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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2021-00529-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00529-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00529-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, el cual quedará así: TERCERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre la señora Rosina Isabel Cervantes Rojano y el municipio de Galapa (Atlántico), durante los siguientes períodos: 5 al 31 de diciembre de 2013; 2 de enero al 30 de junio de 2014; 16 de julio al 30 de diciembre de 2014; 16 de enero al 15 de septiembre de 2015; 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; 4 de enero al 3 de abril de 2016; 5 de abril al 19 de agosto de 2016; 22 de agosto al 30 de diciembre de 2016; 4 de julio al 30 de septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2 de enero al 30 de junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero al 30 de mayo de 2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al 30 de diciembre de 2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30 de abril de 2020; y 22 de mayo al 30 de diciembre de 2020. SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, el cual quedará así: CUARTO: CONDENAR al municipio de Galapa (Atlántico) a pagar cuarenta y un millones trescientos noventa y cuatro mil ciento ocho pesos ($ 41.394.108 COP) a favor de la señora Rosina Isabel Cervantes Rojano por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron en los siguientes períodos: 4 de julio al 30 de septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2 de enero al 30 de junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero al 30 de mayo de 2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al 30 de diciembre de 14 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 08001-23-33-000-2021-00529-01 (4366-2023) Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano 2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30 de abril de 2020; y 22 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00529-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00529-01 (4366-2023)
Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano
Demandado: Municipio de Galapa (Atlántico)

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios —
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 19 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad del acto
ficto derivado del silencio administrativo negativo frente a la petición radicada el
26 de abril de 2021, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral entre el 5 de diciembre de 2013 y el 31 de enero de 2021,
período durante el cual se desempeñó como aseadora o auxiliar de servicios
generales, así como el pago de las prestaciones sociales y demás acreencias
que consideró causadas durante ese lapso.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios celebrados con la
entidad demandada; (ii) reconocer y pagar las prestaciones sociales1 previstas
en el Decreto 1919 de 2002, así como las indemnizaciones por despido injusto y
por la falta de consignación oportuna de las cesantías y los intereses moratorios
derivados de la falta de pago de las demás acreencias laborales; (iii) efectuar los
aportes al sistema de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales y
reintegrar los valores asumidos por la demandante por tales conceptos, así como
los descontados por estampillas; (iv) declarar que la prestación del servicio se
desarrolló sin solución de continuidad; (v) indexar las sumas reconocidas; (vi) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de ley; (vii) condenar en costas a la

1
Cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicio, prima de navidad, bonificación por
servicios prestados, bonificación especial de recreación, auxilio de transporte, vacaciones, prima
de vacaciones, dotación de vestido y calzado.

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Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano

entidad demandada; y (viii) fijar los honorarios profesionales y agencias en
derecho en un veinte por ciento (20 %) de la condena.

3. Como concepto de violación, sostuvo que el acto acusado desconoció las
normas superiores2 en que debía fundarse, pues, aunque formalmente estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios, en la práctica ejecutó
sus actividades de manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio
de una remuneración, circunstancias que —a su juicio— evidencian la
desnaturalización de dichos contratos y la existencia material de una relación de
naturaleza laboral.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
demandante no ejecutó sus actividades bajo continuada subordinación ni en
condiciones propias de una relación laboral. Por el contrario, afirmó que cumplió
de manera satisfactoria, autónoma e independiente las obligaciones pactadas en
los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes.

5. Señaló que la accionante desarrolló labores de auxiliar de servicios en
distintas dependencias de la Alcaldía Municipal de Galapa (Atlántico), por las
cuales recibió los honorarios convenidos y no una remuneración de naturaleza
salarial. Agregó que los contratos no fueron continuos y que la demandante no
estaba sometida a jefes inmediatos, sino al seguimiento propio de los
supervisores contractuales.

6. Afirmó que la demandante no se encontraba sujeta al cumplimiento de
horarios, pues únicamente debía coordinar con el supervisor los períodos dentro
de los cuales desarrollaría las actividades contratadas.

7. Propuso las excepciones de caducidad, ineptitud de la demanda,
prescripción, inexistencia de la relación laboral, cobro de lo no debido,
inexistencia de la obligación y buena fe.

Decisión de las excepciones previas

8. Por auto del 3 de junio de 2022, el Tribunal declaró no probadas las
excepciones de caducidad e ineptitud de la demanda: la primera, porque cuando
se reclaman prestaciones periódicas y cuando se demandan actos fictos no se
exige el cumplimiento del término de caducidad; y la segunda, porque existe
claridad sobre los hechos relatados por la actora.

Sentencia apelada

2
Preámbulo y artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 53, 123, 125 y 315 de la Constitución Política; 1, 2, 3,
5, 6 y 9 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 11, 13, 14, 21, 23, 39, 45, 47,
64.2, 64.3, 65, 186, 189 y 193 de la Ley 50 de 1990; 11 de la Ley 6.ª de 1945; 137 y 138 de la
Ley 1437 de 2011; 1 y 10 del Decreto 2726 de 19445; 1 del Decreto 797 de 1949; 291, 293, 294,
295 y 296 del Decreto 1333 de 1986; las Leyes 64 de 1946, 70 de 1988, 80 de 1993, 100 de
1993, 244 de 1995, 344 de 1996 y 1071 de 2006; y los Decretos 2127 de 1945, 3135 de 1968,
1045 de 1978 y 1978 de 1989.
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Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano

9. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y concluyó que se
desnaturalizaron los contratos de prestación de servicios celebrados entre la
demandante y la entidad accionada durante el período comprendido entre el 4 de
julio de 2017 y el 30 de diciembre de 2020.

