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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00035-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00035-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, únicamente en cuanto declaró la caducidad de la acción respecto de las pretensiones sometidas al término previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d), del CPACA. SEGUNDO. REVOCAR en lo demás la sentencia apelada y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda relacionadas con la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y con el reconocimiento de aportes al sistema de seguridad social en pensiones. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 17 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2013-00035-02 (3461-2024) Demandante: Carolina Prieto Molano TERCERO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la señora Carolina Prieto Molano, a favor de las entidades demandadas. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-00035-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00035-02 (3461-2024)
Demandante: Carolina Prieto Molano
Demandado: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y otro1

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia porque no se
acreditó el elemento de la continuada subordinación

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
las entidades demandadas contra la sentencia de primera instancia del 23 de
noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Carolina Prieto Molano interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener
la declaración de existencia del acto administrativo presunto derivado del silencio
administrativo negativo frente a la petición radicada el 25 de junio de 2012.
También solicitó la nulidad de ese acto y del Oficio 20121110069381 del 4 de
julio de 2012 expedida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ,
mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
reclamadas como consecuencia de la desnaturalización de los vínculos
contractuales.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) declarar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios celebrados durante
el período comprendido entre el 7 de septiembre de 2006 y el 30 de abril de 2009
y disponer que ese tiempo fuera computado para efectos pensionales; ii)
reconocer y pagar las prestaciones sociales2 causadas durante dicho lapso; iii)
reintegrar las sumas descontadas o asumidas por concepto de aportes al sistema

1
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello- SECAB
2
Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, sanción moratoria por el
no pago de las prestaciones sociales.

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Demandante: Carolina Prieto Molano

de seguridad social, contribuciones parafiscales, retención en la fuente e ICA; iv)
indexar las sumas reconocidas; y v) condenar en costas y agencias en derecho
a la entidad demandada.

3. Como hechos relevantes, señaló que estuvo vinculada mediante contratos
de prestación de servicios celebrados con el entonces Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación —Colciencias— y la
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello —SECAB—, entre el 7 de
septiembre de 2006 y el 30 de abril de 2009, para desarrollar actividades como
comunicadora social y periodista.

4. Como concepto de violación, sostuvo que debía aplicarse el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades pactadas por las partes, pues, a
su juicio, los contratos de prestación de servicios se desnaturalizaron. Afirmó que
durante aproximadamente 32 meses ejecutó personalmente las actividades
contratadas, recibió pagos periódicos, cumplió el horario institucional y estuvo
sometida a continuada subordinación.

Contestación de la demanda

5. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se opuso a las
pretensiones. Sostuvo que la relación entre las partes fue de naturaleza civil y
que no se acreditaron los elementos necesarios para declarar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.

6. Precisó que a Colciencias le era aplicable el régimen de carrera
administrativa, por lo que la condición pretendida por la demandante no podía
surgir de la sola celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios.

7. Propuso las excepciones de caducidad, prescripción, inepta demanda por
aspectos sustanciales y formales, falta de competencia, inexistencia de
solidaridad y autonomía contractual.

8. La Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello —SECAB— también
se opuso a las pretensiones. Afirmó que los contratos celebrados con la
demandante fueron de naturaleza civil y se ejecutaron con autonomía e
independencia, sin continuada subordinación, imposición obligatoria de horario ni
ejercicio de facultades disciplinarias.

9. Señaló que su relación contractual con la actora se extendió únicamente
entre 2007 y 2009. Por ello, negó la existencia de cualquier vínculo jurídico o
fáctico durante el período anterior, en el cual, según afirmó, la demandante se
relacionó exclusivamente con Colciencias, y sostuvo que no podía atribuírsele
responsabilidad por hechos ajenos a dicho lapso.

10. Añadió que, por su condición de entidad de derecho público internacional,
gozaba de inmunidad de jurisdicción conforme a los tratados internacionales

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incorporados al ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, sostuvo
que no estaba sometida a la jurisdicción de las autoridades nacionales.

11. Propuso las excepciones de inmunidad de jurisdicción, falta de
competencia, falta de agotamiento de la vía gubernativa, buena fe, inexistencia
de las obligaciones, falta de integración del litisconsorcio necesario, cobro de lo
no debido y prescripción.

Decisión de las excepciones previas

12. Mediante auto del 2 de junio de 2022, el Tribunal determinó que la
excepción de caducidad formulada por el SECAB ya había sido resuelta por el
Consejo de Estado mediante auto de 14 de noviembre de 20193.

13. En cuanto a la excepción de inepta demanda por razones sustanciales, el
Tribunal la declaró no probada. Consideró que la demanda se sustentó, entre
otras disposiciones, en el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993 y en el
artículo 53 de la Constitución Política, relativos, respectivamente, a los contratos
de prestación de servicios y al principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades pactadas por las partes.

