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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00266-02

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00266-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, la cual quedará así: Cuarto. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, Ordenar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E., pagar a la señora Kimberly Vanessa Ruíz Vega, identificada con cédula de ciudadanía 1.022.371.233, lo siguiente: a) Reconocer y pagar la suma de cincuenta y cuatro millones ciento noventa y dos mil quinientos treinta pesos moneda corriente ($54.192.530), por concepto de prestaciones sociales causadas durante el período comprendido entre el 20 de junio de 2011 y el 25 de noviembre de 2016. Adicionalmente, condenar a la entidad demandada a pagar a favor de la demandante el valor equivalente a quince (15) dotaciones de vestido y calzado que se debieron suministrar en las fechas: 30 de diciembre de 2011; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2012; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2013; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2014; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2015; y 30 de abril y 30 de agosto de 2016. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. SIN CONDENA en costas en esta instancia. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 13 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2018-00266-02 (3650-2024) Demandante: Kimberly Vanessa Ruíz Vega CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00266-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00266-02 (3650-2024)
Demandante: Kimberly Vanessa Ruíz Vega
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente –
Hospital de Fontibón E.S.E.

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 22 de marzo de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Kimberly Vanessa Ruíz Vega interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
obtener la nulidad del Oficio 42870 del 4 de octubre de 2017, expedido por la
entidad demandada, mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral derivada de los contratos de prestación de servicios
celebrados entre las partes y el consecuente pago de las prestaciones sociales
reclamadas.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios celebrados entre
las partes durante el período comprendido entre 2011 y 2016; (ii) reconocer y
pagar las prestaciones sociales1 causadas durante dicho lapso, así como la
compensación en dinero de las dotaciones; (iii) reintegrar los valores aportados
al Sistema de Seguridad Social en pensión, salud, riesgos laborales y caja de
compensación familiar, además de las sumas retenidas por concepto de

1
Cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, prima de junio, prima de servicios, vacaciones,
sanción moratoria.

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Demandante: Kimberly Vanessa Ruíz Vega

retención en la fuente; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA; y (v) condenar en costas a la entidad demandada.

3. Como hechos relevantes, indicó que estuvo vinculada mediante contratos
de prestación de servicios celebrados entre el 19 de junio de 2011 y el 26 de
noviembre de 2016, durante los cuales desempeñó labores de auxiliar
administrativa en la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.

4. Como concepto de violación, sostuvo que el acto acusado infringió las
disposiciones superiores invocadas, porque, aunque formalmente estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios, en la práctica ejecutó
sus actividades de manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio
de una remuneración. En consecuencia, afirmó que se desnaturalizaron los
contratos celebrados y que debía declararse la existencia de una relación laboral.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
demandante suscribió contratos de prestación de servicios que ejecutó con
autonomía e independencia, conforme al objeto contractual pactado.

6. Propuso como excepciones la ausencia de subordinación, inexistencia de
las obligaciones reclamadas, inexistencia del derecho, pago de lo no debido, y la
genérica.

Sentencia apelada

7. Mediante sentencia del 22 de marzo de 2024, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado, reconoció la existencia de una relación laboral entre las partes
y declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.
Asimismo, ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales
correspondientes, el pago de los aportes pensionales en los términos allí
precisados, negó el reembolso de los aportes a salud y riesgos laborales, rechazó
el reconocimiento de la compensación por dotación y de los aportes a cajas de
compensación familiar, y se abstuvo de imponer condena en costas.

8. Para sustentar su decisión, consideró acreditadas la prestación personal
del servicio y la remuneración. Señaló que la demandante prestó de manera
continua sus servicios como auxiliar administrativa en las áreas de atención al
usuario y participación social, donde desarrolló actividades relacionadas, entre
otras, con la orientación y atención de usuarios; la gestión de trámites para el
acceso a los servicios de salud; el diligenciamiento y remisión de formularios e
informes institucionales; la actualización de sistemas de información; la
asignación de citas; la participación en jornadas de salud y procesos de
acreditación; el apoyo a mecanismos de participación comunitaria; la realización
de actividades de humanización y atención al usuario; y demás labores
administrativas requeridas para el funcionamiento de la entidad. Asimismo,
destacó que recibió una contraprestación económica por los servicios prestados.

