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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00060-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00060-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, el cual quedará de la siguiente manera: CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a reconocer y pagar a favor de la señora Carolina Solarte Salinas, la suma de quince millones ochocientos cuarenta y dos mil setecientos seis pesos ($15.842.706) como concepto de prestaciones sociales en el cargo de auxiliar de enfermería, correspondientes al período del 1° de mayo de 2014 al 28 de febrero de 2016. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 15 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001-23-33-000-2019-00060-01 (5368-2024) Demandante: Carolina Solarte Salinas TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00060-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00060-01 (5368-2024)
Demandante: Carolina Solarte Salinas
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades-
auxiliar de enfermería

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia, con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento del derecho

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia del 31 de julio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Carolina Solarte Salinas interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad del acto administrativo ficto, por medio del cual se negó la
solicitud de reconocimiento y pago de acreencias laborales.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) pagar las prestaciones
sociales causadas desde su vinculación hasta la terminación de la relación
laboral1; así como el reconocimiento de la sanción moratoria; ii) reembolsar los
aportes a seguridad social integral; y iii) condenar en costas a la entidad
demandada.

3. Como hechos relevantes de la demanda, señaló que se vinculó a la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional —Seccional Valle— mediante
múltiples contratos de prestación de servicios entre el 10 de abril de 2008 y el 28
de febrero de 2016, durante los cuales se desempeñó como auxiliar de
enfermería.

1
Prima de navidad, prima de alimentación, prima de servicio anula, prima vacacional, auxilio de
transporte cesantías, prima y subsidios.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00060-01 (5368-2024)
Demandante: Carolina Solarte Salinas

4. Como concepto de violación, sostuvo que la administración desconoció
normas superiores y la jurisprudencia aplicable al revestir con la forma de
contratos de prestación de servicios una vinculación que, en realidad, se
desarrolló bajo condiciones incompatibles con la autonomía propia de esa
modalidad contractual. Afirmó que, en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades, debía declararse la desnaturalización de dichos
contratos, pues durante su ejecución se configuró una continuada subordinación,
elemento característico de una relación de trabajo dependiente.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
vinculación de la señora Carolina Solarte Salinas se ajustó al ordenamiento
jurídico, pues se realizó mediante contratos de prestación de servicios. En ese
sentido, consideró impropio afirmar que el cumplimiento del objeto contractual, la
ejecución de las obligaciones pactadas y la percepción de honorarios permitieran
concluir, por sí solos, la configuración de los elementos propios de una relación
de trabajo dependiente.

6. Indicó que, antes de la suscripción de los contratos, la demandante fue
entrevistada para verificar su idoneidad como auxiliar de enfermería. En esa
oportunidad se le informó la actividad que debía desarrollar, el lugar de prestación
del servicio y los honorarios que recibiría, sin que formulara objeción alguna; por
el contrario, aceptó libremente la celebración de los respectivos contratos.

7. Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda,
imposibilidad de deducir la existencia de un contrato de trabajo, pago e
inexistencia de la obligación.

Decisión de las excepciones previas

8. En audiencia inicial celebrada el 11 de mayo de 2023, el Tribunal declaró
no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la entidad
demandada, al considerar que no era exigible el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial en derecho para acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuando se pretende el reconocimiento de derechos mínimos derivados
de normas laborales.

Sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31
de julio de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró
la nulidad del acto acusado y, con apoyo en el material probatorio obrante en el
expediente, encontró acreditado que la demandante prestó personalmente sus
servicios como auxiliar de enfermería a la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional —Seccional Valle— entre el 10 de abril de 2008 y el 28 de febrero de
2016, y que recibió una remuneración como contraprestación.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00060-01 (5368-2024)
Demandante: Carolina Solarte Salinas

10. Sobre la continuada subordinación, estableció que las funciones de la
actora coincidían con las desarrolladas por las auxiliares de enfermería
vinculadas directamente a la Seccional de Sanidad Valle y correspondían al
objeto misional de la entidad, conforme a lo consignado en los contratos.
Además, precisó que dichas labores se ejecutaban bajo dependencia funcional
de un coordinador de turnos, ante quien debía justificarse cualquier ausencia del
servicio, circunstancia que infirió de manera consistente de los testimonios
practicados.

11. En efecto, las señoras Ana Cristina López, Magnolia Hurtado y Angelly
Duarte coincidieron en señalar que conocían a la demandante porque laboraron
con ella; que esta se desempeñó como auxiliar de enfermería; que debía cumplir
los turnos asignados por el coordinador; y que se encontraba en condiciones
análogas a las demás auxiliares vinculadas directamente a la entidad.

