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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02521-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02521-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 13 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, el cual quedará así: TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la E.S.E. Hospital General de Medellín a pagar a favor del señor Edwin Leonardo Jaramillo Cardona la suma de treinta y tres millones ciento veintinueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos ($33.129.424), por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia, causados entre el 13 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014. Adicionalmente, la E.S.E. Hospital General de Medellín deberá pagar al demandante el valor equivalente a nueve (9) dotaciones de calzado y vestido, causadas en las siguientes fechas: 20 de diciembre de 2010; 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre de 2011; 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre de 2012; y 30 de abril y 31 de agosto de 2013. Para tales efectos, deberá tenerse en cuenta el valor establecido por la entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación, debidamente indexado hasta la ejecutoria de esta providencia. SEGUNDO. REVOCAR el numeral 3.3. del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 13 de febrero de 2026, mediante el cual se ordenó la devolución de dineros por concepto de aportes al fondo de pensiones y a la empresa prestadora de salud, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-02521-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02521-01 (0698-2026)
Demandante: Edwin Leonardo Jaramillo Cardona
Demandado: E.S.E Hospital General de Medellín

Tema: Desnaturalización del vínculo - Principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos
de la relación laboral – intermediación a través de
cooperativas y contratos de prestación de servicios

Decisión: Modifica y revoca parcialmente la sentencia de primera
instancia con el fin de precisar el alcance del
restablecimiento

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 13 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Edwin Leonardo Jaramillo Cardona interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
objeto de que se declare la nulidad del acto ficto configurado por la falta de
respuesta a la petición radicada con el número HGM 020-2016008129 del 30 de
septiembre de 2016, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales derivadas de una presunta relación laboral.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) declarar la existencia
de una relación laboral entre las partes durante el período comprendido entre el
13 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014; (ii) ordenar su nivelación salarial
respecto de quienes desempeñaban el mismo cargo a partir del 1.º de julio de
2014; (iii) disponer el reajuste de salarios, dominicales, festivos, horas extras y
prestaciones sociales legales y extralegales, así como de los aportes al Sistema
de Seguridad Social, y devolver las sumas aportadas a cooperativas y
corporaciones; (iv) condenar en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada; (v) actualizar las sumas reconocidas con base en el IPC; y (vi) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el CPACA.

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Demandante: Edwin Leonardo Jaramillo Cardona

3. Como hechos relevantes, señaló que prestó sus servicios como enfermero
en la entidad demandada bajo distintas modalidades de vinculación: a través de
la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPFÉNIX, entre el 13 de agosto de 2010
y el 31 de julio de 2011; por intermedio de la Corporación para la Salud Fénix —
CORFÉNIX—, entre el 1.º de agosto de 2011 y el 30 de septiembre de 2013; y
mediante contrato de prestación de servicios, entre el 1.º de noviembre de 2013
y el 30 de junio de 2014. Añadió que, a partir del 1.º de julio de 2014, fue
nombrado en provisionalidad en la misma entidad.

4. Afirmó que, con independencia de la modalidad de vinculación, prestó
personalmente sus servicios como enfermero en el hospital y desarrolló
funciones propias de ese empleo, idénticas a las asignadas al personal de
enfermería vinculado directamente con la entidad.

5. Como concepto de violación, sostuvo que debía aplicarse el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, pues, pese a las distintas modalidades de vinculación
utilizadas por el Hospital General de Medellín, desarrolló sus actividades bajo
condiciones propias de una relación laboral, esto es, prestación personal del
servicio, remuneración y continuada subordinación.

6. Señaló que la única diferencia entre su situación y la de los enfermeros de
planta radicaba en la forma de vinculación, ya que desempeñaban las mismas
funciones, cumplían idénticos horarios, reunían iguales calidades y asumían las
mismas responsabilidades.

7. Finalmente, afirmó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, las labores propias del personal de enfermería no pueden desarrollarse
mediante contratos de prestación de servicios ni convenios de asociación cuando
las condiciones en que se ejecutan revelan la existencia de continuada
subordinación.

Contestación de la demanda

8. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que celebró
con FEDSALUD y CORFÉNIX diversos convenios para la prestación de servicios
especializados en áreas como enfermería profesional y auxiliar, perfusión y
angiografía, entre otras. Afirmó que dichos vínculos tenían naturaleza privada y
comercial y eran ejecutados por terceros con autonomía y con sus propios
recursos humanos y técnicos.

9. Indicó que el personal dispuesto por CORFÉNIX y FEDSALUD era
administrado directamente por esas organizaciones, sin injerencia del hospital.

10. Propuso las excepciones de falta de causa para demandar, inexistencia
de la obligación, imposibilidad de existencia de una relación laboral entre el
demandante y el Hospital General de Medellín, responsabilidad de un tercero,

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inexistencia de obligación contractual entre el Hospital General de Medellín y sus
contratistas, prescripción y la innominada.

