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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00434-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00434-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR los ordinales, cuarto y décimo de la parte resolutiva de la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el cual quedará así: Cuarto.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación - Policía Nacional – Dirección General de Sanidad y Hospital Central de la Policía Nacional, a pagar a la demandante Jannet Saavedra Estupiñán, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.713.055 de Bogotá, la suma de doscientos sesenta y un millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos ($ 261.447.184) por concepto de prestaciones sociales causadas en el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2000 al 15 de abril de 2019. Décimo.- Condenar en costas en primera instancia a la parte demandada, las cuales se liquidarán por parte del despacho sustanciador que conoció del proceso en primera instancia. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 19 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2020-00434-01 (1803-2023) Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00434-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00434-01 (1803-2023)
Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia del 18 de octubre
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Jannet Saavedra Estupiñán interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad del oficio S-2020-10740/DISAN/HOCEN DIREC-ASJUR de
26 de febrero de 2020, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales derivadas de una relación laboral.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar que existió una
relación laboral de orden legal y reglamentaria desde el 15 de septiembre de
2000 hasta el 15 de abril de 2019, sin solución de continuidad; ii) reconocer y
pagar prestaciones sociales y demás beneficios correspondientes a empleados
de planta, junto con las indemnizaciones a que haya lugar1; iii) reintegrar los
valores descontados por concepto de retención en la fuente; iv) dar cumplimiento

1
Prima de navidad, prima técnica, prima de capacitación, remuneración por trabajo dominical,
remuneración por trabajo suplementario, horas extra, bonificación por servicios prestados,
indemnización por no pago, bonificaciones, vacaciones, prima de vacaciones, aportes al sistema
de seguridad social en pensión, bonificación por recreación, cesantías intereses a las cesantías,
prima de servicios.

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) indexar
las sumas reconocidas; y vi) condenar en costas a la entidad demandada.

3. Como hechos relevantes, indicó que prestó servicios como enfermera jefe
mediante contratos de prestación de servicios durante el período comprendido
entre el 15 de septiembre de 2000 y el 15 de abril de 2019.

4. Como concepto de violación, invocó el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, al considerar acreditados los elementos de una relación
laboral: prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, en
condiciones equivalentes a las del personal de planta.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que los
contratos de prestación de servicios se ajustaron a lo previsto en el numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, han
permitido la vinculación de personal para atender, entre otros aspectos
actividades que no pueden desarrollarse con el personal de planta.

6. Señaló que la coordinación en la ejecución contractual no configura
subordinación, ni transforma al contratista en empleado público, dada la ausencia
de nombramiento, planta de personal y disponibilidad presupuestal.

7. Resaltó que no se acreditan los elementos constitutivos de la relación de
trabajo, en especial la continuada subordinación. Por ello, sostuvo que no puede
concluirse que las órdenes de prestación de servicios ocultaran un vínculo de esa
naturaleza. Agregó que las actividades desarrolladas por la demandante se
ajustaron al objeto contractual pactado y que, una vez este se cumplió, se
extinguieron las obligaciones recíprocas surgidas del respectivo negocio jurídico.

8. Propuso como excepciones la de legalidad del acto administrativo,
inexistencia de vicio de nulidad, prescripción, y la genérica.

Sentencia apelada

9. Mediante sentencia del 18 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, declaró la nulidad del acto
acusado. Consideró acreditado que entre la señora Jannet Saavedra Estupiñán
y la entidad demandada existió una relación laboral entre el 15 de septiembre de
2000 y el 15 de abril de 2019, período durante el cual aquella desempeñó
personalmente labores como enfermera jefe en el Hospital Central de la Policía
Nacional, a cambio de una remuneración.

10. En relación con la tacha de falsedad formulada por la entidad demandada
respecto del testimonio de la señora Marleny Aguirre Naranjo, concluyó que esta
no estaba llamada a prosperar, dado que la declarante se limitó a exponer las
circunstancias en que la demandante prestaba sus servicios como compañera de

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trabajo. En consecuencia, dispuso que dicha declaración fuera valorada
conforme a las reglas de la sana crítica y en conjunto con los demás medios de
prueba.

11. Con fundamento en el interrogatorio de parte y en los testimonios
practicados, estimó demostrado que la demandante prestó sus servicios de
manera permanente como enfermera jefe. Inicialmente cumplía turnos nocturnos
de doce (12) horas y, posteriormente, pasó a cubrir jornadas diurnas. Asimismo,
laboraba habitualmente los sábados, domingos y días festivos. Los declarantes
coincidieron en señalar que, dada la naturaleza de las funciones y las exigencias
del servicio, la actora no podía delegar sus labores en terceros y que, en caso de
requerir ausentarse, debía solicitar autorización. También afirmaron que
permanecía de manera continua en las instalaciones del hospital, debía utilizar
uniforme y portar carné institucional que la identificaba como integrante de la
entidad, y que los insumos y herramientas necesarios para el desarrollo de sus
actividades eran suministrados por la demandada.

12. Destacó que la actora debía cumplir los turnos previamente establecidos
por la entidad, tal como se desprendía de las obligaciones pactadas en los
distintos contratos suscritos. En consecuencia, consideró que las labores se
ejecutaban conforme a horarios definidos por la administración, dentro de las
instalaciones de la entidad y bajo la modalidad de turnos. Tales circunstancias, a
su juicio, evidenciaban el ejercicio permanente de dirección y control por parte de
superiores o coordinadores, lo que permitía inferir la existencia del elemento de
subordinación.

13. Señaló que la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
no confiere la condición de empleada pública ni otorga los derechos propios de
los servidores inscritos en carrera administrativa, habida cuenta de que el vínculo
así declarado tiene carácter excepcional y no supone el cumplimiento de los
requisitos constitucionales y legales de acceso a la función pública.

14. En cuanto al reconocimiento de prestaciones sociales, dispuso la
aplicación del régimen previsto en el Decreto 1045 de 1978 y descartó el
reconocimiento de prestaciones de origen convencional.

15. Explicó que no procedía el reconocimiento de diferencias salariales, de
conformidad con la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual, en los eventos de
desnaturalización de contratos de prestación de servicios, la base de liquidación
de las prestaciones corresponde exclusivamente a los honorarios pactados.

16. Indicó que la exigibilidad de los derechos prestacionales surge a partir de
la declaratoria judicial de la relación laboral, momento en el cual nace la
obligación correspondiente a cargo de la administración. Por ello, concluyó que
no procedía el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de
cesantías ni de otras prestaciones.

