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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-006-2023-00099-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-006-2023-00099-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la señora Gloria Stella Venegas Mendoza, a favor del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Caprecom Liquidado. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-33-33-006-2023-00099-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D. C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 63001-33-33-006-2023-00099-01 (1288-2025)
Demandante: Gloria Stella Venegas Mendoza
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR CAPRECOM
Liquidado (administrado por Fiduprevisora S.A.)

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios.
Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
niega las pretensiones de la demanda, al no encontrarse
acreditado el elemento de la continuada subordinación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó la declaratoria de nulidad de las
resoluciones AL-00860 del 20 de abril de 2016, AL-05799 del 7 de julio de 2016
y AL-08655 del 17 de agosto de 2016 expedidas por la Caja de Previsión Social
de Comunicaciones –CAPRECOM–, hoy Patrimonio Autónomo de Remanentes
PAR CAPRECOM Liquidado, mediante las cuales dicha entidad negó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás acreencias
laborales derivadas de la relación que afirma sostuvo entre el 16 de octubre de
2008 y el 31 de enero de 2016.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) declarar la existencia
de una relación laboral, de manera continua e ininterrumpida, entre el 16 de
octubre de 2008 y el 31 de enero de 2016; (ii) reconocer y pagar el salario de
enero de 2016 que no le fue pagado y las diferencias por no haber efectuado los
reajustes salariales dejados de percibir entre los años 2009 y 2016; (iii) efectuar
los aportes al sistema de seguridad social en pensión y, subsidiariamente, la
devolución de las que asumió en exceso; (iv) reconocer y pagar las prestaciones
sociales causadas sobre las cesantías, sanción por no pago de cesantías, primas
de servicios y compensación de vacaciones y recreación; (v) reconocer y pagar

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Demandante: Gloria Stella Venegas Mendoza

la indemnización por despido injusto y la indemnización moratoria, con sus
respectivos intereses; (vi) ordenar la indexación de las condenas; y (vii) condenar
en costas la demandada.

3. Como concepto de violación, sostuvo que, aunque formalmente estuvo
vinculada a través de cooperativas, de empresas de servicios temporales y,
posteriormente, mediante sucesivos contratos de prestación de servicios, en la
práctica prestó personalmente sus servicios como auditora de calidad y líder de
aseguramiento en la Territorial Quindío bajo continuada subordinación y a cambio
de una remuneración, circunstancias que desnaturalizan los contratos suscritos
y acreditan la existencia de una relación laboral amparada por el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades1.

Contestación de la demanda

4. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y
sostuvo que la demandante prestó sus servicios en calidad de contratista
independiente —específicamente como auditora de procesos para el
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en la Territorial Quindío—
por medio de contratos de prestación de servicios que, por su naturaleza, no
generan relación laboral ni pago de prestaciones sociales.

5. Señaló que la vigilancia, el control y la supervisión que la entidad ejerció
sobre la ejecución del objeto contractual correspondían al ejercicio ordinario de
las facultades propias de todo contratante y no eran equiparables a la
subordinación propia del contrato de trabajo. Añadió que el cumplimiento de un
horario y la rendición de informes al supervisor tampoco desvirtuaban la
naturaleza civil de los contratos, por tratarse de obligaciones propias del objeto
contratado.

6. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva
del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR CAPRECOM Liquidado y de
prescripción.

Sentencia apelada

7. Mediante sentencia del 20 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo
del Quindío declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y declaró la nulidad de los actos acusados.

8. En consecuencia, ordenó a la demandada reconocer, liquidar y pagar a la
demandante todas las prestaciones sociales dejadas de percibir que
correspondían a los trabajadores oficiales de la extinta CAPRECOM, incluyendo
las previstas en las convenciones colectivas y demás beneficios aplicables,
causadas entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de enero de 2016, liquidadas con
base en los honorarios pactados de manera proporcional al tiempo laborado y
debidamente indexadas conforme a la fórmula prevista en el artículo 187 del
CPACA.

