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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00197-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00197-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicación: 08001233300020160019701 (5863-2022) Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-00197-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de abril de 2024

Radicación: 08001233300020160019701 (5863-2022)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00197-01 (5863-2022)
Demandante: Nelson Eduardo Varela Restrepo
Demandado: Unidad Nacional de Protección-UNP y Ministerio del Interior
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación de
servicios-escolta. Prescripción. Legitimación en la causa por
pasiva UNP. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante y la UNP
contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Nelson Eduardo Varela Restrepo instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la Unidad Nacional de Protección UNP, con el fin de
que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del oficio OF115-00024471 del 5 de septiembre de
2015, por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago
de las prestaciones sociales derivadas de esta.

Que se declare que existió una relación laboral subordinada entre él y el DAS y,
como consecuencia, se ordene reconocer las prestaciones sociales a las que
tiene derecho, entre esas, el incremento por antigüedad, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, auxilio de transporte, auxilio de
alimentación, viáticos, gastos de representación, cesantías, intereses a las
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, compensación en caso de muerte,
vestuario, primas especiales de riesgo e instalación y bonificación por comisión
de estudio. Que se reliquiden los salarios y prestaciones, teniendo en cuenta los
viáticos.
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Radicación: 08001233300020160019701 (5863-2022)

Que se reconozca la sanción moratoria y se devuelvan los porcentajes de
cotización de pensión y salud que canceló a los respectivos fondos y que debió
realizar la entidad. Que se declare que los aportes al sistema pensional
corresponden a todo el tiempo laborado.

Que se condene en costas a la demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que prestó sus servicios personales al DAS entre el 1 de julio de 2003 al 30 de
junio de 2005 y el 1 de julio de 2007 al 31 de marzo de 2011, a través de varios
contratos de prestación de servicios.

Que su vinculación se dio bajo una continua subordinación y dependencia, de
acuerdo con las funciones de protección asignadas en las fechas, horarios y
lugares señalados por sus superiores.

Que los elementos para el desarrollo de la labor eran suministrados por el DAS,
la actividad estaba relacionada con la misionalidad de la entidad y como
contraprestación recibió unos horarios.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 18 de julio de 2017, en la que se
vinculó al Ministerio del Interior y ordenó notificar, de un lado, a este, quien se
pronunció fuera del término otorgado y, de otro, a la Unidad Nacional de
Protección, quien, dentro del plazo concedido, indicó:

Que el oficio demandado no contiene un pronunciamiento de fondo ni niega el
reconocimiento de derechos subjetivos, por lo que no es susceptible de control.

Que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el sucesor
procesal del DAS es el Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A. Que no es
responsable de la expedición de los actos administrativos acusados ni receptora
de la función administrativa, tampoco le corresponde la custodia o archivo de los
expedientes contractuales.

Que asumió solo algunas de las funciones que estuvieron a cargo del extinto
DAS, pero que no existió una subrogación de todos los asuntos de esa entidad,
que una prueba de esto es que los procesos de supresión y la creación de la UNP
se efectuaron por decretos separados. Que el personal de protección vinculado
al DAS se incorporó a varias entidades receptoras, por lo que esa función no es
exclusiva de su competencia.

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Que los derechos laborales reclamados prescribieron, porque el demandante no
los reclamó dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se causaron.

Propuso como excepciones la de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inepta demanda, inexistencia de nexo causal y prescripción.

Se celebró audiencia inicial el 24 de abril de dos mil dieciocho (2018), en la cual
declararon no probadas las excepciones previas de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad propuesta por el Ministerio del Interior, inepta
demanda y falta de legitimación en la causa por pasiva de la UNP. Además, se
fijó el litigio, se agotó la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas y se
programó la audiencia para su práctica.

Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del
término oportuno por el demandante y la UNP.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 16 de julio de dos
mil veintiuno (2021) accedió a las pretensiones. Luego de realizar un recuento
normativo y jurisprudencial sobre el tema, indicó que las pruebas evidenciaban
que el demandante cumplió con una labor de manera permanente relacionada
con la función de la entidad.

