Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00231-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00231-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00231-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de marzo de 2026
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00231-01 (3329-2022)
Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00231-01 (3329-2022)
Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
Demandado: ESE – Hospital San José de Marsella
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Modifica parcialmente sentencia apelada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
del 24 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
2. Declarar la nulidad del Oficio 696 del 30 de noviembre de 2018, por medio
del cual el gerente (e) de la ESE Hospital San José de Marsella negó la petición
presentada por el señor Manuel Eduardo Sánchez Nieto relativa a la declaratoria
de existencia de la relación laboral encubierta entre las partes durante el período
comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de diciembre de 2016.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó declarar que entre las
partes existió una relación laboral, sin solución de continuidad, entre el 1 de abril
de 2009 y el 31 de diciembre de 2016.
1Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 1
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4. Como consecuencia de lo anterior, condenar a la entidad al
reconocimiento, liquidación y pago de los reajustes de salarios, auxilio de
transporte, subsidio de alimentación y demás prestaciones sociales adeudadas,
entre ellas: primas de servicios anual, de navidad y de vacaciones, vacaciones,
bonificación por recreación, bonificación por servicios prestados, cesantías e
intereses a las cesantías, compensación por aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, y demás emolumentos reconocidos a los empleados de planta de
la ESE.
5. Reconocer los aportes a pensión y su respectivo ajuste; la indemnización
por los pagos efectuados al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión
entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2009; así como la indemnización por el
no disfrute de los beneficios de la caja de compensación familiar.
6. Ordenar que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a los artículos
187, 188, 192 y 195 numeral 4 del CPACA.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
7. El señor Manuel Eduardo Sánchez Nieto prestó sus servicios en favor de
la ESE Hospital San José de Marsella de manera continua e ininterrumpida entre
el 1 de abril de 2009 y el 31 de diciembre de 2016, a través de órdenes de
prestación de servicios, distintas cooperativas de trabajo asociado y una
asociación sindical.
8. En detalle, explicó que entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2009 lo
hizo mediante órdenes de prestación de servicios.
9. A partir del 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2016 estuvo
vinculado como trabajador en misión, así: i) del 1 de enero de 2010 al 31 de julio
de 2012, mediante convenio individual de trabajo asociado en la Cooperativa de
Trabajo Asociado Multiplicadora de Servicios –CTA MULTISER–; ii) del 1 de
agosto de 2012 al 30 de junio de 2013, mediante acuerdo cooperativo en una
cooperativa de trabajo asociado; iii) del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de
2014, mediante acuerdo cooperativo en la Cooperativa de Trabajo Asociado Su
Futuro Hoy CTA y, iv) del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016,
mediante acuerdo asociativo con la Asociación Gremial Integración en Salud –
ASOINSALUD–.
10. Durante estos períodos, el demandante desempeñó los siguientes cargos:
i) «supernumerario»2 en facturación (1 de abril a 31 de diciembre de 2009); ii)
auxiliar administrativo en archivo (1 de enero de 2010 a 31 de julio de 2012); iii)
2 Se aclara que se le dio esa denominación, pero su vinculación se produjo por contrato de
prestación de servicios
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auxiliar administrativo en apoyo a la gestión documental (1 de agosto de 2012 a
30 de junio de 2014); y iv) auxiliar en apoyo a la gestión documental y archivo
central (1 de julio de 2014 a 31 de diciembre de 2016).
11. Señaló que la verdadera empleadora durante todo el tiempo de su
vinculación fue la ESE, pese a que gran parte de las contrataciones se realizaron
a través de intermediarias.
12. Entre las funciones desarrolladas por el actor se encontraban: orientar y
atender a los usuarios; verificar en las bases de datos que estos estuvieran
activos; regular el acceso de usuarios y visitantes a las distintas áreas del
hospital; facturar los servicios prestados conforme al procedimiento; velar por la
seguridad del área hospitalaria de acuerdo con el manual de seguridad; apoyar
la sistematización y distribución de la correspondencia; y actualizar la base de
datos, entre otras.
13. Además, debía asistir a reuniones convocadas por el jefe de recursos
humanos de la ESE, en las que se impartían instrucciones sobre las funciones a
ejecutar, y no podía ausentarse sin autorización de su jefe inmediato o del
gerente.
14. La subordinación se evidencia en que, incluso cuando prestó servicios
mediante intermediarias, estas le indicaban que debía acatar las órdenes de la
ESE. Tal circunstancia se acredita en el certificado expedido el 26 de marzo de
2012 por MULTISER, donde consta que debía cumplir «las demás funciones
asignadas por el superior inmediato relacionadas con la naturaleza del cargo».
15. Afirmó que las funciones realizadas eran inherentes a la entidad, pues
debió cumplir turnos y horarios impuestos por personal de la ESE, al igual que
los trabajadores de planta.
16. Igualmente, utilizó los elementos y equipos proporcionados por la entidad,
tales como implementos de vigilancia, equipos y papelería, entregados por el
gerente o su jefe inmediato.
17. Mediante escrito del 1 de diciembre de 2016, la Asociación Sindical
ASOINSALUD le informó la terminación del acuerdo asociativo a partir del 31 de
diciembre del mismo año.
18. En consecuencia, el señor Sánchez Nieto presentó reclamación
administrativa el 14 de agosto de 2018, solicitando el reconocimiento de la
relación laboral. No obstante, la ESE respondió negativamente mediante Oficio
696 del 30 de noviembre de 2018.
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1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
19. Se invocaron como vulnerados el Preámbulo y los artículos 2, 25, 53 y 209
de la Constitución Política. En cuanto a las disposiciones legales, se citaron:
Decreto 3135 de 1968 (arts. 8 a 11); Decreto 1848 de 1969 (arts. 43 a 49 y 51);
Decreto 1042 de 1978 (arts. 45 a 48, 58 y 59); Decreto 1045 de 1978 (arts. 8 a
26 y 28 a 33); Ley 50 de 1990; Ley 995 de 2005; y los Decretos 404 de 2006, 225
de 2016 y 2210 de 2016.
20. La continuidad en la prestación del servicio ya fuera de forma directa o
mediante terceros intermediarios, permite concluir que se configuró una relación
laboral sin solución de continuidad, la cual fue encubierta por la entidad mediante
diversas modalidades de vinculación, con el fin de desconocer los derechos
laborales y prestacionales que correspondían al demandante. En consecuencia,
deben reconocerse judicialmente sus pretensiones, en aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política.
1.4. Contestación de la demanda3
21. La ESE Hospital San José de Marsella contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones.
22. Frente a los hechos, sostuvo que el demandante no demostró la existencia
de una relación laboral con la ESE, ni que esta lo hubiera vinculado o autorizado
para prestar sus servicios como trabajador asociado o cooperado.
23. Agregó que la entidad no cuenta en su planta de personal con un cargo
que desarrolle las actividades ejecutadas por el actor, razón por la cual se acudió
a la contratación de personas jurídicas que asumieran dichas funciones.
24. En ese sentido, afirmó que la entidad, al cumplir con su obligación
institucional de prestar el servicio de salud, no pretendió conformar una nómina
paralela ni desconocer derechos, pues los servicios fueron ejecutados mediante
contratos de prestación de servicios con empresas de servicios temporales y con
asociaciones gremiales o cooperativas.
25. Finalmente, propuso como excepciones de mérito: i) prescripción, en el
entendido de que, de acreditarse la relación laboral, la reclamación de los
derechos se presentó después de transcurridos tres años desde la finalización
del vínculo con la ESE; ii) inexistencia de nexo de continuidad, dado que el
demandante tuvo diferentes vinculaciones sin que entre ellas existiera conexión
que permitiera configurarla; iii) inexistencia de relación laboral entre las
partes, pues no hubo contrato laboral ni subordinación o dependencia que
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sustentara las pretensiones; y iv) cobro de lo no debido, en tanto que, al no
haberse generado relación laboral alguna, no procede el reconocimiento de las
sumas reclamadas.
