Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00122-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00122-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2014-00122-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de septiembre de 2023
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00122-02 (2644-2020)
Demandante: Ricardo Zapata Blandón
Demandado: Municipio de Pereira
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta. Aplicación sentencia de unificación
2021. Presunción. MODIFICA Y CONFIRMA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual declaró probada de oficio
la excepción de prescripción extintiva respecto de las prestaciones sociales del
lapso comprendido entre el 20 de diciembre de 2002 y el 28 de febrero de 2008, y
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Ricardo Zapata Blandón, instauró demanda contra el Municipio de Pereira,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Adminis trativo y de lo
Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 19289 del 9 de julio de 2013, a través del cual
la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, negó el reconocimiento de los
derechos prestacionales y de seguridad social reclamados.
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A título de restablecimiento del derecho, se declare que existió una relación laboral
producto de la subordinación de que fue sujeto durante la ejecución de los contratos
de prestación de servicios suscritos entre el 20 de diciembre de 2002 y el 28 de
febrero de 2008, lapso que debe computarse para efectos pensionales.
Que se condene a reconocer y pagar las prestaciones sociales de ley liquidadas
conforme al valor pactado en dichos acuerdos contractuales, debidamente
indexados al momento en que se realice el pago. Igualmente, que se ordene
reconocer el valor de los porcentajes de cotización actualizados correspondientes a
pensión y salud que se debieron trasladar a los fondos correspondientes, así como
los aportes a la caja de compensación familiar; asimismo, reconocer las dotaciones
de vestido y calzado de labor.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Ricardo Zapata Blandón fue vinculado a través de contratos de prestación
de servicios a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira para desempeñarse
como vigilante en diferentes instituciones educativas sin solución de continuidad, por el
período comprendido entre el 20 de diciembre de 2002 y el 28 de febrero de 2008.
Que las labores desarrolladas y que hacen notoria la subordinación consistían en: i)
cumplir horario; ii) estar pendiente de la seguridad de la institución educativa y de los
estudiantes; iii) controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos; iv) velar
por el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes del colegio; y v) informar
e informarse de todas las actividades planeadas por el instituto educ ativo.
Que durante el término de ejecución de los contratos al demandante no le fue pagada
suma alguna por concepto de prestaciones sociales de ley a las que tenía derecho, a
pesar de que el ente territorial cuenta con personal de planta que cumple iguales
funciones a las pactadas en los contratos de prestación de servicios.
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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 13 de mayo de 2014 y notificada a la entidad
demandada, quien la contestó manifestando que al proceso no fueron allegados
elementos probatorios que den cuenta de la subordinación alegada, toda vez que solo
se aportaron los contratos de prestación de servicios, con los cuales se acredita la
relación contractual y el correspondiente pago, sin embargo, no obra en el plenario la
imposición de un horario o la supuesta dependencia que ejercía la entidad sobre él.
Formuló como excepciones las de ausencia de causal de nulidad del acto acusado,
violación del demandante al principio de buena fe y cobro de lo no debido.
Se celebró audiencia inicial el 11 de marzo de 2015, en la cual se declaró probada
de oficio la excepción de prescripción extintiva, decisión que fue revocada por parte
del Consejo de Estado mediante providencia del 12 de julio de 2018. El 14 de febrero
de 2019, se reanudó la audiencia en la que se fijó el litigio y luego de agotado el
período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran de conclusión,
se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la
demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 13 de diciembre de
2019, declaró probada de oficio la excepción de prescripción extintiva respecto de
las prestaciones sociales del período comprendido entre el 20 de diciembre de 2002
y el 28 de febrero de 2008, y accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Que se encuentra debidamente acreditado que el demandante prestó sus servicios
al municipio de Pereira como vigilante en establecimientos educativos de dicho ente
territorial durante el 20 de diciembre de 2002 y el 28 de febrero de 2008, con algunas
interrupciones, labores que tenían que ser desempeñadas por aquel en
cumplimiento de un horario, en turnos diurnos y nocturnos de 12 horas, bajo las
directrices dadas por el rector del establecimiento educativo o del secretario de
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educación del municipio de Pereira, quien a su vez tenía la autoridad de impartir
órdenes.
