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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01572-02

Fecha
2 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-01572-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFIQUESE el numeral segundo de la sentencia de 25 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará de la siguiente manera: “SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad demandada Unidad Nacional de Protección - UNP, en su calidad de sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S - a tomar en el periodo comprendido entre el 1 enero del 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008, salvo interrupciones, los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios mes a mes, y en evento de existir diferencia entre los aportes realizados y los que se debieron actuar, cotizar a la respectiva administradora de pensiones la suma faltante en porcentaje que le corresponda como empleador, debiendo acreditar el demandante las cotizaciones que efectuó en dicho periodo, y en la eventualidad que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, en armonía con lo dicho en la parte motiva. La condena será actualizada aplicando para ello la siguiente fórmula: R = RH: Índice final Índice inicial” SEGUNDO: ADICIONAR NUMERAL NOVENO a la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente manera: “NOVENO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de instancia. CUARTO: ACEPTAR la renuncia de la abogada Judith María Haydar Martínez como apoderada de la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado –ANDJE, según se advierte en los índices 13 y 14 visibles en SAMAI y RECONOCER personería al abogado Julio Alexander Mora Mayorga como apoderado del Agencia Nacional de Defensa Jurídica en los términos y para los efectos conferidos en el poder. www.consejodeestado.gov.co 29 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022) Demandante: Israel Moisés Mejía Lara […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-01572-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

2 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022)
Demandante: Israel Moisés Mejía Lara
Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad en
supresión y otros
Tema: Contrato realidad - existencia de la relación laboral/ DAS

Decisión: Confirma parcialmente la sentencia apelada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso de
apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada, Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en contra de la sentencia de 25 de
noviembre de 2020, proferida por la Sala A del Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se
declaró probada la excepción de prescripción.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

PRIMERO: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio E-
1300,05, 20140829 de 27 de mayo de 2014 y notificado el 5 de junio de 2014, por
medio del cual la jefe de oficina jurídica del Departamento Administrativo de
Seguridad1 [DAS] Seccional Atlántico, respondió de manera negativa el derecho de
petición impetrado por el actor el día 16 de mayo de 2014, mediante el cual solicitó
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales
generadas, como consecuencia de la alegada relación laboral existente entre su
persona y el DAS.

SEGUNDO: Declarar que el señor Israel Moisés Mejía Lara, prestó sus servicios
personales como escolta contratista adscrito al Departamento Administrativo de
Seguridad D.A.S, en forma continua e interrumpida en el tiempo comprendido desde
el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008.

1 En adelante D.A.S

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022)
Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

TERCERO: Declarar que el señor Israel Moisés Mejía Lara, fue vinculado bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios para desarrollar funciones de
protección de personas bajo el programa de protección a dirigentes sindicales,
organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, adscrito al
Departamento Administrativo de Seguridad DAS Seccional Atlántico; por lo que tiene
derecho a que la entidad le reconozca, liquide y pague el equivalente a las
prestaciones sociales y demás derechos generados de la relación laboral existente.

CUARTO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se CONDENE a
título de restablecimiento del derecho al Departamento Administrativo de Seguridad
DAS Seccional Atlántico a:

i) Pagar las sumas de dinero que se le adeudan al señor Israel Moisés Mejía
Lara por concepto de derechos prestacionales tales como: incrementos por
antigüedad, bonificación por servicios prestados, primas de servicios, prima
de riesgos, vacaciones, navidad, auxilios de transporte y alimentación,
bonificación especial de recreación, viáticos, gastos de representación,
vestuario, cesantías, intereses a las cesantías.
ii) Reconocer, liquidar y pagar los aportes con destino al sistema nacional de
seguridad en pensiones y girarlos a la entidad que corresponda.
iii) Pagar la indexación o corrección monetaria, sobre las sumas adeudadas al
demandante desde el momento en que se debió cancelar cada suma de
dinero y hasta cuando se verifique el pago total de las obligaciones.

QUINTO: Que se le dé cumplimiento al fallo judicial que se profiera en los términos
previstos en los artículos 189 y 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: Que se condene al Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S
Seccional Atlántico al pago de las costas y agencias en derecho de conformidad al
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

Indica el actor que desempeñó funciones de escolta grado 16 contratista al servicio
del Departamento Administrativo de Seguridad DAS Seccional Atlántico, de forma
continua e ininterrumpida mediante órdenes de prestación de servicios desde el 01
de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008.

Que su servicio fue ejecutado de manera personal, con completa disponibilidad y
cumpliendo un horario de más de 8 horas, en las mismas condiciones que los
funcionarios adscritos en carrera en la entidad. Agregó que recibía órdenes y
misiones en las que se precisaba donde debía realizar su labor, al tiempo que la
entidad le suministraba los elementos oficiales, tales como armas y vehículos, con
los cuales prestaba sus servicios.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022)
Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

Por lo anterior, afirma que sostuvo una relación de carácter laboral con la entidad
demandada, pues se materializaron los elementos necesarios para que proceda su
declaración, a saber, remuneración, subordinación y prestación personal del servicio.

Que no le han cancelado el mínimo de derechos salariales, provisionales e
indemnizatorios consagrados en las normas legales para cada época, teniendo en
cuenta la vigencia de la relación laboral.

De manera que, presentó reclamación administrativa ante el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS Seccional Atlántico el 16 de mayo de 2014; la cual
fue contestada de manera negativa mediante el Oficio E-1300,05, 20140829 de 27
de mayo de 2014, notificado el 5 de junio de 2014.

El 10 de junio de 2014 se presentó por parte del actor solicitud de conciliación ante
el procurador 118 judicial II en Asuntos Administrativos, pero esta fue declarada
fallida el 9 de septiembre de 2014 en el tránsito de la audiencia conciliatoria.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

Se alega que el acto administrativo demandado vulnera los artículos 1, 2, 13, 25, 29,
53, 58, 83 de la Constitución Política; el artículo 155 del CPACA2; los Decretos 2146
de 1989 y 377 de 2006; artículo 32 de la Ley 80 de 1993; artículos 1, 5, 9, 13, 14, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 37, 38, 43, 55, 56, 57 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo
5 del Decreto 1045 de 1978; Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 2646 de 1994.

