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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00205-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00205-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión n.° 3, el cual quedará así: TERCERO: DECLARAR la existencia del vínculo laboral entre la señora Umaira Aros Claros y la ESE Hospital Departamental de Villavicencio durante los siguientes períodos: 1.° de agosto al 31 de octubre de 2001; 1.° de diciembre de 2001 al 28 de febrero de 2002; 1.° de abril al 30 de junio de 2002; 1.° de septiembre al 30 de noviembre de 2002; 1.° de enero al 31 de marzo de 2003; 1.° de mayo al 30 de junio de 2003; 1.° de agosto al 31 de octubre de 2003; 1.° al 31 de diciembre de 2003; 1.° de marzo de 2004 al 31 de julio de 2005; 1.° al 30 de septiembre de 2005; 1.° de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2006; y 1.° de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2014. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión n.° 3, el cual quedará así: CUARTO: DECLARAR que los siguientes tiempos laborados por la señora Umaira Aros Claros en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio se deben computar para efectos pensionales: i) Vinculada como supernumeraria: 1.° de julio al 30 de septiembre de 2000; 1.° de noviembre de 2000 al 23 de mayo de 2001; y 1.° al 31 de julio de 2001. ii) Vinculada como contratista y a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado ENFERCUINT OC: 1.° de agosto al 31 de octubre de 2001; 1.° de diciembre de 2001 al 28 de febrero de 2002; 1.° de abril al 30 de junio de 2002; 1.° de septiembre al 30 de noviembre de 2002; 1.° de enero al 31 de marzo de 2003; 1.° de mayo al 30 de junio de 2003; 1.° de agosto al 31 de octubre de 2003; 1.° al 31 de diciembre de 2003; 1.° de marzo de 2004 al 31 de julio de 2005; 1.° al 30 de septiembre de 2005; 1.° de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2006; y 1.° de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2014. 13 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 50001-23-33-000-2016-00205-01 (5096-2024) Demandante: Umaira Aros Claros […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2016-00205-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00205-01 (5096-2024)
Demandante: Umaira Aros Claros
Demandado: ESE Hospital Departamental de Villavicencio

Tema: Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral –
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
e intermediación a través de cooperativas

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión n.° 3, que accedió parcialmente a las
pretensiones.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad del
oficio E-9535-2014 id: 6580 del 27 de agosto de 2014, expedido por la entidad
accionada, mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral entre el 1.° de julio de 2000 y el 30 de junio de 2014, período
durante el cual se desempeñó como auxiliar de enfermería.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la existencia
del vínculo laboral con la entidad demandada; (ii) efectuar la respectiva nivelación
salarial tomando como referencia los valores devengados por los empleados de
planta; y (iii) pagar a su favor las prestaciones sociales causadas1, los aportes al
sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, la
indemnizaciones moratorias de que tratan los artículos 64 y 65 del Código
Sustantivo del Trabajo y quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes por concepto de daños morales.

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Prima de navidad, prima de servicio, «prima de junio», «prima del semestre de diciembre», prima de
vacaciones, cesantías e intereses sobre las cesantías.

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Demandante: Umaira Aros Claros

3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado vulneró las
normas superiores2, pues, aunque estuvo vinculada mediante contratos de
prestación de servicios, en la práctica realizó sus actividades de manera
personal, bajo continuada subordinación y a cambio de una remuneración,
circunstancias que permiten concluir que se configuró una relación de naturaleza
laboral.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
demandante estuvo vinculada como supernumeraria desde el 1.° de julio de 2000
hasta el 31 de julio de 2001 y a través de contratos de prestación de servicios a
partir del 1.° de agosto de 2001, de manera discontinua, de suerte que no tiene
derecho al pago de prestaciones sociales, pues ello implicaría otorgarle la
condición de empleada pública.

5. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación por parte del
hospital, presunción de legalidad del acto enjuiciado, caducidad y prescripción
extintiva parcial.

Sentencia apelada

6. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de una
relación de trabajo entre la demandante y la entidad accionada durante los
períodos comprendidos entre el 1.º de agosto de 2001 y el 31 de diciembre de
2003, y entre el 1.º de marzo de 2004 y el 30 de junio de 2014.

7. A título de restablecimiento del derecho, dispuso que los tiempos de
servicio como supernumeraria —del 1.º de julio al 30 de septiembre de 2000, del
1.º de noviembre de 2000 al 23 de mayo de 2001 y del 1.º al 31 de julio de 2001—
y como contratista —del 1.º de agosto de 2001 al 31 de diciembre de 2003, y del
1.º de marzo de 2004 al 30 de junio de 2014— debían computarse para efectos
pensionales. Además, ordenó a la E.S.E. verificar si durante el tiempo en que la
accionante estuvo vinculada como supernumeraria se realizaron aportes
pensionales o si estos se efectuaron de manera parcial, con el fin de hacer las
cotizaciones faltantes o completar las que correspondieran ante el respectivo
fondo de pensiones.

