Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00380-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00380-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00380-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00380-01 (2949-2024)
Demandante: Vanesa Castro Rodríguez
Demandado: Distrito Capital – Secretaría Distrital de Integración Social
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Aplicación sentencia de unificación 2021. Presunción
docente. MODIFICA SENTENCIA.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1) La señora Vanesa Castro Rodríguez instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra del Distrito Capital – Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2) Que se declare la nulidad de los Oficios FOR-BS-046 RAD: S2019078261
del 8 de agosto de 2019 y RAD: S2020013047 del 10 de febrero de 2020 y, en
consecuencia, que entre las partes existió un vínculo laboral desde el año 2010
hasta el 2016; se reconozcan y paguen todas las prestaciones laborales y sociales
dejadas de percibir.
3) Que se condene a la demandada a devolver las sumas de dinero que, por
retención en la fuente, retención ICA y estampilla pro-adulto mayor, que se le
descontaron.
4) Se ordene el reembolso de los aportes a seguridad social en pensión, salud
y riesgos laborales efectuados por la demandante, se pague la sanción moratoria
consagrada en la Ley 244 de 1995 y se condene en costas a la demandada.
HECHOS
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00380-01 (2949-2024)
5) La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6) Que estuvo vinculada a la entidad por medio de contratos de prestación de
servicios como educadora especial en el marco de los lineamientos del proyecto
721- atención integral a personas con discapacidad, desde el 15 de febrero de 2010
al 22 de agosto de 2016.
7) Que por la labor desempeñada recibió una remuneración, se le exigió la
prestación personal del servicio de manera continua y estuvo sometida a una
subordinación, pues debía ceñirse a reglamentos y funciones predeterminados,
directrices de comportamiento laboral y personal, debía cumplir un horario y tenía
asignados elementos de trabajo los cuales eran propiedad del contratante y
estuvieron al servicio de la demandante para cumplir las diferentes funciones.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8) La demanda fue admitida el 15 de marzo de 2021, la entidad demandada
manifestó que no se logró desvirtuar la legalidad del acto demandado por cuanto la
vinculación de la demandante se hizo a través de contratos de prestación de
servicios de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993.
9) Que el hecho de establecer horarios concordantes con la prestación del
servicio de la entidad para el desarrollo de las actividades contractuales, así como
el deber de presentación de informes, son manifestaciones del principio de
coordinación que rige la actividad contractual, aunado a que en el presente caso no
existe prueba de la existencia de aquellas.
10) Que la entidad cumplió con las obligaciones legales que le correspondían, de
conformidad a los contratos de prestación suscritos por lo que se limitó al pago de
los honorarios pactados en los contratos.
11) Propuso las excepciones de ineptitud de la demanda, caducidad, legalidad
del contrato de prestación de servicios, inexistencia del contrato realidad,
inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, prescripción, no
configuración del derecho al pago de ninguna suma de dinero ni indemnización,
buena fe de la demandada, enriquecimiento si causa, compensación y la genérica.
12) Por auto del 8 de junio de 2022 se declaró no probada la excepción de
ineptitud de la demanda y difirió el estudio de las excepciones de caducidad y
prescripción para la sentencia.
13) Se celebró audiencia inicial el 24 de agosto de 2022, en la que se fijó el litigio,
se surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó
audiencia de pruebas para su práctica. Agotado el periodo probatorio se dio traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue
apelada por la parte demandada.
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SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
14) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del dos (02)
de noviembre de dos mil veintitrés (2023), accedió parcialmente a las pretensiones
indicando que se logró establecer que la actora prestó sus servicios como
educadora especial a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, por el periodo
comprendido entre el 15 de febrero de 2010 y el 22 de agosto de 2016, con algunas
interrupciones, con lo que acreditó el elemento de la prestación personal del
servicio.
15) Que la suspensión del contrato Nro. 0911, desde el 16 de mayo al 7 de agosto
de 2011, se encuentra justificada, ya que, si bien en el acta de suspensión del
contrato no se señala cuál fue el motivo, con lo manifestado por la demandante en
el interrogatorio de parte y corroborado por una de las testigos, se concluyó que se
debió a la licencia de maternidad.
16) Sobre el elemento de la remuneración, concluyó que en los diferentes
contratos de prestación de servicios, consta que la entidad le fijó a la demandante
una retribución, la cual recibía mensualmente o en proporción a su ejecución en
cortes mensuales.
17) Que se probó que la parte actora suscribió varios contratos de prestación de
servicios con la entidad demandada y que el desempeño de sus labores fue por más
de 6 años, con algunas interrupciones, lo que evidencia que no se trató de un vínculo
ocasional.
