Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00444-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00444-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00444-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00444-01 (2537-2024)
Demandante: Luz Adiela Guzmán Mejía
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia a fin
de precisar los períodos reconocidos e identificar y liquidar
los emolumentos que debe pagar la entidad accionada a
favor de la demandante. Además, se revocará la orden de
pago de mayores valores por concepto de aportes a pensión
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 28 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del oficio
S-2018 ARSAN-JEFAT-3.1 del 9 de julio de 2018 expedido por la entidad
accionada, por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral desde el 1.° de diciembre de 2005 hasta el 15 de abril de 2018,
lapso durante el cual se desempeñó como enfermera en el Área de Sanidad de
la Clínica La Toscana de la Policía Metropolitana de Caldas.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar la existencia de
una relación laboral con la entidad demandada; ii) ordenar el pago de las
indemnizaciones, prestaciones sociales1 y salariales, así como de las demás
acreencias causadas; iii) reconocer una indemnización equivalente al 12 % de
los aportes a pensión y al 8,5 % de los aportes a salud que debían ser asumidos
por la entidad en calidad de empleadora; iv) efectuar los ajustes
correspondientes; y v) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado vulneró las
normas superiores2, pues, aunque formalmente estuvo vinculada a través de
contratos de prestación de servicios, en la práctica realizó sus actividades de
manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio de una
remuneración, circunstancias que permiten concluir que se configuró una relación
de naturaleza laboral.
1
Vacaciones, prima de servicio, cesantías, intereses sobre las cesantías, dominicales y festivos, recargos
diurnos y nocturnos y horas extras diurnas y nocturnas.
2
Artículos 1, 2, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución Política.
1
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Demandante: Luz Adiela Guzmán Mejía
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
demandante no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones sociales, en la
medida en que su vinculación fue de naturaleza contractual y no laboral.
5. Adujo que la actora desarrolló sus actividades con autonomía y que la
entidad contratante, en ejercicio de sus facultades, podía definir las condiciones
de ejecución del contrato, lo cual comprende la asignación de turnos y la
formulación de directrices generales, sin que ello configure subordinación.
6. Indicó que la prestación de servicios de salud no forma parte de la función
misional de la Policía Nacional, razón por la cual debe acudir a contratos de
prestación de servicios para atender esa necesidad.
7. Finalmente, propuso las excepciones de legalidad del acto acusado y de
inexistencia del derecho reclamado, así como la ausencia de causales de nulidad
del acto enjuiciado.
Sentencia apelada
8. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y señaló que existió una
relación laboral entre la actora y la entidad accionada desde el 22 de diciembre
de 2005 hasta el 15 de abril de 2018. Como consecuencia, ordenó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y salariales ordinarias
propias de un enfermero jefe vinculado mediante relación legal y reglamentaria,
causadas entre el 28 de julio de 2011 y el 15 de abril de 2018 por efecto de la
prescripción trienal, liquidadas con base en los honorarios pactados y
debidamente indexadas. Asimismo, dispuso el pago de los mayores valores que
resultaran entre los aportes a pensión que la demandante habría efectuado como
empleada y aquellos realizados como contratista durante todo el período
laborado, así como la realización de las cotizaciones faltantes al sistema
pensional, conforme a un cálculo actuarial que permitiera cubrir el porcentaje total
que habría debido asumir en caso de una vinculación de naturaleza laboral.
9. De igual manera, condenó en costas a la entidad accionada con
fundamento en los artículos 188 del CPACA —adicionado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021— y 365, numeral 3, del Código General del Proceso.
10. Para sustentar su decisión, determinó que la actora se desempeñó como
enfermera jefe entre el 22 de diciembre de 2005 y el 15 de abril de 2018, actividad
por la cual percibió una contraprestación, y concluyó que la subordinación
continuada estaba acreditada, en la medida en que no tenía autonomía para
definir sus jornadas, pues debía cumplir turnos de doce (12) horas, asignados por
la enfermera coordinadora en la sede de la entidad. A ello añadió que recibía
instrucciones del personal uniformado sobre la prestación del servicio, el
cumplimiento de horarios y el uso obligatorio del uniforme, que utilizaba
elementos suministrados por la entidad y que solo podía ausentarse con
autorización de la coordinación.