1.5. Sentencia de primera instancia4
26. El Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia el 24 de febrero de
2022 mediante la cual declaró la nulidad del acto acusado, negó la excepción de
prescripción trienal de los derechos laborales y, en consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a lo siguiente:
i) Reconocer y pagar las prestaciones sociales de orden legal a las que tenía
derecho el actor, tomando como base los honorarios pactados en los contratos
de prestación de servicios suscritos entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de
2009;
ii) Respecto del período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2016, cuando el actor estuvo vinculado como trabajador cooperado
o asociado a través de cooperativas de trabajo asociado y una asociación
sindical, ordenó el pago de las diferencias prestacionales frente al personal de
planta que desempeñaba un cargo similar y que no fueron cubiertas por el tercero
empleador;
iii) Tener en cuenta los honorarios pactados en todos los contratos celebrados
para calcular el Ingreso Base de Cotización (IBC) pensional, y efectuar los
aportes faltantes al fondo de pensiones. Para ello, el actor debe acreditar las
cotizaciones realizadas al sistema durante los vínculos contractuales y, en caso
de existir diferencia en su contra, asumir el porcentaje que legalmente le
corresponde como trabajador;
iv) Reconocer el tiempo laborado bajo contratos de prestación de servicios para
efectos pensionales; realizar los ajustes derivados de la condena; y no condenó
en costas.
27. Como sustento de esa condena el tribunal sostuvo que se configuraron los
elementos constitutivos de la relación laboral de la siguiente forma:
28. Prestación personal del servicio: Se acreditó que el demandante prestó
su labor a través de contratos de prestación de servicios con la ESE entre el 1 de
abril y el 31 de diciembre de 2009, desempeñando actividades en el área de
facturación y gestión documental.
29. Igualmente, según certificaciones laborales y declaraciones de los testigos
Norberto Marulanda Sierra y Fernando Andrés Ruiz, se demostró que el actor
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prestó sus servicios entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016 a
través de las cooperativas MULTISER, COOSALUD, SU FUTURO y la asociación
ASOINSALUD, cumpliendo funciones de auxiliar administrativo en las
dependencias de gestión documental de la ESE.
30. Remuneración: Por las funciones realizadas, el actor recibió una
contraprestación económica, según consta en las certificaciones de los contratos
de prestación de servicios y de las cooperativas de trabajo asociado y la
asociación sindical.
31. Subordinación: El Tribunal consideró acreditado este elemento a partir
de las cláusulas contractuales y de los testimonios de los señores Norberto
Marulanda Sierra y Fernando Andrés Ruiz, quienes indicaron: i) que el actor
estuvo sujeto a instrucciones y recibió órdenes de la jefe de personal, identificada
como Rosalba Osorio; ii) que prestó sus servicios en un horario de lunes a
sábado, sin poder ausentarse sin autorización de la jefe administrativa; iii) que
desempeñaba las mismas funciones que los auxiliares administrativos vinculados
a la planta.
32. Asimismo, dijo que al tratarse de funciones de carácter asistencial —
auxiliar administrativo—, se requería personal vinculado directamente al hospital
para ejecutarlas, ya que eran inherentes y necesarias conforme al objeto y
naturaleza de la entidad.
33. Respecto de los períodos laborados mediante cooperativas de trabajo
asociado y asociación sindical, el Tribunal precisó que el actor prestó sus
servicios durante más de dos años bajo estas figuras de tercerización laboral, lo
cual desnaturalizó la transitoriedad que las caracteriza y evidenció que las
funciones eran permanentes, propias de la ESE y ejercidas bajo subordinación.
34. Finalmente, negó los siguientes conceptos prestacionales solicitados por
el actor: aportes a la caja de compensación familiar, auxilio de transporte, prima
de servicios, subsidio de alimentación, sanción moratoria por el no pago de
cesantías e indemnización por el no pago de salarios y prestaciones sociales.
1.6. Recurso de apelación
35. La ESE Hospital San José de Marsella5 interpuso recurso de apelación,
solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia y la negación de
las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:
36. Alegó que en primera instancia se vulneró su derecho de defensa y
contradicción, al no valorarse los argumentos expuestos en la contestación de la
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demanda, ya que con las pruebas documentales y testimoniales del proceso se
demuestra que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar.
37. Que la parte demandante no logró aportar documento alguno que permita
determinar que efectivamente laboró en forma continua y subordinada para la
E.SE Hospital San José de Marsella; que el Tribunal se limitó a determinar tal
situación cuando el accionante enunció las actividades que supuestamente
desempeñaba, a la par que los testimonios solo dieron fe de su asistencia a las
instalaciones del Hospital, empero, los anexos allegados al proceso, que el
mismo demandante aportó, siendo estos los contratos celebrados con las
cooperativas, evidencian que su vínculo contractual fue claro desde el inicio y
que no evidencian relación directa ni indirecta con la entidad.
38. Respecto de los períodos laborados por el actor mediante cooperativas de
trabajo asociado, sostuvo que el tribunal desconoció la autonomía de dichas
organizaciones para asignar personal a otras entidades. Por lo tanto, no podía
atribuirse a la ESE la continuidad de las actividades del actor, ya que no era
responsable de las decisiones administrativas adoptadas por la cooperativa.
39. Añadió que, si bien la ESE suscribió contratos con diferentes cooperativas
por determinados lapsos, estos se celebraron para atender necesidades
específicas y, en todo caso, las actividades desarrolladas por el actor no
correspondían a funciones propias de la entidad.
40. Afirmó que no es cierto que la entidad hubiera pagado directamente los
servicios del actor, pues esa obligación correspondió a las cooperativas o
asociaciones con las cuales estuvo vinculado.
41. Que los documentos allegados no demuestran la existencia de
subordinación, ya que no acreditan una relación directa o indirecta entre el actor
y la ESE. Además, calificó de inciertas las afirmaciones de los testigos sobre
presuntas órdenes impartidas por la jefe de personal, pues esta únicamente
ejercía labores de supervisión respecto de los contratos suscritos con las
cooperativas. En consecuencia, las funciones de los trabajadores vinculados por
estas entidades no estaban sujetas a verificación directa por parte de la ESE.
42. Reiteró que no existe prueba que demuestre con claridad que la ESE
impartiera órdenes o instrucciones al actor.
43. En subsidio, solicitó que, en caso de reconocerse la existencia de una
relación laboral, se declare la prescripción, al considerar acreditado que el actor
no presentó la reclamación dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo.
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Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
44. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.
45. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.
46. En ese sentido, dado que solo apeló la entidad demandada, la resolución
del caso se ceñirá a los argumentos expuestos en el recurso.
2.2. Problema jurídico
47. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
¿Entre el señor Manuel Eduardo Sánchez Nieto y la ESE Hospital San José de
Marsella existió una relación laboral encubierta en el período reclamado en la
demanda directamente con órdenes de prestación de servicios, y de forma
tercerizada por medio de cooperativas de trabajo asociado y asociación sindical?
48. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual
acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte
actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocados en el escrito
inicial.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
49. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
50. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
51. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
52. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».
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2.4. De las cooperativas de trabajo asociado
53. Con ocasión a esas cooperativas la Ley 79 de 1998, señaló que su finalidad
no era otra que la de proveer de herramientas al sector cooperativo para poder
integrarse y desarrollarse de manera activa en la economía nacional, en pro de
la comunidad y del interés general, a través de la protección y vigilancia de dicho
sector; definiéndola en su artículo 70 como «aquellas que vinculan el trabajo
personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la
prestación de servicios».