10. Adicionalmente, (i) declaró no probadas las excepciones de inexistencia
de la relación laboral y cobro de lo no debido; (ii) condenó a la entidad accionada
a reconocer y pagar a la demandante las prestaciones sociales causadas durante
el período mencionado, liquidadas con base en los honorarios pactados en los
contratos; (iii) ordenó cotizar al respectivo fondo de pensiones las diferencias
existentes entre los aportes que debió asumir la entidad como empleadora y los
efectuados por la contratista, quien deberá completar el porcentaje que le
corresponda; (iv) dispuso indexar las sumas reconocidas; (v) ordenó dar
cumplimiento a la sentencia en el término de ley; (vi) declaró que el tiempo de
servicio comprendido entre el 5 de diciembre de 2013 y el 30 de diciembre de
2016 debía computarse para efectos pensionales; (vii) negó las demás
pretensiones; y (viii) decidió no imponer condena en costas al no encontrarlas
causadas ni probadas.

11. Para sustentar su decisión, determinó que la demandante prestó
personalmente servicios de aseo, limpieza de oficinas y lavado de baños y vidrios
para la entidad accionada, actividades por las cuales recibió la remuneración
convenida.

12. Concluyó que la continuada subordinación también estaba acreditada,
pues la demandante cumplía horarios, recibía instrucciones de un superior, debía
ejecutar sus labores en los lugares que este le asignaba y rendir cuentas sobre
las actividades desarrolladas.

13. Así mismo, consideró que la demandante carecía de autonomía e
independencia en la ejecución de los contratos, debido a que las actividades
desarrolladas estaban sujetas a dirección y control respecto del tiempo, el modo
y el lugar de prestación del servicio. Agregó que la prolongada contratación de la
actora evidenciaba la intención de atender necesidades permanentes de la
entidad.

14. Precisó que la prestación del servicio se desarrolló de manera discontinua
entre el 5 de diciembre de 2013 y el 30 de diciembre de 2020. Sin embargo, solo
reconoció la desnaturalización de los contratos celebrados entre el 4 de julio de
2017 y el 30 de diciembre de 2020, por cuanto entre el 30 de diciembre de 2016
y el 4 de julio de 2017 existió una interrupción superior a treinta (30) días hábiles.

15. Explicó que no se configuró la prescripción extintiva respecto de las
acreencias derivadas del período comprendido entre el 4 de julio de 2017 y el 30
de diciembre de 2020, toda vez que la reclamación administrativa se presentó el
26 de abril de 2021.

16. Finalmente, indicó que la demandante tenía derecho al reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales ordinarias causadas durante el período
referido, así como a que la entidad efectuara los aportes pensionales que le

3
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correspondían como empleadora, en los términos establecidos por la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado.

Recurso de apelación

17. La entidad accionada interpuso recurso de apelación y sostuvo que no se
acreditó la continuada subordinación, pues no existe prueba de que la
demandante estuviera sometida a órdenes de obligatorio cumplimiento
impartidas por un superior, a horarios impuestos por la entidad o a llamados de
atención derivados de incumplimientos en la ejecución de sus actividades. Por el
contrario, afirmó que los contratos se desarrollaron con autonomía e
independencia.

18. Señaló que las señoras Claudia Milena Ibarra Meza y Mildred del Socorro
Ahumada Ordóñez habían promovido demandas contra la entidad accionada con
pretensiones similares a las formuladas en este proceso y que, además,
compartían el mismo apoderado judicial de la demandante. Con fundamento en
ello, cuestionó la credibilidad y objetividad de sus declaraciones.

19. Así mismo, adujo que los testimonios practicados no desvirtúan la
naturaleza de los contratos de prestación de servicios. Añadió que, aun si se
admitiera la existencia de horarios o de mecanismos de organización del servicio,
tales circunstancias no constituyen prueba suficiente de la continuada
subordinación ni permiten, por sí solas, concluir la desnaturalización de los
contratos.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Por auto del 16 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

21. La demandante se pronunció sobre la alzada de manera extemporánea3.

22. Por otro lado, el Ministerio Público no presentó concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por la parte demandada. Para tal efecto, se
analizará si la accionante acreditó la desnaturalización de los contratos de

3
El auto admisorio del recurso de apelación fue notificado mediante correo electrónico enviado el 14 de
diciembre de 2023. Así pues, el término de ejecutoria de dicha providencia venció el 12 de enero de 2024;
sin embargo, el memorial fue radicado el 27 de enero de 2024 (índice 8 de SAMAI).
4
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prestación de servicios, particularmente el elemento de la continuada
subordinación. En caso afirmativo, se establecerá si hay lugar a ordenar el
reconocimiento de los emolumentos legales causados.

Análisis del problema jurídico

25. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues, si bien es cierto
que las pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del
servicio, la remuneración y la continuada subordinación durante la ejecución de
los objetos contractuales, también lo es que hay lugar a hacer ajustes en el
acápite de restablecimiento del derecho.