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Demandante: Kimberly Vanessa Ruíz Vega

9. En cuanto a la subordinación, indicó que estaba demostrado que la
demandante desarrolló sus actividades en las instalaciones de la entidad,
utilizando los implementos suministrados por esta para el cumplimiento de sus
funciones. Igualmente, concluyó que estuvo sometida a supervisión permanente,
puesto que, según lo manifestado por los testigos y lo previsto en las obligaciones
contractuales, sus actividades eran objeto de seguimiento constante por parte de
los coordinadores respectivos, quienes impartían instrucciones relacionadas con
el cumplimiento de horarios y la ejecución de las labores asignadas.

10. Agregó que las actividades desarrolladas por la demandante no tenían
carácter ocasional o transitorio, sino que correspondían a funciones permanentes
relacionadas con el objeto misional y el funcionamiento ordinario de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E. Destacó, incluso, que una
de sus obligaciones consistía en apoyar el mantenimiento, desarrollo e
implementación de la misión institucional. Añadió que la contratación se prolongó
durante cinco (5) años, cinco (5) meses y cinco (5) días, mediante seis contratos
de prestación de servicios y sus respectivas prórrogas y adiciones, circunstancias
que, en su criterio, desvirtuaban el carácter temporal propio de esa modalidad
contractual.

11. En relación con la prescripción, indicó que no existió interrupción superior
a treinta (30) días hábiles entre los distintos contratos. En consecuencia, tomó
como fecha de finalización de la última vinculación el 25 de noviembre de 2016;
advirtió que la reclamación administrativa fue presentada el 26 de septiembre de
2017 y la demanda radicada el 2 de febrero de 2018, razón por la cual concluyó
que no se configuró la prescripción de los derechos reclamados.

12. A título de restablecimiento del derecho, ordenó reconocer y pagar las
cesantías e intereses a las cesantías, prima de Navidad, prima de servicios, prima
de junio y vacaciones causadas durante el período comprendido entre el 20 de
junio de 2011 y el 25 de noviembre de 2016, liquidadas con fundamento en los
honorarios pactados en los respectivos contratos de prestación de servicios.

13. Asimismo, ordenó a la entidad demandada efectuar las cotizaciones al
sistema general de pensiones correspondientes al período comprendido entre el
20 de junio de 2011 y el 25 de noviembre de 2016, tomando como ingreso base
de cotización el valor de los honorarios percibidos por la demandante. Dispuso
que la entidad debía trasladar al fondo de pensiones la diferencia
correspondiente a su aporte como empleadora, mientras que la actora asumiría
el porcentaje que legalmente le correspondiera en caso de no haber cotizado o
de haberlo hecho parcialmente.

14. De otra parte, negó el reembolso de los aportes efectuados al sistema de
seguridad social en salud y riesgos laborales, por tratarse de contribuciones
parafiscales. También rechazó el reconocimiento de aportes a cajas de
compensación familiar, al no acreditarse la condición de beneficiaria del subsidio
familiar, y descartó la compensación por dotación de vestuario y calzado, debido

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Demandante: Kimberly Vanessa Ruíz Vega

a que los honorarios percibidos por la demandante superaban el límite legal
previsto para acceder a esa prestación. Finalmente, se abstuvo de imponer
condena en costas.

Recurso de apelación

15. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que el
Tribunal desvirtuó indebidamente la presunción de legalidad del acto
administrativo acusado, pues accedió a las pretensiones de la demanda sin
valorar integralmente los argumentos expuestos en la contestación ni el material
probatorio obrante en el expediente.

16. Afirmó que no se acreditó la continuada subordinación, elemento
indispensable para declarar la existencia de una relación laboral y, por
consiguiente, la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
celebrados entre las partes.

17. En ese sentido, manifestó que la demandante se limitó a ejecutar las
actividades previstas en los contratos y nunca estuvo sometida a un poder
permanente de dirección por parte de la entidad. Destacó que en el expediente
no obran memorandos, llamados de atención, sanciones disciplinarias ni otros
elementos de prueba que permitan inferir el ejercicio de facultades propias de
una relación laboral.

18. Agregó que la programación de turnos y la fijación de horarios obedecían
exclusivamente a la necesidad de coordinar la adecuada prestación del servicio
de salud. Explicó que, en las instituciones hospitalarias, la organización de
jornadas resulta indispensable para garantizar la continuidad, oportunidad y
eficiencia del servicio, circunstancia que, de conformidad con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, constituye una manifestación de la coordinación propia
de la contratación estatal y no de la continuada subordinación.