12. Con fundamento en lo anterior, concluyó que estaban acreditados los
elementos esenciales para declarar la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, esto es, prestación personal, remuneración y continuada
subordinación. Por ello, reconoció a la demandante las prestaciones sociales
legales correspondientes a un auxiliar de enfermería de la entidad demandada,
tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y derechos derivados
del sistema integral de seguridad social. No obstante, negó las prestaciones
extralegales, por tratarse de beneficios propios de los empleados públicos,
calidad que la actora no ostentó.

13. Asimismo, estableció que durante la ejecución contractual se presentaron
interrupciones superiores a treinta (30) días. En particular, identificó una solución
de continuidad entre los contratos 66-7-20249 de 2012 y 66-7-20183 de 2014,
esto es, entre el 3 de enero y el 1.º de mayo de 2014, lo que dio lugar a la
prescripción trienal de las prestaciones sociales causadas con anterioridad a esta
última fecha. Para ello, tuvo en cuenta que la actora radicó la reclamación
administrativa el 20 de octubre de 2018 y presentó la demanda el 31 de enero de
2019, de modo que consideró prescritos los derechos derivados de los contratos
anteriores al 66-7-20183 de 2014, iniciado el 1.º de mayo de ese año.

14. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.

Recurso de apelación

15. La parte demandante interpuso recurso de apelación y sostuvo que, una
vez declarada la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios,
debía reconocerse que la demandante desempeñó funciones en condiciones
equivalentes a las de las auxiliares de enfermería vinculadas directamente a la
entidad, circunstancia que imponía el reconocimiento integral de los derechos
derivados de dicha situación.

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Demandante: Carolina Solarte Salinas

16. Señaló que, a título de restablecimiento del derecho y con carácter
indemnizatorio, la entidad demandada estaba obligada a reconocer y pagar no
solo las prestaciones sociales de carácter legal, sino también aquellas de
naturaleza extralegal percibidas por las auxiliares de enfermería vinculadas
directamente a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en
aplicación de los principios de igualdad material y reparación integral.

17. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que no
debió valorarse el testimonio rendido por la señora Angelly Johana Duarte Soto,
pues esta manifestó haber promovido una demanda con pretensiones similares,
circunstancia que, a su juicio, configuraba una causal de sospecha prevista en el
artículo 211 del CGP. Añadió que el Tribunal omitió pronunciarse sobre dicha
circunstancia y, por ende, incurrió en un error en la valoración probatoria.

18. Asimismo, afirmó que ninguno de los testimonios practicados acredita que
la demandante hubiera estado sometida a continuada subordinación. Agregó que
las prestaciones sociales reclamadas no podían ser asumidas por la entidad,
dado que la vinculación se desarrolló mediante contratos de prestación de
servicios celebrados al amparo de la Ley 80 de 1993.

19. Señaló que la Seccional de Sanidad del Valle contrató a la señora Carolina
Solarte Salinas conforme al marco normativo vigente y que el cumplimiento del
objeto contractual, la ejecución de las obligaciones pactadas y la percepción de
honorarios no permiten inferir, por sí solos, la configuración de los elementos
propios de una relación de trabajo subordinada.

20. Agregó que, antes de la celebración de los contratos, se informó a la
demandante la actividad que debía desarrollar, el lugar de ejecución y los
honorarios que percibiría, condiciones que aceptó libremente. Destacó que la
actora conocía la naturaleza jurídica de los vínculos celebrados, circunstancia
que quedó consignada expresamente en las cláusulas contractuales, en las
cuales se dejó constancia de que estos no generaban relación laboral, de
conformidad con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. Por auto de 7 de noviembre de 2024, se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la parte demandante y la entidad demandada.

22. La parte demandante y la entidad demandada no presentaron alegatos en
esta fase procesal.

23. El Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, en atención a que la naturaleza de las actividades
y funciones desempeñadas por la actora tenía carácter permanente y
correspondía al objeto misional de la entidad demandada.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00060-01 (5368-2024)
Demandante: Carolina Solarte Salinas

24. Así mismo, sostuvo que, del análisis del material probatorio, valorado
conforme a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, se encuentra
acreditada la concurrencia de los elementos constitutivos de una relación laboral,
en particular el de la subordinación, lo que permite concluir que los contratos de
prestación de servicios celebrados encubrieron una relación de sustrato laboral.
En consecuencia, estimó que a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de carácter legal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en error al concluir
que durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos
entre la demandante y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional —Seccional
Valle— se configuró una continuada subordinación que condujera a su
desnaturalización. Para tal efecto, deberá establecer si la valoración de los
testimonios, en particular el rendido por la señora Angelly Johana Duarte Soto,
permitía tener por acreditado dicho elemento.