54. Sobre ellas la Corte Constitucional en sentencia C-645 de 2011 señaló «[…]
Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de
un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo
sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos
[…] sus miembros deben sujetarse a unas reglas que son de estricta observancia
para todos los asociados, expedidas y aprobadas por ellos mismos, respecto del
manejo y administración de la misma, su organización, el reparto de excedentes,
los aspectos relativos al trabajo, la compensación, y todos los demás asuntos
atinentes al cumplimiento del objetivo o finalidad para el cual decidieron asociarse
voluntariamente que, en este caso, no es otro que el de trabajar conjuntamente
y así obtener los ingresos necesarios para que los asociados y sus familias
puedan llevar una vida digna».
55. En el Decreto 4588 de 2006, «por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado», se
reguló lo atinente a cuando se considera desnaturalizado el trabajo asociado y
las prohibiciones para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales en los artículos 16 y 17, así:
«Artículo 16. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea
enviado por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar
servicios a una persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida
en el artículo 17 del presente decreto, se considerará trabajador dependiente de
la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.
Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de
los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a
terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de
que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario
del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias
de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
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responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado» Negrillas de la Sala.
56. Así las cosas, se concluye que se desnaturaliza la finalidad con la que se
crearon las cooperativas, cuando son utilizadas para encubrir el desarrollo de
relaciones laborales subordinadas, estructurándose los tres elementos del
contrato de trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo en forma personal,
(ii) subordinación, y (iii) contraprestación por la labor ejecutada.
2.5. De los contratos sindicales
57. El artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo define los contratos
sindicales como aquellos que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores
con uno o varios empleadores o sindicatos patronales, para la prestación de
servicios o la ejecución de una obra mediante sus afiliados.
58. A su vez, el artículo 483 ibidem establece que el sindicato de trabajadores
que suscriba un contrato sindical responde por las obligaciones directas que
surjan de este, así como por aquellas que se pacten en favor de sus afiliados,
salvo en los casos de suspensión previstos en la ley y en las convenciones
colectivas, debido a su personería jurídica.
59. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1429 de 2010 —que reglamentó
los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo—, precisó que el
contrato sindical constituye una institución jurídica de derecho colectivo, a través
de la cual los sindicatos pueden participar en la gestión de las empresas y en la
promoción del trabajo colectivo.
60. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que esta tipología contractual
busca consolidar un trabajo organizado, cooperativo y autogestionado, en el cual
un grupo de trabajadores asociados pone su fuerza de trabajo al servicio de uno
o varios empleadores para la ejecución de obras o servicios. No obstante, la
misma jurisprudencia8 ha advertido que los contratos sindicales no pueden ser
utilizados para desconocer los derechos y garantías mínimas de los trabajadores.
61. En esa línea, la Subsección B de esta Sección ha explicado en decisión
previa9 que la vulneración de los derechos y las garantías mínimas de los
trabajadores se concreta, por ejemplo, cuando mediante las vinculaciones de
agremiación sindical se encubre el desarrollo de una relación laboral dependiente
entre un tercero empleador beneficiado y el trabajador sindicalizado, con la
configuración de los tres elementos de la relación laboral, a saber: i) prestación
personal del servicio; ii) remuneración y, iii) subordinación.
8 Sala de casación laboral, fallo de 30 de junio de 2021, radicación 79229 (SL-3086-2021).
9 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Subsección B, sentencia del
cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023). C.P: Carmelo Perdomo Cuéter. Radicado: 20001-23-39-
000-2017-00410-00 (4521-2022)
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00231-01 (3329-2022)
Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
62. Es así como que, a partir de este criterio, esta Subsección ha proferido
decisiones en que se ha concluido que a través de asociaciones sindicales
entidades del Estado encubren una verdadera relación laboral entre ella y el
asociado sindicalizado, lo que ha conducido a la declaratoria del contrato realidad
entre las partes10.
2.6 Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
63. Como primer punto, se observa que el recurrente alegó que el tribunal
desconoció su derecho de defensa, al no tener en cuenta los argumentos
planteados en la contestación de la demanda.
64. La Sala precisa que el derecho de defensa del demandado se encuentra
ligado al debido proceso, en tanto le permite controvertir los cargos formulados
por la parte actora. En particular, este derecho se ejerce a través de dos
mecanismos: i) la presentación de excepciones previas, y ii) la formulación de
excepciones de mérito.
65. Las excepciones previas buscan subsanar irregularidades procesales con
el fin de evitar decisiones inhibitorias. Por su parte, las excepciones de mérito
materializan el derecho a la contradicción y la defensa, pues mediante ellas se
controvierte la postura del demandante expuesta en los hechos, pretensiones y
concepto de violación.
66. En este sentido, el artículo 96 del Código General del Proceso —aplicable
por remisión del artículo 306 del CPACA— establece que la proposición de las
excepciones de mérito debe indicar su fundamento fáctico, es decir, los hechos
en que se apoya la contradicción de las pretensiones.
67. Dicho esto, el Tribunal decidió no analizar de fondo las excepciones
propuestas por la entidad, al considerar que no constituían verdaderas
excepciones, pues no planteaban hechos nuevos, sino que se limitaban a
contradecir los argumentos de la demanda.
68. Ante esto, la Subsección considera que le asistió razón al a quo, pues al
revisar los argumentos expuestos por la entidad en las excepciones de mérito —
consignadas en el párrafo 26— se concluye que no introdujeron hechos nuevos
que controvirtieran los de la demanda, limitándose a sostener que no se
configuró una relación laboral y que, por ende, no procedía el restablecimiento
del derecho.
10 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Subsección A, sentencia del
dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023). C.P: Gabriel Valbuena Hernández. Radicado: 19001
23 33 000 2017 00123 01 (0921–2021)
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Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
69. Aun así, los argumentos de la entidad se tomaron como posturas
defensivas que, al ser desvirtuadas dentro de la sentencia, conllevaron a que se
configurara para el Tribunal la existencia de la relación laboral encubierta. De
suerte que no es de recibo el argumento del recurso relativo a que en la sentencia
de primera instancia no se tuvieron en cuenta sus planteamientos al sustentar la
decisión final, pues lejos de vulnerar el derecho de defensa, los planteamientos
de la contestación fueron debatidos en la decisión ahora apelada.
70. En los términos anteriores, la Subsección considera impróspero este
argumento del recurso de apelación.
71. Al entrar en el estudio de los elementos de la relación laboral en el caso
concreto, se observa que el actor acreditó la prestación personal de sus
servicios en la ESE Hospital San José de Marsella, tanto de manera directa
mediante órdenes de prestación de servicios, como a través de cooperativas de
trabajo asociado y una asociación sindical, entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de
diciembre de 2016.
72. En detalle, según el certificado del 22 de julio de 2014 expedido por el
profesional universitario de la ESE11 y las copias de las órdenes de prestación
de servicios12, se extrae que el demandante prestó sus servicios directamente
con la entidad entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2009, asimismo, se
aclara que aunque en los objetos contractuales se estableció que el contratista
realizaría remplazos en el área de facturación y prestaría sus servicios como
supernumerario en ella, lo cierto es que su vinculación fue por órdenes de
prestación de servicios; así:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
orden
13 de 2009 Realización de remplazos en el área 1 de abril de 2009 30 de abril de $492.624
de facturación de la ESE Hospital 2009
San José de Marsella Risaralda
21 de 2009 Servicios prestados como 1 de mayo de 4 de junio de 2009 $995.200
supernumerario realizando 2009
reemplazos eventuales en el área
de facturación cuando la ESE
Hospital San José de Marsella
Risaralda lo requiera
24 de 2009 Servicios prestados como 1 de junio de 27 de junio de $258.752
supernumerario realizando 200913 2009
reemplazos eventuales en el área
de facturación cuando la ESE
Hospital San José de Marsella
Risaralda
Interrupción 4 días hábiles
11 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 77
12 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 págs. 79 – 94
13 Aunque se observen superposiciones entre la finalización del contrato 21 de 2009 y el inicio del contrato
24 de 2009, esta información proviene directamente del certificado expedido el 22 de julio de 2014 por el
profesional universitario de la ESE demandada referente a los extremos del servicio del demandante, así
como de las copias de estos que reposan en el expediente. De suerte que debe concluirse que el actor
prestó simultáneamente los contratos 21 y 24 de 2009 entre el 1 y 4 de junio de ese año.