8. También dispuso que la entidad realizara los aportes pensionales en la
proporción a cargo del empleador, y en caso de existir diferencias frente a las
cotizaciones efectuadas por la actora como contratista, tendría que completar el
faltante con base en el salario devengado por un auxiliar de enfermería de planta.
Además, señaló que la accionante tendría que asumir el porcentaje que le
correspondiera como trabajadora. Finalmente, ordenó indexar las sumas
adeudadas.

2
La demandante alegó la falta de aplicación de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, 195 de la
Ley 100 de 1993, 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 7 de la Ley 1496 de 2011 y 17 del Decreto 1876 de
1994, así como la aplicación incorrecta del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De igual manera,
trajo a colación las Sentencias C-665 de 1998, C-601 de 2009 y C-614 de 2009 proferidas por la Corte
Constitucional.
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Demandante: Umaira Aros Claros

9. Por otra parte, se abstuvo de imponer condena en costas debido a que las
pretensiones prosperaron parcialmente, y negó las demás súplicas de la
demanda.

10. Así mismo, precisó que en el caso se configuró la caducidad de la acción
respecto de las pretensiones encaminadas al pago de prestaciones sociales y
diferencias salariales. Para el Tribunal, la actora debía acudir a la jurisdicción
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 1.º de septiembre de 2014, fecha en
la que fue notificado el acto acusado. Sin embargo, presentó la solicitud de
conciliación prejudicial el 18 de junio de 2015 y la demanda el 18 de noviembre
del mismo año, esto es, de manera extemporánea. En esas condiciones, indicó
que el estudio sobre la legalidad del acto se limitaría a analizar la procedencia
del pago de aportes pensionales causados entre el 1.º de julio de 2000 y el 27 de
agosto de 2014.

11. Como fundamento de la decisión señaló que la actora estuvo vinculada a
la entidad accionada mediante una relación legal y reglamentaria, en calidad de
supernumeraria, entre el 1.º de julio de 2000 y el 31 de julio de 2001, de manera
discontinua. Luego prestó sus servicios a través de contratos de prestación de
servicios, desde el 1.º de agosto de 2001 hasta el 30 de junio de 2014, también
con interrupciones.

12. Precisó que durante este último período se presentó una interrupción
superior a treinta (30) días hábiles, comprendida entre el 1.º de enero y el 29 de
febrero de 2004. En los demás lapsos, las interrupciones fueron inferiores a dicho
término o existieron vinculaciones como supernumeraria —del 1.º al 30 de agosto
de 2002— o a través de cooperativas de trabajo asociado —del 1.º de febrero de
2008 al 30 de septiembre de 2011—. Por esa razón, indicó que los períodos
respecto de los cuales analizaría la configuración de los elementos propios de
una relación de trabajo serían los comprendidos entre el 1.º de agosto de 2001 y
el 31 de diciembre de 2003, y entre el 1.º de marzo de 2004 y el 30 de junio de
2014.

13. Determinó que la actora prestó personalmente sus servicios como auxiliar
de enfermería en la entidad demandada, circunstancia que fue certificada por
esta última el 24 de agosto de 2022. También encontró acreditado que recibió los
honorarios pactados en los contratos.

14. Explicó que, tratándose de labores propias de auxiliar de enfermería, se
presume la continuada subordinación, en tanto quienes las desempeñan no
pueden definir autónomamente el lugar de trabajo, el horario ni la forma de
ejecución de la actividad. Por el contrario, se encuentran sujetos a las directrices
y órdenes impartidas por médicos, enfermeros jefes y personal administrativo.

15. Destacó que la actividad desarrollada por la demandante guardaba
relación directa con el objeto misional de la E.S.E. accionada, por lo que no podía
considerarse temporal o accidental. Añadió que la actora cumplía protocolos de
servicio y turnos de trabajo establecidos por la entidad.

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Demandante: Umaira Aros Claros

16. Explicó que la entidad demandada no demostró que la contratación de la
accionante hubiera obedecido exclusivamente a la falta de personal de planta
calificado para prestar el servicio de auxiliar de enfermería en la Unidad de
Cuidados Intensivos.

17. Indicó que la E.S.E. demandada no acreditó haber efectuado los aportes
pensionales a favor de la accionante durante el tiempo en que estuvo vinculada
como supernumeraria. Por esa razón, ordenó realizar las cotizaciones
correspondientes en caso de que no se hubieran efectuado.