Sentencia apelada

11. Mediante sentencia del 13 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo
de Antioquia declaró la nulidad del acto acusado y reconoció la existencia de una
relación laboral entre el demandante y la E.S.E. Hospital General de Medellín
durante los siguientes períodos: (i) del 13 de agosto de 2010 al 31 de julio de
2011; (ii) del 1.º de agosto de 2011 al 30 de septiembre de 2013; y (iii) del 1.º de
noviembre de 2013 al 30 de junio de 2014.

12. Consideró que, aunque durante los dos primeros períodos el actor estuvo
vinculado por intermedio de COOPFÉNIX y CORFÉNIX y durante el tercero
celebró directamente contratos de prestación de servicios con el hospital, las
pruebas demostraban que prestó personalmente sus servicios como enfermero
en esa institución, de manera permanente y bajo continuada subordinación. Para
llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta, entre otros elementos, la declaración de
Alba Rocío Montoya, el cumplimiento de turnos preestablecidos de doce horas,
la sujeción a las directrices del departamento de enfermería, la asistencia a
reuniones y capacitaciones y la utilización de elementos suministrados por el
hospital.

13. Añadió que las actividades de enfermería se desarrollaban, por regla
general, en condiciones que permitían presumir la subordinación, debido a la
sujeción a turnos, protocolos asistenciales y órdenes del personal médico o de
enfermería superior. A partir de esos elementos, concluyó que el hospital fue el
beneficiario efectivo del servicio y ejerció sobre el demandante poderes propios
de una relación subordinada, sin que la intermediación de COOPFÉNIX y
CORFÉNIX impidiera reconocer la verdadera naturaleza del vínculo.

14. A título de restablecimiento del derecho, ordenó reconocer y pagar las
prestaciones sociales correspondientes a los períodos en los que declaró la
existencia de la relación laboral. En la parte motiva precisó que su liquidación
debía efectuarse con base en los honorarios pactados. Respecto de los lapsos
en que el actor prestó sus servicios por intermedio de COOPFÉNIX y CORFÉNIX,
dispuso descontar las prestaciones que hubiera recibido y pagar las diferencias
resultantes. Para el período en que estuvo vinculado directamente mediante
contratos de prestación de servicios, ordenó reconocer las prestaciones sociales
correspondientes, igualmente liquidadas con base en los honorarios pactados.

15. En materia de seguridad social, ordenó a la entidad asumir la cuota parte
de los aportes a pensión que le habría correspondido como empleadora y
devolver al actor las sumas que este hubiera pagado por ese concepto y por
aportes a salud en la proporción que correspondía al hospital. La decisión
precisó, además, las cargas que debía asumir el demandante en caso de que no
hubiera efectuado las cotizaciones o existieran diferencias a su cargo.

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16. Negó el reconocimiento de horas extras, dominicales, festivos y demás
trabajo suplementario, al considerar que la declaración de la relación laboral no
confería al demandante la condición de empleado público. También negó la
devolución de los aportes realizados a las cooperativas y corporaciones, porque
no se demostró la existencia ni el monto de esos descuentos.

17. Frente a la nivelación salarial reclamada desde el 1.º de julio de 2014,
fecha en la que el actor fue nombrado en provisionalidad, concluyó que no se
demostró que las funciones y responsabilidades que desempeñaba fueran
iguales a las de otro servidor de planta tomado como referente. Consideró que la
documentación allegada describía de manera general las actividades de
enfermería, pero no permitía establecer la identidad funcional necesaria para
reconocer el reajuste solicitado.

18. Finalmente, declaró no probada la prescripción, porque entre la
terminación del último vínculo, ocurrida el 30 de junio de 2014, y la reclamación
administrativa presentada el 30 de septiembre de 2016 no transcurrieron tres
años. Asimismo, condenó en costas a la entidad demandada.

Recursos de apelación

19. La parte demandante apeló la negativa de la nivelación salarial solicitada
a partir del 1.º de julio de 2014. Sostuvo que el actor desempeñó las mismas
funciones, asumió iguales responsabilidades y cumplió una jornada equivalente
a la del personal de planta, por lo que no existía una justificación objetiva para la
diferencia salarial. En consecuencia, pidió tomar como parámetro lo devengado
por la señora Luz Estella Giraldo Valencia o por otro servidor de planta que
hubiera desarrollado funciones equivalentes.

20. Con fundamento en lo anterior, solicitó modificar la sentencia para
reconocer el reajuste salarial y prestacional correspondiente al período
comprendido entre el 13 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014 y revocar la
negativa de la nivelación salarial desde el 1.º de julio de 2014.