18) Se refirió al trabajo docente, para afirmar que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha dicho que, por la naturaleza de la actividad, no es independiente, sino
que se encuentra subordinada al cumplimiento de la reglamentación del servicio
público de educación.
19) Que los testimonios rendidos y el interrogatorio de parte fueron coincidentes
en afirmar que la demandante prestó sus servicios como educadora especial en los
centros CRECER de la Secretaría Distrital de Integración Social, en un horario
establecido, el cual, en ocasiones se extendía por necesidad del servicio; que dicha
labor fue desarrollada de manera continua y bajo las instrucciones de su jefe
inmediata, que en este caso era la coordinadora.
20) Reconoció las prestaciones sociales y ordinarias devengadas por el personal
de planta, específicamente del cargo denominado Instructor (nivel técnico) código
13, grado 14, con base en los honorarios pactados. Reconoció las vacaciones,
cesantías e intereses a las cesantías, la prima de servicios de que trata el Decreto
2351 de 2014 a partir del 2015 y prima de navidad.
21) Sobre los aportes para pensión y salud, dispuso que no procedía la
devolución de los mismos; sin embargo, ordenó consignar a nombre de la entidad
prestadora de salud, la diferencia de valor que existiere entre lo pagado por la
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contratista y lo que debió destinarse por la entidad contratante.
22) Frente a la prescripción determinó que como entre la finalización del contrato
Nro. 1254 (8 de marzo de 2013) y la suscripción del contrato Nro. 5903 (28 de mayo
de 2013), existió solución de continuidad porque transcurrieron 51 días hábiles; es
decir que como el contrato Nro. 1254 finalizó el 8 de marzo de 2013, la demandante
tenía hasta el 8 de marzo de 2016, sin embargo, la petición se presentó el 23 de
julio de 2019, por lo que declaró que los periodos anteriores al 8 de marzo de 2013,
estaban prescritos.
23) Con respecto a la prescripción de los aportes a salud, dijo que como
constituyen una contribución parafiscal, de conformidad con el artículo 817 del
Estatuto Tributario, están sujetos a la prescripción quinquenal allí señalada; en
consecuencia, dada la interrupción contractual ocurrida, la demandante tenía 5 años
para reclamar los aportes para salud hasta el 8 de marzo de 2018; sin embargo la
petición se presentó el 23 de julio de 2019, razón por la cual los aportes para salud
anteriores al 8 de marzo de 2013, se encontraban prescritos.
24) Condenó en costas a la demandada invocando el articulo 47 de la Ley 2080
de 2021 del C.P.A.C.A y el 365 del C. G del P.
RECURSO DE APELACIÓN
25) La parte demandada interpuso recurso de apelación por considerar que el
Tribunal valoró la prueba en forma indebida, porque no se logró demostrar que se
cumplieron todos los requisitos necesarios para declarar la existencia de una
relación laboral.
26) Que el cumplimiento de un horario no es una prueba irrefutable para la
subordinación, conforme lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 25
de agosto de 2016.
27) Que los contratos de prestación de servicios se ajustaron al periodo
estrictamente necesario y a los estudios previos en los que se consagró que, la
entidad acudió a la figura de contrato de prestación de servicios debido a que la
labor convenida no podía realizarse con personal de planta y requería de los
conocimientos de la contratista, puesto que conforme con las pruebas practicadas
no se demostró que la demandante desarrollara su objeto contractual en las mismas
condiciones que cualquier servidor público de la Secretaría de Integración Social.
28) Que las labores ejercidas por la contratista fueron propias de los programas
a cargo de la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá en el marco de
su misionalidad y se entiende que los proyectos Nros. 0497 y 0721-125 hacen parte
de las estrategias administrativas dirigidas a lograr el cumplimiento del objeto
misional de la entidad. Sin embargo, también es claro que los mismos están sujetos
a los cambios y modificaciones que trae el gobierno que se encuentre a cargo, la
destinación del presupuesto que sobre este se realice y de las necesidades sociales
que es deber atender por la demandada.
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29) Que se incurrió en error al ordenar el pago por concepto de aportes a salud,
y se desconoce su propio precedente horizontal y vertical de jurisprudencia.
30) Que al no adquirir la demandante la calidad de empleada pública, no podrá
acceder a los emolumentos de carácter salarial, mucho menos los de carácter
extralegal, donde se debe cumplir requisitos los cuales no están reunidos en el caso
de la actora, por lo que no es procedente la prima de servicios y la de navidad.
31) Que existió una interrupción superior a 30 días hábiles, por ende, al existir la
solución de continuidad operó la prescripción.
32) Solicita que se revoque la condena en costas dado que no se demostró su
origen o causa, de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 en
concordancia con el artículo 365-8 del CGP.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
33) El 4 de junio de 2024 fue admitido el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado el auto, el expediente pasaría a Despacho para sentencia y el
Ministerio Público podría emitir concepto antes de que esto sucediera.