1 Arículo 53 de la Constitución Política.

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9. Adicionalmente, declaró probada la excepción de prescripción respecto de
los derechos laborales y prestacionales causados entre el 16 de octubre de 2008
y el 31 de enero de 2010; sin embargo, declaró que los períodos comprendidos
entre el 16 de octubre de 2008 y el 31 de enero de 2010 y entre el 1 de junio de
2012 y el 31 de enero de 2016 debían computarse para efectos pensionales.

10. A su vez, ordenó a la entidad tomar como ingreso base de cotización los
honorarios pactados durante esos lapsos y cotizar al respectivo fondo de
pensiones la diferencia frente a lo aportado por la demandante como contratista,
así como pagarle la cuota parte de los aportes en salud asumidos entre el 1 de
junio de 2012 y el 31 de enero de 2016; se abstuvo de condenar en costas.

11. Para sustentar su decisión, el Tribunal encontró acreditada la prestación
personal del servicio a través de los sucesivos contratos de prestación de
servicios y demás vínculos referidos y la remuneración correspondiente a los
honorarios pactados.

12. En cuanto a la subordinación, la encontró plenamente acreditada con
fundamento en la prueba documental y en los testimonios recepcionados, de los
que dedujo que la demandante: (i) estaba sujeta a un horario de 8:00 a. m. a
12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., controlado mediante planillas de asistencia;
(ii) debía solicitar permiso a sus superiores para ausentarse; (iii) recibía órdenes,
instrucciones y llamados de atención de los directores territoriales y del nivel
central de la entidad; (iv) ejecutaba sus labores en las instalaciones de la entidad
demandada y con los elementos de trabajo —equipo, dotación y papelería— que
esta le suministraba; y (v) desarrollaba, de manera prolongada en el tiempo,
funciones inherentes a la misión de la entidad relacionadas con la calidad y el
aseguramiento en salud. A partir de tales circunstancias, concluyó que la
demandante no actuó con la autonomía e independencia propias de un
contratista.

Recurso de apelación

13. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y solicitó revocar la
sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar la totalidad de las
pretensiones.

14. Sostuvo que la subordinación no se encuentra acreditada pues la
vigilancia, el control y la supervisión que ejerció sobre la ejecución contractual
corresponden al ejercicio ordinario de las facultades propias de todo contratante
y no son equiparables a la subordinación laboral. Con apoyo en jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia2, afirmó que dicha vigilancia «en ningún caso es
equiparable a los conceptos de subordinación y dependencia propios del contrato
de trabajo».

2 Sala de Casación Laboral, sentencia SL9801-2015.

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15. Añadió que el cumplimiento de un horario tampoco es una circunstancia
exclusiva de los contratos laborales pues también puede pactarse en contratos
civiles o comerciales como una forma de organizar la ejecución de las
obligaciones.

16. Insistió en que los contratos suscritos no adolecen de vicios del
consentimiento y que la demandante los ejecutó dentro del marco de lo pactado.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Por auto del 12 de junio de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y ordenó notificar a las partes para lo de
su cargo. Las partes no se pronunciaron y el Ministerio Público no emitió
concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la entidad
demandada al sostener que no se acreditó la continuada subordinación entre las
partes frente a los periodos alegados por la parte demandante.

Análisis del problema jurídico

20. La Sala anuncia que revocará la decisión apelada, toda vez que, si bien
se encuentran acreditadas la prestación personal del servicio y la remuneración
a través de los sucesivos contratos de prestación de servicios suscritos entre la
demandante y la entidad demandada, no ocurre lo propio con la continuada
subordinación, elemento que, conforme al criterio reiterado por esta Subsección,
no se encuentra demostrado con las pruebas obrantes en el expediente.