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Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
26 de 2009 Servicios prestados como 6 de julio de 2009 31 de julio de $636.928
supernumerario realizando 2009
reemplazos eventuales en el área
de facturación cuando la ESE
Hospital San José de Marsella
Risaralda
Interrupción un día hábil
32 de 2009 Servicios prestados como 4 de agosto de 29 de agosto de $477.696
supernumerario realizando 2009 2009
reemplazos eventuales en el área
de facturación cuando la ESE
Hospital San José de Marsella
Risaralda
Interrupción un día hábil
39 de 2009 Servicios prestados como auxiliar 1 de septiembre 31 de diciembre $3.200.000
administrativo prestando apoyo en de 2009 de 2009
el área de facturación y archivo de la
ESE Hospital San José de Marsella
Risaralda
73. La Cooperativa de Trabajo Asociado Multiplicadora de Servicios –
MULTISER– certificó el 26 de marzo de 201214 que el señor Manuel Eduardo
Sánchez Nieto prestó sus servicios como auxiliar administrativo en el archivo
central, en calidad de trabajador asociado, en favor de la ESE. Mediante
constancia del 30 de mayo de 201815, la cooperativa complementó esta
información indicando que el actor estuvo vinculado entre el 1 de enero de 2010
y el 31 de julio de 2012. En el expediente obran además los contratos de
prestación de servicios celebrados entre la ESE y MULTISER16.
74. La Cooperativa de Trabajo Asociado en Salud –COOPSALUD–, por
intermedio de su gerente, certificó el 15 de julio de 201417 que el actor estuvo
asociado a dicha cooperativa entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de junio de
2014, desarrollando actividades de gestión documental en la ESE. En el
expediente reposan los contratos de prestación de servicios celebrados entre la
entidad y COOPSALUD18.
75. La Cooperativa de Trabajo Asociado Su Futuro Hoy CTA certificó el 15 de
mayo de 201819 que el demandante, en calidad de asociado, prestó servicios
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2014 como auxiliar administrativo en
la ESE, con fundamento en un convenio de trabajo asociado. También obran en
el expediente los contratos de prestación de servicios suscritos entre la ESE y
esta cooperativa20.
76. La organización sindical –ASOINSALUD– dejó constancia, en memorial
del 16 de enero de 201721, que el señor Manuel Eduardo Sánchez Nieto estuvo
14 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 50
15 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 47
16 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 108, 114, 120 y 126
17 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 56
18 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 149, 164 y 175
19 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 63
20 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 191, 223 y 238
21 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 57
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Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
vinculado como afiliado partícipe desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2016, devengó como compensación mensual la suma de
$1.007.873 y desarrolló actividades de apoyo en gestión documental como
auxiliar de archivo, en virtud de un acuerdo asociativo sustentado en los
contratos sindicales previamente suscritos con la ESE22.
77. En suma, se concluye que el demandante prestó sus servicios en favor de
la ESE demandada así: i) entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2009,
directamente mediante órdenes de prestación de servicios en facturación y
archivo; ii) entre el 1 de mayo de 2010 y el 31 de julio de 2012, a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado MULTISER, como auxiliar administrativo en
archivo central; iii) entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de junio de 2014,
mediante la Cooperativa de Trabajo Asociado en Salud COOPSALUD, en
gestión documental; iv) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2014, mediante
la Cooperativa de Trabajo Asociado Su Futuro Hoy CTA, como auxiliar
administrativo en archivo; y v) entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre
de 2016, a través de la organización sindical ASOINSALUD, también como
auxiliar administrativo en archivo.
78. Por otra parte, en cuanto la contraprestación, que se refiere a los
emolumentos recibidos por el contratista durante la ejecución de las actividades
convenidas, para la Subsección este requisito se prueba de la siguiente forma:
79. Entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2009: Obran en el expediente
las órdenes de prestación de servicios y el certificado expedido por la ESE el 22
de julio de 2014, que acreditan los honorarios recibidos por el demandante.
80. Entre el 1 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2014: En el recurso
de alzada la entidad censuró que en primera instancia se considerara que este
requisito se acreditó, pues quien cumplió con la carga de pagar los honorarios
del demandante fueron las empresas que directamente lo vincularon.
81. Y lo cierto es que se encuentra probado tal elemento de la relación laboral,
pues los certificados expedidos por las cooperativas y la organización sindical
evidencian los pagos efectuados al demandante durante sus períodos de
vinculación cooperativa y asociativa.
82. Ahora, la circunstancia de que en este lapso quien haya sufragado
directamente los honorarios percibidos por el demandante hayan sido las
cooperativas y la organización sindical no desdibuja la configuración del requisito
en estudio, pues precisamente el análisis de la relación laboral encubierta
conlleva a que se acredite que se utilizaron estas para desdibujar el verdadero
vínculo con la entidad, quien se benefició con los servicios prestados.
22 Índice 15 aplicativo SAMAI – primera instancia - Cuaderno 1 pág. 180
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83. Así las cosas, para la Sala sí se encuentra acreditado el requisito de la
contraprestación a favor del demandante durante los períodos en que estuvo
vinculado mediante cooperativas de trabajo y la asociación sindical. No obstante,
debe advertirse que dicho elemento por sí solo no resulta suficiente para
demostrar la existencia de una relación laboral encubierta entre la entidad y el
actor, pues se requiere, además, la verificación del elemento de la subordinación,
el cual se analizará a continuación.
84.
En efecto, el elemento esencial de la relación laboral es la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala sobre este elemento
ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el esquema
organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,
mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el
estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a
los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita
la superioridad jerárquica contenida de la subordinación».
85. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de
establecer si el contratista estuvo subordinado al demandado durante la
ejecución de los contratos.
86. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
87. En esos términos, con las pruebas aportadas se acreditó que, como lugar
de trabajo, el demandante tuvo las instalaciones de la ESE Hospital San José
de Marsella.
88. Por otra parte, con las declaraciones rendidas en el proceso, se deduce
que el demandante cumplió un horario de trabajo determinado por la entidad a
partir de cuadros de turnos.
89. En efecto, el señor Norberto Marulanda Sierra23 explicó que durante el
tiempo en que el actor prestó sus servicios se cumplía el mismo horario que el
personal de planta, el cual se extendía entre las 7:00 a.m. y las 12:00 p.m. y entre
las 1:00 p.m. y las 6:00 p.m.
23 El testigo en extenso indicó: «Pregunta: ¿Qué horarios se cumplían para el cumplimiento de las funciones
de Don Manuel, si lo recuerda? Contestó: Durante el tiempo que estuvo como auxiliar administrativo en el
área de archivo, se cumplía el mismo horario del personal de planta (…) era de siete y media a doce del
mediodía, de una y media a seis y media. Cuando la semana tenía lunes, festivos, los miércoles
trabajábamos de siete a dos, más o menos ese era como el horario que se manejaba».
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Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
90. Por su parte, el señor Fernando Andrés Ruíz indicó que en la ESE que se
cumplía un horario de servicios, los cuales se establecían en un cuadro de
turnos24.
