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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00016-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00016-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias al demandante, por los motivos expuestos. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2015-00016-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00016-01 (6306-2023)
Demandante: Segundo Tirso Polo Medina.
Demandado: E.S.E. Hospital San Andrés de Tumaco.

Tema: Requisitos para la procedencia de la nivelación salarial cuando las
funciones se equiparán a un cargo de mayor jerarquía. REVOCA
SENTENCIA Y NIEGA PRETENSIONES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Segundo Tirso Polo Medina, instauró demanda en contra de la E.S.E.
Hospital San Andrés de Tumaco, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo proferido el 22 de julio de 2014,
mediante el cual la E.S.E. Hospital San Andrés de Tumaco negó la nivelación
salarial en relación con lo pagado como médico general y lo que debía devengar
al ejercer sus funciones como médico anestesiólogo en la entidad demandada.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reajustar la asignación salarial
y prestacional de la diferencia entre lo pagado como médico general y lo que debía

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devengar al ejercer funciones de médico anestesiólogo, desde el 1 de enero de
1982 y hasta el 31 de diciembre de 2010.

4. Que se condene al Hospital San Andrés de Tumaco E.S.E., a cancelar con destino
al fondo de pensiones del demandante, las diferencias entre los aportes pagados
y los que debieron cancelarse a razón de su vinculación como “médico
anestesiólogo”.

5. Solicitó también el pago de una indemnización de 500 SMLMV por el daño moral
derivado de la desnivelación salarial que invoca y la indexación de las sumas
reconocidas.
HECHOS

6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

7. Que fue vinculado como médico general en la E.S.E. Hospital San Andrés de
Tumaco a partir del 1° de junio de 1980, y desde el año 1982 comenzó a
desempeñarse en el área de cirugía como médico anestesiólogo, labor que ejerció
de manera ininterrumpida hasta el 2010, fecha en la cual se produjo su retiro del
servicio.

8. Sostuvo que pese a haber desempeñado funciones propias de un anestesiólogo
con disponibilidad permanente las veinticuatro (24) horas del día, su remuneración
se mantuvo equivalente a la de un médico general, situación que le ocasionó un
detrimento económico. En consecuencia, reclama el pago de la diferencia salarial,
que asciende a la suma de $1.502.817.265.

9. Que durante los años transcurridos entre 1982 y septiembre de 1997 siempre fue
el médico anestesiólogo disponible en la institución demandada y sólo a partir de
1997 el hospital contrató otro médico de tal especialidad.

10. Afirma que las funciones desarrolladas consistieron en aplicar anestesia en todo
tipo de cirugías (general, raquídea, epidural, bloqueos, local, sedaciones); hacer
valoraciones de preanestesia, determinar el tipo de anestesia a aplicar, valorar los
pacientes en el quirófano previa cirugía, entre otras.

11. Que, el 29 de abril de 1998 el Ministerio de Salud le remitió el Acuerdo 001 del 16
de abril de 1998 emitido por el Comité Nacional de Ejercicio de la Anestesiología
en Colombia, consignando en su artículo 3 que se encontraba inscrito en el censo
que demostraba sus calidades como médico anestesiólogo, según la Ley de la
especialidad médica de anestesiología, Pero que debido a que solo existían dos
profesionales médicos en esta área, la E.S.E. no le autorizó realizar la acreditación

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académica ante la universidad porque era indispensable en el área y su ausencia
perturbaría la prestación del servicio de salud.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

12. Citó como vulnerados los artículos 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política,
artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 22 y 23 de la Ley 100
de 1993 y el Convenio III de la OIT aprobado por la Ley 22 de 1967.

13. Sostuvo que el acto administrativo demandado vulnera las normas superiores
invocadas porque durante su vinculación fue discriminado y tratado indignamente
al habérsele dejado de reconocer salario y prestaciones sociales que eran propias
de las funciones que ejercía.

14. Que se vulneró su derecho a la seguridad social porque el Hospital se abstuvo de
realizar los aportes conforme al salario de un médico anestesiólogo y, en
consecuencia, vulneró también los principios del artículo 53 constitucional.