1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos

26. De acuerdo con la prueba documental recaudada4, la demandante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato u orden de
Duración Honorarios Objeto
prestación de servicios
Apoyo logístico y de mantenimiento en
Se certificó, mas no se 5/12/2013 al
$ 900.000 las instalaciones de la Casa de la
aportó el contrato 31/12/2013
Cultura
Apoyo logístico y mantenimiento en las
Se certificó, mas no se 2/1/2014 al
$ 4.800.000 aulas de las instalaciones de la Casa de
aportó el contrato 30/6/2014
la Cultura
Se certificó, mas no se 16/7/2014 al Servicio de aseo en las instalaciones de
$ 2.400.000
aportó el contrato 30/9/2014 la Casa de la Cultura
Se certificó, mas no se 1/10/2014 al Servicio de aseo en las instalaciones de
$ 2.400.000
aportó el contrato 30/12/2014 la Casa de la Cultura
Contrato sin número $ 2.700.000 Servicios de apoyo en aseo y
16/1/2015 al
celebrado el 16 de enero ($ 900.000 mantenimiento de las instalaciones de la
15/4/2015
de 2015 mensuales) Casa de la Cultura
Contrato sin número $ 4.500.000
16/4/2015 al Apoyo en aseo y mantenimiento de las
celebrado el 16 de abril ($ 900.000
15/9/2015 instalaciones de la Casa de la Cultura
de 2015 mensuales)
Contrato sin número $ 3.150.000 Apoyo a la gestión para participar en las
17/9/2015 al
celebrado el 17 de ($ 900.000 diferentes labores como auxiliares de
31/12/2015
septiembre de 2015 mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 2.889.000 Apoyo a la gestión en el área de aseo en
040 del 4 de enero de 4/1/2016 al
($ 963.000 las instalaciones de la Alcaldía
2016 3/4/2016
mensuales) Municipal de Galapa
108 del 5 de abril de Apoyo a la gestión para el área de aseo,
$ 4.333.500
2016, más adición y 5/4/2016 al a fin de suplir la necesidad de servicio
($ 963.000
prórroga del 27 de junio 19/8/2016 para aseo en las instalaciones del
mensuales)
de 2016 Palacio Municipal
Apoyo a la gestión para el área de aseo,
$ 2.889.000
268 del 22 de agosto de 22/8/2016 al a fin de suplir la necesidad de servicio
($ 963.000
2016 21/11/2016 para aseo en las instalaciones del
mensuales)
Palacio Municipal
Apoyo a la gestión para el área de aseo,
$ 1.219.800
410 del 22 de noviembre 22/11/2016 al a fin de suplir la necesidad de apoyo al
($ 963.000
de 2016 30/12/2016 servicio de aseo en las instalaciones del
mensuales)
Palacio Municipal
6 meses desde el
perfeccionamiento Apoyo a la gestión para el área de aseo,
$ 6.298.020
004 del 2 de enero de y legalización del a fin de suplir la necesidad de apoyo al
($ 1.049.670
2017 contrato servicio de aseo en las instalaciones del
mensuales)
(2/1/2017 al Palacio Municipal
1/7/2017)
$ 3.044.043 Apoyo a la gestión para participar en las
232 del 4 de julio de 4/7/2017 al
($ 1.049.670 diferentes labores como auxiliares de
2017 30/9/2017
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 3.114.021 Apoyo a la gestión para participar en las
361 del 2 de octubre de 2/10/2017 al
($ 1.049.670 diferentes labores como auxiliares de
2017 30/12/2017
mensuales) servicio en una instalación del municipio

4
Contratos y certificación del 27 de enero de 2021 expedida por la Secretaría General de la
Alcaldía Municipal de Galapa (Atlántico). Anexos de la demanda. Índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano

$ 6.576.183 Apoyo a la gestión para participar en las
086 del 2 de enero de 2/1/2018 al
($ 1.102.154 diferentes labores como auxiliares de
2018 30/6/2018
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 3.232.985 Apoyo a la gestión para participar en las
290 del 3 de julio de 3/7/2018 al
($ 1.102.154 diferentes labores como auxiliares de
2018 30/9/2018
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 3.306.462 Apoyo a la gestión para participar en las
Se certificó, mas no se 1/10/2018 al
($ 1.102.154 diferentes labores como auxiliares de
aportó el contrato 30/12/2018
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 5.857.214 Apoyo a la gestión para participar en las
112 del 2 de enero de 2/1/2019 al
($ 1.179.304 diferentes labores como auxiliares de
2019 30/5/2019
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 5.778.590 Apoyo a la gestión para participar en las
347 del 4 de junio de 4/6/2019 al
($ 1.179.304 diferentes labores como auxiliares de
2019 30/10/2019
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 2.358.608 Apoyo a la gestión para participar en las
498 del 1.° de noviembre 1/11/2019 al
($ 1.179.304 diferentes labores como auxiliares de
de 2019 30/12/2019
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 2.500.124 Apoyo a la gestión para participar en las
011 del 2 de enero de 2/1/2020 al
($ 1.250.062 diferentes labores como auxiliares de
2020 29/2/2020
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 2.500.124 Apoyo a la gestión para participar en las
109 del 2 de marzo de 2/3/2020 al
($ 1.250.062 diferentes labores como auxiliares de
2020 30/4/2020
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 2.500.124 Apoyo a la gestión para participar en las
257 del 22 de mayo de 22/5/2020 al
($ 1.250.062 diferentes labores como auxiliares de
2020 30/6/2020
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 3.750.186 Apoyo a la gestión para participar en las
337 del 1.° de julio de 1/7/2020 al
($ 1.250.062 diferentes labores como auxiliares de
2020 30/9/2020
mensuales) servicio en una instalación del municipio
$ 3.750.186 Apoyo a la gestión para participar en las
397 del 1.° de octubre de 1/10/2020 al
($ 1.250.062 diferentes labores como auxiliares de
2020 30/12/2020
mensuales) servicio en una instalación del municipio
27 días desde el
Apoyo a la gestión para participar en las
049 del 4 de enero de acta de inicio
$ 1.300.000 diferentes labores como auxiliares de
2021 (4/1/2021 al
servicio en una instalación del municipio
31/1/2021)