91. En todo caso, es de resaltar que para la Sala de Subsección el
cumplimiento de un horario no debe entenderse como un aspecto que, en su
análisis particular y aislado, configure el elemento de la subordinación en la
relación laboral encubierta. Por el contrario, el cumplimiento del horario debe
entenderse, en los contratos de prestación de servicios, como un parámetro
lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el contratante
a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido25.
92. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.
93. La ESE, en el recurso de apelación, sostuvo que no existe evidencia que
acredite una relación directa entre ella y el demandante, ni que se hubieren
impartido órdenes en el desarrollo del servicio contratado.
94. Para la Sala, no le asiste razón al recurrente, pues el análisis del acervo
probatorio, a la luz de las reglas jurisprudenciales emanadas de esta Sección,
permite concluir que el demandante, en la ejecución de sus actividades, estuvo
sujeto a la dirección y control efectivo de la entidad.
95. En efecto, con las pruebas documentales se acreditó que el señor Manuel
Eduardo Sánchez Nieto, en los períodos en que prestó sus servicios mediante
órdenes de prestación de servicios y posteriormente a través de cooperativas de
trabajo asociado y una asociación sindical, desempeñó labores de facturador y
auxiliar administrativo en archivo dentro de la ESE Hospital San José de Marsella.
24 En detalle, el testigo dijo: «Pregunta: Usted de lo que recuerda, ¿qué tanta autonomía tenía don Manuel
para el ejercicio de sus funciones? ¿Qué tanta autonomía? Autonomía, él podía ir a la hora que quisiera, él
hacía lo que quisiera siempre y cuando cumpliera con una función o él estaba sometido a la subordinación
de alguien. Contestó: Sí, siempre, ya todos los empleados de cooperativa, inclusive los de planta pues,
siempre estábamos sometidos a las órdenes de la administradora, de doña Rosalba. Pero uno ya no podía
ir a la hora que quisiera, se respetaban los horarios y los cuadros de turnos cuando existían los cuadros de
turnos».
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
de 3 de octubre de 2022. Expediente: 25000-23-42-000-2013-04575-01 (2611-2016) CP Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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96. En detalle, se observa que el certificado del 26 de marzo de 2012 expedido
por la cooperativa MULTISER explicó que dentro de las funciones del
demandante se encontraban las siguientes: recepcionar, clasificar y distribuir la
correspondencia que entra y sale de la entidad mediante el sistema de gestión
documental de la entidad; apoyar la sistematización y distribución de la
correspondencia de la entidad; elaborar y actualizar las bases de datos de la
correspondencia y la distribución de las publicaciones de la entidad; clasificar la
correspondencia de la entidad, según planillas de control de acuerdo con la
estructura orgánica; recibir, radicar, clasificar y distribuir a las diferentes a las
diferentes empresas de mensajería contratadas por la entidad, el correo urbano,
nacional departamental e internacional de la entidad; elaborar las bases de
datos documental de la entidad; elaborar las bases de datos del acervo
documental de la entidad; recepcionar, clasificar, depurar, levantar actas de
eliminación de documentos para la microfilmación; responder por la seguridad de
los equipos y elementos de trabajo; depurar, seleccionar y levantar actas de
eliminación de documentos para proceder al reciclaje (…); atender solicitudes
verbales o telefónicas de los clientes internos del archivo central; controlar
el archivo central de la entidad y responder por la consecución oportuna de la
información solicitada; llevar el registro de la correspondencia recibida y
despachada; servir de apoyo a los procesos sistematizados cuando se requiera
y las demás funciones asignadas por el superior inmediato relacionadas
con la naturaleza del cargo.
97. Asimismo, los contratos de prestación de suscritos entre COOPSALUD y
ASOINSUALUD con la ESE especifican las funciones realizadas por el
demandante, referidas a los procesos de auxiliar administrativo en archivos, de
la siguiente forma:
«Actividades en el archivo general y ventanilla única
Objetivo: Preservar el patrimonio documental de la empresa, mediante procesos
eficaces que faciliten el acceso oportuno a la información:
1. Implementar y actualizar las tablas de retención documental. Con el fin de cumplir
con la ley de archivo.
2. Administrar el programa de la ventanilla única institucional, conforme a lo
establecido en los procesos institucionales y la normatividad vigente.
3. Capacitar y asesorar a los funcionarios de la institución en procesos y
procedimientos de gestión documental de acuerdo a la reglamentación.
4. Realizar transferencias documentales de acuerdo a procesos institucionales.
5. Organización de los documentos transferidos en el archivo central de acuerdo a
la ley general de archivo.
6. Realizar proceso de depuración de las historias clínicas del archivo gestión al
archivo central. Con el fin de cumplir con la normatividad.
7. Realizar el proceso de gestión de archivo de la institución de acuerdo a la ley
general de archivo.
8. Orientar al usuario que requiere de los servicios de la ESE, con el fin de
cumplir la misión institucional».
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Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
98. Por su parte, el demandante al absolver el interrogatorio de partes indicó
que, en un primer momento, prestó los servicios de auxiliar administrativo en
facturación y, posteriormente, cuando fue vinculado a las empresas
intermediarias, cumplió actividades como auxiliar de archivo; añadiendo que, en
todo momento podía la jefe de personal solicitarle realizar funciones de
facturación o portería26.
99. En línea con lo anterior, la señora Rosalba Osorio Betancur, al
interrogársele sobre las funciones cumplidas por el demandante, expuso que
realizó varias, dentro de las que se encuentra prestar el servicio de portería y
auxiliar de archivo27.
100. El señor Norberto Marulanda Sierra adujo que el actor prestó sus servicios
en el área de facturación y posteriormente como auxiliar en el área de archivo 28.
Fernando Andrés Ruíz, a su turno, indicó que las funciones del demandante eran
de auxiliar administrativo, y aunque no recordaba el nombre puntual del cargo,
las obligaciones se ceñían a recibir documentación, registrarla y hacerla llegar al
destino final29.
101. Adicionalmente, en el interrogatorio de parte, el señor Sánchez Nieto
manifestó que durante todo el lapso de su vinculación estaba supeditado a las
órdenes de la jefatura administrativa, la gerencia y el personal médico de la
entidad30.
26 En detalle, se dijo en el interrogatorio de parte lo siguiente: «Pregunta: ¿me puede decir usted cuáles eran
las actividades que realizaba don Manuel? Contestó: Había dos partes. En la cooperativa ya entré
directamente a elaborar actividades tanto de auxiliar administrativo en facturación como la parte de archivo.
Que fue en la que yo me especialicé ya de lleno. Pero en la primera parte de lo que yo trabajé con las
cooperativas, yo colaboraba igual en la parte de facturación como en la parte de archivo. Incluso hasta
finalización de la labor mía ya en el 2016, eventualmente cuando se requería por X o Y razón de que había
algún faltante en la portería, pues me solicitaba a doña Rosalba que si podía ir a colaborarle a la puerta o a
facturación».
27 La testigo explicó: «Pregunta: ¿Siempre le ha correspondido las mismas funciones? Contestó: Yo creo
que él estuvo en varios cargos, doctor. Pregunta: ¿Cuáles son esos cargos? Si lo recuerda. Contestó: Él
estuvo en portería y en la última parte que estuvo, estuvo en el archivo (…) Pregunta: ¿usted tiene
conocimiento si don Manuel al realizar diferentes labores, es decir, en cada uno de los contratos, cambiaban
sus actividades? Contestó: Pues él estuvo con, al principio estuvo en portería y ya lo último que yo recuerdo
estuvo en archivo, de esas dos cosas es que recuerdo que él estuvo, sí. Pregunta: ¿De pronto o en portería
o en el archivo realizaba las mismas actividades? Contestó: No, no eran las mismas, las de portería eran
muy diferentes, tenía que facturar, estar ahí pendiente de la puerta y el archivo era toda la gestión
documental».