Como concepto de violación, en resumen, se expresó que la administración al emitir
el acto demandado incurrió en una violación directa de la Constitución y la ley, pues
con ello se vulnera la normatividad que regula el salario y las prestaciones sociales
de los servidores públicos.

Sostiene que, con la negativa de la entidad a la reclamación administrativa
presentada por el actor, se concreta una vulneración a su derecho a la igualdad real,
dada la forma discriminatoria en como la entidad determina el pago de las
prestaciones sociales entre empleados y los contratistas que desempeñan las
mismas funciones.

Igualmente, considera se vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo
vital, dignidad humana y primacía de la realidad sobre las formalidades legales;
teniendo en cuenta que al ser considerado el trabajo como un derecho fundamental;
y constituido como una obligación social del Estado su protección, de las pruebas
adjuntas a la demanda se desprende que lo que en realidad existió entre él y la
administración fue una relación laboral realizada de manera personal, permanente y
subordinada.

2 Ley 1437 de 2011.

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Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1 La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3 al contestar la
demanda, expresó en cuanto a los hechos, que se atenía a aquellos que se
encontraran probados dentro del expediente. En cuanto a las pretensiones, se opuso
a ellas, por considerar que carecen de sustento legal y probatorio para salir avante.

Propuso la excepción de i) Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía
Nacional, comoquiera que al ser el DAS la entidad que profirió los actos
administrativos que se demandan, y teniendo de presente que el Decreto 4057 de
2011 señala en su artículo 3 las funciones misionales de la entidad suprimida debían
recaer sobre la Unidad Nacional de Protección.

1.4.2 Por su parte, la Unidad Nacional de Protección -UNP-4 a través de su vocera
judicial, contestó el libelo inicial indicando que no le constan los hechos, pues los
decretos con los cuales se suprimió al extinto DAS y consecuentemente se creó a la
UNP son diferentes, lo que permite concluir que la creación de una entidad y la
supresión de la otra no implicó la subrogación total de las obligaciones, ni mucho
menos la absorción, sustitución o fusión de estas. Por lo cual, sostiene que las
funciones administrativas en las que se circunscribe, entre otros, el reconocimiento y
pago de las obligaciones laborales y liquidación de los contratos no le fue asignada
a la UNP.

Igualmente, se puso de presente la oposición a la totalidad de las pretensiones
planteadas por el actor en la demanda, por considerar que: i) la UNP no es la llamada
a responder dentro del proceso, por no ser la entidad que produjo el acto
administrativo que se demanda; ii) desde que terminaron los contratos hasta que se
extinguió el DAS, el demandante dejó pasar varios años sin reclamar los derechos
que considera trasgredidos; iii) no se agotó el requisito de procedibilidad respecto a
la UNP.

Se plantearon como excepciones de mérito las de: i) Inexistencia de nexo causal,
imposibilidad de pedir la nulidad de un acto que no expidió la Unidad Nacional de
Protección; ii) Inexistencia de la obligación; iii) Falta de legitimación en la causa por
pasiva; iv) Caducidad de la acción; v) Prescripción; y vi) la excepción genérica.

1.4.3 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado5 contestó el libelo
inicial, a través de su apoderado, quien manifestó su oposición a todas y cada una
de las pretensiones, especialmente a las referidas a las declaraciones y de condena
dirigidas en contra del extinto DAS. Sobre los hechos, expuso que no le constan, por
lo que se atiene a lo que se encuentre probado dentro del proceso.

3 Fls 185-198 del expediente.
4 Fls 300-315 del expediente.
5 Fls 432-466 del expediente.

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Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

Como razones de defensa, dice que el Programa de Protección por el cual el extinto
DAS tuvo que suscribir los contratos de prestación de servicios con el actor, se
encontraban bajo la titularidad del Ministerio del Interior, en virtud de lo previsto en
las Leyes 199 de 1995, 548 de 1999, 789 de 2002 y 1106 de 2006.

De manera que, el DAS únicamente actuó en coordinación con el Ministerio del
Interior para ejecutar tales programas, situación que conllevó a que las actividades
de protección encomendadas fueran temporales y sujetas a revisión periódica. Por lo
que las funciones de salvaguarda y protección de las personas cobijadas bajo el
Programa de Protección a cargo del Ministerio del Interior no eran funciones
misionales del DAS.

Luego, consideró que no se configuraron los elementos propios de una relación
laboral, más bien, el demandante cumplió con sus funciones de la manera pactada
en los contratos suscritos con la entidad, sin que se conllevara a considerarlo como
servidor público.

No obstante, indicó que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica no era la entidad
competente para fungir como sucesora procesal del extinto DAS, pues en su lugar,
la competente para ello es la Unidad Nacional de Protección, ateniendo lo dispuesto
en el artículo 3 numeral 3.4 del Decreto 4057 de 2011.

Como consecuencia, propuso como excepciones las siguientes: i) Caducidad de la
acción; ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) Buena fe; iv) inexistencia
de la obligación; v) Pago, y vi) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo del Atlántico Sala A, dictó sentencia el 25 de noviembre de
2020, declarando la nulidad del acto administrativo demandado Oficio E-
13000,05,201408929 de 27 de mayo de 2014 por el cual se negó la existencia de una
relación laboral encubierta entre el actor y el DAS desde el 1 de enero de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2008 (sin condenas en costas).

Como consecuencia de ello y, a título de restablecimiento del derecho, se le ordenó
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en su calidad de sucesora
procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a que tomara
los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios suscritos entre el
actor y el DAS desde el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, salvo
interrupciones, y en el evento de existir diferencia entre los aportes realizados y los
que se debieron realizar, se cotizara a la administradora de pensiones la suma
faltante en el porcentaje que le correspondiese como empleador; teniendo la carga
el demandante de acreditar las cotizaciones que efectuó durante dicho período y en
el evento de que no las hubiera realizado o existiese diferencias en su contra, debía
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

6 Fls 666-684 del expediente.

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De igual modo, se declaró que el tiempo laborado por el actor como escolta bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios en el DAS desde el 1 de enero de
2004 y el 31 de diciembre de 2008, salvo interrupciones, debía computarse para
efectos pensionales; se declaró la excepción de prescripción de los emolumentos y
las acreencias laborales dejadas de percibir por el demandante durante su período
de vinculación contractual con el DAS, pues la presentación de la demanda fue en
un término posterior a los tres años desde la finalización del último contrato suscrito;
y, por último, se negaron las demás pretensiones de la demanda.

