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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00047-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00047-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 10 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2018-00047-01 (1295-2026) Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 3 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: TERCERO. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE a pagar dieciocho millones quinientos diez mil setecientos noventa y un pesos ($ 18.510.791 COP) a favor de la señora Myriam Sofía Rodríguez Suárez, por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia. Adicionalmente, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE deberá reconocer y pagar a favor de la señora Myriam Sofía Rodríguez Suárez la bonificación por recreación que se pudo haber causado entre el 11 de junio de 2014 y el 11 de marzo de 2016, siempre y cuando este emolumento haya sido devengado por los empleados del nivel asistencial equiparable al de auxiliar de enfermería, de manera indexada, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: Índice final 𝑅 = Rh x Índice inicial Donde (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) que es el valor correspondiente a la bonificación especial de recreación dejada de pagar, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha en que se profiere esta decisión, por el índice inicial vigente en cada mes en que debió hacerse el pago. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00047-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00047-01 (1295-2026)
Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Tema: Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral –
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 3 de febrero de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio
E-1275/2017 del 27 de junio de 2017, expedido por la entidad demandada,
mediante el cual se negó el reconocimiento de los efectos derivados de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios ejecutados entre el
1.º de agosto de 2011 y el 23 de marzo de 2016, período durante el cual se
desempeñó como auxiliar de enfermería.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) declarar la existencia
de un vínculo laboral con la entidad demandada, en condición de empleada
pública; (ii) reconocer y pagar las diferencias salariales y las prestaciones
sociales causadas, la indemnización por la falta de consignación de las cesantías
y los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, salud y riesgos
laborales; (iii) reintegrar los valores descontados por concepto de retención en la
fuente; (iv) actualizar las sumas adeudadas; y (v) dar cumplimiento a la sentencia
en los términos previstos por la ley.

3. Como concepto de violación, sostuvo que el acto acusado vulneró las
normas superiores e incurrió en falsa motivación, porque, aunque estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios, en la práctica desarrolló
sus actividades de manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio
de una remuneración. A su juicio, esas circunstancias demostraban que las
modalidades contractuales utilizadas encubrieron una relación de naturaleza
laboral.

Contestación de la demanda

1
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Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00047-01 (1295-2026)
Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que el vínculo
de la demandante no fue de naturaleza laboral, sino contractual, razón por la cual
no tiene derecho al pago de prestaciones sociales.

5. Propuso las excepciones de pago, inexistencia del derecho y de la
obligación, ausencia de vínculo de carácter laboral, cobro de lo no debido, «la
demandante es parcialmente coautora», legalidad de los contratos suscritos y
prescripción.

Sentencia apelada

6. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y condenó a la entidad
demandada a reconocer y pagar a la actora las prestaciones sociales previstas
legalmente para los empleados de planta, causadas entre el 11 de junio de 2014
y el 24 de marzo de 2016 —salvo las interrupciones—, liquidadas con base en
los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios. También
reconoció la prima de servicios a partir de enero de 2015, la bonificación por
servicios prestados desde el 1.º de enero de 2016 y la bonificación por
recreación.

7. Asimismo, (i) declaró prescritas las prestaciones sociales causadas antes
del 28 de febrero de 2014, salvo los aportes a pensión; (ii) condenó a la
demandada a efectuar los aportes pensionales que le correspondían como
empleadora, calculados sobre los honorarios pactados, y dispuso que la actora
debía acreditar las cotizaciones efectuadas y asumir o completar la proporción
que le correspondía; (iii) ordenó actualizar las sumas reconocidas; (iv) dispuso
dar cumplimiento a la sentencia en los términos legales; (v) se abstuvo de
condenar en costas; y (vi) negó las demás pretensiones.

8. Para sustentar la existencia de la relación laboral, consideró acreditadas
la prestación personal del servicio y la remuneración con fundamento en los
contratos, las certificaciones y las declaraciones practicadas. En cuanto a la
subordinación, tuvo en cuenta que la demandante trabajaba como auxiliar de
enfermería en turnos nocturnos de 7:00 p. m. a 7:00 a. m., fijados mediante
mallas por la coordinadora de enfermería, ante quien también debían tramitarse
los permisos para ausentarse o realizar cambios de turno.

