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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00704-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00704-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por lo dicho en la motivación. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúense las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00704-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001233300020160070401 (2195-2020)
Demandante: Julio César Ocampo Ossa
Demandado: Municipio de Pereira

Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Vigilante o
conserje de institución educativa.
Decisión: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por el Municipio de Pereira (Risaralda) contra la sentencia del 25 de octubre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1.

PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad del oficio 7336 del 7 de marzo
de 2016 expedido por la Secretaría de Educación de Pereira, a través del cual
negó el reconocimiento de los emolumentos salariales y prestacionales a que
tiene derecho desde el 1° de diciembre de 2005 y hasta el 30 de enero de 2016.

SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho reclamó lo siguiente:

i) Declarar y aceptar la existencia de una relación laboral entre el demandante y la
Secretaría de Educación de Pereira durante el interregno comprendido entre el
1° de diciembre de 2005 al 30 de enero de 2016;
ii) Condenar a la entidad territorial a reconocer y pagar a su favor, a título de
compensación o indemnización, los siguientes conceptos: horas extras diurnas y
nocturnas, cesantías, intereses de cesantías, prima de navidad, prima de

1 Folios 6-8 del expediente.

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Radicado: 66001233300020160070401 (2195-2020)
Demandante: Julio César Ocampo Ossa

servicios, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social y demás
prestaciones que se le reconozcan a un empleado de planta del municipio;

iii) Ordenar compensar el pago por concepto de calzado y vestido, y pagar la
indemnización por el no pago de las cesantías;

iv) Actualizar los valores que sean reconocidos;

v) Sufragar las costas procesales.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda2.

El señor Julio César Ocampo Ossa fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:

i) Prestó sus servicios personales y remunerados bajo la dependencia y
subordinación de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira mediante
la suscripción de contratos de prestación de servicios desde el 1° de diciembre
de 2005 y hasta el 30 de enero de 2016.

ii) Durante el período referido laboró sin solución de continuidad como vigilante de
diferentes instituciones educativas en el Municipio de Pereira.

iii) Cumplió las funciones inherentes a un vigilante: celaduría, custodiar y cuidar las
zonas de las diferentes instituciones, controlar la entrada y salida de personas,
vehículos y objetos de los planteles educativos, así como las demás que le
asignaran los rectores o directores, quienes fungían como sus jefes inmediatos.

iv) Ejecutó sus labores en turnos de doce horas diarias en jornadas de trabajo
alternadas, una semana en rondas comprendidas entre las 6:00 am y las 6:00
pm y la siguiente entre las 6:00 pm a 6:00 am, incluidos dominicales y festivos.
En el mes trabajaba dos semanas de día y dos semanas de noche, de lunes a
domingo y tenía solo un día de descanso. Estaban prohibidos los reemplazos y
el último salario que devengó fue de $1.134.640.

v) El 16 de febrero de 2016, solicitó a la entidad territorial el reconocimiento y pago
de todos los derechos, prestaciones e indemnizaciones de ley.

vi) La Secretaría de Educación de Pereira mediante Oficio 7336 del 7 de marzo de
2016, negó la reclamación con fundamento en la inexistencia de una relación
laboral.

2 Folios 4-6 del expediente.

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación3.

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 1°, 2°, 4°, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución
Política de 1991; 17 de la Ley 6 de 1 945; 1º de la Ley 65 de 1946; 41, 99, 102 y
104 de la Ley 50 de 1990; 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; 8, 9, 10 y 11 del Decreto
3135 de 1968; 43 a 49 del Decreto 1848 de 1969; 8 al 26, 28 al 33 y 45 del
Decreto 1045 de 1978; 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978; 20 de la Ley 100 de
1993; 12 de la Ley 780 de 2002; 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo; 2, 3
y s.s. de la Ley 1437 de 2011; los decretos Nos. 451 de 1984; 1160 de 1947;
3118 de 1968; 1252 de 2000; 372 de 2006 y la Ley 244 de 1995.

Como concepto de violación señaló que se transgredió la normatividad en cita, al
considerar que las actividades desplegadas correspondían al giro ordinario de la
entidad demandada, funciones que habían sido desarrolladas de manera
permanente, inclusive en horarios extendidos.

Manifestó que se atentó contra la dignidad y la justicia cuando la entidad acudió
a la figura de intermediación laboral para desconocer los derechos de los
trabajadores que de manera permanente prestaron sus servicios, ello, para
encubrir una verdadera relación laboral, pues en sentir del accionante en el
presente asunto se podían evidenciar los tres elementos esenciales de la misma,
esto es, la prestación personal del servicio, remuneración o retribución por el
servicio y por último la subordinación y dependencia.

Determinó que de acuerdo con el régimen aplicable para los empleados públicos
se le debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales en igualdad de
condiciones que al personal de planta.

1.4. Contestación de la demanda4

El municipio de Pereira por conducto de mandataria contestó el petitum
demandatorio y se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en
los argumentos que a continuación se indican:

i) El vínculo contractual se desarrolló bajo las condiciones previstas en el numeral
3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de ahí que, no se configuraron los
elementos de una relación laboral entre las partes sino de una relación de
coordinación.
ii) Los efectos del contrato de prestación de servicios no son similares a los
generados con la investidura de los empleados públicos, los contratistas son
vinculados a través de instrumento contractual, en cambio, el empleado público,
a través de vinculación legal y reglamentaria.

3 Folios 8-24 del expediente.
4 Folios 48-60, ibidem

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

iii) El elemento de la subordinación, consistente en las órdenes y directrices dadas
por el empleador respecto de la forma de ejecutar la labor encomendada, no
acaeció en la vinculación del señor Julio César Ocampo Ossa, por cuanto, con
los contratos y documentos aportados solamente se acreditó el pago de los
honorarios, más no el grado de dependencia. A pesar de que presuntamente se
cumplió horario, la realización de actividades en éste, fue un acuerdo de
voluntades.

Formuló como excepciones las siguientes: i) inexistencia del contrato de trabajo
o relación laboral, por las razones anteriormente expuestas; ii) inexistencia de
causa para demandar y cobro de lo no debido, toda vez que no se adeuda
ninguna acreencia que tenga como causa un vínculo laboral; iii) prescripción de
las prestaciones reclamadas, porque transcurrieron más de tres años desde la
suscripción de los contratos y la reclamación en sede administrativa; y iv)
genérica, refiriéndose a declarar de oficio cualquiera que se encuentre probada.