Para llegar a la anterior decisión, luego de referenciar los contratos de prestación de
servicios celebrados por el actor con el extinto DAS y las pruebas del plenario, el a
quo concluyó que se encontraban acreditados los requisitos que sustentan una
relación laboral subyacente.

En efecto, sobre la prestación personal del servicio, se encontró que de los contratos
de prestación de servicios se desprende que el demandante tuvo vinculaciones
continuadas con el DAS desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de
2008, sin solución de continuidad, como escolta de personas sujetas de protección.

En torno a la subordinación, se indicó que, de los medios de pruebas allegados al
expediente, se evidenciaba la prestación del servicio del actor la cual no solo se
componía a partir de instrucciones, sino que eran órdenes claras que desbordaban
la posible coordinación; dentro de ellas se encontraban la forma de transporte, los
medios utilizados para su labor de protección, el manejo de armamento, la forma de
presentación de informes y los horarios de ingreso a los que se encontraba sometido.

Además, destacó el a quo que el hecho que las labores ejecutadas por el señor Mejía
Lara se realizaran por más de 4 años, era un indicativo de que cumplía funciones
permanentes y no simples sobre cargas institucionales; de manera que erró la
administración al contratar por prestación de servicios al demandante, pues era
necesario que, al desarrollar funciones permanentes, se adelantaran las gestiones
administrativas tendientes a solventar la función pública conforme a la ley y los
reglamentos.

1.6. Recursos de apelación

1.6.1 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7, presentó dentro del
término respectivo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, en procura, por una parte, para que se revocara la decisión proferida por
el a quo por considerar que no se estructuraron los elementos de la relación laboral
subyacente; y, por la otra, porque la sucesora procesal del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad DAS es la Unidad Nacional de Protección y no la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tal y como se indicó en primera
instancia.

7 Fls 678-712 del expediente.

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Para tales fines, en su orden, se expusieron los siguientes argumentos:

i) En torno a la relación encubierta entre el demandante y el extinto DAS, se indicó
que el programa de protección, en el cual estuvo adscrito el actor, era de competencia
del Ministerio del Interior, por lo que el DAS actuó en coordinación con dicho
ministerio al no ser una función autónoma y misional de la entidad.

Expuso que los contratos suscritos entre las partes fueron efectuados con base en la
normativa vigente, especialmente siguiendo lo preceptuado en el estatuto general de
contratación pública -Ley 80 de 1993-, teniendo en cuenta la imposibilidad con la que
contaba la entidad para desarrollar las actividades ejecutadas por el actor a través
de su personal de planta.

Sostiene que la labor realizada por el demandante, al ser de carácter especialísima,
requería de la existencia de ciertas órdenes y misiones que constituían los medios
para hacerse efectivas, así como la rendición de informes periódicos y el
acompañamiento directo de la persona protegida. Empero, ello no es motivo
suficiente para que se configure la existencia de subordinación, pues en su lugar, lo
que existió fue una coordinación en la ejecución del contrato, máxime teniendo de
presente que en el desarrollo de ellos el actor nunca expuso oposición alguna.

Por lo cual, considera que en el presente caso no se encuentran los elementos que
permitan la declaratoria de una relación laboral encubierta, especialmente el relativo
a la subordinación, al ser la relación suscrita entre las partes eminentemente
contractual. Agregó que tampoco se configuró el elemento del salario como
determinante de la relación encubierta, pues al actor, en su lugar, lo que se le
cancelaron por sus servicios prestados fueron unos honorarios, pagaderos por
mensualidades, dada la potísima razón de no fungir como servidor público.

En consecuencia, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, dejando
incólume el acto administrativo acusado; al tiempo que solicitó la declaratoria de
caducidad del medio de control en curso, al considerar que el término para demandar
los contratos que sustentan la reclamación ya feneció.

ii) En torno a la responsabilidad que recae sobre la Unidad Nacional de Protección
por ser sucesora procesal del DAS, indicó que la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado no es la entidad receptora de las funciones del extinto DAS, pues
directamente no se fusionó con aquella o la remplazó en sus funciones. Aduce que
el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 1303 de 2011, por medio del cual se
reglamentó el Decreto 4057 de 2011 en lo atinente a la manera en que las entidades
públicas recibirían los procesos judiciales en los que se dirimían intereses jurídicos
del DAS.

Así, el artículo 7 del Decreto 1303 de 2014 dispuso que los procesos judiciales y las
conciliaciones prejudiciales en curso en que sea parte el DAS y /o el Fondo Rotatorio
del DAS que aún no hubieran sido recibidas por las entidades que asumieron sus
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funciones8, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 3 del
Decreto 4047 de 2011, serían entregados y trasladados a estas entidades por el
director del DAS.

En consecuencia, alegó que la sucesora procesal del DAS en el asunto bajo estudio
es la Unidad Nacional de Protección -UNP- siguiendo los términos del Decreto 4057
de 2011, artículo 3 numeral 3 y comoquiera que los asuntos que se trata en el caso
concreto se encuentran ligados a la función de protección que prestó el demandante
en calidad de escolta contratista.

Adicionó que la UNP es la entidad que cuenta con los archivos vinculados al
programa de protección de personas adelantado por el Ministerio del Interior, sus
esquemas protectivos, misiones o desplazamientos de personal, tal y como disponen
los artículos 23 y 24 del Decreto 4065 de 2011; y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica únicamente tiene competencia para atender los procesos judiciales en
aquellos asuntos no asumidos directamente por una entidad de la Rama Ejecutiva.