27. En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Claudia
Milena Ibarra Meza y Mildred del Socorro Ahumada Ordóñez, de los cuales se
destaca lo siguiente:

• La señora Claudia Milena Ibarra Meza relató que la demandante se
desempeñó como aseadora en la Casa de la Cultura de Galapa desde el
5 de diciembre de 2013 hasta 2015 o 2016, momento en el cual fue
trasladada a la Alcaldía Municipal, donde continuó desarrollando las
mismas labores hasta el 31 de enero de 2021. Señaló que Isabel Acosta
era su supervisora y jefe inmediata, le impartía instrucciones, fijaba el
horario de trabajo —de 6:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 o 5:00
p. m.—, certificaba el cumplimiento de las actividades para efectos del
cobro de honorarios y, en algunas ocasiones, le ordenaba desplazarse a
otras dependencias para realizar labores de aseo. Agregó que, cuando la
demandante necesitaba ausentarse, debía conseguir una persona que la
reemplazara.

Asimismo, manifestó que promovió una demanda contra la entidad
accionada con pretensiones similares a las formuladas en este proceso,
dentro de la cual la demandante actúa como testigo.

• La señora Mildred del Socorro Ahumada Ordóñez indicó que fue
compañera de trabajo de la demandante entre el 5 de diciembre de 2013
y el 31 de enero de 2021. Explicó que ambas desarrollaban labores de
aseo, inicialmente en la Casa de la Cultura y posteriormente en la Alcaldía
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Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano

Municipal, bajo un horario de 6:00 a. m. a 12:00 m., aunque en la práctica
iniciaban sus actividades desde las 5:00 a. m.

Precisó que sus funciones comprendían el aseo de oficinas, salas de
juntas y despachos, así como el riego de plantas, la limpieza de vidrios y
el lavado de baños y escaleras. Añadió que también les ordenaban realizar
labores de aseo en el polideportivo, los comedores, «Frutos de la
Esperanza» y sectores cercanos a la Registraduría. Igualmente, afirmó
que debían trabajar durante las festividades de carnaval, que en época de
pandemia prestaron servicios los sábados y domingos y que, durante los
procesos electorales, eran destinadas a realizar labores de aseo en los
colegios.

Manifestó que las órdenes provenían del alcalde, aunque era la secretaria
general, Isabel Acosta, quien habitualmente las orientaba e indicaba los
lugares en los que debían prestar sus servicios, sin perjuicio de que otras
personas les impartieran instrucciones cuando aquella no se encontraba
presente. Señaló que la Alcaldía les suministraba los elementos de
trabajo, aunque en ocasiones debían adquirir algunos insumos con sus
propios recursos cuando se agotaban.

Finalmente, indicó que cuando se enfermaban debían informar
previamente a la señora Isabel Acosta, quien conseguía una persona para
reemplazarlas, aunque ellas debían asumir el pago correspondiente; que
no podían ausentarse sin autorización porque eran objeto de reproches; y
que la demandante no tenía autonomía para decidir el lugar donde
desarrollaría sus labores. También precisó que promovió una demanda
contra la entidad accionada por hechos similares a los discutidos en este
proceso.

28. En el recurso de apelación, el municipio de Galapa cuestionó la
credibilidad de las señoras Claudia Milena Ibarra Meza y Mildred del Socorro
Ahumada Ordóñez, debido a que ambas promovieron demandas contra la
entidad accionada con pretensiones similares a las formuladas en este proceso.
Al respecto, si bien no se formuló tacha de los testimonios durante la práctica de
la prueba, la entidad sí expuso tales reparos en los alegatos de conclusión de
primera instancia.

29. Sobre el particular, resulta pertinente recordar que la existencia de
circunstancias que puedan afectar la imparcialidad de un testigo no conduce, por
sí sola, a descartar su declaración. Para establecer su credibilidad, es necesario
verificar que el relato sea claro respecto de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, que las respuestas sean precisas y completas y que el declarante explique
adecuadamente la forma en que conoció los hechos. Solo a partir de ese análisis
es posible determinar si lo manifestado resulta creíble, se ajusta a las reglas de
la experiencia y guarda coherencia con los demás medios de prueba obrantes en
el expediente. Por ello, este tipo de declaraciones debe apreciarse con mayor
rigor y contrastarse con el resto del material probatorio.

30. En consecuencia, los testimonios cuestionados no deben excluirse del
acervo probatorio, como lo propuso la entidad accionada, sino valorarse con
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Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano

especial cautela, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en conjunto
con las demás pruebas recaudadas.

31. En esas condiciones, la prueba testimonial y documental —
particularmente los contratos aportados al proceso y la certificación del 27 de
enero de 2021—, valorada en conjunto, permite concluir que la demandante
prestó personalmente sus servicios como aseadora o auxiliar de servicios
generales para la entidad accionada entre el 5 de diciembre de 2013 y el 31 de
enero de 2021, de manera discontinua.

32. Ahora bien, la Sala advierte que el Tribunal no incluyó dentro de los
períodos reconocidos los correspondientes a los contratos 004 del 2 de enero de
2017 —ejecutado entre el 2 de enero y el 1.º de julio de 2017— y 049 del 4 de
enero de 2021 —ejecutado entre el 4 y el 31 de enero de 2021—. Aunque tales
contratos no fueron relacionados en la certificación del 27 de enero de 2021, sí
obran en el expediente. No obstante, esa decisión no podrá modificarse, pues la
parte demandante no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y, por ende, cualquier modificación en ese sentido
desconocería el principio de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 328
del Código General del Proceso.