Que las actividades ejercidas en desarrollo del objeto contractual hacen indiscutible
asumir que efectivamente se presentó el elemento de subordinación, pues es claro
que no puede predicarse de un contratista dedicado a prestar servicios de vigilancia
que le asiste algún grado de independencia y autonomía en el desempeño de su
labor, en la medida en que, de su naturaleza propia se desprende que debe ser
realizada de forma permanente, continua, controlada y garantizada en todo
momento, a fin de que quienes ocupan el establecimiento gocen de seguridad e
igualmente se protejan los bienes muebles e inmuebles de las instituciones.
Que hay lugar a declarar probada de oficio la prescripción, teniendo en cuenta que el
demandante no presentó la respectiva reclamación dentro de los 3 años siguientes a la
culminación del período contractual, pues el último contrato finalizó el 28 de febrero de
2008 y la petición fue formulada el 14 de junio de 2013, por lo que las prestaciones
sociales reclamadas se encuentran prescritas, con excepción de los aportes
pensionales adeudados al sistema de seguridad social.
Conforme a lo anterior: i) declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado;
ii) condenó al municipio de Pereira a pagar en favor del demandante únicamente los
porcentajes de cotizaciones que debió pagar por concepto de seguridad social, tomando
como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios
celebrados, iii) cotizar la suma faltante de aportes al fondo de pensiones, pero solo en
el porcentaje que le incumbía en su calidad de empleador; iv) negó las demás
pretensiones de la demanda; y v) se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que expresó que el
presente proceso carece de respaldo probatorio al no evidenciarse en el plenario el
elemento de subordinación a través de la prueba testimonial que acredite que, en
efecto, el municipio de Pereira fijó las pautas y dirigió las actividades contractuales
a ejecutar, siendo improcedente partir de una mera presunción.
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Que la circunstancia de que el contratante ejerza la supervisión o vigilancia, no es
un hecho del cual se suponga la subordinación, sino que aquella obedece a una
coordinación para el cumplimiento del objeto pactado, tal como lo ha considerado el
Consejo de Estado en variada jurisprudencia, además de ello, no se demostró si las
labores ejercidas por el demandante eran iguales a las de otros vigilantes de planta
de la institución educativa.
Que tampoco se allegó prueba que permita advertir la «cantidad y calidad de
trabajo» que supuestamente se le exigía cumplir y que acredite las características
propias de una relación laboral, mucho menos se probó que el contratista recibía
órdenes, comunicados, memorandos o llamados de atención por la inobservancia
de sus deberes.
Que no surge el derecho al reconocimiento y pago de los aportes a la seguridad
social en salud, máxime cuando constituye un ingreso en favor de la respectiva EPS
por una prestación que en nada beneficiaría al demandante, pero sí enriquece al
sistema.
Que la contabilización del fenómeno de la prescripción debe ser desde la
finalización de cada período contractual y no como llevó a cabo el a quo a partir de
la terminación del último contrato, ello en atención a las reglas fijadas por el Consejo
de Estado en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada insistió en los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación y agregó que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reiterado que la presunta existencia de una relación de carácter laboral no
puede equipararse a la condición de empleado público, ello al estar ausentes las
exigencias sustanciales, tales como el acto de nombramiento y posesión del cargo,
la existencia de un régimen legal y reglamentario, la planta de personal y la
correspondiente disponibilidad presupuestal; tal como lo prevé el artículo 122 de la
Constitución Política de Colombia.
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La parte demandante y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en
desarrollo de esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
Previo a realizar el análisis correspondiente, se hace necesario precisar que, si bien
el tribunal de primera instancia declaró probada de oficio la excepción de
prescripción extintiva respecto de los períodos reclamados, lo cierto es que en el
recurso de alzada se insiste en que no se demostró la subordinación, por tal motivo,
la Sala efectuará en primer lugar, el análisis de la configuración de los elementos
propios de la relación laboral encubierta, y posterior a ello, si hay lugar a declarar el
fenómeno jurídico en comento1.
