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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00269-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00269-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR los ordinales, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, el cual quedará así: 3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas a pagar en favor de la señora Sandra Lorena Mazo García, la suma de treinta y cuatro millones ciento veinticuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($ 34.124.885), por concepto de prestaciones sociales causados del 6 de septiembre de 2012 al 30 de noviembre de 2014. 4. CONDENAR a la entidad demandada a realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, únicamente en el porcentaje que le correspondía como empleadora, por los siguientes períodos: del 1.º de marzo al 30 de diciembre de 2008, 1° de enero de 2011 al 19 de mayo de 2012, y del 6 de septiembre de 2012 al 30 de noviembre de 2014. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 17 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 66001-23-33-000-2017-00269-02 (5716-2022) Demandante: Sandra Lorena Mazo García TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2017-00269-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00269-02 (5716-2022)
Demandante: Sandra Lorena Mazo García
Demandado: E.S.E Hospital Santa Mónica de Dosquebradas

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral-
intermediación a través de cooperativas - enfermera jefe

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento del derecho

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia del 7 de abril de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Sandra Lorena Mazo García interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de
obtener la nulidad de los oficios 2431 y 2604 de 24 de octubre y 18 de noviembre
de 2016, respectivamente, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales derivadas de una relación laboral.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) reconocer y pagar las
prestaciones sociales que debió percibir entre el 1.º de marzo de 2008 y el 30 de
noviembre de 2014, así como las diferencias salariales correspondientes a lo que
habría devengado como enfermera de planta de la entidad; ii) condenar al pago
de la sanción moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones
sociales; iii) indexar las sumas reconocidas; y iv) imponer costas a la entidad
demandada.

3. Como hechos relevantes señaló que se vinculó para desempeñar labores
de enfermería a través de distintas cooperativas de trabajo asociado, con el fin
de prestar sus servicios en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
entre el 1.º de marzo de 2008 y el 30 de noviembre de 2014.

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

4. Como concepto de violación sostuvo que, aunque formalmente estuvo
vinculada mediante empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo
asociado, el verdadero beneficiario de sus servicios siempre fue la E.S.E.
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, entidad en la que desarrolló sus
actividades de manera continua e ininterrumpida. Afirmó que la demandada
acudió a tales modalidades de vinculación con el propósito de eludir el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, razón por la cual resulta
aplicable el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, dado que
ejecutó funciones propias de un empleo público.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
propia demandante reconoció que la institución no tuvo la condición de
empleadora. Señaló que la parte actora no realizó un esfuerzo argumentativo ni
probatorio encaminado a demostrar la relación laboral cuya declaratoria
pretende, sino que se limitó a formular consideraciones generales y referencias
a casos aparentemente similares.

6. Indicó que la demandante no precisó, para cada período fiscal, el tipo de
vinculación existente, ni determinó con claridad las sumas que afirma se le
adeudan, ni acreditó haber presentado reclamación laboral directa ante la
entidad. Añadió que la actora conocía que las cooperativas y empresas para las
cuales laboró efectuaron el pago de las prestaciones sociales correspondientes.

7. Agregó que, para acreditar la existencia de una relación laboral con una
entidad pública, resulta necesario demostrar que el contratista desarrolló sus
actividades en condiciones equivalentes a las de un servidor público y que las
labores ejecutadas excedían el ámbito de la mera coordinación contractual, de
manera que evidenciaran una verdadera subordinación.

8. Finalmente, propuso las excepciones de caducidad, prescripción trienal y
cobro de lo no debido.

Decisión de las excepciones previas

9. Mediante auto del 8 de julio de 2021, el Tribunal determinó que, si bien no
existía constancia de la notificación del oficio 2604 del 16 de noviembre de 2016,
al contabilizar el término de caducidad a partir del 17 de noviembre de 2016, los
cuatro (4) meses previstos en el inciso segundo del artículo 164 del CPACA se
cumplirían el 17 de marzo de 2017.

10. No obstante, el 14 de marzo de 2017 se presentó solicitud de conciliación
extrajudicial, circunstancia que dio lugar a la suspensión del término de
caducidad, el cual se reanudó el 28 de noviembre de 2017, esto es, el día
siguiente a aquel en que se declaró fallida la audiencia de conciliación y fecha en

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

la cual se radicó la demanda. En consecuencia, concluyó que no operó la
caducidad de la acción.

Sentencia apelada

11. Mediante sentencia del 7 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de
Risaralda declaró la nulidad de los oficios 2431 y 2604 de 24 de octubre y 18 de
noviembre de 2016, respectivamente, y declaró parcialmente probada la
excepción de prescripción.

12. Señaló que, con fundamento en la prueba documental allegada al proceso,
se acreditó que la demandante suscribió contratos de prestación de servicios con
distintas cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales
—Coomultiserpro, Salud y Bienestar, ETEMCO S.A.S. y Servitemporales S.A.—
cuyos servicios fueron ejecutados en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas.

