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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01648-03

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01648-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los oficios 957016 de 6 de septiembre de 2016 y 968950 de 10 de octubre de 2016, únicamente en cuanto negaron el reconocimiento de los efectos derivados de la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes durante los períodos comprendidos entre el 2 de enero y el 30 de marzo de 1998, entre el 16 de abril y el 30 de junio de 1998 y entre el 1.º de octubre y el 31 de diciembre de 1998. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que se desnaturalizaron los contratos de prestación de servicios 008, 347, 399 y 681 de www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 14 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2017-01648-03 (4104-2024) Demandante: Consuelo Clavijo Lombana 1998, celebrados entre la señora Consuelo Clavijo Lombana y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante los períodos señalados en el ordinal anterior. CUARTO: DECLARAR prescritas las acreencias de contenido prestacional derivadas de los vínculos antes mencionados. QUINTO: ORDENAR al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que compute, para efectos pensionales, el tiempo servido por la demandante durante los períodos comprendidos entre el 2 de enero y el 30 de marzo de 1998, entre el 16 de abril y el 30 de junio de 1998 y entre el 1.º de octubre y el 31 de diciembre de 1998. SEXTO: ORDENAR al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que efectúe ante la administradora de pensiones correspondiente las cotizaciones que le habrían correspondido como empleador respecto de los períodos indicados en el ordinal anterior, tomando como ingreso base de cotización los honorarios pactados en los contratos 008, 347, 399 y 681 de 1998. La condena comprenderá únicamente el porcentaje que le correspondía […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01648-03

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01648-03 (4104-2024)
Demandante: Consuelo Clavijo Lombana
Demandado: Nación- Ministerio de Tecnologías de la Información y de las
Tecnologías y las Comunicaciones- MINTIC y otro1

Tema: Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral –

Decisión: Modifica y revoca la sentencia de primera instancia con el fin
de precisar el tiempo de reconocimiento de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia del 11 de abril de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Consuelo Clavijo Lombana interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad de los oficios 957016 de 6 de septiembre de 2016 y 968950
de 10 de octubre de 2016, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago
de prestaciones sociales derivadas de la presunta desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad demandada.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) declarar la existencia
de una relación laboral entre las partes desde el 1.º de enero de 1998 hasta el 25
de octubre de 2013; ii) reconocer y pagar las prestaciones sociales causadas
durante ese período; iii) declarar que el tiempo laborado sea computado para
efectos pensionales; iv) devolver los valores descontados por concepto de
retención en la fuente; v) indexar las sumas reconocidas; y vi) dar cumplimiento
a la sentencia conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

3. Como hechos relevantes, señaló que suscribió múltiples contratos de
prestación de servicios con la entidad demandada entre el 1.º de enero de 1998

1
Fondo Único de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

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Demandante: Consuelo Clavijo Lombana

y el 25 de octubre de 2013, durante los cuales desarrolló actividades de apoyo
administrativo de manera continua.

4. Como concepto de violación, sostuvo que resulta aplicable el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades, pues, aunque formalmente estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios, en la práctica ejecutó
sus actividades de manera personal, a cambio de una remuneración y bajo
continuada subordinación, dado que cumplía horarios y atendía las instrucciones
impartidas por los funcionarios de la entidad.

Contestación de la demanda

5. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se
opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que dicha entidad y el Fondo
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen personas
jurídicas distintas. Así mismo, indicó que la demandante estuvo vinculada
mediante contratos de prestación de servicios durante el año 1998 y entre 2005
y 2012.

6. Propuso como excepciones las de falta de legitimación en la causa por
pasiva, prescripción, inexistencia de la relación laboral, ausencia de las
formalidades requeridas para ostentar la calidad de empleada pública,
presunción de legalidad de los actos acusados y la genérica.

7. Por su parte, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones se opuso a las pretensiones y señaló que la vinculación de la
demandante se realizó mediante contratos de prestación de servicios celebrados
al amparo de la Ley 80 de 1993. Agregó que no se acreditaron los elementos
necesarios para declarar la desnaturalización de dichos contratos.

8. Como excepciones propuso las de inexistencia de la relación laboral,
inexistencia de la subordinación, cobro de lo no debido, prescripción y la
genérica.

Decisión de las excepciones previas

9. Mediante audiencia inicial celebrada el 26 de junio de 2019, el Tribunal
rechazó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para
tal efecto, consideró que el Decreto 1414 de 2017 le atribuye a dicha entidad la
representación judicial, extrajudicial y administrativa tanto del Ministerio como del
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

10. No obstante, teniendo en cuenta que los contratos objeto de controversia
fueron suscritos con el Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, dispuso su vinculación al proceso con el fin de integrar
debidamente el contradictorio.