Lo anterior se acompasa con la decisión emitida por esta Subsección en auto del
12 de julio de 2018 2, mediante el cual se revocó la providencia del 11 de marzo de
2015 que declaró en el presente asunto probada de oficio la excepción de
prescripción extintiva y dio por terminado el proceso, en su lugar ordenó continuar
con el desarrollo del mismo, decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada.
Como consecuencia de lo anterior, deberá resolver la Sala si entre el señor Ricardo
Zapata Blandón y el municipio de Pereira, existió una verdadera relación laboral que
tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y
en caso de comprobarse la relación laboral, determinar, de acuerdo con los
lineamientos de la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, la
procedencia de la prescripción extintiva frente a alguno o todos los períodos de
vinculación del demandante.
1 Ello, acorde con la posición pacífica de esta Corporación al respecto: Se pueden consultar las sentencias de
unificación CESUJ2 del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001233300020130026001 (00882015) y SUJ -025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
2 Folios 163 a 165 vuelto.
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Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable.».
En los contratos de Prestación de Servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual, sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el
actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.
La Relación Laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
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En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento
de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir
órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien
diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y
disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la
administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con
respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario
de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con
derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación
de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del
contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo.». (Negrillas para resaltar).
De acuerdo a lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció esta Corporación en
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 3, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante
3 En el proceso radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CE-SUJ2-025-21.
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que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues
encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer
protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la
subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según
cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio. 4
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada.
Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud
o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y
de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de
un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, 5 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001 -23-
33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
5 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
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contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese
orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de
sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de
subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratant e
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se
enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades o
funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto
misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación de
servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con un alto
grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad
contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para ejercer
comportamientos propios de la subordinación laboral.
[…]
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término estrictamente
indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se suscriben con
personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que alude la
referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta donde la entidad
contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles,
el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En otras palabras,
la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto
contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que
encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios previos a la
celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de
prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de los
contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que exijan
su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio, como «el
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ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En cualquier caso,
las mismas razones que en su momento justificaron la planeación del contrato inicial
y la suscripción de los contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben
encontrar soporte en los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo
con los razonamientos contenidos en los estudios previos, representa el lapso
durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del
contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas
excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.».
(Resaltado del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte demandante demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo ha
consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado 6 a saber:
«41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores
públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre
que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo
mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos
de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii)
subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como
retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de
trabajo.».
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo los beneficios inherentes a su calidad,
tales como las prestaciones sociales.
Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de que
la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de la
actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la existencia
de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando son
6 Sentencia del 28 de octubre 2021, radicado: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
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contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes y los
celadores 7.
Resolución al caso concreto
El señor Ricardo Zapata Blandón 8 tuvo las siguientes vinculaciones 9 con el
municipio de Pereira para prestar labores como vigilante:
Número de Fecha de Fecha de Objeto
contrato u orden inicio terminación
D1202-0022 20/12/2002 14/01/2003
MA0503-0433 9/05/2003 08/09/2003
MA0503-0433 09/09/2003 30/09/2003 Prestar los servicios como celador en el Instituto
Sin número 01/10/2003 31/10/2003 Docente el Jardín y Ciudadela de Cuba
Sin número 01/11/2003 31/12/2003
Sin número 01/01/2004 31/01/2004
Sin número 01/05/2004 30/06/2004
Sin número 01/10/2004 31/12/2004
Sin número 01/01/2005 28/02/2005
Sin número 01/03/2005 30/04/2005
Sin número 01/05/2005 31/05/2005 Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la
Sin número 01/06/2005 30/06/2005 seguridad a los establecimientos educativos de
Sin número 01/07/2005 30/07/2005 naturaleza oficial, para proteger los bienes muebles e
Sin número 01/10/2005 31/10/2005 inmuebles de los mismos, y así lograr la prestación del
491 01/11/2005 31/12/2005 servicio educativo, el contratista se obliga a prestar los
259 01/01/2006 31/01/2006 servicios de vigilancia en el establecimiento educativo
490 01/02/2006 31/03/2006 de naturaleza oficial Ciudadela Cuba.