33. Por lo anterior, el análisis se desarrollará a partir de los períodos
reconocidos por el Tribunal, de modo que se tendrá por acreditada la prestación
personal del servicio entre el 5 de diciembre de 2013 y el 30 de diciembre de
2020, de manera discontinua, con exclusión de los lapsos respecto de los cuales
no se efectuó reconocimiento en la sentencia apelada.

34. A su turno, los contratos aportados al proceso, las órdenes de pago y las
certificaciones bancarias demuestran que la demandante recibió los honorarios
pactados por la ejecución de las actividades contratadas. En consecuencia, el
elemento de la remuneración también se encuentra acreditado.

35. Por otra parte, en cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde
al poder jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la
actividad del trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en
que este debe desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e
instrucciones, someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria.
No se trata, por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o
verificación del servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la
que la autonomía del contratista queda comprometida por la sujeción constante
a la voluntad de quien requiere el servicio5.

36. De manera reciente, esta corporación6 ha considerado que el desarrollo
de actividades propias de los aseadores o auxiliares de servicios generales
conlleva por lo general la observancia de órdenes que determinan el modo en
que se deben ejecutar las tareas, así como el tiempo, el lugar y la cantidad del
trabajo. Tal conclusión resulta consistente con las declaraciones de Claudia

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de febrero de 2026, expediente 52001-23-33-000-2017-00342-01 (6155-2019).
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Milena Ibarra Meza y Mildred del Socorro Ahumada Ordóñez. Ambas relataron
que la demandante no decidía autónomamente el lugar donde prestaba el
servicio, pues, aunque en principio desarrollaba sus actividades en la Casa de la
Cultura y en la Alcaldía Municipal de Galapa, también era enviada a otros
espacios —como el polideportivo, comedores, colegios o sectores cercanos a la
Registraduría— por indicación de la señora Isabel Acosta, secretaria general de
la Alcaldía, o de quienes asumían esa función en su ausencia.

37. Si bien el cumplimiento de horarios y la prestación del servicio en
instalaciones de la entidad no demuestran, por sí solos, la continuada
subordinación, en este caso tales elementos adquieren especial fuerza
demostrativa al valorarse junto con la naturaleza de las labores ejecutadas y con
los demás hechos relatados por las testigos. Las actividades de aseo y servicios
generales no consistían en la entrega autónoma de un resultado técnico, sino en
la ejecución cotidiana de tareas materiales definidas por la entidad según las
necesidades de sus dependencias.

38. En efecto, las testigos señalaron que la demandante cumplía jornadas
fijadas por la administración, recibía instrucciones sobre los lugares que debía
limpiar, no podía ausentarse libremente, debía informar o gestionar reemplazos
cuando no podía asistir y estaba sujeta a reproches si incumplía las indicaciones
impartidas. Estos elementos permiten advertir que la entidad no se limitaba a
verificar el resultado de una actividad contratada, sino que dirigía de manera
concreta el tiempo, el lugar y la forma en que debía prestarse el servicio.

39. La subordinación se aprecia con mayor claridad si se tiene en cuenta que
las tareas variaban según las necesidades de la Alcaldía. La demandante no
escogía las dependencias en las que debía trabajar, ni definía la oportunidad en
que debía cumplir sus labores. Por el contrario, era ubicada en distintos espacios
institucionales y debía atender instrucciones específicas sobre la prestación del
servicio, incluso en jornadas asociadas a carnavales, elecciones o actividades
extraordinarias, según lo relató la testigo Mildred del Socorro Ahumada Ordóñez.

40. Tampoco desvirtúa la conclusión anterior el hecho de que las declarantes
hubieran promovido demandas similares contra la entidad. Sus testimonios
fueron valorados con especial rigor, pero resultan coherentes entre sí y guardan
correspondencia con la prueba documental que acredita la prestación personal
del servicio, los pagos efectuados y la vinculación sucesiva de la demandante
mediante contratos de prestación de servicios. Además, ambas explicaron la
razón de su conocimiento: compartieron espacios de trabajo con la actora y
presenciaron directamente las condiciones en que esta desarrollaba sus
actividades.

41. En esas condiciones, la Sala considera que la demandante cumplió con la
carga de acreditar la continuada subordinación. La entidad ejerció un control
efectivo sobre la forma, el tiempo y el lugar de prestación del servicio, pues
definía las dependencias en las que debía trabajar, organizaba sus jornadas,
condicionaba sus ausencias y le impartía instrucciones sobre las tareas de aseo
que debía ejecutar. Por tanto, no se trató de una simple coordinación contractual,
sino de una sujeción material incompatible con la autonomía propia de los
contratos de prestación de servicios.
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42. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
declaró la nulidad del acto acusado y reconoció la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios celebrados entre la demandante y la entidad
accionada durante los períodos definidos por el Tribunal.

2. El restablecimiento del derecho

43. El Tribunal consideró que la prestación del servicio tuvo una interrupción
de más de treinta (30) días desde el 31 de diciembre de 2016 hasta el 3 de julio
de 2017 —a pesar de que se aportaron los contratos que respaldan este período,
como se expuso previamente—, y con base en esa premisa (i) declaró la
existencia del vínculo laboral desde el 4 de julio de 2017 hasta el 30 de diciembre
de 2020; (ii) condenó a la entidad accionada al pago de las prestaciones sociales
y las diferencias en los aportes pensionales causados durante ese período.

44. Frente a lo primero, la Sala considera que el Tribunal erró al declarar la
existencia del vínculo laboral desde el 4 de julio de 2017 hasta el 30 de diciembre
de 2020, de manera ininterrumpida, pues la demandante demostró la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación entre el 5 de diciembre
de 2013 y el 30 de diciembre de 2020, de manera discontinua, de tal manera que
desde esta primera fecha debía reconocerse la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios.