18. Negó el reconocimiento de perjuicios morales, porque la demandante no
acreditó su causación. También negó la devolución de los aportes que realizó al
sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, debido a
que tales cotizaciones eran obligatorias y no constituían un crédito a su favor.

Recurso de apelación

19. La entidad accionada interpuso recurso de apelación argumentando que
la demandante fue contratada porque no había personal de planta suficiente para
desarrollar las labores, escenario en el cual era válida la contratación.

20. Adujo que no existió ningún contrato de trabajo ni relación legal y
reglamentaria, como tampoco se acreditó la subordinación, en tanto no se
demostró que la actora haya recibido órdenes para el cumplimiento de sus tareas
o hubiera sido «inquirida» por algún superior ni recibido. Además, señaló que el
cumplimiento de un horario no es prueba suficiente de dicho elemento.

21. Manifestó que su actuación estuvo conforme al artículo 32 de la Ley 80 de
1993 y a los postulados de la buena fe.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Por auto del 1.° de noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

23. La demandante no se pronunció sobre la alzada.

24. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
el fallo apelado porque la demandante acreditó los elementos propios de una
relación laboral, teniendo en cuenta, además, la naturaleza de las actividades
desarrolladas.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

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Demandante: Umaira Aros Claros

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por la parte demandada. Para tal efecto, se
analizará si la accionante acreditó la existencia de un vínculo de naturaleza
laboral durante los tiempos en que se desempeñó como auxiliar de enfermería
en la entidad accionada.

Análisis del problema jurídico

27. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues, si bien es cierto
que las pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación durante el tiempo en que la
demandante se desempeñó como auxiliar de enfermería vinculada mediante
contratos de prestación de servicios y a través de una cooperativa de trabajo
asociado, también lo es que hay lugar a hacer ajustes en el acápite de
restablecimiento del derecho.

1. Estudio sobre las condiciones en las que se prestó el servicio

28. El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida
solamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que aquella se revoque o se reforme. A su turno, el artículo 328 ibidem dispone
que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse, únicamente, sobre los
argumentos expuestos por quien apela, sin perjuicio de las determinaciones que
deba tomar de oficio en los casos previstos por la ley.

29. En ese escenario, la parte demandada no controvirtió la sentencia de
primera instancia en tanto ordenó el pago de los aportes pensionales que no se
hubieren realizado durante los períodos en que la accionante estuvo vinculada
como supernumeraria —1.° de julio al 30 de septiembre de 2000, 1.° de
noviembre de 2000 al 23 de mayo de 2001 y 1.° al 31 de julio de 2001—, razón
por la cual la Sala no se ocupará de esta cuestión, de tal manera que dicha
decisión no se modificará en esta oportunidad

30. En igual sentido, como la actora no interpuso recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, la Sala no se pronunciará sobre la decisión que
adoptó el Tribunal en el sentido de declarar probada la excepción de caducidad
de la acción respecto de las pretensiones de reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y diferencias salariales derivadas «del contrato realidad».

31. Habiendo precisado lo anterior, de acuerdo con la prueba documental
allegada al proceso3, la demandante celebró los siguientes contratos de
prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato u orden de prestación de servicios Duración Objeto

3
Contratos y certificaciones expedidas por la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE Hospital
Departamental de Villavicencio (página 25 del archivo PDF que contiene el cuaderno principal escaneado,
anexos de la demanda, índice 4 de SAMAI del tribunal y página 4 del archivo PDF que contiene pruebas
allegadas por la entidad demandada, índice 23 de SAMAI del tribunal).
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Demandante: Umaira Aros Claros