9. Añadió que la coordinadora asignaba actividades a la demandante y podía
modificar el servicio, la hora o el lugar en que debía ejecutarlas según las
necesidades del Hospital. También valoró que se verificaba el cumplimiento de
sus labores, que estas debían ajustarse a los protocolos y directrices
institucionales y que la entidad suministraba los elementos necesarios para su
ejecución. Con fundamento en esas circunstancias, estimó demostrado un poder
de dirección que excedía la coordinación propia de un contrato de prestación de
servicios.

10. El Tribunal también destacó que las actividades desarrolladas como
auxiliar de enfermería eran permanentes, misionales y similares a las ejecutadas
por el personal de planta. A partir de la jurisprudencia que citó sobre esta clase
de labores en las instituciones prestadoras de salud, concluyó que las
condiciones materiales de ejecución no evidenciaban autonomía e
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Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

independencia y, por tanto, que los contratos de prestación de servicios
encubrieron una verdadera relación laboral.

11. En cuanto a la prescripción, estableció que entre la terminación del
contrato 221-2014, el 28 de febrero de 2014, y el inicio del contrato 1507-2014,
el 11 de junio siguiente, transcurrieron 67 días hábiles. Con fundamento en las
sentencias de unificación de la Sección Segunda sobre solución de continuidad,
consideró que ese intervalo interrumpió la unidad del vínculo y, como la
reclamación administrativa fue presentada el 2 de junio de 2017, declaró
prescritas las prestaciones causadas hasta el 28 de febrero de 2014, salvo los
aportes pensionales.

12. Respecto del periodo posterior, determinó que la relación se desarrolló de
manera continua entre el 11 de junio de 2014 y el 24 de marzo de 2016, por lo
que las prestaciones causadas durante ese lapso no estaban afectadas por la
prescripción. En relación con los periodos anteriores, ordenó efectuar únicamente
los aportes a pensión, por su carácter imprescriptible.

13. Frente a la base de liquidación, negó el pago de diferencias salariales
respecto de los empleados de planta. Señaló que la declaratoria de
desnaturalización del vínculo no confería a la demandante la condición de
empleada pública y que, conforme a las reglas de unificación de la Sección
Segunda, las prestaciones sociales dejadas de percibir debían calcularse sobre
los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

14. Precisó que, aunque existía jurisprudencia que admitía el reconocimiento
de diferencias salariales cuando se demostrara identidad funcional con un
empleo de planta, las sentencias de unificación de 25 de agosto de 2016 y 9 de
septiembre de 2021 establecieron que el ingreso para liquidar las prestaciones
derivadas de la desnaturalización del vínculo se debe recurrir al valor de los
honorarios convenidos. Por esa razón, mantuvo estos como base de liquidación
de las acreencias reconocidas.

15. Finalmente, negó las pretensiones relacionadas con (i) la devolución de
los aportes efectuados por la demandante al sistema de seguridad social en
salud, pensión y riesgos laborales; (ii) el reintegro de las retenciones en la fuente;
(iii) el reconocimiento de diferencias salariales respecto del personal de planta; y
(iv) las sanciones moratorias reclamadas. En particular, consideró que la
declaratoria judicial del contrato realidad no transformaba a la contratista en
empleada pública y que los efectos patrimoniales de esa declaración debían
limitarse a los derechos derivados del restablecimiento reconocido en la
sentencia.

Recurso de apelación

16. La demandante interpuso recurso de apelación parcial contra la sentencia
de primera instancia. Su inconformidad se concentró en dos aspectos: la
prescripción de las prestaciones causadas con anterioridad al 28 de febrero de
2014 y la utilización de los honorarios pactados como base para liquidar las
acreencias reconocidas.