28 En específico, el testigo dijo: «(…) Bueno, pues el señor Manuel Eduardo inició como haciendo actividades
varias en el área de facturación. Allí estuvo vinculado algún tiempo. Luego él se desempeñó como auxiliar
administrativo con diferentes funciones en el área de archivo, en el área de gestión documental (…)».
29 El testigo sobre este punto explicó lo siguiente: «Pregunta: ¿Todas las circunstancias que usted recuerde
de esa relación que sostuvo al señor Manuel con el hospital San José? Contestó: Bueno, yo lo recuerdo
cuando entramos, se desempeñó todo el tiempo prácticamente en el área del archivo. No recuerdo muy bien
cómo era que se llamó, el título, pues el cargo de él. Creo que era el auxiliar administrativo, pero era de
archivo de gestión. Creo que era él. El nombre que tenía, pues el puesto de. Y pues la función de él veía yo
era recibir la documentación, como hacerle una especie de registro en el sistema y hacerla llegar al destino
final».
30 En extenso, se indicó lo siguiente: «Desde el principio con la cooperativa, todo se ordenaba desde la
jefatura administrativa de la cual era encargada la señora Rosalba Osorio. En principio había como una
persona de nosotros mismos, de los trabajadores, encargada de recoger toda la información para ellos
tramitar asimismo las cuentas de cobro para pagar a cada uno de nosotros como afiliados a esas
cooperativas. Eso era la finalidad de la persona que se nombraba como coordinadora. Pero igual esta
persona lo que tenía que hacer era ir recogiendo la información precisamente para eso, aparte de cumplir
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Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
102. El señor Norberto Marulanda Sierra adujo que en la prestación del servicio
tanto él como el demandante eran enviados a capacitaciones por parte de
personal de la entidad, y que en los períodos en que alguno de los dos iba a
capacitaciones el otro era ordenado por la entidad a cubrir el puesto de quien se
capacitaba. Asimismo, Fernando Andrés Ruíz afirmó que el actor siempre estuvo
sometido a las órdenes impuestas por la administración de la entidad31.
103. De lo anterior se extrae que las funciones realizadas por el demandante
eran propias e inherentes a la ESE. Nótese que, de los certificados y contratos,
se desprende que debió: (i) apoyar la sistematización y correspondencia de la
entidad, (ii) elaborar y actualizar las bases de datos, (iii) clasificar la
correspondencia, (iv) atender las solicitudes de los clientes internos del archivo
central, (v) administrar y programar la ventanilla única institucional, (vi) orientar a
los usuarios que requerían los servicios de la ESE y (vii) ejecutar las demás
funciones asignadas por el superior inmediato relacionadas con la
naturaleza del cargo.
104. Asimismo, el demandante y la testigo Rosalba Osorio Betancur señalaron
que, en cierto período, sus funciones se ceñían al servicio de portería en la ESE;
mientras que los señores Norberto Marulanda Sierra y Fernando Andrés Ruíz
explicaron que, durante todo el tiempo de vinculación, el actor debía acatar las
instrucciones impartidas por el personal de planta de la entidad. Esta
circunstancia se corrobora con lo establecido en los documentos contractuales,
donde se especificaba que a su cargo se encontraban no solo las funciones
descritas, sino también todas aquellas que le asignara su superior inmediato, de
acuerdo con la naturaleza del cargo.
105. En ese contexto, la Sala concluye que las funciones ejecutadas por el
demandante eran direccionadas en tiempo, modo y lugar por la ESE, en la
medida en que correspondían a actividades esenciales, mecánicas e
institucionalizadas de los procesos internos de facturación y gestión documental.
Situación que de manera categórica excluye la posible independencia y
autonomía del demandante en la prestación del servicio y, por el contrario,
evidencia la existencia del ius variandi en su labor, pues estas eran asignadas y
con las labores de contratación que exigía el hospital (…) Pregunta: Y pues yo lo hacía con el mayor de los
gustos. Don Manuel, ¿cuál era la relación suya y la de doña Rosalba? Contestó: Relación laboral,
básicamente de una jefe en la que le dice a uno qué hacer, qué no hacer, con qué formato y a quién y a
quiénes, claro (…) Pregunta: Aparte de la señora Rosalba, ¿usted quién más le daba instrucciones?
Contestó: El gerente, obviamente, el director de todos los médicos, lo que hoy se llama creo que coordinador
científico o algo así. Pregunta: ¿Qué tipo de órdenes le daba? Contestó: Órdenes, por ejemplo, de preparar
o de recibirle documentos a X o Y persona que llegara a prestar los servicios, de buscar una historia clínica,
de sacarle las copias a toda la información que se encontraba en el archivo»
31 El testigo explicó sobre este punto: «Pregunta: Usted de lo que recuerda, ¿qué tanta autonomía tenía don
Manuel para el ejercicio de sus funciones? ¿Qué tanta autonomía? Autonomía, él podía ir a la hora que
quisiera, él hacía lo que quisiera siempre y cuando cumpliera con una función o él estaba sometido a la
subordinación de alguien. Contestó: Sí, siempre, ya todos los empleados de cooperativa, inclusive los de
planta pues, siempre estábamos sometidos a las órdenes de la administradora, de doña Rosalba. Pero uno
ya no podía ir a la hora que quisiera, se respetaban los horarios y los cuadros de turnos cuando existían los
cuadros de turnos».
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dirigidas por el personal de planta de la entidad, tal y como se afirmó en las
declaraciones.
106. Además, el hecho de que en las cláusulas contractuales celebradas a
través de intermediarias se dispusiera que únicamente el actor debía realizar los
procesos institucionales de la ESE, y que sus superiores podían asignarle labores
adicionales no previstas inicialmente, demuestra para la Subsección la existencia
de una intermediación laboral. Ello, por cuanto las cooperativas de trabajo
asociado y la agremiación sindical fueron utilizadas —en contravía de su finalidad
legal— para desconocer derechos laborales y cubrir de manera permanente los
servicios esenciales de la ESE mediante el demandante, bajo una continua
subordinación.
107. De modo que, para la Subsección, existen suficientes elementos de juicio
que permiten concluir, contrario a lo afirmado por la entidad en el recurso de
alzada, que las funciones desplegadas por el accionante comportaron el
elemento de subordinación y no de simple coordinación, por cuanto es evidente
que no podía desarrollar sus actividades sin estar sujeto a las órdenes e
instrucciones de sus superiores.
108. Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si
bien se declaró la existencia de una relación laboral encubierta, ello no implica
que el demandante obtenga la categoría de empleado público, pues no median
los componentes a fin de declarar una relación legal o reglamentaria en los
términos del artículo 122 de la Carta Política.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
109. Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre
el demandante y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o
no de interrupción en alguno de sus períodos, para determinar la posible
prescripción trienal de los derechos prestacionales que deben ser reconocidos
de conformidad con lo ordenado en las sentencias de unificación de 26 de agosto
de 2016 proferida por esta Sección32 y de 9 de septiembre de 202133.
110. Así entonces, el material probatorio revela que el demandante inició
labores el 1 de abril de 2009 y culminó el 31 de diciembre de 2016, lapso en el
cual se presentaron las siguientes interrupciones:
32 «1. Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el contrato realidad, en
particular en lo concerniente a la prescripción, en el sentido de que: (…) (vi) el estudio de la prescripción en
cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación
laboral;(…)» Consejo de Estado Sección Segunda Sentencia Unificación Bogotá, D.C, veinticinco 25 de
agosto de dos mil dieciséis (2016). Rad Int: (0088-2015). C.P: Carmelo Perdomo Cueter.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Sentencia Unificación
Bogotá, D.C, 9 de septiembre de 2021. Rad SUJ-025-CE-S2-2021.