19. Finalmente, sostuvo que, aun si se mantuviera la declaratoria de
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, no procedía
ordenar la devolución de los aportes efectuados al sistema de seguridad social
en salud. Al respecto, indicó que la Sentencia de Unificación del Consejo de
Estado del 9 de septiembre de 2021 precisó que tales aportes tienen naturaleza
parafiscal y destinación específica, razón por la cual no constituyen un crédito
susceptible de reintegro a favor del contratista.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Por auto de 19 de septiembre de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada.

21. La parte demandante y la entidad demandada guardaron silencio en esta
fase procesal.

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Demandante: Kimberly Vanessa Ruíz Vega

22. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia. Sostuvo que, de acuerdo con la naturaleza de
las actividades desarrolladas por la demandante, estas correspondían a
funciones permanentes e inherentes al objeto misional de la entidad demandada.
Agregó que, conforme al material probatorio obrante en el expediente, se
encontraban acreditados los elementos configurativos de un vínculo laboral,
particularmente el de la subordinación.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si la entidad demandada desvirtuó la
conclusión del Tribunal según la cual los contratos de prestación de servicios
celebrados con la señora Kimberly Vanessa Ruíz Vega se desnaturalizaron por
haberse ejecutado bajo continuada subordinación.

25. Para resolver ese problema jurídico, la Sala deberá establecer si el
material probatorio demuestra que la entidad ejerció sobre la demandante un
poder permanente de dirección que excediera las facultades de coordinación,
seguimiento y supervisión propias de la contratación estatal. De concluirse que
sí se configuró la relación laboral, deberá analizar si procede el reintegro de los
aportes efectuados al sistema de seguridad social en salud, conforme a los
reparos formulados en el recurso de apelación.

Análisis del problema jurídico

26. La Sala confirmará la sentencia apelada, porque la entidad demandada no
desvirtuó la conclusión del Tribunal según la cual los contratos de prestación de
servicios celebrados con la señora Kimberly Vanessa Ruíz Vega se ejecutaron
bajo continuada subordinación. Como se explicará, la valoración conjunta del
material probatorio demuestra que las circunstancias acreditadas en el proceso
excedieron las facultades de coordinación y supervisión propias de la
contratación estatal y revelan la existencia de una relación laboral.

La desnaturalización de los contratos de prestación de servicios

27. La señora Kimberly Vanessa Ruíz Vega suscribió los siguientes contratos
de prestación de servicios con la Subred Integrada de Servicios de Salud
Suroccidente E.S.E.:

Vinculación Duración Objeto Valor

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Demandante: Kimberly Vanessa Ruíz Vega

1315 de 2011 y 20 de junio de 2011 Prestar servicios como auxiliar en el área de participación $6.800.546
adiciones2 al 31 de enero de social y atención al usuario en el Hospital Fontibón E.S.E o
2012 donde se requieran sus servicios conforme a los
requerimientos realizados por el supervisor del contrato.
760 de 2012 y 1° de febrero de Prestar servicios para cubrir el área de atención al usuario $11.520.924
adiciones3 2012 al 31 de enero en cada uno de los centros en el Hospital de Fontibón E.S.E
de 2013 o donde se requieran sus servicios conforme a los
requerimientos realizados por el supervisor del contrato.
1095 de 2013 y 1° de febrero de Prestar servicios para cubrir el área de atención al usuario y $11.520.924
adiciones4 2013 al 31 de enero participación social en cada uno de los centros del Hospital
de 2014 Fontibón E.S.E o donde se requieran sus servicios conforme
a los requerimientos realizados por el supervisor del
contrato.
1429 de 2014 y 1° de febrero de Prestación de servicios como apoyo en el área de atención $14.950.000
adiciones5 2014 al 28 de al usuario en cualquiera de los puntos de atención, conforme
febrero de 2015 a los requerimientos del supervisor del contrato.
689 de 2015 y 1° de marzo de Prestación de servicios como auxiliar administrativo en el $13.200.000
adiciones6 2015 al 31 de enero área de atención al usuario y participación social en
de 2016 cualquiera de los puntos de atención, conforme a los
requerimientos del supervisor del contrato.
184 de 2016 y 1° de febrero al 25 Prestación de servicios como auxiliar administrativo para la $12.508.000
adiciones7 de noviembre de realización de actividades en desarrollo de la política de
2016 humanización en el Hospital Fontibón E.S.E desde la
estrategia palabra con vos, conforme a los requerimientos
del supervisor del contrato.