34) El Ministerio Público rindió concepto y solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, por considerar que con los contratos de prestación de servicios
se logró demostrar la prestación personal del servicio y las funciones
desempeñadas por la demandante.
35) Que no existe duda de que la labor desarrollada, además de ser personal,
era subordinada a las instrucciones y condiciones impuestas previamente, por lo
que se reúnen los elementos de juicio para que se declare una relación laboral entre
quien prestó el servicio y la entidad que se benefició con el mismo.
36) Sobre la procedencia de la condena en costas, precisó que se debe examinar
la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple
hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues
dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada
por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder
de la parte demandada, no es viable la condena en costas.
Las partes guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
37) La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora tiene derecho
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al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esa
relación.
38) En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
argumento relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente, se
analizará lo correspondiente a la condena en costas.
Marco normativo y jurisprudencial
39) Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
40) El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en
la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
41) Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.
42) Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios y demostrar la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
43) El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios 5, de las
cuales se destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
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siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los
dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.
• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse
sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no
lo haya solicitado la parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en los
estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.
• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución
del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral.
44) Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
45) Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar
de que la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de
la actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la
existencia de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando son
contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes y los
celadores1. Presunción que además deberá tener un mínimo probatorio.
Resolución del caso concreto
46) Con relación a las pruebas documentales es posible establecer que la
demandante estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios desde
el 15 de febrero de 2010 hasta el 22 de agosto de 2016 con algunas interrupciones,
realizando actividades como licenciada en educación especial en los Centros Crecer
de la Secretaría Distrital de Integración Social, y recibió como remuneración lo
pactado en cada contrato.
47) Teniendo claros estos 2 elementos de la relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio y la remuneración procede la Sala a estudiar si se
presentó la subordinación, de conformidad a los argumentos de la apelación.
1 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación
05001233100020040374201
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48) Del alcance de los objetos contractuales, es posible categorizar las labores
encomendadas a la demandante como educadora especial, al haberse pactado
como obligaciones específicas, las siguientes:
«[…] 1) Presentar para aprobación del supervisor del contrato durante la
primera semana de ejecución del mismo, un plan de trabajo general de su
contrato que incluya las actividades, metas y productos a entregar de manera
mensual y un cronograma semanal de acuerdo con los lineamientos del
proyecto 721 “Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familias,
Cuidadores y Cuidadoras – Cerrando Brechas de la Dirección Poblacional; 2)
Conocer e implementar a cabalidad la línea técnica dada por el proyecto 721
2Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familias, Cuidadores y
Cuidadoras – Cerrando Brechas” de la Dirección Poblacional, Política Pública
de Discapacidad, Decreto 470 de 2007, la Convención internacional de las
personas con discapacidad y la ley 1346 de 2009; […] 4). Garantizar que la
información que se maneja desde el área, sea veraz y confiable, presentada
con oportunidad y calidad. Asi mismo que su uso es confidencial y discrecional
de la SDIS, de acuerdo a los parámetros técnicos administrativos y operativos
establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser
distribuida, socializada y/o trasladada fuera de la entidad sin previa autorización
del supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato […] 7) Trabajar de forma
armónica y organizada con los demás profesionales que se vinculen al equipo
de trabajo, con el fin de garantizar una atención integral de los niños, niñas y
adolescentes (en adelante NNA), contribuyendo a mantener un clima laboral
favorable; […] 9) Desarrollar el programa pedagógico de acuerdo con los
lineamientos del Proyecto 721, las capacidades, habilidades e intereses de los
niños, niñas y adolescentes y la articulación con la Secretaría de Educación en
la construcción de los planes de atención individual y grupal de acuerdo con los
resultados de la línea de base, aplicada al ingreso y que integran cada
modalidad de atención; […] 12) Realizar los reportes de seguimiento
bimestrales de los niños, niñas y adolescentes sobre sus logros y avances
evidenciados desde el plan individual de atención y dar las sugerencias
puntuales de cada niño, niña y adolescente sobre sus logros y avances
evidenciados desde el plan individual de atención y dar las sugerencias
puntuales en el proceso de intervención; […] 21) Participar en las reuniones,
eventos y jornadas de trabajo programadas por el proyecto 721, atendiendo
estrictamente las directrices emitidas y cumpliendo los compromisos
establecidos en cada una de ellas; 22) Las demás que el Supervisor del
Contrato designe conforme al objeto contractual a desarrollar y según los
lineamientos del proyecto 721 “Atención Integral a Personas con Discapacidad,
Familias, Cuidadores y Cuidadoras – Cerrando Brechas” de la Dirección
Poblacional para la buena prestación del servicio […]».