Que estuvo sometido a una continua subordinación y dependencia, recibía
instrucciones constantes en las órdenes o misiones de trabajo, en las que se
asignaban las tareas a cumplir, la duración de estas, las personas a proteger y
los elementos a utilizar en el desarrollo de esas actividades.

Que recibió una remuneración o retribución económica por el servicio de
protección prestado y, en ese sentido, se desvirtuó la legalidad de las órdenes o
contratos de prestación de servicios, por la prevalencia de la realidad sobre las
formas.

Conforme lo anterior, declaró la existencia de la relación laboral entre el actor y
la demandada, desde el 1 de julio de 2003 al 30 de junio de 2005 y del 1 de julio
de 2007 al 31 de marzo de 2011. Tuvo como sucesor procesal del DAS a la
Unidad Nacional de Protección, por haber sido quien asumió la función de prestar
seguridad a las personas beneficiarias de los programas de protección.

Declaró probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos, en razón
a que el demandante no presentó la reclamación administrativa dentro de los 3
años siguientes a la culminación de cada uno de los periodos de vinculación,
debiéndose revisar de manera separada, al haberse presentado una interrupción
extensa entre la terminación del contrato 033 de 2005 (30 de junio de 2005) y el
inicio del 053 de 2007 (1 de julio de 2007).

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Que, en ese sentido, el actor no presentó la reclamación administrativa dentro de
los 3 años siguientes a la culminación de cada uno de los vínculos con la entidad,
toda vez que aquella fue presentada el 28 de agosto de 2015, mientras que los
contratos de prestación de servicios finalizaron el 30 de junio de 2005 y el 31 de
marzo de 2011, respectivamente.

Que la prescripción no aplicaba a lo relativo a los aportes a pensión, debiéndose
computar dicho tiempo para efectos de la prestación. Ordenó reconocer los
porcentajes de cotización a pensión durante el tiempo de vinculación,
considerando como IBC los honorarios pactados mes a mes y que, si hay
diferencia entre los aportes realizados por el contratista y los que debieron
efectuarse, hacer la respectiva contribución, en el monto correspondiente.

Finalmente, no condenó en costas a la parte demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

La Unidad Nacional de Protección interpuso recurso de apelación indicando
que no tiene legitimación en la causa por pasiva para cumplir la condena judicial,
porque la entidad es una de las asignatarias de la función de protección a cargo
del DAS, lo cual no incluye la función administrativa, bajo la cual se circunscribe
el reconocimiento y pago de acreencias laborales y la liquidación de contratos.

Que, aunque incorporó algunos escoltas del DAS a su planta de personal, dicha
situación no fue exclusiva, pues las demás entidades receptoras de funciones
también incorporaron funcionarios a su nómina.

Que el PAP Fiduprevisora S.A. es quien debe ser condenado, en razón a que la
Ley 1753 de 2015 define que este asumiría las obligaciones económicas de la
entidad extinta.

Por lo anterior, solicitó revocar los numerales primero, segundo, tercero y cuarto
de la decisión de primera instancia.

El demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar el
ordinal quinto de la decisión de primera instancia, mediante el cual el juez de
instancia declaró probada la excepción de prescripción de los emolumentos a los
que tiene derecho. Que la sentencia tiene carácter declarativo y, por ello, a partir
de la decisión judicial es que debe contabilizarse el referido término, según lo
decidido por el Consejo de Estado en sentencias anteriores a 2014.

Que el cambio de posición de la jurisprudencia sobre el tema no puede aplicarse
a su caso, al no encontrarse vigente al momento de la interposición de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Que, subsidiariamente, debía considerarse la reclamación administrativa que
presentó ante el DAS el 24 de abril de 2014, solicitud resuelta a través del Oficio

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E-1300-05-201407949, con la que se interrumpió la prescripción trienal. Que
aportó dichos documentos al momento de descorrerse el traslado de las
excepciones propuestas.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se admitió el recurso
de apelación interpuesto y, al no haber pruebas que decretar, no se hizo
necesario otorgar el término de traslado para alegar, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5 que modificó el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá determinar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, el
actor tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de
percibir con ocasión de esa relación. Además, en los términos del recurso de
apelación del demandante, si en el caso no se configuró la prescripción de los
derechos laborales.