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17. Respecto de la devolución de las sumas descontadas por concepto de
retención en la fuente, concluyó que la desnaturalización del vínculo contractual
no conlleva la restitución de los valores pagados con ocasión de la ejecución de
los contratos de prestación de servicios.

18. Del mismo modo, descartó la devolución de aportes al sistema de
seguridad social realizados en exceso, dada su naturaleza obligatoria y
parafiscal, con fundamento en las sentencias de unificación del 25 de agosto de
2016 y del 9 de septiembre de 2021.

19. Ordenó efectuar el cálculo de los aportes al Sistema General de Pensiones
previstos en la Ley 100 de 1993, correspondientes al período de ejecución
contractual, con base en los honorarios pactados y teniendo en cuenta las
cotizaciones realizadas mensualmente por la contratista.

20. Asimismo, negó el reconocimiento de la dotación de vestido y calzado, por
cuanto la actora percibía una remuneración superior a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Respecto de las demás prestaciones sociales de
carácter legal, ante la imposibilidad de determinar con precisión el régimen
aplicable al cargo equivalente en planta, dispuso su reconocimiento y liquidación
en abstracto, tomando como base los honorarios pactados durante el período
acreditado.

21. Finalmente, descartó el reconocimiento de horas extras y de recargos
nocturnos, dominicales y festivos, al considerar que la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios no confiere la calidad de empleada pública
ni implica la aplicación integral del régimen prestacional propio de tales
servidores. En consecuencia, estimó que la prestación efectiva del servicio no
suple los requisitos constitucionales y legales exigidos para el acceso a la función
pública.

22. Observó que, aunque la demanda reclamó prestaciones sociales respecto
del período comprendido entre el 15 de septiembre de 2000 y el 15 de abril de
2019, del material probatorio se desprendía que la vinculación habría iniciado el
1.º de septiembre de 2000. No obstante, limitó el reconocimiento al lapso
inicialmente solicitado por la demandante.

23. Concluyó que entre los distintos contratos no se presentaron
interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles y que, dado que la
reclamación administrativa fue presentada el 24 de febrero de 2020 y la demanda
el 17 de julio siguiente, no operó el fenómeno de la prescripción.

24. Por último, se abstuvo de imponer condena en costas a la entidad
demandada.

Recurso de apelación

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

25. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que entre
las partes no existió subordinación durante la ejecución contractual. Afirmó que
las actividades desempeñadas por la demandante como enfermera jefe se
desarrollaron bajo la coordinación del supervisor, sin que ello implicara una
relación de dependencia.

26. Indicó que las labores fueron ejecutadas con autonomía como, a su juicio,
quedó acreditado en el interrogatorio de parte. Añadió que dichas actividades no
podían ser atendidas con personal de planta y requerían conocimientos
especializados, circunstancia que justificaba su contratación mediante la
modalidad de prestación de servicios conforme a la Ley 80 de 1993. En ese
sentido, sostuvo que no existió desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios, sino una actuación ajustada a derecho amparada en la presunción
de legalidad de los actos administrativos y en la declaratoria de exequibilidad del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

27. Por su parte, la demandante también apeló y solicitó que se declarara la
existencia de la relación laboral desde el 1.º de septiembre de 2000 hasta el 15
de abril de 2019, conforme a lo acreditado en el proceso.

28. Asimismo, afirmó que se demostró el cumplimiento de jornadas de trabajo
suplementario, lo que, en su criterio, daba lugar al reconocimiento de horas extras
y recargos. Sostuvo, además, que la decisión del Tribunal resultaba
contradictoria, pues reconoció la desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios, pero limitó los efectos prestacionales derivados de esa declaratoria.

29. A su juicio, el reconocimiento de la indemnización prevista en la Ley 244
de 1995 no podía condicionarse a la ejecutoria de la sentencia, pues la finalidad
del medio de control consiste en corregir la vulneración derivada del uso indebido
de contratos de prestación de servicios para desconocer una relación laboral. En
consecuencia, estimó que la decisión apelada desconoció el alcance del principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades.

30. Finalmente, señaló que el Tribunal erró al abstenerse de condenar en
costas a la entidad demandada, dado que, en su criterio, se acreditó la existencia
de un vínculo laboral y el artículo 365 del Código General del Proceso habilitaba
su imposición.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

31. Por auto del 24 de agosto de 2023, se admitieron los recursos de apelación
suscritos por la parte demandante y la entidad demandada.

32. La parte demandante y la entidad demandada guardaron silencio en esta
fase procesal, y el agente del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

Competencia

33. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se
desnaturalizaron los contratos de prestación de servicios suscritos entre la
demandante y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. En
particular, se deberá establecer si se acreditó que las labores desempeñadas por
aquella como enfermera jefe se desarrollaron bajo continuada subordinación, o
si, por el contrario, las circunstancias demostradas en el proceso corresponden
al ejercicio de las facultades de coordinación y supervisión inherentes a la
ejecución contractual.

35. En caso de confirmarse la declaratoria de desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios, la Sala precisará los extremos temporales
del vínculo reconocido y definirá el alcance del restablecimiento del derecho,
especialmente en lo relativo a las prestaciones sociales reconocidas en primera
instancia, la procedencia de los demás conceptos reclamados y la condena en
costas.

Análisis del problema jurídico

36. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues, si bien las
pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del servicio,
la remuneración y la subordinación durante el período comprendido entre el 15
de septiembre de 2000 y el 15 de abril de 2019, también resulta necesario
introducir ajustes en el acápite de restablecimiento del derecho y en la condena
en costas en primera instancia.

37. De acuerdo con las certificaciones expedidas por la entidad y los contratos
allegados al proceso, se acredita que la demandante laboró durante los
siguientes períodos2:

Vinculación Duración Objeto Valor Interrupción

07-7-20870 1° de septiembre Prestar sus servicios como $ 6.184.000
de 2000 y de 2000 al 28 de enfermera superior en la
adición febrero de 2001 Dirección de Sanidad de la $ 3.092.000 2 días
Policía Nacional hábiles
$1.546.000
(valor
mensual)
07-7-20055 5 de marzo al 4 de Prestar sus servicios como $7.730.000
de 2001 agosto de 2001 enfermera superior en la Sin
Dirección de Sanidad de la $1.546.000 interrupción
Policía Nacional (valor
mensual)

2
Índices 15 ,19,47 y 57 de SAMAI del Tribunal.