49) Además de los contratos de prestación y sus anexos, obran en el expediente
documentos tales como reportes de pago a caja de compensación, salud y
pensiones por parte de la actora, informes finales de supervisión de algunos
contratos donde consta el cumplimiento a satisfacción del objeto pactado, estudios
previos para el proceso de contratación de talento humano para los Centros Crecer
de la Secretaría Distrital de Integración Social, Proyecto 721, atención integral a
personas con discapacidad, cuidadores/as – Cerrando Brechas y otros.
50) De otra parte, se tienen los testimonios de las señoras Sonia Jaqueline Rojas
Pinilla, Denisse Alexandra Caicedo Peña y Heidys Patricia Pacheco Gómez,
quienes se desempeñaron, respectivamente, como fonoaudióloga y educadoras
especiales.
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51) Estas, coincidieron en que, al igual que la demandante, cumplían un horario
entre las 06:30 a.m. y las 04:30 p.m. y desarrollaban funciones relacionadas con la
atención a niños en condiciones de discapacidad entre los 6 y los 18 años, cada
una en su área de especialidad; sin embargo, había funciones que tenían en común
en lo que tenía que ver con rutas, alimentación y las que la coordinación o la
Subdirección local les indicara.
52) La señora Sonia Jaqueline Rojas Pinilla dijo que trabajó con la demandante
en el Centro Crecer Bosa de la Secretaría de Integración Social desde el 2009 al
2014, tenían atención a niños en condición de discapacidad entre los 6 y los 18
años. Que en su caso hacía valoración, intervención terapéutica.
53) Que iniciaban labores desde las 7:30 a.m. aproximadamente, ingresaban y
firmaban una minuta que tenían en la recepción y salían a las 04:30 p.m. de lunes
a viernes o cuando les tocaba los sábados, o cuando hubo una emergencia sanitaria
de inundación en Bosa les tocó los domingos también o en horas de la noche.
54) Que trabajaban con los niños, tenían intervención grupal de
aproximadamente 15 o 20 niños por área, hacían todo lo que era evoluciones,
seguimientos, informes, planes de tratamiento, asistían la alimentación y rutas para
lo cual las rotaban y en estos casos debían estar sobre las 6 am en algún punto de
encuentro y allí hacían el recorrido dependiendo de la localidad y el sector para
llegar al centro que fuera.
55) Que, debían seguir unos lineamientos y directrices por parte de la
coordinación, con respecto a todo lo que era diligenciamiento administrativo,
papeles, los materiales que utilizaban estaban ahí en los centros CRECER y eran
de la Secretaría, material didáctico, escolar, todo lo que era para intervención.
56) En las asistencias de alimentación, los acompañaban en los refrigerios y al
almuerzo. En caso de que requirieran algún permiso, debían cubrirse en la jornada
pidiéndole el favor a algún compañero, en su caso como fonoaudióloga, que era
diferente al de Vanessa, su otra compañera era la que la cubría para que le dieran
el permiso el cual se solicitaba con anterioridad y quedaban a la espera de si se los
podían dar o no.
57) Que Vanessa estuvo en licencia de maternidad en el 2011 y ella le hacía el
cubrimiento de refrigerios, almuerzo y las otras compañeras educadoras especiales,
hacían todo lo que era con su área correspondiente.
58) Que cuando iniciaban contrato, la coordinación en cada centro CRECER les
decía que la jornada laboral era desde las 7:30 a las 04:30 y para el desarrollo de
las actividades eran organizadas por turnos, les daban un cronograma en que se
indicaba que tales personas debían cubrir tales niños. El horario de almuerzo para
los niños era de 12:30 a 01:00 y mientras tanto la mitad del equipo estaba
almorzando y posteriormente cambiaban, se rotaban por semanas o cada 15 días y
eso dependía de la coordinación. Igual ocurría con los refrigerios, se rotaban por
grupos.
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59) Que la demandante para desarrollar sus actividades de educación especial
recibió capacitaciones por parte de la Secretaría de Integración Social para el
diligenciamiento de muchos formatos, enfoque sistémico y sobre lenguaje de señas.
60) Que los llamados de atención los hacían cuando tenían las jornadas
pedagógicas o cuando los reunían lo hacían de forma general con mucho énfasis
en las llegadas tarde, en los permisos y la necesidad de dejarlos cubiertos y
organizados; sin embargo, no le consta que directamente a la señora Vanessa se
le hayan realizado llamados de atención personalmente.
61) Que además de la contingencia de Bosa y Centro CRECER, la demandante
prestó sus servicios en centro RENACER. En este caso, la mandaban a cubrir
cuando los contratos de allá se terminaban y quedaban con poquitos profesionales,
los mandaban inclusive a otros centros CRECER, hacían los reemplazos mientras
llegaba el personal.
