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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02450-02

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02450-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 10 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el cual quedará así: Cuarto.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) a pagar ciento cuatro millones doscientos noventa y ocho mil setecientos treinta y ocho pesos ($ 104.298.738 COP) a favor de la señora Ángela María Nocobé Toncón, por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron en los siguientes períodos: 3 de agosto de 2009 al 2 de febrero de 2010; 17 de marzo al 18 de diciembre de 2010; 20 de diciembre de 2010 al 19 de julio de 2011; 8 de agosto de 2011 al 7 de mayo de 2012; 16 de mayo de 2012 al 15 de julio de 2014; 21 de julio al 20 de octubre de 2014; 23 de octubre de 2014 al 20 de agosto de 2016; y 29 de agosto de 2016 al 28 de junio de 2017. 13 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2018-02450-02 (4261-2023) Demandante: Ángela María Nocobé Toncón Adicionalmente, la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) deberá pagarle a la señora Ángela María Nocobé Toncón el valor equivalente a diecinueve (19) dotaciones de vestido y calzado causadas en las siguientes fechas: 30 de abril de 2011, 30 de agosto de 2011, 30 de diciembre de 2011, 30 de abril de 2012, 30 de agosto de 2012, 30 de diciembre de 2012, 30 de abril de 2013, 30 de agosto de 2013, 30 de diciembre de 2013, 30 de abril de 2014, 30 de agosto de 2014, 30 de diciembre de 2014, 30 de abril de 2015, 30 de agosto de 2015, 30 de diciembre de 2015, 30 de abril de 2016, 30 de agosto de 2016, 30 de diciembre de 2016 y 30 de abril de 2017. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación, el cual deberá ser indexado hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02450-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02450-02 (4261-2023)
Demandante: Ángela María Nocobé Toncón
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios —
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Modifica y revoca parcialmente la sentencia de primera
instancia con el fin de precisar el alcance del
restablecimiento

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 10 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del oficio
S-2018-055173/JEFAT-GADFI-29.27 del 9 de julio de 2018 expedido por la
entidad accionada, por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral desde el 1.° de julio de 2008 hasta el 28 de junio de 2017,
lapso durante el cual se desempeñó como auxiliar de enfermería en la Dirección
de Sanidad, Seccional Bogotá – Cundinamarca.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la existencia
de una relación laboral de naturaleza legal y reglamentaria con la entidad
demandada; (ii) ordenar el pago de factores salariales, acreencias laborales,
prestaciones sociales1, sanción moratoria por falta de pago de cesantías,
indemnizaciones y aportes al sistema de seguridad social y a caja de
compensación familiar; (iii) reintegrarle los valores que asumió por concepto de
aportes a seguridad social y las sumas que le fueron descontadas a título de
retención en la fuente; (iv) dar cumplimiento al fallo en el término de ley o, de lo
contrario, reconocer los intereses moratorios que se causen; (v) indexar los
montos que se concedan; y (vi) condenar en costas a la parte demandada.

1
Tales como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicio, prima de vacaciones,
prima de navidad, vacaciones, gastos de representación, prima técnica, prima de capacitación,
remuneración por trabajo dominical o festivo, remuneración por trabajo suplementario de horas
extra o jornada nocturna, bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación, etc.

1
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02450-02 (4261-2023)
Demandante: Ángela María Nocobé Toncón

3. De manera subsidiaria, solicitó el reintegro al cargo de empleado técnico,
grado 19.

4. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado vulneró las
normas superiores2, pues, aunque formalmente estuvo vinculada a través de
contratos de prestación de servicios, en la práctica realizó sus actividades de
manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio de una
remuneración, circunstancias que permiten concluir que se configuró una relación
de naturaleza laboral.

Contestación de la demanda

5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
demandante no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones sociales, en la
medida en que estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios,
los cuales se celebraron para realizar actividades que no podían llevarse a cabo
con el personal de planta y requerían conocimientos especializados.

6. Adujo que la actora no cumplió sus tareas bajo continuada subordinación,
toda vez que no se le impusieron horarios; y tampoco cumplió funciones ni
devengó salarios, sino que ejecutó actividades y recibió honorarios.

7. Señaló que la entidad le suministró insumos y máquinas especializadas a
la actora con el fin de lograr la correcta ejecución del objeto contractual, pero
nunca le entregó dotaciones.

8. Propuso las excepciones de legalidad del acto administrativo, inexistencia
de vicio de nulidad, prescripción y la genérica.

Sentencia apelada

9. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de una
relación laboral entre la demandante y la entidad accionada desde el 3 de agosto
de 2009 hasta el 28 de junio de 20173, de manera discontinua.