Superados los anteriores desacuerdos, se estudiará si la demandada es la
entidad llamada a asumir las consecuencias jurídicas de la decisión y de ser así,
se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
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si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los

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servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si

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bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.

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(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
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entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política.

Resolución del caso concreto

Según las pruebas se puede establecer que el demandante prestó sus servicios
personales de protección al DAS y, como contraprestación de la labor se pactó
el pago de valores específicos a través de los siguientes contratos de prestación
de servicios:

• Contrato 042 de 2003, cuyo objeto fue «se compromete para con el DAS a prestar
sus servicios profesionales de protección». El plazo de ejecución fue de 5 meses,
hasta el 30 de noviembre de 2003. El valor total fue de $ 6.500.0002.

• Contrato 72 del 1 de diciembre de 2003, cuyo objeto fue igual al anterior. El plazo
de ejecución fue del 1 de diciembre de 2003 al 30 de abril de 2004. El valor total
pactado fue de $ 10.271.8503.

• Contrato 048 del 1 de mayo de 2004, con el mismo objeto que el primer acuerdo.
El plazo de ejecución fue hasta el 20 de febrero de 2005. El valor total pactado
fue de $ 11.120.0004.

• Contrato 33 del 2005, con el mismo objeto que el primer acuerdo. El plazo de

1
Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Índice 2 SAMAI del Consejo de Estado. Archivo denominado «02. CuadernoDosyTres»; páginas 133-137.

del expediente digital.
3 páginas 124-132 ibidem.
4 páginas 109-124 ibidem.

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ejecución fue desde el 1 de marzo al 30 de junio de 20055.

• Contrato 053 del 29 de junio de 2007. El objeto del contrato fue similar al del
primer acuerdo. El plazo de ejecución fue de 6 meses, desde el 1 de julio hasta
el 31 de diciembre de 2007. El valor total fue de $ 13.784.0406.

• Contrato 113 de 2007, con el mismo objeto que el primer acuerdo suscito. El
plazo de ejecución fue de 1 año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2008. Se pactó un valor total de $ 28.468.0807.

• Contrato 161 del 30 de diciembre de 2008, con el mismo objeto que el primer
acuerdo suscrito. El plazo de ejecución fue de 9 meses, desde el 1 de enero
hasta el 28 de septiembre de 2009. El valor total pactado fue de $ 21.759.390.

• Contrato 049 del 28 de septiembre de 2009, con el mismo objeto que el primer
acuerdo suscrito. El plazo de ejecución fue desde el 28 de septiembre hasta el
17 de diciembre de 2009. El valor total pactado fue de $ 6.623.1308.
• Contrato 086 del 18 de diciembre de 2009, con el mismo objeto que el primer
acuerdo suscrito. El plazo de ejecución fue desde el 18 de diciembre de 2009
hasta el 31 de marzo de 2010. El valor total pactado fue de $ 8.702.0499.

• Contrato 137 del 31 de marzo de 2010, con el mismo objeto que el primer acuerdo
suscrito. El plazo de ejecución fue desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2010.
El valor total fue de $ 10.057.67210.

• Contrato 182 de 2010, con el mismo objeto que el primer acuerdo suscrito. El
plazo de ejecución fue desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2010.
El valor total fue de $ 8.190.00011.

• Contrato 230 del 28 de diciembre de 2010, con el mismo objeto que el primer
acuerdo suscrito. El plazo de ejecución inicial fue hasta el 31 de marzo de 2011.
El valor total fue de $ 8.112.22112.

En relación con la subordinación, la Sala evidencia que en dichos contratos se
puntualizaron las obligaciones específicas a cargo del contratista:

(i) Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por
el DAS a través del supervisor, o por su protegido.
(ii) Realizar las actividades de índole protectivo previa autorización para cumplir
con la actividad encomendada, o destinación del funcionario competente del
Departamento Administrativo de Seguridad.
(iii) Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento,
Radios y Vehículos del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos
logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes.