14. A partir de esas normas y en aplicación del principio iura novit curia,
concluyó que era posible resolver la controversia. Explicó que corresponde al
juez identificar y aplicar el derecho pertinente al caso, aun cuando no haya sido
invocado con exactitud por las partes, siempre que se respeten los hechos de la
demanda, la causa petendi y el derecho de defensa.

15. Respecto de la inepta demanda por razones formales, indicó que, al
contrastar el escrito presentado por la demandante con los requisitos previstos
en los numerales 1 a 4 del artículo 162 del CPACA, encontró satisfechas las
exigencias legales.

16. En relación con la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad, señaló que la actora allegó copia del Acta de Conciliación
Extrajudicial 2013-098 del 8 de mayo de 2013, tramitada ante la Procuraduría
142 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la cual se declaró fallida la
diligencia entre la parte actora y las entidades demandadas. Por tanto, tuvo por
cumplido dicho requisito.

17. Frente a la falta de competencia, precisó que el asunto se promovió en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto

3
En la referida providencia se revocó el auto de 30 de junio de 2016, mediante el cual se había
rechazado la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por caducidad, al considerar
que no resultaba procedente efectuar, en la etapa inicial del proceso, un estudio anticipado y
fragmentado de dicho fenómeno por tener como pretensión el reconocimiento de derechos
laborales.

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Demandante: Carolina Prieto Molano

en el artículo 138 del CPACA. Añadió que el conflicto suscitado entre esa
corporación y el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá ya
había sido resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
mediante providencia del 28 de enero de 2016, que atribuyó el conocimiento del
proceso al Tribunal.

18. En cuanto a la falta de competencia y a la inmunidad de jurisdicción
propuestas por la SECAB, el Tribunal señaló que los convenios de cooperación
celebrados con Colciencias guardaban relación con las finalidades de la
Organización del Convenio Andrés Bello, pues estaban orientados a promover
procesos de integración y el desarrollo de proyectos culturales, educativos,
científicos y tecnológicos.

19. No obstante, recordó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la inmunidad de jurisdicción de la SECAB no tiene carácter absoluto.
Indicó que, en determinados eventos, dicho organismo puede ser llamado a
responder ante la jurisdicción nacional, en particular cuando la controversia
compromete el acceso a la administración de justicia y la protección de derechos
de naturaleza laboral.

20. Consideró que las pretensiones dirigidas a obtener la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios y el reconocimiento de sus
consecuencias no interferían en el cumplimiento del objeto misional de la SECAB.
Por ello, concluyó que no existía razón para excluir el conocimiento de la
controversia por la jurisdicción nacional.

21. También señaló que la SECAB tenía capacidad para ser parte, pues
contaba con personería jurídica como organismo intergubernamental, de
conformidad con el acuerdo aprobado mediante la Ley 122 de 1985.

22. Añadió que, en virtud del fuero de atracción, cuando se demanda
conjuntamente a una entidad estatal sometida a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y a otra persona cuya controversia, considerada de manera
aislada, correspondería a la jurisdicción ordinaria, el asunto puede ser conocido
integralmente por la primera.

23. Respecto de la excepción denominada falta de agotamiento de la vía
gubernativa, consideró que, al no ser la SECAB una entidad pública colombiana,
no era exigible presentar frente a ella una reclamación administrativa previa.
Añadió que la demandante sí había formulado petición ante Colciencias y que,
por aplicación del fuero de atracción, no había lugar a declarar probada la
excepción.

24. Finalmente, frente a la falta de integración del litisconsorcio necesario, la
SECAB sostuvo que, si se ordenaba el reconocimiento y pago de aportes
parafiscales, debían vincularse al proceso el SENA, el ICBF, la respectiva caja

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de compensación familiar, el Fondo de Solidaridad Pensional o Fiduagraria S.A.,
según correspondiera.

25. El Tribunal desestimó ese planteamiento. Explicó que la intervención de
dichas entidades no era necesaria para resolver la controversia, pues las
pretensiones se dirigían contra las demandadas y buscaban la desnaturalización
de los vínculos contractuales, así como el reconocimiento de las consecuencias
económicas reclamadas. Por tanto, su ausencia no impedía adoptar una decisión
de fondo.

Sentencia apelada

26. Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023, el Tribunal declaró la
nulidad del acto acusado y la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios. Señaló que la demandante estuvo vinculada con Colciencias durante
2006 y 2007 para coordinar, proponer y apoyar actividades de apropiación social
de la ciencia, la tecnología y la innovación previstas en el plan de acción de la
División de Ciencia, Cultura y Comunicación.

27. Añadió que, entre 2007 y 2009, la actora celebró contratos de prestación
de servicios con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello —SECAB—,
cuyo objeto consistió en asesorar a la División de Ciencia, Cultura y
Comunicación de Colciencias en la implementación de políticas de apropiación
social del conocimiento.

28. También tuvo por acreditada la remuneración, pues en los contratos se
pactó el pago de honorarios por las actividades desarrolladas.