62) Que en la recepción cuando llegaban al centro CRECER, firmaban un libro al
ingreso que se los pasaba el personal de celaduría.
63) Que le consta que a la señora Vanessa le daban instrucciones referentes a
la rotación de los grupos, horarios, entrega de planillas, de cronogramas, de
informes, de seguimientos, talleres a padres y a la comunidad y a los mismos
profesionales referente a algún tema que tenía que ver desde cada área. Que en
caso de no poder asistir a las capacitaciones debían ponerse al día. Debían asistir
a las capacitaciones porque eran en la jornada laboral.
64) Por su parte, la señora Denisse Alexandra Caicedo Peña, dijo que trabajó
con la demandante quien ingresó a mediados del 2014 a la Secretaría de
Integración Social al Centro Crecer de Vista Hermosa que era donde ella se
encontraba trabajando desde el año anterior.
65) Tenían un horario laboral que debían cumplir que era de 6:30 a 4:30 p.m., en
esos horarios de trabajo tenían planillas para firmar y se encargaban de hacer la
ruta con los niños, entregarlos, y quedarse hasta que estos fuesen devueltos a sus
familias. Que siempre tenían una hora de llegada y de salida, pero esta dependía
de que los padres o los acudientes recogieran a los niños, entonces si no había una
persona ahí a cargo no podían salir.
66) Afirmó que todo esto lo dirigía la coordinadora del centro CRECER y era ella
quien daba los permisos, si necesitaban ausentarse debían avisar con 5 días de
antelación, tenían que hacer todo un proceso de dejar encargado a alguien para
hacer la labor que les correspondía; sin embargo, firmaban unos formatos de lo que
iban a hacer dentro de su jornada cuando no estaban en el centro. Además de eso
apoyaban la alimentación de los niños, la lúdica, los juegos y cuando no había
enfermera también apoyaban el cambio de pañal y demás funciones que no estaban
dentro de su contrato de prestación de servicios donde tenían ciertas funciones que
eran determinadas, pero además había anexas otras que no se determinaban y eran
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principalmente el apoyo a primeros auxilios, a enfermería y a los demás
profesionales.
67) Tenían unas jornadas pedagógicas donde también cumplían el mismo
horario de 6:30 a 4:30; allí la coordinadora les daba ciertas indicaciones y además
les hacían algunos llamados de atención o generalidades, pero siempre era ella la
que presidia las jornadas pedagógicas.
68) La Secretaría les proporcionaba todo el material didáctico y cuando los niños
salían a receso, les ponían otro tipo de funciones en otros institutos; en su caso
junto con la demandante, estuvo en el centro RENACER que es otro centro de
integración social con las mismas funciones, cumplían el horario, tenían una hora
de almuerzo y salían casi una hora después, cumplían funciones muy parecidas con
los mismos requisitos, tenían una coordinación, un horario y eso estaba dentro del
contrato.
69) Que, hacían planillas, unos platines que son los planes de intervención niño
a niño que las educadoras tenían que hacer por su rol, todo lo que iban a hacer con
los niños tenía que quedar documentado y hacer un informe para que destinaran el
rubro con el que se les pagaba y en ese rubro como contratistas pagaban su EPS,
la pensión y la caja de compensación y si no presentaban el informe o la
coordinadora tenía desacuerdos con el mismo, no les pagaban.
70) Que la coordinadora les daba unos horarios, una semana tenían que atender
el almuerzo y la otra semana tenían que estar con los niños en las horas de lúdica;
seguían los lineamientos que ella les daba, es decir, tenían un orden de sus
funciones dado por coordinación, además de una planilla para llevar el control del
horario, este lo controlaba la coordinadora que era la que estaba con ellos.
71) Que la coordinadora hacía llamados de atención generales en las reuniones
de coordinación pedagógica, con relación a su rol como docentes, si era individual
era directamente con la persona.
72) Que en caso de faltar se les hacía un llamado de atención y tenían que
justificar por qué no habían asistido, tenían que presentar el permiso o la cita médica
para que se hiciera la evaluación al final del informe de gestión, era un sustento.
73) La señora Heidys Patricia Pachecho Gómez dijo que conoció a la
demandante cuando ingresaron al centro CRECER de Bosa, que ambas compartían
el área porque ella también es educadora especial. Se conocieron en el 2010
cuando ella llega al centro CRECER de Bosa, luego de salir del centro CRECER
Bosa llega a la localidad de Ciudad Bolívar.
74) Que las educadoras especiales a diferencia de los otros profesionales tenían
a cargo un grupo, eran directoras de grupo de un curso en específico y estaban a
cargo de toda la parte pedagógica, lectoescritura, matemáticas, ciencias integradas
y aunque estaban con ese grupo muchas veces les tocaba rotar dependiendo de
las dinámicas que se presentaran con el centro CRECER.