28. En el expediente también obran la reclamación administrativa presentada
por la demandante8, el oficio 42870 del 4 de octubre de 2017, mediante el cual
fue resuelta9, y la respectiva constancia de notificación10.

29. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Fredy
Alexander Pinzón Cruz y Diana Rocío Moreno Ojeda, quienes manifestaron lo
siguiente:

• El señor Fredy Alexander Pinzón Cruz indicó que conoció a la demandante
entre 2013 y 2016, cuando ambos prestaban sus servicios en el Hospital
de Fontibón. Manifestó que la actora laboraba de manera continua como
auxiliar administrativa, cumplía un horario de lunes a viernes entre las 7:00
a. m. y las 5:00 p. m. y, ocasionalmente, trabajaba fines de semana y
festivos. Agregó que el ingreso y la salida del personal quedaban
registrados por el servicio de vigilancia; que la demandante recibía
instrucciones y estaba sometida a supervisión por parte de las
coordinadoras Janet y Ana Cristina; que desarrollaba actividades
relacionadas con la gestión de peticiones, quejas y reclamos, para lo cual
debía desplazarse por las distintas dependencias del hospital; que
utilizaba carné institucional y chaleco suministrados por la entidad; y que
no podía ausentarse de sus labores sin autorización previa de sus
coordinadoras. Finalmente, reiteró que conoció directamente las funciones
desempeñadas por la demandante y que estas eran asignadas y
supervisadas por las coordinadoras del área.

2
Folio 20 a 27.
3
Folio 28 a 37.
4
Folio 38 a 44.
5
Folio 45 a 52.
6
Folio 53 a 56.
7
Folio 57 a 62.
8
Folio 3 a 5.
9
Folio 8.
10
Folio 139.

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• La señora Diana Rocío Moreno Ojeda manifestó que conoció a la
demandante desde su ingreso al Hospital de Fontibón, donde se
desempeñó como profesional de apoyo y coordinadora del área de
peticiones, quejas y reclamos. Explicó que, por razón de ese cargo, tuvo
conocimiento directo de las labores desarrolladas por la actora, las cuales
comprendían la atención y orientación de usuarios, el registro de
información, la elaboración de informes, el seguimiento de peticiones,
quejas y reclamos, la gestión de inasistencias y el apoyo a las actividades
del área. Añadió que, posteriormente, la demandante asumió
temporalmente funciones propias del área de PQR durante una
incapacidad de la testigo, sin que se modificara el objeto contractual.

Indicó que cumplía horarios fijados por la entidad —inicialmente de 7:00
a. m. a 4:00 p. m. y posteriormente de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con algunos
turnos de medio tiempo los sábados—; que no podía ausentarse sin
autorización de las coordinadoras María Cristina y Janet; que el pago de
honorarios dependía de la presentación de informes mensuales de
actividades; que debía asistir obligatoriamente a reuniones trimestrales;
que utilizaba los equipos, muebles y distintivos suministrados por la
entidad; que no podía delegar sus funciones, pues estas requerían
capacitación previa; que efectuaba directamente sus aportes al sistema de
seguridad social como trabajadora independiente; que los descansos de
fin de año debían compensarse previamente; y que los permisos
autorizados también eran objeto de compensación. Asimismo, señaló que
el cargo de coordinador de PQR había sido desempeñado anteriormente
por personal de planta.

30. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditada la prestación personal
del servicio, pues los contratos aportados y los testimonios practicados
demuestran que la señora Kimberly Vanessa Ruíz Vega ejecutó directamente
actividades de apoyo administrativo, atención al usuario y gestión de peticiones,
quejas y reclamos en favor de la entidad demandada. Además, la prueba
testimonial fue consistente al señalar que la actora no podía delegar sus
funciones ni ser reemplazada libremente, debido a que las labores exigían
capacitación previa y conocimiento de los procedimientos internos de la
institución.

31. También se encuentra demostrado el elemento de la remuneración, toda
vez que los contratos suscritos entre las partes establecieron honorarios como
contraprestación por los servicios prestados. Esta circunstancia, además, fue
corroborada con los documentos allegados al proceso y con lo manifestado por
los testigos, quienes indicaron que el pago dependía de la acreditación de las
actividades ejecutadas mediante informes mensuales. No obstante, como
ninguno de estos dos elementos fue objeto de controversia en el recurso de
apelación, el análisis se concentrará en establecer si el material probatorio
demuestra la existencia de continuada subordinación.