21. La E.S.E. Hospital General de Medellín también apeló. En primer lugar,
cuestionó la declaración de la relación laboral, pues, a su juicio, las pruebas no
demostraban que el demandante hubiera prestado sus servicios de manera
personal y subordinada durante los períodos en que estuvo vinculado por
intermedio de COOPFÉNIX y CORFÉNIX. Señaló que los contratos celebrados
con esas organizaciones no individualizaban al personal encargado de
ejecutarlos y que el hospital no intervenía en su selección ni ejercía sobre este
facultades propias de un empleador.

22. También controvirtió la existencia de remuneración proveniente del
hospital durante esos períodos. Afirmó que los pagos efectuados por la entidad
correspondieron al cumplimiento de sus obligaciones contractuales con las
organizaciones intermediarias y no constituyeron una contraprestación directa o
indirecta al demandante.

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23. Respecto de la subordinación, sostuvo que no se acreditó que funcionarios
del hospital hubieran impartido órdenes al actor, impuesto sus horarios o ejercido
facultades disciplinarias o correctivas. Añadió que el desarrollo de las actividades
en las instalaciones de la entidad, el cumplimiento de protocolos asistenciales y
la coordinación con su personal eran circunstancias inherentes a la prestación
del servicio de salud y no demostraban, por sí solas, continuada subordinación.

24. La entidad cuestionó, además, la valoración del testimonio de Alba Rocío
Montoya. Señaló que el Tribunal le atribuyó un alcance que no encontraba
respaldo en los demás medios de prueba y que no tuvo en cuenta la ausencia de
documentos que demostraran órdenes, llamados de atención, sanciones o
mecanismos de control laboral sobre el demandante.

25. Por otra parte, reprochó que el Tribunal hubiera desestimado las
excepciones propuestas bajo la consideración de que constituían simples
argumentos de defensa. A su juicio, debían resolverse expresamente porque
controvertían la existencia misma de los derechos reclamados.

26. Finalmente, solicitó revocar la condena en costas. Sostuvo que el Tribunal
no justificó su imposición y que, conforme al artículo 188 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, debía atenderse la conducta procesal de las partes, sin
que en este asunto se hubieran presentado actuaciones temerarias, dilatorias o
contrarias a la buena fe.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. Por auto de 5 de junio de 2026, se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por ambas partes del proceso.

28. La parte demandante y la entidad demandada guardaron silencio en esta
fase procesal, y el agente del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

29. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

30. La Sala debe determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en los yerros planteados en los recursos de
apelación.

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Demandante: Edwin Leonardo Jaramillo Cardona

31. Para tal efecto, se analizará, en primer lugar, si le asiste razón a la entidad
demandada al sostener que no se acreditó la continuada subordinación necesaria
para declarar la desnaturalización de los vínculos mediante los cuales el
demandante prestó sus servicios, tanto por intermedio de cooperativas de trabajo
asociado como directamente a través de contratos de prestación de servicios. En
segundo lugar, se establecerá si procede la nivelación salarial reclamada por el
actor con fundamento en lo devengado por el personal de planta que
desempeñaba funciones equivalentes. Finalmente, se examinará si la condena
en costas impuesta a la entidad demandada se ajustó al artículo 188 del CPACA.

Análisis del problema jurídico

32. La Sala modificará y revocará parcialmente la sentencia apelada. Las
pruebas obrantes en el expediente acreditan que el demandante prestó
personalmente sus servicios como enfermero en beneficio de la E.S.E. Hospital
General de Medellín, recibió una contraprestación económica y estuvo sometido
a condiciones de subordinación durante los periodos analizados. No obstante, el
restablecimiento del derecho debe precisarse, en particular, respecto de la base
de liquidación de las acreencias reconocidas, la improcedencia de las diferencias
salariales frente a personal de planta y la devolución de aportes al Sistema de
Seguridad Social.

33. Así mismo, se confirmará la negativa de la nivelación salarial solicitada a
partir del 1.º de julio de 2014, porque no se acreditaron los presupuestos
necesarios para efectuar un juicio válido de igualdad salarial frente al cargo
tomado como referente.

34. De las pruebas documentales obrantes en el proceso se puede
establecer que el Hospital suscribió los siguientes contratos y convenios con las
cooperativas mencionadas: (COOPFENIX) 36 de 20101, 113 de 20112,
(CORFENIX) 271 de 20113, 23 de 2012 y modificación4, 266 de 2012 y
modificaciones5, (FEDSALUD) 66 de 2013 y modificación6, (CORFENIX) 67 de
20137, 105 de 2013 y modificación8, (FEDSALUD) 260 de 20139 , (CORFENIX)
242 de 201310,(FEDSALUD) 32 de 2014 y modificación11,95 de 201412, 128 de
201413, 148 de 201414, 150 de 201415 para la prestación de servicios de
enfermería profesional y auxiliar en sus distintas áreas asistenciales.