15. Que se violenta el principio de «a trabajo igual salario igual», porque realizó labores
de anestesiólogo con calidad, eficiencia y experticia, de la misma manera que un
médico especialista en anestesiología, pero recibiendo la remuneración de un
médico general.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

16. La demanda fue admitida el 21 de octubre de 20151. La entidad2 expresó que el
demandante se vinculó a la E.S.E. en calidad de médico general y que permaneció
como tal, hasta la terminación de su vínculo laboral; razón por la que la liquidación
al momento de su retiro se realizó de acuerdo con el salario de médico general.

17. Que nunca puso en conocimiento del hospital que contara con el título de médico
especialista, por lo que siempre ejerció las funciones que eran propias de un
médico general tales como cumplir los procesos, procedimientos y manuales
médicos, realizar interconsultas y valoraciones. Que, si en algún momento ejerció
como especialista en anestesiología, puso en riesgo su actividad médica porque
no cumplía con los requisitos para desempeñarse como tal.

18. Que no se le causó daño alguno, por cuanto sus pagos siempre se hicieron
teniendo en cuenta el cargo al cual fue vinculado, cuyas funciones ejerció durante
su trayectoria en la entidad. Resaltó que la entidad fue creada a través de la

1 SAMAI, gestión en otras corporaciones, índice 38, enlace al expediente digital. (Cuaderno 2, páginas 79 a 81).
2 SAMAI, gestión en otras corporaciones, índice 38, enlace al expediente digital. (Cuaderno 2, páginas 88 a 106).

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Ordenanza 78 del 7 de diciembre de 1995, para indicar que no es posible que al
actor se le hubiera vinculado en 1982.

19. Manifestó que no es cierto que el Acuerdo 001 de 1998 del Comité Nacional del
Ejercicio de la Anestesiología en Colombia lo habilite para ejercer como médico
anestesiólogo, sino que a las personas de dicha lista se les dio la posibilidad de
hacer compensaciones y equivalencias entre experiencia comprobada, por
estudios, para que pudieran acceder a un programa de especialización en
anestesiología y reanimación. Propuso las excepciones de inexistencia de la
obligación, legalidad del acto acusado, prescripción.

20. El 28 de mayo de 2019 se llevó a cabo audiencia inicial en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas.3 La audiencia de pruebas tuvo lugar los días 05 y 06 de
agosto de 2019 y en ella se corrió traslado para alegar.

21. SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

22. El Tribunal Administrativo de Nariño4 mediante sentencia del 10 de febrero de
2.021, accedió parcialmente a las pretensiones. Condenó a la ESE a reconocer al
actor los aportes que corresponda por el período comprendido entre el 1º de enero
de 1988 hasta el 17 de enero de 1998 teniendo en cuenta el salario percibido por
un médico especialista en anestesiología.

23. Negó el pago de los salarios y prestaciones de un médico especialista
correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 1988 hasta el 17
de enero de 1998 y el pago de perjuicios morales por encontrarse prescritos pues
la reclamación fue presentada el 17 de junio de 2014, es decir, luego de tres años
siguientes a su retiro del servicio.

24. Como fundamento manifestó que la Ley 6 de 1991 y el Decreto 97 de 1996
previeron la posibilidad de ejercer la especialidad de médico anestesiólogo, sin el
título correspondiente, durante el lapso comprendido entre el 1 de enero de 1988 y
el 17 de enero de 1998 (término prorrogado hasta el 17 de enero de 2001).

25. Que según dichas normas el actor debía acreditar en el término de dos años que
estaba realizando estudios para la obtención del título de especialista en
anestesiología, pero que como dicho requisito no se cumplió, únicamente podría
analizarse si tenía derecho sobre el período transcurrido entre el 1 de enero de
1988 y el 17 de enero de 1998, pues con anterioridad no hay prueba del ejercicio

3 SAMAI, gestión en otras corporaciones, índice 38, enlace al expediente digital. (Cuaderno 2, páginas 185 a 191).
4 SAMAI, gestión en otras corporaciones, índice 38, enlace al expediente digital. (Sentencia).

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de las funciones5 y con posterioridad no se acreditó el cumplimiento de la
acreditación profesional en un programa universitario.