1.5. Sentencia de primera instancia5

El 28 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la
nulidad del acto administrativo acusado y ordenó al Municipio de Pereira a
reconocer al demandante las prestaciones sociales de orden legal a las cuales
tiene derecho tomando como base los honorarios contractuales derivados de los
contratos de prestación de servicios correspondientes a los siguientes períodos:
2 de enero al 15 de agosto de 2013, 16 de agosto al 15 de septiembre de 2013,
16 de septiembre al 15 de octubre de 2013, 2 de enero al 30 de junio de 2014,
del 1 de agosto al 31 de octubre de 2014, del 2 de enero al 1 de abril de 2015,
del 2 de abril al 15 de junio de 2015, del 16 de junio al 31 de diciembre de 2015
y del 1 al 30 de enero de 2016.

Asimismo, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva
del derecho de la indemnización de los lapsos que enseguida se indican: 1 al 31
de diciembre de 2005; del 1 al 31 de enero de 2006; del 1 de febrero al 31 de
marzo de 2006; del 1 al 31 de agosto de 2006; del 2 de enero al 28 de febrero de
2007; del 1 de marzo al 30 de abril de 2007; del 1 de mayo al 30 de junio de 2007;
del 1 de marzo al 30 de abril de 2007; del 1 de mayo al 30 de junio de 2007; del
1 al 5 de julio de 2007; del 6 de julio al 30 de septiembre de 2007; del 1 al 31 de
octubre de 2007; del 1 al 30 de noviembre de 2007; del 1 al 31 de diciembre de
2007; del 2 al 31 de enero de 2008; del 1 al 28 de febrero de 2008; del 4 de marzo
al 29 de diciembre de 2008; del 1 de enero de 2009 al 30 de diciembre de 2009;
del 1 de julio al 31 de diciembre de 2011; del 2 de enero al 29 de febrero de 2012;
del 1 de marzo al 30 de junio de 2012 y del 1 de agosto al 15 de septiembre de
2012. Lo anterior, en atención a que la prestación del servicio no fue continua.

De igual manera, condenó al ente territorial al pago de las prestaciones sociales

5 Folios 110 a 134 del expediente

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laborales del orden legal a que tuviere derecho el demandante y que no fueron
cubiertas por el empleador, incluyendo, vacaciones, cesantías, intereses a las
cesantías y primas durante el tiempo laborado no afectado por prescripción; a su
vez, ordenó cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía
en su calidad de empleador y también ordenó el pago compensatorio en dinero
de las dotaciones en vestido y calzado de labor; precisó que el tiempo laborado
a través de contratos de prestación de servicios se deberá computar para efectos
pensionales; denegó las demás pretensiones de la demanda y finalmente se
abstuvo de condenar en costas a la parte vencida dentro de la litis.

Sostuvo como tesis, que de la naturaleza misma del empleo desempeñado por
el ciudadano se prueba la subordinación, puesto que no se puede predicar algún
grado de autonomía de las funciones de vigilancia, en el entendido que este
servicio debe ser continuo y permanente a fin de mantener la seguridad tanto de
quienes ocupan los colegios, como de los bienes muebles e inmuebles que los
integran, lo cual asegura la eficiencia y calidad de la prestación del servicio
educativo6.

En ese orden de ideas, resaltó que las actividades del demandante obedecían al
cumplimiento de las órdenes impartidas por el director del centro educativo en el
que laboró, de tal manera que «en el presente caso existió una verdadera relación
laboral durante el tiempo de vigencia de los contratos u órdenes de prestación de
servicios en la que concurría como elementos esenciales la prestación personal
del servicio, la subordinación y la remuneración como contraprestación del
servicio de conserje o vigilante».

1.6. Recurso de apelación.

El Municipio de Pereira7 solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, para tal efecto, manifestó que la prestación personal del servicio se
efectúo mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios
interrumpidos, asimismo, el expediente no cuenta con respaldo probatorio
testimonial ni documental del cual se vislumbre que las funciones y horario
asignado al demandante era similar a la de un empleado de planta de la entidad
territorial, siendo improcedente partir de una mera presunción.

Indicó que no se tuvo en cuenta la posición decantada por el Consejo de Estado,
según la cual, continuamente es procedente ejercer supervisión y vigilancia sin
constituir subordinación, puede mediar una relación de coordinación de
actividades, si bien en algún momento el contratista debe cumplir un horario para
desempeñar sus funciones, tal situación no configura una relación laboral.

6 Al respecto citó las sentencias del 3 de mayo de 2007 y del 2 de mayo de 2013, proferidas por la Sección

Segunda del Consejo de Estado en los expedientes radicados 4583-2004 y 2027-2012, respectivamente,
en las que se reconoció la labor de vigilancia de naturaleza permanente y subordinada.
7 Folios 137 y 138del expediente.

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Finalmente, insistió en declarar probada la excepción de prescripción extintiva
del derecho reclamado, pues la ejecución contractual se realizó de manera
interrumpida.

1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

La entidad territorial demandada, reiteró algunos argumentos expuestos en la
alzada, luego reprochó el reconocimiento de compensación en dinero de las
dotaciones de vestido y calzado de labor, resaltando la tesis defendida en la
decisión dictada el 11 de mayo de 2017 por el Consejo de Estado en el
expediente 3963-20148, oportunidad en la que se expresó que el precitado
beneficio no era una prestación social sino laboral propia de los empleados
públicos, en ese sentido, a los contratistas no se les puede reconocer.

No obstante, señaló que para la acreditación del elemento de la subordinación el
a quo únicamente se fundamentó en una declaración realizada por un testigo de
la parte demandante, toda vez que éste no desarrolló argumentos sobre la
dependencia, directrices u órdenes de las cuales naciera una relación de tipo
patronal con la administración municipal.