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75) Como eran directoras de grupo tenían que hacer actividades como cambio
de pañales, llevar a los niños que no controlaban esfínteres y cuando tenían algún
accidente, hacer el respectivo cambio. Hacían los planes de intervención individual,
los seguimientos, gestión documental porque como eran directoras de grupo tenían
que estar a cargo de las carpetas de su grupo, pero a la vez los otros profesionales
también contribuían en la gestión documental; sin embargo, por ser directoras de
grupo tenían que estar pendientes de las carpetas que los otros profesionales de su
grupo diligenciaran.
76) Tenían que estar pendientes en las rutinas de ingreso, salida de refrigerio, de
lúdica, a parte de las diferentes intervenciones grupales que realizaban, las
educadoras tenían que hacer intervenciones individuales con los estudiantes,
participaron de los eventos cuando tenían que hacer acompañamiento a las
olimpiadas entre centros CRECER o cuando se realizaba alguna actividad extra
algún sábado.
77) Que para llevar a cabo las actividades antes descritas tenían que cumplir un
horario de 6:30 a 4:30 p.m., realizaban rutas para lo cual tenían un horario
establecido, en estos casos tenían que ingresar a las 6:30 o faltando un cuarto para
las 7:00 a.m. dependiendo del punto donde tuvieran que recoger al primer niño y a
la hora que el último niño se dejara, regularmente era 4:30 o 5:00 p.m.; sin embargo
cuando los papás no llegaban a tiempo porque no podían esperar, había un
reglamento de ruta y se tenían que trasladar al centro CRECER con el niño y realizar
todo el proceso, llamar a la familia, si no contestaban llamaban a comisaría.
78) Que, la Coordinadora del centro CRECER organizaba los horarios para que
fuera equitativa la función de las rutas. Que en caso de que la demandante tuviera
asignada la función de rutas y no pudiera asistir, le pedía la colaboración a otro
compañero, eso era lo que usualmente hacían.
79) Que compartió con la demandante desde el 2010 al 2014, año en el que ella
sale para otro centro CRECER en ciudad Bolívar.
80) La naturaleza misma de las funciones asignadas, centradas en el cuidado de
niños con necesidades especiales, implica una atención constante, adaptabilidad
frente a instrucciones específicas y cumplimiento riguroso de protocolos definidos
por la institución; lo que demuestra un vínculo de subordinación pues estas labores
no solo requieren presencia continua y disposición inmediata ante las necesidades
del menor, sino que además deben ser ejecutadas conforme a las órdenes del
personal superior o coordinadores quienes determinan rutinas, métodos y
prioridades del servicio.
81) De conformidad con lo anterior, se logra demostrar además de la prestación
personal del servicio y la remuneración, la subordinación, pues de acuerdo con la
naturaleza de la labor y las obligaciones impuestas es evidente que, en sus
actividades, la actora debía circunscribirse a las instrucciones de la entidad
demandada, específicamente, a los horarios y a las necesidades del Centro de
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educación especial – CRECER donde estaba asignada para prestar el servicio de
docencia, en la modalidad de educadora especial.
82) Además, es claro que no podía ausentarse de sus actividades o escoger o
modificar el lugar de ejecución de aquellas de forma autónoma.
83) Además, la Sala considera que en este caso no se puede hablar de
coordinación, como indica la entidad recurrente, ya que la actora estaba sujeta a las
condiciones específicas sobre la forma, cantidad y modo en que debía prestarse el
servicio de educadora especial, en los centros Distritales de Educación Especial
CRECER asignado, lo que denota, sin duda, que el Distrito Capital – Secretaría
Distrital de Integración Social, empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo
de la demandante, que demuestra la existencia de una verdadera subordinación.
84) Por lo tanto, por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en este punto.
85) Contrario a lo manifestado por el apelante, para la Sala, los testimonios y la
prueba documental allegada al expediente, fue debidamente valorada por la primera
instancia quien realizó un análisis de los documentos y extrajo apartes de los
testimonios que corresponden a lo efectivamente dicho por aquellos.
De la prescripción e interrupciones contractuales
86) Para determinar si se presentó dicho fenómeno, es necesario revisar una a
una la vinculación de la demandante y los periodos sobre los cuales se presentaron,
así:
Interrupción
No.
Objeto del Servicio Duración en días Valor
Contrato2
hábiles
Prestación de servicios como educador
(a) especial, en el servicio social Centro 12 meses
2018 del 27 Crecer que le sea asignado por la
Sin
de enero de Subdirección para la Infancia de la 15/02/2010 $23.832.000
interrupción
2010 SDIS, para la Atención Integral de al
niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 14/02/2011
años en condición de discapacidad.