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Demandante: Consuelo Clavijo Lombana

11. Contra esa decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante auto
de 16 de julio de 2020, que confirmó la providencia de primera instancia. La
Corporación señaló que la eventual falta de legitimación en la causa por pasiva
de carácter material debía analizarse en la sentencia, a partir de los hechos
acreditados y del material probatorio recaudado. Así mismo, concluyó que el
Tribunal actuó acertadamente al vincular al Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en calidad de litisconsorte necesario.

Sentencia apelada

12. Mediante sentencia del 11 de abril de 2024, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y reconoció la existencia de una relación laboral entre el 2 de
enero de 1998 y el 25 de octubre de 2013, con las interrupciones que encontró
acreditadas en el expediente.

13. Para sustentar su decisión, señaló que se encontraban demostradas la
prestación personal del servicio y la remuneración, pues la demandante ejecutó
actividades para la entidad mediante contratos de prestación de servicios
celebrados durante distintos períodos comprendidos entre 1998 y 2013.

14. En cuanto a la subordinación, indicó que la jurisprudencia ha reconocido
como indicios relevantes para su acreditación la disponibilidad de un espacio
físico de trabajo, el cumplimiento de horarios, la existencia de dirección y control
sobre las actividades desarrolladas y la ejecución de funciones similares a las
asignadas a servidores de planta, siempre que tales circunstancias sean
valoradas conjuntamente con los demás elementos de prueba.

15. Con fundamento en el análisis integral del acervo probatorio, concluyó que
la demandante prestó sus servicios para el entonces Ministerio de
Comunicaciones —hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones— mediante la suscripción de quince (15) contratos de
prestación de servicios; desempeñó actividades de carácter técnico; desarrolló
sus labores en dependencias de la entidad utilizando los elementos
suministrados por esta; estuvo sometida a supervisión permanente; y cumplió sus
actividades de manera personal dentro de una jornada que, según consideró
acreditado, correspondía al horario ordinario de funcionamiento de la entidad.

16. Precisó que existieron interrupciones en la ejecución de los contratos, así:
i) el contrato n.º 399 de 1998 finalizó el 30 de junio de 1998 y el siguiente vínculo
se suscribió el 1.º de octubre de 1998; ii) el contrato n.º 681 de 1998 finalizó el
31 de diciembre de 1998 y el siguiente se suscribió el 25 de enero de 2005; iii) el
contrato n.º 62 de 2006 finalizó el 6 de septiembre de 2006 y el siguiente se
celebró el 7 de febrero de 2007; y iv) el contrato n.º 591 de 2012 finalizó el 31 de
diciembre de 2012 y el siguiente vínculo inició el 1.º de agosto de 2013.

17. En relación con la prescripción, señaló que el último contrato finalizó el 25
de octubre de 2013, que la reclamación administrativa fue presentada el 16 de
agosto de 2016 y que la demanda se radicó el 4 de abril de 2017. Con fundamento

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en ello, concluyó que no se encontraban prescritos los derechos derivados del
período comprendido entre el 1.º de agosto y el 25 de octubre de 2013.

18. Indicó que, aunque la reclamación administrativa fue presentada dentro de
los tres (3) años siguientes a la terminación del último vínculo contractual, la
interrupción superior a tres (3) años existente entre el 31 de diciembre de 2012 y
el 1.º de agosto de 2013 impedía extender ese efecto a los contratos anteriores.
Por tal razón, declaró prescritos los derechos patrimoniales derivados de los
vínculos celebrados con anterioridad al 1.º de agosto de 2013.

19. Precisó que la prescripción únicamente afectaba los derechos de
contenido patrimonial y no los aportes al sistema general de pensiones, cuya
exigibilidad es imprescriptible conforme a la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado. En consecuencia, dispuso que los tiempos de servicio
acreditados entre el 2 de enero de 1998 y el 25 de octubre de 2013 fueran
computados para efectos pensionales, con las interrupciones identificadas en la
sentencia.

20. En tal sentido, ordenó efectuar los aportes al sistema pensional
correspondientes al período comprendido entre el 2 de enero de 1998 y el 25 de
octubre de 2013, tomando como ingreso base de cotización el valor de los
honorarios percibidos. Así mismo, dispuso que, de existir diferencias entre los
aportes realizados por la demandante y los que debieron efectuarse, la entidad
asumiera el porcentaje que le correspondía como empleadora.

21. Señaló que la demandante debía acreditar las cotizaciones efectuadas al
sistema durante la ejecución de los contratos y que, en caso de existir diferencias
a su cargo, debía asumir el porcentaje correspondiente. De igual forma, dispuso
que los eventuales pagos en exceso fueran reintegrados.