Estudio sobre las condiciones en que se ejecutaron los contratos

21. Sea lo primero Se advierte señalar que entre el 16 de octubre de 2008 y
el 28 de junio de 2012 la demandante prestó sus servicios a través de una
cooperativa y de empresas de servicios temporales que actuaron como
intermediarias frente a la extinta CAPRECOM, período que fue objeto de un
pronunciamiento concreto por el Tribunal —no controvertido por las partes en
esta instancia— y que, por tanto, no será revisado por la Sala.

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22. Ahora bien, de acuerdo con la prueba documental recaudada, la
demandante estuvo vinculada a la extinta CAPRECOM Territorial Quindío, así:

HONORARIO
CONTRATO /
INICIO FIN MENSUAL OBJETO
VÍNCULO
PACTADO
Vinculación con
Contupersonal Ltda. (en Líder de
18/01/2010 06/10/2010 $2.200.000
misión para Caprecom aseguramiento
Territorial Quindío)
Vinculación con S&A
Líder administrativo
Servicios y Asesorías 07/10/2010 31/03/2011 $2.200.000
y financiero
S.A.
Vinculación con
Líder de
Cooperativa 01/04/2011 28/06/2012 $2.977.060
aseguramiento
Coopservicios
OR63-0112 de Apoyo a la gestión
01/06/2012 30/06/2012 $3.502.734
01/06/2012 — aseguramiento
OR63-0226 de Apoyo a la gestión
03/07/2012 31/08/2012 $3.502.734
19/07/2012 — aseguramiento
3461-2012 de Apoyo a la gestión
03/09/2012 31/03/2013 $3.502.734
03/09/2012 Territorial Quindío
OR63-0090-2013 de Apoyo auditoría de
18/04/2013 30/06/2013 $3.502.734
18/04/2013 calidad
OR63-0191-2013 de Apoyo auditoría de
10/07/2013 30/09/2013 $3.502.734
10/07/2013 calidad
OR63-0268 de Apoyo auditoría de
11/10/2013 30/11/2013 $3.502.734
11/10/2013 calidad
OR63-0388 de Apoyo auditoría de
01/12/2013 31/12/2013 $3.502.734
01/12/2013 calidad
OR63-038 de
Apoyo auditoría de
07/01/2014 (con 07/01/2014 30/06/2014 $3.502.734
calidad
adición)
OR63-0146 de Apoyo auditoría de
01/07/2014 31/08/2014 $4.490.682
01/07/2014 calidad
OR63-250 de Apoyo auditoría de
07/11/2014 31/12/2014 $4.490.682
07/11/2014 calidad
OR63-0066 de Apoyo auditoría de
02/02/2015 30/06/2015 $4.490.682
02/02/2015 calidad
OR63-0115 de Apoyo auditoría de
23/06/2015 31/01/2016 $4.490.682
23/06/2015 calidad

23. Se concluye que a partir del 1 de junio de 2012, la demandante suscribió,
directamente con la entidad demandada, sucesivos contratos y órdenes de
prestación de servicios.

24. Adicionalmente, obra en el expediente la justificación de la contratación
exigida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en la que la propia entidad
certificó, contrato tras contrato, que «no existe personal de planta para atender
las actividades requeridas para el proceso de auditorías»3.

25. De acuerdo con los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y 32
(numeral 3) de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales pueden celebrar
contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas

3Anexo de justificación de la contratación del contrato No. OR63-038 de 07 de enero de 2014, literal g)

certificación de la Dirección Territorial Quindío sobre inexistencia de personal de planta para el proceso de
auditorías, aplicable en los mismos términos a los demás contratos y órdenes de prestación de servicios
relacionados en la tabla.

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con su funcionamiento, incluidas aquellas de carácter misional o permanente,
cuando no cuentan con personal de planta suficiente para atenderlas. La
circunstancia de que la función de auditoría de calidad y aseguramiento se
hubiera cubierto, de manera sucesiva, mediante esta modalidad contractual, no
constituye, por sí sola, un indicio de desnaturalización del vínculo, pues
corresponde al ejercicio legítimo de esa facultad legal.