206 del 1.° de agosto de 20014 1/8/2001 al 31/10/2001 Auxiliar de enfermería
591 del 28 de noviembre de 20015 1/12/2001 al 31/12/2001 Auxiliar de enfermería
044 del 1.° de enero de 20026 1/1/2002 al 31/1/2002 Auxiliar de enfermería
210 del 1.° de febrero de 20027 1/2/2002 al 28/2/2002 Auxiliar de enfermería
407 del 1.° de abril de 20028 1/4/2002 al 30/6/2002 Auxiliar de enfermería
831 del 29 de agosto de 20029 1/9/2002 al 30/11/2002 Auxiliar de enfermería
121 del 1.° de enero de 200310 1/1/2003 al 31/1/2003 Auxiliar de enfermería
312 del 31 de enero de 200311 1/2/2003 al 28/2/2003 Auxiliar de enfermería
469 del 1.° de marzo de 200312 1/3/2003 al 31/3/2003 Auxiliar de enfermería
868 del 30 de abril de 200313 1/5/2003 al 31/5/2003 Auxiliar de enfermería
1165 del 26 de mayo de 200314 1/6/2003 al 30/6/2003 Auxiliar de enfermería
1521 del 22 de julio de 200315 1/8/2003 al 31/8/2003 Auxiliar de enfermería
1801 del 28 de agosto de 200316 1/9/2003 al 30/9/2003 Auxiliar de enfermería
2017 del 29 de septiembre de 200317 1/10/2003 al 31/10/2003 Auxiliar de enfermería
2612 del 27 de noviembre de 200318 1/12/2003 al 31/12/2003 Auxiliar de enfermería
0926 del 1.° de marzo de 200419 1/3/2004 al 31/5/2004 Auxiliar de enfermería
1266 del 1.° de junio de 200420 1/6/2004 al 31/8/2004 Auxiliar de enfermería
1848 del 27 de agosto de 200421 1/9/2004 al 30/9/2004 Auxiliar de enfermería
2255 del 24 de septiembre de 200422 1/10/2004 al 31/10/2004 Auxiliar de enfermería
2695 del 26 de octubre de 200423 1/11/2004 al 30/11/2004 Auxiliar de enfermería
3157 del 29 de noviembre de 200424 1/12/2004 al 31/12/2004 Auxiliar de enfermería
0115 del 1.° de enero de 200525 1/1/2005 al 31/1/2005 Auxiliar de enfermería
654 del 31 de enero de 200526 1/2/2005 al 28/2/2005 Auxiliar de enfermería
1111 del 25 de febrero de 200527 1/3/2005 al 31/3/2005 Auxiliar de enfermería
1611 del 31 de marzo de 200528 1/4/2005 al 30/4/2005 Auxiliar de enfermería
2060 del 25 de abril de 200529 1/5/2005 al 31/5/2005 Auxiliar de enfermería
2507 del 31 de mayo de 200530 1/6/2005 al 30/6/2005 Auxiliar de enfermería
3015 del 20 de junio de 200531 1/7/2005 al 31/7/2005 Auxiliar de enfermería
4022 del 23 de agosto de 200532 1/9/2005 al 30/9/2005 Auxiliar de enfermería
5012 del 28 de octubre de 200533 1/11/2005 al 30/11/2005 Auxiliar de enfermería
5491 del 29 de noviembre de 200534 1/12/2005 al 31/12/2005 Auxiliar de enfermería
66 del 1.° de enero de 200635 1/1/2006 al 31/1/2006 Auxiliar de enfermería
634 del 30 de enero de 200636 1/2/2006 al 28/2/2006 Auxiliar de enfermería
1151 del 28 de febrero de 200637 1/3/2006 al 31/3/2006 Auxiliar de enfermería
1679 del 31 de marzo de 200638 1/4/2006 al 30/4/2006 Auxiliar de enfermería
2202 del 28 de abril de 200639 1/5/2006 al 31/5/2006 Auxiliar de enfermería

4
Página 18 del archivo PDF que contiene las pruebas allegadas por la entidad accionada. Índice 21 de
SAMAI del tribunal.
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Demandante: Umaira Aros Claros