13. En cuanto a la subordinación, señaló que las pruebas testimoniales daban
cuenta de que la demandante desarrollaba sus actividades bajo órdenes y
horarios fijados por la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, por
conducto de la enfermera jefe coordinadora y de la coordinación médica, en
distintas áreas de la institución.

14. Así mismo, los declarantes manifestaron que la actora tenía a su cargo
funciones relacionadas con la coordinación de actividades, gestión de pacientes,
cumplimiento de órdenes médicas, supervisión del personal auxiliar de
enfermería de turno, revisión de historias clínicas, suministro de medicamentos,
toma de exámenes, acompañamiento a médicos en situaciones de urgencia y
trámites de remisión de pacientes. Indicaron, además, que debía cumplir turnos
diurnos y nocturnos fijados mediante cuadros elaborados por la enfermera jefe
coordinadora; que, en caso de no poder asistir, debía solicitar autorización; que
los implementos de trabajo eran suministrados por la entidad demandada y que
las capacitaciones eran impartidas por personal de la misma institución.

15. En ese orden de ideas, puso de presente que no era posible predicar
autonomía o independencia en el ejercicio de funciones desarrolladas por una
trabajadora en misión que prestaba servicios como enfermera jefe en una
institución hospitalaria, dado que la naturaleza misma de esas actividades exige
continuidad, permanencia y sujeción a control. Añadió que la prestación del
servicio de salud debe garantizarse de manera ininterrumpida, con el fin de
asegurar el acceso oportuno y seguro de los usuarios a los servicios
asistenciales.

16. Con fundamento en lo anterior, consideró acreditados los elementos
propios de una relación laboral bajo un esquema de intermediación a través de
empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado, utilizadas
por la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas para el suministro de

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

personal del cual hacía parte la demandante. En consecuencia, estimó
procedente aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

17. Respecto de la prescripción, indicó que, conforme a las reglas de
unificación fijadas por el Consejo de Estado en las sentencias del 25 de agosto
de 2016 y 9 de septiembre de 2021, la demandante presentó reclamación
administrativa el 11 de octubre de 2016 y radicó la demanda el 28 de abril de
2017. Precisó que se acreditaron tres períodos de vinculación: el primero, entre
el 1.º de marzo y el 30 de diciembre de 2008; el segundo, entre el 1.º de enero
de 2011 y el 19 de mayo de 2012; y el tercero, del 6 de septiembre de 2012 al 30
de noviembre de 2014.

18. En ese contexto, concluyó que los dos primeros períodos se encontraban
prescritos.

19. Determinó que procedía el reconocimiento de las prestaciones sociales
correspondientes al período comprendido entre el 6 de septiembre de 2012 y el
30 de noviembre de 2014. Precisó que la entidad demandada debía pagar
únicamente las diferencias prestacionales existentes entre los valores
reconocidos a la actora como trabajadora en misión vinculada a través de
ETEMCO S.A.S. y Servitemporales S.A., y aquellos que correspondían al
personal de planta que desempeñaba cargos equivalentes en la entidad
demandada, siempre que tales diferencias no hubieran sido cubiertas por los
terceros empleadores.

20. De igual forma, ordenó a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas efectuar los aportes al sistema general de pensiones respecto de
todos los períodos en los que la demandante se desempeñó como trabajadora
en misión, incluidos aquellos afectados por la prescripción y los no prescritos,
descontadas las interrupciones correspondientes. Para tal efecto, dispuso
determinar mes a mes el ingreso base de cotización pensional y establecer las
diferencias existentes entre los aportes realizados y aquellos que debieron
efectuarse al sistema.

21. En relación con la solicitud de sanción moratoria e indemnización por mora
en el pago de prestaciones sociales, concluyó que no procedía su
reconocimiento, dado que las obligaciones prestacionales surgían únicamente a
partir de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral.

22. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas.

Recurso de apelación

23. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que
ejecutó sus contratos de manera ininterrumpida, circunstancia que, a su juicio, se
encontraba acreditada en el expediente mediante certificaciones, extractos
bancarios, cuadros de turnos y los testimonios practicados en el proceso, por lo

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

que se debe declarar la relación laboral entre el 1° de julio de 2009 al 30 de
noviembre de 2014.

24. Por su parte, la entidad demandada también interpuso recurso de
apelación, señalando que el Tribunal no realizó una valoración adecuada del
material probatorio obrante en el proceso.

25. Al respecto, sostuvo que las E.S.E. han adelantado procesos de
flexibilización de costos mediante esquemas de reestructuración administrativa y
operativa, los cuales han implicado la externalización de procesos asistenciales,
administrativos y logísticos a través de terceros. Indicó que, para esos fines, las
entidades hospitalarias han acudido a mecanismos de contratación con figuras
asociativas sin ánimo de lucro y organizaciones de economía solidaria, como las
cooperativas de trabajo asociado, con fundamento en la Ley 79 de 1988, la Ley
454 de 1998 y el Decreto 4588 de 2006, entre otras disposiciones. En ese
contexto, afirmó que la E.S.E. se encontraba legalmente habilitada para contratar
con cooperativas de trabajo asociado y empresas de servicios temporales la
ejecución de procesos asistenciales en salud.