La parte demandante y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.9

II. CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes consideraciones.

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10. De igual manera, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso11,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente una de
las partes presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a los
argumentos del respectivo recurso.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, expediente

66001-23-33-000-2013-00214-01(3963-2014), CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9 De acuerdo al informe secretarial visible en el folio 163 del expediente.
10 « E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á e n

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».
11 « C o m p e t e n c i a d e l s u p e r i o r . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a d e b e r á p r o n u n c i a r s e

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar sí existió una relación laboral
encubierta entre el señor Julio César Ocampo Ossa y el municipio de Pereira en
el interregno comprendido entre el 1° de diciembre de 2005 y el 30 de enero de
2016, y si como consecuencia de ello, le asiste el derecho al reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión a dicho
vínculo, así como por concepto de aportes a la seguridad social en pensiones; o
si se configuró el fenómeno de la prescripción; o si por el contrario existió una
relación eminentemente contractual con la entidad mencionada, sin derecho a
prestación alguna.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por
esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario
igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio
111 de la OIT,12 constituye, junto con otros principios convencionales,13 un
axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con

12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa

Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante
el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual
convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa,
por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el
círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y

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iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política14.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas
dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades

14 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-

000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201615, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización16, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término17.

En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del

15 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
16 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de

prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
17 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado

de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.

2.4. Análisis de la Sala.

En el caso concreto la parte demandante pretendió la declaratoria de la existencia
de una verdadera relación laboral desde el 1° de diciembre de 2005 al 30 de
enero de 2016, con el consecuente reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales. La parte demandada en su recurso sostiene la inexistencia de ese
vínculo laboral, bajo el supuesto de una mera relación contractual, la cual se
encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción.

Al respecto, se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

1. Contratos de prestación suscritos entre el demandante y el municipio de
Pereira: De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por la parte
demandada en el índice 20 de las actuaciones registradas en el sistema de
gestión judicial-Samai, en cumplimiento a las órdenes impartidas en el auto de
mejor proveer dictado el 4 de agosto de 202218, el demandante suscribió lo
siguientes contratos de prestación de servicios con el Municipio de Pereira:

Contrato u orden
Período
# de prestación de Objeto Valor total
contratado
servicios
Teniendo en cuenta la
necesidad de garantizar la
seguridad a los
1° de
establecimientos educativos
diciembre de
de naturaleza oficial, para $730.000
1 01019 2005 al 31 de
proteger los bienes muebles e M/cte.
diciembre de
inmuebles de los mismos y así
2005
lograr la prestación del
servicio educativo con
eficiencia y calidad, el

18 Folios 164 y 165 del expediente.
19 En la certificación el contrato se enumeró como el 1195.

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

contratista se obliga a prestar
los servicios de vigilancia.
Teniendo en cuenta la
necesidad de garantizar la
seguridad a los
establecimientos educativos
de naturaleza oficial, para
1° de enero de
proteger los bienes muebles e $730.000
2 7820 2006 al 31 de
inmuebles de los mismos y así M/cte.
enero de 2006
lograr la prestación del
servicio educativo con
eficiencia y calidad, el
contratista se obliga a prestar
los servicios de vigilancia
Teniendo en cuenta la
necesidad de garantizar la
seguridad a los
establecimientos educativos
1° de febrero de naturaleza oficial, para
de 2006 al 31 proteger los bienes muebles e $1.460.000
3 31821
de marzo de inmuebles de los mismos y así M/cte.
2006 lograr la prestación del
servicio educativo con
eficiencia y calidad, el
contratista se obliga a prestar
los servicios de vigilancia
3, 4, 5 y 6 abril de 2006 interrupción de 4 días hábiles
Teniendo en cuenta la
necesidad de garantizar la
seguridad a los
establecimientos educativos
de naturaleza oficial, para
7 de abril de
proteger los bienes muebles e $1.460.000
4 31922 2006 al 31 de
inmuebles de los mismos y así M/cte.
mayo de 2006
lograr la prestación del
servicio educativo con
eficiencia y calidad, el
contratista se obliga a prestar
los servicios de vigilancia
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
1° de junio de
31823 además, el de apoyar el $1.460.000
5 2006 al 31 de
control en el acceso y salida M/cte.
julio de 2006
del establecimiento educativo
del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en

20 En la certificación el contrato se enumeró como el 1743.
21 En la certificación el contrato se enumeró como el 2285.
22 En la certificación el contrato se enumeró como el 2860.
23 El municipio de Pereira enumeró el contrato de forma idéntica al suscrito el 1° de febrero de 2006,
asimismo, en la certificación el contrato se enumeró como el 3417.
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general, la comunidad
educativa.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
1° de agosto además, el de apoyar el
de 2006 al 31 control en el acceso y salida $730.000
6 32024
de agosto de del establecimiento educativo M/cte.
2006 del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa
Interrupción de 4 meses y 2 días (días hábiles 81)
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
2 de enero de además, el de apoyar el
2007 al 28 de control en el acceso y salida $1.460.000
7 18025
febrero de del establecimiento educativo M/cte.
2007 del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
1° de marzo además, el de apoyar el
de 2007 al 30 control en el acceso y salida $1.533.000
8 67826
de abril de del establecimiento educativo M/cte.
2007 del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
1° de mayo de
además, el de apoyar el $1.533.000
9 119527 2007 al 30 de
control en el acceso y salida M/cte.
junio de 2007
del establecimiento educativo
del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en

24 En la certificación el contrato se enumeró como el 3993.
25 En la certificación el contrato se enumeró como el 185.
26 En la certificación el contrato se enumeró como el 749.
27 En la certificación el contrato se enumeró como el 1079.

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general, la comunidad
educativa.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
además, el de apoyar el
1° de julio de
control en el acceso y salida $127.750
10 174328 2007 al 5 de
del establecimiento educativo M/cte.
julio de 2007
del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
6 de julio de además, el de apoyar el
2007 al 30 de control en el acceso y salida $2.171.750
11 228529
septiembre de del establecimiento educativo M/cte.
2007 del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
1° de octubre además, el de apoyar el
de 2007 al 31 control en el acceso y salida $766.500
12 286030
de octubre de del establecimiento educativo M/cte.
2007 del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
1° de
además, el de apoyar el
noviembre de
control en el acceso y salida $766.500
13 341731 2007 al 30 de
del establecimiento educativo M/cte.
noviembre de
del personal de
2007
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa.

28 En la certificación el contrato se enumeró como el 187.
29 En la certificación el contrato se enumeró como el 190.
30 En la certificación el contrato se enumeró como el 2.
31 En la certificación el contrato se enumeró como el 827.