26. En el mismo sentido, obra en el expediente certificación del 9 de junio de
2011 suscrita por la directora territorial Quindío de CAPRECOM en la que se
relaciona a la demandante dentro del listado de personas que cumplieron labores
de «aseguramiento» durante un período determinado, con indicación de los días
y las horas laboradas (30 días y 240 horas).

27. Sin embargo, se precisa que la imposición de un horario y su verificación
mediante un formato de control no demuestran, por sí solas, la existencia de
subordinación, pues la entidad contratante puede, válidamente, coordinar la
ejecución del objeto contratado sin que ello suponga el ejercicio de un poder de
dirección continuado sobre quien presta el servicio; máxime cuando no se exige
que la entidad utilice, para verificar el cumplimiento de sus contratistas, formatos
diferentes a los empleados para su personal de planta.

28. Adicionalmente, se practicaron los testimonios de Consuelo Arcila
Londoño, Sandra Liliana Betancur Reina y Adriana María Rengifo Molano,
quienes fueron compañeras de trabajo de la demandante durante distintos lapsos
comprendidos entre 2008 y 2016.

29. Las tres declarantes coincidieron en que (i) la demandante ejercía un
horario fijo, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., controlado
mediante planillas de asistencia; (ii) recibía instrucciones de sus superiores, las
directoras territoriales Sandra Natalia Pareja y, posteriormente, Antonio José
Jaramillo, así como del nivel central de la entidad; (iii) debía solicitar permiso a
sus superiores para ausentarse; (iv) ejecutaba sus funciones en las oficinas de
la extinta CAPRECOM, con los equipos (computador portátil y celular), formatos
y demás elementos de trabajo suministrados por la entidad; y (v) contaba con
dotación institucional tales como chalecos, gorras y carné de uso obligatorio para
las visitas a las IPS.

30. Al respecto, es preciso indicar que ninguna de las declarantes precisó el
contenido concreto de las órdenes que recibía la demandante, ni las fechas o el
medio en que se habrían impartido los llamados de atención a los que hicieron
referencia, la persona que los habría formulado; tampoco se aportó documento
alguno, bien sea memorando, correo electrónico, requerimiento o acto de
cualquier naturaleza que diera cuenta de esos hechos.

31. Los citados testimonios resultan coherentes entre sí y dan cuenta del
origen del conocimiento directo de los hechos relatados, en tanto las declarantes
coincidieron con la demandante durante los períodos correspondientes y guardan
correspondencia con la prueba documental que acredita la existencia y la

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duración de los sucesivos contratos de prestación de servicios. No se advierte,
además, ninguna circunstancia que reste credibilidad a las declaraciones.

32. Sin embargo, del contenido de estos no se desprende la continuada
subordinación alegada que corresponde al poder jurídico permanente de
dirección sobre la actividad de quien presta personalmente el servicio y se
manifiesta en la facultad de impartir órdenes obligatorias sobre la forma, el tiempo
y las condiciones de ejecución de las labores, exigir su cumplimiento y ejercer
potestades correctivas o disciplinarias. Se distingue, por ello, de la coordinación,
el seguimiento y la verificación propios de la ejecución de cualquier contrato
estatal.4

33. En ese orden, quien pretende la declaración de desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios debe demostrar que, más allá de las
facultades de coordinación y supervisión que legítimamente puede ejercer la
entidad contratante, esta ejerció un poder continuado de dirección sobre la forma
en que la demandante desarrollaba sus actividades.

34. Esa carga no se satisface con la sola existencia de los contratos, el
cumplimiento de un horario, la ejecución de las labores en las instalaciones de la
entidad, el uso de los elementos de trabajo por esta suministrados, ni con el
desempeño prolongado de funciones relacionadas con su misión institucional.
Tales circunstancias pueden coexistir legítimamente con un contrato de
prestación de servicios y, por sí solas, no desvirtúan su naturaleza jurídica.