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Demandante: Luz Adiela Guzmán Mejía
11. En cuanto a la prescripción, explicó que entre el contrato 19-7-20190-
2010, finalizado el 8 de junio de 2011, y el contrato 19-7-20102-2011, iniciado el
28 de julio de ese mismo año, medió una interrupción superior a treinta (30) días
hábiles, lo que condujo a declarar la prescripción extintiva respecto de los
derechos causados con anterioridad, salvo los aportes pensionales, habida
cuenta de que la reclamación administrativa se presentó el 22 de junio de 2018.
12. Finalmente, precisó que no era procedente ordenar el pago de una
indemnización equivalente a las cotizaciones efectuadas por la demandante al
sistema de salud, por tratarse de aportes obligatorios de naturaleza parafiscal.
Recurso de apelación
13. La entidad accionada interpuso recurso de apelación y argumentó que la
contratación de la actora estaba autorizada por el artículo 32 de la Ley 80 de
1993 y fue necesaria debido a que la demanda de atención médica y hospitalaria
es tan amplia que no se suple con el personal de planta.
14. Sostuvo que no se demostró la continuada subordinación, toda vez que en
el expediente no hay prueba de llamados de atención o comunicaciones
semejantes, y tampoco se practicaron testimonios que permitieran conocer si
durante el desarrollo de los contratos hubo cumplimiento de horarios o
acatamiento de órdenes, así como no se estableció el período en que la
contratista debió estar al servicio exclusivo de la contratante.
15. Señaló que las tareas que adelantó la demandante correspondían a la
ejecución de las obligaciones pactadas, las cuales estaban relacionadas con
actividades de administración y funcionamiento de la entidad contratante.
16. Manifestó que la Seccional de Sanidad de Caldas acoge los principios de
la contratación estatal en seguimiento de las directrices que le imparte la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, la cual no puede hacer nada para
nombrar empleados de planta debido a que está limitada por el presupuesto que
le asigna el Ministerio de Hacienda.
17. Afirmó que la actora conocía qué tipo de contratos firmaba, motivo por el
cual no resulta apropiado considerar que el cumplimiento de los objetos pactados
y el pago de los honorarios acreditan los elementos de un contrato de trabajo.
18. Puso de presente que todos los contratos fueron liquidados y las partes se
declararon a paz y salvo, por lo que es contradictorio que ahora la accionante
persiga la declaratoria de existencia de una relación laboral.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
19. Por auto del 25 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
20. La demandante no se pronunció sobre la alzada y el Ministerio Público no
presentó concepto.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por la parte demandada. Para tal efecto, se
analizará si la accionante acreditó la existencia de subordinación continuada
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios. En caso
afirmativo, se establecerá si hay lugar a ordenar el reconocimiento de los
emolumentos legales causados.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala considera que la demandante acreditó la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios. No obstante, se modificará parcialmente la
sentencia de primera instancia a fin de precisar los períodos reconocidos e
identificar y liquidar los emolumentos que debe pagar la entidad accionada a favor
de aquella. Además, se revocará la orden de pago de mayores valores por
concepto de aportes a pensión.
1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos
24. De acuerdo con la prueba documental recaudada3, la demandante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:
Contrato u orden de prestación Honorarios
Duración Objeto
de servicios mensuales
Enfermera jefe en la Clínica La
22/12/2005
19-7-20.148 de 2005 $ 1.600.000 Toscana o en el sitio de Caldas
al 22/3/2006
donde se requiera
19-7-20.063 de 2006 y adición del Enfermera jefe en la Clínica La
28/3/2006 al
26 de octubre de 2006 $ 1.600.000 Toscana de Manizales o en el sitio
13/2/2007
de Caldas donde se requiera
Enfermera jefe en la Clínica La
19-7-20.029 de 2007 y adición del 2/3/2007 al
$ 1.760.000 Toscana o en el sitio de Caldas
29 de octubre de 2007 17/4/2008
donde se requiera
Enfermera jefe en la Clínica La
20/4/2008 al
19-7-20.033 del 15 de abril de 2008 $ 1.760.000 Toscana o en el sitio de Caldas
19/5/2009
donde se requiera
19-7-20.099 del 26 de mayo de
8/6/2009 al Enfermera profesional en la Clínica
2009 y adición del 12 de mayo de $ 1.848.000
7/11/2010 La Toscana
2010
Enfermera jefe en la Clínica La
19-7-20.190 del 18 de noviembre 18/11/2010
$ 1.848.000 Toscana o en el sitio de Caldas
de 2010 al 8/6/2011
donde se requiera
Enfermera jefe en la Clínica La
28/7/2011 al
19-7-20102 de 2011 $ 1.848.000 Toscana o en el sitio de Caldas
17/7/2012
donde se requiera
Enfermera jefe o auxiliar de
19-7-20082-2012 del 6 de agosto 2/8/2012 al
$ 1.906.582 enfermería en el área de
de 2012 1/8/2013
hospitalización y en las demás
3
Contratos, adiciones y prórrogas y actas de liquidación aportadas con la demanda y su contestación.