22. En cuanto a los aportes al sistema de salud, consideró improcedente su
devolución, atendiendo la naturaleza parafiscal de tales contribuciones y la
jurisprudencia unificada de esta Corporación.

23. Respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva de carácter
material, concluyó que los contratos fueron suscritos por la demandante con el
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, razón por la cual
declaró probada dicha excepción respecto del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

24. Finalmente, negó la devolución de las sumas retenidas por concepto de
retención en la fuente, por considerar que tales descuentos correspondían al
régimen jurídico aplicable a los contratos de prestación de servicios, y se abstuvo
de imponer condena en costas.

Recursos de apelación

25. El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
interpuso recurso de apelación y sostuvo que no se acreditaron los elementos

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necesarios para declarar la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios, pues la vinculación de la demandante se desarrolló mediante esa
modalidad contractual y las actividades fueron ejecutadas con autonomía,
conforme a lo pactado entre las partes.

26. Resaltó que las labores desarrolladas por la demandante podían ser
ejecutadas por otras personas y que la interacción con los supervisores
correspondía a las actividades de seguimiento y coordinación propias de la
contratación estatal. En ese sentido, afirmó que las pruebas recaudadas no
permiten demostrar la continuada subordinación exigida por la jurisprudencia
para desvirtuar la naturaleza contractual del vínculo.

27. Por su parte, la demandante también interpuso recurso de apelación y
sostuvo que los contratos de prestación de servicios fueron ejecutados de
manera continua entre 1998 y 2013, sin solución de continuidad. Señaló que la
ausencia de algunos contratos en el expediente no desvirtúa la prestación
efectiva de sus servicios y afirmó que la entidad demandada no acreditó la
existencia de interrupciones reales en el vínculo alegado.

28. Así mismo, adujo que las pruebas documentales y testimoniales
recaudadas en el proceso —particularmente las declaraciones de quienes se
desempeñaron como su jefe y compañero de trabajo— demuestran que ejerció
funciones propias de un empleo del nivel técnico administrativo, grado 17,
adscrito a la Dirección de Administración de Recursos de Comunicaciones. Con
fundamento en ello, solicitó que las prestaciones sociales fueran liquidadas con
referencia a dicho empleo equivalente.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. Mediante auto de 27 de noviembre de 2024 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la demandante y el Fondo Único de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Posteriormente, por auto de 14 de julio de
2025, se negaron las pruebas solicitadas en segunda instancia.

31. La demandante y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones guardaron silencio en esta etapa procesal.

32. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

33. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

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34. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia
incurrió en los errores que le atribuyen las partes al concluir que se
desnaturalizaron los contratos de prestación de servicios suscritos entre la
demandante y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
al establecer los períodos respecto de los cuales procedía el reconocimiento de
derechos y al definir la forma de liquidar el restablecimiento del derecho.

35. Para resolver ese problema, la Sala deberá establecer, en primer lugar, si
el material probatorio acredita que la demandante ejecutó las actividades
contratadas bajo continuada subordinación o si, por el contrario, actuó con la
autonomía propia de los contratos de prestación de servicios. En segundo lugar,
si se demuestra la desnaturalización de dichos contratos, deberá determinarse si
existió continuidad en la prestación de los servicios durante los períodos
alegados por la demandante o si las interrupciones identificadas por el Tribunal
producen los efectos jurídicos que les atribuyó la sentencia apelada. Finalmente,
la Sala deberá establecer si las prestaciones reconocidas deben liquidarse con
fundamento en el empleo equivalente invocado por la demandante.

Análisis del problema jurídico

36. La Sala modificará la decisión apelada, en cuanto las pruebas obrantes en
el expediente permiten acreditar la existencia de una relación entre las partes
únicamente durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de
diciembre de 1998, lapso en el cual la demandante desempeñó funciones como
recepcionista de la entidad.