10. Adicionalmente, (i) declaró no probada la excepción de prescripción
extintiva trienal; (ii) ordenó reconocer y pagar a la demandante las prestaciones
sociales legales causadas durante el período mencionado —entre ellas,
cesantías, intereses a las cesantías, primas y compensación por vacaciones—,
liquidadas con base en los honorarios pactados en los contratos y teniendo en
cuenta la jornada máxima prevista en el artículo 2 de la Ley 269 de 1996; (iii)
dispuso cotizar al respectivo fondo de previsión la diferencia entre los aportes a
pensión efectuados por la actora como contratista y aquellos que debió asumir la
entidad como empleadora, debidamente indexados; (iv) ordenó computar el

2
Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 25, 29, 48, 53, 58, 83, 90, 95, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 209,
277 y 351.1 de la Constitución Política; 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161, 195 y 204 de la Ley
100 de 1993; las Leyes 6.ª de 1945, 4.ª de 1990, 4.ª de 1992, 244 de 1995, 332 de 1996, 443 de
1998, 909 de 2004, 1438 de 2008, 1437 de 2011, 1564 de 2012; y los Decretos 2127 de 1945,
1848 de 1968, 3074 de 1968, 3135 de 1968, 1042 de 1978, 1045 de 1978, 2400 de 1979, 1919
de 2002 y 1374 de 2010.
3
«[…] interrumpido del 3 de febrero al 16 de marzo de 2010, el 19 de diciembre de 2010, del 20
de julio al 7 de agosto de 2011, del 8 al 15 de mayo de 2012, del 16 al 20 de julio de 2014, el 21
y 22 de octubre de 2014 y del 21 al 28 de agosto de 2016 […]».
2
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Demandante: Ángela María Nocobé Toncón

tiempo de servicio para efectos pensionales; (v) dispuso actualizar los valores
derivados de la condena y dar cumplimiento a la sentencia en el término de ley;
(vi) decidió no imponer condena en costas; y (vii) negó las demás pretensiones.

11. Para sustentar su decisión, determinó que la demandante prestó sus
servicios como auxiliar de enfermería en la entidad accionada, de manera
personal, entre el 3 de agosto de 2009 y el 28 de junio de 2017, salvo algunas
interrupciones, y que recibió como contraprestación los honorarios pactados en
los respectivos contratos.

12. Asimismo, concluyó que se encontraba acreditada la continuada
subordinación, pues la prueba recaudada evidenció que la actora debía
desarrollar sus actividades en las instalaciones de la entidad accionada; cumplir
los horarios y turnos previamente establecidos; acatar las directrices impartidas
por superiores o coordinadores; solicitar autorización para ausentarse; y ejecutar
sus labores con los elementos e insumos suministrados por la contratante.

13. Negó las pretensiones relacionadas con: (i) el reconocimiento de
diferencias salariales, por considerar que las prestaciones sociales debían
liquidarse con fundamento en los honorarios pactados; (ii) el pago de sanciones
moratorias, al estimar que los derechos prestacionales solo se hacen exigibles a
partir de la sentencia que declara la desnaturalización de los contratos; (iii) la
devolución de las sumas descontadas por concepto de retención en la fuente y
el reconocimiento de aportes a cajas de compensación familiar, al concluir que la
declaratoria judicial no hace procedente el reintegro de valores sufragados con
ocasión de la ejecución contractual; (iv) el reembolso de los aportes efectuados
por la contratista al sistema de seguridad social, debido a su carácter obligatorio
y naturaleza parafiscal; (v) el pago de horas extras y de recargos nocturnos,
dominicales y festivos, al no ostentar la demandante la condición de empleada
pública; y (vi) el reconocimiento de una indemnización por supresión del cargo,
por no haberse configurado tal circunstancia.

14. Finalmente, explicó que no se configuró la prescripción extintiva trienal,
puesto que entre los contratos no existieron interrupciones superiores a treinta
(30) días hábiles. En consecuencia, la demandante podía reclamar sus derechos
hasta el 28 de junio de 2020. Como la reclamación administrativa y la demanda
fueron presentadas el 25 de junio y el 8 de noviembre de 2018, respectivamente,
concluyó que el ejercicio de la acción fue oportuno.

Recurso de apelación

15. La entidad accionada interpuso recurso de apelación y sostuvo que la
contratación de la demandante se ajustó a lo previsto en el numeral 3 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993, en atención a la necesidad de reforzar la prestación del
servicio de salud ante la insuficiencia del personal de planta para atender la
demanda asistencial existente.

16. Señaló que la actora no estuvo sometida a continuada subordinación, pues
la relación existente con el supervisor contractual correspondía a un esquema de
coordinación orientado a garantizar la adecuada ejecución del objeto convenido.
En ese sentido, afirmó que el supervisor realizaba observaciones y
recomendaciones relacionadas con la prestación del servicio, sin impartir
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órdenes propias de una relación laboral. Asimismo, indicó que la demandante
percibió honorarios como contraprestación por los servicios prestados y no
salarios derivados de un vínculo legal y reglamentario.

17. Sostuvo que la demandante desarrollaba sus actividades en las
instalaciones de la ESE debido a que allí se encontraban los equipos, insumos y
demás elementos indispensables para la prestación del servicio. De igual
manera, alegó que la actora no estaba sujeta a una jornada laboral previamente
establecida, sino que cumplía las horas de disponibilidad pactadas
contractualmente, conforme a la programación concertada con el supervisor.