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
1° de
además, el de apoyar el
diciembre de
control en el acceso y salida $766.500
14 3993 2007 al 31 de
del establecimiento educativo M/cte.
diciembre de
del personal de
2007
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles del
establecimiento educativo
designado, el cual incluye
además, el de apoyar el
2 de enero de
control en el acceso y salida $817.166
15 18532 2008 al 31 de
del establecimiento educativo M/cte.
enero de 2008
del personal de
educandos, docentes,
personal administrativo y en
general, la comunidad
educativa.
Prestar los servicios de
portería en el Establecimiento
1° de febrero Educativo Héctor Ángel Arcila
de 2008 al 28 del Municipio de Pereira, o en $817.166
16 74933
de febrero de el establecimiento educativo M/cte.
2008 que la Secretaría de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio.
Prestar los servicios de
portería en el Establecimiento
4 de marzo de Educativo Héctor Ángel Arcila
2008 al 29 de del Municipio de Pereira, o en $8.062.704
17 107934
diciembre de el establecimiento educativo M/cte.
2008 que la Secretaría de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio.
Prestar los servicios de
portería en el Establecimiento
1° de enero de Educativo Héctor Ángel Arcila
2009 al 30 de del Municipio de Pereira, o en $10.639.500
18 9135
diciembre de el establecimiento educativo M/cte.
2009 que la Secretaría de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio.
En los períodos de tiempo relativos al 1° de enero de 2010 al 7 de octubre de 2010, 8 de
octubre de 2010 al 11 de noviembre de 2010 y 1° de enero de 2011 al 30 de junio de 2011, el

32 En la certificación el contrato se enumeró como el 1768.
33 En la certificación el contrato se enumeró como el 1127.
34 En la certificación el contrato se enumeró como el 198.
35 En la certificación el contrato se enumeró como el 187.

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

señor Julio César Ocampo Ossa celebró contratos de prestación de servicios con la empresa
de servicios temporales Servitemporales S.A, certificación visible en el folio 102 del
expediente
Prestar los servicios de
Conserjería en el
Establecimiento Educativo
1° de julio de
Héctor Ángel Arcila del
2011 al 31 de $6.353.694
19 190 Municipio de Pereira, o en el
diciembre de M/cte.
Establecimiento Educativo
2011
que la Secretaría de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio
Prestar los servicios de
Consejería en el
Establecimiento Educativo
2 de enero de
Héctor Ángel Arcila del
2012 al 29 de $2.182.000
20 002 Municipio de Pereira, o donde
febrero de M/cte.
la Secretaría de Educación
2012
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio y,/o en
la SEM.
Prestar los servicios de
Conserjería en el
Establecimiento Educativo
1° de marzo
Héctor Ángel Arcila del
de 2012 al 30 $5.455.000
21 827 Municipio de Pereira, o en el
de julio de M/cte.
Establecimiento Educativo
2012
que la Secretaría de
Educación lo requiera, por
necesidad del servicio
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
1° de agosto de los Establecimientos
de 2012 al 15 Educativos Oficiales del $1.636.500
22 1127
de septiembre Municipio de Pereira o M/cte.
de 2012 donde la Secretaría de
Educación Municipal lo
requiera por necesidad del
servicio
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
1768 16 de operativo y asistencial en uno
septiembre de de los Establecimientos
$1.636.500
23 No está en la 2012 al 31 de Educativos Oficiales del
M/cte.
certificación ni en octubre de Municipio de Pereira o donde
la sentencia 2012 la Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio
2402 1° de Prestación de servicios para
noviembre de realizar actividades de apoyo
$2.218.366
24 No está en la 2012 al 31 de operativo y asistencial en uno
M/cte.
certificación ni en diciembre de de los Establecimientos
la sentencia 2012 Educativos Oficiales del

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

Municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
Municipal lo requiera por
necesidad del servicio
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
2 de enero de operativo y asistencial en uno
2013 al 15 de de los establecimientos $8.509.800
25 19836
agosto de educativos oficiales del M/cte.
2013 municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
16 de agosto operativo y asistencial en uno
de 2013 al 15 de los establecimientos $1.134.640
26 1110156637
de septiembre educativos oficiales del M/cte.
de 2013 municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
16 de
operativo y asistencial en uno
septiembre de
de los establecimientos $1.134.640
27 1110223138 2013 al 15 de
educativos oficiales del M/cte.
octubre de
municipio de Pereira o donde
2013
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
16 de octubre operativo y asistencial en uno
de 2013 al 31 de los establecimientos $567.320
28 11102548
de octubre de educativos oficiales del M/cte.
2013 municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
1° de
operativo y asistencial en uno
noviembre de
de los establecimientos $2.269.280
29 11102843 2013 al 30 de
educativos oficiales del M/cte.
diciembre de
municipio de Pereira o donde
2013
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
2 de enero de
operativo y asistencial en uno $6.807.840
30 11100183 2014 al 30 de
de los establecimientos M/cte.
junio de 2014
educativos oficiales del
municipio de Pereira o donde

36 En la certificación el contrato se enumeró como el 319.
37 En la certificación el contrato se enumeró como el 318.
38 En la certificación el contrato se enumeró como el 320.

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
1° de julio de
de los establecimientos $1.134.640
31 1100863 2014 al 30 de
educativos oficiales del M/cte.
julio de 2014
municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
1° de agosto operativo y asistencial en uno
de 2014 al 31 de los establecimientos $3.403.920
32 11101535
de octubre de educativos oficiales del M/cte.
2014 municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
1° de
operativo y asistencial en uno
noviembre de
de los establecimientos $2.269.280
33 11102044 2014 al 30 de
educativos oficiales del M/cte.
diciembre de
municipio de Pereira o donde
2014
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
2 de enero de
de los establecimientos $3.506.037
34 11100205 2015 al 1° de
educativos oficiales del M/cte.
abril de 2015
municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
operativo y asistencial en uno
2 de abril de
de los establecimientos $2.882.742
35 11100812 2015 al 12 de
educativos oficiales del M/cte.
junio de 2015
municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
Prestación de servicios para
realizar actividades de apoyo
16 de junio de operativo y asistencial en uno
2015 al 31 de de los establecimientos $7.596.414
36 11101486
diciembre de educativos oficiales del M/cte.
2015 municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera
1° de enero de Prestación de servicios para
$1.168.679
37 177 2016 al 30 de realizar actividades de apoyo
M/cte.
enero de 2016 operativo y asistencial en uno