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

07-7-20357 5 de agosto al 30 Prestar sus servicios como $ 5.977.866
de 2001 de noviembre de enfermera superior, en la Unidad Sin
2001 Hospitalaria Nivel III-HOCEN de $1.546.000 interrupción
la Dirección de Sanidad de la (valor
Policía Nacional. mensual)
07-7-20929 1° de diciembre de Prestar sus servicios como $17.853.000
de 2001 y 2001 al 2 de enfermera superior en la Sin
adición febrero de 2003 Dirección de Sanidad de la $6.492.000 interrupción
Policía Nacional
$1.623.000
(valor
mensual)
07-7-20218 1° de marzo al 30 Prestar sus servicios como $14.607.000
de 2003 de noviembre de enfermera superior en la Sin
2003 Dirección de Sanidad de la $1.623.000 interrupción
Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-21285 1° de diciembre de Prestar sus servicios como $ 6.492.000
de 2003 2003 al 30 de enfermera superior en la 2 días
marzo de 2004 Dirección de Sanidad de la $1.623.000 hábiles
Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-20353 1° de abril de al 30 Prestar sus servicios como $ 9.240.000
de 2004 de septiembre de enfermera superior en la Sin
2004 Dirección de Sanidad de la $1.540.000 interrupción
Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-21677 1° de octubre de Prestar sus servicios como $ 9.240.000
de 2004 2004 al 30 de enfermera superior en la 2 días
marzo de 2005 Dirección de Sanidad de la $1.540.000 hábiles
Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-20171 1° de abril al 30 de Prestar sus servicios como $12.320.000
de 2005 noviembre de 2005 enfermera superior en la Sin
Dirección de Sanidad de la $1.540.000 interrupción
Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-21332 1° de diciembre de Prestar sus servicios como $12.800.000
de 2005 2005 al 30 de julio enfermera superior en la 4 días
de 2006 Dirección de Sanidad de la $1.600.000 hábiles
Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-20606 3 de agosto de Prestar sus servicios como $11.200.000
de 2006 2006 al 2 de marzo enfermera superior en la Sin
de 2007 Dirección de Sanidad de la $1.600.000 interrupción
Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-20204 5 de marzo de Prestar sus servicios como $10.560.000
de 2007 2007 al 4 de enfermera superior en la $1.760.000 3 días
septiembre de Dirección de Sanidad de la (valor hábiles
2007 Policía Nacional
mensual)
07-7-21061 7 de septiembre de Prestar sus servicios como $21.120.000
de 2007 2007 al 6 de enfermera superior en la 10 días
septiembre de Dirección de Sanidad de la $1.760.000 hábiles
2008 Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-646 de 19 de septiembre Prestar sus servicios como $21.120.000
2008 de 2008 al 18 de enfermera superior en la 3 días
septiembre de Dirección de Sanidad de la $1.760.000 hábiles
2009 Policía Nacional (valor
mensual)
07-7-20600 23 de septiembre Prestar sus servicios como $16.632.000
de 2009 y de 2009 al 22 de enfermera superior en la
adición octubre de 2010 Dirección de Sanidad de la $7.392.000 6 días
Policía Nacional hábiles
$1.848.000
(valor
mensual)
81-7-20618- 2 de noviembre de Prestar sus servicios como $22.176.000
10 2010 al 1 de enfermera superior en la
noviembre de 2011 Dirección de Sanidad de la $1.848.000 4 días
Policía Nacional hábiles

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

(valor
mensual)
81-7- 4 de noviembre de Prestar sus servicios como $13.234.768
201171-11 2011 al 3 de junio enfermera superior en la 4 días
de 2012 Dirección de Sanidad de la $1.906.582 hábiles
Policía Nacional (valor
mensual)
81-7-20523- 7 de junio al 6 de Prestación de servicios $ 7.626.328
12 octubre de 2012 profesionales como enfermero Sin
superior $1.906.582 interrupción
(valor
menusal)
81-7- 8 de octubre de Prestación de servicios $17.159.236
201165-12 2012 al 7 de julio profesionales como enfermero 12 días
de 2013 superior $1.906.582 hábiles
(valor
mensual)
81-7-20610- 26 de julio al 28 de Prestación de servicios $9.723.568
13 diciembre de 2013 profesionales como profesional 28 días
universitario asistencial $1.906.582 hábiles
enfermero superior. (valor
mensual)
81-7-29013- 7 de febrero al 6 de Prestación de servicios $19.828.450
14 diciembre de 2014 profesionales como profesional 2 días
universitario asistencial $1.982.845 hábiles
enfermero superior. (valor
mensual)
81-7- 10 de diciembre de Prestación de servicios $19.696.260
201381-14 y 2014 al 6 de profesionales como profesional Sin
modificación octubre de 2015 universitario asistencial $1.982.845 interrupción
enfermero superior. (valor
mensual)
81-7-20761- 7 de octubre de Prestación de servicios $23.794.140
15 2015 al 6 de profesionales como profesional 8 días
octubre de 2016 universitario asistencial $1.982.845 hábiles
enfermero superior. (valor
mensual)
81-7- 19 de octubre de Prestación de servicios como $27.346.000
201174-16 2016 al 12 de enfermero jefe para el Hospital 11 días
septiembre de Central de la Policía $2.486.000 hábiles
2017 (valor
mensual)
96-7-20616- 27 de septiembre Prestación de servicios como $19.888.000
17 y adición de 2017 al 26 de enfermero jefe para el Hospital 13 días
septiembre de Central de la Policía $9.944.000 hábiles
2018
$2.486.000
(valor
mensual)
96-7-20692- 16 de octubre de Prestación de servicios como $9.944.000
18 de 2018 y 2018 al 15 de abril enfermero jefe para el Hospital -----
modificación de 2019 Central de la Policía $4.972.000

$2.486.000
(valor
mensual)

En primera instancia se practicó el interrogatorio de parte de la demandante y el
testimonio de la señora Marleny Aguirre Naranjo, quienes manifestaron lo
siguiente:

• La demandante relató que suscribió contratos de prestación de servicios
con la entidad demandada para desempeñarse como enfermera jefe.
Indicó que estos tenían una duración determinada y contemplaban una
carga mínima de cuarenta y cuatro (44) horas semanales y ciento noventa
(190) horas mensuales.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00434-01 (1803-2023)
Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

Señaló que la continuidad de su vinculación dependía de la evaluación
realizada por la supervisora inmediata, quien atendía las directrices de la
jefe del Departamento de Enfermería sobre la necesidad de renovar los
contratos.