26. Bajo esas consideraciones, señaló que la contratación con cooperativas
de trabajo asociado y empresas de servicios temporales contaba con respaldo
legal, razón por la cual la E.S.E. suscribió contratos para el suministro de personal
con las respectivas entidades intermediadoras.

27. Explicó que, en desarrollo de dichos contratos, las empresas
intermediadoras asignaban personal para desempeñar distintas funciones dentro
de la institución hospitalaria, entre ellas las ejecutadas por la señora Sandra
Lorena Mazo García, quien suscribió voluntariamente contratos laborales con
tales entidades y prestó sus servicios por cuenta y riesgo de estas. En
consecuencia, sostuvo que no se configuró relación laboral alguna entre la
demandante y la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.

28. Así mismo, precisó que la prestación del servicio mediante empresas de
servicios temporales se ajustó a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990,
norma que faculta a dichas empresas para contratar trabajadores y ponerlos
temporalmente a disposición de terceros usuarios, conservando la calidad de
empleadoras.

29. En ese orden de ideas, afirmó que el principio de primacía de la realidad
no puede suplir las formas de vinculación legalmente previstas ni dejar sin efectos
las disposiciones que sirven de fundamento a la contratación realizada, razón por
la cual consideró pertinente citar la jurisprudencia aplicable sobre la materia.

30. Finalmente, sostuvo que la demandante no logró acreditar con precisión
los extremos temporales de la prestación del servicio, circunstancia que impedía
acceder al reconocimiento de las acreencias reclamadas. En tal sentido, afirmó
que el material probatorio no permitía concluir con certeza que la señora Sandra

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Lorena Mazo García hubiera prestado sus servicios de manera continua e
ininterrumpida en favor de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

31. Por auto del 13 de abril de 2023, se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por la parte demandante y la entidad demandada.

32. La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en su recurso de
apelación y agregó que le correspondía a la actora demostrar la concurrencia de
los elementos esenciales de una relación laboral, esto es, la prestación personal
del servicio, la remuneración y la subordinación. Asimismo, precisó que los
contratos celebrados no se desnaturalizan por el solo hecho de que la actividad
ejecutada haga parte del objeto misional del hospital.

33. La parte demandante no se pronunció en esta fase procesal y el agente
del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

34. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Risaralda incurrió en los yerros planteados en los recursos de apelación
interpuestos por ambas partes. Para tal efecto, deberá establecer si se acreditó
la desnaturalización de los vínculos celebrados a través de empresas de servicios
temporales y cooperativas de trabajo asociado, en particular, si durante los
períodos reconocidos se configuró una subordinación continuada que permita
concluir la existencia de una relación laboral entre la demandante y la E.S.E.
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.

36. Así mismo, la Sala deberá definir si el Tribunal aplicó correctamente las
reglas relativas a la prescripción y al principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades.

Análisis del problema jurídico

37. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues, si bien las
pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del servicio,
la remuneración y la subordinación durante el período comprendido entre el 6 de
septiembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2014, también resulta necesario
introducir ajustes en el acápite de restablecimiento del derecho.

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38. De acuerdo con las certificaciones expedidas por las cooperativas de
trabajo asociado y algunos contratos allegados al proceso, se acredita que la
demandante laboró durante los siguientes períodos:

Vinculación Duración Objeto Valor Interrupción
mensual
Cooperativa de 1° de marzo Enfermera jefe en la En el
Trabajo Asociado al 30 de E.S.E. Hospital Santa certificado no 489 días
Multifuncional de diciembre de Mónica de se especificó hábiles
Servicios 2008 Dosquebradas el valor
Profesionales1
Fundación Salud y 1° de enero Enfermera jefe en la En el Sin
Bienestar2 al 31 de E.S.E. Hospital Santa certificado no interrupción
diciembre de Mónica de se especificó
2011 Dosquebradas el valor
Cooperativa de 1° de enero Enfermera jefe en la En el
Trabajo Asociado al 19 de E.S.E. Hospital Santa certificado no 73 días
Multifuncional de mayo de Mónica de se especificó hábiles
Servicios 2012 Dosquebradas el valor
Profesionales3
Centro de Empleos 6 de Enfermera jefe en la En el Sin
Temporales de septiembre E.S.E. Hospital Santa certificado no interrupción
Colombia -ETEMCO de 2012 al Mónica de se especificó
S.A.S4 16 de enero Dosquebradas el valor
de 2013
Servitemporales S. 17 de enero Enfermera jefe en la $2.413.335 Sin
A.5 de 2013 al E.S.E. Hospital Santa interrupción
15 de enero Mónica de
de 2014 Dosquebradas
Servitemporales 16 de enero Enfermera jefe en la $2.413.335 Sin
S.A. 6 al 31 de E.S.E. Hospital Santa interrupción
marzo de Mónica de
2014 Dosquebradas
Servitemporales 1° de abril al Enfermera jefe en la $2.413.335 Sin
S.A. 7 20 de E.S.E. Hospital Santa interrupción
octubre de Mónica de
2014 Dosquebradas
Servitemporales 21 de Enfermera jefe en la $2.413.335
S.A. 8 octubre al 30 E.S.E. Hospital Santa ------
de Mónica de
noviembre Dosquebradas
de 2014