18. Finalmente, adujo que no se demostró que las funciones desarrolladas por
la demandante fueran idénticas a las desempeñadas por el personal de planta y
destacó que los contratos suscritos entre las partes tenían una duración
determinada, de conformidad con los términos expresamente pactados.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Por auto del 16 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

20. La demandante no se pronunció sobre la alzada y el Ministerio Público no
presentó concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por la parte demandada. Para tal efecto, se
analizará si la accionante acreditó la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, particularmente los elementos de remuneración y
continuada subordinación. En caso afirmativo, se establecerá si hay lugar a
ordenar el reconocimiento de los emolumentos legales causados.

Análisis del problema jurídico

23. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues, si bien es cierto
que las pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del
servicio, la remuneración y la continuada subordinación durante la ejecución de
los objetos contractuales, también lo es que hay lugar a hacer ajustes en el
acápite de restablecimiento del derecho.

1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos

4
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24. De acuerdo con la prueba documental recaudada4, la demandante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato u orden de prestación de Honorarios
Duración Objeto
servicios mensuales
3/8/2009 al «técnico (auxiliar de
07-7-20279-2009 del 24 de julio de 2009 $ 1.062.600
2/2/2010 enfermería)»
17/3/2010 al «técnico (auxiliar de
07-7-0010 del 15 de marzo de 2010 $ 1.062.600
18/12/2010 enfermería)»
20/12/2010 «técnico (auxiliar de
81-7-20899 del 29 de noviembre de 2010 $ 1.062.600
al 19/7/2011 enfermería»
8/8/2011 al «técnico (auxiliar de
81-7-20-608 del 14 de julio de 2011 $ 1.062.600
7/5/2012 enfermería)»
«técnico (auxiliar de
16/5/2012 al enfermería) por un
81-7-20266-12 del 15 de mayo de 2012 $ 1.096.284
15/11/2012 tiempo no inferior a 44
horas semanales»
«Auxiliar de enfermería
16/11/2012
81-7-201702-12 del 12 de noviembre de 2012 $ 1.096.284 por un tiempo no inferior
al 15/9/2013
a 44 horas semanales»
«técnico asistencial –
16/9/2013 al auxiliar de enfermería,
81-7-20939-13 $ 1.096.284
15/7/2014 por un tiempo no inferior
a 44 horas semanales»
«técnico asistencial –
auxiliar de enfermería,
21/7/2014 al
81-7-20380-14 del 19 de julio de 2014 $ 1.140.135 por un tiempo no inferior
20/10/2014
a 44 horas semanales –
190 horas mensuales»
«técnico asistencial –
auxiliar de enfermería,
23/10/2014
81-7-201013-14 del 23 de octubre de 2014 $ 1.140.135 por un tiempo no inferior
al 20/9/2015
a 44 horas semanales –
190 horas mensuales»
«técnico asistencial –
auxiliar de enfermería,
21/9/2015 al
81-7-20770-15 del 14 de septiembre de 2015 $ 1.140.135 por un tiempo no inferior
20/8/2016
a 44 horas semanales –
190 horas mensuales»
«técnico asistencial –
auxiliar de enfermería,
29/8/2016 al
81-7-20481-16 del 22 de agosto de 2016 $ 1.140.135 por un tiempo no inferior
28/6/2017
a 44 horas semanales –
190 horas mensuales»

25. En primera instancia se practicó la declaración de parte de la demandante
y los testimonios de los señores Carmen Maritza Rincón Téllez, Yansbleidy
Esneda Santana Gómez y Johnny Alexander Mojica González, de los cuales se
destaca lo siguiente:

i) La demandante manifestó que se desempeñó como auxiliar de enfermería
coordinadora del punto satélite de la Unidad Médica San Antonio entre junio de
2009 y junio de 2017. Explicó que sus funciones comprendían la elaboración de
informes dirigidos a la jefe de enfermeras y al jefe uniformado; la coordinación de
actividades del personal profesional; la gestión de agendas médicas; la atención
de funciones propias de auxiliar de odontología en ausencia de la persona
encargada; la consecución de vehículos en situaciones de urgencia médica o
psicológica; la toma de citologías; la realización de fisioterapias y otros
procedimientos; y, ocasionalmente, labores relacionadas con trabajo social.