Índices 24 y 25 de SAMAI del tribunal.
4
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áreas de la Clínica La Toscana
donde se requiera
PN ARSAN DECAL CD 19-7-
9/8/2013 al
20136-2013 del 7 de agosto de $ 1.906.582 Enfermera profesional
8/6/2014
2013
Enfermera en el área de
PN-ARSAN DECAL 19-7-20083- 14/7/2014 al
$ 1.982.845 hospitalización de la Clínica La
2014 y adición 28/2/2015
Toscana o donde se requiera
Enfermera en el área de
PN-ARSAN MEMAZ 91-7-20015- 8/3/2015 al
$ 1.982.845 hospitalización de la Clínica La
2015 y adición 22/4/2016
Toscana o donde se requiera
PN ARSAN MEMAZ CD 91-7-
24/4/2016 al
20038-2016 del 18 de abril de 2016 $ 1.982.845 Enfermera jefe
30/4/2017
y adición
PN ARSAN MEMAZ CD 91-7- 2/5/2017 al
$ 1.982.845 Enfermera jefe
20053-207 del 2 de mayo de 2017 15/4/2018
25. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Alberto
Ospina Quintero, José Álvaro Cardona Vargas y Alba Patricia García Rivera, de
los cuales se destaca lo siguiente:
• El señor Alberto Ospina Quintero relató que trabajó con la demandante
entre 2007 y 2014, el primero como médico y la segunda como enfermera
jefe en los distintos servicios a los que era asignada, como hospitalización
y urgencias. Indicó que la actora desarrollaba labores asistenciales, esto
es, de atención directa a los pacientes, y que cumplía los turnos que le
eran programados por la coordinación de enfermería y el área
administrativa, los cuales comprendían jornadas de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
y viceversa, incluidos fines de semana y festivos. Señaló que tanto la
coordinación como la dirección de la clínica definían la programación y le
daban instrucciones, que utilizaba elementos de trabajo de propiedad de
la entidad, que debía portar el uniforme asignado y que tenía disponibilidad
permanente para cubrir turnos cuando era requerida.
• El señor José Álvaro Cardona Vargas manifestó que se desempeñó como
médico en la Clínica La Toscana y que allí coincidió con la demandante,
quien ejercía como enfermera jefe, encargada de la atención en salud y
de la coordinación del personal auxiliar. Indicó que cumplía turnos de 7:00
a. m. a 7:00 p. m. y viceversa, de lunes a domingo, conforme a la
programación mensual definida por la coordinación de enfermería y la
dirección de la clínica. Añadió que debía solicitar autorización para
ausentarse, evento en el cual debía gestionar su reemplazo y reponer el
turno, que asistía a reuniones incluso por fuera de su jornada y que
mantenía disponibilidad para prestar el servicio. Precisó, además, que
utilizaba el uniforme asignado y los equipos suministrados por la entidad.
• La señora Alba Patricia García Rivera señaló que labora en la clínica
desde hace siete años y que actualmente se desempeña como directora
de archivo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Indicó que
conoce a la demandante desde hace aproximadamente doce años, pues
previamente trabajaba en otra dependencia y la veía ejercer como
enfermera jefe en el servicio de hospitalización. Afirmó que cumplía turnos
de doce horas asignados por la jefatura de enfermería y la dirección de la
clínica, que debía acatar las directrices impartidas por sus superiores —
aunque no precisó su contenido— y que no podía elegir libremente los
turnos ni el lugar de prestación del servicio.
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26. En esas condiciones, la prueba testimonial y documental –contratos,
adiciones y prórrogas, actas de liquidación, cuadros de turnos y órdenes de
pago– permite comprender que la demandante prestó un servicio personal como
enfermera jefa en la entidad accionada entre el 22 de diciembre de 2005 y el 15
de abril de 2018, de manera discontinua, actividad que comprendía la
coordinación de los auxiliares de enfermería a su cargo y el ejercicio de tareas
asistenciales, es decir, atención directa a pacientes, en las instalaciones de la
clínica del Departamento de Policía de Caldas, en jornadas que iban desde las
7:00 a. m., hasta las 7:00 p. m., y viceversa, de lunes a lunes, incluidos fines de
semana y días festivos.