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Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

17. Respecto de la prescripción, sostuvo que, aunque entre el 28 de febrero y
el 10 de junio de 2014 transcurrieron 67 días hábiles sin vinculación contractual,
ese intervalo no produjo la terminación de la relación laboral. Afirmó que durante
ese periodo el vínculo permaneció suspendido por decisión exclusiva de la
entidad y sin causa imputable a la trabajadora, por lo que no existió una voluntad
de extinguirlo ni podía comenzar a contabilizarse el término prescriptivo.

18. Para sustentar ese planteamiento, invocó el artículo 52 del Decreto 2127
de 1945, modificado por el Decreto 797 de 1949, y señaló que la relación no
podía entenderse terminada porque la entidad no acreditó el pago de los salarios,
prestaciones e indemnizaciones adeudados ni la realización del examen médico
de retiro. Añadió que los principios de primacía de la realidad, estabilidad laboral
y favorabilidad imponían considerar que el vínculo permaneció vigente pese a la
interrupción formal de los contratos.

19. En cuanto a la liquidación de las prestaciones sociales, cuestionó que el
Tribunal hubiera utilizado como base los honorarios pactados. Sostuvo que,
cuando se demuestra que el empleo desempeñado por el contratista existe en la
planta de personal y que las actividades fueron ejecutadas en igualdad de
condiciones con los servidores vinculados legal y reglamentariamente, debe
emplearse como parámetro el salario correspondiente a ese cargo. A su juicio,
los honorarios únicamente deben utilizarse cuando no existe en la planta un
empleo equivalente.

20. Afirmó que en este caso se acreditó que el empleo de auxiliar de
enfermería existía en la planta de personal y que la demandante desarrolló las
mismas actividades y en iguales condiciones que quienes se encontraban
formalmente vinculados. Por ello, consideró que las prestaciones reconocidas
debían liquidarse con el salario correspondiente a un empleado de planta de la
misma o similar categoría, y no con los honorarios previstos en los contratos de
prestación de servicios.

21. Finalmente, alegó que la utilización de los honorarios como base de
liquidación desconocía los principios de igualdad y favorabilidad y generaba una
diferencia injustificada respecto de quienes desempeñaban las mismas labores
mediante una vinculación legal y reglamentaria. Añadió que ese criterio
terminaría favoreciendo a la Administración por acudir indebidamente a contratos
de prestación de servicios, al imponerle una carga prestacional inferior a la
derivada de una vinculación regular.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Por auto del 19 de junio de 2026 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

23. La entidad accionada no se pronunció en esta etapa..

24. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
la decisión apelada, puesto que entre los contratos 221-2014 y 1507-2014 se
perdió la continuidad en la ejecución contractual y la reclamación administrativa
se presentó después de 3 años.
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Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por la parte demandante. Para tal efecto, se
analizará (i) si la decisión en torno a la prescripción extintiva observó los
parámetros legales y jurisprudenciales aplicables; y (ii) si las prestaciones
sociales reconocidas se deben liquidar con base en el salario devengado por un
empleado de planta o con los honorarios pactados en los contratos.

Análisis del problema jurídico

27. La Sala precisa que la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios declarada en primera instancia no será objeto de examen. La sentencia
solo fue apelada por la demandante y sus reparos se limitaron a la prescripción
parcial de las prestaciones sociales y a la base utilizada para su liquidación. En
consecuencia, por tratarse de apelante único, no corresponde reabrir el análisis
sobre la continuada subordinación, aspecto que le fue favorable y no fue
controvertido.

28. Delimitada así la competencia de la Sala, se concluye que en este caso
operó parcialmente la prescripción extintiva trienal y que las prestaciones
reconocidas deben liquidarse con base en los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios. No obstante, la sentencia de primera
instancia será modificada para precisar los períodos reconocidos e identificar y
liquidar las prestaciones sociales a cargo de la entidad demandada.