Subsidiariamente solicitó que, en caso de no atenderse las pretensiones dirigidas a
la falta de competencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para responder
por las pretensiones de la demanda, se vincule a la Fiduprevisora S.A al presente
proceso.

1.7. Pronunciamiento en segunda instancia

Luego de admitirse el recurso de apelación mediante auto de 2 de mayo de 20229, el
Ministerio Público a través de la procuradora delegada de intervención tercera ante
esta Corporación emitió pronunciamiento10, indicando que era menester que en
segunda instancia se modificara la decisión tomada por el a quo en cuanto a la
entidad responsable de las obligaciones derivadas de la declaratoria de la relación
encubierta entre el actor y el DAS, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Ley 4057 de 2011 y el Decreto 4065 del mismo año, indicando que no es la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sino la UNP.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

8 Migración Colombia, Dirección Nacional de Protección, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la

Fiscalía General de la Nación de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2., del artículo 3° del Decreto-ley
4057 de 2011.
9 Fls 720-721
10 Índice 08 SAMAI

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De igual manera, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

De forma que, como en el caso concreto solamente apeló la entidad condenada en
primera instancia -Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-, el recurso se
ceñirá a los argumentos expuestos por el apelante único.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema
jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

¿Entre el señor Israel Moisés Lara y el extinto Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS- existió una relación laboral encubierta o subyacente entre el 1 de
enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008?

De probarse la relación laboral encubierta previamente citada, debe determinarse si,
¿la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad llamada a responder por las
consecuencias jurídicas del presente fallo?, tal y como indica la entidad recurrente
en el recurso de alzada. Por último, se analizará la solicitud de la caducidad.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra los
derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por las partes.

Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el derecho
al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta razón, desde el
ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por un trabajo de igual
valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 11 constituye, junto
con otros principios convencionales,12 un axioma laboral de aplicación directa en el
ordenamiento jurídico interno.

11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa

Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de
noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad
de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita
libremente escogida o aceptada».
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022)
Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al
contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el
numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio
jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal
disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de
una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del
servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una interpretación
vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de prestación de servicios
contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y la forma en que
queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de una relación laboral encubierta
o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas o
actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos fundamentales
de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución y en los
convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y remuneración),
se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el
marco de contratos estatales de prestación de servicios, el elemento de la
subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

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i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede
matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición
de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto
contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se
materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del
prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de
la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera
idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los
servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y
la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y
reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de empleado público a
quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de la Carta
Política13.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar, además
de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la
existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia continuada, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó
la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las siguientes
reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el
cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado
en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración,
de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de
permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre
la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de

13 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-

000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá
flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza
parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar cabal
cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades estatales, so
pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera más eficiente;
por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede advertirse en la fase
precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en función del objeto a contratar
y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la
ejecución de un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios
no puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse dicho
lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo contractual»
siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró que
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de derechos
prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o subyacente, ha venido
aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201614, según
la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su
reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir
de la finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada
uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización15, por lo que de no presentarse la

14 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
15 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de

prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la
citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]»
(Negrita fuera del texto)
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reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho término16.

En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya
duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el contratista
en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y
271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y
administrativa.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:

• El 16 de mayo de 2014, el señor Israel Moisés Mejía Lara presentó a través de
apoderado judicial derecho de petición17 ante el Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, por medio del cual solicitó que se reconociera la existencia de la
relación laboral subyacente entre el DAS y su persona desde el 1 de enero de 2004
hasta el 31 de diciembre de 2008, término en el que fungió como escolta al servicio
de protección de personas bajo el programa especial de seguridad del Gobierno
Nacional a dirigentes sindicales.

Como consecuencia de lo anterior, se le ordenara liquidar y pagar las sumas de
dinero que se le adeudaran por conceptos de prestaciones sociales, tales como:
prima de servicios, cesantías, intereses de cesantías, horas extras, subsidio familiar,
vacaciones, auxilio de transporte, dotaciones de calzado, vestido de labor.

• Como respuesta a la solicitud de 16 de mayo de 2014 planteada por el actor, el
Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de supresión emitió el
29 de mayo de 2014 el Oficio E-1300,05-20140892918, expresando que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso administrativo, el artículo
13 de la Ley 1285 de 2009 y el Decreto 1716 de 2009, la petición invocada por el
actor había caducado, teniendo en cuenta que trascurrieron más de 9 años, sin que
aquél hubiera ejercido algún tipo de acción para su reconocimiento.

16 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado de

forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se demuestren
causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como empleadora.
17 Fls 23-26 del expediente.
18 Fls 27-30 del expediente

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Además, se indicó que los contratos de prestación de servicios suscritos se ciñeron
a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, de manera que la ser actos reglados, la entidad
no contaba con competencia para variar, tanto sus características como sus
condiciones especiales, tal y como sería el reconocimiento de una relación laboral y
el consecuente pago de las prestaciones sociales.

• Certificado emitido el 6 de mayo de 2014 por el Subdirector de Talento Humano del
Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de supresión19, mediante el
cual se deja constancia de la entrega al señor Israel Moisés Mejía Lara de las copias
auténticas de los siguientes contratos de prestación de servicios suscritos por su
persona con el DAS: N° 017 de 2004, Nº 036 de 2004, No. 81-2004, N° 110 de 2005,
N° 160 de 2005, N° 030 de 2006, N° 092 de 2006, No. 028 de 2007 y No. 088 de
2007.