29. En cuanto a la continuada subordinación, consideró relevante que la
demandante hubiera prestado sus servicios durante aproximadamente dos años,
con algunas interrupciones, mediante sucesivas vinculaciones con Colciencias y,
posteriormente, con la SECAB en ejecución de los Convenios de Cooperación
165 de 2006 y 159 de 2007.

30. Señaló que las obligaciones pactadas en los convenios de cooperación y
en los contratos estaban relacionadas con actividades científicas, tecnológicas y
de innovación vinculadas con el objeto misional de Colciencias. A su juicio, se
trataba de labores permanentes que hacían parte del funcionamiento ordinario
de la entidad.

31. Asimismo, valoró los testimonios de María Claudia Gutiérrez Mejía y Juan
Carlos Rojas Rodríguez, así como el interrogatorio de parte. A partir de esas
pruebas, concluyó que la actora recibía órdenes e instrucciones de Lisbeth Fog,
directora de Comunicaciones, contaba con un puesto de trabajo, cumplía horario
y desarrollaba sus actividades en las instalaciones de Colciencias.

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32. Indicó que la demandante participaba en el comité editorial de programas
de televisión dirigidos a niños, emitía conceptos sobre libretos, formulaba
propuestas sobre lenguaje e identidad de personajes, hacía seguimiento a
eventos promovidos por la entidad, elaboraba pautas conceptuales, participaba
en publicaciones institucionales y desarrollaba actividades de comunicación y
divulgación. Según el Tribunal, esas tareas se cumplían bajo las directrices de
sus superiores.

33. También tuvo en cuenta los contratos, informes mensuales de actividades,
cuentas de cobro y demás documentos relacionados con la ejecución contractual.
Consideró que ese material demostraba que la actora debía reportar sus labores,
obtener vistos buenos y desarrollar las actividades bajo seguimiento institucional.

34. Con fundamento en esas pruebas, concluyó que existían elementos
suficientes para descartar una simple relación de coordinación y declarar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.

35. En cuanto a la responsabilidad de las demandadas, consideró que, como
las labores se prestaron en beneficio de Colciencias, existía solidaridad respecto
de las obligaciones económicas reconocidas. Para ello acudió al artículo 1568
del Código Civil, relativo a las obligaciones solidarias.

36. Determinó que la demandante prestó sus servicios directamente a
Colciencias entre el 7 de septiembre de 2006 y el 9 de abril de 2007. Respecto
del período comprendido entre el 10 de abril de 2007 y el 30 de marzo de 2009,
concluyó que la SECAB actuó como intermediaria, razón por la cual atribuyó
responsabilidad solidaria a las entidades demandadas.

37. Aunque declaró la desnaturalización, el Tribunal consideró que había
operado la caducidad de la acción respecto de las pretensiones dirigidas al
reconocimiento de prestaciones sociales, salarios, indemnizaciones y demás
acreencias económicas sometidas al término de cuatro meses. Para ello se
remitió al auto del 14 de noviembre de 2019, en el cual se había advertido que el
acto fue notificado el 19 de julio de 2012 y la demanda presentada el 14 de enero
de 2013.

38. No obstante, señaló que la caducidad no afectaba las pretensiones
relacionadas con aportes al sistema de seguridad social en pensiones, debido a
su carácter imprescriptible y a su incidencia en la consolidación del derecho
pensional.

39. Por esa razón, limitó el restablecimiento del derecho a las consecuencias
derivadas de los aportes al sistema de seguridad social. Respecto de las
cotizaciones pensionales, ordenó computar todo el tiempo reconocido y verificar
las diferencias entre los aportes efectuados y aquellos que debieron realizarse.

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40. En cuanto a los aportes en salud, señaló que no procedía su devolución
directa a la demandante, pues se trataba de recursos parafiscales con
destinación específica. En consecuencia, ordenó pagar únicamente las
diferencias entre lo efectivamente cotizado y lo que habría correspondido asumir
a las demandadas.

41. Finalmente, consideró que esas diferencias en salud no estaban
prescritas. Aplicó el término de cinco años previsto en el artículo 817 del Estatuto
Tributario y tuvo en cuenta que los contratos finalizaron el 30 de marzo de 2009,
mientras que la reclamación administrativa fue presentada el 25 de junio de 2012.

42. La sentencia se abstuvo de imponer condena en costas.

Recursos de apelación

43. La parte demandante y las entidades demandadas interpusieron recursos
de apelación contra la sentencia de primera instancia.

44. La demandante solicitó revocar el numeral quinto de la decisión, al
considerar que no había operado la caducidad de la acción. Señaló que
Colciencias respondió la reclamación administrativa mediante oficio del 4 de julio
de 2012 y que, en esa comunicación, indicó que remitiría por competencia a la
SECAB los demás puntos de la petición.

