve (9) De Junio De Dos Mil Once (2011),
Radicación Número: 85001-23-31-000-2005-00571-01(1457-08), Actor: Ruth Dorys Rodríguez Naranjo, Demandado:
Municipio De Tamara – Casanare
15 Ver sentencia del 21 de mayo de 2009, Expediente No. 250002325000200301938 01 (2191-2006), Actor: Álvaro
Roberto Rivas Patiño. - Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
ejercicio irregular de la investidura a partir de una designación anormal, el
trabajador de hecho emerge como aquel que desempeña una labor pública por
situaciones de hecho que no están previstas en la ley pero con la aquiescencia
de la misma Administración.
Este beneplácito implica que cuando se reconozca una relación laboral de
hecho, se deben acreditar las exigencias de prestación personal y continua,
remuneración y subordinación para que el reclamante se haga acreedor del
reconocimiento de los emolumentos económicos propios de un vínculo
regulado por la legislación laboral.
Criterio que ha sido defendido16 recientemente por esta Subsección.
2.2.2. Pruebas recaudadas.
a) Vinculaciones de la demandante a través de contrato de prestación de
servicios y contratos individuales de trabajo con el Hospital del Sarare
E.S.E, detallados de la siguiente manera:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Inicio
Año Contrato Objeto Duración
DD/MM/AA
Valor
Prestación de
servicios
profesionales de
888-Hospital del auditoría concurrente
2013 2/09/13
Sarare 17 en los servicios 4 meses $14.000.000
intrahospitalarios y de
urgencias del Hospital
del Sarare
CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO
Días calendario Días hábiles Valor
Contrat Empleo a Inicio Finalización transcurridos
Año transcurridos
o desempeñar DD/MM/AA DD/MM/AA entre contratos entre
contratos
Profesional
356 -
área de la
Hospital
salud –
2014 del
auditoria $ 3.500.000
Sarare 02/01/14 31/12/14
18 concurrente NA NA
en los
servicios
16 Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, cinco (5) de Diciembre de
dos mil veinticuatro (2024), Radicación: 17001-23-33-000-2018-00503-01 (4425-2023), Demandante: Óscar Antonio
Aristizábal Giraldo, Demandados: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas.
17
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 11 a 14.
18
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 15 a 18.
14
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
intrahospitalari
os y de
urgencia
Profesional
área de la
salud –
051 -
auditoria 1 NA $ 3.640.000
Hospital
2015 concurrente en 02/01/15 31/12/15
del
los servicios
Sarare19
intrahospitalari
os y de
urgencia
Profesional
área de la
salud –
313 - auditoria $ 3.822.000
Hospital concurrente en 1 NA
2016 02/01/16 31/12/16
del los servicios
Sarare20 intrahospitalari
os y de
urgencia
Profesional
área de la
salud –
300 - auditoria
Hospital concurrente en 1 NA $ 4.089.540
02/01/17 31/03/17
del los servicios
Sarare21 intrahospitalari
os y de
urgencia
Prestar los
servicios de
300 - profesional
Hospital área de la
del salud –
Sarare auditoria 01/04/17 30/06/17 NA NA $ 4.089.540
(Prórrog concurrente en
a No. los servicios
1)22 intrahospitalari
os y de
urgencias
Prestar los
2017
servicios de
profesional
300 -
área de la
Hospital
salud –
del
auditoria NA NA $ 4.089.540
Sarare 01/07/17 30/09/17
concurrente en
(Prórrog
los servicios
a No
intrahospitalari
2)23
os y de
urgencias
Prestar los
servicios de
profesional
300 - área de la
Hospital salud –
del auditoria NA NA $ 4.089.540
01/10/17 31/12/17
Sarare concurrente en
(Prórrog los servicios
a No 324 intrahospitalari
os y de
urgencias
19
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 20 a 23.
20
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 25 a 28.
21
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 29 a 33.
22
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 34.
23
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 35.
24
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 36.