26. Si bien determinó que durante este lapso se le debía nivelar salarialmente,
consideró que el actor debió presentar su reclamo como máximo el 17 de enero de
2001 y en todo caso, al concluir la relación laboral el día 31 de diciembre de 2010,
siendo el plazo máximo hasta el día 31 de diciembre del año 2013.

27. Que como, la reclamación administrativa se dio el día 17 de junio de 2014,6
determinó que había operado el fenómeno de la prescripción para los derechos
salariales y prestacionales, incluyendo los perjuicios morales reclamados; salvo
para los aportes al Sistema General de Seguridad Social, que fue lo único que
como restablecimiento del derecho se concedió en la sentencia.

RECURSO DE APELACIÓN

28. La demandada interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que debe
revocarse la sentencia de primera instancia, porque el demandante no satisfizo los
requisitos que se mencionan en la jurisprudencia relativa a la nivelación salarial,
puesto que no logró acreditar la existencia del título universitario ni la preparación
requerida para desempeñarse como médico especialista en anestesiología.

29. Que si bien el Acuerdo 001 del 16 de abril de 1998, expedido por el Comité Nacional
del Ejercicio de la Anestesiología en Colombia permitía identificar a los médicos
generales que ejercían como anestesiólogos sin el respectivo título con
anterioridad al año 1991 (habilitados por la Ley 6ª de 1991 y el Decreto 97 de 1996),
era necesario demostrar que se había accedido a un programa de especialización
y acreditarlo dentro del término señalado.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. El 26 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación. La parte demandante
se opuso a los argumentos expuestos en la alzada y solicitó que se confirme la
sentencia. El Ministerio Público guardó silencio.

31. Se decidirá previas las siguientes,

5 SAMAI, gestión en otras corporaciones, índice 38, enlace al expediente digital. (Sentencia, página 21).
6
SAMAI, gestión en otras corporaciones, índice 38, enlace al expediente digital. (páginas 2 a 13 del cuaderno 2).

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CONSIDERACIONES

32. Corresponde a la Subsección definir si al actor le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de los aportes a seguridad social durante los años 1988 a
1998 por desempeñar el cargo y las funciones de médico anestesiólogo en la ESE
demandada.

33. Para efectos de dar solución se tendrá en cuenta el siguiente marco normativo.

Nivelación salarial cuando las funciones se equiparán a un cargo de mayor
jerarquía

34. En materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una entidad,
pero con menor salario al de su par, esta Subsección precisó las condiciones para
la procedencia de tal clase de pretensiones, al indicar:7

«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que
exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos (…)» (negrilla de la Sala).

35. La Corte Constitucional también ha precisado:8

«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo
también diferenciación ante situaciones desiguales...”[…]

Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la
Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-

42-000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado 25000-23-
42-000-2018-01454-01 (3652-2022).
8 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también

señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se ha
afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría,
igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma
y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio
del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de
trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]».

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ser igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los
siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen
la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv)
coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales. (…)» (Negrilla de la Sala).

36. Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de
las controversias derivadas del trabajo no puede ser formal sino objetivo y material,
tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional:9

«(…) Por lo tanto, no toda desigualdad o diferencia de trato en materia
salarial constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue
aquí la regla general la cual señala que un trato diferente sólo se
convierte en discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente
prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y razonables,
mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de
la diferencia se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. En
consecuencia, no toda diferencia salarial entre trabajadores que
desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo igual salario
igual”, como quiera que es posible encontrar razones objetivas que
autorizan el trato diferente.”

El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su
vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las
mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de
exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no
obstante, ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste
entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en
la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable, que
justifique la diferenciación.

Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones
admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de
criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de
la estructura institucional de las dependencias públicas en que se
desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii) la
distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se
generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos
empleos» (Cursiva según la transcripción).

9 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-

3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente: D-
113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de tutela
con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una regla jurisprudencial de
aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca la igualdad para
efectos de nivelación salarial.