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de los establecimientos
educativos oficiales del
municipio de Pereira o donde
la Secretaría de Educación
municipal lo requiera

2. Contrato de prestación de servicios suscritos entre el señor Julio César
Ocampo Ossa y la empresa de servicios temporales Servitemporales S.A:
Conforme a la certificación allegada en folio 102 del expediente expedida por la
empresa Servitemporales S.A., así como, los contratos aportados39:

«El(a) señor(a) OCAMPO OSSA JULIO CESAR, con cédula de ciudadanía
[…] ha laborado en nuestra empresa con contratos por obra o labor
determinada, suministrado(a) como trabajador(a) en misión con la ALCALDÍA
DE PEREIRA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en los siguientes cargos:

CARGO SALARIO INGRESO RETIRO
CONSERJE $519.261 01/01/2010 07/10/2010
CONSERJE $519.261 08/10/2010 11/11/2010
12/11/2010 hasta 31/12/2010 interrupción
CONSERJE $535.600 01/01/2011 30/06/2011

[…]»

3. Solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales. El 16 de
febrero de 2016, se solicitó al municipio de Pereira el reconocimiento de una
relación laboral, producto de los contratos de prestación de servicios de vigilancia
que suscribió con esa entidad y el pago de las prestaciones sociales causadas
desde el 1° de diciembre de 2005 al 30 de enero de 201640.

4. Acto administrativo demandado. A través de Oficio 7336 del 7 de marzo de
2016, la secretaría de educación y la directora administrativa de prestación del
servicio y administración de plazas docentes del municipio de Pereira negaron la
anterior petición con fundamento en que el demandante, en su calidad de
contratista, no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones sociales
conforme lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 199341.

5. Testimonio. Se escuchó en declaración jurada al señor Hernando de Jesús
Vergara42 quien sostuvo:

«… PREGUNTADO: ¿Tiene alguna relación de amistad intima o de
parentesco con el señor Julio César Ocampo Ossa? CONTESTO:

39 Folios 103 a 105 del expediente.
40 Folios 14 a 17, ibidem.
41 Folio 27 del expediente.

42 Audiencia de pruebas que se encuentra en el CD visible en el folio 101 del expediente. Minuto 01:29 a
11:33.
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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

Solamente de amistad señor juez. […] PREGUNTADO: Se pide que usted
declare en este proceso cuanto le conste en relación con ese vínculo que
él dice tuvo con el municipio precisando usted circunstancias de tiempo,
es decir, desde hace cuánto conoce usted a Julio César Ocampo Ossa,
en razón de que lo conoció, que sabe usted de esos vínculos o contratos,
que labores o tareas desarrollaba, en que sitio o en que establecimiento,
si estaba a cargo de alguna persona que le daba ordenes o de algún
superior, en caso afirmativo si cumplía horario o turnos de trabajo, si tenía
autonomía para prestar el servicio o con elementos de su propiedad o por
el contrario le eran suministrador por la parte contratante, es decir, todos
los pormenores que usted nos pueda precisar y que le consten.
CONTESTO: Yo trabajé con la Secretaría de Educación en la Alcaldía
de Pereira hasta el año 2012, yo conocí al señor Julio César Ocampo
hasta el 2012, o sea que él trabajó desde el 2005 hasta el 2016, nos
reuníamos en el parque Bolívar y ahí charlábamos si resumíamos en cuál
lugar educativo o institución educativa trabajábamos, el señor Julio César
Ocampo me comentaba que él trabajaba en el Héctor Ángel García del
corregimiento de la Florida, entonces ahí nos reuníamos, pues a recibir el
paguito y esperar a que nos pagaran en el banco la bicoca que recibíamos
de Pereira, nosotros teníamos que pagar de ese sueldo que nos daban la
pensión y la salud, si no pagábamos pensión y salud no teníamos sueldo
al mes siguiente, entonces era un problema muy grave porque el contrato
muy clarito decía que nos daban uniformes, dotación y prestaciones
sociales, no nos dieron nunca uniformes, no (sic) prestaciones sociales, ni
horas extras ni nada, a nosotros nos tocaba trabajar sábados, domingos,
días de fiesta, la hora que fuera, y 24 y 31 de diciembre si nos tocaba el
turno teníamos que trabajarlo, inclusive se nos vencía el trabajo el 31 de
diciembre, desde el mismo 27 o 28 de diciembre nos llamaban para firmar
un contrato nuevo con tal de no dejar los colegios solos […], el único jefe
que nos podía decir para cual institución educativa íbamos era la
secretaría de Educación, muchas veces los rectores de los colegios nos
daban órdenes, la prestación del servicio de nosotros era como conserje
o vigilante del colegio, teníamos que revisar todo, que no se nos fuera a
entrar un maleante y ninguna de esas cuestiones a los colegios, durante
un tiempo estuvimos afiliados a Servitemporales, yo inclusive tengo en
este momento en mis manos si al señor juez le interesa eso dónde
estuvimos afiliados por año y medio a Servitemporales dónde teníamos el
sueldo, dotación, prestaciones sociales, todo lo de ley, aquí tengo en ese
momento eso para presentárselo al señor juez como prueba de ese
servicio, vuelvo y le repito, el servicio de nosotros era conserje, muchas
veces en los colegios de pronto nos pedían favores, no que teníamos
obligaciones de revisar carros o que parquee este carro, o que limpie aquí
o cualquier cosa, eran favores que nosotros hacíamos y muchas veces lo
hacíamos, otra cosa, nosotros no podíamos conseguir a nadie que nos
remplazara, el que se enfermara tenía que llevar la incapacidad a la

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

Secretaría de Educación, y Secretaría de Educación mandaba reemplazo
para allá, nosotros no podíamos decirle a un compañero vea rempláceme
o que estoy incapacitado, nada de eso, para hacer las vueltas personales
teníamos un tiempo para hacerlas, el horario de servicio de nosotros era
de 6 de la mañana a 6 de la tarde o 6 de la tarde a 6 de la mañana, horario
nocturno o diurno, nosotros no podíamos decirle al compañero que
mañana vengo a las 8 de la mañana, no podíamos hacer eso, porque
venían los problemas con los otros, teníamos compañeros posesionados
en Secretaría de Educación o nombrados que ellos llaman, los cuales
trabajaban 8 horas, y el servicio de nosotros era 8 horas, los cuales, las 4
horas extras no las pagaban la alcaldía ni la Secretaría de Educación, por
eso, nosotros manteníamos ofendidos, era maluca esas cosas.
PREGUNTADO: Sabía usted o le consta si el señor Julio César Ocampo
Ossa prestó sus servicios al municipio a través de Servitemporales,
empresa que usted citó en respuesta anterior y en caso afirmativo
precisará la época en que la hizo. CONTESTO: Si señor juez, en este
momento tengo una constancia […], una prueba de que él estuvo en el
2010 hasta el 2011, si quiere yo le paso la prueba señor juez43». (Negrillas
de la Sala).