4
Contratos; certificación del 6 de julio de 2018 expedida por el Grupo de Apoyo Administrativo y
Financiero de la Seccional Sanidad Bogotá – Cundinamarca de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional; certificación del 17 de enero de 2023 expedida por el Área Administrativa de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional; y certificación del 18 de enero de 2023 expedida por
el Área Administrativa Regional de Aseguramiento en Salud n.° 1 de la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional. Índice 2 de SAMAI.
5
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Indicó que la jefe de enfermeras y el jefe uniformado de la unidad le impartían
instrucciones sobre las actividades que debía desarrollar y le informaban el
horario que debía cumplir, el cual comprendía jornadas de 7:00 a. m. a 5:00 p.
m., de lunes a jueves, y de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. los viernes. Añadió que debía
prestar servicios durante un fin de semana cada quince días; que, pese a haber
sido contratada para cumplir cuarenta y ocho (48) horas mensuales, desarrollaba
jornadas superiores; que la entidad le suministraba elementos de trabajo, como
jeringas y papelería; y que durante aproximadamente un año trabajó
simultáneamente en otra institución, en horario nocturno.

ii) La señora Carmen Maritza Rincón Téllez relató que compartió labores diarias
con la demandante en la Unidad Médica San Antonio y que, por ello, conoció de
manera directa las actividades que esta desarrollaba como auxiliar de
enfermería. Señaló que la accionante realizaba procedimientos propios del
servicio, tomas de muestras para laboratorio clínico, actividades de archivo,
gestión de cobros y costos, asignación de citas médicas, atención al usuario,
toma de citologías, electrocardiogramas, glucometrías y pruebas rápidas, así
como seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas.

Expuso que el jefe uniformado actuaba como supervisor del contrato; que
existían controles de ingreso y salida, además de seguimiento a las actividades
diarias; que la demandante recibía directrices verbales y escritas; y que los
permisos requerían diligenciar un formato y compensar posteriormente el tiempo
correspondiente. Precisó que en una oportunidad ejerció funciones de jefe de
enfermería y, en tal condición, autorizó permisos solicitados por la actora. Añadió
que coexistía personal de planta que desarrollaba funciones similares; que el
horario ordinario comprendía jornadas de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a
jueves, y de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. los viernes, además de los turnos de fin de
semana asignados mediante rotación por el jefe uniformado; y que la entidad
suministraba los elementos necesarios para la prestación del servicio.

Asimismo, manifestó que realizó llamados de atención a la demandante cuando
esta se encontraba en una unidad distinta de aquella a la que había sido
asignada; que, en una ocasión, la entidad entregó uniforme, calzado, carné
institucional y escudo; que debían asistir a reuniones mensuales; y que la
accionante desempeñó otro empleo durante aproximadamente ocho meses o un
año.

iii) La señora Yansbleidy Esneda Santana Gómez indicó que trabajó como
auxiliar de odontología en la entidad demandada entre 2009 y 2015, período
durante el cual conoció a la actora, quien se desempeñaba como auxiliar de
enfermería coordinadora del punto satélite, aunque ocasionalmente también
desarrollaba labores de auxiliar de odontología. Señaló que el supervisor del
contrato era el jefe uniformado y que el control de ingreso y salida se efectuaba
inicialmente mediante registro en un cuaderno y, posteriormente, por parte del
uniformado encargado de la portería.

Precisó que no le constaba la existencia de llamados de atención dirigidos a la
demandante; que los permisos requerían diligenciar un formato y compensar
posteriormente las horas dejadas de laborar; y que la actora cumplía el horario
fijado por el oficial encargado de la unidad, correspondiente a jornadas de 7:00
a. m. a 5:00 p. m., de lunes a jueves, y de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. los viernes,
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además de turnos sabatinos cada quince días. Añadió que existía personal de
planta que desempeñaba las mismas funciones; que la entidad suministraba los
implementos de trabajo; que únicamente en una ocasión recibieron dotación de
uniforme; y que la demandante asistía a reuniones institucionales.

iv) El señor Johnny Alexander Mojica González manifestó que laboró como
médico en la Unidad Médica San Antonio y que compartió labores con la
demandante durante aproximadamente seis años. Indicó que la actora
desarrollaba funciones de enfermería relacionadas con el control, atención y
traslado de pacientes, al tiempo que coordinaba el funcionamiento del punto de
atención en sanidad.

Señaló que el supervisor del contrato era el jefe del grupo asistencial; que la
señora Nocobé Troncón debía presentar informes semanales y mensuales sobre
las actividades desarrolladas; y que, cuando requería ausentarse, debía solicitar
permiso por escrito y compensar posteriormente el tiempo correspondiente.

Añadió que coexistía personal de planta que desarrollaba funciones de auxiliar
de enfermería; que la accionante también realizaba actividades propias de
auxiliar de odontología; que habitualmente cumplía jornadas de 7:00 a. m. a 6:00
p. m. y, los viernes, hasta las 4:00 p. m., además de trabajar algunos sábados y
asistir a reuniones mensuales; y que utilizaba uniforme con el logo institucional,
portaba carné de identificación y desarrollaba sus funciones con los elementos
suministrados por la entidad demandada, la cual, en una ocasión, les proporcionó
dotación.

26. La entidad accionada tachó los testimonios rendidos por los señores
Carmen Maritza Rincón Téllez, Yansbleidy Esneda Santana Gómez y Johnny
Alexander Mojica González, al señalar que aquellos habían promovido demandas
con pretensiones similares en contra de la misma entidad.