27. En caso de confirmarse la decisión de declarar la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios, la Sala deberá determinar si el
restablecimiento del derecho comprende únicamente el reconocimiento de las
prestaciones sociales legales o si, como lo sostiene la parte demandante,
también procede el pago de las prestaciones extralegales percibidas por las
auxiliares de enfermería vinculadas directamente a la entidad.

Análisis del problema jurídico

28. La Sala confirmará la decisión apelada, en la medida en que las pruebas
obrantes en el expediente demuestran la existencia de subordinación continuada,
lo que conduce a concluir que se desnaturalizaron los contratos de prestación de
servicios. No obstante, modificará la sentencia de primera instancia para precisar
el monto que debe reconocerse por concepto de prestaciones sociales.

La desnaturalización de los contratos de prestación de servicios

29. La actora se desempeñó como auxiliar de enfermería en la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional vinculada a través de los siguientes contratos de
prestación de servicios:

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Demandante: Carolina Solarte Salinas

Contrato de
Plazo o
prestación Honorarios Objeto Interrupción
duración
de servicios
el contratista se compromete con la Policía
(8 meses) $8.096.000 Nacional, Seccional de Sanidad Valle, a
10 de abril prestar sus servicios profesionales como Sin
66-7-
al 10 de Valor auxiliar enfermería, con oportunidad, interrupción
20328/20082
diciembre mensual eficiencia y eficacia en Clínica Regional
de 2008 $ 1.012.000 Nuestra Señora de Fatima, o donde esta
crea conveniente.
el contratista se compromete con la Policía
Nacional - Dirección de Sanidad - Seccional
Valle a prestar sus servicios profesionales
con el objeto de prestación de servicios
como auxiliar de enfermería para el
(5 meses 4 días
desarrollo de las actividades descritas en la
y 21 días) hábiles
$5.768.400 justificación hecha por parte de la
16 de
dependencia que requiere los servicios, en
66-7- noviembre
Valor los formatos establecidos para tal fin, los
20759/20083 de 2008 al
mensual cuales forman, parte integral del presente
11 de
$708.400 contrato, con oportunidad, eficiencia y
mayo de
eficacia en la Dirección de Sanidad -
2009
Seccional Sanidad Valle, Clínica Regional
nuestra Señora de Fatima , en las
condiciones que determine el contratante,
de acuerdo con sus necesidades y
programación establecida.
el contratista se compromete con la Policía
Nacional - Dirección de Sanidad - Seccional
Valle a prestar sus servicios profesionales
con el objeto de prestación de servicios
como auxiliar de enfermería para el
(9 meses) desarrollo de las actividades descritas en la 8 días
$ 9.563.400 justificación hecha por parte de la hábiles
17 de dependencia que requiere los servicios, en
66-7-
mayo de Valor los formatos establecidos para tal fin, los
20237/20094
2009 al 27 mensual cuales forman, parte integral del presente
de febrero $ 1.062.600 contrato, con oportunidad, eficiencia y
de 2010 eficacia en la Dirección de Sanidad -
Seccional Sanidad Valle, Clínica Regional
nuestra Señora de Fatima , en las
condiciones que determine el contratante,
de acuerdo con sus necesidades y
programación establecida.
el contratista se compromete con la Policía
Nacional - Dirección de Sanidad - Seccional
Valle a prestar sus servicios profesionales
con el objeto de prestación de servicios
como auxiliar de enfermería para el
desarrollo de las actividades descritas en la Sin
justificación hecha por parte de la interrupción
(7 meses $7.615.300 Dependencia que requiere los servicios, en
y 5 días) los formatos establecidos para tal fin,
Valor instructivo 010 de fecha 07/05/2007, los
10 de mensual cuales forman parte integral del presente
66-7-
marzo de $1.062.600 contrato, con oportunidad, eficiencia y
20064/20105
2010 al 15 eficacia en la Dirección de Sanidad
de mayo Seccional Valle - Seccional Sanidad Valle ,
de 2011 en las condiciones que determine el
contratante, de acuerdo con sus
necesidades y programación establecida.