Manifestó que inició labores en el año 2000 y que ejecutó sus contratos
de manera continua, salvo algunas interrupciones que solicitó en tres
oportunidades para realizar viajes personales.

En cuanto a las condiciones del servicio, afirmó que la entidad le
suministraba dotación consistente en uniformes diferenciados por días de
la semana —aproximadamente seis— y, en áreas especializadas,
uniforme quirúrgico. Añadió que en algunas ocasiones recibió calzado
institucional.

Precisó que la entidad le pagaba mensualmente los honorarios, previa
presentación de la cuenta de cobro y acreditación del pago de aportes al
sistema de seguridad social.

Respecto de la jornada, explicó que el Departamento de Enfermería
asignaba los turnos mediante planillas mensuales, en las cuales se
definían el servicio y el horario. Inicialmente laboró en jornada nocturna,
bajo la modalidad denominada «noche intermedia», de 7:00 p. m. a 7:00
a. m., con tiempo adicional para la entrega de turno. Posteriormente, a
partir de 2007, fue asignada al turno de la tarde, de lunes a viernes de 1:00
p. m. a 7:00 p. m., y a jornadas de doce (12) horas durante fines de semana
alternos. Agregó que, por necesidades del servicio, la entidad modificó los
turnos y asignó a los contratistas jornadas dominicales y festivas de 7:00
a. m. a 7:00 p. m.

Señaló que el cumplimiento de los turnos era controlado por las
supervisoras mediante registros físicos, en los que se verificaba la
asistencia, se asignaban servicios y se modificaba la ubicación del
personal según las necesidades institucionales. Indicó que durante toda
su vinculación desempeñó funciones de manera rotatoria en diferentes
áreas.

Añadió que, al inicio de cada turno, debía presentarse ante la supervisora
correspondiente y que sus actividades eran objeto de vigilancia
permanente, incluso mediante sistemas de monitoreo. También manifestó
que el horario podía ser modificado unilateralmente por la entidad, pese a
que en el contrato solo se establecía un mínimo de horas de servicio.

Afirmó que coexistía con personal de planta en iguales condiciones
funcionales, sin diferencias en la asignación de tareas, salvo en lo relativo
a los turnos dominicales y festivos, que recaían principalmente en los
contratistas.

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

Indicó que los elementos e insumos necesarios para prestar el servicio —
equipos médicos, bombas de infusión y demás herramientas— eran
suministrados por el hospital.

En cuanto al control funcional, señaló que debía rendir informes de entrega
de turno y que sus actividades eran supervisadas de manera constante
por personal designado para verificar el cumplimiento de las funciones
asignadas y el estado del servicio.

Finalmente, reiteró que su vinculación fue continua, mediante contratos
sucesivos de duración variable —cuatro, ocho, nueve meses o hasta un
año—, cuya renovación dependía de aprobación institucional, sin solución
de continuidad material, pues al finalizar un contrato se suscribía el
siguiente de manera inmediata.

• La señora Marleny Aguirre Naranjo manifestó que laboró como auxiliar de
enfermería en la entidad demandada entre julio de 2008 y el 17 de
noviembre de 2017, y que conoció a la demandante porque esta se
desempeñaba como su jefe directa.

Indicó que ambas prestaron sus servicios de manera continua en el turno
de 1:00 p. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, y ocasionalmente los
sábados o domingos, en jornadas de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Señaló que entre las funciones de la demandante se encontraban la
recepción y entrega de turno, la atención de pacientes, la administración
de medicamentos, el registro de información en el kárdex, la realización
de procedimientos, el cumplimiento de órdenes médicas impartidas por los
profesionales tratantes, la supervisión del equipo de auxiliares de
enfermería asignado a su turno y la verificación del adecuado
funcionamiento del servicio.

Precisó que en la entidad existían enfermeras jefes de planta, contratistas
y personal uniformado, quienes desarrollaban las mismas funciones, sin
distinción.

Afirmó que la demandante prestó sus servicios de manera continua
durante el tiempo en que coincidieron en la entidad.

Indicó que en el Departamento de Enfermería existían tres jefes
encargadas de funciones administrativas, asignación de turnos y
elaboración de horarios, quienes ejercían autoridad sobre la demandante
y el personal auxiliar.

Manifestó que en el servicio se llevaban registros permanentes de
actividades, administración de medicamentos y planillas de control, los
cuales se diligenciaban diariamente.

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En relación con los permisos, señaló que debían solicitarse ante el
Departamento de Enfermería, donde la jefe encargada autorizaba los
cambios de turno y los registraba en un libro de control. Allí se
consignaban la fecha, el turno, el nombre de quien solicitaba el permiso y
el de la persona que lo reemplazaba. Agregó que este procedimiento
aplicaba indistintamente a contratistas, personal de planta y uniformados.

Indicó que la jornada habitual era de seis (6) horas diarias, de lunes a
viernes, y turnos de doce (12) horas en días dominicales y festivos. Añadió
que existía control de asistencia en cada servicio, mediante verificación
directa y, ocasionalmente, por parte de la encargada de horarios.

Señaló que los insumos y elementos necesarios para prestar el servicio
eran suministrados por la entidad demandada.

También afirmó que a las enfermeras jefes se les entregaba dotación
consistente en uniformes, gabardina y calzado, sin distinción entre
personal de planta, contratistas o uniformados. Todos debían portar el
carné institucional y el distintivo de la Dirección de Sanidad.

Finalmente, indicó que entre la terminación de un contrato y la suscripción
del siguiente transcurría un lapso no superior a catorce (14) días y que,
para efectos del pago, era necesario presentar cuenta de cobro, acreditar
el pago de aportes al sistema de seguridad social, allegar la póliza de
responsabilidad y entregar las planillas de actividades exigidas por la
entidad.

Estudios de los recursos de apelación

38. La entidad demandada manifestó su inconformidad con la sentencia de
primera instancia al sostener que los contratos de prestación de servicios se
ejecutaron con autonomía y sin continuada subordinación. A su juicio, la relación
existente entre las partes estuvo enmarcada en un esquema de coordinación
contractual, compatible con la naturaleza de los contratos de prestación de
servicios y orientado a garantizar la adecuada ejecución del objeto convenido.

39. Por su parte, la demandante solicitó modificar la decisión recurrida para
que se declare que la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios se extendió desde el 1.º de septiembre de 2000 hasta el 15 de abril de
2019, de conformidad con lo que, en su criterio, quedó acreditado en el proceso.