491 07/04/2006 31/05/2006
492 01/06/2006 31/07/2006
492 01/08/2006 31/08/2006 Vigilancia de los bienes muebles e inmuebles del
491 01/09/2006 31/12/2006 establecimiento educativo designado, el cual incluye
266 02/01/2007 28/02/2007 además el de apoyar el control en el acceso y salida del
766 01/03/2007 30/04/2007 establecimiento educativo del personal de educandos,
1282 01/05/2007 30/06/2007 docentes, personal administrativo y en general, la
1832 01/07/2007 05/07/2007 comunidad educativa.
1832 01/07/2007 10 30/09/2007
2954 01/10/2007 31/10/2007
3515 01/11/2007 30/11/2007
4088 01/12/2007 31/12/2007
Prestar los servicios de portería en el establecimiento
852 01/02/2008 28/02/2008 educativo Ciudadela de Cuba del municipio de Pereira o
en establecimiento educativo que la Secretaría de
Educación lo requiera por necesidades del servicio.
De dichos contratos se puede evidenciar el acuerdo de voluntades tendiente a
obtener la prestación de un servicio personal de vigilancia a cambio de una
remuneración.
7 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, radicado:
05001233100020040374201.
8 Acorde con escritura pública 131 del 1° de julio de 2009, en la Notaría Única del Círculo de Apia, Risaralda,
el señor José Aicardo Zapata Blandón se cambió el nombre por Ricardo Zapata Blandón (folios 2 anverso y
reverso).
9 Los contratos de prestación de servicios se observan de folios 4 a 35 del expediente.
10 Así se plasmó el plazo de ejecución en el contrato.
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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00122-02 (2644-2020)
Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, se procederá a examinar el
elemento de subordinación:
Así, frente al caso de aquellas personas que han sido contratadas por una entidad
pública a través de contratos u órdenes de prestación de servicios para realizar
funciones de celaduría o vigilancia, como ocurre en el presente asunto, est a
Subsección ha considerado que en el ejercicio de tales funciones no es posible
identificar las características de autonomía e independencia propias de una relación
contractual11.
De esta manera, bien podría entenderse que, por la esencia de las actividades a
desarrollar, este tipo de objetos contractuales implican de manera inescindible el
elemento de la subordinación. En tal sentido, el servicio de vigilancia o celaduría,
así contratado también se encuentra desprovisto de la transitoriedad o temporalidad
que reviste una vinculación de carácter contractual.
En este sentido, se ha pronunciado esta Corporación 12 al indicar que:
«[…] Advierte la Sala que si una persona presta servicios como vigilante - celador
resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e independientes,
siendo que la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de
seguridad en forma permanente para poder funcionar con total tranquilidad.
Carecería de cualquier lógica que los servicios de vigilancia se prestaran
ocasionalmente, siendo que la seguridad de la entidad puede verse afectada en
cualquier momento, lo que exige la presencia continua de una persona que ofrezca
y garantice la guarda de la misma.
Lo anterior permite concluir que para cumplir con las labores de vigilancia, la persona
contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus superiores,
a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y dependencia se
debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la subordinación es
indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio. […]». (Resaltado de
la Sala).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, sentencias del
10 de julio de 2014, radicado: 05001233100020040039101 (0151-13) y del 24 de agosto de 2017, radicado:
66001 23 33 000 2013 00155 01 (1470-2014).
12 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, radicado 05001233100020040374201
(2027-2012).
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De igual manera, y en anterior oportunidad, la Subsección B concluyó sobre el
particular que13: «[…] En tales condiciones, dado que la actividad desarrollada por el
contratista, referente al servicio de vigilancia, implicaba la subordinación y dependencia, es
claro que se desvirtuó el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes y en
tales condiciones hay lugar a declarar la existencia de una relación laboral, al encontrarse
demostrados los elementos que la configuran […]».