1. Estudio sobre las condiciones en las que se prestó el servicio

29. De acuerdo con la prueba documental allegada al proceso1, la
demandante celebró los siguientes contratos de prestación de servicios con la
entidad accionada:

Contrato u orden de prestación de servicios Duración Honorarios Objeto
1232-2011 del 1.° de agosto de 2011, más 1/8/2011 al Auxiliar de
$ 6.810.000
adición y prórroga del 29 de noviembre de 2011 31/1/2012 enfermería
108-2012 del 1.° de febrero de 2012, más 1/2/2012 al Auxiliar de
$ 11.467.700
adición y prórroga del 9 de noviembre de 2012 19/11/2012 enfermería
26/11/2012 al Auxiliar de
1128-2012 del 26 de noviembre de 2012 $ 2.550.167
31/1/2013 enfermería
1/2/2013 al Auxiliar de
167-2013 del 1.° de febrero de 2013 $ 2.354.000
31/3/2013 enfermería

1
Contratos, certificaciones de cumplimiento de actividades mensuales y certificaciones del 11 de
mayo de 2013 y 10 de junio de 2017 expedidas por la asesora jurídica y la directora de
contratación de la entidad accionada, respectivamente. Índice 35 de SAMAI del tribunal y folios
14 y 15 del expediente físico.
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Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

($ 1.177.000
mensuales)
1/4/2013 al Auxiliar de
805-2013 del 1.° de abril de 2013 $ 1.177.000
30/4/2013 enfermería
$ 8.810.200
1055-2013 del 1.° de mayo de 2013, más 1/5/2013 al Auxiliar de
($ 1.218.000
adición y prórroga del 27 de noviembre de 2013 7/12/2013 enfermería
mensuales)
$ 2.030.000
11/12/2013 al Auxiliar de
2474-2013 del 11 de diciembre de 2013 ($ 1.218.000
31/1/2014 enfermería
mensuales)
1/2/2014 al Auxiliar de
221-2014 del 1.° de febrero de 2014 $ 1.218.000
28/2/2014 enfermería
11/6/2014 al Auxiliar de
1507-2014 del 11 de junio de 2014 $ 812.000
30/6/2014 enfermería
$ 2.926.000
1/7/2014 al Auxiliar de
1817-2014 del 1.° de julio de 2014 ($ 1.463.000
31/8/2014 enfermería
mensuales)
$ 6.827.333
1/9/2014 al Auxiliar de
2409-2014 del 1.° de septiembre de 2014 ($ 1.463.000
20/1/2015 enfermería
mensuales)
$ 6.339.667
659-2015 del 21 de enero de 2015, más adición 21/1/2015 al Auxiliar de
($ 1.463.000
y prórroga del 29 de abril de 2015 31/5/2015 enfermería
mensuales)
$ 4.389.000
2217-2015 del 1.° de junio de 2015, más adición 1/6/2015 al Auxiliar de
($ 1.463.000
y prórroga del 25 de julio de 2015 31/8/2015 enfermería
mensuales)
$ 4.389.000
1/9/2015 al Auxiliar de
2709-2015 del 1.° de septiembre de 2015 ($ 1.463.000
30/11/2015 enfermería
mensuales)
1/12/2015 al Auxiliar de
4143-2015 del 1.° de diciembre de 2015 $ 1.463.000
31/12/2015 enfermería
630-2016 del 1.° de enero de 201, más acta de $ 4.389.000
1/1/2016 al Auxiliar de
suspensión del 12 de marzo de 20162 y acta de ($ 1.463.000
11/3/20164 enfermería
terminación del 24 de marzo de 20163 mensuales)

Prescripción

30. La prescripción extintiva busca garantizar la seguridad jurídica, pues exige
que el interesado reclame oportunamente sus derechos y evita que permanezca
indefinidamente la incertidumbre sobre su exigibilidad.