27. Sobre el particular, resulta pertinente recordar que la existencia de
circunstancias que puedan afectar la imparcialidad del testigo no conduce, por sí
sola, a descartar su declaración. Para establecer la credibilidad del testimonio es
necesario verificar que el relato presente claridad respecto de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar; que las respuestas sean precisas y completas; y que el
declarante explique adecuadamente la forma en que tuvo conocimiento de los
hechos. Solo a partir de ese análisis es posible determinar si lo manifestado
resulta verosímil, se ajusta a las reglas de la experiencia y guarda coherencia con
los demás medios de prueba obrantes en el expediente. Por ello, su declaración
debe ser apreciada con mayor rigor y contrastada con el resto del material
probatorio.

28. En consecuencia, los testimonios cuestionados no deben excluirse del
acervo probatorio, como lo propuso la entidad accionada, sino valorarse con
especial cautela, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en conjunto
con las demás pruebas recaudadas. Además, la coincidencia existente entre los
distintos relatos y su correspondencia con la prueba documental constituyen
elementos relevantes para apreciar su credibilidad.

29. En esas condiciones, la prueba testimonial y documental —contratos,
informes de supervisión, certificaciones de cumplimiento e informes de procesos,
7
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02450-02 (4261-2023)
Demandante: Ángela María Nocobé Toncón

procedimientos, actividades y resultados— permite concluir que la demandante
prestó personalmente sus servicios como auxiliar de enfermería y, de manera
ocasional, como auxiliar de odontología en la entidad accionada entre el 3 de
agosto de 2009 y el 28 de junio de 2017, de forma discontinua.

30. En este punto vale la pena precisar que la palabra remuneración alude a
«aquello que se da o sirve para remunerar»5; y el verbo remunerar significa
retribuir, recompensar o pagar. Así las cosas, para el estudio de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios es indiferente la
denominación dada a la retribución del contratista, pues lo relevante es que este
haya devengado una contraprestación por los servicios prestados.

31. Por otra parte, en cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde
al poder jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la
actividad del trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en
que este debe desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e
instrucciones, someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria.
No se trata, por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o
verificación del servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la
que la autonomía del contratista queda comprometida por la sujeción constante
a la voluntad de quien requiere el servicio6.

32. Esta corporación7 ha considerado que las labores relacionadas con la
actividad de enfermería suelen llevar implícita la continuada subordinación, ya
que la parte contratante ejerce el control o dirección de la forma en que se
ejecutan las tareas, tesis que es consonante con las pruebas recaudadas en el
proceso, las cuales permiten entender con un alto grado de probabilidad que la
demandante carecía de autonomía para determinar la cantidad, el tiempo, el
modo y el lugar en que cumplía sus quehaceres. Adicionalmente, vale la pena
destacar que el ejercicio de tareas asistenciales de enfermería implica el
direccionamiento por parte de los médicos respecto de los cuidados que los
auxiliares de enfermería deben prestar al paciente para seguir el tratamiento
ordenado por los primeros8.

33. Si bien el cumplimiento de horarios y la ejecución de actividades en las
instalaciones de la entidad contratante no demuestran, por sí solos, la continuada
subordinación, en este caso dichos elementos no aparecen aislados. Por el
contrario, se integran con un conjunto de circunstancias que revelan una sujeción
efectiva de la demandante a la organización funcional de la Unidad Médica San
Antonio.

5
https://dle.rae.es/remuneraci%C3%B3n
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
7
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01
(3238-2019); 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9
de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de
2016, expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del
12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-2018).
8
Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de
Estado: Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2018, expediente 52001-23-31-000-2011-
00207-01 (0501-2017).
8
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34. En efecto, los testimonios fueron coincidentes en señalar que la actora
cumplía el horario fijado por el oficial encargado de la unidad, debía registrar su
ingreso y salida, asistir a reuniones mensuales, presentar informes semanales y
mensuales, solicitar permisos por escrito y reponer el tiempo no laborado.
También indicaron que recibía directrices verbales y escritas, que las actividades
eran objeto de seguimiento diario y que, incluso, se le hicieron llamados de
atención cuando se encontraba en una unidad distinta de aquella a la que había
sido asignada.

35. A ello se suma que la demandante no se limitaba a desarrollar una
actividad asistencial autónoma. Según la prueba testimonial, cumplía funciones
de auxiliar de enfermería coordinadora del punto satélite, manejaba agendas
médicas, apoyaba la gestión de citas, realizaba procedimientos clínicos, atendía
pacientes, efectuaba tomas de muestras, citologías, electrocardiogramas,
glucometrías y otras actividades propias del servicio. Dichas tareas se ejecutaban
bajo la dirección del jefe uniformado, de la jefe de enfermeras y del personal
médico, dentro de una estructura jerarquizada de prestación del servicio de salud.