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8

Radicado: 52001-23-33-000-2015-00016-01 (6306-2023)
En materia de pruebas, esta Subsección10 tiene dicho:

«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de
una diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y
demás condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo
cuya asignación es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un
criterio de igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un
trato disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba
fehacientemente que quien está en la supuesta situación desfavorable: a)
cumplía las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades que
las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica preparación o perfil
al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y c) acreditaba la
totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo cotejado»

Reglamentación de la especialidad médica de anestesiología

37. El artículo 1° de la Ley 6 de 1991, establece que la anestesiología “es una
especialidad de alto riesgo y debe tener un tratamiento laboral especial, por el
riesgo potencial a que están expuestos los pacientes y la permanente exposición
a inhalación de gases tóxicos, radiaciones y situaciones de estrés por parte del
anestesiólogo”.

38. En su artículo 2 ibid., menciona que dentro del territorio de la República de
Colombia, sólo podrá llevar el título de médico especializado en anestesiología y
reanimación y ejercer funciones como tal:

« a) El colombiano de nacimiento o nacionalizado 11que haya adquirido o
adquiera el título en medicina y cirugía de acuerdo con las leyes colombianas y
que haya realizado posteriormente su entrenamiento en un programa de
anestesiología en un hospital universitario o adscrito a una universidad
debidamente aprobado y reconocido por los organismos competentes del
Gobierno Nacional;

b) El médico colombiano o extranjero nacionalizado que haya adquirido o
adquiera el título de médico especializado en anestesiología y reanimación en
otro país, equivalente al otorgado en la República de Colombia y que esté
debidamente diligenciado y aprobado según las disposiciones legales y los
tratados o convenios vigentes sobre la materia ante el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 1. Podrá también ejercer como de médico especializado en
anestesiología y reanimación aquel que con anterioridad a la vigencia de la
presente ley haya obtenido el título correspondiente otorgado por facultades o

10 Ibidem.
11 Declarados inexequibles los apartes ... [la expresión "colombiano de nacimiento o nacionalizado", que aparece

en el literal a); y, b) la palabra "nacionalizado" que aparece en el literal c)] Sentencia de la Corte Constitucional C-
280 de 1995.

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escuelas universitarias o refrendado por la Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina, Ascofame, legalmente reconocidas por el Estado
colombiano.
PARAGRAFO 2. El médico cirujano que se encuentre realizando su
entrenamiento en anestesiología, dentro de un programa aprobado por el
Gobierno Nacional y respaldado, autorizado y supervisado por el centro
universitario y/o la facultad de medicina correspondiente.»

39. Se advierte que en el artículo 4º la citada ley estableció que: «Únicamente podrá
ejercer como profesional de la anestesiología en el territorio nacional, aquel
médico que haya realizado su entrenamiento en postgrado en anestesiología
en las facultades de medicina de los centros universitarios legalmente reconocidos
por el Gobierno colombiano.»12.

40. Por otra parte, en el artículo 12 ibid: «Los médicos que no acrediten la
especialización en anestesiología, pero que ejerzan como anestesiólogos,
deberán obtener su título de especialista, en un lapso no superior a cinco años
a partir de la sanción de esta Ley, para seguir desempeñándose como tales»13.

41. Con posterioridad, se expidió el Decreto 97 de 199614, a través del cual reglamentó
parcialmente la Ley 6 de 1991. En el artículo 2 se estableció que podrán ejercer la
especialidad de anestesiología dentro del territorio de la República de Colombia,
los siguientes:

«Las personas que hayan adquirido o adquieran el título de medicina y
cirugía de acuerdo con las leyes colombianas y que hayan realizado
posteriormente su entrenamiento en un programa de especialización en
Anestesiología y Reanimación legalmente aprobado en una Universidad con
Facultad de Medicina, debidamente reconocida por los organismos competentes
del Gobierno Nacional.

Los médicos colombianos o extranjeros que hayan adquirido o adquieran el
título de médico especializado en Anestesiología y Reanimación en otro país
equivalente al otorgado en la República de Colombia y que esté debidamente
aprobado según las disposiciones legales y los tratados o convenios vigentes
sobre la materia ante el Gobierno Nacional.