Visto lo anterior, advierte la Sala las siguientes situaciones:

1. En la certificación expedida el 25 de enero de 2016 por la directora administrativa
de prestación del servicio educativo y administración de plazas docente de la
Secretaría de Educación de Pereira, los períodos de ejecución contractual
corresponden a los establecidos en los contratos de prestación de servicios
recaudados durante el trámite procesal, sin embargo, tal como se advirtió en los
píe de páginas 21 a 42, algunos de los números de los contratos relacionados en
la certificación no corresponden a la identificación correcta, en ese sentido, se
tendrán en cuenta los documentos registrados en el índice 20 de Samai que
contienen los instrumentos contractuales suscritos entre las partes, allegados al
proceso por prueba de oficio decretada en esta segunda instancia.

2. Luego de verificarse el cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto de
mejor proveer de fecha 4 de agosto de 2022, se observa que además de la
información indicada en la certificación, la cual fue el soporte probatorio de la
decisión de primera instancia, también se celebraron los contratos de prestación
de servicios 11102548, 11102843 y 11102044.

43 En dicha etapa el juez contestó: «Muchas gracias, tenemos 1, 2, 3, 4 folios, y se dispone allegar al

expediente el documento al que alude el testigo que tiene que ver con una información del señor Julio César
Ocampo Ossa, en este caso una información acerca del cargo, el salario, ingreso y retiro del demandante
en relación con la alcaldía de Pereira-Secretaría de Educación y un anexo del contrato individual de trabajo
por término de realización de la obra o labor contratada suscrito entre Julio César Ocampo Ossa y
Servitemporales S.A. en 3 folios». Por lo anterior, en los folios 102, 103, 104 y 105 se incorporó al expediente
la certificación y los contratos celebrados con Servitemporales S.A.

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Demandante: Julio César Ocampo Ossa

3. El a quo tuvo por probado el interregno en el que el señor Julio César Ocampo
Ossa ostentó la calidad de trabajador en misión con ocasión de los contratos
suscritos con Servitemporales S.A., la convicción la generó una certificación y 3
contratos que fueron aportados por el testigo Hernando de Jesús Vergara
relacionados con el vínculo del demandante en discusión. Esta instancia también
valorará dichos documentos, teniendo en cuenta que la regla 6ª del artículo 221
de la Ley 1564 de 2012 permite que, al rendirse la declaración, se pueda aportar
y reconocer documentos relacionados con ésta44.

4. No se allegó el contrato de prestación de servicios 177, el cual, se ejecutó en el
período de 1° de enero de 2016 al 30 de enero de 2016.

Del material probatorio relacionado en el acápite precedente se tiene que se
demostró la prestación personal del servicio, comoquiera que el accionante
fue vinculado como contratista del municipio de Pereira en los períodos indicados
en el cuadro que antecede, como vigilante de institución educativa, labor que no
podía delegar en terceros o por interpuesta persona.

En efecto, se probó esa prestación personal del servicio, puesto que de acuerdo
con los instrumentos contractuales y la declaración del testigo se concluye que
el demandante desempeñó labores de vigilancia. Así mismo, a partir de los
contratos de prestación de servicios se puede determinar que por sus labores
percibía la remuneración pactada.

En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».

En relación con este elemento, esta Sala ha afirmado que «implica una
superioridad jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta
facultad sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una
facultad es una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de
las normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier
tipo de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la
correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de
carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir
horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de

44 Artículo 221. Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:

[…]
6. El testigo al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar
su testimonio; estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio.
Así mismo el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración.
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algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero,
coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de
la subordinación»45.

Pues bien, con las documentales se prueba que el señor Julio César Ocampo
Ossa suscribió con el Municipio de Pereira 37 contratos que tenían por objeto
prestar servicios de conserjería o vigilancia en diferentes establecimientos
educativos o en el establecimiento educativo Héctor Ángel Arcila de dicho ente
territorial. Entre sus funciones contractuales se encontraban: coordinar el acceso
del personal autorizado que ingresara al plantel educativo, garantizando la
tranquilidad del servicio educativo; velar por la puntual apertura y cierre de los
portales y accesos; propender por el buen cuidado de los contadores y motores
y de las entradas de energía eléctrica, así como de la conducción general de
agua, bajantes y sumideros receptores de aguas fluviales en las terrazas,
azoteas, patios de acceso por servicios comunales y que no entrañen
peligrosidad; recepcionar las alarmas producidas durante el servicio y colaborar
en la prevención y control de situaciones de emergencia; cumplir con los tumos
de conserjes que se le asignen y en coordinación con el rector de la Institución o
director rural, el área o zona de la Institución que se le hubiere designado, entre
otras.

De acuerdo con las actividades pactadas, se tiene que su labor se circunscribió
al cuidado y custodia de personas y bienes del establecimiento educativo donde
ejecutaba los contratos, es decir, ejerció labores de vigilancia.

En esa línea de ideas, conforme lo ha aceptado esta Sección, al prestar servicios
de vigilancia es inadmisible afirmar que el demandante realizó actividades
temporales e independientes, por cuanto la labor contratada exige que se brinde
el servicio de seguridad de forma permanente y continuada toda vez que «es
deber las entidades o establecimientos públicos y con mayor razón, si son del
sector educativos, garantizar la seguridad de las personas que concurren a las
mismas, así como también, de los bienes muebles y enseres que sean de
propiedad del ente respectivo y con los cuales, facilita la prestación de los
servicios para los cuales fueron creados»46.