2721 del 24 de mayo de 200640 1/6/2006 al 30/6/2006 Auxiliar de enfermería
3277 del 27 de junio de 200641 1/7/2006 al 31/7/2006 Auxiliar de enfermería
3819 del 21 de julio de 200642 1/8/2006 al 31/8/2006 Auxiliar de enfermería
4352 del 31 de agosto de 200643 1/9/2006 al 30/9/2006 Auxiliar de enfermería
4843 del 1.° de octubre de 200644 1/10/2006 al 31/10/2006 Auxiliar de enfermería
5885 del 25 de noviembre de 200645 1/12/2006 al 31/12/2006 Auxiliar de enfermería
6492 del 2 de enero de 200746 1/1/2007 al 31/1/2007 Auxiliar de enfermería
7030 del 23 de enero de 200747 1/2/2007 al 28/2/2007 Auxiliar de enfermería
7395 del 26 de febrero de 200748 1/3/2007 al 31/3/2007 Auxiliar de enfermería
7972 del 26 de marzo de 200749 1/4/2007 al 30/4/2007 Auxiliar de enfermería
8488 del 27 de abril de 200750 1/5/2007 al 31/5/2007 Auxiliar de enfermería
9106 del 26 de mayo de 200751 1/6/2007 al 30/6/2007 Auxiliar de enfermería
0632 del 28 de junio de 200752 1/7/2007 al 31/7/2007 Auxiliar de enfermería
10158 del 26 de julio de 200753 1/8/2007 al 31/8/2007 Auxiliar de enfermería
10557 del 24 de agosto de 200754 1/9/2007 al 30/9/2007 Auxiliar de enfermería
11165 del 1.° de octubre de 200755 1/10/2007 al 31/10/2007 Auxiliar de enfermería
11716 del 1.° de noviembre de 200756 1/11/2007 al 30/11/2007 Auxiliar de enfermería
12548 del 1.° de diciembre de 200757 1/12/2007 al 31/12/2007 Auxiliar de enfermería
130 del 1.° de enero de 200858 1/1/2008 al 31/1/2008 Auxiliar de enfermería
1899 del 30 de septiembre de 201159 1/10/2011 al 30/11/2011 Auxiliar de enfermería
2704 del 1.° de diciembre de 201160 1/12/2011 al 5/1/2012 Auxiliar de enfermería
0612 del 6 de enero de 201261 6/1/2012 al 31/1/2012 Auxiliar de enfermería
1327 del 1.° de febrero de 201262 1/2/2012 al 29/2/2012 Auxiliar de enfermería
2065 del 1.° de marzo de 201263 1/3/2012 al 31/3/2012 Auxiliar de enfermería
2748 del 27 de marzo de 201264 1/4/2012 al 30/4/2012 Auxiliar de enfermería
3475 del 27 de abril de 2012 más adiciones y
1/5/2012 al 31/12/2012 Auxiliar de enfermería
prórrogas65
0633 del 1.° de enero de 2013 más adiciones y
1/1/2013 al 31/7/2013 Auxiliar de enfermería
prórrogas66
2165 del 1.° de agosto de 201367 1/8/2013 al 31/8/2013 Auxiliar de enfermería
2931 del 1.° de septiembre de 2013 más adición
1/9/2013 al 31/12/2013 Auxiliar de enfermería
y prórroga68
0605 del 1.° de enero de 201469 1/1/2014 al 30/6/2014 Auxiliar de enfermería

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4 de SAMAI del tribunal. También página 153 del archivo PDF que contiene las pruebas allegadas por la
entidad accionada. Índice 21 de SAMAI del tribunal.
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4 de SAMAI del tribunal. También página 183 del archivo PDF que contiene las pruebas allegadas por la
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4 de SAMAI del tribunal. También página 232 del archivo PDF que contiene las pruebas allegadas por la
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4 de SAMAI del tribunal. También página 253 del archivo PDF que contiene las pruebas allegadas por la
entidad accionada. Índice 21 de SAMAI del tribunal.
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32. De igual manera, según la certificación del 30 de septiembre de 2011
expedida por la Cooperativa de Trabajo Asociado ENFERCUINT OC, la
demandante estuvo afiliada a dicha organización desde el 1.° de abril de 2007 y
se desempeñó como auxiliar de enfermería en la ESE accionada hasta el 30 de
septiembre de 2011. Con base en este documento, el Tribunal estimó acreditada
la prestación del servicio entre el 1.° de febrero de 2008 y el 30 de septiembre de
2011, a través de dicha cooperativa, decisión que no fue controvertida por la
entidad demandada, por lo que no merece ningún reparo en esta instancia.

33. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Argenis
Díaz y Carlos Alejandro Manrique Salazar, de los cuales se destaca lo siguiente:

i) La señora Argenis Díaz relató que trabajó como auxiliar de enfermería en
la Unidad de Cuidados Intermedios y en la Unidad de Cuidados Intensivos de
la ESE accionada desde 2007 hasta 2014, período durante el cual compartió
con la demandante, quien desempeñaba el mismo oficio. Indicó que las
tareas de la accionante comprendían el cuidado integral de los pacientes,
entre ellas la alimentación, el baño, la aplicación de medicamentos, la
preparación de mezclas y la atención de todas las instrucciones recibidas, y
que su supervisión estaba a cargo de Miladis Gallego —coordinadora de la
Unidad de Cuidados Intensivos— y de Difny Patricia Torres y Constanza
Reyes como responsables inmediatas del servicio.

Señaló que debían cumplir un horario de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. de manera
continua durante toda la semana, conforme a un cuadro de turnos que
elaboraba mensualmente la coordinadora Gallego y que la demandante no
podía escoger sus jornadas ni enviar reemplazos en casos de ausencia,
aunque entre las auxiliares era posible intercambiarse los turnos previa
autorización de la coordinadora. Precisó que los permisos debían solicitarse
al responsable inmediato, quien informaba a la coordinadora para que esta
los autorizara o denegara.

ii) El señor Carlos Alejandro Manrique Salazar señaló que laboró durante diez
años en la entidad accionada como auxiliar de enfermería junto a la
demandante y que ambos recibían turnos, participaban en revistas médicas
y prestaban los cuidados necesarios a los pacientes, entre ellos baño,
higienización, curaciones, canalizaciones y preparación de medicamentos,
en jornadas rotativas de mañana —7:00 a. m. a 1:00 p. m.—, tarde —1:00 p.
m. a 7:00 p. m.— y noche —7:00 p. m. a 7:00 a. m.—. Añadió que los horarios
constaban en cuadros de turnos mensuales elaborados por el departamento
de enfermería de la ESE y publicados en la cartelera de la Unidad de
Cuidados Intensivos.