12 (Negrilla y subraya de la Sala).
13 (Negrilla y subraya de la Sala).
14 Por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 6 de 1991. El cual dispone: «(…) Los médicos no especializados

en Anestesia y Reanimación, solo podrán practicar procedimientos anestésicos en los casos de urgencia, y en
aquellos casos no remisibles debido a la condición clínica del paciente o a limitaciones de acceso geográfico, pero
siempre que medie la ausencia de un médico especializado en Anestesia y Reanimación. Los médicos que estén
cumpliendo con el Servicio Social Obligatorio, solo podrán suministrar anestesia en casos de urgencia.
Parágrafo - Los médicos no especializados en Anestesiología y Reanimación, y los profesionales de Odontología,
podrán practicar procedimientos anestésicos como la anestesia local o regional, en los casos propios de su ejercicio
profesional ordinario y habitual que no impliquen riesgo grave para la salud del paciente (…)».

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Podrá también ejercer como médico especializado en Anestesiología y
Reanimación aquel que con anterioridad a la vigencia de Ley que reglamenta la
especialidad médica de Anestesiología, haya obtenido el título correspondiente
otorgado por facultades o escuelas universitarias legalmente reconocidas por el
Estado Colombiano, o refrendado por la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina, Ascofame, legalmente reconocido por el Estado Colombiano.

El médico cirujano que se encuentre realizando su entrenamiento en
Anestesiología y Reanimación, dentro de un programa aprobado por el
Gobierno Nacional, respaldado, autorizado y supervisado por un Centro
Universitario y/o facultad de medicina correspondiente, de conformidad con
las disposiciones que reglamentan las relaciones docente-
asistenciales». (Negrillas y subraya de la Sala).

47. Ahora se tiene además que en el artículo 7 ibid., se dispuso que los médicos que
ejercían como anestesistas antes del 16 de enero de 1991, y que a la presente
fecha no hayan obtenido el título de especialistas en anestesiología y reanimación,
deberán acreditar académicamente dicha calidad, máximo dentro de los cinco (5)
años siguientes contados a partir de su vigencia, para poder continuar
desempeñándose como tal.

48. Estableció además que es indispensable que los médicos contemplados en dicha
disposición demuestren que están adelantando los trámites respectivos para
obtener el reconocimiento como especialistas en Anestesiología y Reanimación,
ante el Comité Nacional del Ejercicio para la Anestesiología en Colombia, en un
plazo no mayor de dos (2) años, a partir de la vigencia del decreto. Y precisó que
mientras se cumplen los términos estipulados en los incisos anteriores, los médicos
generales contemplados en ellos podrán ejercer la especialidad.

42. Del análisis de las normas citadas tenemos que, dentro de las posibilidades
legales, podía ejercer la función de médico especialista en anestesiología quien
tuviera ese título profesional, pero también las personas que hayan adquirido o
adquieran el título de medicina y cirugía y que hayan realizado o se encuentren
realizando su entrenamiento en un programa de especialización en Anestesiología
y Reanimación.

43. También considerando la especialidad de la función, para el legislador era
indispensable que el médico general y cirujano que quisiera desempeñar esa labor
tuviera el entrenamiento en anestesiología y Reanimación, dentro de un programa
universitario aprobado por el Gobierno Nacional.

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Resolución al caso concreto

44. Resulta necesario precisar que en la sentencia de primera instancia si bien se
encontraron acreditados los presupuestos para acceder a la pretensión de
nivelación salarial, tal derecho fue negado por concluir estaba prescrito. En
consecuencia, únicamente se accedió al reconocimiento y pago de los aportes
correspondientes a la seguridad social - pensiones de los períodos comprendidos
entre el 1º de enero de 1988 hasta el 17 de enero de 1998 por tratarse de derechos
imprescriptibles.

45. Se advierte además que, en el recurso interpuesto, la ESE demandada solicitó se
revoque la sentencia y en especial, el numeral tercero que reconoció los aportes a
seguridad social en favor del demandante por considerar que el actor no satisfizo
los requisitos que se mencionan en la jurisprudencia relativa a la nivelación salarial.

46. Para definir el asunto, debe la Sala analizar los elementos descritos por la
jurisprudencia para que pueda darse la nivelación salarial, pues el reconocimiento
del derecho a los aportes a la seguridad social, necesariamente dependen de si el
actor tiene o no derecho a esa pretensión.

47. Sobre ese punto, tenemos que corresponde al demandante acreditar no solo que
se cumplían las mismas funciones y se tenían iguales responsabilidades que las
del empleo comparado, sino que, además, se contaba con idéntica preparación o
perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado. Es decir, acreditar la
totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo cotejado.