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32. La continuada subordinación corresponde al poder jurídico permanente
que ejerce el empleador para dirigir la actividad del trabajador. Dicho poder se
manifiesta en la posibilidad de determinar la forma en que deben cumplirse las
funciones, impartir instrucciones obligatorias, controlar su ejecución, exigir
autorizaciones para el desarrollo de determinadas actuaciones y restringir la
autonomía propia de quien presta el servicio. No se confunde, por tanto, con la
coordinación, el seguimiento o la verificación del cumplimiento del objeto
contractual.

33. De acuerdo con los artículos 3, 4 —numerales 1 y 4—, 5 —numeral 2— y
14 de la Ley 80 de 1993, entre el contratista y la entidad pública debe existir una
relación de coordinación dirigida a la ejecución idónea y oportuna del objeto
contratado. Esa relación autoriza a la administración a ejercer dirección general,
control y vigilancia sobre el contrato, exigir informes, verificar avances y formular
observaciones para asegurar la calidad del servicio, sin que ello comporte, por sí
mismo, subordinación laboral.

34. Conforme a la jurisprudencia de esta corporación, quien pretende la
declaratoria de desnaturalización de contratos de prestación de servicios debe
demostrar que las actividades fueron ejecutadas bajo continuada subordinación.
Esa carga no se satisface únicamente con la celebración de contratos sucesivos,
el pago de honorarios, la presentación de informes, el suministro de herramientas
de trabajo o la permanencia en las instalaciones de la entidad. Es necesario
establecer, a partir de la valoración conjunta del acervo probatorio, si la
autonomía del contratista quedó materialmente desplazada por el ejercicio
permanente de facultades de dirección.

35. La declaración del señor Fredy Alexander Pinzón Cruz permite establecer
que la demandante ejecutaba sus labores de manera continua dentro de las
instalaciones de la entidad, con sujeción a un horario previamente definido y bajo
la supervisión de las coordinadoras del área de atención al usuario. Asimismo,
manifestó que la actora desarrollaba actividades relacionadas con la gestión de
peticiones, quejas y reclamos; debía desplazarse a distintas dependencias
hospitalarias para cumplirlas; utilizaba carné institucional y chaleco suministrados
por la entidad; y requería autorización para ausentarse de sus labores.

36. Por su parte, el testimonio de la señora Diana Rocío Moreno Ojeda reviste
especial importancia, pues la declarante ejercía funciones de coordinación del
área en la que laboró la demandante y afirmó tener conocimiento directo de las
actividades que esta desarrollaba. Explicó que la actora atendía usuarios,
registraba información, elaboraba reportes e informes, hacía seguimiento a las
peticiones, quejas y reclamos, gestionaba inasistencias y remitía las solicitudes
a las dependencias competentes, labores cuyo resultado debía reportar a la
coordinación correspondiente.

37. Igualmente, señaló que la demandante debía cumplir horarios previamente
establecidos por la entidad, prestar servicios algunos sábados, asistir
obligatoriamente a reuniones trimestrales, utilizar los equipos y elementos

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suministrados por la institución y solicitar autorización para ausentarse del lugar
de trabajo. Añadió que no podía delegar sus funciones ni ser reemplazada
libremente, pues estas requerían capacitación previa y conocimiento de los
procedimientos internos. También indicó que, durante una incapacidad médica
de la propia testigo, la demandante asumió las funciones propias del área de
peticiones, quejas y reclamos, sin que se modificara formalmente el objeto
contractual.

38. A juicio de la Sala, estas circunstancias, apreciadas en conjunto, exceden
los simples mecanismos de coordinación propios de un contrato de prestación de
servicios. En efecto, la demandante no solo debía ejecutar las actividades
contratadas, sino hacerlo dentro de una organización funcional previamente
definida por la entidad, con jornadas establecidas, permanencia obligatoria en el
lugar de trabajo, autorización para ausentarse, reporte periódico de las
actividades desarrolladas y seguimiento por parte de las coordinadoras del área.
Tales exigencias revelan una restricción significativa de la autonomía con la que
ordinariamente cuenta un contratista independiente para organizar la ejecución
del objeto convenido.