45. Así pues, la Sala modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, a fin de declarar la existencia de la relación
laboral durante los períodos en que se acreditó la prestación efectiva del servicio,
de manera remunerada y bajo continuada subordinación, a saber: 5 al 31 de
diciembre de 2013; 2 de enero al 30 de junio de 2014; 16 de julio al 30 de
diciembre de 2014; 16 de enero al 15 de septiembre de 2015; 17 de septiembre
al 31 de diciembre de 2015; 4 de enero al 3 de abril de 2016; 5 de abril al 19 de
agosto de 2016; 22 de agosto al 30 de diciembre de 2016; 4 de julio al 30 de
septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2 de enero al 30
de junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero al 30 de mayo
de 2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al 30 de diciembre
de 2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30 de abril de 2020;
y 22 de mayo al 30 de diciembre de 2020.

46. Por otro lado, en tanto debe entenderse que desde el 31 de diciembre de
2016 hasta el 3 de julio de 2017 no se acreditó la prestación personal del servicio,
pues así lo decidió el Tribunal y ello no fue objeto de apelación por parte de la
demandante —y no es posible desmejorar la situación del apelante único—, la
Sala considera que en este caso operó la prescripción extintiva trienal de los
emolumentos causados antes del 4 de julio de 2017, salvo los aportes a pensión,
ya que la accionante debía promover su reclamación a más tardar el 4 de julio de
2020, pero la petición en sede administrativa y la demanda se radicaron el 26 de
abril y el 19 de octubre de 2021, respectivamente, es decir, de manera
extemporánea. Por las razones expuestas, la Sala adicionará el fallo apelado con
el propósito de incluir en la parte resolutiva lo atinente a la declaratoria de la
prescripción extintiva trienal, pues tal decisión solo quedó explicada en la parte
motiva de la sentencia de primera instancia.
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47. De acuerdo con lo anterior, la Sala comparte la decisión del tribunal en el
sentido de condenar a la entidad accionada a pagarle a la demandante las
prestaciones sociales causadas desde el 4 de julio de 2017 hasta el 30 de
diciembre de 2020.

48. Ahora bien, la demandante no tiene derecho al pago de todas las
prestaciones sociales que podrían beneficiar a un funcionario de planta, ya que
el reconocimiento de la desnaturalización de la intermediación laboral no le
otorga a aquella la condición de empleada pública, de modo que no es posible
aplicar el principio a igual trabajo, igual salario.

49. Esta Subsección ha considerado que en estos eventos la parte
demandante tiene derecho a las prestaciones mínimas del régimen general
consagradas exclusivamente en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, con base en
los honorarios pactados7.

50. Por lo tanto, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia y se ordenará a la entidad accionada pagar a favor
de la accionante el auxilio de transporte, el subsidio de alimentación, las
cesantías, los intereses sobre las cesantías, la prima de servicio8, la bonificación
por servicios prestados9, la prima de navidad, las vacaciones y la prima de
vacaciones causados durante los siguientes períodos: 4 de julio al 30 de
septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2 de enero al 30
de junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero al 30 de mayo
de 2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al 30 de diciembre
de 2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30 de abril de 2020;
y 22 de mayo al 30 de diciembre de 2020.

51. Los emolumentos enunciados se liquidan en los siguientes términos:

Dí Honor Auxilio
Total Subsidio
as Me arios Auxilio de Subsidio Cesan
Año/ honor de
IPC IPC po ses mensu de transpor de Cesa tías
cont arios alimentac
final inicial r por ales transpor te alimentaci ntías index
rato anuale ión
añ año prome te indexad ón adas
s indexado
o dio o
2017
158, 1.049. 3.114. 274.2 453.0
(cto. 96,18 89 2,9 241.106 398.359 166.040 274.333
9 670 021 24 77
232)
2017
158, 2,9 1.049. 3.149. 277.5 457.6
(cto. 96,37 90 244.432 403.057 168.330 277.568
9 4 670 010 24 25
361)
2018
158, 18 5,9 1.102. 6.612. 622.8 1.014.
(cto. 97,53 526.620 858.045 359.215 585.285
9 0 7 154 924 01 758
086)
2018
(ctos. 158, 18 1.102. 6.649. 625.6 1.002.
99,18 5,9 520.445 833.877 355.003 568.799
290 y 9 1 154 662 21 395
-3-)
2019
158, 100,6 14 4,9 1.179. 5.857. 538.8 851.1
(cto. 479.338 757.173 310.617 490.658
9 0 9 4 304 210 14 23
112)
2019
158, 102,7 14 4,8 1.179. 5.857. 538.1 832.6
(cto. 472.546 731.110 306.216 473.768
9 1 9 7 304 210 78 54
347)

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
8
La prima de servicio beneficia a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del nivel territorial a partir
del 1.° de enero de 2015, de acuerdo con el Decreto 2351 de 2014.
9
La bonificación por servicios prestados beneficia a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden
territorial desde el 1.° de enero de 2016, conforme al Decreto 2418 de 2015.
11
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2019
158, 103,5 1,9 1.179. 2.358. 203.8 312.8
(cto. 60 191.153 293.376 123.870 190.111
9 4 7 304 608 50 63
498)
2020
158, 104,2 1,9 1.250. 2.458. 212.4 323.8
(cto. 59 202.622 308.890 130.213 198.505
9 4 7 062 455 48 69
011)
2020
158, 105,5 1,9 1.250. 2.500. 216.0 325.3
(cto. 60 202.622 305.114 130.213 196.078
9 3 7 062 124 80 79
109)
2020
(ctos.
158, 105,3 22 7,2 1.250. 9.292. 1.130.90 903.8 1.363.
257, 749.806 481.854 726.760
9 6 3 9 062 128 0 97 309
337 y
397)
Auxilio de Subsidio de
Cesantías
transporte alimentación
TOTAL EMOLUMENTOS indexadas
indexado indexado
$ 6.019.901 $ 3.981.867 $ 6.937.050