48. En relación con los requisitos para el ejercicio del cargo, las funciones
desempeñadas y las responsabilidades, la Subsección encuentra que en el
expediente consta que el demandante obtuvo el título de doctor en “medicina y
cirugía” otorgado el 31 de julio de 1978 por la facultad de ciencias médicas de la
Universidad Central de la República de Ecuador y que fue refrendado por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 8447 de 16 de mayo de
1979 lo que le permitió su ejercicio en el territorio nacional15.

49. Que, en virtud de lo anterior, fue nombrado en la ESE demandada en el cargo de
médico general de consulta externa el 1° de junio de 198016 y tomó posesión el
mismo día ante la jefatura de personal, adjuntando todos los documentos de rigor
exigibles17.

15SAMAI, gestión en otras corporaciones, índice 38. Folio 44 del cuaderno 1 expediente físico.
16SAMAI, gestión en otras corporaciones, índice 38, enlace al expediente digital, folio 3 del documento identificado

como “cuaderno de pruebas expediente físico”.
17
Según consta a folio 164 ibid.

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50. En su demanda pretende el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y
pago de aportes a seguridad social teniendo en cuenta el cargo de médico
especialista (anestesiólogo).

51. En el presente asunto, no hay duda de que el actor tenía el título de «médico y
cirujano», sin embargo, no acreditó que con posterioridad a su obtención haya
realizado el entrenamiento requerido en un programa de especialización en
Anestesiología en una Universidad.

52. El incumplimiento de tal presupuesto de conformidad con el artículo 4 de la Ley 6
de 1991, no le permitía al actor ejercer la labor de anestesiología, pues según la
mencionada ley, únicamente podía prestar sus servicios en el territorio nacional,
aquel médico que haya realizado su entrenamiento en postgrado en esa
especialidad en las facultades de medicina de los centros universitarios legalmente
reconocidos por el gobierno colombiano. Lo anotado permite a la Sala concluir que
el demandante no contaba con la idoneidad para desempeñar el cargo de médico
anestesiólogo en el que pretende la nivelación salarial.

53. Tampoco encuentra la Sala que dentro de los cinco (5) años siguientes a la
sanción de la Ley 6 de 19918o dentro de los dos (2) años siguientes a la vigencia
del Decreto 97 de 199619 el actor haya acreditado que estaba adelantando los
trámites para la obtención del título y que, además, lo haya obtenido dentro del
límite máximo concedido de cinco (5) años siguientes contados a partir de la
vigencia del citado decreto. El incumplimiento de estos presupuestos impide
incluso el reconocimiento de salarios y prestaciones durante el plazo concedido,
pues desde la expedición de la Ley 6 el mismo legislador dispuso que era
indispensable tener el entrenamiento en anestesia sí se pretendía ejercer dichas
funciones y adicionalmente, adelantar los trámites encaminados a obtener el título
de especialista.

54. De acuerdo con lo anterior, no es posible que se le reconozca un salario superior,
bajo el fundamento de ejercer funciones de médico especialista pues ello
legalmente exige el cumplimiento de un perfil profesional que él claramente no
contaba.

18 Art. 12.
19 Art. 7.

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55. Sobre este asunto, la jurisprudencia de esta Subsección20 de manera reiterada ha
manifestado que para proceda el reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones producto de la nivelación salarial, es necesario que sello interesado
acredite que contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que
ocupa el cargo contrastado, presupuesto que, se reitera, no se acreditó.

56. En síntesis, el demandante desde el momento de su vinculación laboral conocía
que no contaba con el perfil profesional para el ejercer un cargo del nivel
especialista y si era su interés percibir una remuneración superior, le correspondía
acreditar la obtención del título, pues así lo estableció la normativa aplicable.

57. Por las razones expuestas la Subsección no comparte la sentencia de primera
instancia por lo que se revocará y en su lugar se negarán las pretensiones de la
demanda.

De la condena en costas en segunda instancia

58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

61. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante, por cuanto se accede en su totalidad a las peticiones del recurso de

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-

42-000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado 25000-23-
42-000-2018-01454-01 (3652-2022).

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apelación interpuesto por la demandada. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Nariño y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias al demandante, por los
motivos expuestos. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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