45. Sostuvo que, como la SECAB no emitió respuesta, se configuró el silencio
administrativo negativo previsto en el artículo 83 del CPACA. A su juicio, este
ocurrió el 4 de octubre de 2012, tres meses después del traslado de la solicitud,
por lo que el término de cuatro meses vencía el 4 de febrero de 2013. Como la
demanda fue presentada el 14 de enero de 2013, concluyó que la acción se
ejerció oportunamente.

46. También cuestionó el numeral tercero de la sentencia. Sostuvo que las
entidades demandadas, en calidad de responsables solidarias, debían asumir los
aportes a salud y pensiones en los porcentajes previstos para los trabajadores
dependientes. Por ello, pidió el reintegro de las sumas que, a su juicio, pagó en
exceso como contratista.

47. Añadió que, una vez declarada la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, el Tribunal debía ordenar el reconocimiento integral de
los derechos salariales y prestacionales reclamados.

48. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación solicitó revocar los
numerales primero y segundo de la sentencia. Sostuvo que las labores
desarrolladas por la actora fueron temporales y se ejecutaron con autonomía e
independencia. Añadió que la presentación de informes respondía a la
coordinación propia de los contratos de prestación de servicios y no demostraba
continuada subordinación.

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49. Señaló que existió solución de continuidad entre los vínculos
contractuales, pues el primer contrato terminó el 27 de diciembre de 2006 y la
demandante solo fue contratada nuevamente el 9 de febrero de 2007. En su
criterio, esa interrupción desvirtuaba el carácter permanente de las actividades.

50. También sostuvo que los contratos posteriores fueron celebrados con la
SECAB y no con Colciencias. Por ello, consideró que no podía atribuirse al
Ministerio responsabilidad por vínculos de los cuales no fue parte ni declararse
solidaridad respecto de las obligaciones derivadas de ellos.

51. Agregó que las facultades de supervisión contractual se limitaban a
inspeccionar, verificar y evaluar el cumplimiento del objeto pactado. En su criterio,
esas actuaciones no podían equipararse al ejercicio de un poder continuado de
dirección.

52. Finalmente, afirmó que las labores desarrolladas por la demandante eran
ajenas a las actividades ordinarias de Colciencias, por lo que tampoco se
configuraban los presupuestos para declarar responsabilidad solidaria.

53. La SECAB sostuvo que el Tribunal erró al declarar la desnaturalización de
los contratos, pues no se demostró que ese organismo hubiera ejercido
continuada subordinación sobre la demandante. Señaló que, si la actora recibió
órdenes o instrucciones, estas provenían de Colciencias y no de la SECAB.

54. Indicó que la propia demandante manifestó que no existía registro de
ingreso y salida ni un horario formal, mientras que una de las testigos afirmó no
poder asegurar que cumpliera una jornada determinada.

55. Añadió que la SECAB no impartía instrucciones sobre la forma de elaborar
los productos contratados, sino que se limitaba a fijar parámetros generales y
fechas de entrega, actuaciones compatibles con una relación contractual
autónoma.

56. También cuestionó la naturaleza jurídica atribuida por el Tribunal al
convenio celebrado con Colciencias. Explicó que la SECAB es un organismo
internacional de derecho público y no una entidad pública colombiana, por lo que
consideró equivocado calificar dicho instrumento como convenio
interadministrativo.

57. A partir de lo anterior, controvirtió la declaratoria de responsabilidad
solidaria. Sostuvo que en los convenios de cooperación científica y tecnológica
cada parte responde por las obligaciones que asume y que no existe una regla
que permita extenderle las consecuencias derivadas de vínculos contractuales
ajenos.

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58. Finalmente, alegó que la sentencia incurrió en contradicción al considerar
simultáneamente a la SECAB empleadora de la demandante e intermediaria
laboral. A su juicio, ambas calidades son incompatibles respecto del mismo
vínculo.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

59. Mediante auto del 29 de agosto de 2024 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la parte demandante y las entidades demandadas.

60. Las partes guardaron silencio durante esta etapa procesal.

61. El agente del Ministerio Público rindió concepto y solicitó revocar la
sentencia de primera instancia. Sostuvo que la demandante no acreditó la
continuada subordinación, pues las declaraciones practicadas no permitían
establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar necesarias
para demostrar ese elemento.

62. Añadió que la presentación de informes tampoco permitía inferir, por sí
sola, la continuada subordinación. Explicó que entre contratante y contratista
puede existir una relación de coordinación que exija la presentación de reportes,
el cumplimiento de lineamientos generales y la observancia de instrucciones
orientadas a la adecuada ejecución del objeto contractual, sin que ello implique
pérdida de autonomía.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

63. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

64. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si, como lo sostiene la
demandante, la acción fue ejercida oportunamente respecto del acto presunto
derivado de la falta de respuesta de la SECAB a la petición trasladada por
Colciencias.