Manifestó que estaban bajo la supervisión de un enfermero jefe y que la
demandante no podía disponer libremente de sus horarios, aunque podía
intercambiar turnos con otras auxiliares previa autorización de la
coordinadora Miladis Gallego, quien también concedía los permisos. Indicó
que en la Unidad de Cuidados Intensivos no había auxiliares de planta,
aunque en otros servicios de la ESE sí, y que para desempeñarse en esa
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área se requería contar con un diplomado en cuidado intensivo así como
conocimientos en el manejo de medicamentos especializados como
inotrópicos, inodilatadores, vasopresores y monitoría clínica hemodinámica
del paciente.

34. La prueba testimonial y documental —contratos, certificaciones de los
contratos, informes de actividades, certificaciones de cumplimiento de
actividades— permite comprender que la demandante prestó un servicio
personal como auxiliar de enfermería entre el 1.° de agosto de 2001 y el 30 de
junio de 2014, de manera discontinua, actividad que comprendía bridar cuidados
a los pacientes en cuanto a alimentación, limpieza, curaciones, aplicación de
medicamentos, paso de sondas, etc., en las instalaciones de la ESE demandada,
en horarios rotativos definidos por esta última, los cuales podían ser en las
mañanas —7:00 a. m., a 1:00 p. m.—, en las tardes —1:00 p. m., a 7:00 p. m.—
y en las noches —7:00 p. m., a 7:00 a. m.—.

35. Adicionalmente, los testimonios, las cláusulas de los contratos y las
certificaciones de cumplimiento de actividades expedidas por los supervisores
dan cuenta de que el servicio que prestó la demandante como auxiliar de
enfermería fue remunerado.

36. En cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde al poder
jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la actividad del
trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en que este debe
desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e instrucciones,
someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria. No se trata,
por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o verificación del
servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la que la autonomía
del contratista queda comprometida por la sujeción constante a la voluntad de
quien requiere el servicio70.

37. Esta corporación71 ha considerado que las labores relacionadas con la
actividad de enfermería suelen llevar implícita la continuada subordinación, ya
que la parte contratante ejerce el control o dirección de la forma en que se
ejecutan las tareas, tesis que es consonante con las pruebas recaudadas en el
proceso, las cuales permiten entender con un alto grado de probabilidad que la
demandante carecía de autonomía para determinar la cantidad, el tiempo, el
modo y el lugar en que cumplía sus quehaceres. Adicionalmente, vale la pena
destacar que el ejercicio de tareas asistenciales de enfermería implica el
direccionamiento por parte de los médicos respecto de los cuidados que los
auxiliares de enfermería deben prestar al paciente para seguir el tratamiento
ordenado por los primeros72.

70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
71
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01 (3238-2019); 14 de
mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9 de mayo de 2024, expediente
66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de 2016, expediente 13001-23-31-000-2012-
00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del 12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-
000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-
2018).
72
Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado:
Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2018, expediente 52001-23-31-000-2011-00207-01 (0501-2017).
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38. Si bien el cumplimiento de horarios y la ejecución de actividades en las
instalaciones de la entidad beneficiaria constituyen únicamente indicios de
subordinación y no prueba suficiente de su existencia, tratándose de labores de
auxiliar de enfermería tales circunstancias adquieren especial relevancia, pues
esas funciones suponen un importante grado de direccionamiento por parte de
los superiores inmediatos —como jefes de enfermería— y del personal médico.

39. Conforme a lo expuesto, la Sala considera demostrado que la entidad
accionada ejercía un control efectivo sobre la forma en que la demandante
desarrollaba sus funciones como auxiliar de enfermería. En efecto, la atención y
cuidado brindados a los pacientes dependían del cumplimiento de las órdenes
médicas y de las directrices impartidas por el personal de enfermería, de modo
que la actora no contaba con autonomía para definir los medicamentos que debía
aplicar, la periodicidad de los procedimientos ni las actividades asistenciales que
debía ejecutar.

40. Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que la entidad accionada ejercía
el control efectivo sobre el modo, el lugar, la cantidad y el tiempo en que la
demandante cumplía sus tareas de auxiliar de enfermería, motivo por el cual esta
última carecía de autonomía en la prestación del servicio.