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111. Órdenes de prestación de servicio:
28 de junio de 2009 al 6 de julio de 2009 (4 días hábiles)
1 de agosto de 2009 al 3 de agosto de 2009 (un día hábil)
30 de agosto de 2009 al 1 de septiembre de 2009 (un día hábil)
112. Tiempo laborado mediante cooperativa de trabajo asociado y
asociación sindical: En estos lapsos no hubo interrupciones, pues los servicios
del actor fueron continuos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de
2016 en las cooperativas MULTISER, COOPSALUD y Su Futuro Hoy CTA, así
como en la organización sindical ASOINSALUD.
113. En ese sentido, se aprecia que entre la finalización de un vínculo y el
comienzo del siguiente no se presentaron interrupciones significativas y
superiores a los 30 días hábiles, término que ha dispuesto esta Corporación
jurisprudencialmente34 como razonable para entender que operó el fenómeno de
la solución de continuidad entre cada uno de los contratos de prestación de
servicios.
114. Asimismo, la reclamación administrativa se presentó el 30 de noviembre
de 2018, es decir, dentro de los tres (3) años siguientes a la finalización del último
vínculo laboral del demandante; la respuesta el 30 de noviembre de 2018 y la
demanda se instauró el 22 de marzo de 2019.
115. En consecuencia, no se configuró el fenómeno de la prescripción trienal
de las prestaciones sociales a reconocer en favor del demandante entre el 1 de
abril de 2009 y culminó el 31 de diciembre de 2016, desvirtuándose lo indicado
por la entidad en el recurso de apelación.
Del reconocimiento de las prestaciones sociales ordenados en la sentencia
de primera instancia
116. Una vez corroborada la existencia de la relación laboral y procede el
estudio del restablecimiento del derecho del actor. Esto, se materializa a partir
del reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir durante su
labor de auxiliar administrativo con ocasión a los contratos de prestación de
servicios celebrados con la entidad demandada.
117. El a quo en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
condenó a la ESE —a título del restablecimiento del derecho— al pago de lo
siguiente: i) las prestaciones sociales de orden legal que tenía derecho el
demandante entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2009, cuando prestó sus
servicios mediante órdenes de prestación de servicios, tomando como base los
34
SUJ-025-CE-S2-2021.
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honorarios; ii) las diferencias prestacionales frente a las prestaciones sociales
recibidas por el personal de planta de un cargo similar que no fueron cubiertas
por el tercero empleador, entre el.
118. Para la Sala, esta orden plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro quién debe definir, ni
bajo qué criterios cuál sería el servidor público con el que debe equipararse el contratista
y, si tal determinación se delega a la entidad demandada, surgen inmediatamente unos
interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir de allí, revisar el manual
de funciones para establecer cuál servidor cumplía funciones similares?, ¿La
comparación debe hacerse conforme al perfil profesional del demandante?, ¿Deberá
tener en cuenta únicamente la formación del beneficiario de la orden, su experiencia, o
solo el monto de los honorarios que devengaba?
119. Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente prueba
suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta con el cual
deba efectuarse la equiparación. En esas condiciones, cualquier decisión en ese sentido
devendría incierta, impidiendo su cumplimiento material y efectivo.
120. Además, debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible
equivalencia se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que
se superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la
entidad. En este punto, es pertinente advertir que ni siquiera en aquellos eventos en que
se persigue la nivelación salarial este es un ejercicio posible pues, aunque la parte
cumpla algunas funciones similares a las de un cargo de igual jerarquía, ello no implica
que haya identidad total entre ambos para que sea procedente, ya que para reconocerla
es necesario probar el cumplimiento total de las funciones del cargo frente al cual se
reclama la nivelación.
121. Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una entidad, pero
con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado jurisprudencia sobre las
condiciones de procedencia de las pretensiones, al indicar35:
«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que
exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos (…)» (negrilla de la Sala).
122. En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-23-42-
000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado 25000-23-42-000-
2018-01454-01 (3652-2022).
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«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya asignación
es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de igualdad entre
los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto
que solo se logra si se comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta
situación desfavorable: a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales
responsabilidades que las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica
preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y
c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo
cotejado»
123. La Corte Constitucional también ha precisado:36
«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria
los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos,
hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso
advertir que la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no
meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los
iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones
desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la
Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser
igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes
presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma
categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el
horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales.
(…)» (Negrilla de la Sala).
124. Para la Sala, es claro, que si tratándose de relaciones laborales regulares, esto
es cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron vinculados mediante
nombramientos es tan riguroso el análisis de los requisitos de la igualdad, mucha más
dificultad se presenta cuando uno de ellos está vinculado mediante contrato de
prestación de servicio.
125. Ahora, una situación diferente se presentaría, si en cada caso el juez realizara el
análisis que propone la sentencia citada y encuentra las equivalencias a que se refiere
dicha sentencia, pero es claro que en este caso y en los que se vienen fallando, ese
análisis se deja en manos de la entidad y con esa situación, considera la Sala que las
sentencias que se están profiriendo no solucionan definitivamente el conflicto y lejos
están de prestar mérito ejecutivo para hacerse efectivas, veamos:
126. El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de manera
pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad establecer
36
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también señaló al
respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se ha afirmado que ''en
materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los
mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la
predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio
en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997
[…]».
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de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la sentencia que se
profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su beneficiario tengan
certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer. De manera más contundente, dicha
claridad debe permitir que, en caso de incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de
manera eficaz a través de un proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer
efectivo de manera breve y sumaria un derecho ya declarado y definido; no para
determinar o encontrar este derecho.
127. Considera la Sala que decisiones como la que hoy se revisa no solo, son
inejecutables, sino que, en lugar de solucionar el conflicto, generan otro debate que es
ajeno al proceso ejecutivo, como es el de probar con posterioridad a la sentencia estos
asuntos que debieron definirse en ella. Podríamos decir que se están dictando
sentencias incompletas, para que sea la administración la que las complete y sin darle
elementos claros de cómo hacerlo, porque eso corresponde al Juez.
128. Como se dijo esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la
administración tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y de
no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso ejecutivo y
solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis de a cuál cargo
debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario para completar la
sentencia.
129. Este tipo de decisiones además comporta otra dificultad, y es que no hay forma
de saber si se está fallando infra petita perjudicando al trabajador, porque no hay
posibilidad de comparar entre los honorarios y el salario al cual se equipara; dificultad
que se traslada al recurso de apelación, porque si hay apelante único no es posible saber
si adoptando una u otra forma de liquidación, cual podría ser más desfavorable a ese
apelante único.
130. En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso efectivo
a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas partes, la Sala
modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el conflicto y preste
verdadero mérito ejecutivo teniendo en cuenta los honorarios pactados y liquidará la
condena de manera concreta. Dichos honorarios constituirán la base para calcular las
prestaciones sociales a que haya lugar conforme lo dispuesto en los Decretos 1042 y
1045 de 1978 que regulan el régimen prestacional aplicable a los empleados públicos.
131. Estas, corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene derecho
un servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial, por ser la
demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas antes citadas,
es decir, cesantías, intereses a las cesantías, las vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad, auxilio de alimentación, prima de servicios de que trata el
Decreto 2531 de 2014, a partir de 2015 y bonificación por servicios prestados a
partir del 1.° de enero de 2016 con fundamento en el Decreto 2418 de 2015.