65. De superarse ese examen, deberá establecerse si prosperan los
reproches formulados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la
SECAB contra la declaratoria de desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios, en particular, si las pruebas demostraron continuada subordinación
o si las condiciones acreditadas correspondían a la coordinación y supervisión
propias de los vínculos contractuales.

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66. De mantenerse la declaratoria de desnaturalización, la Sala deberá
resolver si existe fundamento jurídico para atribuir responsabilidad solidaria al
Ministerio y a la SECAB respecto de las obligaciones derivadas de los períodos
reconocidos y, finalmente, pronunciarse sobre los reproches de la demandante
relacionados con el alcance del restablecimiento del derecho, en especial frente
a las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensiones.

Análisis de los problemas jurídicos

67. La Sala confirmará la conclusión del Tribunal según la cual operó la
caducidad de la acción respecto de las pretensiones sometidas al término de
cuatro meses. Para ello, se explicará que la falta de respuesta de la SECAB no
dio lugar a la configuración de un acto administrativo presunto que pudiera
modificar el cómputo efectuado en primera instancia, pues la decisión
administrativa objeto de control fue expedida por Colciencias y no se configuró
un acto complejo integrado por las actuaciones de ambas entidades.

68. Asimismo, se revocará la declaratoria de desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios, porque las pruebas no permiten establecer
que la demandante hubiera ejecutado sus actividades bajo continuada
subordinación. Esta conclusión relevará a la Sala de pronunciarse sobre los
demás reproches formulados por la actora, relacionados con el alcance del
restablecimiento del derecho.

Caducidad de la acción

69. La demandante sostiene que Colciencias respondió su reclamación
mediante el oficio 20121110069381 del 4 de julio de 2012 expedido por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero remitió por competencia a
la SECAB algunos puntos de la petición. A partir de ello, afirma que, como este
organismo no emitió respuesta, el 4 de octubre de 2012 se configuró un acto
presunto negativo, de manera que la demanda presentada el 14 de enero de
2013 habría sido oportuna.

70. La Sala no comparte ese planteamiento. La controversia no se originó en
un acto administrativo complejo integrado por una decisión de Colciencias y otra,
expresa o presunta, de la SECAB. El Oficio 20121110069381 del 4 de julio de
2012 constituyó la respuesta expresa de la autoridad administrativa frente a las
reclamaciones formuladas en su contra y, por tanto, la oportunidad para ejercer
la acción respecto de esa decisión debía contabilizarse a partir de su notificación.

71. Al revisar la petición presentada por la demandante el 25 de junio de 2012,
se advierte que fue dirigida a Colciencias y tuvo como pretensión principal el
reconocimiento de una presunta relación laboral, además de la entrega de
documentos que, según la solicitante, se encontraban bajo custodia de esa
entidad. Al contrastar dicha solicitud con el Oficio 20121110069381 del 4 de julio
de 2012, se evidencia que Colciencias emitió una respuesta expresa y de fondo

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Demandante: Carolina Prieto Molano

frente a las reclamaciones que le eran atribuibles, en particular aquellas
relacionadas con la pretendida existencia de una relación laboral. Por tanto,
respecto de Colciencias, el oficio constituyó una decisión definitiva y autónoma

72. La circunstancia de que Colciencias hubiera remitido a la SECAB algunos
puntos de la petición no convirtió las respuestas de ambas entidades en
elementos necesarios de una única decisión administrativa. Tampoco supeditó la
eficacia o firmeza del oficio expedido por Colciencias a un pronunciamiento
posterior del organismo internacional. Por ello, no existe fundamento para
desplazar el inicio del cómputo de la caducidad hasta la fecha en la que, según
la apelante, se habría configurado el silencio administrativo negativo.

73. En efecto, los actos complejos se caracterizan porque la decisión
administrativa surge de la concurrencia de varias manifestaciones de voluntad
que se integran para formar un único acto. Esa circunstancia no se presentó en
este asunto. Colciencias resolvió las reclamaciones formuladas respecto de su
propia actuación contractual y la remisión de algunos asuntos a la SECAB no
transformó el oficio expedido por aquella entidad en una decisión incompleta o
pendiente de integración.

74. Tampoco puede sostenerse que la falta de respuesta de la SECAB hubiera
producido un acto administrativo presunto susceptible de alterar la oportunidad
para demandar la decisión de Colciencias. La regla que permite demandar en
cualquier tiempo los actos producto del silencio administrativo presupone,
precisamente, la existencia de un acto administrativo ficto.

75. En este caso, la SECAB no profirió el acto acusado ni su eventual
pronunciamiento constituía un elemento necesario para completar la decisión
adoptada por Colciencias. En consecuencia, la ausencia de respuesta a los
puntos que le fueron remitidos no modificó el término para demandar el oficio
20121110069381 del 4 de julio de 2012.