40. La Sala advierte que el Tribunal acertó al delimitar el período objeto de
análisis entre el 15 de septiembre de 2000 y el 15 de abril de 2019, pues esos
fueron los extremos temporales definidos por la demandante tanto en la
reclamación administrativa como en las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, no resulta procedente ampliar dicho lapso en esta instancia.

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41. En efecto, la determinación del período respecto del cual se solicita la
declaratoria de desnaturalización del vínculo contractual no constituye un aspecto
secundario del litigio, sino un elemento que delimita el objeto de la controversia y
fija el ámbito dentro del cual debe desarrollarse el debate judicial. Por ello, en
observancia del principio de congruencia y en garantía del debido proceso y del
derecho de defensa, el juez no puede extender en segunda instancia el alcance
temporal de las pretensiones formuladas por la propia parte actora.

42. La prueba documental y testimonial acredita que la demandante desarrolló
labores como enfermera jefe en el Hospital Central de la Policía Nacional durante
el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2000 y el 15 de abril de
2019.

43. Del mismo modo, se encuentra demostrado que la demandante recibió los
honorarios pactados como contraprestación por las actividades desarrolladas. En
consecuencia, están acreditados los elementos relativos a la prestación personal
del servicio y a la remuneración.

44. De la valoración conjunta del interrogatorio de parte y del testimonio
rendido por la señora Marleny Aguirre Naranjo se desprende que las labores de
la demandante se ejecutaban bajo turnos previamente asignados por la entidad,
susceptibles de modificación según las necesidades del servicio; que cualquier
ausencia requería autorización previa; y que su actividad se encontraba sometida
a mecanismos permanentes de supervisión y control por parte del Departamento
de Enfermería.

45. Asimismo, se acreditó que la demandante utilizaba la dotación institucional
suministrada por la entidad; desempeñaba sus funciones de manera continua en
las instalaciones del hospital; administraba medicamentos conforme a las
órdenes impartidas por los médicos tratantes; atendía pacientes; supervisaba al
personal auxiliar de enfermería asignado a su turno; y debía acatar las directrices
impartidas por las jefaturas del servicio. Tales circunstancias, apreciadas en
conjunto y no de manera aislada, evidencian que la prestación del servicio se
desarrolló dentro de la estructura organizativa y funcional de la entidad
demandada, bajo un esquema de dirección y control incompatible con la
autonomía propia de los contratos de prestación de servicios.

46. Se precisa que esta corporación3 ha sostenido que las labores de
enfermería, por su naturaleza asistencial y su inserción en la organización del
servicio de salud, suelen implicar subordinación continuada, en la medida en que
la entidad define los procedimientos, controla su ejecución y dirige la actividad

3
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01
(3238-2019); 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9
de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de
2016, expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del
12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-2018).

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del personal. Este entendimiento resulta plenamente compatible con las pruebas
recaudadas, las cuales demuestran que la demandante carecía de un margen
real de autonomía para determinar el modo, tiempo y lugar de prestación del
servicio.

47. En ese contexto, se puede concluir que la demandante se encontraba
integrada de forma estable y permanente a la organización hospitalaria y sujeta
a órdenes, horarios, controles y directrices emanadas de la entidad demandada,
lo cual desborda la mera coordinación funcional.

48. De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará en lo sustancial la
sentencia de primera instancia, en cuanto se desnaturalizaron los contratos de
prestación de servicios celebrados entre las partes. No obstante, se modificará
el alcance del restablecimiento del derecho, tal como se desarrolla a
continuación.

49. Respecto al argumento planteado por la parte demandante, relativo a la
condena en costas en primera instancia a la entidad demandada, se debe señalar
que la sentencia apelada fue proferida el 18 de octubre de 2022, es decir en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, cuyo artículo 47 adicionó el inciso segundo del
artículo 188 del CPACA. Bajo este marco normativo, la Sala ha considerado que,
tratándose de asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho, este último
artículo citado mantuvo la regla según la cual la condena en costas procede
contra la parte que haya resultado vencida.

50. Al respecto, la Sala estima que en primera instancia debía imponerse
condena en costas, en atención a que la parte demandada resultó vencida en el
proceso, lo que hacía procedente dicha condena en su contra. En consecuencia,
se modificará este aspecto de la sentencia apelada.

El restablecimiento del derecho

51. Respecto a la prescripción, en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 se estableció que existe solución de continuidad cuando
entre los vínculos contractuales se presentan interrupciones superiores a treinta
(30) días hábiles.

52. En el caso concreto, se advierte que la actora finalizó su vínculo
contractual el 15 de abril de 2019, presentó la reclamación administrativa el 24
de febrero de 2020 y radicó la demanda el 17 de julio de 2020. De igual forma,
no se acreditó que entre los contratos de prestación de servicios se hubieran
presentado interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles, razón por la cual
se confirmará la decisión de declarar que no operó el fenómeno de la
prescripción.

53. De otra parte, la demandante sostuvo que debía reconocerse el trabajo
suplementario. Al respecto, la Sala precisa que la sentencia que declara la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios tiene efectos

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declarativos y resarcitorios, pero no convierte al contratista en empleado público
ni lo incorpora retroactivamente a una relación legal y reglamentaria. Ello
obedece a que el acceso al empleo público exige el cumplimiento de requisitos
constitucionales y legales específicos, entre ellos la existencia del cargo en la
planta, la disponibilidad presupuestal, el nombramiento y la posesión, además de
las reglas de mérito cuando resulten aplicables.

54. En esa medida, no procede reconocer horas extras ni recargos por trabajo
nocturno, dominical o festivo como si la demandante hubiera ostentado la
condición de empleada pública durante la ejecución contractual. Aunque la
jornada máxima legal constituye un referente general para valorar las condiciones
de prestación del servicio, esos emolumentos no se derivan automáticamente de
la desnaturalización del vínculo, pues pertenecen a un régimen que presupone
una relación legal y reglamentaria previamente constituida.

55. Admitir lo contrario implicaría atribuir a la administración el incumplimiento
de cargas que, durante la vigencia formal de los contratos, no le resultaban
exigibles en los términos propios del régimen de empleo público. Además,
supondría extender al contratista prerrogativas económicas reservadas a quienes
acceden regularmente a la función pública.