27. Adicionalmente, las órdenes de pago aportadas al expediente acreditan
que la entidad accionada le pagó a la demandante los honorarios pactados en
los contratos, de suerte que el elemento de la remuneración también se
encuentra demostrado.
28. Por otra parte, en cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde
al poder jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la
actividad del trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en
que este debe desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e
instrucciones, someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria.
No se trata, por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o
verificación del servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la
que la autonomía del contratista queda comprometida por la sujeción constante
a la voluntad de quien requiere el servicio4.
29. Esta corporación5 ha considerado que las labores relacionadas con la
actividad de enfermería suelen llevar implícita la continuada subordinación, ya
que la parte contratante ejerce el control o dirección de la forma en que se
ejecutan las tareas, tesis que es consonante con las pruebas recaudadas en el
proceso, las cuales permiten entender con un alto grado de probabilidad que la
demandante carecía de autonomía para determinar la cantidad, el tiempo, el
modo y el lugar en que cumplía sus quehaceres. Adicionalmente, vale la pena
destacar que el ejercicio de tareas asistenciales de enfermería implica el
direccionamiento por parte de los médicos respecto de los cuidados que los
profesionales de enfermería deben prestar al paciente para seguir el tratamiento
ordenado por los primeros6.
30. Si bien la observancia de un horario de trabajo y la ejecución de las
actividades en las instalaciones de la entidad beneficiaria constituyen tan solo
indicios de subordinación continuada y no prueba suficiente de su configuración,
en el presente caso tales circunstancias adquieren mayor relevancia en el
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
5
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01 (3238-2019); 14 de
mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9 de mayo de 2024, expediente
66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de 2016, expediente 13001-23-31-000-2012-
00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del 12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-
000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-
2018).
6
Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado:
Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2018, expediente 52001-23-31-000-2011-00207-01 (0501-2017).
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análisis de dicho elemento, en atención a la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la actora, las cuales, como se explicó, suponen un grado
significativo de direccionamiento por parte del superior inmediato y del personal
médico.
31. Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que la entidad accionada ejercía
el control efectivo sobre el modo, el lugar, la cantidad y el tiempo en que la
demandante cumplía sus tareas de enfermera jefa, motivo por el cual esta última
carecía de autonomía en la prestación del servicio.
32. Así pues, la Sala considera que el acervo probatorio recaudado permite
concluir que entre los años 2005 y 2018 la demandante desempeñó funciones de
enfermera jefa bajo subordinación continuada. En consecuencia, se confirmará
la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad del acto acusado
y reconoció la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
celebrados durante ese período.
33. Se advierte que, como la parte demandada no apeló la declaratoria parcial
de prescripción, no se modificarán los períodos respecto de los cuales se
reconocieron las prestaciones sociales. En todo caso, la Sala estima que la
decisión que adoptó el Tribunal en torno a la prescripción extintiva observó los
parámetros definidos en las sentencias de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de
agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 proferidas
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que el último
contrato se ejecutó hasta el 15 de abril de 2018 y la demanda se radicó dentro
de los tres (3) años siguientes, esto es, el 7 de septiembre de 2018.
34. No obstante, como se presentó una interrupción de más de 30 días hábiles
entre los contratos 19-7-20.190 de 2010 y 19-7-20102 de 2011, pues el primero
terminó el 8 de junio de 2011 y el segundo inició el 28 de julio de 2011, la actora
debía promover la reclamación de los derechos que se hubieren causado hasta
el 8 de junio de 2011 a más tardar el 9 de junio de 2011, pero lo hizo el 7 de
septiembre de 2018, es decir, por fuera del término prescriptivo.
35. Por último, resulta importante precisar que la habilitación para celebrar
contratos de prestación de servicios está expresamente prevista en el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, norma que definió el objeto de este tipo de contratación y
limitó sus alcances. Adicionalmente, la jurisprudencia nacional ha sido profusa y
consistente en explicar las distinciones que existen entre estos contratos y las
relaciones de naturaleza laboral, así como las consecuencias que se derivan de
utilizar los primeros en contextos donde materialmente se trata de los segundos.