36. En ese contexto, la entidad no ejercía únicamente facultades de
coordinación contractual. La forma en que se organizaban los horarios, se
autorizaban las ausencias, se exigía la compensación del tiempo, se controlaba
la asistencia y se impartían instrucciones sobre las actividades diarias demuestra
la existencia de un poder efectivo de dirección sobre el modo, el tiempo y el lugar
en que la demandante debía cumplir sus funciones.

37. Tampoco puede perderse de vista que la actora desarrollaba sus labores
con los elementos suministrados por la entidad, portaba uniforme y carné
institucional, asistía a reuniones obligatorias y coexistía con personal de planta
que cumplía funciones semejantes. Estos elementos, apreciados en conjunto con
los mecanismos de control antes descritos, permiten concluir que la demandante
estaba integrada a la organización ordinaria del servicio y no actuaba con la
autonomía propia de una contratista independiente.

38. Por tanto, la Sala considera demostrado que, entre el 3 de agosto de 2009
y el 28 de junio de 2017, de manera discontinua, la demandante prestó
personalmente sus servicios como auxiliar de enfermería bajo continuada
subordinación. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia
en cuanto declaró la nulidad del acto acusado y reconoció la desnaturalización
de los contratos de prestación de servicios celebrados durante ese período.

39. La entidad accionada también alegó que la contratación se ajustó al
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Al respecto, la Sala precisa que
dicha norma autoriza la celebración de contratos de prestación de servicios para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad, cuando no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. Sin embargo, esa habilitación no permite utilizar
la modalidad contractual para someter al contratista a condiciones propias de una
relación subordinada.

40. En esa medida, aunque la entidad podía acudir a contratos de prestación
de servicios para atender necesidades asistenciales específicas, la legalidad
formal de esa modalidad no impide aplicar el principio de primacía de la realidad
9
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cuando las pruebas demuestran que la ejecución del vínculo se desarrolló bajo
dirección, control y dependencia funcional. En el presente caso, la continuidad de
los contratos, la asignación de horarios, el control de asistencia, la exigencia de
permisos, la reposición del tiempo y la sujeción a instrucciones institucionales
desbordaron el ámbito de la simple coordinación contractual.

41. Por último, la Sala comparte la decisión del Tribunal de declarar no
probada la excepción de prescripción extintiva trienal. El vínculo inició el 3 de
agosto de 2009 y se mantuvo hasta el 28 de junio de 2017, sin interrupciones
superiores a treinta (30) días hábiles. En consecuencia, la demandante podía
reclamar sus derechos hasta el 28 de junio de 2020. Como la reclamación
administrativa fue presentada el 25 de junio de 2018 y la demanda el 8 de
noviembre del mismo año, el ejercicio de la acción fue oportuno.

2. El restablecimiento del derecho

42. El Tribunal condenó a la entidad accionada a pagarle a la demandante las
prestaciones sociales legales que dejó de percibir, —entre ellas, las cesantías,
los intereses a las cesantías, las primas y la compensación por las vacaciones—
liquidadas con base en los honorarios pactados en los contratos.

43. No obstante, la demandante no tiene derecho al pago de todas las
«prestaciones sociales» que podrían beneficiar a un funcionario de planta, ya que
el reconocimiento de la desnaturalización del contrato de prestación de servicios
no le otorga a aquella la condición de empleada pública, de modo que no es
posible aplicar el principio a igual trabajo, igual salario.

44. Esta Subsección ha considerado que en estos eventos la parte
demandante tiene derecho a las prestaciones mínimas del régimen general
consagradas exclusivamente en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, con base en
los honorarios pactados9.

45. Por consiguiente, la Sala modificará el fallo de primera instancia a fin de
ordenar a la entidad accionada que le pague a la actora el auxilio de transporte
—salvo por los años 2009 y 2010—10, el subsidio de alimentación, las cesantías,
los intereses sobre las cesantías, la prima de servicio, la prima de navidad, las
vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por servicios prestados
causados durante los siguientes períodos: 3 de agosto de 2009 al 2 de febrero
de 2010; 17 de marzo al 18 de diciembre de 2010; 20 de diciembre de 2010 al 19
de julio de 2011; 8 de agosto de 2011 al 7 de mayo de 2012; 16 de mayo de 2012
al 15 de julio de 2014; 21 de julio al 20 de octubre de 2014; 23 de octubre de
2014 al 20 de agosto de 2016; y 29 de agosto de 2016 al 28 de junio de 2017.