15
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
Profesional
área de la
395 -
salud –
Hospital
auditoria 02/01/18 30/04/18 1 NA $ 4.253.122
del
concurrente
Sarare25
Prestar los
395 - servicios de
Hospital profesional
del área de la $ 4.253.122
Sarare salud – 01/05/18 30/06/18 1 NA
(Prórrog auditoria
a No concurrente
1)26
2018
Profesional
917 - área de la
Hospital salud – 1 NA $ 4.253.122
01/07/18 31/10/18
del auditoria
Sarare27 concurrente
Prestar los
917 -
servicios de
Hospital
profesional
del
área de la 1 NA $ 4.253.122
Sarare 01/11/18 30/11/18
salud –
(Prórrog
auditoria
a No
concurrente
1)28
b) Oficios del 24 de noviembre de 201429, 03 de noviembre de 201530, 17
de octubre de 201731, 31 de mayo de 201832, 27 de septiembre de 201833
y 31 de octubre de 201834, donde el Hospital del Sarare E.S.E. le informa
a la demandante su intención de no prorrogar los contratos Nos. 356, 51,
300, 395, 917.
c) Reporte de semanas cotizadas de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) de fecha Dieciséis (16) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019), donde se acreditó que cotizó 1.114,86 semanas.35
d) Derecho de petición enviado por correo electrónico del (23) Veintitrés de
septiembre de Dos Mil Veinte (2020)36 a la entidad demandada, por parte
de la apoderada judicial de la actora, solicitando información acerca de la
planta de personal del Hospital del Sarare vigente al 30 de noviembre de
2018, asimismo, de las personas que se han desempeñado como auditor
de los servicios intrahospitalarios y de urgencia.
25
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 46 a 51.
26
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 52.
27
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 54 a 59.
28
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 44.
29
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 19.
30
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 24.
31
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 37.
32
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 53.
33
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 43.
34 [1] Samai – Tribunal, índice 6, 031Recepcionexped_21Anexo2pd, página 91.
35
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 76 a 89.
36
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 90 a 91.
16
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
• Actuación administrativa
a) Solicitud de reconocimiento de acreencias laborales presentada ante el
Hospital del Sarare E.S.E el 14 de noviembre de 201937, por parte de la
señora Flor María Julio Berrío, donde indicó que fue desvinculada
irregularmente desconociendo que prestaba sus servicios en calidad de
empelada pública conforme a lo dispuesto en la Ley 10 de 1990 y el
Decreto 1750 de 2003, aunado a que contaba con la estabilidad laboral
reforzada al faltarle menos de 3 años para reunir los requisitos de edad y
semanas de cotización para obtener la pensión de jubilación, motivo por el
cual, solicitó el reintegro al cargo que venía desempeñando o uno de
superior jerarquía, el pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos
dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculada, copia de la
historia la laboral y de la estructura de la planta de personal del hospital.
b) Solicitud de prórroga de la entidad demandada para dar respuesta a la
anterior petición del 5 de diciembre de 201938.
c) Oficio No. 515-03-3979 del Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve
(2019)39, a través de la cual el Hospital del Sarare le negó las pretensiones
a la demandante, argumentando que no cumplía los requisitos para ser
considerada prepensionada conforme al artículo 12 de la Ley 790 de 2002,
comunicado por correo electrónico a la apoderada de la demandante el
Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019)40.
d) Recurso de reposición y en subsidio apelación de fecha 26 de diciembre
de 201941, interpuesto por la demandante.
e) Oficio No. 515-03-0144 del Diez (10) de enero de Dos Mil Veinte (2020) 42,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la
anterior decisión, comunicada a la apoderada de la actora mediante correo
electrónico del Diez (10) de enero de Dos Mil Veinte (2020)43, reiteró que
la demandante no tenía la condición de prepensionada al momento de su
desvinculación, ya que no cumplía los requisitos del artículo 12 de la Ley
790 de 2002, toda vez que, contaba con 1.110,86 semanas laboradas en
37
Samai – Tribunal, índice 6, 031Recepcionexped_21Anexo2pd, páginas 92 a 95.