36. Así pues, no son atendibles las razones que expuso la entidad accionada
en el recurso de apelación, relacionadas con las limitaciones presupuestales y la
observancia de lineamientos que se construyen dentro de su estructura
organizativa, pues, al ser los contratos de prestación de servicios una modalidad
de vinculación expresamente regulada por el legislador, no es válida su utilización
por fuera de tales parámetros.
2. El restablecimiento del derecho
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37. En relación con el restablecimiento del derecho, la Sala advierte que no es
procedente una condena fundada en la remuneración del personal de planta, en
particular de los enfermeros jefe, por dos razones: de un lado, la dificultad de
establecer un parámetro cierto de comparación; y, de otro, la improcedencia de
predicar una equiparación plena entre la contratista y un servidor vinculado
mediante relación legal y reglamentaria.
38. En cuanto al primer aspecto, no resulta posible determinar con claridad el
empleo de planta que serviría como referente ni los criterios para efectuar la
comparación. En efecto, no está definido si debe acudirse a las funciones
contractuales, al perfil profesional, a la experiencia o a la formación, ni obran en
el expediente elementos que permitan identificar con precisión la denominación,
el código, el grado o la escala salarial del cargo equivalente durante todo el
período analizado. Esta indeterminación compromete la seguridad jurídica y
dificulta la ejecución de la decisión, en la medida en que trasladaría a la
administración un margen amplio de discrecionalidad para fijar el parámetro, con
el riesgo de generar nuevas controversias.
39. En cuanto al segundo aspecto, aun si fuera posible establecer una
equivalencia, no es viable asimilar la situación de la demandante a la de un
empleado público, pues no existió nombramiento ni posesión que la incorporaran
a la planta de personal, ni accedió al cargo mediante concurso de méritos. A ello
se suma que los servidores públicos se encuentran sometidos a un régimen de
responsabilidades disciplinaria, fiscal y penal más exigente, lo que impide
predicar una equiparación plena entre ambas situaciones.
40. En consecuencia, no se configura el derecho a la nivelación con base en
la remuneración del personal de planta. La demandante tiene derecho al
reconocimiento de las prestaciones mínimas del régimen general consagradas
exclusivamente en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, con base en los honorarios
pactados7.
41. Por consiguiente, la Sala modificará el fallo de primera instancia a fin de
ordenar a la entidad accionada que le pague a la actora las cesantías, los
intereses sobre las cesantías, la prima de servicio, la prima de navidad, las
vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por servicios prestados
causados durante los siguientes períodos: 28 de julio de 2011 al 17 de julio de
2012; 2 de agosto de 2012 al 1.° de agosto de 2013; 9 de agosto de 2013 al 8 de
junio de 2014; 14 de julio de 2014 al 28 de febrero de 2015; 8 de marzo de 2015
al 22 de abril de 2016; 24 de abril de 2016 al 30 de abril de 2017; y 2 de mayo de
2017 al 15 de abril de 2018.
42. Los anteriores emolumentos se liquidan en los siguientes términos:
Honorarios Intereses
Días Meses Total
IPC IPC mensuales Cesantías sobre las
Año/contrato por completos salarios Cesantías
final inicial promedio indexadas cesantías
año por año anuales
por año indexadas
2011 (Cto. 19-7-20102) 156,9 75,42 157 5,13 1.848.000 9.671.200 877.810 1.826.617 95.593
2012 (Cto. 19-7-20102) 156,9 74,12 199 6,55 1.848.000 12.258.400 1.139.588 2.412.938 160.058
2012 (Cto. 19-7-20082) 156,9 77,73 152 4,97 1.906.582 9.660.015 874.417 1.765.483 89.451