La desnaturalización de los contratos de prestación de servicios

37. La señora Consuelo Calvijo Lomaba, suscribió los siguientes contratos de
prestaciones de servicios con el Fondo de Comunicaciones (hoy Fondo Único de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones):

Vinculación Duración Objeto Valor
000008 de 19982 2 de enero al 30 de Prestación de servicios de recepcionista en el primer piso, $1.538.160
marzo de 1998 área restringida, cuarto y quinto piso.
347 de 19983 16 de abril a 15 de Prestación de servicios de recepcionista en el primer piso, $512.720
mayo de 1998 área restringida, cuarto y quinto piso.
399 de 19984 15 de mayo al 30 de Prestación de servicios de recepcionista en el primer piso, $429.200
junio de 1998 área restringida, cuarto y quinto piso.
681 de 19985 1 de octubre al 31 Prestación de servicios de recepcionista en el primer piso, $1.538.160
de diciembre de área restringida, cuarto y quinto piso.
1998
0027 de 2005 y 25 de enero al 2005 Apoyar al Ministerio de Comunicaciones, desde el punto $11.400.000
modificaciones6 al 31 de mayo de de vista técnico, en el mantenimiento de las bases de las
2006 redes punto – punto y punto – multipunto, redes $4.275.00
complementarias, equipos y los registros necesarios para
mantener actualizadas las bases del Sistema de Gestión
del Espectro Radioeléctrico del Ministerio, y demás
actividades relacionadas con el sistema, y apoyar a la
dirección de administración de recursos de
comunicaciones en el seguimiento y atención a la
correspondencia cruzada con los licenciatarios y
concesionarios de servicios de comunicaciones.

2
Cuaderno 1. Folio 88 a 90, 95.
3
Ibidem. Folio 95.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem. Folio 103 a 110.

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Demandante: Consuelo Clavijo Lombana

0062 de 20067 15 de junio al 6 de Apoyar al Ministerio de Comunicaciones, desde el punto $3.600.000
septiembre de 2006 de vista técnico, en el mantenimiento de las bases de las
redes punto – punto y punto – multipunto, redes
complementarias, equipos y los registros necesarios para
mantener actualizadas las bases del Sistema de Gestión
del Espectro Radioeléctrico del Ministerio, y demás
actividades relacionadas con el sistema, y apoyar a la
dirección de administración de recursos de
comunicaciones en el seguimiento y atención a la
correspondencia cruzada con los licenciatarios y
concesionarios de servicios de comunicaciones. 000012 de 20078 12 de febrero al 31 Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de $15.400.000
de diciembre de Administración de recursos de comunicaciones del
2012 Ministerio en el mantenimiento de las bases de datos de
las redes punto – punto y punto multipunto, redes
complementarias, equipos y los registros necesarios para
mantener actualizadas las bases de sistemas de Gestión
del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de
Comunicaciones y demás actividades relacionadas con el
sistema de Gestión del Espectro mediante digitación,
conforme a los procesos dispuestas por la entidad. 004 de 20089 9 de febrero al 31 de Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de $17.297.000
diciembre de 2008 Administración de recursos de comunicaciones del
Ministerio en el mantenimiento de las bases de datos de
las redes punto – punto y punto multipunto, redes
complementarias, equipos y los registros necesarios para
mantener actualizadas las bases de sistemas de Gestión
del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de
Comunicaciones y demás actividades relacionadas con el
sistema de Gestión del Espectro mediante digitación,
conforme a los procesos dispuestas por la entidad. 00125 de 2009 y 21 de enero al 31 Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de $18.316.200
otrosí10 de diciembre de Administración de Recursos de Comunicaciones del
2009 Ministerio de Comunicaciones, en el mantenimiento de las
Bases de datos de las redes punto – punto y punto
multipunto, redes complementarias, equipos y los registros
necesarios para mantener actualizadas las bases sistemas
de Gestión del Espectro Radioeléctrico – TIC, y demás
actividades relacionadas con el sistema de Gestión del
Espectro mediante digitación, conforme a los procesos
dispuestas por la entidad. 0043 de 2010 y 7 de enero al 29 de Ejecutar las siguientes actividades: 1. Manejar, adecuar y $ 9.379.850
adición 11 septiembre de 2010 alimentar, la base de datos del Sistema de Gestión del
Espectro Radioeléctrico ASMS- BDU – ALFAWEB; 2. $4.689.925
Digitar las comunicaciones internas procedentes de las
diferentes Coordinaciones de la Dirección de
Administración de Recursos de Comunicaciones; 3. Responder por el correcto manejo de la información
contenida en la base de datos anteriores; 4. Apoyar a las
diferentes coordinaciones en la obligación de las
respuestas a los requerimientos solicitados por los
licenciatarios y concesionarios de los servicios de
comunicaciones. 0348 de 201012 1 de octubre al 31 Prestar apoyo en la Subdirección para la industria de las $4.769.415
de diciembre de TIC, de la Dirección de Comunicaciones de este Ministerio,
2010 en la actualización de las bases de datos BDU y ALFA NET
y como apoyo de las funciones administrativas, conforme
a los procesos dispuestos por la entidad. 0075 de 201113 8 de febrero al 31 de Apoyar a la Subdirección para la Industria de las TIC de la $21.479.994
diciembre de 2011 Dirección de Comunicaciones en lo que corresponde a
temas Administrativos actualización base de Datos BDU y
manejo de herramientas internas como ALFA NET y
REGISTRO TIC.