• Se proceden a precisar, de conformidad con lo allegado al plenario, los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el DAS Seccional Atlántico con el señor Israel
Moisés Lara, así como sus respectivas prorrogas:

No. De Inicio Terminación Objeto contractual Valor
contrato de
prestación de
servicios
1 81 de 2004 (fls 1 de enero 30 abril de $8.289.480
32-36) de 2004 2004
“El CONTRATISTA se en
virtud de sus condiciones
2 036 de 2004 1 de mayo 31 de $11.120.000
personales se
(fls 37-41) de 2004 diciembre
compromete para con el
1 de enero de 2004
D.A.S a prestar sus
de 2005 28 de
Adición 16 al servicios de protección; $4.144.740
febrero de
contrato No. con sede principal en la
2005
036 de 2004 ciudad de Barranquilla, y
(En cuanto al eventualmente en la
plazo de ciudad donde se le asigne
ejecución del el esquema protectivo,
contrato) dentro del componente de
(fls 42-43) seguridad a personas, del
3 017 de 2005 1 de marzo 30 de junio programa de protección a $5.560.000
(fls 44-48) de 2005 de 2005 Dirigentes Sindicales,
Organizaciones Sociales y
Defensores de Derechos
4 110 de 2005 1 de julio de 30 agosto Humanos, conforme a las $2.780.000
(fls 49-53) 2005 de 2005 medidas de seguridad
aprobadas por el Comité
de Reglamentación y
5 160 de 2005 31 de agosto 28 de $9.975.873.33
Evaluación de Riesgos del
(fls 54-61) de 2005 febrero de
2006

19 Fl 31 del expediente.

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6 030 de 2006 1 de marzo 30 de Ministerio del Interior y de $13.122.990
(fls 62-66) de 2006 noviembre Justicia.”
de 2006

Adición y $2.289.000
Otrosí al
contrato de
prestación de
servicios No.
030 de 2006
(En cuanto al
valor del
contrato) (fls
67-81)
7 092 de 2006 1 de 30 de junio $15.799.110
(fls 70-77) diciembre de de 2007
2006

8 028 de 2007 1 de julio de 31 de $13.784.040
(fls 78-85) 2007 diciembre
de 2007

9 088 de 2007 2 de enero 31 de $28.468.080
(fls 86-92) de 2008 diciembre
de 2008

Adición al $362.960
contrato de
prestación de
servicios No.
088 de 2007
(En cuanto al
valor del
contrato)
(fl 93)

• Certificado emitido el 7 de mayo de 2014 por el jefe de la oficina asesora del DAS
en Supresión20, mediante el cual se deja constancia de la celebración de los
siguientes contratos de prestación de servicios entre el señor Mejía Lara y el DAS:
N° 81 de 2004, Nº 036 de 2004, N° 017-2005, N° 110 de 2005, N° 160 de 2005, N°
030 de 2006, N° 092 de 2006, N° 028 de 2007 y N° 088 de 2007.

• Actas de inicio, terminación y certificados de cumplimientos de los contratos de
prestación de servicios N° 017 de 2004, N° 017 de 2004, Nº 036 de 2004, N° 81-
2004, N° 110 de 2005, N° 160 de 2005, N° 030 de 2006, N° 092 de 2006, N° 028 de
2007 y N° 088 de 200721.

• Actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el
señor Israel Moisés Lara con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS –
Seccional Atlántico: N° 160-2005, N° 204-2006, N° 092 -2006, N° 028-2007.

20 Fls 101-119 de expediente.
21 CD Fl 316 del expediente.

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• Acta de responsabilidad y compromiso de identificación del señor Israel Moisés Lara
con el carné institucional del Departamento Administrativo de Seguridad DAS –
Seccional Atlántico con motivo a la celebración del contrato de prestación de servicio
N° 028 de 200722.

• Constancia expedida el 3 de enero de 2006 por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Minera y Energética – SINTRAMIENERGÉTICA23,
donde se pone de presente la prestación satisfactoria del servicio de protección por
parte del señor Israel Mejía Lara a los miembros de la junta directiva de dicha
corporación.

• Listado de nómina de contratistas vinculados en el mes de octubre de 2004 al
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS Seccional Atlántico – Grupo
Administrativo de Talento Humano. En dicho listado se identifica al demandante Israel
Mejía Lara como contratista grado 05, con derecho a sueldo y viáticos por sus
servicios prestados24.

• Órdenes de pago de los honorarios causados en favor del actor por el Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS Seccional Atlántico, correspondientes a los
contratos de prestación de servicios N° 81 de 2004, Nº 036 de 2004, N° 017-2005,
N° 110 de 2005, N° 160 de 2005, N° 030 de 2006, N° 092 de 2006, N° 028 de 2007
y N° 088 de 200725.

• En el expediente se encuentra un total de 58 misiones y órdenes de trabajo que se
extienden desde febrero de 2004 hasta el mes de enero de 2008, en los que el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS – Seccional Atlántico, a través de su
oficina de protección social, le precisa al actor las indicaciones con las cuales debía
desarrollar su servicio como escolta, entre ellas se detallan: i) duración y lugar en la
que se ejecutó el servicio; ii) la persona (s) determinada (s) a las cuales se le prestó
el servicio de protección; iii) el armamento de protección asignado por la entidad para
la prestación del servicio; iv) se detalla que el funcionamiento del servicio debía ser
realizado atendiendo las instrucciones que el jefe del Grupo de Protección dispusiera;
iv) asignación del vehículo de seguridad, debidamente identificado, con cual en cada
misión se prestó el servicio de vigilancia y seguridad26.

• Solicitud de misión de trabajo de 21 de septiembre de 2004, 19 de octubre de 2004,
29 de junio de 2005, 14 de julio de 2005, 24 de agosto de 2005, 23 y 30 de noviembre
de 2005, 25 de diciembre de 200527, 12 de enero de 200628, 6 de febrero de 2007, 1
de mayo de 2007, 2 de agosto de 2007, 16 de agosto de 2007, 31 de diciembre de
2007 expedida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y
Energética – SINTRAMIENERGÉTICA, en donde se pone de presente al DAS

22 CD Fl 316 del expediente.
23 Fl 122 del expediente.
24 Fls 137-138 del expediente.
25 Todas las órdenes de pago de los contratos referenciados yacen en el CD a folio 316-A del expediente.
26 Las misiones y órdenes de pago referenciadas yacen en el CD a folio 316-A del expediente
27 Fl 121 del expediente.
28 Fl 124 del expediente.

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Seccional Atlántico la necesidad de expedir misión de trabajo en favor del señor Israel
Mejía Lara para realizar labores de protección de un miembro de la junta directiva de
la aludida corporación.