39. En el expediente obran, entre otros, los siguientes documentos: la petición
de información y documentación presentada por la apoderada de la parte actora
y la respectiva respuesta expedida por la entidad demandada, junto con la
certificación de salarios y prestaciones sociales devengados por un enfermero
profesional entre los años 2010 y 20169; desprendibles de nómina de
Servitemporales S.A. y ETEMCO S.A.S. 10; el Plan Hospitalario de Emergencia

1
Índice 19 SAMAI del Tribunal. Archivo «1_001CUADERNO1(.PDF)». Folio 44
2
Ibidem. Folio 45
3
Ibidem. Folio 44.
4
Ibidem. Folio 46, 48 a 51.
5
Ibidem. Folio 43, 52 a 53.
6
Ibidem. Folio 43, 54 a 55.
7
Ibidem. Folio 43, 56 a 57.
8
Ibidem. Folio 43.
9
Ibidem. Folio 35 a 40.
10
Ibidem. Folio 41 a 42.

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

—cadena de llamado— del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas11; cuadros
de turnos12,; extractos bancarios13; y contratos de compraventa de servicios de
salud suscritos entre las cooperativas de trabajo asociado y el Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas para la prestación de servicios de enfermería
profesional en distintas áreas asistenciales14.

40. En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Patricia
Helena Salcedo Rivera, Adriana Aragón Ospina y el interrogatorio de parte de la
señora Mazo García, quienes manifestaron lo siguiente:

• La demandante relató que laboró de manera continua en la E.S.E. Hospital
Santa Mónica de Dosquebradas y señaló que los cuadros de turnos eran
asignados por la enfermera jefe Gloria Consuelo.

Precisó que desempeñó funciones en las áreas de urgencias,
hospitalización y ecografía, aunque la mayor parte del tiempo trabajó en
urgencias y triage.

Afirmó que prestaba sus servicios exclusivamente para el hospital y que los
aportes al sistema de seguridad social eran efectuados por la cooperativa a
través de la cual se encontraba vinculada.

Indicó que presentó su hoja de vida ante la gerente del hospital, quien
posteriormente la remitió a la cooperativa correspondiente.

Finalmente, señaló que durante su vinculación adelantó una especialización
en gerencia y que las capacitaciones eran contratadas directamente por el
hospital.

• La señora Patricia Helena Salcedo Rivera declaró que se desempeña como
médica general de planta y que labora en la E.S.E. Hospital Santa Mónica
de Dosquebradas desde hace veinticuatro (24) años. Indicó que ha
trabajado en las áreas de observación, urgencias, ginecología y obstetricia.

Manifestó que conoció a la demandante porque laboraron juntas en la
institución entre los años 2008 y 2014. Recordó esa época debido a que
varios trabajadores dejaron de prestar sus servicios en la entidad y afirmó
que la vinculación de la actora fue continua.

Precisó que la demandante se desempeñó como enfermera jefe en los
servicios de urgencias, hospitalización, sala de partos y ginecología, y
señaló que ocasionalmente compartían turnos.

11
Ibidem. Folio 58.
12
Ibidem. Folio 59 a 105.
13
Ibidem. Folio 106 a 146.
14
Ibidem. Folio 165 a 319, Archivo «2_002CUADERNO1-1(.PDF)» Folio 2 a 21, y archivo
«3_003LINKFOLIO253(.pdf)».

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

Indicó que sus funciones comprendían la verificación de historias clínicas,
la ejecución de órdenes médicas, la entrega de medicamentos al personal
auxiliar de enfermería, la toma de muestras de laboratorio, el apoyo a
pacientes obstétricas en urgencias y la gestión de remisiones, entre otras
actividades.

Señaló que las funciones de la demandante eran asignadas por la
enfermera jefe coordinadora y que el médico coordinador también ejercía
supervisión, especialmente en actividades relacionadas con la clasificación
y remisión de pacientes en triage.

Agregó que la doctora Elizabeth Cataño se desempeñaba como
coordinadora médica y que Gloria Consuelo ejercía como enfermera jefe
coordinadora del área de urgencias, ambas vinculadas a la planta de
personal del hospital.

Manifestó haber presenciado instrucciones impartidas a la demandante. En
particular, indicó que al inicio de los turnos la enfermera coordinadora daba
directrices tanto a las enfermeras jefes como al personal auxiliar.

Indicó que la jornada laboral se organizaba mediante turnos de 7:00 a.m. a
7:00 p.m. y viceversa.

Afirmó que los equipos médicos requeridos para la prestación del servicio
eran suministrados por el hospital y que desconoce el tipo de vinculación
contractual de la demandante.

Indicó que los permisos e incapacidades eran tramitados ante la enfermera
coordinadora.