39. La Sala destaca, además, la concordancia sustancial entre ambos
testimonios. Los declarantes coincidieron en afirmar que la demandante cumplía
horarios definidos por la entidad, desarrollaba actividades permanentes de
atención al usuario, recibía instrucciones de las coordinadoras, permanecía en
las instalaciones de la institución, utilizaba los elementos suministrados por esta
y no podía ausentarse libremente de sus labores. Esa coincidencia fortalece la
eficacia demostrativa de la prueba testimonial, pues los relatos convergen en los
aspectos esenciales que interesan para establecer las condiciones reales en que
se ejecutó la prestación del servicio.

40. Reviste igualmente importancia que la señora Diana Rocío Moreno Ojeda
hubiera manifestado que la demandante asumió temporalmente las funciones
propias del área de peticiones, quejas y reclamos durante su incapacidad médica,
sin que fuera necesario modificar el objeto contractual. Esa circunstancia no
demuestra por sí sola la existencia de una relación laboral; sin embargo,
constituye un indicio relevante de que la entidad disponía funcionalmente de la
actividad de la contratista para atender necesidades ordinarias del servicio,
asignándole responsabilidades que respondían a la organización interna del área
más que al desarrollo autónomo de un objeto contractual previamente delimitado.

41. En el mismo sentido, las obligaciones contractuales asignadas a la
demandante comprendían la apertura de buzones de sugerencias, quejas y
reclamos; la proyección o apoyo en las respuestas a las solicitudes; la
organización documental del proceso de SQS conforme a los lineamientos
institucionales; la verificación de la percepción de los usuarios respecto de los
servicios prestados; la promoción del portafolio institucional y el apoyo en la
elaboración de informes y capacitaciones para el cumplimiento del plan operativo
anual, entre otras actividades. Tales obligaciones evidencian que el objeto

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contractual consistía en la ejecución permanente de labores integradas al
funcionamiento cotidiano del área de atención al usuario.

42. Al contrastar esas obligaciones con la prueba testimonial, la Sala advierte
una correspondencia sustancial entre unas y otra. Los testimonios no introducen
hechos ajenos al contenido de los contratos, sino que explican la forma concreta
en que aquellas actividades fueron desarrolladas. Esa valoración conjunta
permite concluir que la demandante ejecutó las obligaciones convenidas dentro
de la estructura organizacional de la entidad, bajo seguimiento permanente de
las coordinadoras del área, con horarios previamente establecidos y bajo
condiciones que restringían significativamente la autonomía propia de un
contratista independiente.

43. La Sala reconoce que varias de las circunstancias acreditadas —como el
cumplimiento de horarios, la utilización de elementos suministrados por la
entidad, la presentación de informes o la asistencia a reuniones—, consideradas
aisladamente, no bastarían para demostrar la continuada subordinación, pues
pueden corresponder al legítimo ejercicio de las facultades de coordinación y
supervisión previstas en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, el examen no puede
efectuarse de manera fragmentada. Lo relevante es que, en este caso, todos
esos elementos concurren con otros igualmente acreditados, como la obligación
de solicitar autorización para ausentarse, la imposibilidad de delegar las
funciones, el seguimiento permanente por parte de las coordinadoras y la
incorporación de la demandante a la dinámica ordinaria del área de atención al
usuario, circunstancias que, apreciadas conjuntamente, revelan la existencia de
un poder permanente de dirección.

44. La Sala no desconoce que la prestación del servicio en instituciones
hospitalarias exige un importante grado de coordinación para garantizar la
continuidad y eficiencia de la atención a los usuarios. Sin embargo, la prueba
practicada en este proceso no demuestra únicamente esa coordinación. También
evidencia que la demandante debía ajustar de manera permanente la ejecución
de sus labores a los horarios, instrucciones, controles y autorizaciones
establecidos por la entidad, sin un margen real para organizar autónomamente
la forma en que desarrollaba las actividades contratadas.

45. En consecuencia, la valoración integral del material probatorio permite
concluir que durante la ejecución de los contratos concurrían la prestación
personal del servicio, la remuneración y, especialmente, la continuada
subordinación. Por ello, la relación entre las partes desbordó el ámbito propio de
la contratación estatal de manera que se considera que se desnaturalizó el
vínculo, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia apelada.