1
Folios 141 a 152. Cuaderno 1.
2
Folios 154 a 161. Ibidem
3
Folios 163 a 170. Ibidem
4
Folios 172 a 186. Ibidem
5
Folios 187 a 197. Ibidem
6
Folios 198 a 200.Ibidem. Folio 201 a 218. Cuaderno 2.
7
Folios 219 a 238. Cuaderno 2.
8
Folios 239 a 250. Ibidem
9
Folios 251 a 261. Ibidem
10
Folios 265 a 274. Ibidem
11
Folios 276 a 291. Ibidem
12
Folios 292 a 302. Ibidem
13
Folios 303 a 311. Ibidem
14
Folios 315 a 323. Ibidem
15
Folios 328 a 369. Ibidem

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35. Así mismo, obran en el expediente certificaciones expedidas por las
cooperativas de trabajo asociado y la entidad demandada, así como contratos de
prestación de servicios, documentos que acreditan que el demandante prestó sus
servicios durante los siguientes períodos:

Vinculación Duración Objeto Valor
COOPFENIX16 13 de agosto de Enfermero No se tiene
2010 al 31 de julio especificado los
Cooperativa de de 2011 valores
Trabajo Asociado
CORFENIX17 1° de agosto de Facilitando su fuerza de No se tiene
2011 hasta el 30 trabajo como enfermero en especificado los
Cooperativa de de septiembre de el Hospital General de valores
Trabajo Asociado 2013 Medellín.
Contrato de 1° de noviembre de Enfermero $2.785.890
prestación de 2013 al 30 de junio
servicios18 de 2014

36. Adicionalmente, se encuentra demostrado que, mediante la Resolución
núm. 242 de 2014, el demandante fue nombrado en provisionalidad como
enfermero, código 2436, a partir del 1.º de julio de 2014 en la entidad demandada.

37. En primera instancia se recibió el testimonio de la señora Alba Rocío
Montoya, auxiliar de enfermería y empleada de carrera de la E.S.E. Hospital
General de Medellín. En su declaración sostuvo:

• Que se desempeñaba desde hacía más de veinticinco años en la entidad
y conocía al demandante desde 2010, cuando este comenzó a prestar sus
servicios en la institución por intermedio de una cooperativa.

Afirmó que el señor Edwin Leonardo Jaramillo Cardona fungía como
enfermero jefe en el servicio de urgencias y que, en esa condición,
realizaba electrocardiogramas, toma de gases, curaciones, colocación de
sondas vesicales, asistencia a los médicos en determinados
procedimientos y las demás actividades propias de la enfermería
profesional. Añadió que también impartía instrucciones al personal auxiliar
de enfermería.

Indicó que esas actividades se desarrollaban de manera permanente en el
hospital y que también eran ejercidas por enfermeros vinculados
directamente con la institución, entre quienes mencionó a Rubiela Vanegas
y Blanca Eugenia Puerta. Según la testigo, no existían diferencias entre las
labores que realizaba el demandante y las asignadas al personal
profesional de enfermería vinculado directamente.

Explicó que el hospital contaba con protocolos institucionales derivados de
los procesos de habilitación, acreditación y certificación, cuyo cumplimiento

16
Folio 30. Cuaderno 1.
17
Folio 31. Ibidem
18
Folio 32. Cuaderno 1.

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se exigía a todo el personal de enfermería, con independencia de que
estuviera vinculado a la planta, por intermedio de cooperativas o mediante
contratos de prestación de servicios. Asimismo, señaló que el actor
utilizaba los equipos, herramientas, insumos e instalaciones de la entidad.
Precisó que los medicamentos y demás elementos necesarios para la
atención se solicitaban a través de los mecanismos institucionales, entre
ellos farmacia, almacén y el sistema SAP.

En cuanto a la organización del servicio, manifestó que el hospital
programaba reuniones semanales y actividades de capacitación a las que
debía asistir el personal de enfermería, incluido el demandante. Explicó que
estas actividades quedaban registradas en los respectivos cuadros y que
la asistencia era obligatoria.

Respecto de las órdenes que recibía el actor, afirmó que provenían de la
jefe del departamento de enfermería, de la coordinación de enfermería, de
médicos, cirujanos y coordinadores de área, todos vinculados con la
institución. Agregó que las directrices impartidas estaban relacionadas con
las actividades asistenciales que debía desarrollar como enfermero jefe.

Sobre la jornada, indicó que, durante el período en que el demandante
prestó sus servicios por intermedio de cooperativas, cumplía turnos de
doce horas, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. o de 7:00 p. m. a 7:00 a. m. Explicó
que los turnos se establecían mensualmente y se publicaban en una
cartelera, y que el actor no podía modificarlos autónomamente ni
ausentarse sin autorización, pues ello incidía en la continuidad del servicio
de urgencias.