• Solicitud de misión de trabajo permanente expedida el 21 de agosto de 2007 y 1 de
octubre de 2007, por parte del Sindicato Hogares Infantiles SINTRAHOINCOL en
dirección al jefe de protección DAS Atlántico, a fin de que sea asignado el señor Israel
Mejía al esquema de seguridad de la entidad29.

• Informe bajo misión de trabajo presentada por el señor Israel Moisés Lara al
Departamento Administrativo de Seguridad Seccional Atlántico los días 28 de febrero
de 2004; 5, 22, 23 y 29 de marzo de 2005; 5 de abril de 2005; 13 y 21 de junio de
2005; 12, 13 y 18 de julio de 2005; 24 de agosto de 2005; 2 de septiembre de 2005.
De dichos documentos se destaca que, para su presentación, el actor era identificado
con un número de carnet interno de la entidad30.

Así las cosas, con el acervo probatorio, se tiene demostrada la prestación personal
del servicio del demandante, comoquiera que fue vinculado al extinto Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS Seccional Atlántico para prestar los servicios de
seguridad y protección (escolta) dentro del componente de seguridad a personas, del
programa de protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y
Defensores de Derechos Humanos, a través de 9 contratos de prestación de
servicios, los cuales, junto con sus respectivas prorrogas, se extienden sin solución
de continuidad por el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 hasta el 31
de diciembre de 2008, esto es, por 4 años, 11 meses, y 30 días.

De la misma manera, con esos elementos de juicio y demás documentales aportados
al plenario, tales como las órdenes y listado de pago de nómina de contratistas
vinculados como escoltas al DAS Seccional Atlántico, se demuestra el segundo
elemento de la relación laboral, esto es, la contraprestación o remuneración, que
se refiere a las sumas de dinero recibidas por el demandante durante la ejecución de
sus labores.

En ese orden, la circunstancia de haber recibido honorarios y no salarios el
demandante por la prestación personal de sus servicios, no implica per se que no se
estructure el elemento de la retribución como lo sostiene el apelante, pues
precisamente como lo ha sostenido esta Sección, para configurarse ese requisito en
la relación laboral encubierta de un contratista, debe acreditarse únicamente que la
remuneración fue de carácter fija o periódica31, descartando con ello la connotación
o nombre que reciba la contraprestación. Luego entonces, al acreditar el actor a

29 CD a folio 316-A del expediente
30 CD a folio 316-A del expediente
31 Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del

Consejo de Estado: “2.3.3.4. Remuneración110. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante fue la que directamente
la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta
retribución recibe el nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho
concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del servicio contratado”
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través de los contratos de prestación de servicios, los listados de nómina y las
órdenes de pago, se considera que satisfizo el requisito de la remuneración o
contraprestación en el caso concreto.

En cuanto al otro elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, conforme con lo previsto en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la facultad que le asiste al
empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos,
la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato».

Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el
subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación
que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone
a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales,
y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo, que implican
regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del servicio
contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita la
superioridad jerárquica contenida de la subordinación»32.

En el caso concreto, se tiene acreditado que el demandante estuvo vinculado por 4
años, 11 meses, y 30 días al DAS Seccional Atlántico, ejerciendo funciones de
escolta y cumpliendo el mismo objeto contractual33. De forma que, resulta necesario
establecer indicios que determinen la existencia de subordinación en la ejecución de
las labores a cargo del actor en el presente asunto, atendiendo lo expuesto por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES22021, en la que precisó
como tales los siguientes:

“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez. 46 De la lectora generalizada
de los contratos de prestación de servicios y de los contratos por obra labor y a término fijo suscrito por la
actora tanto con la E.S.E Salud Pereira y la empresa Tempoeficaz respectivamente, se concluye que aquella
tenía como funciones las de “prestar sus servicios de manera personal en la E.S.E Salud Pereira como auxiliar
de enfermería”,
33 “El CONTRATISTA se en virtud de sus condiciones personales se compromete para con el D.A.S a prestar sus

servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Barranquilla, y eventualmente en la ciudad donde se
le asigne el esquema protectivo, dentro del componente de seguridad a personas, del programa de protección a
Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos, conforme a las medidas de
seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos del Ministerio del Interior y de
Justicia.”
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Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o
imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente, que la
relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de
turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una
subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar.
Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la
imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar
la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo
que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector,
organizativo disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que
esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un
ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho
de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la
relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo.”

Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a determinar
la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los siguientes
ítems:

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Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

I) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio, tales como
los contratos de prestaciones de servicios y las órdenes y misiones de encargo de
prestación del servicio de vigilancia rendido por el actor, se colige que, dadas las
características particulares de su función de escolta, la prestación de su servicio era
aleatorio comoquiera que podía ser desarrollado en distintos lugares. Lo anterior se
evidencia, por ejemplo, en que para el período comprendido entre el 25 y el 28 de
marzo de 2005 el actor prestó sus servicios en la localidad de la Loma de Calenturas
en el departamento del Cesar34, y posteriormente, entre el 28 de agosto al 1 de
septiembre de 2005, cumplió funciones de escolta acompañando al personal
protegido en viaje terrestre hacia la ciudad de Bogotá35.

No obstante, el común denominador en cuanto al lugar de la prestación del servicio
del actor, era la imposición que sobre estos hacía el DAS en las misiones y órdenes
de trabajo, así como la consecuente información que debía rendirle a la entidad por
medio de los informes de prestación de servicios, respecto a los desplazamientos que
realizaría conforme las indicaciones de su protegido36.

De manera que, es dable advertir la sujeción a la que se encontraba sometido el
demandante por parte del DAS en lo concerniente al lugar del desarrollo de sus
funciones.

II) Horario de labores: De las pruebas aportadas al plenario y de la naturaleza
propia de las labores ejecutadas por el actor, se advierte que este, como escolta o
personal de seguridad, estaba sujeto a turnos que dependían de las ordenanzas
emitas por la entidad contratante37.

III) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: Según lo
expuesto con precedencia, este requisito se configura al probarse que el contratista
se insertó en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, a partir de
órdenes que lograran direccionar la manera en que, en tiempo, modo, lugar y
cantidad de trabajo, el contratista desarrollaba sus funciones.