Finalmente, señaló que las órdenes médicas quedaban registradas en la
historia clínica sistematizada, a la cual tenía acceso el personal de
enfermería. Añadió que las enfermeras utilizaban uniforme blanco con el
logo institucional, aunque no sabe quién asumía el pago de salarios y
prestaciones.

• La señora Adriana Aragón Ospina manifestó que se desempeña como
auxiliar de enfermería y esteticista, y que laboró en la E.S.E. Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas entre los años 2003 y 2016.

Indicó que conoció a la demandante en el hospital, donde esta ingresó en
el año 2008, y precisó que fue su jefe inmediata.

Señaló que la actora se desempeñaba como enfermera jefe y cumplía
funciones relacionadas con la coordinación del personal auxiliar, la atención
de pacientes y la ejecución de órdenes médicas.

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

Indicó que la demandante laboró hasta noviembre de 2014, fecha que
recuerda debido a los despidos masivos ocurridos en la entidad, y afirmó
que durante ese período ejerció funciones como jefe de enfermería.

Precisó que la jornada se organizaba mediante turnos de 7:00 a.m. a 7:00
p.m., así como turnos parciales de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a
7:00 p.m. Señaló que estos eran asignados por Gloria Consuelo,
coordinadora de urgencias vinculada a la planta de personal.

Afirmó que la demandante recibía instrucciones de Gloria Consuelo, de
Martha Benjumea —coordinadora de la empresa temporal— y de la doctora
Cataño, coordinadora médica de urgencias. Agregó que tales directrices se
relacionaban con la priorización de pacientes en triage, la asignación de
turnos y la atención de contingencias del servicio.

Explicó que los insumos y equipos de trabajo, tales como tensiómetros,
monitores y equipos de reanimación, eran suministrados por el hospital.

Señaló que la demandante estuvo vinculada a través de distintas empresas
temporales, aunque desconoce el tipo específico de contrato suscrito.

Resaltó que el trabajo era continuo y que no se otorgaban vacaciones, sino
un día de descanso semanal conforme al cuadro de turnos.

Finalmente, indicó que los turnos eran definidos por la enfermera
coordinadora y publicados mensualmente en la cartelera institucional; que
los permisos e incapacidades eran informados a las coordinadoras; que las
instrucciones se impartían principalmente de manera verbal, según las
necesidades del servicio; y que los uniformes eran suministrados por el
hospital con distintivos institucionales.

41. Bajo este marco fáctico, la Sala estima necesario empezar por
establecer si la entidad demandada recurrió de forma impropia a la
intermediación laboral.

42. Al respecto, se advierte que uno de los reproches de la entidad
demandada consistió en que el a quo erró al declarar acreditada la subordinación
continuada y, en consecuencia, al reconocer la existencia de un vínculo laboral
porque la demandante nunca estuvo vinculada directamente con la entidad.

43. En este contexto, es pertinente recordar que las cooperativas de trabajo
asociado en Colombia tienen sustento jurídico en la Ley 79 de 1988, que permitió
la conformación de colectivos de personas para desarrollar, de manera
concertada, iniciativas de emprendimiento laboral. El modelo buscó democratizar
los medios de producción y distribuir equitativamente los excedentes, con el fin
de contribuir a la reducción de los altos índices de desempleo que históricamente
ha enfrentado el país.

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

44. Posteriormente, el Decreto 4588 de 2006 definió estas organizaciones
como «entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la
economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras,
contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan directamente su
capacidad de trabajo para desarrollar actividades económicas, profesionales o
intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar
servicios que satisfagan las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general».

45. No obstante, dicha normativa estableció límites precisos al uso de esta
figura. En sus artículos 16 y 17 se dispuso que, cuando una cooperativa envíe a
sus asociados a prestar servicios a un tercero en condiciones que configuren
subordinación, se entenderá que existe una relación laboral dependiente entre el
asociado y la persona natural o jurídica beneficiaria de su trabajo.

46. Asimismo, se prohibió expresamente que las cooperativas y
precooperativas actuaran como empresas de intermediación laboral o de
servicios temporales, o que dispusieran del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros. En caso de configurarse tales prácticas, la
cooperativa, sus directivos y el contratante serían solidariamente responsables
de las obligaciones económicas derivadas de la relación laboral.

47. La jurisprudencia de esta corporación15 ha precisado que la finalidad,
estructura y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado difiere
sustancialmente del de las empresas de carácter comercial, lo cual justifica que
el legislador establezca para ellas un régimen jurídico especial, siempre que no
se desconozcan los derechos laborales constitucionalmente protegidos.

48. Se ha advertido, en particular, que el trabajo asociado no puede ser
utilizado indebidamente para evadir obligaciones laborales frente a trabajadores
dependientes o subordinados, so pena de comprometer la responsabilidad tanto
de la cooperativa como del tercero beneficiario ante las autoridades competentes.
En consecuencia, cuando un asociado presta sus servicios a un tercero bajo
órdenes permanentes provenientes de la cooperativa y de dicho tercero y solicita
la desnaturalización de la figura al amparo del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, le corresponde acreditar la prestación personal del
servicio, la subordinación continuada y la remuneración.