46. Los anteriores emolumentos se liquidan en los siguientes términos:

IP Dí Honor Auxilio Auxilio Subsidio Cesa
IPC Meses Total Subsidio
Año/co C as arios de de de Cesa ntías
inic compl honor de
ntrato fin po mensu transpor transpor alimentac ntías index
ial etos arios alimentac
al r ales te te ión adas

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
10
Durante los años 2009 y 2010 la demandante devengó remuneraciones mensuales superiores
a las que exige la ley para acceder a tal beneficio.
10
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añ por prome anuale indexad ión
o año dio s o indexado
por
año
2009
(CTO.
15 71, 15 1.062. 5.348. 488.3 1.087.
07-7- 4,94 0 0 199.635 444.626
8,9 35 1 600 420 09 557
20279-
2009)
2010
(CTO.
15 71, 1.062. 1.168. 99.25 220.0
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8,9 69 600 860 3 07
20279-
2009)
2010
(CTO. 15 72, 27 1.062. 9.811. 973.9 2.135.
9,07 0 0 373.874 819.934
07-7- 8,9 46 7 600 340 50 942
0010)
2010
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81-7- 8,9 45 600 0 3 8
20899)
2011
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81-7- 8,9 12 0 600 000 50 348
20899)
2011
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81-7-20- 8,9 39 6 600 320 13 14
608)
2012
(CTO. 15 76, 12 1.062. 4.533. 409.8 848.6
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81-7-20- 8,9 75 8 600 760 68 26
608)
2012
(CTO.
15 77, 18 1.096. 6.723. 631.6 1.292.
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20266-
12)
2012
(81-7- 15 77, 1.096. 1.680. 143.9 293.4
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12)
2013
(81-7- 15 78, 25 1.096. 9.428. 1.213.62 938.5 1.905.
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201702- 8,9 28 8 284 042 7 72 321
12)
2013
(CTO.
15 79, 10 1.096. 3.910. 348.3 694.3
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20939-
13)
2014
(CTO.
15 79, 19 1.096. 7.162. 680.4 1.352.
81-7- 6,48 466.560 927.343 308.130 612.445
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20939-
13)
2014
(CTO.
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91-7- 92 3 216.000 419.975 142.653 277.364
8,9 73 135 414 55 50
20380-
14)
2014
(CTO.
15 82, 1.140. 2.660. 231.0 446.9
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8,9 14 135 315 27 50
201013-
14)
2015
(CTO.
15 83, 26 1.140. 9.995. 1.225.52 999.5 1.913.
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8,9 00 3 135 184 2 84 781
201013-
14)
2015
(CTO.
15 86, 10 1.140. 3.876. 344.1 633.1
81-7- 3,35 247.900 455.999 166.719 306.672
8,9 39 2 135 459 99 36
20770-
15)
2016
(CTO.
15 89, 23 1.140. 8.855. 1.059.05 865.7 1.542.
81-7- 7,65 594.405 410.300 731.033
8,9 19 3 135 049 3 03 424
20770-
15)
2016
(CTO.
15 92, 12 1.140. 4.750. 428.5 734.4
81-7- 4,1 318.570 545.929 219.899 376.838
8,9 73 5 135 563 89 67
20481-
16)

11
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02450-02 (4261-2023)
Demandante: Ángela María Nocobé Toncón

2017
(CTO.
15 94, 17 1.140. 6.802. 638.9 1.079.
81-7- 5,9 490.526 828.633 337.805 570.644
8,9 07 9 135 806 49 361
20481-
16)
Auxilio de Subsidio de
Cesantías
transporte alimentación
TOTAL EMOLUMENTOS indexadas
indexado indexado
$ 10.379.576 $ 8.533.239 $ 19.298.820

Bonifica
Interese
Prima Bonifica ción por
s sobre Prima Prima
Vacacio Prima de ción por servicio
las Prima de Prima de
Vacacio nes de vacacio servicio s
cesantí de servicio de navidad
nes indexad vacacio nes s prestad
as servicio indexad navidad indexad
as nes indexad prestad os
indexad a a
a os indexad
as
a
1.031.98
54.740 263.738 587.395 463.359 273.151 608.358 273.151 608.358 218.719 487.128
7
2.420 49.004 108.624 94.945 210.458 51.072 113.207 51.072 113.207 46.932 104.030
1.213.50 1.973.83 1.279.12 1.279.12
197.219 553.336 900.032 583.258 583.258 401.574 880.681
5 4 7 7
309 17.548 37.965 34.678 75.025 18.026 39.000 18.026 39.000 17.267 37.358
1.370.16 1.083.65 1.083.65
96.357 373.261 800.254 639.084 505.444 505.444 292.658 627.445
8 0 0
48.502 253.166 533.633 448.563 945.499 325.971 687.094 325.971 687.094 211.192 445.158
36.208 220.292 456.112 394.750 817.325 279.511 578.724 279.511 578.724 187.283 387.768
1.213.90
79.279 342.589 701.014 593.241 465.725 952.979 465.725 952.979 274.071 560.812
7
4.499 73.829 150.450 141.237 287.818 81.724 166.539 81.724 166.539 69.431 141.489
1.064.17 1.774.25 1.572.54 1.572.54
163.858 524.219 874.007 774.644 774.644 387.354 786.336
5 2 3 3
24.764 184.371 367.469 335.593 668.871 228.237 454.900 228.237 454.900 160.788 320.467
1.283.67 1.042.63 1.042.63
88.362 375.916 747.177 645.835 524.563 524.563 295.997 588.328
2 1 1
18.380 160.331 311.737 295.400 574.355 194.737 378.632 194.737 378.632 142.517 277.100
10.429 119.168 230.545 223.187 431.783 124.883 241.602 124.883 241.602 108.788 210.464
1.070.30 1.781.31 1.602.60 1.602.60
167.775 559.027 930.393 837.052 837.052 410.924 786.746
2 0 1 1
21.527 181.358 333.598 331.427 609.642 224.277 412.546 224.277 412.546 159.144 292.737
1.442.61 1.277.15 1.277.15
119.795 479.258 853.894 809.684 716.819 716.819 363.418 647.503
6 8 8
30.603 228.047 390.800 410.056 702.707 297.542 509.892 297.542 509.892 194.773 333.780
1.025.29
64.402 349.186 589.871 606.943 502.423 848.731 502.423 848.731 280.283 473.475
2
Bonificación por
Intereses sobre Prima de Prima de Prima de
Vacaciones servicios
las cesantías servicio navidad vacaciones
indexadas prestados
indexadas indexada indexada indexada
indexada
$ 1.229.425 $ 10.548.522 $ 18.220.523 $ 13.849.915 $ 13.849.915 $ 8.388.803
$ 104.298.738