Analizadas las pruebas allegadas al plenario y valoradas en conjunto y bajo el
principio de la sana crítica, es claro que el demandante no ejecutaba sus funciones
de manera autónoma, pues estaba obligado a cumplir con los turnos que le eran
impuestos por la entidad contratante y ejecutaba su labor conforme a las misiones u
órdenes de trabajo asignadas; de tal manera que, durante la ejecución de su labor
debía seguir las directrices impuestas por el DAS, dado que la función de escolta se
estructuraba a partir de los modelos de seguridad que de manera vertical eran

34 CD folio 316-A del expediente Misión No. 119 de 22 de marzo de 2005.
35 CD folio 316-A del expediente Misión No. 430 de 24 de agosto de 2005.
36 Es de indicar que el numeral 1 de la cláusula primera de la totalidad de los contratos de prestación de servicios

suscritos por el actor con el DAS, disponen que aquel contaba con la obligación cumplir con la protección personal
del protegido en el lugar que se le fuera indicado por la entidad o por el protegido, lo anterior de la siguiente forma:
“(…)1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su protegido
(…)”.
37 Esta Subsección ha llegado a iguales conclusiones en casos de similares premisas fácticas. Ver Consejo de

Estado. Sección Segunda. Subsección A. 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018) C.P: RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D. C. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
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impuestos por parte de esa entidad, quien no solo le establecía la persona que debía
proteger, sino también los horarios en que debía hacerlo, determinaba los lugares y
forma de ejecutar la función.

Ello, se advierte del contenido de los contratos de prestación de servicios suscritos,
en los que el contratista debía cumplir con las actividades de protección que le
asignara el DAS38; ejecutar sus labores con base en los elementos de dotación dados
por la entidad, tales como vehículos armamentos y radios de comunicaciones39, y
presentar para revisión dentro de los primeros cinco días de cada mes los elementos
de trabajo a la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del DAS,
o la que hiciera sus veces40.

De modo que, se considera que el señor Mejía Lara se encontraba inserto bajo la
dirección y control efectivo de funciones por parte del DAS, pues dicha entidad
determinaba las condiciones de tiempo, modo y lugar en que debía ejecutar sus
funciones, sin que sea dable considerar que ellas estaban regidas bajo el principio de
coordinación, pues de acuerdo con lo expuesto, se advierte que lo que existió entre
las partes fue una verdadera relación de subordinación.

Además, es de acotar que esta Subsección con precedencia ha indicado que las
funciones ejecutadas por los escoltas contratistas al servicio del DAS, por su
naturaleza, se ejecutan bajo el principio de subordinación, dadas las condiciones
regladas y uniformes que se instituyen por sus superiores para la prestación de sus
servicios41.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:

Al respecto, es de mencionar que la parte apelante en su recurso, reiterando lo
expuesto en la contestación de la demanda, afirma que el programa de protección en
el cual estuvo adscrito el actor al momento de prestar sus servicios era de
competencia del Ministerio del Interior, por lo que el extinto DAS únicamente actuó
en coordinación con aquella dependencia para la realización del servicio de
protección.

38 Vrg. Contrato de prestación de servicios 036 de 2004 (fls 37-41) “OCTAVA: Obligaciones del contratista: (…) 1.

Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su protegido. (…)”.
39 Vrg. Contrato de prestación de servicios 028 de 2007 (fls 78-85) “NOVENA Obligaciones del DAS: (…) 4.

Suministrar y efectuar mantenimiento a los elementos dados como dotación, vales decir, vehículos,
armamento y radios de comunicaciones, al igual que reconocer los viáticos que se generen con ocasión
del objeto del presente contrato, salvo disposición en contrario”
40 Vrg Contrato de prestación de servicios 030 de 2006 CD folio 316-A del expediente: “OCTAVA: Obligaciones

del contratista: (…) 3. Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos
del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los primero cinco días de
cada mes (…)”
41 Ver entre otras, las sentencias del 1 de septiembre de 2022, expediente 2012-00162-02 (6229-2019); 26 de

enero de 2013 expediente 2012-00121-01 (3578-2013) y del 21 de septiembre de 2013 expediente 2013- 00324-
01 (0215-2018).
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No obstante, para esta Subsección, contrario a lo indicado en el recurso, la efectiva
realización del programa de protección al cual fue vinculado el actor, si era de
competencia y responsabilidad del extinto DAS, pues así lo dispone el Decreto 2110
de 1992, en concordancia con el Decreto 643 de 2004.

En efecto, siguiendo lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto 372 de 1996, por el
cual se establece el funcionamiento del Ministerio del Interior y de Justicia y se dictan
otras disposiciones complementarias, se regula lo relacionado a la Dirección General
Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos y se determina que tal
entidad, adscrita al Ministerio del Interior, cuenta con la obligación de actuar
preventivamente en los casos inminentes de riesgos y amenazas de los derechos
humanos, a través del desarrollo de programas especiales para su protección,
preservación y restablecimiento; emprendiendo de oficio las acciones
correspondientes ante las autoridades judiciales, así como la protección de los
denunciantes42. Para dichas actividades, la Dirección General contaba con el apoyo
del DAS, así como de otras entidades del Estado.

Posteriormente, el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2110 de 1992 dispuso como
funciones generales adscritas al funcionamiento del DAS la de «Proteger al
Presidente de la República y a su familia en la forma que él determine, a los
Expresidentes, y prestar servicios de seguridad personal a quienes por razón del
cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de atentados
contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse perturbaciones del
orden público» (subrayado de la Sala).