Finalmente, manifestó que, después de que el demandante fue vinculado
directamente con la entidad, no se produjo una modificación sustancial de
las funciones que venía desempeñando, pues continuó realizando las
mismas actividades de enfermería que ejecutaba cuando prestaba sus
servicios por intermedio de terceros. Precisó, no obstante, que a partir de
su vinculación directa quedó sujeto a la jornada ordinaria establecida para
el personal del hospital.

38. Bajo este marco fáctico, corresponde establecer si le asiste razón a la
entidad demandada al sostener que durante los períodos reconocidos por el
Tribunal no se acreditaron los elementos necesarios para declarar que se
desnaturalizó el vínculo de este con el hospital. Para ello, debe tenerse en cuenta
que el actor prestó sus servicios bajo distintas modalidades, algunas de ellas por
intermedio de terceros.

39. En cuanto al reparo relacionado con las excepciones propuestas por la
entidad, la Sala advierte que la inexistencia de la obligación, la imposibilidad de
existencia de una relación laboral y la responsabilidad de un tercero
corresponden, en este asunto, a argumentos dirigidos a controvertir los

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presupuestos de las pretensiones. Por ello, su resolución se encuentra
comprendida en el análisis de fondo sobre la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación.

40. Respecto de las cooperativas de trabajo asociado, la Ley 79 de 1988 y el
Decreto 4588 de 2006 las concibieron como organizaciones del sector solidario
en las que sus asociados aportan directamente su capacidad de trabajo para
desarrollar actividades económicas, profesionales o intelectuales. Esta
modalidad supone autonomía en la organización y ejecución del trabajo asociado
y, por ello, no puede utilizarse como mecanismo de intermediación para
suministrar trabajadores subordinados a un tercero.

41. En particular, los artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006 prohibieron
que las cooperativas y precooperativas actuaran como empresas de
intermediación laboral o dispusieran del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros. De ahí que la utilización formal de una
cooperativa no impida reconocer la verdadera naturaleza del vínculo cuando se
demuestra que el beneficiario del servicio ejerció directamente sobre el asociado
los poderes propios de una relación subordinada.

42. Por consiguiente, la circunstancia de que el demandante hubiera prestado
parte de sus servicios por intermedio de terceros no basta para atribuir al hospital
la condición de empleador. Para ello es necesario establecer que, más allá de las
formas utilizadas para instrumentar la vinculación, concurrían los elementos
propios de una relación laboral con la E.S.E., particularmente el ejercicio de
continuada subordinación sobre el actor.

43. La prestación personal del servicio se encuentra acreditada. La prueba
documental y el testimonio de Alba Rocío Montoya dan cuenta de que el
demandante ejerció personalmente actividades como enfermero jefe en las
instalaciones de la E.S.E. Hospital General de Medellín durante los períodos
objeto de controversia. La testigo identificó las funciones que aquel
desempeñaba y explicó las condiciones en que las desarrollaba.

44. Tampoco desvirtúa la existencia de remuneración el argumento de la
entidad según el cual, durante algunos períodos, no efectuó pagos directamente
al demandante. La intermediación mediante las distintas organizaciones
utilizadas supone precisamente que la contraprestación pueda ser canalizada a
través de estas. En este caso, las pruebas permiten establecer que el actor
recibió una contraprestación económica por los servicios personales que prestó
en beneficio del hospital.

45. El aspecto determinante consiste, entonces, en establecer si el actor
desarrolló esas actividades bajo continuada subordinación de la E.S.E. Hospital
General de Medellín. Sobre este elemento, la Sala ha considerado que las
labores asistenciales de enfermería, por sus características, suelen desarrollarse

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Demandante: Edwin Leonardo Jaramillo Cardona

en escenarios de escasa autonomía19, debido a la necesaria articulación con el
personal médico y de enfermería, la continuidad de la atención y las condiciones
propias del servicio hospitalario. Sin embargo, esas particularidades no relevan
a la parte interesada de demostrar que, en el caso concreto, la entidad ejerció un
poder continuado de dirección.

46. En este asunto, la declaración de Alba Rocío Montoya aporta elementos
concretos en ese sentido. La testigo no se limitó a señalar genéricamente que el
demandante recibía órdenes, sino que identificó a quienes las impartían —la jefe
del departamento de enfermería, la coordinación de enfermería, médicos,
cirujanos y coordinadores de área— y explicó que estaban relacionadas con las
actividades asistenciales que aquel debía desarrollar como enfermero jefe.