22
Índice 59 de SAMAI del Tribunal. Archivo 7 «anexos demanda - Contrato 104 DE 2020 - SASI-
2020-09 (.pdf)». Folio 1 a 7.
3
Ibidem. Folio 8 a 15.
4
Ibidem. Folio 16 a 24.
5
Ibidem. Folio 25 a 33.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00060-01 (5368-2024)
Demandante: Carolina Solarte Salinas

el contratista se compromete con la Policía
Nacional - Dirección de Sanidad - Seccional
Valle a prestar sus servicios profesionales
con el objeto de prestación de servicios
como auxiliar de enfermería para el
(8 meses
desarrollo de las actividades descritas en la
y 9 días)
justificación hecha por parte de la Sin
$8.819.580
Dependencia que requiere los servicios, en interrupción
66-7- 22 de
los formatos establecidos para tal fin,
20422/20106 octubre Valor
instructivo 014 de fecha 18 de marzo de
y adición7 de 2010 al mensual
2010, los cuales forman parte integral del
30 de $1.062.600
presente contrato, con oportunidad,
junio de
eficiencia y eficacia en la Dirección de
2011
Sanidad Seccional Valle - Seccional
Sanidad Valle , en las condiciones que
determine el contratante, de acuerdo con
sus necesidades y programación
establecida.
el contratista se compromete con la Policía
Nacional - Dirección de Sanidad - Seccional
Valle a prestar sus servicios profesionales
con el objeto de prestación de servicios
como auxiliar de enfermería para el 60 días
(12
desarrollo de las actividades descritas en la hábiles
meses)
justificación hecha por parte de la
$12.953.304
Dependencia que requiere los servicios, en
66-7- 7 de
los formatos establecidos para tal fin,
20194/20118 enero de Valor
instructivo 014 de fecha 18 de marzo de
y adición9 2011 mensual
2010, los cuales forman parte integral del
hasta 30 $1.079.442
presente contrato, con oportunidad,
de marzo
eficiencia y eficacia en la Dirección de
de 2012
Sanidad Seccional Valle - Seccional
Sanidad Valle , en las condiciones que
determine el contratante, de acuerdo con
sus necesidades y programación
establecida.
(11 meses
$12.534.180
y 13 días)
3 de julio 79 días
66-7- Valor Prestación de servicios como auxiliar de
de 2012 al hábiles
20249/201210 mensual enfermería
3 de
enero de
$1.096.284
2014
(10
meses) $11.401.350 Sin
interrupción
66-7-
1 de mayo Prestación de servicios como auxiliar de
20183/2014 y
de 2014 al Valor enfermería
adición11
28 de mensual
febrero de $1.140.195
2015
(14 meses
y 28 días)
$17.026.015
2 de
66-7- Prestación de servicios como auxiliar de
febrero de
20044/201512 Valor enfermería
2015 al 28
mensual
de febrero
de 201613
$1.140.135

6
Ibidem. Folio 34 a 42.
7
Ibidem. Folio 56 a 58.
8
Ibidem. Folio 43 a 50.
9
Ibidem. Folio 54 a 55.
10
Ibidem. Folio 51 a 53, 59 a 65.
11
Ibidem. Folio 66 a 75.
12
Ibidem. Folio 77 a 90.
13
El contrato inicial finalizaba el 29 de mayo de 2016, pero la actora presentó renuncia al cargo
de auxiliar de enfermería.

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Demandante: Carolina Solarte Salinas

30. En el expediente se encuentra el siguiente material probatorio, relevante
para resolver la controversia: oficio S-2016-196878/SECSA-JEFAT-1.1 expedido
por la Dirección de Sanidad- Seccional Valle, por medio del cual no accede a la
terminación del contrato14; oficio 001/ESPIM CLIFA GASUS 2.95, mediante el
cual autoriza el cambio de turno de la demandante15; comunicación S-2015-
/ESPIN-CLIFA-29.25 por medio de la cual se informa a la actora el cambio de
funciones al área de hospitalización16 a partir del 2 de marzo de 2015; cuadros
de turnos asignados a la demandante17; desprendibles de pago18, certificado
suscrito por la Dirección de Sanidad- Seccional Valle, en la que se hace constar
la vinculación bajo la modalidad de prestación de servicios19; cuentas de cobro20,
y reclamación administrativa la cual se solicitó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de una presunta relación laboral21.

31. En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Ana
Cristina López Díaz, Magnolia Hurtado Lasso y Angelly Johanna Duarte Soto, de
los cuales se destaca lo siguiente:

• Ana Cristina López Díaz manifestó que laboró junto con la demandante en
la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional —Clínica Nuestra Señora
de Fátima—, vinculada mediante contratos de prestación de servicios
sucesivos.

Indicó que cumplían turnos de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., asignados por un
coordinador y previamente autorizados por el director de la clínica. Señaló
que cualquier cambio debía solicitarse por escrito y contar con
autorización de la dirección, y que el reemplazo solo podía ser realizado
por una persona vinculada a la entidad, sin posibilidad de acudir a personal
externo.