76. Por tanto, el cómputo debía efectuarse a partir de la notificación del acto
expreso expedido por Colciencias, como lo hizo el Tribunal. Dado que la
demanda fue presentada una vez vencido el término previsto en el artículo 164,
numeral 2, literal d), del CPACA, se confirmará la declaratoria de caducidad de
la acción respecto de las pretensiones sometidas a dicho plazo.

Desnaturalización de los contratos de prestación de servicios

77. Precisado lo anterior, corresponde resolver los reproches formulados por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la SECAB contra la conclusión
del Tribunal según la cual los contratos de prestación de servicios se
desnaturalizaron.

78. La señora Carolina Prieto Molano suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicios:

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Vinculación y Duración Objeto Valor
entidad mensual
Colciencias 7 de septiembre Coordinar proponer y apoyar la $7.333.334
Orden de prestación al 27 de realización de actividades de
de servicios D.P 022 diciembre de apropiación social de Ciencia (valor total
2006 Tecnología e innovación, del contrato)
programadas dentro del plan de
acción de la División de Ciencia,
Cultura y Comunicación.
Colciencias 9 de febrero al 9 Elaboración de artículos
Orden de prestación de abril de 2007 periodísticos, gestión editorial y
de servicios D.P 033 apoyo a actividades de ___
comunicación científica
Convenio SECAB- 10 de abril de Asesorar a la División de Ciencia, $2.000.000
Colciencias 2007 al 9 de Cultura y Comunicación de
Contrato de enero de 2008 Conciencias en la implementación
prestación de de las políticas de apropiación
servicios 261 social del conocimiento definidas en
el Plan de Acción de la División
Convenio SECAB- 11 de febrero al Asesorar a la División de Ciencia, $2.100.000
Colciencias 11 de marzo de Cultura y Comunicación de
Adición Contrato de 2008 Colciencias en la implementación
prestación de de las políticas de apropiación
servicios 261 social del conocimiento definidas en
el Plan de Acción de la División
Convenio SECAB- 1° de abril de La prestación de servidos $3.300.000
Colciencias 2008 al 30 de profesionales de apoyo a la División
Contrato de marzo de 2009 de Ciencia, Cultura y Comunicación
prestación de de Conciencias en la
servicios 261-1 implementación de las políticas de
apropiación social del conocimiento
definidas en el Plan de Acción de la
División, en lo referente a la Cultura
Ciudadana para la Sociedad del
Conocimiento

79. En el expediente obran, además, el Convenio 165 de 2006, de
cooperación y asistencia técnica, celebrado entre Colciencias y la SECAB; el
convenio especial de cooperación para el desarrollo de actividades científicas y
tecnológicas; la hoja de vida de la demandante; los informes de actividades; los
formatos de entrega de bienes; los comprobantes de pago de honorarios; y el
manual de funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

80. En primera instancia se practicaron los testimonios de María Claudia
Gutiérrez Mejía y Juan Carlos Rojas Rodríguez, así como el interrogatorio de
parte de la demandante.

• María Claudia Gutiérrez Mejía manifestó que estuvo vinculada a
Colciencias como contratista desde 2007 y conoció a la actora porque
ambas desarrollaban actividades relacionadas con proyectos
institucionales. Señaló que la demandante prestaba sus servicios en el
área de Comunicaciones y trabajaba con Lisbeth Fog.

Indicó que los contratistas solían contar con puesto de trabajo y
computador dentro de la entidad, sin distinción según el convenio a través
del cual estuvieran vinculados. También relató que, en algunas

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oportunidades, la señora Prieto Molano colaboró en la actualización de
fichas de inversión pública y debía atender los lineamientos impartidos por
los responsables de cada proyecto.

Afirmó que no podía precisar si la demandante tenía un horario
determinado ni si solicitaba permisos para ausentarse, pues trabajaban en
áreas diferentes. Añadió que la SECAB efectuaba el pago de los
honorarios, mientras que Colciencias gestionaba o solicitaba los vistos
buenos necesarios para ese efecto.

• Juan Carlos Rojas Rodríguez manifestó que estuvo vinculado a
Colciencias entre agosto de 2007 y diciembre de 2008 y que tuvo contacto
con la demandante por actividades relacionadas con la difusión del Plan
Colombiano de Investigaciones en Combustibles.

Señaló que la actora desarrollaba actividades editoriales, de
comunicaciones y de organización de eventos, y que dependía
funcionalmente de la Dirección de Comunicaciones. Indicó que la veía
habitualmente en las instalaciones de Colciencias, pero no conocía cuál
entidad le pagaba los honorarios ni si debía solicitar permisos para
ausentarse.

Relató que las directrices que conoció estaban relacionadas,
principalmente, con publicaciones y productos comunicativos definidos
dentro de la programación institucional. Precisó que esas instrucciones
provenían de la directora de Comunicaciones, Lisbeth Fog.

• La demandante declaró que había trabajado en Colciencias entre 1995 y
1999 como servidora de planta y que, entre 2006 y 2009, volvió a prestar
sus servicios en la División de Ciencia, Cultura y Comunicación.