47. La declaración también fue específica respecto de la organización del
tiempo de trabajo. Según la testigo, el actor cumplía turnos de doce horas, de
7:00 a. m. a 7:00 p. m. o en la jornada inversa, establecidos mensualmente y
publicados en una cartelera. Agregó que no podía modificarlos autónomamente
ni ausentarse sin autorización. Estas circunstancias resultan indicativas de
subordinación, pues reflejan que el demandante no determinaba libremente los
períodos en los que prestaba el servicio y debía someterse a la programación
establecida para garantizar la atención hospitalaria.

48. La Sala no desconoce que otros elementos mencionados por la testigo
tienen, aisladamente considerados, un alcance probatorio distinto. El
cumplimiento de protocolos asistenciales, la utilización de equipos e insumos del
hospital y la prestación del servicio en sus instalaciones pueden explicarse por
las características propias de la actividad de enfermería y, por sí solos, no
permiten establecer la existencia de continuada subordinación.

49. Algo semejante ocurre con la asistencia a reuniones y capacitaciones. Su
sola realización puede responder a necesidades de coordinación y a las
exigencias técnicas propias de la prestación del servicio de salud. Sin embargo,
en este caso la testigo afirmó que el hospital las programaba, que la asistencia
del personal de enfermería era obligatoria y que comprendían al demandante.
Este elemento, valorado junto con la imposición de turnos y las órdenes descritas,
contribuye a establecer el grado de sujeción bajo el cual aquel desarrollaba sus
actividades.

50. También resulta relevante que el demandante, en su condición de
enfermero jefe, impartiera instrucciones al personal auxiliar. Esta circunstancia
no demuestra autonomía frente al hospital. Por el contrario, debe valorarse
atendiendo a la posición que ocupaba dentro de la organización del servicio:

19
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01
(3238-2019); 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9
de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de
2016, expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del
12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-2018).

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según la prueba testimonial, al mismo tiempo que coordinaba las labores del
personal auxiliar, se encontraba sujeto a las directrices de la jefatura y
coordinación de enfermería y del personal médico correspondiente.

51. A ello se suma que, según Alba Rocío Montoya, las funciones
desempeñadas por el actor coincidían con las desarrolladas por enfermeros
vinculados directamente con la institución. La testigo mencionó específicamente
a Rubiela Vanegas y Blanca Eugenia Puerta y afirmó que no advertía diferencias
en la ejecución de sus actividades. Esta coincidencia funcional tampoco
demuestra, por sí misma, la existencia de una relación laboral, pero constituye
un elemento adicional que debe apreciarse junto con las condiciones concretas
en que se prestó el servicio.

52. En esa misma dirección, la testigo manifestó que el nombramiento en
provisionalidad del demandante a partir del 1.º de julio de 2014 no produjo una
modificación sustancial de las actividades que venía desarrollando. Aunque esta
circunstancia tampoco permite trasladar automáticamente a los períodos
anteriores las condiciones propias de la vinculación legal y reglamentaria, sí
resulta pertinente para contrastar la forma en que materialmente se ejecutaron
las labores antes y después del nombramiento.

53. Valorados conjuntamente estos elementos, la Sala encuentra acreditado
que el demandante no conservaba la autonomía propia de las modalidades
formales mediante las cuales prestó sus servicios. La prueba no demuestra
únicamente el cumplimiento de protocolos o la coordinación necesaria para
desarrollar una actividad asistencial. Da cuenta, además, de turnos establecidos
por la institución que el actor no podía modificar autónomamente, de la necesidad
de autorización para ausentarse y de órdenes provenientes de distintos
funcionarios del hospital relacionadas con la prestación del servicio.

54. En consecuencia, no prospera el reproche de la entidad dirigido a
controvertir la existencia de continuada subordinación. La intervención de
cooperativas no impide reconocer la desnaturalización del vínculo cuando las
condiciones materiales de prestación del servicio demuestran que el tercero
beneficiario ejerció directamente un poder continuado de dirección, como ocurrió
en este asunto.

55. Por lo anterior, se confirmará la declaratoria de nulidad del acto ficto
negativo configurado por la falta de respuesta a la petición radicada bajo el
número HGM 020-2016008129 del 30 de septiembre de 2016.

56. En su recurso de apelación, el demandante solicitó que las prestaciones
sociales reconocidas por el período comprendido entre el 13 de agosto de 2010
y el 30 de junio de 2014 se liquidaran con fundamento en lo devengado por el
personal de planta. Además, pidió la nivelación salarial a partir del 1.º de julio de
2014, tomando como parámetro los emolumentos percibidos por la señora Luz
Estella Giraldo Valencia o por otro servidor que hubiera ejercido funciones
equivalentes.

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57. La Sala no encuentra procedente modificar la base de liquidación definida
por el Tribunal para el primer período. La desnaturalización de las formas de
vinculación permite reconocer las prestaciones sociales derivadas de la relación
acreditada, pero no confiere al demandante la condición de empleado público ni
supone su incorporación a un cargo de la planta de personal.