0161 de 201214 26 de enero al 30 de Prestar el servicio de soporte administrativo en la $10.933.748
junio de 2012 elaboración y desarrollo de los estudios estratégicos en
cumplimiento del plan acción 2012 para la gestión y
asignación de espectro y servicios TIC de la Dirección de
Comunicaciones, que permitan la construcción y
divulgación de políticas del sector comunicaciones en
Colombia.

7
Ibidem. Folio 122 a 129.
8
Ibidem. Folio 136 a 140.
9
Ibidem. Folio 149 a 154.
10
Ibidem. Folio 161 a 168.
11
Ibidem. Folio 177 a 184.
12
Ibidem. Folio 190 a 194.
13
Ibidem. Folio 205 a 212.
14
Ibidem. Folio 217 a 221.

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-01648-03 (4104-2024)
Demandante: Consuelo Clavijo Lombana

591 de 201215 4 de julio al 31 de Prestar el servicio de soporte administrativo en la $
diciembre de 2012 elaboración y desarrollo de los estudios estratégicos en 11.576.910
cumplimiento del plan acción 2012 para la gestión y
asignación de espectro y servicios TIC de la Dirección de
Comunicaciones, que permitan la construcción y
divulgación de políticas del sector comunicaciones en
Colombia.
633 de 201316 1 de agosto al 19 de Prestar el servicio de soporte técnico y administrativo para $9.959.035
noviembre de apoyar la ejecución del plan de acción 2013 en los
201317 relacionado con gestión y asignación de espectro y
servicios de la Subdirección para la Industria de
Comunicaciones, en el marco de la ejecución del proyecto
de implementación de lineamientos del política y
regulación. (sic)

38. En el expediente obran, entre otros, certificados de pago y actas de
liquidación de los vínculos contractuales suscritos por la demandante; la
Resolución n.º 4465 de 2013, mediante la cual fue nombrada en el cargo de
secretaria ejecutiva, código 4210, grado 19, así como el acta de posesión
correspondiente; reportes de semanas cotizadas expedidos por Colpensiones; y
certificaciones relativas a la supervisión ejercida durante su ejecución.

39. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Alirio
Gutiérrez Pastrana y Francisco Alberto López Salgado, quienes declararon lo
siguiente:

• El señor Alirio Gutiérrez Pastrana manifestó que es funcionario activo del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que
conoce a la demandante desde aproximadamente 1998, cuando regresó
de una comisión de servicios en la entonces Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones.

Explicó que, para esa época, la señora Consuelo Clavijo Lombana
prestaba apoyo administrativo en una dirección técnica de la entidad,
particularmente en el manejo de agendas, organización de reuniones y
demás labores asignadas por el director de la dependencia.

Indicó que la observaba regularmente en las instalaciones del Ministerio y
que cumplía una jornada de trabajo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., la cual en
ocasiones se prolongaba más allá del horario ordinario. Añadió que, con
el transcurso de los años, la demandante obtuvo formación profesional y
continuó vinculada a la entidad, asumiendo funciones de mayor
complejidad.

Afirmó que la señora Clavijo Lombana atendía instrucciones impartidas
por sus superiores para el cumplimiento de las actividades propias de la
dependencia y que siempre la vio desempeñar sus labores en condiciones
similares a las de los demás servidores de la entidad. Asimismo, expresó
que no le consta que hubiera trabajado simultáneamente para otro
empleador.

15
Ibidem. Folio 226 a 231.
16
Ibidem. Folio 331 a 339.
17
El contrato tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2013, sin embargo, en el
expediente obre acta de posesión 360 del 20 de noviembre de 2013 cargo de secretaria ejecutiva
código 4210 grado 19

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Finalmente, precisó que no tiene conocimiento directo sobre el disfrute de
vacaciones por parte de la demandante, aunque no recuerda haberla visto
ausentarse por ese motivo durante los períodos en que coincidieron
laboralmente.

• Por su parte, el señor Francisco Alberto López Salgado relató que conoció
a la demandante a finales de 1998, cuando asumió la dirección del
proyecto relacionado con la transición al año 2000, iniciativa que coordinó
tanto en el sector de las telecomunicaciones como en el marco del Consejo
Asesor de Planeación Nacional.

Expuso que, para ese momento, la señora Consuelo Clavijo Lombana se
encontraba adscrita al despacho ministerial y fue incorporada al equipo de
trabajo encargado del proyecto, donde desarrolló actividades de apoyo
administrativo, recepción y secretaría técnica.