2013 (Cto. 19-7-20082) 156,9 78,28 213 7,03 1.906.582 13.536.732 1.268.674 2.543.506 180.589
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
8
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00444-01 (2537-2024)
Demandante: Luz Adiela Guzmán Mejía
2013 (Cto. PN ARSAN
156,9 79,50 145 7,74 1.906.582 9.215.146 865.368 1.708.313 82.568
DECAL CD 19-7-20136)
2014 (Cto. PN ARSAN
156,9 79,95 159 5,26 1.906.582 10.104.885 918.985 1.803.946 95.609
DECAL CD 19-7-20136)
2014 ( Cto. PN-ARSAN
156,9 81,73 171 5,58 1.982.845 11.302.217 1.033.719 1.984.974 113.144
DECAL 19-7-20083)
2015 ( Cto. PN-ARSAN
156,9 83,00 59 2 1.982.845 3.899.595 335.780 634.908 12.487
DECAL 19-7-20083)
2015 (Cto. PN-ARSAN
156,9 84,45 299 9,77 1.982.845 19.762.355 1.941.974 3.608.920 359.689
MEMAZ 91-7-20015)
2016 (Cto. PN-ARSAN
156,9 89,19 113 3,71 1.982.845 7.468.716 661.844 1.164.590 43.866
MEMAZ 91-7-20015)
2016 (Cto. PN ARSAN
156,9 91,63 252 8,26 1.982.845 16.655.898 1.594.493 2.730.980 229.402
MEMAZ CD 91-7-20038)
2017 (Cto. PN ARSAN
156,9 94,07 120 4 1.982.845 7.931.380 706.121 1.178.044 47.122
MEMAZ CD 91-7-20038)
2017 ( Cto. PN ARSAN
MEMAZ CD 91-7-20053- 156,9 96,12 244 7,97 1.982.845 16.127.139 1.536.356 2.508.486 204.024
207)
2018 ( Cto. PN ARSAN
MEMAZ CD 91-7-20053- 156,9 97,53 105 3,48 1.982.845 6.939.958 612.554 985.689 34.499
207)
Intereses
sobre las
Cesantías indexadas
TOTAL EMOLUMENTOS cesantías
indexadas
$ 26.857.394 $ 1.748.101
Bonificación
Prima de Prima de Prima de Bonificación
Prima de Prima de Vacaciones Prima de por servicios
servicio navidad Vacaciones vacaciones por servicios
servicio navidad indexadas vacaciones prestados
indexada indexada indexada prestados
indexada
454.113 944.956 830.877 1.728.956 416.243 866.152 416.243 866.152 276.507 575.378
600.702 1.271.912 1.076.314 2.278.963 532.734 1.127.998 532.734 1.127.998 353.045 747.529
452.054 912.715 829.118 1.674.022 415.316 838.539 415.316 838.539 276.375 558.012
672.979 1.349.225 1.197.695 2.401.204 590.259 1.183.383 590.259 1.183.383 390.929 783.755
753.680 1.487.831 1.315.096 2.596.116 403.836 797.208 403.836 797.208 430.411 849.669
481.966 946.088 879.908 1.727.239 435.289 854.463 435.289 854.463 292.501 574.174
536.041 1.029.320 974.206 1.870.696 487.922 936.920 487.922 936.920 322.708 619.672
174.876 330.663 336.794 636.824 164.467 310.982 164.467 310.982 115.666 218.706
1.037.197 1.927.503 1.782.702 3.312.934 878.879 1.633.289 878.879 1.633.289 565.028 1.050.036
339.682 597.710 635.513 1.118.258 318.445 560.341 318.445 560.341 214.560 377.543
846.838 1.450.428 1.482.860 2.539.779 732.628 1.254.815 732.628 1.254.815 477.700 818.185
369.029 615.664 687.036 1.146.205 338.813 565.252 338.813 565.252 231.332 385.938
811.537 1.325.037 1.426.547 2.329.196 707.900 1.155.823 707.900 1.155.823 460.929 752.582
316.695 509.609 594.683 956.931 295.459 475.437 295.459 475.437 201.259 323.855
Prima de servicio Prima de navidad Prima de vacaciones Bonificación por servicios
Vacaciones indexadas
indexada indexada indexada prestados indexada
$ 14.698.660 $ 26.317.325 $ 12.560.601 $ 12.560.601 $ 8.635.035
$ 103.377.717
43. No se reconocerá ningún valor concepto de auxilio de transporte, subsidio
de alimentación y dotación de vestido y calzado, teniendo en cuenta que la
demandante devengó remuneraciones mensuales superiores a las que prevé la
ley para poder acceder a tales beneficios.
44. Por otro lado, aunque los artículos 320 y 328 del CGP limitan la
competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos planteados
en la apelación, el artículo 187 del CPACA dispone que en la sentencia se
decidirán todas las excepciones propuestas y las que el fallador encuentre
probadas, siempre que no se desmejore la situación del apelante único.