41. Así pues, la Sala considera que el acervo probatorio recaudado permite
concluir que entre el 1.° de agosto de 2001 y el 30 de junio de 2014 la
demandante desempeñó funciones de auxiliar de enfermería bajo subordinación
continuada. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia en
cuanto declaró la nulidad del acto acusado y reconoció la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios celebrados durante ese período, con el
único fin de ordenar el pago de aportes a pensión.

42. Ahora bien, la Sala no pierde de vista que la accionante estuvo vinculada
a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado ENFERCUINT OC desde el 1.°
de febrero de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2011.

43. Sobre el particular, resulta pertinente recordar que las cooperativas de
trabajo asociado en Colombia tienen sustento jurídico en la Ley 79 de 1988, que
permitió la conformación de colectivos de personas para desarrollar, de manera
concertada, iniciativas de emprendimiento laboral. El modelo buscó democratizar
los medios de producción y distribuir equitativamente los excedentes, con el fin
de contribuir a la reducción de los altos índices de desempleo que históricamente
ha enfrentado el país.

44. Posteriormente, el Decreto 4588 de 2006 definió estas organizaciones
como «entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la
economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras,
contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan directamente su
capacidad de trabajo para desarrollar actividades económicas, profesionales o
intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar
servicios que satisfagan las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general».
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45. No obstante, dicha normativa estableció límites precisos al uso de esta
figura. En sus artículos 16 y 17 se dispuso que, cuando una cooperativa envíe a
sus asociados a prestar servicios a un tercero en condiciones que configuren
subordinación, se entenderá que existe una relación laboral dependiente entre el
asociado y la persona natural o jurídica beneficiaria de su trabajo.

46. Asimismo, se prohibió expresamente que las cooperativas y
precooperativas actuaran como empresas de intermediación laboral o de
servicios temporales, o que dispusieran del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros. En caso de configurarse tales prácticas, la
cooperativa, sus directivos y el contratante serían solidariamente responsables
de las obligaciones económicas derivadas de la relación laboral.

47. La jurisprudencia de esta corporación73 ha precisado que la finalidad,
estructura y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado difiere
sustancialmente del de las empresas de carácter comercial, lo cual justifica que
el legislador establezca para ellas un régimen jurídico especial, siempre que no
se desconozcan los derechos laborales constitucionalmente protegidos.

48. Se ha advertido, en particular, que el trabajo asociado no puede ser
utilizado indebidamente para evadir obligaciones laborales frente a trabajadores
dependientes o subordinados, so pena de comprometer la responsabilidad tanto
de la cooperativa como del tercero beneficiario ante las autoridades competentes.
En consecuencia, cuando un asociado presta sus servicios a un tercero bajo
órdenes permanentes provenientes de la cooperativa y de dicho tercero y solicita
la desnaturalización de la figura al amparo del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, le corresponde acreditar la prestación personal del
servicio, la subordinación continuada y la remuneración.

49. De acuerdo con lo expuesto, una vez verificado que la demandante estuvo
subordinada a la ESE accionada durante el tiempo en que se desempeñó como
auxiliar de enfermería al servicio de esta última, incluso durante el período en que
estuvo vinculada a través de una cooperativa de trabajo asociado, resulta
procedente condenar a la entidad pública a realizar el pago de los aportes a
pensión, como lo decidió el Tribunal; sin embargo, se modificará parcialmente la
sentencia de primera instancia a fin de precisar que, si la entidad accionada
constata que la Cooperativa de Trabajo Asociado ENFERCUINT OC efectuó los
aportes pensionales a favor de la demandante desde el 1.° de febrero de 2008
hasta el 30 de septiembre de 2011, con destino al respectivo fondo de previsión,
quedará relevada de realizarlos nuevamente, pues el riesgo ya habría sido
cubierto.

2. El restablecimiento del derecho

50. La Sala observa que el Tribunal le ordenó a la ESE demandada realizar
los aportes a pensión en la proporción a cargo del empleador, en caso de que
existan diferencias frente a las cotizaciones que realizó la actora como

73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 27 de octubre de 2022, expediente 23001-23-33-000-2013-00390-01 (3612-2015).
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contratista, tomando como base el salario devengado por un auxiliar de
enfermería de planta.

51. Ahora bien, se modificará parcialmente la sentencia de primera instancia
con el propósito de especificar los períodos exactos durante los cuales se declara
la existencia del vínculo laboral y/o la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios y, además, para aclarar que la base de liquidación de los
aportes a pensión no es la remuneración que recibieron los auxiliares de
enfermería de planta, sino los honorarios pactados en los contratos de prestación
de servicios.

52. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a pesar de que la actora pudo haber
desarrollado las mismas actividades que las auxiliares de enfermería vinculadas
a través de una relación legal y reglamentaria, no hay lugar a la aplicación del
principio de a igual trabajo, igual salario74, por las siguientes razones:

i) No se cumplen las formalidades sustanciales para la existencia de la
relación laboral (nombramiento y posesión, existencia del cargo en la
planta de personal, así como el hecho de que los emolumentos estén
previstos en las disposiciones que rigen para la entidad).

ii) La responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de un contratista y un
empleado no es equivalente.

iii) El contratista no ingresa a prestar sus servicios a través de los
mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico para ello, en
especial si se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 125 de la Constitución Política, la regla general es la de la carrera
administrativa en la que el ingreso se realiza después de superado un
concurso de méritos.

La condena en costas de segunda instancia

53. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

54. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en

74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-2019).
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ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. En este contexto, no hay lugar a condena en costas. En efecto, se
modifican parcialmente aspectos de la sentencia de primera instancia,
particularmente los extremos de la vinculación y el alcance de la orden de pago
de aportes a pensión, de modo que no puede afirmarse que alguna de las partes
haya resultado vencida en esta instancia por lo que se prescinde de su
imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
del 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de
Decisión n.° 3, el cual quedará así:

TERCERO: DECLARAR la existencia del vínculo laboral entre la señora Umaira
Aros Claros y la ESE Hospital Departamental de Villavicencio durante los
siguientes períodos: 1.° de agosto al 31 de octubre de 2001; 1.° de diciembre de
2001 al 28 de febrero de 2002; 1.° de abril al 30 de junio de 2002; 1.° de septiembre
al 30 de noviembre de 2002; 1.° de enero al 31 de marzo de 2003; 1.° de mayo al
30 de junio de 2003; 1.° de agosto al 31 de octubre de 2003; 1.° al 31 de diciembre
de 2003; 1.° de marzo de 2004 al 31 de julio de 2005; 1.° al 30 de septiembre de
2005; 1.° de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2006; y 1.° de diciembre de
2006 al 30 de junio de 2014.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
del 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de
Decisión n.° 3, el cual quedará así:

CUARTO: DECLARAR que los siguientes tiempos laborados por la señora Umaira
Aros Claros en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio se deben computar
para efectos pensionales:

i) Vinculada como supernumeraria: 1.° de julio al 30 de septiembre de 2000; 1.°
de noviembre de 2000 al 23 de mayo de 2001; y 1.° al 31 de julio de 2001.

ii) Vinculada como contratista y a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado
ENFERCUINT OC: 1.° de agosto al 31 de octubre de 2001; 1.° de diciembre de
2001 al 28 de febrero de 2002; 1.° de abril al 30 de junio de 2002; 1.° de
septiembre al 30 de noviembre de 2002; 1.° de enero al 31 de marzo de 2003;
1.° de mayo al 30 de junio de 2003; 1.° de agosto al 31 de octubre de 2003; 1.°
al 31 de diciembre de 2003; 1.° de marzo de 2004 al 31 de julio de 2005; 1.° al
30 de septiembre de 2005; 1.° de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2006;
y 1.° de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2014.

13
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00205-01 (5096-2024)
Demandante: Umaira Aros Claros

TERCERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia
del 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de
Decisión n.° 3, el cual quedará así:

SEXTO: ORDENAR a la ESE Hospital Departamental de Villavicencio a realizar
los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en el fondo de previsión
al cual esté afiliada la señora Umaira Aros Claros, de acuerdo con la ley, tomando
como base de liquidación las remuneraciones mensuales efectivamente recibidas
por esta última, correspondientes a los siguientes períodos: 1.° de agosto al 31 de
octubre de 2001; 1.° de diciembre de 2001 al 28 de febrero de 2002; 1.° de abril al
30 de junio de 2002; 1.° de septiembre al 30 de noviembre de 2002; 1.° de enero
al 31 de marzo de 2003; 1.° de mayo al 30 de junio de 2003; 1.° de agosto al 31
de octubre de 2003; 1.° al 31 de diciembre de 2003; 1.° de marzo de 2004 al 31 de
julio de 2005; 1.° al 30 de septiembre de 2005; 1.° de noviembre de 2005 al 31 de
octubre de 2006; y 1.° de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2014.

En caso de que la ESE Hospital Departamental de Villavicencio constate que la
Cooperativa de Trabajo Asociado ENFERCUINT OC realizó los aportes
pensionales a favor de la señora Umaira Aros Claros, con destino al fondo de
previsión correspondiente, durante el período comprendido entre el 1.° de febrero
de 2008 y el 30 de septiembre de 2011, la entidad demandada quedará relevada
de efectuar tales aportes nuevamente, solo frente a este último lapso mencionado.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

QUINTO. Sin condena en costas de segunda instancia.

SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JMMC

14
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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