Afirmó que durante ese último período desarrolló actividades relacionadas
con apropiación social del conocimiento, divulgación de la ciencia,
tecnología e innovación y apoyo a políticas institucionales. Señaló que sus
tareas se realizaban bajo las instrucciones de quienes dirigían la
dependencia y que, para recibir el pago de honorarios, debía presentar
informes aprobados por el supervisor y acreditar el pago de aportes al
sistema de seguridad social.

Indicó que siempre trabajó en las instalaciones de Colciencias y que
recibió instrucciones de Ángela Patricia Bonilla, Lisbeth Fog y del
subdirector de Programas Estratégicos. Explicó que esas directrices
comprendían, entre otras actividades, la revisión de contenidos, la
programación de eventos y la elaboración o coordinación de publicaciones
institucionales.

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También sostuvo que cumplía un horario, solicitaba verbalmente
autorización para ausentarse y, en algunas ocasiones, debía extender su
jornada por necesidades de las actividades asignadas. Añadió que no
existía un sistema formal de registro de ingreso y salida.

Finalmente, precisó que los contratos celebrados con la SECAB a partir
del 10 de abril de 2007 se ejecutaron en el marco de los convenios
suscritos con Colciencias. Según afirmó, continuó prestando sus servicios
en la misma dependencia y bajo condiciones semejantes, aunque no
recordaba con exactitud las particularidades de cada vínculo contractual.

81. De los documentos allegados al proceso se acreditó que la demandante
estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios con Colciencias
y la SECAB, en calidad de comunicadora social, y que recibió los honorarios
pactados como contraprestación por las actividades desarrolladas.

82. La continuada subordinación corresponde al poder jurídico permanente de
dirección sobre la actividad de quien presta personalmente el servicio. Puede
manifestarse, entre otros aspectos, en el ejercicio de la facultad de impartir
órdenes obligatorias sobre la forma, el tiempo y las condiciones de ejecución de
las labores, así como en la exigencia de su cumplimiento y en el ejercicio de
potestades correctivas o disciplinarias. Se distingue, por tanto, de la
coordinación, el seguimiento y la verificación del objeto contractual.

83. De acuerdo con los artículos 3, 4 —numerales 1 y 4—, 5 —numeral 2— y
14 de la Ley 80 de 1993, la entidad contratante cuenta con facultades orientadas
a asegurar la ejecución idónea y oportuna del objeto pactado. En ejercicio de
ellas puede verificar el cumplimiento de las obligaciones, exigir informes, formular
observaciones y efectuar seguimiento a los resultados, sin que tales actuaciones
impliquen, por sí solas, el ejercicio de continuada subordinación.

84. En ese contexto, quien pretende la declaración de desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios debe demostrar que, más allá de las
facultades de coordinación y supervisión, la entidad ejerció un poder continuado
de dirección sobre la forma en que desarrollaba sus actividades. Esa carga no se
satisface con la sola existencia de contratos, cuentas de cobro, pagos de
honorarios, cotizaciones al sistema de seguridad social o el desarrollo de labores
en las instalaciones de la entidad. Estos elementos pueden acreditar la
prestación personal del servicio y la remuneración, pero no demuestran,
aisladamente, la pérdida de autonomía del contratista.

85. En este caso, las pruebas muestran que la demandante desarrolló
actividades relacionadas con la apropiación social del conocimiento, la
divulgación científica, las publicaciones institucionales, la organización de
eventos y el apoyo comunicativo a proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
La controversia no radica, entonces, en la prestación personal del servicio ni en

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su remuneración, sino en establecer si las condiciones materiales de ejecución
demostraron continuada subordinación.

86. María Claudia Gutiérrez Mejía indicó que conoció a la demandante por las
interacciones que mantuvieron en Colciencias con ocasión de actividades
relacionadas con la actualización de la ficha EBI y proyectos de inversión pública.
Explicó que la información debía ser suministrada por la dependencia
correspondiente y socializada con el líder, jefe o supervisor respectivo. También
señaló que, en términos generales, los contratistas disponían de puesto de
trabajo y computador en las instalaciones de la entidad y que la actora
desarrollaba sus actividades con Lisbeth Fog.

87. Sin embargo, la testigo aclaró que no conoció los contratos de la
demandante ni las condiciones específicas de su ejecución. Tampoco pudo
afirmar que tuviera un horario determinado o que debiera solicitar autorización
para ausentarse, pues ambas trabajaban en dependencias distintas. Su
declaración, por tanto, acredita el lugar en el que se desarrollaban las actividades
y la interacción de la actora con la dependencia de Comunicaciones, pero no
demuestra el ejercicio de un poder continuado de dirección.