58. Aunque el actor hubiera desarrollado funciones semejantes a las de los
enfermeros de planta, ello no permite equiparar ambas situaciones. Los
empleados públicos acceden al servicio con sujeción a las reglas constitucionales
y legales aplicables, entre ellas las previstas en el artículo 122 de la Constitución
Política y, cuando corresponda, las relativas al mérito. Además, se encuentran
sometidos a un régimen de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal que no es
equivalente al aplicable a quienes prestan sus servicios bajo otras formas de
vinculación. Por ello, la semejanza funcional puede ser relevante para establecer
las condiciones materiales en que se prestó el servicio, pero no basta para
reconocer la asignación salarial correspondiente a un empleo público.

59. Distinto es el reparo relacionado con la nivelación salarial solicitada a partir
del 1.º de julio de 2014. Según la certificación expedida por el director de Gestión
Humana de la entidad, desde esa fecha el demandante fue nombrado en
provisionalidad en el cargo de enfermero, con una asignación básica mensual de
$2.785.890.

60. El apelante sostuvo que el actor desempeñaba un empleo perteneciente a
la planta temporal y que, por esa razón, debía recibir la misma remuneración
prevista para el empleo permanente ocupado por la señora Luz Estella Giraldo
Valencia. Sin embargo, la sentencia que invocó para sustentar esa afirmación
resolvió la situación de otro servidor de la entidad y no demuestra, por sí misma,
la naturaleza del empleo ocupado por el demandante.

61. Tampoco basta para ese propósito la certificación mencionada, pues esta
da cuenta del nombramiento provisional del actor, pero no señala que hubiera
recaído sobre un empleo temporal. Aunque el recurso alude a los grados 1 y 2
contenidos en los respectivos manuales de funciones y sostiene que estos
asignaban iguales funciones, responsabilidades y requisitos, no identifica el acto
mediante el cual se creó el empleo temporal ni explica las condiciones específicas
de su incorporación a la planta de personal.

62. En esas condiciones, no se acreditó el supuesto del cual parte el reparo,
esto es, que el demandante hubiera sido nombrado en un empleo temporal
comparable con el empleo permanente tomado como referente. Tampoco se
cuenta con elementos suficientes para establecer que la diferencia de grado y
remuneración careciera de una justificación relacionada con la estructura de
empleos de la entidad. Por ello, se confirmará la negativa de la nivelación salarial
solicitada a partir del 1.º de julio de 2014.

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63. Por último, la entidad demandada cuestionó la condena en costas
impuesta en primera instancia. Al respecto, resulta relevante poner de presente
que la sentencia apelada fue proferida el 13 de febrero de 2026, es decir, en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, cuyo artículo 47 adicionó el inciso segundo del
artículo 188 del CPACA. En vigencia de esta normativa, la Sala ha considerado
que, tratándose de asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho, dicha
disposición mantuvo la regla según la cual la condena en costas procede contra
la parte que haya resultado vencida.

64. Al respecto, la Sala estima que la condena impuesta en primera instancia
atendió la tesis enunciada, comoquiera que la entidad resultó vencida y, por lo
tanto, era procedente la condena en costas contra ella.

El restablecimiento del derecho

65. La jurisprudencia de esta Subsección20 ha precisado que la declaración de
existencia de la relación laboral no confiere al contratista la condición de
empleado público. Por esta razón, el restablecimiento del derecho comprende el
reconocimiento de los emolumentos mínimos del régimen general previstos en
los Decretos 1042 y 1045 de 197821, liquidados con base en la remuneración
acreditada durante los períodos en los que se prestó el servicio.

66. Cuando no es posible determinar con certeza el valor de los honorarios o
compensaciones percibidos, la Sala toma como parámetro el salario mínimo legal
mensual vigente. En este caso, no obran desprendibles de pago ni otros
documentos que permitan establecer las compensaciones mensuales recibidas
por el demandante durante los períodos en los que prestó sus servicios por
intermedio de COOPFÉNIX, y CORFÉNIX. La información contenida en la
historia laboral y pensional tampoco permite determinar esos valores, pues
corresponde a los ingresos base de cotización reportados al Sistema de
Seguridad Social.

67. En consecuencia, las prestaciones causadas entre el 13 de agosto de
2010 y el 31 de julio de 2011, el 1.º de agosto de 2011 y el 30 de septiembre de
2013, se liquidarán con base en el salario mínimo legal mensual vigente para
cada anualidad. En cambio, para el período comprendido entre el 1.º de
noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2014, durante el cual el actor celebró
directamente contratos de prestación de servicios con la E.S.E. Hospital General
de Medellín, se tomará como base el valor mensual acreditado en el expediente,
correspondiente a $2.785.890.