45. Con base en la normativa citada, la Sala revocará las órdenes dirigidas a
que la entidad accionada le pague a la demandante los mayores valores que
como contratista asumió por concepto de aportes a pensión, ya que estos
recursos son contribuciones parafiscales y tienen destinación específica por
disposición legal, por lo que no constituyen un derecho crediticio a favor de la
accionante, tal como se explicó en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo
9
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Demandante: Luz Adiela Guzmán Mejía
de Estado respecto de los aportes a salud, conclusión que resulta extensible a
los aportes a pensión, pues comparten la misma naturaleza.
46. Cuestión distinta es la orden tendiente a que la entidad accionada realice
los aportes a pensión con destino al fondo de previsión al que esté afiliada la
actora, de acuerdo con la ley, condena que se mantendrá.
La condena en costas de segunda instancia
47. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
48. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
50. En este contexto, no hay lugar a condena en costas en segunda instancia.
En efecto, se revoca parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal en lo
relativo al pago de mayores valores asumidos por la demandante por concepto
de aportes pensionales, de modo que no puede considerarse que alguna de las
partes haya resultado vencida en esta etapa procesal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR toda la parte resolutiva de la sentencia del 28 de julio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión
Oral, la cual se rehace en los siguientes términos:
DECLARAR la nulidad del oficio S-2018 ARSAN-JEFAT-3.1 del 9 de julio de 2018,
expedido por la Dirección de Sanidad de Caldas de la Policía Nacional, que negó
la petición presentada por la señora Luz Adiela Guzmán Mejía.
DECLARAR que se desnaturalizaron los contratos suscritos entre las partes en los
siguientes lapsos: del 22 de diciembre de 2005 al 22 de marzo de 2006; del 28 de
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00444-01 (2537-2024)
Demandante: Luz Adiela Guzmán Mejía
marzo de 2006 al 13 de febrero de 2007; del 2 de marzo de 2007 al 17 de abril de
2008; del 20 de abril de 2008 al 19 de mayo de 2009; del 8 de junio de 2009 al 7
de noviembre de 2010; del 18 de noviembre de 2010 al 8 de junio de 2011; del 28
de julio de 2011 al 17 de julio de 2012; del 2 de agosto de 2012 al 1.° de agosto de
2013; del 9 de agosto de 2013 al 8 de junio de 2014; del 14 de julio de 2014 al 28
de febrero de 2015; del 8 de marzo de 2015 al 22 de abril de 2016; del 24 de abril
de 2016 al 30 de abril de 2017; y del 2 de mayo de 2017 al 15 de abril de 2018.
DECLARAR la prescripción extintiva de todo rubro causado antes del 28 de julio
de 2011 en la relación laboral sostenida entre la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y la señora Luz Adiela Guzmán Mejía, salvo los aportes a pensión
que debieron ser realizados por la entidad accionada en calidad de empleadora.
CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a lo siguiente:
Ø Pagar a favor de la señora Luz Adiela Guzmán Mejía ciento tres millones
trescientos setenta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($ 103.377.717
COP) por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación
realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron
durante los siguientes períodos: 28 de julio de 2011 al 17 de julio de 2012;
2 de agosto de 2012 al 1.° de agosto de 2013; 9 de agosto de 2013 al 8 de
junio de 2014; 14 de julio de 2014 al 28 de febrero de 2015; 8 de marzo de
2015 al 22 de abril de 2016; 24 de abril de 2016 al 30 de abril de 2017; y 2
de mayo de 2017 al 15 de abril de 2018.
Ø Realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en el
fondo de previsión al cual esté afiliada la señora Luz Adiela Guzmán Mejía,
de acuerdo con la ley, correspondientes a los siguientes períodos: 22 de
diciembre de 2005 al 22 de marzo de 2006; 28 de marzo de 2006 al 13 de
febrero de 2007; 2 de marzo de 2007 al 17 de abril de 2008; 20 de abril de
2008 al 19 de mayo de 2009; 8 de junio de 2009 al 7 de noviembre de 2010;
18 de noviembre de 2010 al 8 de junio de 2011; 28 de julio de 2011 al 17
de julio de 2012; 2 de agosto de 2012 al 1.° de agosto de 2013; 9 de agosto
de 2013 al 8 de junio de 2014; 14 de julio de 2014 al 28 de febrero de 2015;
8 de marzo de 2015 al 22 de abril de 2016; 24 de abril de 2016 al 30 de
abril de 2017; y 2 de mayo de 2017 al 15 de abril de 2018.
COSTAS a cargo de la entidad demandada. FÍJASE como agencias en derecho,
el equivalente al 3 % de la condena que deba pagar la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional.
SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
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