56. Igualmente, en su recurso la actora solicitó el reconocimiento de la sanción
moratoria por el retardo en el pago de las cesantías, al considerar que su
exigibilidad no puede condicionarse a la ejecutoria de la sentencia. Al respecto,
la Sala reitera que, en los eventos en los que se declare la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios, los derechos prestacionales solo surgen
a partir de la declaratoria judicial de la existencia del vínculo de naturaleza laboral.

57. En ese orden de ideas, la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago, a título indemnizatorio, de los factores consagrados en los Decretos 1042
de 1978 y 1045 de 1978, a saber: cesantías, intereses a las cesantías, prima de
Navidad, vacaciones y prima de vacaciones, causados durante el período
comprendido desde el 15 de septiembre de 2000 al 15 de abril de 2019; así
mismo, la prima de servicios a partir del año 2015 y la bonificación por servicios
prestados desde el año 2016.

58. Se advierte que no hay lugar al reconocimiento del auxilio de transporte ni
del auxilio de alimentación, en tanto se encuentra acreditado que la demandante
devengó honorarios superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

59. Los emolumentos reconocidos se liquidarán con base en los honorarios
pactados en cada contrato de prestación de servicios, en los términos que se
precisan a continuación:
INTERES PRIMA
PRIMA
SALARIO CESANTI SOBRE DE
Desde IPC IPC TOTAL PRIMA DE
# meses PROMED. A LA SERVICI PRIMA
# Dias ANUAL CESANTI DE NAVIDAD
complpor MENSUA CESANTI O DE
por año SALARIO A SERVICI
año L POR A NAVIDAD
S INDEXAD O INDEXAD INDEXAD
Año FINAL INICIAL AÑO INDEXAD
A A A
A
07-7- 1.546.00 5.565.60 1.784.02 1.716.92
158,91 42,86 108 3,55 481.174 64.225 0 0 463.075
20870 0 0 8 2

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de 2000
y
adición
(año
2000)
07-7-
20870
de 2000
1.546.00 3.040.46
y 158,91 43,72 59 2 258.646 940.104 18.489 0 0 259.426 942.942
0 7
adición
(año
2001)
07-7-
1.546.00 7.884.60 2.431.99 2.304.29
20055 158,91 45,21 153 5 691.903 124.032 0 0 655.574
0 0 3 6
de 2001
07-7-
1.546.00 6.080.93 1.817.83 1.741.75
20357 158,91 46,11 118 3,87 527.470 71.501 0 0 505.394
0 3 3 3
de 2001
07-7-
20929
de 2001
1.623.00 1.677.10
y 158,91 46,58 31 1 141.234 481.826 4.979 0 0 135.735 463.068
0 0
adición
(año
2001)
07-7-
20929
de 2001
1.623.00 19.746.5 1.857.98 6.288.63 1.691.56 5.725.37
y 158,91 46,95 365 12 765.118 0 0
0 00 0 8 4 7
adición
(año
2002)
07-7-
20929
de 2001
1.623.00 3.191.90
y 158,91 50,42 59 2 271.528 855.780 16.830 0 0 272.347 858.364
0 0
adición
(año
2003)
07-7-
1.623.00 14.877.5 1.359.20 4.193.19 1.255.99 3.874.78
20218 158,91 51,51 275 9 384.376 0 0
0 00 6 4 3 0
de 2003
07-7-
21285
1.623.00 1.677.10
de 2003 158,91 53,07 31 1 141.234 422.903 4.370 0 0 135.735 406.439
0 0
(año
2003)
07-7-
21285
1.623.00 4.923.10 1.256.13 1.216.97
de 2003 158,91 53,54 91 3 423.216 38.103 0 0 410.024
0 0 2 5
(año
2004)
07-7-
1.540.00 9.394.00 2.407.71 2.273.51
20353 158,91 54,96 183 6 832.723 146.871 0 0 786.309
0 0 5 5
de 2004
07-7-
21677
1.540.00 4.722.66 1.159.22 1.110.88
de 2004 158,91 55,66 92 3 406.033 35.550 0 0 389.100
0 7 8 4
(año
2004)
07-7-
21677
1.540.00 4.620.00 1.117.90 1.095.08
de 2004 158,91 56,45 90 3 397.115 33.537 0 0 389.010
0 0 1 7
(año
2005)
07-7-
1.540.00 9.394.00 2.292.58 2.164.80
20171 158,91 57,72 183 6 832.723 139.848 0 0 786.309
0 0 5 2
de 2005
07-7-
21332
1.600.00 1.653.33
de 2005 158,91 58,70 31 1 139.232 376.924 3.895 0 0 133.812 362.249
0 3
(año
2005)
07-7-
21332
1.600.00 11.253.3 1.007.17 2.711.80 2.563.31
de 2005 158,91 59,02 211 6,97 190.730 0 0 952.029
0 33 9 7 6
(año
2006)
07-7-
20606
1.600.00 8.053.33 1.841.08 1.747.01
de 2006 158,91 60,96 151 4,94 706.265 92.668 0 0 670.178
0 3 6 4
(año
2006)
07-7-
20606
1.600.00 3.253.33
de 2006 158,91 61,80 61 2,067 276.944 712.123 14.480 0 0 277.546 713.670
0 3
(año
2007)
07-7-
1.760.00 10.794.6 2.402.83 2.256.57
20204 158,91 63,29 184 6 956.992 147.374 0 0 898.741
0 67 9 9
de 2007
07-7-
21061
1.760.00 6.805.33 1.460.21 1.401.73
de 2007 158,91 64,20 116 3,81 589.931 56.462 0 0 566.302
0 3 8 1
(año
2007)
07-7-
21061
1.760.00 14.666.6 1.276.71 3.096.97
de 2007 158,91 65,51 250 2,19 258.081 0 0 330.494 801.691
0 67 3 0
(año
2008)
07-7-
646 de
1.760.00 6.101.33 1.212.15 1.168.09
2008 158,91 69,06 104 3,42 526.786 42.021 0 0 507.638
0 3 6 6
(año
2008)
07-7-
1.760.00 15.312.0 1.392.87 3.152.55 1.296.41 2.934.24
646 de 158,91 70,21 261 8,58 274.273 0 0
0 00 1 8 4 3
2008