31. Los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969
establecen un término de tres años para reclamar los derechos allí previstos,
contado desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

32. En materia de desnaturalización de contratos de prestación de servicios,
la Sección Segunda ha precisado que, cuando entre uno y otro vínculo existen

2
En el acta de suspensión del 12 de marzo de 2016 se indicó lo siguiente: «[…] d) Que con fecha
12/03/2016, el (la) CONTRATISTA, solicita la suspensión de la OPS-630-2016, por motivo
“INCAPACIDAD MÉDICA”, a partir de 12/03/2016 y hasta el 23/03/2016 inclusive. e) Que el
CONTRATISTA tiene conocimiento del hecho y está de acuerdo con la suspensión de la Orden
de Prestación de Servicios suscrita con la Entidad […] CLÁUSULA PRIMERA: Suspender La
Orden de Prestación de Servicios No. 630-2016, a partir del 12/03/2016 y hasta el 23/03/2016
inclusive, con reinicio el día 24/03/2016».
3
En el acta de terminación del 24 de marzo de 2016 se indicó lo siguiente: «[…] c) Que el plazo
de Ejecución se fijó inicialmente por el término de tres (03) meses. d) Que con fecha 12/03/2016
se firmó Acta de SUSPENSIÓN por INCAPACIDAD MÉDICA, a partir del 12/03/2016 y hasta el
23/03/2016, con reinicio el 24/03/2016. d) (sic) Que con fecha 24/03/2016 el (la) CONTRATISTA
se ha hecho presente en la Gerencia de la ESE San Cristóbal, para manifestar que es su voluntad,
solicitar la Terminación de común acuerdo de la Orden No. 630-2016, a partir del 24/03/2016 […]
CLÁUSULA PRIMERA. TERMINACIÓN: Dar por terminado de manera BILATERAL la Orden de
Prestación de Servicios N° 630-2016, celebrada entre la ESE San Cristóbal y MYRIAM SOFÍA
RODRÍGUEZ SUÁREZ, a partir del día 24/03/2016».
4
En la «certificación cumplimiento mensual de actividades OPS» correspondiente al mes de
marzo de 2016, expedida el 31 de marzo de 2016, se dejó la siguiente observación: «Se realiza
pago de Actividades del 01 al 11 de marzo de 2016».
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interrupciones, la prescripción debe analizarse respecto de cada período a partir
de su terminación. Para establecer si esas interrupciones producen solución de
continuidad, la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 fijó como
parámetro un término de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y
el inicio del siguiente, susceptible de flexibilización cuando las circunstancias
particulares del caso así lo justifiquen.

33. La apelante no controvirtió que entre la terminación del contrato 221-2014
y el inicio del contrato 1507-2014 transcurrieron 67 días hábiles sin vinculación
contractual. Su reparo consistió en que ese intervalo no produjo solución de
continuidad porque, a su juicio, correspondió a una suspensión atribuible
exclusivamente a la entidad demandada y no a la terminación del vínculo.

34. El argumento no prospera. El contrato 221-2014 tenía un término
determinado y su ejecución finalizó el 28 de febrero de 2014 por vencimiento del
plazo pactado. En el expediente no obra un acuerdo de suspensión, una prórroga
o algún otro elemento que permita concluir que, pese al vencimiento del término,
las partes conservaron vigente ese negocio jurídico hasta la celebración del
contrato 1507-2014.

35. Esta conclusión se refuerza con lo ocurrido respecto del contrato 630-
2016, cuya suspensión sí fue formalizada mediante el acta correspondiente. La
diferencia entre ambos supuestos evidencia que, cuando las partes acordaron
suspender la ejecución de un contrato, así lo hicieron constar expresamente. Esa
circunstancia no se acreditó respecto del contrato 221-2014.

36. Tampoco resultan aplicables las disposiciones del Decreto 2127 de 1945
invocadas por la apelante para sostener que no existió una terminación válida.
Ese planteamiento trasladó al período discutido las reglas que regulan la
suspensión y terminación del contrato de trabajo, pese a que la vinculación formal
existente entre las partes se produjo mediante contratos estatales de prestación
de servicios. La desnaturalización declarada judicialmente genera las
consecuencias prestacionales correspondientes, pero no transforma
retroactivamente esos negocios jurídicos en contratos de trabajo sometidos a las
formalidades previstas en aquella normativa.