Existen elementos de juicio que permiten concluir que en el ejercicio de las
funciones desplegadas por el accionante como conserje comportan el elemento
de subordinación, por cuanto es claro que no puede desarrollar tal actividad sin
estar sujeto a las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores,
asimismo estar sometido a horarios y turnos de trabajo debido a la naturaleza de
la labor encomendada, circunstancias que en efecto desvanecen la figura de

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 25 de mayo de 2017. Expediente

Rad. Núm.: 66001-23-33-000-2013-00468-01(2093-15)
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coordinación y desvirtúan la autonomía con la que se presta el servicio que se
entiende es personal.

Como consecuencia de lo anterior, es posible inferir que, para cumplir con las
labores de vigilancia, el demandante debía atender las órdenes del contratante a
quien le correspondía determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
los que debía prestarse el servicio.

Así las cosas, la labor de vigilancia exige la continua y permanente prestación
personal del servicio de garantizar la seguridad de las instalaciones, el personal
y los bienes encomendados, se resalta que en la mayoría de dichos contratos se
hizo énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad de los establecimientos
educativos y proteger los bienes muebles e inmuebles de los mismos, con el fin
de prestar de manera eficiente el servicio educativo, de igual manera, en otros se
encomendó el control en el acceso de la entrada y salida de la comunidad
educativa de la institución, actividades que, además de ser permanentes, acorde
con las reglas de la sana crítica, no se pueden ejercer con independencia,
escenario que exige le continua necesidad de la prestación del servicio
contratado y son parte del giro ordinario de la entidad pública demandada, de ahí
que, en el presente caso se probó el elemento de la subordinación.

La anterior posición, recientemente fue avalada por la Sala de Subsección A en
la sentencia dictada el día 28 de septiembre de 202347 realizando el siguiente
pronunciamiento: «por la esencia de las actividades a desarrollar, este tipo de
objetos contractuales implican de manera inescindible el elemento de la
subordinación. En tal sentido, el servicio de vigilancia o celaduría, así contratado
también se encuentra desprovisto de la transitoriedad o temporalidad que reviste
una vinculación de carácter contractual».

Ahora bien, es necesario poner de presente que una vez se ha comprobado la
existencia de la relación laboral entre la contratista y la entidad pública, en tanto
se ha descubierto la simulación del contrato de prestación de servicios,
corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en algún momento.

Quedando probado en este asunto que, desde el 1 de diciembre de 2005 hasta
el 31 de agosto de 2006, prestó sus servicios como vigilante de manera
ininterrumpida. Entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2006,
transcurrieron 81 días hábiles en los que no hubo contratación con el
demandante, y si bien el único testigo traído al proceso expresó que también
trabajó en la secretaría de educación en la Alcaldía de Pereira hasta el año 2012,
no determinó desde qué época inició labores, a efectos de esclarecer la fuente
de su dicho respecto a los extremos temporales de la relación laboral encubierta
reclamada en la demanda.

47 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Expediente 66001-23-33-000-2014-00122-02
(2644-2020). CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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En ese orden, valorando el testimonio en mención con la prueba documental
traída al proceso, se constata que hubo solución de continuidad por espacio de
81 días hábiles transcurridos entre septiembre y diciembre de 2016, sin que en
este caso se observen circunstancias que permitan asumir ese lapso se vio, verbi
gracia, interrumpido por el proceso de formalización del trámite contractual.

De tal manera que, la primera relación laboral encubierta se dio entre el 1 de
diciembre de 2005 y el 31 de agosto de 2006.

Como el demandante continuó laborando por contrato de prestación de servicios
desde el 2 de enero de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2009, y con empresa
de servicios temporales en el período comprendido entre 1 de enero de 2010 al
7 de octubre de 2010, del 8 de octubre de 2010 al 11 de noviembre de 2010 y del
1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2011 y luego por diversos contratos de
prestación de servicios desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de enero de 2016,
corresponde establecer si hubo o no interrupción de la relación laboral encubierta
en el período que fue vinculado el demandante por empresa de servicios
temporales para prestar los mismos servicios personales de vigilancia.

Pues bien, en los artículos 71 a 94 de la Ley 50 de 1990, se regula lo atinente a
las empresas de servicios temporales (EST), siendo autorizadas para ayudar de
forma temporal en el desarrollo de actividades misionales a otras empresas, lo cual
implica el suministro de trabajadores en misión únicamente en los eventos
señalados en el artículo 77 íb., esto es: i) cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código
Sustantivo del Trabajo, ii) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones,
en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad, iii) para atender
incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías,
los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un
término de seis meses prorrogable hasta por seis meses más.

En consecuencia, se tiene que el término legal permitido para contratar personal a
través de empresas de servicios temporales en el presente caso se superó, y la
labor para la cual se contrató al demandante es la misma que venía desarrollando
desde el año 2005 y la que continuó ejecutando a partir del 1 de julio de 2011 por
contratos de prestación de servicios, es decir, que en aplicación del principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formas, se desvirtuó en este
caso la teología de la empresa de servicios temporales y si bien hubo otra
interrupción entre el contrato con la EST que terminó el 11 de noviembre de 2010
y el que inició el 1 de enero de 2011, únicamente lo fue por 34 días hábiles,
excediéndose solo en 4 días el término establecido en la precitada sentencia de
unificación48 de 30 días hábiles como el permitido para afirmar que no hubo
solución de continuidad, pero avalado por la misma, según cada caso y
hermenéutica judicial efectuada.

48 SUJ-025-CE-S2-2021

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Por lo tanto, atendiendo ese principio constitucional de prevalencia de la realidad
sobre las formas, la Sala estima que del análisis del acervo probatorio, se
descubrió la verdadera esencia de la relación existente entre las partes, siendo la
EST un empleador aparente y verdadero intermediario, y por ende el usuario
municipio de Pereira un empleador ficticio, razón por la cual, debe tenérsele como
verdadero empleador, dado que los servicios personales prestados eran de
carácter permanente y por lo tanto, la contratación lo fue para ejercer labores
propias y necesarias del demandado.

De tal manera que, contrario a lo sostenido por el a quo en este caso se dieron
dos relaciones laborales encubiertas, la primera conforme se señaló
comprendida entre el 1° de diciembre de 2005 y el 31 de agosto de 2006, y la
segunda desde el 2 de enero de 2007 hasta el 30 de enero de 2016 conforme a
las pruebas allegadas en virtud del decreto oficioso de 4 de agosto de 2022.