47. Adicionalmente, de conformidad con la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978
de 1989, y teniendo en cuenta que la demandante devengó remuneraciones
mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales entre el 1.°
de enero de 2011 y el 28 de junio de 2017, la Sala ordenará a la entidad
accionada reconocer y pagar a favor de aquella la compensación en dinero
correspondiente a diecinueve (19) dotaciones de vestido y calzado causadas en
las siguientes fechas: 30 de abril de 2011, 30 de agosto de 2011, 30 de diciembre
de 2011, 30 de abril de 2012, 30 de agosto de 2012, 30 de diciembre de 2012,
30 de abril de 2013, 30 de agosto de 2013, 30 de diciembre de 2013, 30 de abril
de 2014, 30 de agosto de 2014, 30 de diciembre de 2014, 30 de abril de 2015,
30 de agosto de 2015, 30 de diciembre de 2015, 30 de abril de 2016, 30 de agosto
de 2016, 30 de diciembre de 2016 y 30 de abril de 2017, teniendo en cuenta el
valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la
adquisición de cada dotación, de manera indexada.

48. Finalmente, se revocará el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en el cual se ordenó indexar las sumas que
resulten de la condena, toda vez que la liquidación realizada previamente

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Demandante: Ángela María Nocobé Toncón

contiene los respectivos ajustes de valor y el pago de las dotaciones de vestido
y calzado se ordenará de manera actualizada.

La condena en costas de segunda instancia

49. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

50. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

52. En este contexto, no hay lugar a condena en costas en segunda instancia.
En efecto, se modifican aspectos de la sentencia de primera instancia en lo
relativo a los emolumentos que se deben reconocer a favor de la demandante,
de modo que no puede considerarse que alguna de las partes haya resultado
vencida en esta etapa procesal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
del 10 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el cual quedará así:

Cuarto.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación (Ministerio de Defensa,
Policía Nacional) a pagar ciento cuatro millones doscientos noventa y ocho mil
setecientos treinta y ocho pesos ($ 104.298.738 COP) a favor de la señora Ángela
María Nocobé Toncón, por concepto de los emolumentos incluidos en la
liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron
en los siguientes períodos: 3 de agosto de 2009 al 2 de febrero de 2010; 17 de
marzo al 18 de diciembre de 2010; 20 de diciembre de 2010 al 19 de julio de 2011;
8 de agosto de 2011 al 7 de mayo de 2012; 16 de mayo de 2012 al 15 de julio de
2014; 21 de julio al 20 de octubre de 2014; 23 de octubre de 2014 al 20 de agosto
de 2016; y 29 de agosto de 2016 al 28 de junio de 2017.

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Demandante: Ángela María Nocobé Toncón

Adicionalmente, la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) deberá pagarle
a la señora Ángela María Nocobé Toncón el valor equivalente a diecinueve (19)
dotaciones de vestido y calzado causadas en las siguientes fechas: 30 de abril de
2011, 30 de agosto de 2011, 30 de diciembre de 2011, 30 de abril de 2012, 30 de
agosto de 2012, 30 de diciembre de 2012, 30 de abril de 2013, 30 de agosto de
2013, 30 de diciembre de 2013, 30 de abril de 2014, 30 de agosto de 2014, 30 de
diciembre de 2014, 30 de abril de 2015, 30 de agosto de 2015, 30 de diciembre de
2015, 30 de abril de 2016, 30 de agosto de 2016, 30 de diciembre de 2016 y 30 de
abril de 2017. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido
por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la
respectiva dotación, el cual deberá ser indexado hasta la fecha de ejecutoria de
esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia
del 10 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por las razones esbozadas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 10 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.

CUARTO. Sin condena en costas de segunda instancia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC

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