Señaló que la demandante prestaba sus servicios de manera permanente
durante la ejecución de dicho programa y que cumplía una jornada de 8:00
a. m. a 5:00 p. m., la cual ocasionalmente se extendía hasta altas horas
de la noche debido a las exigencias propias del proyecto.

Agregó que en las dependencias de alta dirección existía personal de
planta que realizaba actividades semejantes a las desarrolladas por la
demandante y que, cuando requería ausentarse, debía solicitar la
autorización correspondiente.

Manifestó igualmente que entre 2011 y 2014 se desempeñó en la
Subdirección de Comunicaciones. Aunque aclaró que durante ese período
no trabajó directamente con la demandante, afirmó haberla observado
ejerciendo funciones en el área de frecuencias y asistencia técnica.

Por último, indicó que las actividades desarrolladas por la señora Clavijo
Lombana guardaban relación con las funciones propias de la entidad y que
actuó como supervisor en uno de los vínculos contractuales celebrados
por ella.

40. De la valoración conjunta del material probatorio obrante en el expediente
se advierte que la demandante ejecutó personalmente las actividades objeto de
los vínculos acreditados. Para efectos del análisis, resulta pertinente diferenciar
dos períodos: el primero, comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre
de 1998, durante el cual desarrolló labores de recepcionista; y el segundo, entre
el 25 de enero de 2005 y el 19 de noviembre de 2013, período en el que
desempeñó actividades de apoyo técnico y administrativo en distintas
dependencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

41. De igual forma, se encuentra acreditado que percibió una contraprestación
económica periódica por los servicios ejecutados, circunstancia que permite tener

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por demostrados los elementos de prestación personal del servicio y
remuneración.

42. En cuanto a la subordinación continuada, esta denota el «poder jurídico
permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del
trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición
de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las funciones
y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del
elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona
la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre este […]»18.

43. De acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 3, 4
(numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y 14 de la Ley 80 de 1993, entre los contratistas
y las entidades públicas debe existir una relación de coordinación y
entendimiento orientada a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual,
lo cual comporta para aquellos el deber de acatar las directrices que, en
desarrollo del contrato, les impartan las entidades contratantes y colaborar para
que lo convenido se cumpla de la mejor manera; para las segundas, el deber de
ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución, lo que les
permite exigir al contratista la correcta realización del objeto pactado y adelantar
las revisiones periódicas de los servicios prestados para verificar que estos se
desarrollen en condiciones de calidad.

44. Desde esa perspectiva, quien solicita la declaración de desnaturalización
de contratos de prestación de servicios, con fundamento en el principio de
primacía de la realidad sobre las formas, tiene la carga de demostrar que las
actividades contratadas se ejecutaron bajo continuada subordinación.

45. Del análisis integral del material probatorio, la Sala concluye que dicho
elemento únicamente se encuentra acreditado respecto de los contratos
celebrados durante el año 1998 para desempeñar labores de recepcionista. Por
el contrario, no se demostró frente a los vínculos suscritos entre el 25 de enero
de 2005 y el 19 de noviembre de 2013.

46. En efecto, los testimonios de los señores Alirio Gutiérrez Pastrana y
Francisco Alberto López Salgado ofrecen información concreta y circunstanciada
acerca de las actividades que la demandante desarrolló durante 1998. Ambos
declarantes coincidieron en señalar que prestaba servicios de recepción y
asistencia administrativa en el despacho ministerial, atendía instrucciones de sus
superiores, organizaba agendas y reuniones y cumplía una jornada ordinaria de
trabajo dentro de las instalaciones de la entidad.

47. La naturaleza misma de esas funciones constituye un elemento relevante
para la valoración probatoria. A diferencia de actividades técnicas o profesionales
que admiten amplios márgenes de autonomía, las labores de recepción y
asistencia administrativa se desarrollan ordinariamente dentro de la estructura

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).

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organizacional de la entidad y exigen un importante grado de direccionamiento
respecto de la forma, el tiempo y el lugar de ejecución.

48. Por ello, las referencias efectuadas por los testigos al cumplimiento de
horarios, a la atención de instrucciones y a la integración de la demandante en la
dinámica cotidiana del despacho ministerial adquieren especial relevancia para
ese período. Valoradas en conjunto con los contratos 008, 347, 399 y 681 de
1998, todos ellos suscritos para desempeñar funciones de recepcionista,
permiten concluir que las actividades no se ejecutaban con la autonomía propia
de una contratista independiente, sino bajo un esquema de dependencia
funcional compatible con la continuada subordinación.