5 Información de la Certificación expedida por la Unidad Nacional de Protección sobre los tiempos de

servicios del demandante.
6 Págs. 73-108 ibidem.
7 Págs. 36-72 ibidem.
8
Índice 2 SAMAI del Consejo de Estado. Archivo denominado «01CuadernoUno»; páginas 184-207. del
expediente digital.
9 páginas 157-183 ibidem.
10 Págs. 146-156 ibidem.
11 Págs. 146-156 ibidem.
12 Págs. 133-140 ibidem.

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(iv) Entregar los elementos de dotación al terminar el servicio y cuando por alguna
circunstancia no se encuentre el servicio para el que fue contratado.
(v) Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones
interpersonales con los funcionarios del DAS, con sus compañeros y con la
persona protegida.
(vi) No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o psicotrópicas.
(vii) Respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana, y colaborar con
las autoridades civiles, militares y de policía.
(viii) Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los
desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras
ciudades y las novedades que se presenten en el servicio.
(ix) Mantener en buen estado los elementos logísticos entregados por el DAS y
velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán destinarse en forma
exclusiva para el servicio objeto del presente contrato.
(x) Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado
con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con
las actividades propias del objeto del presente contrato.
(xi) Informar al Supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas
con permisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o
interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán los
descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste
el servicio.
(xii) Observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de las armas
de fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los
ciudadanos.

Adicionalmente, se tiene más de cuarenta órdenes o misiones de servicio
dirigidas al actor, en las que se detalla el objeto de la protección o persona
protegida, el tiempo del servicio o plazo de ejecución y, los elementos y medios
logísticos entregados para el esquema de seguridad y desplazamientos. También
se incluían las instrucciones detalladas de la labor y la indicación específica de
reportar cualquier novedad al área de protección y, al finalizar el servicio o misión,
presentar un informe de cumplimiento13.

Sobre esos documentos se destaca que, en varios de ellos, se indicó,
expresamente lo siguiente: «El comisionado para prestar el servicio de
protección, debe registrar en el libro de minuta la salida y regreso, […] deberán
respetar la normativa del tránsito existente, en lo concerniente a los limites (sic)
de velocidad y el uso del cinturón de seguridad; […] recibirán instrucciones del
responsable del área de protección, deberán hacer la respectiva presentación a
la seccional donde se dirijan, si es un lugar donde el DAS no tenga representación
debe presentarse al Comando de la Policía».

Tras valorar la declaración recibida en primera instancia, se destaca que el
testigo, quien se desempeñó para la época de los hechos como jefe del área de
protección del DAS en Barranquilla, afirmó que el demandante prestó sus
servicios de protección y se vinculó a través de varios contratos de prestación

13 Páginas 138-144, 146-152, 154-156, 161-166, 168-169, 176-183, 185-187, 190-193, 197-199 y 200-208.

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servicios. Que trabajó con aquel por aproximadamente cinco años desde el 2004
y estuvo bajo su mando o protección.

Que los contratistas cumplían las mismas actividades que los detectives del DAS,
que su jornada era continua por el tiempo requerido por la persona protegida y,
muchas veces, estaban en servicio durante las veinticuatro horas. Que recibían
un pago por parte de la entidad y viáticos cuando debían desplazarse o pernoctar
en otras regiones. Que hacían cursos y recibían capacitaciones regulares de
protección, esquemas de seguridad y prácticas de polígono. Y al personal a su
cargo, entre esos el demandante, les exigía un informe escrito cada quince días;
además, debían reportarse de manera diaria a la entidad y se llevaba un control
estricto de su ubicación.

Se puede extraer del acervo probatorio que el demandante prestaba sus servicios
de manera dependiente y subordinada, pues de acuerdo con la naturaleza de la
labor y las obligaciones impuestas es evidente que su labor debía circunscribirse
a las instrucciones del DAS, que no podía ausentarse de sus actividades o
escoger o modificar el lugar de ejecución de aquellas de manera autónoma.