49. En este contexto, el acervo probatorio documental y testimonial acredita
que la demandante se desempeñó como enfermera jefe, vinculada formalmente
a través de cooperativas de trabajo asociado, teniendo como beneficiaria de sus
servicios a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.

50. Del interrogatorio de parte y de los testimonios practicados se
desprende que la demandante desempeñó funciones propias del cargo de

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022,
expediente 23001-23-33-000-2013-00390-01 (3612-2015)

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enfermera jefe en la entidad accionada. Tales labores comprendían, entre otras,
la verificación de historias clínicas, la toma de muestras, la atención de pacientes
en el área de urgencias y en otras dependencias según las necesidades del
servicio, así como la ejecución de órdenes médicas.

51. De igual manera, se acreditó la existencia de turnos rotativos y la
obligación de informar las inasistencias e incapacidades a la enfermera
coordinadora. También se demostró que las funciones de la demandante estaban
sujetas a supervisión por parte de la coordinadora médica y de la coordinadora
de enfermería, y que la actora utilizaba uniforme con el nombre y los logotipos de
la institución, elementos que la identificaban como enfermera profesional del
hospital.

52. Si bien las instrucciones impartidas se relacionaban con la atención y el
cuidado de los pacientes, lo cierto es que se desarrollaban dentro de una
estructura organizacional jerarquizada, propia de la entidad hospitalaria, en la
que la demandante debía sujetarse a directrices funcionales, organizativas y
administrativas. En ese contexto, las actividades de coordinación a las que aludió
la entidad demandada en el recurso de apelación no pueden entenderse como
simples mecanismos de articulación del servicio, sino como manifestaciones
concretas de subordinación continuada, pues comportaban una sujeción real,
permanente y efectiva a la organización, control y dirección de la entidad
accionada.

53. Aunque del material probatorio también se acreditó la existencia de
cooperativas y empresas de servicios temporales encargadas del pago de
salarios, prestaciones y aportes al sistema de seguridad social, los testimonios
permiten concluir que tales entidades no intervenían en la dirección ni en la
organización del trabajo de la demandante, sino que actuaban únicamente como
intermediarias formales de vinculación. En consecuencia, resulta procedente
declarar la existencia de una relación laboral, en aplicación del principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades.

54. Desde esa perspectiva, esta corporación16 ha considerado que las
labores relacionadas con la actividad de enfermería suelen llevar implícita la
continuada subordinación, ya que la parte contratante ejerce el control o dirección
de la forma en que se ejecutan las tareas, tesis que es consonante con las
pruebas recaudadas en el proceso, las cuales demuestran que la demandante
carecía de autonomía para determinar la cantidad, el tiempo, el modo y el lugar
en que cumplía sus quehaceres.

16
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01
(3238-2019); 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9
de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de
2016, expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del
12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-2018).

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55. En ese contexto, la Sala comparte la decisión del Tribunal en cuanto
concluyó que las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios
temporales fueron utilizadas de manera indebida, pues se acreditó la existencia
de subordinación continuada durante la ejecución de los vínculos celebrados con
la entidad demandada.

56. Frente al argumento de la parte demandante, según el cual la señora
Sandra Lorena Mazo García prestó sus servicios de manera ininterrumpida entre
el 1.º de julio de 2009 y el 30 de noviembre de 2014, la Sala advierte que dicha
circunstancia no se encuentra plenamente acreditada en toda su extensión
temporal. En efecto, el material probatorio obrante en el expediente —
certificaciones, extractos bancarios y cuadros de turnos— solo permite establecer
parcialmente los extremos temporales de la relación.

57. En particular, los cuadros de turnos allegados al proceso corresponden
a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Por su parte, los extractos bancarios
registran pagos efectuados: i) entre julio y noviembre de 2009 y entre enero y
marzo de 2010, por parte de la «Unión Temporal S»; ii) entre abril y junio de 2010,
por «Sersalud UT»; y iii) entre julio y diciembre de 2010, por «UT Salud y Bien».

58. No obstante, aunque para el período comprendido entre el 1.º de julio
de 2009 y el 31 de diciembre de 2010 se acreditó la existencia de pagos, ello no
resulta suficiente para demostrar con certeza los extremos temporales de la
relación laboral, dado que las certificaciones expedidas por las empresas
temporales aportadas al proceso no comprenden dichos lapsos y adicionalmente
no obra prueba en el proceso que permita establecer que la prestación del
servicio a través de dichas entidades se hubiese realizado en beneficio de la
entidad demandada.

59. Aun cuando los testimonios dan cuenta de una prestación continua del
servicio, los cuadros de turnos únicamente evidencian actividad entre los años
2011 y 2014, circunstancia que impide tener por demostrada, con el grado de
certeza requerido, la continuidad de la relación durante todo el período alegado.