49. Distinta es la situación respecto de los contratos celebrados entre 2005 y
2013. En relación con estos, los testimonios no suministran información
específica acerca de las condiciones reales en que se desarrollaron las
actividades contratadas. Ninguno de los declarantes explicó cuáles eran las
tareas concretas que ejecutaba la demandante, quién impartía instrucciones, cuál
era su contenido, con qué periodicidad se emitían o qué consecuencias generaba
su eventual incumplimiento.

50. La insuficiencia probatoria resulta aún más evidente si se tiene en cuenta
que los objetos contractuales correspondientes a ese período difieren
sustancialmente de las labores de recepción desarrolladas en 1998. Los
contratos tenían por finalidad prestar apoyo técnico y administrativo en
actividades relacionadas con el mantenimiento de bases de datos, la gestión del
espectro radioeléctrico, la actualización de sistemas de información y el apoyo a
distintas dependencias de la entidad.

51. Frente a esas actividades, la prueba testimonial se limita a afirmaciones
generales acerca del cumplimiento de horarios y de la existencia de supervisión,
sin aportar elementos concretos que permitan establecer que la demandante
estaba sometida a un poder permanente de dirección. Tampoco obran en el
expediente memorandos, requerimientos, llamados de atención, evaluaciones,
controles disciplinarios, solicitudes de permiso, correos electrónicos, informes de
supervisión o cualquier otro documento revelador de subordinación.

52. La Sala considera que el Tribunal otorgó un alcance probatorio que el
expediente no permite sostener. La prolongada duración de los vínculos, la
utilidad institucional de las funciones desarrolladas o el hecho de que estas
guardaran relación con el funcionamiento de la entidad no constituyen prueba
suficiente de la continuada subordinación. Tales circunstancias pueden coexistir
legítimamente con contratos de prestación de servicios y, por sí solas, no
desvirtúan su naturaleza jurídica.

53. En consecuencia, aunque la prueba recaudada permite tener por
acreditadas la prestación personal del servicio y la remuneración durante los
períodos reclamados, la continuada subordinación únicamente se encuentra
demostrada respecto de los contratos mediante los cuales la demandante
desempeñó labores de recepcionista durante el año 1998, esto es, los ejecutados

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entre el 2 de enero y el 30 de marzo, entre el 16 de abril y el 30 de junio y entre
el 1 de octubre y el 31 de diciembre de esa anualidad.

54. La demandante sostuvo en el recurso de apelación que la prestación del
servicio se desarrolló sin solución de continuidad entre 1998 y 2013 y que la
ausencia de algunos contratos no podía ser utilizada en su contra, pues la carga
de aportar dichos documentos correspondía a la entidad demandada.

55. La Sala no comparte ese planteamiento. Si bien es cierto que la entidad
pública debe aportar los documentos que obren en su poder cuando son
requeridos dentro del proceso, también lo es que quien pretende la declaratoria
de desnaturalización de determinados vínculos tiene la carga de acreditar los
supuestos fácticos de su pretensión, entre ellos la existencia de los períodos
respecto de los cuales solicita el reconocimiento de derechos, de conformidad
con el artículo 167 del Código General del Proceso.

56. En el presente asunto no obra prueba suficiente que permita establecer
que entre los contratos acreditados existió una prestación ininterrumpida del
servicio. Por el contrario, los documentos allegados al expediente permiten
identificar diversos vínculos con objetos, valores y términos de ejecución
determinados, separados por lapsos respecto de los cuales no se aportaron
contratos, actas de inicio, certificaciones de prestación de servicios u otros
medios de convicción que permitan concluir que la demandante continuó
desarrollando actividades para la entidad durante esos intervalos. En esas
condiciones, la Sala no puede tener por demostrada una continuidad que carece
de soporte probatorio, ni suplir mediante inferencias la ausencia de prueba
acerca de los extremos temporales de los vínculos cuya desnaturalización se
pretende.

57. Por lo expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada para limitar la
declaratoria de desnaturalización de los contratos de prestación de servicios a
los períodos anteriormente señalados y reconocer exclusivamente las
consecuencias derivadas de dicha vinculación.

58. No ocurre lo mismo respecto de los contratos celebrados entre 2005 y
2013, frente a los cuales no se acreditó la continuada subordinación exigida para
declarar su desnaturalización. En consecuencia, las pretensiones relacionadas
con dichos vínculos deberán ser negadas.

El restablecimiento del derecho

59. La demandante solicitó que el restablecimiento del derecho se liquidara
con fundamento en lo devengado por un empleo del nivel técnico administrativo,
grado 17. No obstante, esa pretensión no está llamada a prosperar. La
declaratoria de desnaturalización de los contratos de prestación de servicios no
confiere la condición de empleada pública ni permite equiparar íntegramente a la
contratista con un servidor vinculado mediante relación legal y reglamentaria.