68. Por lo anterior, se modificará el ordinal tercero de la sentencia apelada.
Respecto de los períodos comprendidos entre el 13 de agosto de 2010 y el 31 de

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
21
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-
06872-01 (0121-2019).

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julio de 2011, el 1.º de agosto de 2011 y el 30 de septiembre de 2013, se
reconocerán el auxilio de transporte, el subsidio de alimentación, las cesantías,
los intereses a las cesantías, la prima de navidad, las vacaciones y la prima de
vacaciones, siempre que se cumplan los requisitos previstos para cada concepto.
Para el período comprendido entre el 1.º de noviembre de 2013 y el 30 de junio
de 2014 se reconocerán las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de
navidad, las vacaciones y la prima de vacaciones. Su liquidación se efectuará
con arreglo a las bases señaladas en el considerando anterior y no con
fundamento en los honorarios pactados en el último contrato para toda la relación
reconocida.

69. Adicionalmente, de conformidad con la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978
de 1989, y teniendo en cuenta que el demandante devengó remuneraciones
mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales entre el 13
de agosto de 2010 y el 30 de septiembre de 2013, la Sala ordenará a la entidad
accionada reconocer y pagar a favor de aquel la compensación en dinero
correspondiente a nueve (9) dotaciones de calzado y vestido, causadas en las
siguientes fechas: 20 de diciembre de 2010; 30 de abril, 31 de agosto y 20 de
diciembre de 2011; 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre de 2012; y 30 de
abril y 31 de agosto de 2013.

70. No se reconocerá ningún valor por concepto de prima de servicio ni
bonificación por servicios prestados, pues estos emolumentos benefician a los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden territorial a partir del 1.° de
enero de 2015 y el 1.° de enero de 2016, de acuerdo con los Decretos 2351 de
2014 y 2418 de 2015, y la vinculación del accionante a través de terceros perduró
hasta el 30 de septiembre de 2013, y por contrato de prestación de servicios
hasta el 30 de junio de 2014.

71. Por otro lado, aunque los artículos 320 y 328 del CGP limitan la
competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos planteados
en la apelación, el artículo 187 del CPACA dispone que en la sentencia se
decidirán todas las excepciones propuestas y las que el fallador encuentre
probadas, siempre que no se desmejore la situación del apelante único.

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72. Con base en la normativa citada, la Sala revocará el numeral 3.3 del
ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, mediante el
cual se ordenó devolver al demandante los dineros pagados por concepto de la
cuota parte que la entidad no habría trasladado al fondo de pensiones y a la
empresa prestadora de salud. Ello, por cuanto en el expediente obran reportes
de cotizaciones efectuadas por los terceros intervinientes y, además, no resulta
procedente ordenar la devolución de aportes a salud, dado su carácter parafiscal.

73. De igual manera, se revocará la condena tendiente a que la E.S.E.
demandada reconozca las diferencias salariales entre la remuneración recibida
por el actor y aquella que habría correspondido a los enfermeros jefe de planta,
desde el 13 de agosto de 2010 hasta el 30 de junio de 2014. Lo anterior, porque
el demandante no tuvo la condición de empleado público y esta providencia no
le confiere tal calidad, como se explicó previamente.

La condena en costas de segunda instancia

74. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

75. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

76. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

77. En este contexto, no hay lugar a condena en costas. En efecto, se
modifican y revocan parcialmente aspectos de la sentencia de primera instancia,
particularmente las órdenes de pago de aportes a pensión y diferencias
salariales, de modo que no puede afirmarse que alguna de las partes haya
resultado vencida en esta instancia por lo que se prescinde de su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

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IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
del 13 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión, el cual quedará así:

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la E.S.E. Hospital General de Medellín a pagar a favor del
señor Edwin Leonardo Jaramillo Cardona la suma de treinta y tres millones ciento
veintinueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos ($33.129.424), por concepto de los
emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta
providencia, causados entre el 13 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014.

Adicionalmente, la E.S.E. Hospital General de Medellín deberá pagar al demandante
el valor equivalente a nueve (9) dotaciones de calzado y vestido, causadas en las
siguientes fechas: 20 de diciembre de 2010; 30 de abril, 31 de agosto y 20 de
diciembre de 2011; 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre de 2012; y 30 de
abril y 31 de agosto de 2013. Para tales efectos, deberá tenerse en cuenta el valor
establecido por la entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la
respectiva dotación, debidamente indexado hasta la ejecutoria de esta providencia.

SEGUNDO. REVOCAR el numeral 3.3. del ordinal tercero de la parte resolutiva
de la sentencia del 13 de febrero de 2026, mediante el cual se ordenó la
devolución de dineros por concepto de aportes al fondo de pensiones y a la
empresa prestadora de salud, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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