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

(año
2009)
07-7-
20600
de 2009
1.848.00 6.160.00 1.184.10 1.142.61
y 158,91 71,28 100 3,29 531.139 39.470 0 0 512.524
0 0 8 0
adición
(año
2009)
07-7-
20600
de 2009
1.848.00 18.172.0 1.671.63 3.705.39 1.546.39 3.427.78
y 158,91 71,69 295 9,71 364.364 0 0
0 00 7 6 6 4
adición
(año
2010)
81-7-
20618- 1.848.00 3.696.00
158,91 72,98 60 1,97 314.382 684.549 13.691 0 0 305.487 665.181
10 (año 0 0
2010)
81-7-
20618- 1.848.00 18.788.0 1.733.83 3.717.27 1.599.14 3.428.49
158,91 74,12 305 10,03 377.923 0 0
10 (año 0 00 9 4 7 9
2011)
81-7-
201171- 1.906.58 3.686.05
158,91 75,87 58 1,9 313.314 656.237 12.687 0 0 303.902 636.524
11 (año 2 9
2011)
81-7-
201171- 1.906.58 9.850.67 1.791.40 1.707.80
158,91 76,75 155 5,1 865.211 92.556 0 0 824.834
11 (año 2 4 9 9
2012)
81-7-
1.906.58 7.753.43 1.376.95 1.317.77
20523- 158,91 77,72 122 4 673.444 55.996 0 0 644.501
2 3 6 8
12
81-7-
201165- 1.906.58 5.401.98
158,91 78,08 85 2,77 463.339 942.996 26.718 0 0 444.432 904.518
12 (año 2 2
2012)
81-7-
201165- 1.906.58 11.947.9 1.061.33 2.154.53 1.011.37 2.053.10
158,91 78,28 188 6,23 135.018 0 0
12 (año 2 14 8 7 2 6
2013)
81-7-
1.906.58 9.914.22 1.742.33 1.650.37
20610- 158,91 79,43 156 5,1 870.892 90.601 0 0 824.928
2 6 2 5
13
81-7-
1.982.84 20.026.7 1.847.38 3.649.06 1.710.31 3.378.33
29013- 158,91 80,45 303 10 368.556 0 0
5 35 2 7 9 1
14
81-7-
201381-
14 y
1.982.84 1.454.08
modifica 158,91 82,47 22 0,71 122.081 235.236 1.725 0 0 117.617 226.634
5 6
ción
(año
2014)
81-7-
201381-
14 y
1.982.84 18.440.4 1.741.41 3.334.07 1.453.67 1.617.58 3.096.99
modifica 158,91 83,00 279 9,19 310.069 759.264
5 59 6 7 1 5 3
ción
(año
2015)
81-7-
20761- 1.982.84 5.684.15
158,91 86,98 86 2,81 492.489 899.763 25.793 232.158 424.146 473.513 865.095
15 (año 5 6
2015)
81-7-
20761- 1.982.84 18.506.5 1.800.17 3.207.37 1.715.38 1.666.19 2.968.66
158,91 89,19 280 9,19 299.355 962.779
15 (año 5 53 5 5 5 4 1
2016)
81-7-
201174- 2.486.00 6.132.13 1.086.36 1.863.89 1.859.35 3.190.13
158,91 92,62 74 8,42 576.554 989.205 24.400
16 (año 0 3 2 4 4 0
2016)
81-7-
201174- 2.486.00 21.131.0 2.027.20 3.424.50 1.081.73 1.827.34 1.890.80 3.194.08
158,91 94,07 255 8,39 291.083
16 (año 0 00 4 3 1 1 4 6
2017)
96-7-
20616-
17 y 2.486.00 7.955.20 1.151.88 1.113.05
158,91 96,36 96 3,16 698.479 36.860 357.492 589.550 674.937
adición 0 0 1 7
(año
2017)
96-7-
20616-
17 y 2.486.00 22.291.1 2.155.18 3.511.54 1.151.76 1.876.62 2.001.85 3.261.70
158,91 97,53 269 8,84 314.869
adición 0 33 9 5 9 8 2 7
(año
2018)
96-7-
20692-
18 de
2018 y 2.486.00 6.380.73
158,91 99,59 77 2,52 554.325 884.505 22.702 280.216 447.124 534.886 853.487
modifica 0 3
ción
(año
2018)
96-7-
20692-
18 de
2018 y 2.486.00 8.701.00 1.213.13 1.177.74
158,91 100,60 105 3,48 767.993 42.460 397.058 627.201 745.586
modifica 0 0 8 4
ción
(año
2019)

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00434-01 (1803-2023)
Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

SALARIO BONIFICA-
# meses PRIMA DE BONIFICA-
Desde IPC IPC # Dias por PROMED. VACACION PRIMA DE CIÓN POR
complpor VACACION VACACION CIÒN POR
año MENSUAL VACACION SERVICIO
año SERVICIO
Año FINAL INICIAL POR AÑO INDEXADA INDEXADA INDEXADA
07-7-
20870 de
2000 y 158,91 42,86 108 3,55 1.546.000 231.900 859.805 231.900 859.805 0 0
adición (
año 2000)
07-7-
20870 de
2000 y
158,91 43,72 59 2 1.546.000 126.686 460.469 126.686 460.469 0 0
adición
(año
2001)
07-7-
20055 de 158,91 45,21 153 5 1.546.000 328.525 1.154.742 328.525 1.154.742 0 0
2001
07-7-
20357 de 158,91 46,11 118 3,87 1.546.000 253.372 873.203 253.372 873.203 0 0
2001
07-7-
20929 de
2001 y 158,91 46,58 31 1 1.623.000 69.879 238.396 69.879 238.396 0 0
adición (
año 2001)
07-7-
20929 de
2001 y
158,91 46,95 365 12 1.623.000 822.771 2.784.803 822.771 2.784.803 0 0
adición
(año
2002)
07-7-
20929 de
2001 y
158,91 50,42 59 2 1.623.000 132.996 419.166 132.996 419.166 0 0
adición
(año
2003)
07-7-
20218 de 158,91 51,51 275 9 1.623.000 619.896 1.912.399 619.896 1.912.399 0 0
2003
07-7-
21285 de
158,91 53,07 31 1 1.623.000 69.879 209.242 69.879 209.242 0 0
2003 (año
2003)
07-7-
21285 de
158,91 53,54 91 3 1.623.000 205.129 608.836 205.129 608.836 0 0
2003 (año
2004)
07-7-
20353 de 158,91 54,96 183 6 1.540.000 391.417 1.131.733 391.417 1.131.733 0 0
2004
07-7-
21677 de
158,91 55,66 92 3 1.540.000 196.778 561.803 196.778 561.803 0 0
2004 (
año 2004)
07-7-
21677 de
158,91 56,45 90 3 1.540.000 192.500 541.899 192.500 541.899 0 0
2004 (año
2005)
07-7-
20171 de 158,91 57,72 183 6 1.540.000 391.417 1.077.616 391.417 1.077.616 0 0
2005
07-7-
21332 de
158,91 58,70 31 1 1.600.000 68.889 186.493 68.889 186.493 0 0
2005 (año
2005)
07-7-
21332 de
158,91 59,02 211 6,97 1.600.000 468.889 1.262.473 468.889 1.262.473 0 0
2005 (año
2006)
07-7-
20606 de
158,91 60,96 151 4,94 1.600.000 335.556 874.723 335.556 874.723 0 0
2006 (año
2006)
07-7-
20606 de
158,91 61,80 61 2,067 1.600.000 135.556 348.562 135.556 348.562 0 0
2006 (año
2007)
07-7-
20204 de 158,91 63,29 184 6 1.760.000 449.778 1.129.312 449.778 1.129.312 0 0
2007
07-7-
21061 de
158,91 64,20 116 3,81 1.760.000 283.556 701.866 283.556 701.866 0 0
2007 (año
2007)
07-7-
21061 de
158,91 65,51 250 2,19 1.760.000 611.111 1.482.395 611.111 1.482.395 0 0
2007 (año
2008)
07-7-646
de 2008 ( 158,91 69,06 104 3,42 1.760.000 254.222 584.976 254.222 584.976 0 0
año 2008)
07-7-646
de 2008 ( 158,91 70,21 261 8,58 1.760.000 638.000 1.444.019 638.000 1.444.019 0 0
año 2009)
07-7-
20600 de
2009 y
158,91 71,28 100 3,29 1.848.000 256.667 572.207 256.667 572.207 0 0
adición
(año
2009)
07-7-
20600 de
2009 y
158,91 71,69 295 9,71 1.848.000 757.167 1.678.356 757.167 1.678.356 0 0
adición
(año
2010)