De esta forma, y acorde con los objetos contractuales pactados entre el señor
Ricardo Zapata Blandón y la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, es
claro que la labor de vigilancia y las actividades desarrolladas por el contratista,
comprendían la continua y permanente prestación personal del servicio, que no es
otro que el de garantizar la seguridad de las instalaciones, el personal y los bienes
encomendados, tal y como se plasmó en dichos acuerdos de voluntades aportados
al plenario, sin que la entidad demandada haya allegado medio de convicción
alguno que desvirtúe tal presunción.
Nótese que en la mayoría de dichos contratos se advirtió la necesidad de garantizar
la seguridad de los establecimientos educativos y proteger los bienes muebles e
inmuebles de los mismos, con el fin de prestar de manera eficiente el servicio
educativo14, y en otros además se les asignó el control en el acceso de la entrada y
salida de la comunidad educativa de la institución 15, actividades que, además de ser
permanentes, acorde con las reglas de la sana crítica 16, enseñan que no contaba
con independencia para ejercerlas, situación que se acompasa con la permanente
necesidad del servicio prestado y que hacen parte del giro ordinario del ente
demandado, lo que permite concluir, que en este caso se demostró el elemento de
la subordinación.
Pues no es dable inferir razonablemente, que el señor Zapata Blandón ejercía la
labor de vigilancia motu proprio, escogiera el horario para prestar el servicio y la
forma en cómo debía ejecutar las actividades que le fueron endilgadas, mucho
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, radicado:
05001233100020040039101 (0151-2013).
14 Folios 13 a 22.
15 Folios 23 a 35.
16 La cual se encuentra edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y de la técnica, y las reglas
de la experiencia. Al respecto se puede consultar: Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio.
LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol.
41, pp. 673 / 703. 2014.
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menos se podría considerar que, aquel podía dar por finalizada la prestación de su
servicio en cualquier momento.
Además de ello, el Consejo de Estado en sentencia de unificación 17 sostuvo que la
naturaleza jurídica del contrato estatal de prestación de servicios involucra la
realización de actividades que no puedan realizarse por la planta de personal por
un término estrictamente indispensable, aclarando que «en definitiva, los contratistas
estatales son simplemente colaboradores episódicos y ocasionales de la
Administración». (Negrillas para resaltar), sin embargo, conforme se demostró dentro
del plenario, el demandante suscribió 30 de contratos de prestación de servicios con
la demandada de forma continua (con algunas interrupciones) entre los años 2002
y 2008, circunstancia que desvirtúa el uso de la figura del contrato de prestación de
servicios, en tanto no se trata de labores esporádicas, pues los servicios contratados
contradicen el carácter temporal propio de este tipo de acuerdos.
Que, en consecuencia, la conclusión del juez de primera instancia de encontrar
probada la subordinación, se considera debidamente soportada en las pruebas
documentales, en las que se evidencia que no había autonomía para la prestación
del servicio en condiciones de tiempo, de modo, ni de lugar, y que se cumplían
labores misionales de la entidad con vocación de permanencia, para las cuales el
personal de planta no era suficiente.
De esa manera, la Sala considera que en el proceso está demostrada la presencia
de los elementos que configuran una relación de trabajo, en especial el de la
subordinación alegada en el recurso de apelación que aquí se estudia, por lo que
es menester afirmar que fue correcta la decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda de declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre el
municipio de Pereira y el señor Ricardo Zapata Blandón, con ocasión de los
contratos de prestación de servicios celebrados entre el 20 de diciembre de 2002 y
el 28 de febrero de 2008, sin perjuicio de las interrupciones que son relevantes para
efectos de la prescripción extintiva, tema que se analizará a continuación.