La Subsección observa que el actor estaba sujeto a las instrucciones del jefe del
área de protección, como se enunció en las órdenes de servicio y lo ratificó el
testigo, quien, expuso que el demandante, al igual que el personal vinculado a su
cargo, debía reportar toda su actividad diaria e informar cualquier novedad
incluso sobre situaciones personales. Además, se evidencia que dependía de las
condiciones logísticas dadas por la entidad en las misiones de trabajo, en las que,
de hecho, en varias oportunidades, se dispuso su movilización por diferentes
lugares del país y lapsos indeterminados; además, de la agenda y actividad
cotidiana del sujeto beneficiario de los servicios de protección.

Es claro que la labor de protección requiere la prestación del servicio
prácticamente de forma ininterrumpida, por lo que el demandante debía estar
disponible por el tiempo que fuera necesario, como lo afirmó el declarante.

De otra parte, se visualiza que dentro de las obligaciones definidas se incluyó el
deber de informar las novedades en el servicio, relacionadas con permisos,
incapacidades u otras circunstancias que suspendieran o interrumpieran el
ejercicio de las actividades, de lo que se puede inferir que requería la aprobación
del DAS para ausentarse y reportar cualquier situación que le impidiera
desarrollar su labor.

A propósito de esto, se resalta que la jurisprudencia14 de esta Corporación ha
sostenido que, en el caso de los escoltas del DAS, se encuentra implícito el
cumplimiento de las órdenes y directrices dadas por la entidad, en las distintas
misiones a él encomendadas.

14 Ver entre otras, las sentencias del 1 de septiembre de 2022, expediente 2012-00162-02 (6229-2019); 26

de enero de 2013 expediente 2012-00121-01 (3578-2013) y del 21 de septiembre de 2013 expediente 2013-
00324-01 (0215-2018).

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Al respecto, ha concluido el Consejo de Estado que las tareas que debe ejecutar
un escolta comportan el elemento de la subordinación, pues estas se desarrollan
en cumplimiento de órdenes directas de su superior, lo cual, desvanece la figura
de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia con la
que se presta el servicio.

La Sala logra evidenciar la falta de autonomía en la prestación del servicio, debido
al direccionamiento por parte de la entidad frente a la forma y el desarrollo de las
actividades comprendidas en el objeto contractual y la imposición de
instrucciones precisas frente a los sitios de prestación de servicios, los elementos
que debía usar, mismos que eran suministrados por la demandada, así como
también la exigencia de un continuo reporte de sus actividades y novedades.

Por lo tanto, por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral entre las partes, se confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en este punto.

Prescripción.

Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas15:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202116, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.

Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto; para lo
cual se observa la suscripción de los siguientes contratos:

15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de

agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (0088-2015).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-

000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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Contrato Duración Interrupción
042 Inicio: 1 de julio de 2003 Sin interrupción
Finalización: 30 de noviembre de 2003
72 Inicio: 1 de diciembre de 2003 Sin interrupción
Finalización: 30 de abril de 2004
048 Inicio: 1 de mayo de 2004 6 días
Finalización: 20 de febrero de 2005
33 Inicio: 1 de marzo de 2005 2 años y 1 mes
Finalización: 30 de junio de 2005
053 6 meses Sin interrupción
Inicio: 1 de julio de 2007
Finalización: 31 de diciembre de 2007
113 1 año Sin interrupción
Inicio: 1 de enero de 2008
Finalización: 31 de diciembre de 2008
161 Inicio: 1 de enero de 2009 Sin interrupción
Finalización: 28 de septiembre de 2009
049 Inicio: 28 de septiembre de 2009 Sin interrupción
Finalización: 17 de diciembre de 2009
086 Inicio: 18 de diciembre de 2009 Sin interrupción
Finalización: 31 de marzo de 2010
137 Inicio: 1 de abril de 2010 Sin interrupción
Finalización: 31 de julio de 2010
182 Inicio: 1 de agosto de 2010 Sin interrupción
Finalización: 31 de diciembre de 2010
230 Inicio: 1 de enero de 2011 Sin interrupción
Finalización: 30 de marzo de 2011

En el presente caso, la Subsección observa que entre la culminación del contrato
33 de 2005 (30 de junio de 2005) y el inicio del 053 de 2007 (1 de julio de 2007)
existió una interrupción de dos años y un mes, término ostensiblemente amplio
y, que, implica un rompimiento del vínculo contractual entre las partes que no
puede considerarse como el tiempo requerido para formalizar el nuevo contrato
o correspondiente a las vacaciones de la entidad.