37. Por la misma razón, la falta de pago de salarios, prestaciones o
indemnizaciones al finalizar el contrato 221-2014, así como la ausencia del
examen médico mencionada en la apelación, no permiten concluir que el vínculo
permaneciera vigente. Ninguna de esas circunstancias desvirtúa que el contrato
terminó por vencimiento del plazo y que el siguiente comenzó más de tres meses
después.

38. Así, entre el 28 de febrero y el 11 de junio de 2014 transcurrieron 67 días
hábiles sin prestación del servicio. Además de superar el parámetro de treinta
días hábiles establecido por la sentencia de unificación, no se acreditó una
circunstancia particular que permita flexibilizarlo. En consecuencia, ese intervalo
produjo solución de continuidad y los períodos anteriores y posteriores deben
examinarse separadamente para efectos de la prescripción.

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Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

39. Como la demandante presentó la reclamación administrativa el 2 de junio
de 2017, para ese momento ya había transcurrido el término trienal respecto de
las prestaciones causadas hasta el 28 de febrero de 2014. Por tanto, se
confirmará en este aspecto la sentencia apelada, sin perjuicio de la
imprescriptibilidad de los aportes a pensión.

Base de liquidación de las prestaciones sociales

40. El segundo reparo se dirigió contra la base utilizada para liquidar las
prestaciones sociales reconocidas. La apelante sostuvo que debía tomarse la
asignación correspondiente al empleo de auxiliar de enfermería de la planta de
personal, porque desarrolló las mismas actividades y en condiciones semejantes
a las de quienes se encontraban vinculados formalmente a ese empleo.

41. La desnaturalización de los contratos de prestación de servicios no
confiere al contratista la condición de empleado público. Esta calidad presupone
la existencia de un empleo previsto en la planta de personal y el cumplimiento de
los requisitos constitucionales y legales para acceder a él, entre ellos, el
nombramiento y la posesión y, por regla general, la superación del
correspondiente proceso de selección basado en el mérito. A ello se suma que
el ejercicio de la función pública comporta un régimen particular de deberes y
responsabilidades en materia disciplinaria, fiscal y penal que no resulta
equivalente al aplicable a los contratistas. Por tanto, el principio de primacía de
la realidad permite reconocer las consecuencias prestacionales derivadas de la
desnaturalización, pero no equipara ambas formas de vinculación.

42. Estas diferencias impiden aplicar el principio de «a trabajo igual, salario
igual» en los términos propuestos por la apelante. Además, la regla sobre
igualdad salarial prevista en el Código Sustantivo del Trabajo forma parte de las
disposiciones que regulan las relaciones individuales de trabajo, las cuales no
son aplicables a los empleados públicos. En consecuencia, la similitud entre las
actividades desarrolladas por la demandante y las asignadas a un empleo de
planta no le otorga el derecho a percibir la misma remuneración ni permite
utilizarla como base para liquidar las prestaciones derivadas de la
desnaturalización de los contratos.

43. Esta distinción no impide reconocer las consecuencias económicas
derivadas de la desnaturalización, sino que determina su alcance. Sobre este
aspecto, la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 n.º 5 del 25 de agosto de 2016
estableció que las prestaciones sociales dejadas de percibir deben liquidarse con
fundamento en los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios. Esta regla fue reiterada por la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, que mantuvo los honorarios como ingreso
de referencia para determinar las prestaciones derivadas de la desnaturalización.

44. En consecuencia, la existencia del empleo de auxiliar de enfermería en la
planta de personal y la similitud que pudiera existir entre sus funciones y las
actividades desarrolladas por la demandante no autorizan a sustituir los
honorarios pactados por la asignación salarial correspondiente a aquel empleo.
Hacerlo supondría atribuir a la desnaturalización un efecto que no tiene —la

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Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

equiparación salarial con un empleado público— y desconocería la regla fijada
por la Sección Segunda para determinar la base de liquidación.

45. Por tanto, tampoco prospera este reparo. Las prestaciones sociales
reconocidas a la demandante deben liquidarse con base en los honorarios
pactados en cada contrato de prestación de servicios, como lo dispuso el
Tribunal.