17 SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Sobre el punto, se recuerda que esta Corporación ha unificado criterios en cuanto
al reconocimiento de la existencia de la relación laboral encubierta a través de un
contrato de prestación de servicios, así, en sentencia de unificación jurisprudencial
del 25 de agosto de 2016, se fijaron las siguientes reglas respecto a la prescripción
extintiva de los derechos salariales y prestacionales derivados del contrato
realidad18:
● El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
● En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En tal sentido, se recuerda que de conformidad con la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021 19, esta Sección adoptó el periodo de treinta días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos
de prestación de servicios, sin que este constituya una «camisa de fuerza» para el
juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que
obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la solución de
continuidad del vínculo laboral.
Así, tal y como se puede evidenciar en el cuadro referenciado en precedencia se
observan interrupciones superiores incluso a los tres (3) meses, no siendo
acreditada la relación laboral en aquellos lapsos, de manera que corre en distintos
momentos el término de prescripción así:
● Primer período: Del 14 de enero de 2003 (fecha en que término el contrato) al 9 de
mayo de 2003 (cuando empezó el otro), el término iría hasta el 9 de mayo de 2006.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de
agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-
01 (0088-2015).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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● Segundo período: Desde el 31 de enero de 2004 (fecha en que término el contrato)
hasta el 1° de mayo de 2004 (cuando empezó el otro), el término iría hasta el 1° de
mayo de 2007.
● Tercer período: Entre el 30 de julio de 2005 (fecha en que término el contrato) y el
1° de octubre de 2005 (cuando empezó el otro), el término iría hasta el 1° de octubre
de 2008.
● Cuarto período: El último contrato celebrado finalizó el 28 de febrero de 2008, por
lo que el término iría hasta el 28 de febrero de 2011.
Así, toda vez que la reclamación administrativa fue formulada el 14 de junio de
201320 y la demanda se presentó el 25 de marzo de 2014 21, se advierte que operó
en forma total el fenómeno prescriptivo frente a los derechos laborales referidos en
los períodos peticionados, ello, toda vez que el señor Ricardo Zapata Blandón no
presentó reclamación dentro de los 3 años siguientes a la culminación de tales
lapsos, razón por la cual no hay lugar a reconocer las prestaciones deprecadas
entre el 20 de diciembre de 2002 y el 28 de febrero de 2008.
Sin embargo, en aplicación de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de
9 de septiembre de 2021, en la que se expuso que los aportes a seguridad social
que le correspondían al empleador en el marco de una relación laboral encubierta
son imprescriptibles, el interesado tiene derecho a que el municipio de Pereira
pague la diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por
el señor Zapata Blandón, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador y por los períodos
en los que fue reconocida la relación laboral, tal como lo consideró el a quo.
Por último, y en atención al argumento expuesto en el recurso de apelación en
cuanto a que no es dable ordenar el pago de aportes a salud a la respectiva EPS,
lo cierto es que revisada la parte motiva de la decisión recurrida solo se refirió a las
cotizaciones para pensión, no obstante, en el ordinal tercero de la parte resolutiva
ordenó el pago de los porcentajes por concepto de seguridad social en general, por
lo que esta Sala de Decisión modificará dicho aparte y se aclarará que es respecto
de los aportes por concepto pensional, tal como lo ha sostenido el Consejo de
20 Folios 10 a 11.
21 Según acta individual de reparto obrante a folio 60.
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Estado en las sentencias de unificación tantas veces mencionadas.
De la condena en costas en segunda instancia
Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Sección A del Consejo de Estado
venía aplicando el criterio objetivo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2 del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una
carencia de fundamentación que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello,
ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
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FALLA:
Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia del trece (13) de diciembre
de dos mil diecinueve (2019), en tanto ordenó el pago de la diferencia de los
porcentajes de las cotizaciones de seguridad social al fondo, respecto de los
períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral encubierta; y
en su lugar, se aclara que es únicamente frente a los aportes a pensión.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Reconocer personería para actuar a la abogada Gloria Lucía Díaz Sánchez
identificada con cédula de ciudadanía 42.145.419 y portadora de la tarjeta
profesional 223.249 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del
municipio de Pereira, según poder a ella conferido y enviado por mensaje de datos
a la Secretaría de la Sección Segunda visible a índice 15 de la plataforma Samai.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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