En ese sentido, a partir de la finalización del contrato 033 de 2005 surgió la
obligación de la parte demandante de reclamar su derecho dentro de los tres
años siguientes; pero está acreditado que solo hasta el 28 de agosto de 2015
solicitó a la UNP el reconocimiento de la relación laboral y las prestaciones
sociales derivadas de aquella. Por esa razón, operó la prescripción extintiva
frente a los derechos laborales causados antes del 30 de junio de 2005.

En cuanto al segundo periodo de vinculación se advierte que también se
configuró la prescripción, porque el último tiempo de contratación finalizó el 30 de
marzo de 2011, por lo que el demandante contaba hasta el 30 de marzo de 2014
para presentar la reclamación ante la administración. Sin embargo, tal y como se
señaló antes, aquella fue presentada solo hasta el 28 de agosto de 2015.

Ahora, el demandante en el recurso de apelación expuso que solicitó al DAS,
extinto, el reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas de la
configuración de la relación laboral y, que, puso en conocimiento esa situación,
al momento de descorrer el traslado sobre las excepciones propuestas por la
entidad demandada.

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Sobre lo anterior, la Subsección advierte que las pretensiones de la parte actora
se dirigieron a cuestionar únicamente la legalidad del Oficio OF115-00024471 del
5 de septiembre de 2015, por medio del cual la UNP negó la existencia de una
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales derivadas de esta,
circunscribiéndose el objeto de litigio a ese aspecto. De manera que, aunque
exista una reclamación previa y, en su momento, el DAS, extinto, emitiera una
respuesta, como se afirmó en el recurso de apelación, este último acto
administrativo no fue objeto de control judicial, por lo que no puede considerarse
para efectos de contabilizar la prescripción.

Advirtiendo que tal como lo ordenó el Juez de primera instancia, esta prescripción
no afecta los periodos pensionales.

Finalmente, las reglas fijadas en la sentencia de unificación antes referenciada
sobre la forma en la que debe analizarse la prescripción cuando se configura el
encubrimiento de una relación laboral, constituyen un precedente obligatorio y
vinculante, en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011; de
manera que, no tiene asidero alguno el reparto del demandante sobre su indebida
aplicación ni puede considerarse como una lesión a garantías fundamentales. Lo
anterior, como lo explicó esta Corporación en la sentencia del 18 de noviembre
de 2021, expediente 2016-02626-01 (3138-2020).

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada.

Entidad encargada de la condena

Con relación argumento de la apelación de la entidad, en el sentido de considerar
que no se encuentra legitimada para ostentar la calidad de demandada y que no
es la llamada a cumplir la condena judicial, al respecto, se tiene que el Decreto
4057 del 31 de octubre de 2011, dispuso la supresión del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), y ordenó el cese definitivo de sus actividades.

Dispuso trasladar la función comprendida en el numeral 14 del artículo 2 del
Decreto 643 de 2004 y las demás que se desprendieran de la misma y que se
encontraban en cabeza de esa entidad a la Unidad Nacional de Protección, lo
cual se establecería en decreto separado.

De acuerdo con lo anterior, se profirió el Decreto 4065 de 2011 y, en su artículo
23 se dispuso que los archivos de los cuales sea el titular el Programa de
Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el
DAS en supresión, a la entrada en vigor del decreto citado y que tuvieran relación
con las competencias de la Unidad Nacional de Protección, deberían ser
transferidos a esta entidad.

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 1303 de 2014, señaló que los procesos
judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en los
que sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero,

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serán notificados a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo
con la naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron atribuidas
a alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva, corresponderán a la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado.

En consecuencia, como la función de coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección le fue asignada a la Unidad Nacional de Protección – UNP,
en calidad de sucesora le asiste la obligación de asumir la condena aquí
impuesta.

Condena de costas.

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las partes expusieron
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno
(2021) proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

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Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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