La prescripción

60. Antes de definir el alcance del restablecimiento del derecho, la Sala
considera necesario precisar el tratamiento de la prescripción, pues en este
asunto deben distinguirse tres aspectos que producen efectos jurídicos
diferentes: i) la acreditación de los períodos de prestación personal del servicio;
ii) la exigibilidad de las acreencias laborales y prestacionales derivadas de la
desnaturalización de los vínculos formales; y iii) la obligación de efectuar los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

61. De acuerdo con la prueba documental obrante en el expediente, la
demandante prestó sus servicios como enfermera jefe en favor de la E.S.E.
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas durante los siguientes períodos: i) del
1.º de marzo al 30 de diciembre de 2008; ii) del 1.º de enero al 31 de diciembre

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de 2011; iii) del 1.º de enero al 19 de mayo de 2012; y iv) del 6 de septiembre de
2012 al 30 de noviembre de 2014.

62. Entre el primer y el segundo período transcurrió una interrupción
prolongada y entre el 19 de mayo y el 6 de septiembre de 2012 también medió
una solución de continuidad relevante, circunstancia que impide considerar toda
la vinculación como una relación única e ininterrumpida para efectos del cómputo
de la prescripción.

63. En consecuencia, la reclamación administrativa presentada el 11 de
octubre de 2016 no tuvo la virtualidad de interrumpir oportunamente la
prescripción respecto de las acreencias laborales y prestacionales causadas en
los períodos finalizados el 30 de diciembre de 2008 y el 19 de mayo de 2012,
dado que para ese momento ya había transcurrido el término trienal previsto para
su reclamación.

64. Por el contrario, frente al período comprendido entre el 6 de septiembre de
2012 y el 30 de noviembre de 2014, la solicitud se presentó dentro de los tres (3)
años siguientes a la terminación del vínculo, razón por la cual las prestaciones
sociales causadas durante ese lapso no se encuentran prescritas.

65. Así las cosas, el Tribunal acertó al declarar prescritas las acreencias
económicas correspondientes a los períodos anteriores al 6 de septiembre de
2012 y al limitar el reconocimiento de prestaciones sociales al lapso comprendido
entre esa fecha y el 30 de noviembre de 2014.

66. No obstante, debe precisarse que subsiste la obligación de efectuar los
aportes al sistema pensional que correspondan, en los términos fijados en las
sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016 y del 9 de septiembre de
2021.

67. En cuanto al argumento formulado por la demandante, la Sala advierte que
no hay lugar a modificar la decisión de primera instancia en materia de
prescripción. En efecto, aunque los testimonios se refirieron de manera general
a una prestación continua del servicio, no explicaron de forma concreta las
interrupciones advertidas entre los distintos períodos acreditados, ni aportaron
elementos de juicio suficientes para desvirtuar las soluciones de continuidad
identificadas a partir de la prueba documental.

El alcance del restablecimiento del derecho

68. En relación con el restablecimiento del derecho, la Sala advierte que no es
procedente una condena fundada en la remuneración del personal de planta, en
particular de los enfermeros jefe, por dos razones: de un lado, la dificultad de
establecer un parámetro cierto de comparación; y, de otro, la improcedencia de
predicar una equiparación plena entre la contratista y un servidor vinculado
mediante relación legal y reglamentaria.

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69. En cuanto al primer aspecto, no resulta posible determinar con claridad el
empleo de planta que serviría como referente ni los criterios para efectuar la
comparación. En efecto, no está definido si debe acudirse a las funciones
contractuales, al perfil profesional, a la experiencia o a la formación, ni obran en
el expediente elementos que permitan identificar con precisión la denominación,
el código, el grado o la escala salarial del cargo equivalente durante todo el
período analizado. Esta indeterminación compromete la seguridad jurídica y
dificulta la ejecución de la decisión, en la medida en que trasladaría a la
administración un margen amplio de discrecionalidad para fijar el parámetro, con
el riesgo de generar nuevas controversias.

70. En cuanto al segundo aspecto, aun si fuera posible establecer una
equivalencia, no es viable asimilar la situación de la demandante a la de un
empleado público, pues no existió nombramiento ni posesión que la incorporaran
a la planta de personal, ni accedió al cargo mediante concurso de méritos. A ello
se suma que los servidores públicos se encuentran sometidos a un régimen de
responsabilidades disciplinaria, fiscal y penal más exigente, lo que impide
predicar una equiparación plena entre ambas situaciones.

71. En consecuencia, no se configura el derecho a la nivelación con base en
la remuneración del personal de planta. La demandante tiene derecho al
reconocimiento de las prestaciones mínimas del régimen general consagradas
exclusivamente en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, con base en los honorarios
pactados17.

72. Se precisa que, para el período comprendido entre el 6 de septiembre de
2012 y el 16 de enero de 2013, obra en el expediente certificación expedida por
el Centro de Empleos Temporales de Colombia —ETEMCO S.A.S.— respecto
de la cual no existe certeza sobre la remuneración percibida por la demandante.
No obstante, también se allegó desprendible de nómina correspondiente al mes
de septiembre de 2012, en el que se registra como salario básico la suma de
$1.888.333, valor que se tomará como base para los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2012.