132. Ahora bien, aunque según la disposición legal el demandante tiene
derecho a recibir la prima de servicios, el subsidio de alimentación y el auxilio de
transporte, el a quo negó su reconocimiento y pago en la sentencia de primera
instancia. Por esta causa, y comoquiera que solo apeló la ESE demandada, para
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no afectar la no reformatio in pejus del apelante único, la Sala mantendrá esta
decisión.
133. En definitiva, el señor Manuel Eduardo Sánchez Nieto tiene derecho a las
siguientes prestaciones sociales: vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación por servicios
prestados (esta última solo entre entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2016), dotación de calzado y vestido de labor, con el cumplimiento de los
requisitos legales.
LIQUIDACION
LIQUIDADO AÑO HASTA DONDE SE INDEXA 2025 0 2025-0
PRIMA
AU CESANTI DE
Desde IPC IPC AU
XILI A SERVICI
XILI
AU O O
# SALARI O INTERES
XILI DE AUX
mes O DE SOBRE
# O TR ILIO TOTAL PRIM
es PROME ALI LA
Dias DE AN DE ANUAL CESANTI A DE
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mpl MENSU NT A
año AN . ME S CIO
por AL POR IND INDEXAD
SPT IND NT
año AÑO EX A
INICI . EX INDEXAD INDEXA
Año FINAL AD
AL AD A DA
O
O
71,38
2009 30 1 492.624 0 0 0 0
155,73 492.624 41.481 90.498 905 0 0
71,39
2009 35 1 995.200 0 0 0 0
155,73 1.161.067 97.822 213.389 2.490 0 0
71,35
2009 27 0,9 258.752 0 0 0 0
155,73 232.877 19.589 42.755 385 0 0
2009 30 1 636.928 0 0 0 0
155,73 71,32 636.928 53.632 117.106 1.171 0 0
71,35
2009 27 0,9 477.696 0 0 0 0
155,73 429.926 36.164 78.932 710 0 0
71,20
2009 120 4 800.000 0 0 0 0
155,73 3.200.000 277.881 607.786 24.311 0 0
73,45
1.259.02
2010 360 12 0 0 0 0
0
155,73 15.108.240 1.420.769 3.012.340 361.481 0 0
76,19
2011 360 12 535.600 0 0 0 0
155,73 6.427.200 604.410 1.235.395 148.247 0 0
77,70
2012 210 7 566.700 0 0 0 0
155,73 3.966.900 355.070 711.648 49.815 0 0
78,05
2012 180 6 566.700 0 0 0 0
155,73 3.400.200 301.305 601.182 36.071 0 0
79,56
2013 360 12 589.481 0 0 0 0
155,73 7.073.772 665.213 1.302.082 156.250 0 0
82,47
2014 360 12 823.720 0 0 0 0
155,73 9.884.640 929.545 1.755.281 210.634 0 0
88,05
2015 360 12 874.032 0 0 0 0
155,73 10.488.384 986.321 1.744.460 209.335 0 0
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00231-01 (3329-2022)
Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
93,11
2016 360 12 933.435 0 0 0 0
155,73 11.201.220 1.084.078 1.813.162 217.579 0 0
15 35%
PRIMA DE PRIMA DE BONIFICA-CIÓN
VACACION
NAVIDAD VACACION POR SERVICIO
PRIMA DE PRIMA DE BONIFICA-CIÒN
VACACION
NAVIDAD VACACION POR SERVICIO
INDEXADA INDEXADA INDEXADA INDEXADA
41.195 89.874 20.526 44.782 20.526 44.782 0 0
83.269 181.643 48.378 105.531 48.378 105.531 0 0
19.467 42.489 9.703 21.178 9.703 21.178 0 0
53.262 116.299 26.539 57.948 26.539 57.948 0 0
35.939 78.442 17.914 39.099 17.914 39.099 0 0
270.370 591.359 133.333 291.629 133.333 291.629 0 0
1.311.479 2.780.622 629.510 1.334.698 629.510 1.334.698 0 0
557.917 1.140.364 267.800 547.375 267.800 547.375 0 0
338.610 678.658 165.288 331.277 165.288 331.277 0 0
289.253 577.135 141.675 282.678 141.675 282.678 0 0
614.043 1.201.921 294.741 576.922 294.741 576.922 0 0
858.042 1.620.260 411.860 777.725 411.860 777.725 0 0
910.450 1.610.271 437.016 772.930 437.016 772.930 0 0
1.000.688 1.673.688 480.330 803.370 480.330 803.370 326.702 546.422
CONSOLIDADO
PRIMA
INTERES PRIMA DE
AUXILIO AUXILIO CESANTI DE VACAC VACACIO
DE DE A PRIMA DE NAVIDAD IONES NES
TRANSPTE ALIMENT CESANTIAS INDEXAD SERVICIO INDEXAD INDEX INDEXAD BONIFICACIÒN POR SERVICIO
INDEXADO INDEXADO INDEXADA O INDEXADA A ADAS A INDEXADA
$ $
$ $
$0 $0 $ 13.326.017 $0 12.383.02 5.987.1 $ 546.422
1.419.385 5.987.143
6 43
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 39.649.136
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00231-01 (3329-2022)
Demandante: Manuel Eduardo Sánchez Nieto
GRAN TOTAL $ 39.649.136
134. Conforme a la liquidación a la demandante le corresponde a título de
restablecimiento del derecho la suma de $39.649.136, pero como en la demanda
aceptó que durante su vinculación le fueron pagadas compensaciones que
asimiló a las prestaciones aquí liquidadas, de dicho monto se descontarán los
valores indicados por ella, en el siguiente orden:
Total recibido por la demandante
Año por las prestaciones liquidadas
2009 0
2010 $1.091.800
2011 $1.135.472
2012 $1.064.090
2013 $ 1.282.600
2014 $ 1.592.881
2015 $ 2.076.732
2016 $ 3.139.556
total $11.383.131
135. Descontando ese valor ($11.383.131) a los que arrojó la liquidación de
esta Sala ($ 39.649.136) queda un saldo a favor de la demandante de
$28.266.005, que corresponden al monto del restablecimiento del derecho que
se condenará a la demandada, en aras de evitar que se efectúe un doble pago
por los mismos conceptos.
136. Por último, se confirmarán los numerales restantes de la parte resolutiva
de la sentencia.
2.7. De la condena en costas en segunda instancia
137. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
138. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
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del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
139. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, que en
este caso es la demandada, por no haber prosperado los argumentos de su
recurso; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
140. En este contexto procesal, debe imponerse la condena en segunda
instancia a la ESE Hospital San José de Marsella. Para tal efecto, estas serán
fijadas por el magistrado ponente de primera instancia, conforme el artículo 366
del CGP.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el ordinal 3 de la sentencia de primera
instancia, en el proceso adelantado por Manuel Eduardo Sánchez Nieto en contra
de la ESE Hospital San José de Marsella, la cual quedará así:
«Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE
CONDENA la ESE Hospital San José de Marsella a reconocer y pagar al
demandante Manuel Eduardo Sánchez Nieto la suma de veintiocho millones
doscientos sesenta y seis mil cinco pesos (28.266.005) por haber demostrado la
existencia de una relación laboral encubierta, en los siguientes períodos: i) entre
el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2009; ii) entre el 1 de mayo de 2010 y
el 31 de julio de 2012; iii) entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de junio de
2014; iv) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2014, y v) entre el 1 de
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, así como la dotación de
calzado y vestido de labor por esos lapsos, conforme lo explicado en la
motivación».
SEGUNDO: REVOCAR el numeral sexto de la sentencia apelada.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de primera instancia.
CUARTO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada, las
cuales deberán ser fijadas y liquidadas por la primera instancia, conforme lo
expuesto en la parte motiva.
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QUINTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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