El restablecimiento del derecho

46. Confirmada la declaratoria de desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios, procede mantener el reconocimiento de las prestaciones
sociales dispuesto por el Tribunal, por constituir una consecuencia jurídica directa

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de la existencia de una relación laboral. No obstante, se modificará el ordinal
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada únicamente para precisar
que dichas prestaciones deberán liquidarse con fundamento en los honorarios
efectivamente pactados y percibidos en cada uno de los contratos celebrados
durante el período comprendido entre el 20 de junio de 2011 y el 25 de noviembre
de 2016.

47. Al respecto, esta Subsección11 ha sostenido de manera reiterada que,
cuando se declara la desnaturalización de un contrato de prestación de servicios
en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, el
restablecimiento del derecho comprende el reconocimiento de los emolumentos
mínimos previstos para los empleados públicos en el régimen general contenido
en los Decretos 1042 y 1045 de 197812. Dichas prestaciones deben liquidarse
tomando como base los honorarios efectivamente percibidos por el contratista
durante la ejecución de cada vínculo contractual, por ser estos los que reflejan la
realidad económica de la prestación del servicio.

48. En cuanto al reparo formulado por la entidad demandada respecto del
reintegro de los aportes efectuados al sistema general de seguridad social en
salud, la Sala advierte que dicho argumento parte de una premisa equivocada.
En efecto, el Tribunal negó expresamente esa pretensión al considerar que tales
cotizaciones tienen naturaleza parafiscal y destinación específica. En
consecuencia, como la sentencia apelada no ordenó su devolución, el cargo
carece de objeto y no está llamado a prosperar.

49. En consecuencia, se mantendrá el reconocimiento de las prestaciones
sociales derivadas de la desnaturalización del vínculo, cuya liquidación
comprenderá lo siguiente: auxilio de transporte, auxilio de alimentación,
cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de Navidad, vacaciones, prima
de vacaciones, prima de servicios a partir del 201513, y la bonificación por
servicios prestados a partir de 201614, causados durante el período comprendido
entre el 20 de junio de 2011 al 25 de noviembre de 2016, los cuales se liquidarán
en los términos que se exponen a continuación.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
12
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-
2019).
13
Establecida en el Decreto 2351 de 2014, se reconocerá a partir del 1° de enero de 2015.
14
Establecida en el Decreto 2418 de 2015, se reconocerá a partir del 1° de enero de 2016.

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50. En cuanto a la dotación de vestido y calzado, de conformidad con la Ley
70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, y teniendo en cuenta que la actora
devengó remuneraciones mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales durante algunos de los períodos de ejecución de los contratos de
prestación de servicios, la Sala ordenará a la entidad accionada reconocer y
pagar a favor de la demandante la compensación en dinero correspondiente a
las dotaciones de vestido y calzado causadas en esos lapsos, teniendo en cuenta
el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la
adquisición de cada dotación, así:

i) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2011.
ii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2012.
iii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2012.
iv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2012.
v) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2013.
vi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2013.
vii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2013.
viii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2014.
ix) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2014.
x) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2014.
xi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2015.
xii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2015.
xiii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2015.
xiv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2016.
xv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2016.

La condena en costas en segunda instancia

51. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

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52. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

53. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se modificará la sentencia
apelada, no se impondrán costas en esta etapa, puesto que se hacen ajustes a
las decisiones de la primera, de manera que no se puede predicar que exista una
parte vencida en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, la
cual quedará así:

Cuarto. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, Ordenar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente
E.S.E., pagar a la señora Kimberly Vanessa Ruíz Vega, identificada con cédula de
ciudadanía 1.022.371.233, lo siguiente:

a) Reconocer y pagar la suma de cincuenta y cuatro millones ciento noventa y dos
mil quinientos treinta pesos moneda corriente ($54.192.530), por concepto de
prestaciones sociales causadas durante el período comprendido entre el 20 de
junio de 2011 y el 25 de noviembre de 2016.

Adicionalmente, condenar a la entidad demandada a pagar a favor de la
demandante el valor equivalente a quince (15) dotaciones de vestido y calzado que
se debieron suministrar en las fechas: 30 de diciembre de 2011; 30 de abril, 30 de
agosto y 30 de diciembre de 2012; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de
2013; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2014; 30 de abril, 30 de agosto
y 30 de diciembre de 2015; y 30 de abril y 30 de agosto de 2016. Para tales efectos,
se deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia
fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. SIN CONDENA en costas en esta instancia.

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Demandante: Kimberly Vanessa Ruíz Vega

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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