Prestación de servicios para realizar el 11 meses
0911 del 31 ejercicio de educación especial del
Sin
de enero de Centro Crecer bajo los lineamientos de 15/02/2011 $21.846.000
interrupción
2011 la subdirección para la infancia en al
ejecución, acompañamiento y 15/05/2011
evaluación de líneas de acción 84 días
definidas para los servicios de atención calendario
Suspensión dirigidos a la protección y garantía Licencia de
contrato 0911 plena de los derechos de los niños, 16/05/2011 maternidad
niñas y adolescentes con discapacidad al
de 6 a 17 años 07/08/2011
2 véase índice 00002 de SAMAI / Archivo digital 4ED_RV_EXPEDIENTEPARAREP(.eml) /
88_ENVIOCONSEJOD12MERGED1PDF2024227153548.pdf / 250002342000202000038000 / Carpeta
08.1AnexoDeLaContestacionDda (1).
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08/08/2011
Reanudación
al
contrato 0911
07/04/2012
11 meses
1254 del 08
de febrero de 09/04/2012 51 días $22.501.380
2012 al
08/03/2013
Prestación de servicios profesionales
para realizar el ejercicio de educador
especial del Centro Crecer bajo los
lineamientos del proyecto 721
“Atención integral a personas con
discapacidad, familias, cuidadores y 10 meses
5903 del 24 cuidadoras – cerrando brechas”, de la
de mayo de dirección poblacional, en ejecución, 28/05/2013 2 días $28.549.000
2013 acompañamiento y evaluación de al
líneas de atención definidas para los 27/03/2014
servicios de atención dirigidos a la
protección y garantía plena de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad de 6 a
17 años.
Prestación de servicios profesionales
como educador/a especial del Centro
Crecer bajo los lineamientos del
proyecto 721 “Atención integral a
personas con discapacidad, familias,
10 meses
cuidadores y cuidadoras – cerrando
6769 del 24
brechas”, de la Dirección Poblacional Sin
de enero de 01/04/2014 $32.616.000
en ejecución, acompañamiento y interrupción
2014 al
evaluación definidas en líneas de
31/01/2015
acción para los servicios de atención
dirigidos a la protección y garantía
plena de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad
de 6 a 17 años.
Prestación de servicios profesionales
como educador (a) especial bajo los
lineamientos del proyecto 721
“Atención Integral a personas con
discapacidad, familias, cuidadores y 11 meses
318 del 15 de cuidadoras – Cerrando Brechas”, de la
enero de Dirección Poblacional en la ejecución, 02/02/2015 16 días $36.949.000
2015 acompañamiento y evaluación de las al
actividades definidas en las líneas de 01/01/2016
acción de los servicios dirigidos a la
protección y garantía plena de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad.
Prestación de servicios profesionales
en el marco de los lineamientos del
proyecto 731 atención integral a
personas con discapacidad, familias, 6 meses y 13
cuidadores y cuidadoras – cerrando días
brechas, en la ejecución,
313 de 2016 Finalización $23.513.000
acompañamiento y evaluación de las 27/01/2016
actividades definidas en las líneas de al
acción de los servicios dirigidos a la 22/08/2016
protección y garantía plena de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad.
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87) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concluyó que la interrupción que
se presentó entre la finalización del contrato Nro. 1254 (8 de marzo de 2013) y la
suscripción del contrato Nro. 5903 (28 de mayo de 2013), fue de 51 días hábiles y
la reclamación administrativa se presentó el 23 de julio de 2019, y declaró la
prescripción de los periodos anteriores al 8 de marzo de 2013; lo cual es compartido
por esta Sala y se confirmará.
88) Sobre los aportes a salud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la prescripción quinquenal de los mismos, de conformidad con el artículo
817 del Estatuto Tributario, toda vez que se presentaron interrupciones
contractuales, y que la demandante tenía 5 años para reclamar los aportes a salud,
razón por la cual los aportes para salud anteriores al 8 de marzo de 2013
prescribieron.
89) Al respecto, advierte la Sala que mediante sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, se precisó frente a los aportes a salud,
que estos son contribuciones parafiscales con la destinación especifica de cubrir los
servicios para los dos regímenes que integran el sistema y en este caso, es claro
que el riesgo que pretendió asegurar se superó.
90) Por esto, no es posible ordenar el reconocimiento de los aportes a salud, así
se haya declarado la existencia de un vínculo laboral, ya que, de admitirse tal
pretensión, se le estaría otorgando un beneficio propiamente económico, que no
influye en el derecho prestacional como tal.
Por ende, se revocará el numeral SEXTO de la decisión apelada.