Precisó que portaban uniforme y carné institucional con los logos de la
clínica, y que existía un suboficial de servicios encargado de resolver las
novedades de cada turno. Añadió que asistían a reuniones mensuales con
la coordinadora, el médico coordinador o el área de recursos humanos.

Relató que tenían asignado un número determinado de pacientes y
laboraban de manera rotativa en las áreas de hospitalización, urgencias y
partos; además, en ocasiones, cumplían funciones como paramédicos en
ambulancias.
Destacó que, en caso de ausencia, debían presentar excusa médica en
las mismas condiciones del personal de planta y que les era aplicable el

14
Ibidem. Folio 91 a 92.
15
Ibidem. Folio 93.
16
Ibidem. Folio 94.
17
Ibidem. Folio 95 a 101.
18
Ibidem. Folio 128 a 129.
19
Ibidem. Folio 130.
20
Ibidem. Folio 134 a 137.
21
Ibidem. Folio 138 a 146.

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Demandante: Carolina Solarte Salinas

reglamento interno del hospital, sin distinción entre contratistas y
empleados nombrados.

Agregó que la entidad suministraba los insumos y materiales necesarios
para el desarrollo de las funciones, así como la dotación de uniformes.
Indicó que recibían una nómina integral, debían asumir el pago de la
seguridad social como independientes y no se les reconocían prestaciones
sociales.

Finalmente, afirmó que se les imponían llamados de atención escritos
cuando se presentaban errores en la administración de medicamentos o
quejas de los pacientes, y que en cada turno diurno o nocturno se les
otorgaba una hora de descanso o de alimentación.

• Magnolia Hurtado Lasso indicó que conoció a la demandante en la Clínica
de la Policía en el año 2009, cuando ambas ingresaron a laborar, y que
permanecieron vinculadas hasta marzo de 2016. Señaló que tanto ella
como la actora se desempeñaron como auxiliares de enfermería al servicio
de la entidad demandada y desarrollaron funciones asistenciales.

Manifestó que su remuneración se realizaba mediante la presentación de
cuentas de cobro y que los turnos eran organizados por la jefe
coordinadora, en jornadas de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. o viceversa, sin
reconocimiento de prestaciones sociales.

Precisó que estaban obligadas a cumplir normas de presentación personal
similares a las del personal uniformado de la institución, incluido el uso de
moña y malla, así como a portar uniforme y carné institucional con los
logos de la Policía Nacional.

Indicó que existía personal de planta que desempeñaba el mismo cargo.
Como diferencias, señaló que dichas trabajadoras no realizaban turnos
nocturnos ni fines de semana, cumplían jornadas de ocho (8) horas,
percibían prestaciones sociales y asistían a eventos institucionales, como
la celebración de fin de año.

Resaltó que había un jefe líder y un oficial de servicios encargados del
funcionamiento de la clínica y de atender cualquier novedad. Afirmó,
además, que no contaban con autonomía, pues las funciones eran
asignadas directamente por los superiores.

Añadió que la entidad proveía los insumos y suministros necesarios para
las labores asistenciales. También precisó que debían asistir a reuniones
obligatorias y que la inasistencia generaba llamados de atención.

Indicó que los cambios de turno requerían autorización previa del director
de la clínica y debían efectuarse exclusivamente con personal adscrito a
la institución, sin posibilidad de acudir a personal externo.

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Demandante: Carolina Solarte Salinas

Finalmente, señaló que para el pago de la remuneración debían presentar
el comprobante de cotización al sistema de seguridad social como
independientes —salud, pensión y ARL—, y que su vinculación se dio
mediante contratos de prestación de servicios continuos. Agregó que los
superiores jerárquicos eran un uniformado encargado y un coordinador
civil, quienes asignaban y supervisaban sus funciones.

• Angelly Johanna Duarte Soto relató que conoció a la demandante cuando
ingresó a laborar en la Policlínica en abril de 2009. Para ese momento, la
declarante se desempeñaba como enfermera jefe y la señora Carolina
Solarte Salinas como auxiliar de enfermería. Indicó que, al momento de su
retiro en 2015, la demandante continuaba prestando sus servicios en la
entidad.

Manifestó que la vinculación se realizaba mediante contratos de
prestación de servicios, sin reconocimiento de prestaciones sociales, y
que cada contratista asumía de manera independiente el pago de la
seguridad social. Relató que debían presentar cuentas de cobro
mensuales, firmadas por la coordinadora y por la teniente directora de la
clínica.

Precisó que los turnos eran asignados por la enfermera jefe coordinadora,
conforme a un cronograma previamente aprobado y firmado por el director
del hospital. Agregó que eran de obligatorio cumplimiento y comprendían
jornadas de doce (12) horas —de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. o viceversa—,
incluidos fines de semana.