2. El restablecimiento del derecho

46. La Sala modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia para precisar las prestaciones sociales que debe reconocer
la entidad demandada y efectuar su liquidación en concreto.

47. Para tal efecto, se tendrá en cuenta el criterio de esta Subsección, según
el cual, en los casos de desnaturalización de contratos de prestación de servicios,
el restablecimiento comprende las prestaciones sociales del régimen general
previstas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978 que resulten aplicables, liquidadas
con base en los honorarios pactados5.

48. En consecuencia, la entidad demandada deberá reconocer y pagar las
prestaciones sociales causadas entre el 11 de junio de 2014 y el 11 de marzo de
2016 con exclusión expresa de las interrupciones en la prestación del servicio.
Estas comprenden el auxilio de transporte, causado entre el 11 y el 30 de junio
de 20146; el subsidio de alimentación, causado entre el 11 y el 30 de junio de
2014 y entre el 1.º de enero y el 11 de marzo de 20167; las cesantías y sus
intereses; la prima de Navidad; las vacaciones y la prima de vacaciones; la prima
de servicios, causada a partir del 1.º de enero de 20158; y la bonificación por
servicios prestados, causada a partir del 1.º de enero de 20169.

49. Las anteriores prestaciones se liquidan en los siguientes términos:

50. Se advierte que el Tribunal también condenó a la entidad accionada a
pagar a favor de la actora la bonificación especial de recreación; sin embargo, el
reconocimiento de dicho emolumento quedó sujeto a la verificación de que los

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
6
Solo se reconoce el auxilio de transporte respecto de los meses en que el actor devengó
honorarios mensuales inferiores a los que establece la ley para acceder a dicho beneficio.
7
Solo se reconoce el subsidio de alimentación respecto de los meses en que el actor devengó
honorarios mensuales inferiores a los que establece la ley para acceder a dicho beneficio.
8
Decreto 2351 de 2014.
9
Decreto 2418 de 2015.
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Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

empleados del nivel asistencial de la ESE demandada también la devengaran.
Como en este caso no se aportó prueba de tal condición, no es factible realizar
la liquidación correspondiente, razón por la cual el cálculo de este emolumento
estará a cargo de la entidad. Al respecto, se aclara que esta Subsección ha
señalado que este emolumento no se debe incluir en el restablecimiento del
derecho en casos de desnaturalización del vínculo. Sin embargo, se considera
pertinente señalar que, por tratarse de un apelante único, no hay lugar a modificar
la decisión en este aspecto.

51. Tampoco se ordenará el reconocimiento y pago de dotaciones de vestido
y calzado en tanto la demandante devengó remuneraciones mensuales
superiores a las que exige la ley para acceder a este beneficio —ver Ley 70 de
1988 y Decreto 1978 de 1989—.

La condena en costas de segunda instancia

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas,
toda vez que, si bien no prosperaron los argumentos planteados en el recurso de
apelación, se están haciendo ajustes a la decisión del tribunal que benefician y
gravan a ambas partes procesales, por manera que no puede predicarse que
alguna de ellas haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá
de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

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Demandante: Myriam Sofía Rodríguez Suárez

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
del 3 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual quedará así:

TERCERO. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente ESE a pagar dieciocho millones quinientos diez mil
setecientos noventa y un pesos ($ 18.510.791 COP) a favor de la señora Myriam
Sofía Rodríguez Suárez, por concepto de los emolumentos incluidos en la
liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia.

Adicionalmente, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE
deberá reconocer y pagar a favor de la señora Myriam Sofía Rodríguez Suárez la
bonificación por recreación que se pudo haber causado entre el 11 de junio de
2014 y el 11 de marzo de 2016, siempre y cuando este emolumento haya sido
devengado por los empleados del nivel asistencial equiparable al de auxiliar de
enfermería, de manera indexada, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

Índice final
𝑅 = Rh x
Índice inicial

Donde (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) que es el valor
correspondiente a la bonificación especial de recreación dejada de pagar, por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la fecha en que se profiere esta decisión, por el índice inicial
vigente en cada mes en que debió hacerse el pago.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC

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