88. Juan Carlos Rojas Rodríguez señaló que la demandante apoyaba
actividades editoriales, de comunicaciones y de organización de eventos. Relató
que brindaba orientación sobre contenidos, publicaciones y separatas vinculadas
con el Plan Colombiano de Investigaciones en Combustibles y que algunas
directrices relacionadas con esos productos provenían de la directora de
Comunicaciones.

89. No obstante, el testigo no describió órdenes dirigidas personalmente a la
demandante que permitieran establecer una sujeción permanente respecto de la
forma, el tiempo o las condiciones de ejecución de sus actividades. Tampoco le
constaba que estuviera obligada a solicitar permisos para ausentarse. Por el
contrario, su relato muestra que la propia actora asesoraba y orientaba a otros
contratistas en asuntos relacionados con su especialidad profesional,
circunstancia que, aunque no excluye por sí sola la subordinación, tampoco
permite inferirla.

90. En el interrogatorio de parte, la demandante afirmó que debía presentar
informes aprobados por su supervisor para recibir los honorarios, que contaba
con puesto de trabajo, cumplía un horario, solicitaba permisos verbales y recibía
instrucciones de quienes dirigían la dependencia. Sin embargo, sus propias
afirmaciones sobre hechos favorables a sus pretensiones no bastan para
acreditarlos y deben examinarse en conjunto con los demás medios de prueba.

91. En cuanto a los informes y la aprobación requerida para el pago, tales
exigencias son compatibles con las facultades de supervisión contractual y no
acreditan, sin elementos adicionales, continuada subordinación. Lo mismo ocurre
con la revisión de contenidos, la fijación de fechas para publicaciones y la

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definición de actividades dentro de la programación institucional, pues, atendida
la naturaleza de los objetos contratados, podían corresponder a la coordinación
necesaria entre el trabajo de comunicación desarrollado por la demandante y los
proyectos científicos y tecnológicos que debían divulgarse.

92. Tampoco se demostró que la presencia de la actora en las instalaciones
de Colciencias estuviera acompañada de mecanismos de control propios de un
poder subordinante. La demandante manifestó que no existía registro de ingreso
y salida, y ninguno de los testigos pudo establecer la imposición y el control de
una jornada determinada. La coincidencia habitual con los horarios de
funcionamiento de la entidad, sin prueba sobre mecanismos de vigilancia,
consecuencias por incumplimiento o exigencias concretas de permanencia, no
resulta suficiente para acreditar la continuada subordinación.

93. Una conclusión semejante se impone respecto de los permisos. Aunque
la actora afirmó que debía solicitarlos verbalmente, los testigos no corroboraron
que sus ausencias estuvieran sometidas a autorización previa ni que existiera la
posibilidad de negarlas o imponer consecuencias ante su inasistencia. La prueba
disponible no permite diferenciar, con la suficiencia necesaria, entre un deber de
informar o coordinar las ausencias para asegurar el desarrollo de las actividades
contratadas y una potestad del empleador para disponer de manera obligatoria
sobre el tiempo de trabajo.

94. Valorados conjuntamente los medios de prueba, la Sala concluye que no
se acreditó que las instrucciones recibidas por la demandante excedieran la
coordinación técnica, editorial y funcional requerida para articular sus actividades
con los proyectos institucionales. La prueba tampoco permite establecer órdenes
personales, obligatorias y reiteradas sobre las condiciones de ejecución de las
labores, control efectivo del horario, autorización de ausencias o ejercicio de
potestades correctivas que revelaran un poder continuado de dirección.

95. Esta conclusión no desconoce que las actividades de la demandante se
relacionaban con los objetivos institucionales de Colciencias ni que fueron
desarrolladas durante un período prolongado. Sin embargo, el carácter misional
o permanente de una actividad y la sucesiva celebración de contratos no
sustituyen la prueba de continuada subordinación, elemento que debía
acreditarse a partir de las condiciones materiales en las que se prestó el servicio.

96. En consecuencia, como la parte demandante no demostró la continuada
subordinación necesaria para declarar la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró la caducidad de la acción y la revocará en lo demás,
para negar las pretensiones relacionadas con los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones. Esta conclusión hace innecesario examinar los reparos
relativos a la responsabilidad solidaria de las entidades demandadas y al alcance
del restablecimiento del derecho reclamado por la actora.

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Condena en costas

97. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

98. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

99. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

100. En consecuencia, se impondrán costas de ambas instancias a la parte
demandante, por cuanto se accede a las peticiones del recurso de apelación de
las demandadas. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 23 de
noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, únicamente
en cuanto declaró la caducidad de la acción respecto de las pretensiones
sometidas al término previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d), del CPACA.

SEGUNDO. REVOCAR en lo demás la sentencia apelada y, en su lugar, NEGAR
las pretensiones de la demanda relacionadas con la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios y con el reconocimiento de aportes al
sistema de seguridad social en pensiones.

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Demandante: Carolina Prieto Molano

TERCERO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la señora Carolina
Prieto Molano, a favor de las entidades demandadas. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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