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60. En efecto, no resulta procedente ordenar una condena con fundamento en
la remuneración del personal de planta. De una parte, en el expediente no existe
un parámetro cierto de comparación que permita establecer, con precisión, el
empleo equivalente a las funciones desempeñadas por la demandante durante
el período reconocido. De otra, aun si tal correspondencia pudiera establecerse,
ello no habilitaría una equiparación plena con los servidores de planta, pues la
actora no ingresó al servicio mediante nombramiento y posesión ni acreditó los
requisitos constitucionales y legales propios del empleo público.

61. Por consiguiente, las consecuencias económicas derivadas de la
desnaturalización declarada deben determinarse con base en los honorarios
pactados en los contratos correspondientes a 1998, sin que resulte aplicable el
principio de «a trabajo igual, salario igual» en los términos solicitados por la
demandante.

62. Ahora bien, en relación con las prestaciones sociales de contenido
económico, la Sala advierte que se encuentran prescritas. La reclamación
administrativa fue presentada el 16 de agosto de 2016, mientras que el último
vínculo respecto del cual se acreditó la continuada subordinación finalizó el 31
de diciembre de 1998. En consecuencia, transcurrió en exceso el término trienal
de prescripción aplicable a las acreencias derivadas de la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios.

63. Distinta conclusión procede respecto de los aportes al sistema general de
pensiones. De conformidad con la jurisprudencia de unificación de esta
corporación, tales aportes no están sometidos a prescripción, pues se relacionan
con la financiación de una prestación periódica y con la protección del derecho a
la seguridad social. Por ello, aunque no procede reconocer prestaciones sociales
causadas en 1998, sí debe ordenarse el cómputo de ese tiempo para efectos
pensionales y el pago de las cotizaciones que correspondían a la entidad
demandada durante los períodos reconocidos.

64. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia para
precisar que la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
únicamente se acreditó respecto de los períodos comprendidos entre el 2 de
enero y el 30 de marzo, entre el 16 de abril y el 30 de junio y entre el 1.º de
octubre y el 31 de diciembre de 1998. Respecto de dichos lapsos, solo procederá
el reconocimiento de efectos pensionales, con exclusión de las demás acreencias
económicas por encontrarse prescritas.

65. Para tal efecto, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones deberá tomar como ingreso base de cotización los honorarios
pactados en los contratos 008, 347, 399 y 681 de 1998 y efectuar ante el
respectivo fondo de pensiones el pago de las cotizaciones que le habrían
correspondido como empleador durante los períodos reconocidos.

Condena en costas

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66. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

67. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

69. En este contexto, no hay lugar a la imposición de costas. En efecto, la
decisión comporta una modificación parcial de la sentencia de primera instancia,
particularmente en lo relativo al período de desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, circunstancia que impide afirmar que alguna de las partes
haya resultado íntegramente vencida en esta instancia. En consecuencia, se
prescinde de su imposición, de conformidad con los criterios que gobiernan la
materia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los oficios 957016 de 6 de septiembre de
2016 y 968950 de 10 de octubre de 2016, únicamente en cuanto negaron el
reconocimiento de los efectos derivados de la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios suscritos entre las partes durante los períodos
comprendidos entre el 2 de enero y el 30 de marzo de 1998, entre el 16 de abril
y el 30 de junio de 1998 y entre el 1.º de octubre y el 31 de diciembre de 1998.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que se
desnaturalizaron los contratos de prestación de servicios 008, 347, 399 y 681 de

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1998, celebrados entre la señora Consuelo Clavijo Lombana y el Fondo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante los períodos
señalados en el ordinal anterior.

CUARTO: DECLARAR prescritas las acreencias de contenido prestacional
derivadas de los vínculos antes mencionados.

QUINTO: ORDENAR al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones que compute, para efectos pensionales, el tiempo servido por
la demandante durante los períodos comprendidos entre el 2 de enero y el 30 de
marzo de 1998, entre el 16 de abril y el 30 de junio de 1998 y entre el 1.º de
octubre y el 31 de diciembre de 1998.

SEXTO: ORDENAR al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones que efectúe ante la administradora de pensiones
correspondiente las cotizaciones que le habrían correspondido como empleador
respecto de los períodos indicados en el ordinal anterior, tomando como ingreso
base de cotización los honorarios pactados en los contratos 008, 347, 399 y 681
de 1998. La condena comprenderá únicamente el porcentaje que le correspondía
asumir a la entidad, sin que haya lugar a exigir aporte alguno a cargo de la
demandante.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.

NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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