38 Samai – Tribunal, índice 6, 031Recepcionexped_21Anexo2pd, página 96.
39
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 65 a 66.
40
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 67.
41
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 68 a 70.
42
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 71 a 74.
43
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 75.
17
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
el Hospital, faltándole 189,14 para alcanzar las 1.300 exigidas. Además, la
entidad aclaró que no era competente para validar las 52,43 semanas
adicionales que la accionante alegó, pues no aparecen en el reporte de
Colpensiones y no correspondían a un periodo laborado con la E.S.E. En
consecuencia, resolvió mantener la decisión inicial y negar las
pretensiones.
f) Solicitud de audiencia prejudicial ante el Ministerio Público el Veintisiete
(27) de mayo de Dos Mil Veinte (2020)44, la cual fue declarada fallida el
Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Veinte (2020)45.
2.2.3 Caso concreto.
Teniendo en cuenta el objeto del recurso de apelación incoada por la parte
actora, debe inicialmente precisar la Sala que, no hay discusión en torno al
reconocimiento de la relación laboral que hizo el Tribunal a favor de la
demandante como funcionaria de hecho, como tampoco acerca de su
condición de prepensionada, en virtud de las semanas de cotización a la
seguridad social en pensión que le hacían falta al momento de ser
desvinculada de la entidad demandada; por tanto, sobre estos aspectos no se
entrará a realizar ningún estudio adicional en esta sentencia, recordando que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del CPG, el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante.
Aclarado lo anterior, se pasa a resolver los puntos de inconformidad formulados
por la entidad demandada.
i. La demanda incurre en inepta demanda por proposición jurídica
incompleta al no demandarse el oficio del 31 de octubre de 2018.
La Sala resalta que, solo los actos administrativos en los que se reconozcan o
nieguen, total o parcialmente, derechos son susceptibles de ser demandados.
44
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 95 a 96.
45
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 95 a 96.
18
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
En el caso bajo estudio la demanda se dirigió en contra de los siguientes actos
administrativos:
1. Oficio No. 515-03-3979 del Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve
(2019)46, a través de la cual el Hospital del Sarare le negó las pretensiones
a la demandante, argumentando que no cumplía los requisitos para ser
considerada prepensionada conforme al artículo 12 de la Ley 790 de 2002,
comunicado por correo electrónico a la apoderada de la demandante el
Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019)47.
2. Oficio No. 515-03-0144 del Diez (10) de enero de Dos Mil Veinte (2020) 48,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la
anterior decisión, comunicado a la apoderada de la actora mediante correo
electrónico del Diez (10) de enero de Dos Mil Veinte (2020)49, en el cual se
reiteró que la demandante no tenía la condición de prepensionada al
momento de su desvinculación, ya que no cumplía los requisitos del
artículo 12 de la Ley 790 de 2002, toda vez que, contaba con 1.110,86
semanas laboradas en el Hospital, faltándole 189,14 de aquellas para
alcanzar las 1.300 exigidas para gozar del derecho pensional. Por tanto,
resolvió mantener la decisión inicial y negar las pretensiones.
Debe precisar la Sala que, la demandante cuando presentó el recurso en
contra del Oficio del Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), a
través de la cual el Hospital del Sarare le negó la petición por ella instaurada,
indicó que incoaba el recurso de reposición y apelación; sin embargo, la
entidad llamada a juicio solo resolvió el primero de aquellos (reposición). Ante
ello, conforme lo dispuesto en el artículo 86 del CPACA, pasados los Dos (2)
meses desde que se interpuso el recurso de apelación sin que se hubiera
emitido respuesta, surgió el silencio administrativo negativo a través del cual
se resolvió de la misma forma (negativa) el recurso incoado.
En ese orden de ideas, debe precisarse que el artículo 163 del CPACA
establece que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo aquel
debe ser individualizado con total precisión; además, se señala que si el acto
46
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 65 a 66.
47
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 67.
48
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 71 a 74.
49
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 75.