Bonifica
Interese
Prima Bonifica ción por
s sobre Prima Prima
Vacacio Prima de ción por servicio
las Prima de Prima de
Vacacio nes de vacacio servicio s
cesantí de servicio de navidad
nes indexad vacacio nes s prestad
as servicio indexad navidad indexad
as nes indexad prestad os
indexad a a
a os indexad
as
a
13.441 142.161 234.881 262.770 434.152 182.849 302.107 182.849 302.107 126.835 209.559
13.729 144.336 238.004 266.532 439.499 185.647 306.124 185.647 306.124 128.585 212.030
60.885 342.358 557.820 595.019 969.491 509.841 830.707 509.841 830.707 274.161 446.702
60.478 337.554 540.842 587.715 941.660 509.895 816.973 509.895 816.973 270.946 434.120
42.272 292.704 462.362 518.146 818.475 416.761 658.325 416.761 658.325 242.740 383.438
41.355 287.858 445.366 510.441 789.739 414.302 640.996 414.302 640.996 239.300 370.239
6.257 104.747 160.762 198.082 304.011 125.927 193.269 125.927 193.269 96.801 148.568
6.369 111.032 169.264 209.936 320.039 131.169 199.962 131.169 199.962 102.609 156.424
6.508 111.032 167.195 209.966 316.173 133.392 200.865 133.392 200.865 102.609 154.512
1.272.59 1.193.36 1.193.36
101.339 495.042 746.651 843.752 791.222 791.222 379.706 572.695
6 6 6
Bonificación por
Intereses sobre Prima de Prima de Prima de
Vacaciones servicios
las cesantías servicio navidad vacaciones
indexadas prestados
indexadas indexada indexada indexada
indexada
$ 352.634 $ 3.723.146 $ 6.605.835 $ 5.342.693 $ 5.342.693 $ 3.088.287
$ 41.394.108

52. Adicionalmente, de conformidad con la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978
de 1989, y teniendo en cuenta que la demandante devengó remuneraciones
mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales entre el 4 de
julio de 2017 y el 30 de diciembre de 2020, de manera discontinua, la Sala
ordenará a la entidad accionada reconocer y pagar a favor de aquella la
compensación en dinero correspondiente a once (11) dotaciones de vestido y
calzado causadas en las siguientes fechas: 30 de agosto y 30 de diciembre de
2017; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2018; 30 de abril, 30 de
agosto y 30 de diciembre de 2019; y 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre
de 2020, teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada
vigencia fiscal al momento de la adquisición de cada dotación, de manera
indexada.

53. En línea con lo anterior, la Sala revocará el ordinal sexto de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el cual se ordenó indexar las
sumas que resulten de la condena, toda vez que la liquidación realizada
previamente contiene los respectivos ajustes de valor y el pago de las dotaciones
de vestido y calzado se ordenará de manera actualizada.

54. Por último, la jurisprudencia de esta corporación ha explicado de manera
pacífica que el derecho al pago de aportes pensionales no puede verse afectado
al fenómeno de la prescripción extintiva debido a su íntima relación con el

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derecho a la seguridad social en pensiones, el cual es imprescriptible10. En esas
condiciones, si el Tribunal constató la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación desde el 5 de diciembre de 2013
hasta el 30 de diciembre de 2020, de manera discontinua, no podía ordenar el
pago de diferencias en los aportes pensionales, con destino al fondo de previsión
correspondiente, a partir del 4 de julio de 2017, pues ello implicaría afirmar que
aquellos sí pueden verse afectados por la prescripción extintiva.

55. Por lo expuesto, la Sala modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia a fin de precisar que la entidad accionada
debe consignar, en el fondo de previsión al cual esté afiliada la demandante, los
aportes a pensión correspondientes a los siguientes períodos, conforme a la ley:
5 al 31 de diciembre de 2013; 2 de enero al 30 de junio de 2014; 16 de julio al 30
de diciembre de 2014; 16 de enero al 15 de septiembre de 2015; 17 de
septiembre al 31 de diciembre de 2015; 4 de enero al 3 de abril de 2016; 5 de
abril al 19 de agosto de 2016; 22 de agosto al 30 de diciembre de 2016; 4 de julio
al 30 de septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2 de enero
al 30 de junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero al 30 de
mayo de 2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al 30 de
diciembre de 2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30 de abril
de 2020; y 22 de mayo al 30 de diciembre de 2020.

56. Lo anterior no implica desmejorar la situación de la entidad accionada,
dada su condición de apelante única, puesto que, si bien en la parte motiva y en
el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se
ordenó el pago de diferencias en los aportes pensionales causadas «en los
períodos en que se ejecutó (sic) los contratos, en este caso, desde el 4 de julio
de 2017 hasta el 30 de diciembre de 2020», lo cierto es que en el ordinal octavo
se declaró que el tiempo laborado por la demandante «desde el 5 de diciembre
de 2013, hasta el 30 de diciembre de 2016» se debe computar para efectos
pensionales, decisión que solo se podría materializar si previamente se realizan
los aportes al sistema de seguridad social en pensión.

57. En tales condiciones, también se modificará el mencionado ordinal octavo,
a fin de brindar mayor claridad sobre el alcance de la condena relacionada con
el pago de aportes a pensión y de la orden referida a que se tenga en cuenta el
tiempo de servicio para efectos pensionales.