De las prestaciones a reconocer
91) Se observa que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la
entidad a pagar la totalidad de las prestaciones sociales devengadas por un
Instructor (nivel técnico) Código 313, Grado 14, con base en los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios y que debía ser la demandante quien
determinara cuales eran estas prestaciones.
92) Para la Sala, esta decisión plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance por cuanto no obra en el expediente prueba
suficiente que permita establecer con certeza que el cargo con el cual deba
efectuarse la equiparación de las prestaciones es efectivamente la que ordenó el
Juez.
93) La orden impartida en ese sentido implicaría que se superó el análisis
pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la entidad. En este
punto, es pertinente advertir que ni siquiera en aquellos eventos en que se persigue
la nivelación salarial este es un ejercicio posible pues, aunque la parte cumpla
algunas funciones similares a las de un cargo de igual jerarquía, ello no implica que
haya identidad total entre ambos para que sea procedente, ya que para reconocerla
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es necesario probar el cumplimiento total de las funciones del cargo frente al cual
se reclama la nivelación.
94) Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una entidad,
pero con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado jurisprudencia
sobre las condiciones de procedencia de las pretensiones, al indicar3:
«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que
exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que
alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que
avalen sus alegatos (…)» (negrilla de la Sala).
95) En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:
«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y demás
condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya
asignación es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un criterio de
igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un trato disímil
injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba fehacientemente que
quien está en la supuesta situación desfavorable: a) cumplía las mismas
funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza comparada,
b) contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa
el cargo contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para
desempeñar el empleo cotejado»
96) La Corte Constitucional también ha precisado:4
«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose
todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la
igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo
también diferenciación ante situaciones desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos:
i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-
23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado
25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022).
4 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también
señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se
ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma
categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la
misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda
interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la
cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]».
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misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales. (…)» (Negrilla de la Sala).
97) Para la Sala, es claro, que si tratándose de relaciones laborales regulares,
esto es cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron vinculados
mediante nombramientos presumidos de legalidad es tan riguroso el análisis de los
requisitos de la igualdad, mucha más dificultad se presenta cuando uno de ellos
está vinculado mediante contrato de prestación de servicio.
98) En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas
partes, la Sala modificará la sentencia en este punto.
99) Las prestaciones que se reconocerán corresponden a aquellas a cargo del
empleador y a las que tiene derecho un servidor público vinculado a una entidad
pública del orden territorial, por ser la demandada de tal orden, según las
exigencias previstas en las normas antes citadas y las solicitadas en la demanda,
es decir, las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías,
intereses a las cesantías, la prima de servicios de que trata el Decreto 2531 de
2014, a partir de 2015 y la bonificación por servicios prestados del Decreto
2418 de 2015, a partir del 1° de enero de 2016.
100) Sobre el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, aclara
la Sala que por tratarse de una empleada que desempeñó funciones en una entidad
del orden territorial, le sería aplicable la contemplada en el Decreto 2418 de 2015;
sin embargo, por disposición expresa de la misma normativa, es procedente su
reconocimiento únicamente a partir del 1 de enero de 2016. En el presente caso se
acreditó que, en el periodo de la relación laboral reconocido, la demandante prestó
sus servicios entre el 1 de enero y el 22 de agosto de 2016 y por tal razón hay lugar
a su reconocimiento proporcional, únicamente por este rango de tiempo.
101) No es procedente en el caso bajo análisis reconocer el auxilio de transporte,
subsidio de alimentación y familiar, ni la dotación de vestido y calzado, de
debido a que no se cumplen los requisitos establecidos en las respectivas normas.
102) Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como deuda a cargo de la entidad
demandada la suma total de $69.861.215.
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103) Finalmente, no hay lugar a revocar la condena en costas de primera
instancia, toda vez que su imposición obedece a un criterio objetivo, que excluye
como pauta de decisión la actuación desplegada por las partes, y comoquiera que
la entidad resultó vencida en el proceso su atribución es procedente.
De la condena en costas en segunda instancia.
104) La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
105) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en el proceso.
106) En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
107) En consecuencia, no procede la condena en costas, toda vez que las
peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
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En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley
RESUELVE
Primero. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el dos (02) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual quedará así:
«CUARTO. ORDÉNASE al DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL reconocer a la señora VANESA
CASTRO RODRÍGUEZ una indemnización equivalente a $69.861.215
(SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS) liquidada de conformidad a los
honorarios pactados, por el periodo comprendido entre el 28 de mayo de
2013 al 22 de agosto de 2016, sin tener en cuenta los periodos en que
existieron suspensiones.
[…]»
Segundo. REVOCAR el numeral sexto de la sentencia, por las razones expuestas
en la parte motiva.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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