19
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los
actos que los resolvieron. Por tanto, la parte actora debió demandar también
el acto ficto negativo que resolvió el recurso de apelación, lo cual no hizo;
falencia que no fue advertida por el Tribunal al momento de admitir la
demanda, ni por los demás sujetos procesales en el trámite del proceso.
Sin embargo, la Sala al evidenciar dicho yerro debe proceder a subsanarlo y,
en consecuencia, conforme lo indicado en el ya citado artículo 163 del CPACA,
integra a la demanda como enjuiciado el acto ficto presunto negativo por medio
del cual se resolvió el recurso de apelación incoado.
Así las cosas, el tercer acto administrativo acusado es:
3) El acto ficto presunto negativo que resolvió el recurso de apelación
incoado en contra del oficio No. 515-03-3979 del Trece (13) de
diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), expedido por el Hospital del
Sarare.
Aclarado lo anterior, considera la Sala que no le asiste razón al recurrente
cuando afirma que, como acto administrativo se debió demandar el oficio por
medio del cual se dio por terminada la relación laboral que unió a las partes;
en casos como el que nos ocupa, es posible que, como lo hizo la parte actora,
se presente una petición de reconocimiento del vínculo legal y reglamentario;
así como, el reintegro y pago de emolumentos salariales, evento en el cual, la
respuesta que otorgue la administración es la que debe ser enjuiciada, como
aquí ocurrió; lo anterior, comoquiera que es esta a través de la cual se
materializa la negativa de reconocer la calidad de empleada pública deprecada
y la solicitud de continuar prestando los servicios y, en consecuencia, es la que
lesiona el derecho que se pretende sea restablecido a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En estos eventos, como se expuso en precedencia, conforme lo dispuesto en
el artículo 163 del CPACA, lo que se debe hacer para tener integrada en
debida forma la proposición jurídica es incoar la demanda en contra de todos
los actos administrativos que se expidieron en respuesta a la solicitud; de no
hacerlo así, como aquí ocurrió, el legislador determinó que, a pesar de dicha
20
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
falencia, se debían tener todos como demandados; lo cual posibilita que se
emita una decisión de fondo, como en efecto aquí se hace.
En ese orden de ideas, en los términos indicados por la parte pasiva no se
presentó la inepta demanda, motivo por el cual debe concluirse que la
inconformidad planteada no está llamada a prosperar.
Adicionalmente, resulta importante destacar que, la demandante firmó cinco
(5) contratos laborales a término fijo con el Hospital de Sarare E.S.E.,
recibiendo notificaciones de no prórroga antes de cada vencimiento, mediante
los oficios del 24 de noviembre de 201450, 03 de noviembre de 201551, 17 de
octubre de 201752, 31 de mayo de 201853, 27 de septiembre de 201854 y 31
de octubre de 201855. Ante ello, se considera, la actora no estaba obligada a
saber que, en efecto, después de la terminación del vínculo que se generó con
la misiva del 31 de octubre de 2018 no iba a ser contratada nuevamente.
ii. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Conforme se indicó en precedencia, el término de caducidad está consagrado
en el artículo 164 del CPACA, norma que en su numeral 2 literal d) precisó que
la demanda debe presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados
a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, so pena que se configure el citado
fenómeno. Sin embargo, la misma norma en su numeral 1 literal d) establece
que se puede demandar en cualquier tiempo los actos administrativos
producto del silencio administrativo.
Da cuenta el expediente que, la actora elevó petición el 14 de noviembre de
2019, ante el Hospital del Sarare E.S.E. solicitando se le reconociera como
empleada pública, el reintegro al cargo que venía desempeñando y el pago de
50
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 19.
51
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 24.
52
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 37.
53
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 53.
54
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 43.
55 Samai – Tribunal, índice 6, 031Recepcionexped_21Anexo2pd, página 91.
21
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
los emolumentos dejados de percibir durante su desvinculación; dicha solicitud
fue resuelta de forma negativa a través del oficio No. 515-033979 del Trece
(13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), decisión comunicada por
correo electrónico a la apoderada de la demandante el Dieciséis (16) de
diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019)56.