35. En cuanto a las órdenes, instrucciones y llamados de atención a los que
aludieron las declarantes, la Sala advierte que ninguna de ellas precisó su
contenido concreto, la persona que los habría impartido o formulado, ni las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido. Tampoco obra
en el expediente memorando, correo electrónico, requerimiento, evaluación o
cualquier otro documento que dé cuenta de esos hechos. Una afirmación general
de esa naturaleza, sin elementos de juicio adicionales que la sustenten, resulta
insuficiente para acreditar el ejercicio de un poder de dirección continuado.

36. Otro tanto ocurre con la necesidad de solicitar autorización para
ausentarse. Ninguno de los testimonios explicó si existía la posibilidad de negar
el permiso o de imponer consecuencias por la ausencia no autorizada,
circunstancia que impide diferenciar, con la suficiencia necesaria, entre un deber
de informar o coordinar las ausencias para asegurar la continuidad del servicio
contratado y una potestad de la entidad para disponer, de manera obligatoria,
sobre el tiempo de la demandante.

4
Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, C. P. Juan Camilo Morales Trujillo: sentencia del 3 de julio de 2026, radicación 25000-23-42-000-2017-
01648-03 (4104-2024), y sentencia del 17 de julio de 2026, radicación 25000-23-42-000-2013-00035-02
(3461-2024), ambas con cita de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las que se
reiteró que la continuada subordinación denota el poder jurídico permanente del empleador para dirigir la
actividad del trabajador y se distingue de la coordinación y verificación propias de la ejecución de un contrato
estatal.

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37. Tampoco resulta suficiente, para acreditar la subordinación, el
cumplimiento de un horario controlado mediante planillas de asistencia pues,
dicho control resulta compatible con las facultades de coordinación y verificación
que corresponden a la entidad contratante para asegurar la ejecución idónea y
oportuna del objeto pactado, sin que se hubiera acreditado, más allá de las
referencias generales de las declarantes, la existencia de mecanismos de
vigilancia o de consecuencias disciplinarias asociadas a su incumplimiento
distintas de las propias del seguimiento contractual.

38. La demandante desempeñó, de manera estable, funciones técnicas de
auditoría de calidad y aseguramiento en la Territorial Quindío, que suponían la
entrega de un resultado definido y no la simple ejecución de tareas materiales
asignadas según las necesidades del momento. Tampoco se acreditó que
hubiera sido trasladada a distintas dependencias, ni que hubiera recibido
instrucciones sobre labores ajenas a su especialidad. Estas circunstancias
refuerzan la conclusión de que la entidad no ejerció sobre ella un poder de
dirección continuado, sino la coordinación propia de la ejecución del objeto
contratado.

39. Conforme a lo expuesto, valorados en conjunto los medios de prueba, la
Sala concluye que no se acreditó que las instrucciones recibidas por la
demandante excedieran la coordinación necesaria para la adecuada ejecución
del objeto contratado, ni que la entidad hubiera ejercido sobre ella un poder
continuado de dirección. En consecuencia, le asiste razón a la entidad apelante,
pues la demandante no cumplió la carga de acreditar la continuada
subordinación, por lo que prospera el reparo formulado.5

40. Teniendo en cuenta que no se acreditó el elemento de la continuada
subordinación, no hay lugar a declarar la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre la demandante y la extinta CAPRECOM,
por tanto, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán
las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

41. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

42. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un

5
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 2 de julio de 2026, radicación 08001-23-33-000-2021-00529-01 (4366-2023), en la que se concluyó que
la parte demandante «cumplió con la carga de acreditar la continuada subordinación».

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interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

44. En este contexto, se impondrán costas de ambas instancias a la parte
demandante, en tanto se accede en su integridad a las pretensiones del recurso
de apelación interpuesto por la entidad demandada. Para tal efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la señora Gloria Stella
Venegas Mendoza, a favor del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR
Caprecom Liquidado. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 63001-33-33-006-2023-00099-01 (1288-2025)
Demandante: Gloria Stella Venegas Mendoza

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia

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