Afirmó que los permisos o cambios de turno se solicitaban mediante
formatos institucionales, en los cuales debía consignarse la persona que
haría el reemplazo, siempre adscrita a la entidad. Dichos formatos debían
ser firmados por la jefatura y la dirección de la clínica.

Señaló que laboraban bajo un esquema de dos días de trabajo y uno de
descanso, con un promedio de cinco turnos semanales, alternados entre
jornadas diurnas y nocturnas.

Manifestó que la entidad suministraba uniformes y carné institucional, cuyo
porte era obligatorio, so pena de llamados de atención. Añadió que debían
cumplir las funciones asignadas por la coordinadora, la directora de la
clínica o las diferentes dependencias hospitalarias.

Explicó que existía personal de planta que realizaba las mismas funciones
que la actora. Relató que se imponían memorandos y llamados de
atención, incluso por inasistencias justificadas, y recordó un caso personal
en el que recibió un memorando por no asistir a un turno después de sufrir
un accidente.

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Demandante: Carolina Solarte Salinas

Describió que las funciones de la demandante comprendían labores
asistenciales, tales como administración de medicamentos, cuidado del
paciente, curaciones, procedimientos menores y cumplimiento de órdenes
impartidas por médicos y enfermeras jefes.

Relató que los superiores jerárquicos de la demandante eran las jefes de
enfermería, la coordinadora, la directora de la clínica, el área de talento
humano y un suboficial de servicio diario, encargado de verificar el
cumplimiento de los turnos y el funcionamiento general de la clínica.

Finalmente, indicó que los contratos de prestación de servicios eran
continuos, que interpuso una demanda con pretensiones similares —ya
resuelta en segunda instancia— y que prestó servicios en la Clínica
Nuestra Señora de Fátima, donde coincidió con la demandante en los
servicios de urgencias y hospitalización.

32. Contra el testimonio de la señora Angelly Johanna Duarte Soto, la entidad
demandada formuló tacha de sospecha con fundamento en el artículo 211 del
CGP, al considerar que la declarante promovió una demanda con pretensiones
similares a las debatidas en este proceso y obtuvo una decisión favorable.

33. Al respecto, la Sala recuerda que la condición de testigo sospechoso no
determina la exclusión automática de la declaración ni le resta, por sí sola,
eficacia probatoria. Lo que impone es una valoración más rigurosa de su
contenido, orientada a verificar la consistencia interna del relato, la forma en que
el declarante conoció los hechos y su concordancia con los demás medios de
convicción obrantes en el expediente.

34. En este caso, la declaración de la señora Duarte Soto resulta coherente,
precisa y concordante con los testimonios rendidos por las señoras Ana Cristina
López Díaz y Magnolia Hurtado Lasso, así como con la prueba documental
allegada al proceso. Por esa razón, la Sala la valorará conforme a las reglas de
la sana crítica, teniendo en cuenta la circunstancia puesta de presente por la
entidad demandada, pero sin excluirla del acervo probatorio.

35. La valoración conjunta de la prueba testimonial y documental permite tener
por acreditado que la demandante prestó personalmente sus servicios como
auxiliar de enfermería para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional —
Seccional Valle— entre el 10 de abril de 2008 y el 28 de febrero de 2016, y que
recibió una remuneración como contraprestación por dichas actividades.

36. Asimismo, se encuentra demostrado que las labores desarrolladas por la
actora consistían en la administración de medicamentos, el cuidado de pacientes,
la realización de curaciones, la atención de procedimientos asistenciales y la
ejecución de las órdenes impartidas por médicos y enfermeras jefe. Tales
funciones se desarrollaban de manera presencial en las instalaciones de la
entidad y exigían una permanente articulación con el servicio médico y
hospitalario.

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37. Sobre la continuada subordinación, la Sala ha señalado que las
actividades de enfermería22 constituyen un ámbito en el que dicho elemento
adquiere especial relevancia, pues la naturaleza misma del servicio exige que
quien lo presta se encuentre sometido a directrices médicas, protocolos
asistenciales y mecanismos permanentes de coordinación y control orientados a
garantizar la adecuada atención de los pacientes. Por ello, cuando el contratista
carece de autonomía para definir el tiempo, el modo y el lugar de ejecución de
las labores, y se encuentra inserto en la estructura funcional del servicio de salud,
la subordinación puede inferirse con mayor intensidad.