La condena en costas de segunda instancia

58. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (0088-2015).
13
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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 08001-23-33-000-2021-00529-01 (4366-2023)
Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano

59. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

61. En este contexto, no hay lugar a condena en costas. En efecto, se
modifican parcialmente aspectos de la sentencia de primera instancia,
particularmente los extremos de la vinculación y el alcance de las órdenes de
pago de emolumentos y de aportes al sistema de seguridad social en pensiones,
de modo que no puede afirmarse que alguna de las partes haya resultado vencida
en esta instancia por lo que se prescinde de su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
del 19 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión A, el cual quedará así:

TERCERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre la señora
Rosina Isabel Cervantes Rojano y el municipio de Galapa (Atlántico), durante los
siguientes períodos: 5 al 31 de diciembre de 2013; 2 de enero al 30 de junio de
2014; 16 de julio al 30 de diciembre de 2014; 16 de enero al 15 de septiembre de
2015; 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2015; 4 de enero al 3 de abril de
2016; 5 de abril al 19 de agosto de 2016; 22 de agosto al 30 de diciembre de 2016;
4 de julio al 30 de septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2
de enero al 30 de junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero
al 30 de mayo de 2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al
30 de diciembre de 2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30
de abril de 2020; y 22 de mayo al 30 de diciembre de 2020.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
del 19 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión A, el cual quedará así:

CUARTO: CONDENAR al municipio de Galapa (Atlántico) a pagar cuarenta y un
millones trescientos noventa y cuatro mil ciento ocho pesos ($ 41.394.108 COP) a
favor de la señora Rosina Isabel Cervantes Rojano por concepto de los
emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta
providencia, los cuales se causaron en los siguientes períodos: 4 de julio al 30 de
septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2 de enero al 30 de
junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero al 30 de mayo de
2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al 30 de diciembre de
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00529-01 (4366-2023)
Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano

2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30 de abril de 2020; y 22
de mayo al 30 de diciembre de 2020.

Adicionalmente, el municipio de Galapa (Atlántico) deberá pagarle a la señora
Rosina Isabel Cervantes Rojano el valor equivalente a once (11) dotaciones de
vestido y calzado causadas en las siguientes fechas: 30 de agosto y 30 de
diciembre de 2017; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2018; 30 de
abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2019; y 30 de abril, 30 de agosto y 30 de
diciembre de 2020. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor
establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación
de la respectiva dotación, el cual deberá ser indexado hasta la fecha de ejecutoria
de esta providencia.

TERCERO. MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
del 19 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión A, el cual quedará así:

QUINTO: CONDENAR al municipio de Galapa (Atlántico) a efectuar los aportes a
pensión con destino al fondo de previsión al cual esté afiliada la señora Rosina
Isabel Cervantes Rojano, de acuerdo con la ley, correspondientes a los siguientes
períodos: 5 al 31 de diciembre de 2013; 2 de enero al 30 de junio de 2014; 16 de
julio al 30 de diciembre de 2014; 16 de enero al 15 de septiembre de 2015; 17 de
septiembre al 31 de diciembre de 2015; 4 de enero al 3 de abril de 2016; 5 de abril
al 19 de agosto de 2016; 22 de agosto al 30 de diciembre de 2016; 4 de julio al 30
de septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2 de enero al 30
de junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero al 30 de mayo
de 2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al 30 de diciembre
de 2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30 de abril de 2020;
y 22 de mayo al 30 de diciembre de 2020.

CUARTO. REVOCAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia del
19 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión A, por medio del cual se había ordenado la indexación de la
condena, por las razones expuestas en esta providencia.

QUINTO. MODIFICAR el ordinal octavo de la parte resolutiva de la sentencia del
19 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión A, el cual quedará así:

OCTAVO: DECLARAR que los siguientes tiempos de servicio, durante los cuales
la señora Rosina Isabel Cervantes Rojano se desempeñó como aseadora o auxiliar
de servicios generales en el municipio de Galapa (Atlántico), vinculada a través de
contratos de prestación de servicios, se deben computar para efectos pensionales:
5 al 31 de diciembre de 2013; 2 de enero al 30 de junio de 2014; 16 de julio al 30
de diciembre de 2014; 16 de enero al 15 de septiembre de 2015; 17 de septiembre
al 31 de diciembre de 2015; 4 de enero al 3 de abril de 2016; 5 de abril al 19 de
agosto de 2016; 22 de agosto al 30 de diciembre de 2016; 4 de julio al 30 de
septiembre de 2017; 2 de octubre al 30 de diciembre de 2017; 2 de enero al 30 de
junio de 2018; 3 de julio al 30 de diciembre de 2018; 2 de enero al 30 de mayo de
2019; 4 de junio al 30 de octubre de 2019; 1.° de noviembre al 30 de diciembre de
2019; 2 de enero al 29 de febrero de 2020; 2 de marzo al 30 de abril de 2020; y 22
de mayo al 30 de diciembre de 2020.

SEXTO. ADICIONAR la parte resolutiva de la sentencia del 19 de septiembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, en
el siguiente sentido: DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva
trienal respecto de las prestaciones sociales causadas entre el 5 de diciembre de
2013 y el 3 de julio de 2017.

15
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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 08001-23-33-000-2021-00529-01 (4366-2023)
Demandante: Rosina Isabel Cervantes Rojano

SÉPTIMO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 19 de septiembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A.

OCTAVO. Sin condena en costas de segunda instancia.

NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JMMC

16
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