73. En cuanto al período comprendido entre el 1.º y el 16 de enero de 2013
que laboró en ETEMCO S.A.S, efectuará tomando como base la remuneración
percibida en diciembre de 2012, la cual deberá reconocerse de manera
proporcional al número de días efectivamente laborados18; y según certificación
expedida por Servitemporales S.A., se advierte que la actora percibió durante el
año 2013 y 2014 una remuneración mensual de $2.413.335.

74. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, vacaciones y prima de

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
18
Al dividir la remuneración mensual de $1.888.333 entre treinta (30) días, se obtiene un valor
diario de $62.944. Así, por los dieciséis (16) días laborados en el mes de enero, corresponde un
valor de $1.007.104

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vacaciones causadas entre el 6 de septiembre de 2012 y el 30 de noviembre de
2014. Tales emolumentos se liquidan así:

CESANTI INTERES
Desde IPC IPC
A SOBRE
SALARIO TOTAL
# meses LA
# Dias PROMED. ANUAL CESANTI
complpor CESANTI
por año MENSUAL SALARIO A INDEXAD
Año FINAL INICIAL año A
POR AÑO S A
INDEXAD
A
ETEMCO
S.A.S 118 3,87
(2012) 158,17 77,96 1.888.333 7.427.443 644.268 1.307.131 51.414
ETEMCO
S.A.S ( 1 a
16 de 16 0,52
enero de
2013) 158,17 78,28 1.007.104 537.122 45.005 90.936 485

SERVITE
MPORALE
S S.A. (17
349 11,48
de enero a
31 de
diciembre
2013) 158,17 78,28 2.413.335 28.075.131 2.628.150 5.310.354 617.771
SERVITE
MPORALE
334 11
S S.A.
(2014) 158,17 79,95 2.413.335 26.868.463 2.503.244 4.952.321 551.358

SALARI PRIMA PRIMA
O DE VACACI DE
Desde IPC IPC PRIMA PRIMA
# meses PROME NAVIDA ON VACACI
# Dias DE VACACI DE
complp D. D ON
por año NAVIDA ON VACACI
or año MENSU
D INDEXA INDEXA ON INDEXA
Año FINAL INICIAL AL POR
DA DA DA
AÑO
ETEMC
O S.A.S 118 3,87 1.888.33 1.252.42
(2012) 158,17 77,96 3 617.305 5 309.477 627.885 309.477 627.885
ETEMC
O S.A.S
( 1 a 16 16 0,52
de enero 1.007.10
de 2013) 158,17 78,28 4 43.722 88.343 22.380 45.220 22.380 45.220

SERVIT
EMPOR
ALES
S.A. (17 349 11,48
de enero
a 31 de
diciembr 2.413.33 2.402.01 4.853.43 1.169.79 2.363.65 1.169.79 2.363.65
e 2013) 158,17 78,28 5 6 5 7 4 7 4
SERVIT
EMPOR
ALES 334 11
S.A. 2.413.33 2.297.74 4.545.76 1.119.51 2.214.81 1.119.51 2.214.81
(2014) 158,17 79,95 5 3 5 9 4 9 4

CONSOLIDADO
CESANTIA INTERESES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE
INDEXADA CESANTIA NAVIDAD INDEXADA VACACIONES
INDEXADA INDEXADA INDEXADA
$11.660.742 $ 1.221.028 $10.739.968 $5.251.573 $5.251.573
TOTAL CONSOLIDADO: $34.124.885

75. No se reconocen la prima de servicio prevista en el Decreto 2351 de
2014, aplicable a partir del año 2015, ni la bonificación por servicios prestados
regulada en el Decreto 2418 de 2015, vigente a partir del 1° de enero de 2016.
De igual forma, no hay lugar al reconocimiento del auxilio de transporte ni del
auxilio de alimentación, en tanto se encuentra acreditado que la demandante
devengó honorarios superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Condena en costas

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

76. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

77. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

78. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

79. En consecuencia, no se impondrán costas a ninguna de las partes,
puesto que no prosperaron los recursos de apelación, de manera que no se
puede hablar de parte vencida en esta etapa procesal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales, tercero y cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Segunda de Decisión, el cual quedará así:

3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento
del derecho, SE CONDENA a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas a
pagar en favor de la señora Sandra Lorena Mazo García, la suma de treinta y
cuatro millones ciento veinticuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($
34.124.885), por concepto de prestaciones sociales causados del 6 de
septiembre de 2012 al 30 de noviembre de 2014.

4. CONDENAR a la entidad demandada a realizar los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, únicamente en el porcentaje que le correspondía
como empleadora, por los siguientes períodos: del 1.º de marzo al 30 de
diciembre de 2008, 1° de enero de 2011 al 19 de mayo de 2012, y del 6 de
septiembre de 2012 al 30 de noviembre de 2014.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

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Demandante: Sandra Lorena Mazo García

TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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