Contra aquella se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación,
habiendo sido estos resueltos mediante el oficio No. 515-03-0144 del Diez (10)
de enero de Dos Mil Veinte (2020), donde se confirma la anterior decisión, este
último oficio fue notificado a la apoderada de la actora mediante correo
electrónico en la misma fecha de su expedición57.
Como anteriormente se expuso, el recurso de apelación no fue resuelto,
surgiendo de ese modo el acto ficto o presunto negativo que lo resolvió y el
cual fue integrado como acto acusado.
Ante ello, debe reiterarse que el artículo 164 del CPACA en su numeral 1 literal
d), establece que se puede demandar en cualquier tiempo los actos
administrativos producto del silencio administrativo. Por tanto, como uno de los
actos acusados fue producto del silencio negativo, la demanda podía incoarse
en cualquier momento sin que ocurra el citado fenómeno de la caducidad.
Ahora, en gracia de discusión, partiendo de la base que en la demanda tan
solo se demandaron los actos expresos, considerándose que con el acto
administrativos que resolvió el recurso de reposición se finalizó el trámite
administrativo y, por tanto, a partir de su notificación se debe empezar a contar
el término de caducidad, tendríamos que:
La caducidad de la acción en ese hipotético caso correría desde el Once (11)
de enero de Dos Mil Veinte (2020), inclusive, y finalizaría el Once (11) de mayo
de Dos Mil Veinte (2020).
Sin embargo, es importante recordar que, como consecuencia de la pandemia
que generó el virus COVID19, el Gobierno nacional, a través de Decreto
56
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 67.
57
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), página 75.
22
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
legislativo 417 de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica; posteriormente, mediante el Decreto legislativo 564 de 2020
dispuso la suspensión de los términos de prescripción y caducidad así:
ARTÍCULO 1. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN Y
CADUCIDAD. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier
norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control
o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean
de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de
2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la
reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del
día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales
ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al
decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba
para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a
treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al
levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación
correspondiente.
Asimismo, resulta relevante advertir que, mediante Acuerdo PCSJA20-11567
de 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso:
Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La suspensión
de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1
de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente
Acuerdo.
Entonces, como consecuencia de la citada pandemia los términos de
prescripción y caducidad estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo de 2020
(inclusive) y el 30 de junio de 2020 (día anterior a la reanudación dispuesta por
el Consejo Superior de la Judicatura), período que se concreta en 107 días
calendario.
En este hipotético caso, cuando inició la suspensión de los términos por el
COVID19 para que se configurara el fenómeno de la caducidad le restaban un
(1) mes y veintiséis días (26) días calendario; si contamos desde la fecha en
que se notificó el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición, que
fue el segundo acto administrativo acusado.
La actora presentó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio
Público el 27 de mayo de 202058, esto es, antes de reanudarse el término de
caducidad por la suspensión del COVID19, pero faltándole los ya citados un
58
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 95 a 96.
23
Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
(1) mes y veintiséis días (26) días calendario para que se configurara el
fenómeno en mención; generando con ello una nueva suspensión de dicho
fenómeno, el cual en este caso, se reanudó a partir del 4 de agosto de 202059,
cuando fue expedida la respectiva constancia de conciliación fallida por la
Procuraduría 56 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá con
funciones en Arauca60; lo que conlleva a que el plazo de la caducidad le
venciera, en principio, el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020).
La demanda fue radicada el 23 de septiembre de 202061, esto es, antes que
operara el fenómeno de la caducidad del medio de control y, en consecuencia,
no le asiste razón al recurrente en su reproche.
En virtud de todo lo expuesto, el argumento de inconformidad no está llamado
a prosperar.
iii. Vinculación de la señora Flor María Julio Berrío con otra entidad del
Estado tras la terminación de su relación laboral con la E.S.E.
demandada.
Debe indicarse que, brillan por su ausencia pruebas que demuestren que en
efecto la demandante se vinculó con otras entidades públicas, una vez finalizó
su relación laboral con la entidad demandada, como lo afirma el recurrente.