38. Precisamente, las pruebas recaudadas demuestran que la demandante
debía cumplir turnos previamente asignados por la coordinación de enfermería y
aprobados por la dirección de la clínica; que cualquier cambio requería
autorización previa; que las ausencias debían justificarse; que los reemplazos
solo podían realizarse con personal adscrito a la institución; que estaba obligada
a asistir a reuniones periódicas convocadas por la administración; y que debía
observar las directrices impartidas por médicos, enfermeras jefe, coordinadores
y demás responsables del servicio.

39. De igual manera, los testimonios coinciden en señalar que la entidad
imponía reglas de presentación personal, exigía el uso obligatorio de uniforme y
carné institucional, ejercía control sobre el cumplimiento de los turnos y aplicaba
llamados de atención e incluso memorandos cuando se presentaban
incumplimientos o novedades en la prestación del servicio. Tales circunstancias
evidencian no solo un poder de dirección sobre la actividad desarrollada, sino
también la existencia de mecanismos correctivos propios de una estructura
jerárquica.

40. A ello se suma que las auxiliares de enfermería vinculadas mediante
contratos de prestación de servicios desarrollaban las mismas funciones
asistenciales que el personal vinculado directamente a la entidad, utilizaban los
mismos insumos, estaban sometidas a los mismos protocolos y se encontraban
integradas de manera permanente al funcionamiento ordinario del servicio
hospitalario.

41. En esas condiciones, la sujeción de la demandante a una programación
obligatoria de turnos, la necesidad de obtener autorización para modificarla, la
obligación de justificar ausencias, la asistencia a reuniones institucionales, el
sometimiento a llamados de atención y memorandos, así como el cumplimiento
de órdenes impartidas por la estructura jerárquica del servicio de salud,

22
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01
(3238-2019); 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9
de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de
2016, expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del
12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-2018).

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constituyen manifestaciones inequívocas del poder permanente de dirección y
control ejercido por la entidad demandada.

42. Por consiguiente, la Sala concluye que la actividad desarrollada por la
demandante no se ejecutó con la autonomía propia de un contratista
independiente, sino bajo condiciones de continuada subordinación. En
consecuencia, se configuró la desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios suscritos entre las partes.

El restablecimiento del derecho

43. Respecto del argumento planteado por la parte demandante sobre el
reconocimiento de las primas extralegales, se debe precisar que la jurisprudencia
de esta Subsección23 ha indicado que cuando se declara la desnaturalización del
vínculo en el marco del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, el contratista solo tiene derecho a los emolumentos mínimos del
régimen general consagrados en los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 197824.

44. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a pesar de que la actora pudo
haber desarrollado las mismas actividades que las auxiliares de enfermería
vinculadas a través de una relación legal y reglamentaria, no hay lugar a la
aplicación del principio de a igual trabajo, igual salario25, por las siguientes
razones:

i) No se cumplen las formalidades sustanciales para la existencia de la
relación laboral (nombramiento y posesión, existencia del cargo en la
planta de personal, así como el hecho de que los emolumentos estén
previstos en las disposiciones que rigen para la entidad).

ii) La responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de un contratista y un
empleado no es equivalente.

iii) El contratista no ingresa a prestar sus servicios a través de los
mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico para ello, en
especial si se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 125 de la Constitución Política, la regla general es la de la carrera
administrativa en la que el ingreso se realiza después de superado un
concurso de méritos.

45. En materia de prescripción extintiva, la Sala comparte la decisión
adoptada por el Tribunal. En efecto, entre los contratos celebrados por las
partes se presentaron interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles,
circunstancia que, conforme a la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
24
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-
06872-01 (0121-2019).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019).

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2021, impide considerar que existió una relación continua entre el 10 de abril de
2008 y el 3 de enero de 2014. La prestación de los servicios solo puede tenerse
como continua a partir del 1.º de mayo de 2014 y hasta el 28 de febrero de 2016.
Como la reclamación administrativa se presentó el 20 de octubre de 2018 y la
demanda el 31 de enero de 2019, los derechos causados con anterioridad al 1.º
de mayo de 2014 se encuentran prescritos, tal como lo concluyó el Tribunal.

46. En consecuencia, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia, en el entendido que la actora tiene
derecho a que se le reconozcan y paguen los siguientes emolumentos: auxilio
de transporte, subsidio de alimentación, cesantías, intereses sobre las
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, causados durante los períodos
entre el 1° de mayo de 2014 y el 28 de febrero de 2016, prima de servicios para
a partir del año 2015 y bonificación por servicios prestados del 1° de enero al
28 de febrero de 2016, los cuales se liquidan teniendo en cuenta los honorarios
pactados en cada uno de los contratos de prestación de servicios en los
siguientes términos:

SALA INTER PRIM
#
# RIO AUXIL AUXIL CESA ES A DE
Desde IPC IPC Di AUXI AUXI TOTAL
mese PROM IO DE IO DE NTIA SOBR PRIM SERVI
as LIO LIO ANUA
s ED. TRAN ALIME CESA E LA A DE CIO
po DE DE L
comp MENS SPT. NT NTIA CESA SERV
r TRAN ALIM SALAR
FIN INIC lpor UAL INDEX INDEX INDEX NTIA ICIO INDEX
Año añ SPT. ENT IOS
AL IAL año POR ADO ADO ADA INDEX ADA
o
AÑO ADA
(2014) 66-7- 2
1.140 72.00 139.6 47.5 92.25
20183/2014 y 158 81, 4 8 9.311. 844.7 1.638 133.8
.195 0 82 51 0
adición ,17 53 5 593 37 .808 36 0 0
(2015) 66-7-
5 1.140 74.00 141.0 49.7 94.83 95.0 181.
20183/2014 y 158 2 2.242. 192.2 366.3
9 .195 0 19 67 9
adición ,17 83 384 20 06 7.204 16 069
3
1.140 74.00 138.5 49.7 93.21 475. 889.
(2015) 66-7- 158 84, 0 10 11.62 1.114 2.087 212.8
.135 0 98 67 1
20044/2015 ,17 45 6 9.377 .367 .144 89 056 753
(2016) 66-7- 158 89, 6 1.140 77.70 137.7 53.6 95.11 2.318. 200.3 355.3 104. 185.
2,03
20044/2015 ,17 19 1 .135 0 94 34 5 275 54 10 7.225 593 486

SALAR BONIFI
#
IO PRIMA PRIMA BONIFI CA-
Di #
PROM PRIMA DE VACAC PRIMA DE CA- CIÓN
Desde IPC IPC as meses
ED. DE NAVID VACAC ION DE VACAC CIÒN POR
po compl
MENSU NAVID AD ION VACAC ION POR SERVI
r por
AL AD ION SERVI CIO
añ año
FINA INICI POR INDEX INDEX INDEX CIO INDEX
Año o
L AL AÑO ADA ADA ADA ADA
(2014) 66-7- 158, 81,5 24 1.140. 783.94 1.520. 428.66 831.61 428.66 831.61
8
20183/2014 y adición 17 3 5 195 5 870 4 7 4 7 0 0
(2015) 66-7- 158, 1.140. 192.80 367.41 104.22 198.61 104.22 198.61
59 2
20183/2014 y adición 17 83 195 0 1 4 5 4 5 0 0
(2015) 66-7- 158, 84,4 30 1.140. 1.021. 1.913. 553.98 1.037. 553.98 1.037.
10
20044/2015 17 5 6 135 574 349 3 579 3 579 0 0
(2016) 66-7- 158, 89,1 1.140. 197.24 349.79 109.14 193.55 109.14 193.55 171.02
61 2,03
20044/2015 17 9 135 5 6 1 1 1 1 96.436 1

CONSOLIDADO

AUXILIO DE AUXILIO CESANTI INTERES PRIMA PRIMA VACACION PRIMA DE BONIFICACI
TRASNPOR ALIMENT AS ES DE DE ES VACACION ON POR
TE O INDEXAD CESANTI SERVICI NAVIDA INDEXADA ES SERVICIO
INDEXADO INDEXA A AS OS D INDEXADA INDEXADA
DO INDEXAD INDEXAD INDEXA
A A DA
$ 557.092 $ $ $ 361.153 $ $ $ 2.261.362 $ 2.261.362 $ 171.021
375.415 4.447.567 1.256.308 4.151.42
6
TOTAL SUMAS INDEXADAS: $15.842.706

47. En cuanto al reconocimiento de la dotación, los testimonios de Ana Cristina
López Díaz, Magnolia Hurtado Lasso y Angelly Johanna Duarte Soto coinciden

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en afirmar que la entidad demandada suministraba los uniformes y demás
elementos necesarios para el desarrollo de las labores asistenciales. En esas
condiciones, no hay lugar a ordenar su pago, pues la prestación fue satisfecha
en especie durante la ejecución de los contratos.

Condena en costas

48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

50. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

51. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se modificará la sentencia
apelada, no se impondrán costas en segunda instancia, porque se hacen ajustes
a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, el cual quedará de la siguiente manera:

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a reconocer y pagar a favor de la señora
Carolina Solarte Salinas, la suma de quince millones ochocientos cuarenta y dos
mil setecientos seis pesos ($15.842.706) como concepto de prestaciones sociales
en el cargo de auxiliar de enfermería, correspondientes al período del 1° de mayo
de 2014 al 28 de febrero de 2016.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

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Demandante: Carolina Solarte Salinas

TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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