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

81-7-
20618-10
158,91 72,98 60 1,97 1.848.000 154.000 335.327 154.000 335.327 0 0
(año
2010)
81-7-
20618-10
158,91 74,12 305 10,03 1.848.000 782.833 1.678.360 782.833 1.678.360 0 0
(año
2011)
81-7-
201171-
158,91 75,87 58 1,9 1.906.582 153.586 321.686 153.586 321.686 0 0
11 ( año
2011)
81-7-
201171-
158,91 76,75 155 5,1 1.906.582 410.445 849.821 410.445 849.821 0 0
11 (año
2012)
81-7-
158,91 77,72 122 4 1.906.582 323.060 660.543 323.060 660.543 0 0
20523-12
81-7-
201165-
158,91 78,08 85 2,77 1.906.582 225.083 458.093 225.083 458.093 0 0
12 ( año
2012)
81-7-
201165-
158,91 78,28 188 6,23 1.906.582 497.830 1.010.605 497.830 1.010.605 0 0
12 ( año
2013)
81-7-
158,91 79,43 156 5,1 1.906.582 413.093 826.446 413.093 826.446 0 0
20610-13
81-7-
158,91 80,45 303 10 1.982.845 834.447 1.648.254 834.447 1.648.254 0 0
29013-14
81-7-
201381-
14 y
158,91 82,47 22 0,71 1.982.845 60.587 116.744 60.587 116.744 0 0
modificaci
ón (año
2014)
81-7-
201381-
14 y
158,91 83,00 279 9,19 1.982.845 792.870 1.518.012 792.870 1.518.012 0 0
modificaci
ón (año
2015)
81-7-
20761-15
158,91 86,98 86 2,81 1.982.845 239.151 436.921 239.151 436.921 0 0
( año
2015)
81-7-
20761-15
158,91 89,19 280 9,19 1.982.845 819.532 1.460.161 819.532 1.460.161 531.485 946.948
( año
2016)
81-7-
201174-
158,91 92,62 74 8,42 2.486.000 270.039 463.311 270.039 463.311 610.520 1.047.482
16 ( año
2016)
81-7-
201174-
158,91 94,07 255 8,39 2.486.000 930.339 1.571.598 930.339 1.571.598 608.345 1.027.661
16 ( año
2017)
96-7-
20616-17
158,91 96,36 96 3,16 2.486.000 337.985 557.380 337.985 557.380 229.126 377.859
y adición (
año 2017)
96-7-
20616-17
158,91 97,53 269 8,84 2.486.000 984.613 1.604.274 984.613 1.604.274 640.974 1.044.367
y adición (
año 2018)
96-7-
20692-18
de 2018 y
158,91 99,59 77 2,52 2.486.000 269.990 430.807 269.990 430.807 182.721 291.557
modificaci
ón (año
2018)
96-7-
20692-18
de 2018 y
158,91 100,60 105 3,48 2.486.000 370.434 585.145 370.434 585.145 252.329 398.585
modificaci
ón (año
2019)

CONSOLIDADO INDEXADO
CESANTIAS INTERESES PRIMA DE PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE BONIFICACION
A LA SERVICIO NAVIDAD VACACIONES POR SERVICIO
CESANTIAS
$83.659.492 $5.832.248 $10.197.739 $78.926.157 $39.047.837 $39.047.837 $4.735.874

TOTAL CONSOLIDADO: $ 261.447.184

Condena en costas

60. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera

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Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

61. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

62. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

63. En consecuencia, no se impondrán costas de segunda instancia a ninguna
de las partes, puesto que no prosperaron los recursos de apelación, de manera
que no se puede hablar de parte vencida en esta etapa procesal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales, cuarto y décimo de la parte resolutiva de
la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el cual quedará así:

Cuarto.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, se condena a la Nación - Policía Nacional –
Dirección General de Sanidad y Hospital Central de la Policía Nacional, a pagar
a la demandante Jannet Saavedra Estupiñán, identificada con cédula de
ciudadanía No. 51.713.055 de Bogotá, la suma de doscientos sesenta y un
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos ($
261.447.184) por concepto de prestaciones sociales causadas en el período
comprendido entre el 15 de septiembre de 2000 al 15 de abril de 2019.

Décimo.- Condenar en costas en primera instancia a la parte demandada, las
cuales se liquidarán por parte del despacho sustanciador que conoció del proceso
en primera instancia.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 19
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00434-01 (1803-2023)
Demandante: Jannet Saavedra Estupiñán

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 20
Bogotá D.C. – Colombia

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