Ello obliga a revisar el término de prescripción, y por consiguiente para su
interrupción, tenía el demandante para la presentación de la reclamación
administrativa para el primer período de la relación laboral hasta el 1° de
septiembre de 2009 y para el segundo, hasta el 31 de enero de 2019.

Empero, la petición de reconocimiento y pago de acreencias laborales ante la
entidad demandada fue presentada el 16 de febrero de 2016, y la demanda fue
presentada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 15 de
septiembre de 2016 por lo que, operó el fenómeno de la prescripción extintiva
parcialmente, concretamente, el interregno del 1° de diciembre de 2005 al 31 de
agosto de 2006.

A pesar de la conclusión en mención, el a quo concluyó de manera diferente las
épocas de interrupción de relación laboral y de prestación del servicio, en el
siguiente orden:

Primero bloque de período: Del 1° de diciembre de 2005 al 31 de agosto de
2006.
Segundo bloque de período: Del 2 de enero de 2007 al 15 de septiembre de
2012.
Tercer bloque de período: Del 2 de enero de 2013 al 15 de octubre de 2013.
Cuarto bloque de período: Del 2 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2014.
Quinto bloque de período: Del 2 de enero de 2015 al 30 de enero de 2016.

No obstante, atendiendo la jurisprudencia de unificación, expresó que no había
lugar a prescripción a los períodos identificados como tercer, cuarto y quinto
bloque y declarando probada la prescripción de los tiempos anteriores al 15 de
septiembre de 2012.

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La divergencia en el cómputo de los términos de interrupción de la relación
laboral entre la primera y segunda instancia, obedece a que en la certificación
signada el 25 de enero de 201649 por la Secretaría de Educación de Pereira, no
se incluyeron ni se referenciaron a los contratos 1102548, 11102843 y 11102044,
que establece unos interregnos de contratación entre las partes, aunado a ello,
se estima que hubo omisión de la parte demandante de allegar los contratos de
prestación de servicios y de la entidad territorial demandada de suministrar la
totalidad de los documentos que integran el cuaderno de antecedentes
administrativos cuando le fueron requeridos por el a quo.

A pesar de esas situaciones planteadas, debe la Sala atender los principios
procesales de congruencia y debido proceso, con motivo de la apelación de la
sentencia por apelante único que en este caso es el municipio de Pereira, quien
a pesar de que formuló argumentos de censura sobre la prescripción e
interrupción de la relación laboral; realizar una modificación de la orden de
reconocimiento de las prestaciones laborales a que hubiere lugar así como de la
prosperidad parcial de la excepción de la prescripción extintiva del derecho,
agravaría las condiciones ya definidas en su contra, vulnerándose el principio de
la non reformatio in pejus preceptuado en el artículo 31 de la Constitución
Política50 y regulado en el artículo 328 del Código General del Proceso51 Y 187
de la Ley 1437 de 201152 sobre el cual la Corte Constitucional ha desarrollado
que constituye un derecho fundamental en el siguiente orden (T-1186-2003):

“3. La jurisprudencia ha dicho que la proscripción de la reforma en perjuicio
del condenado que es apelante único es un derecho fundamental. Y lo es
en múltiples dimensiones. Lo es formalmente en cuanto ha sido dotado por
el constituyente, de manera expresa, de esa calidad. Lo es materialmente
porque se trata de un derecho del individuo que se ha transformado en
derecho constitucional positivizado. Y lo es procesalmente en cuanto se
trata de un derecho cuya formulación jurídica no está al alcance de los
poderes jurídicos constituidos. (…) 4. De acuerdo con lo expuesto,
entonces, se tiene lo siguiente: - La proscripción de la reforma en perjuicio
del condenado es un derecho fundamental. - Como derecho fundamental,
la proscripción de la reforma en perjuicio del condenado constituye un
límite tanto a la competencia del superior que decide la apelación, como

49 Folios 18 y 19 cdno.
50 Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El

superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único
51 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
[…]»
52 “…En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador

encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.”
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al poder punitivo del Estado. - Cuando ese derecho fundamental se
desconoce, se desborda uno de los límites impuestos por el constituyente
al ejercicio del poder penal del Estado, se configura una vía de hecho y
hay lugar a su amparo constitucional.”

En consecuencia, atendiendo el punto de apelación, con lo decidido en primera
instancia, se considera que los interregnos concedidos esto es 2 de enero al 15
de agosto de 2013, 16 de agosto al 15 de septiembre de 2013, 16 de septiembre
al 15 de octubre de 2013, 2 de enero al 30 de junio de 2014, del 1 de agosto al
31 de octubre de 2014, del 2 de enero al 1 de abril de 2015, del 2 de abril al 15
de junio de 2015, del 16 de junio al 31 de diciembre de 2015 y del 1 al 30 de
enero de 2016 no están afectados por fenómeno de la prescripción y no hubo
interrupción en esos lapsos a pesar de las motivaciones de primera instancia, por
cuanto con la prueba oficiosa decretada en segunda instancia se pudo comprobar
que el demandante celebró los contratos de prestación de servicios 11102548
por el período comprendido entre el 16 de octubre de 2013 y el 31 de octubre de
2013; 11102846 por el período del 1 de noviembre de 2013 al 30 de diciembre
de 2013 y 11102044 por el tiempo transcurrido entre 1 de noviembre y 30 de
diciembre de 2014. De tal manera que no se modificará la orden de
reconocimiento de prestaciones sociales, por lo ya expresado.

De otro lado, en los alegatos de conclusión de segunda instancia, el municipio de
Pereira por conducto de su apoderado manifestó su inconformidad, respecto del
reconocimiento de compensación en dinero de las dotaciones de vestido y
calzado de labor, ya que, el beneficio no era una prestación social sino laboral
propia de los empleados públicos que a los contratistas no se les puede
reconocer. Frente a este argumento, el ad quem no tiene competencia para
realizar un análisis dado que, en los reparos concretos formulados en el recurso
de apelación, no fue indicado tal argumento como cargo contra el reconocimiento
de la compensación en dinero de esas dotaciones.

6. Decisión en segunda instancia.

Conforme a lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada.

7. Condena en costas.

El artículo 188 del CPACA establece que «salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en

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la medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena
fe o la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.

En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de
la revisión del recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa jurídica de
sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de octubre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, por lo dicho en la motivación.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen
y efectúense las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión del
veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 29
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

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