Debiéndose recordar que, de conformidad con el artículo 167 del Código
General del Proceso (CGP), aplicable por la remisión expresa del 306 del
CPACA, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen»; dicho deber procesal fue incumplido por la
parte pasiva, quien, en los momentos procesales idóneos, se abstuvo de
presentar o solicitar prueba alguna que respaldara su afirmación de las nuevas
vinculaciones de la demandante.
La citada orfandad probatoria conlleva necesariamente a que se desestime
este argumento de la apelación.
59
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 95 a 96.
60
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 2Recepcionexped_02Demandapdf(.pdf), páginas 95 a 96.
61
Samai – Tribunal, índice 4, archivo 1Recepcionexped_01CorreoActaRepartop(.pdf).
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
No obstante, en aras de garantizar el erario y atendiendo lo dispuesto en el
artículo 128 de la Constitución Política, se adicionará la sentencia de primer
grado en el sentido de precisar que, el restablecimiento del derecho se ordena,
solo en el evento en que la actora no haya tenido vinculaciones con el Estado
posteriores al 30 de noviembre de 2018 y con base en las cuales haya logrado
obtener el número de semanas de cotización necesario para obtener la
pensión de vejez; en caso de existir tales, el citado restablecimiento del
derecho se hará solo por las semanas que le hicieran falta para completar las
necesarias para adquirir el mencionado derecho pensional, en caso que a
pesar de tales vinculaciones aún le faltare tiempo para gozar de aquel.
Como consecuencia de todo lo expuesto, teniendo en cuenta que los
argumentos de inconformidad presentados en el recurso de alzada no tienen
ánimo de prosperidad, la Sala confirmará parcialmente el fallo recurrido.
2.4 Condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Veintiocho (28) de
febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo
de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal segundo de la sentencia del Veintiocho
(28) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, el cual quedará así:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en
los oficios No. 515-03-3979 de 2019 y No. 515-03-0144 de 2020; así como, el
acto ficto presunto negativo que resolvió el recurso de apelación incoado en
contra del oficio No. 515-03-3979 de 2019, expedidos por el Hospital del Sarare,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero y cuarto de la sentencia del
Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca, los cuales quedarán así:
TERCERO: ORDENAR a la E.S.E. Hospital del Sarare, pagar a la señora Flor
María Julio Berrio, los salarios y prestaciones dejadas de percibir con ocasión a
la terminación de la relación laboral, en razón de la configuración de una
relación legal y reglamentaria de hecho, dadas las funciones desempeñadas
como enfermera auditora. Por ello, tanto el salario como las prestaciones
deberán liquidarse de acuerdo con las sumas correspondientes al valor de los
salarios pagados a quienes desempeñaron la misma labor en los años
subsiguientes a la desvinculación de la actora hasta que la señora cumpla con
el requisito de las 1.300 semanas, esto es, 132,71 semanas desde la fecha de
la desvinculación (30 de noviembre de 2018).
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la
demandante no haya tenido otra vinculación con el Estado de manera posterior
al 30 de noviembre de 2018; evento en el cual, la entidad demandada solo está
obligada a pagar las cifras antes indicadas por las semanas que le hicieran falta
a la demandante para completar las necesarias para adquirir el mencionado
derecho pensional, en caso que a pesar de las citadas vinculaciones posteriores
aún le faltare tiempo para gozar de la pensión de vejez.
CUARTO: ORDENAR a la E.S.E. Hospital del Sarare, realizar mes a mes la
cotización al respectivo fondo de pensiones, de la suma correspondiente por
concepto de aportes a pensión hasta completar el requisito de las 1.300
semanas, esto es, 132,71 semanas desde la fecha de la desvinculación (30 de
noviembre de 2018), salvo que la demandante haya tenido otra vinculación con
el Estado de manera posterior al 30 de noviembre de 2018, conforme lo indicado
en el numeral anterior.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Número Interno: 1411-2025
Demandante: Flor María Julio Berrío
Demandado: Hospital del Sarare
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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