Luego, el Decreto 643 de 2004 en su artículo 2, detalló nuevamente las funciones
generales del DAS43, facultando a la entidad de seguridad para adelantar las
funciones de protección del Estado, con la responsabilidad de brindar los servicios
de protección a las personas designadas en los programas implementados por el

42 “Artículo 28. DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LOS DERECHOS
HUMANOS. La Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del
Interior, tiene por objeto actuar, preventivamente, en casos de amenaza inminente de los derechos humanos,
desarrollar programas especiales para su protección, preservación y restablecimiento; y emprender de oficio las
acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, así como la protección de los denunciantes. Lo
anterior, sin detrimento de las funciones del Ministerio Público o de otras autoridades.” El artículo 29 de la misma
norma, dispone para el logro del objeto señalado en el artículo anterior, las siguientes funciones: “a) Adelantar las
acciones y los programas de protección de los derechos humanos que le asignen el Consejo Gubernamental de
Derechos Humanos y el Ministro del Interior;
(…)
d)Desarrollar con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad y otros organismos, el Programa de
Protección Especial a Testigos y Personas Amenazadas, para la seguridad de las personas amenazadas por la
violencia política y, en casos particulares de extremo riesgo de violación de los derechos a la vida y la integridad
personal;”.
43 “ARTÍCULO 2. FUNCIONES GENERALES. Entidad suprimida por el artículo 1 del Decreto 4057 de 2011. El

Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la
Ley 489 de 1998, las siguientes: (…) Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente
y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva
legal.
(…)
PARÁGRAFO. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos
en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de
dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento
Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades,
de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.”
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Ministerio del Interior y de Justicia, lo cual realizaba a través del personal que
estuviera a ella vinculado.

De esa manera, es de concluir que las funciones de seguridad que ejerció el actor,
aunque se fundaban en el programa de protección creado en un primer momento por
el Ministerio del Interior, lo cierto era que, en lo atinente a su concreción, la entidad a
cargo de ello resultaba ser el extinto DAS siguiendo las preceptivas jurídicas
previamente indicadas.

Por tanto, al ejecutar el actor sus funciones de escolta por 4 años, 11 meses, y 30
días al servicio del DAS, se evidencia que desempeñó tareas y funciones que
inherentemente debían ser desarrolladas por el personal de la entidad y resultaban
ser del giro ordinario de la misma.

En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una relación laboral,
sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de coordinación en las
actividades ejecutadas por el demandante, como lo sostiene la entidad recurrente en
el escrito de alzada; pues de esos mismos medios de convicción se advierte con
claridad meridiana que en realidad existió entre las partes una relación laboral
subyacente, en donde el actor ejecutó sus labores de manera subordinada a través
de la imposición de horarios, labores, elementos para su realización y los lugares en
los que se prestaba el servicio; debiéndose confirmar en consecuencia, la sentencia
de primera instancia en torno a este aspecto.

Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si bien se
confirmó la existencia de una relación laboral encubierta, ello no implica que el
demandante obtenga la categoría de empleado público, pues no median los
componentes a fin de declarar una relación legal o reglamentaria en los términos del
artículo 122 de la Carta Política

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

La entidad apelante, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solicitó que
se tuviera como sucesora procesal del DAS y, por tanto, como responsable de las
resultas del presente proceso, a la Unidad Nacional de Protección – UNP, pues fue
esta última la que asumió las funciones que previamente cumplía el DAS.

Para resolver dicho interrogante, es pertinente acotar que el Decreto 4057 del 31 de
octubre de 2011, dispuso la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) y ordenó el cese definitivo de sus actividades; al tiempo que se ordenó en el
artículo 3 numeral 3.444 el traslado de las funciones de seguridad que se encontraban

44“Artículo 3°. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643 de
2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, así(…)
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en cabeza del DAS comprendidas en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643
de 200445 y las demás que de ella se desprendieran, a la Unidad Nacional de
Protección, a partir de la regulación que para ello se estableciera en un decreto
posterior.

Al mismo tiempo, se profirió el Decreto 4065 de 201146, por el cual se creó la Unidad
Nacional de Protección, y en su artículo 1 dispuso que esta es una entidad del “orden
nacional, […] con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, hará parte del Sector
Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad”.

En torno al objetivo de la Unidad Nacional de Protección, el artículo 3 ibidem dispone
que su finalidad es “articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de
protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus
actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias,
culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado,
activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario
o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o
en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar
riesgo extraordinario.

A su vez el artículo 23 del citado Decreto 4065 de 2011 dispuso el traslado archivos
del DAS a la UNP en los siguientes términos: “Los archivos de los cuales sea el titular
el Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, a la
entrada en vigencia del presente decreto y que tengan relación con las competencias
de la Unidad Nacional de Protección, deberán ser transferidos a esta entidad, en los
términos que señalen los representantes legales a través de las Secretarías
Generales”.

A su turno, el Decreto 1303 de 2014, que reglamenta el precitado Decreto 4057 de
2011 por medio del cual se suprimió el DAS, indicó en su artículo 7 sobre los procesos
judiciales y prejuiciales en los que sea parte el DAS y/o el Fondo Rotatorio del DAS,
los siguiente:

“ARTÍCULO 7°. Procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. Los procesos
judiciales y conciliaciones prejudiciales en curso en los que sea parte el DAS y/o
el Fondo Rotatorio del DAS que aún no han sido recibidos por las entidades
que asumieron las funciones, Migración Colombia, Dirección Nacional de

3.4 La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de
2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad
Nacional de Protección que se creará en decreto separado”.
45 “Artículo 2°.Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las

funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: (…)
14. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros y ex
Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal”
46 “Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura.”

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Protección, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General
de la Nación de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2., del artículo 3°
del Decreto-ley 4057 de 2011, serán entregados a estas entidades por el Director
del DAS en proceso de supresión debidamente inventariados y mediante acta,
para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza, objeto o sujeto procesal.

Igualmente, los procesos que tengan relación con los servidores públicos del DAS
incorporados a otras entidades de la Rama Ejecutiva deberán ser asumidos por
la entidad receptora.

Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales que no deban ser
asumidos por las entidades a las cuales se trasladaron funciones o se
incorporaron servidores deberán ser entregados a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, para que continúe con la defensa de los
intereses del Estado, para efectos de lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público proveerá los recursos presupuestales necesarios.

Los procesos judiciales se entregarán a las citadas entidades teniendo en cuenta
los listados contenidos en los cuadros que hacen parte integral del presente
decreto (…)” (Negrillas fuera de texto).

Con todo lo expuesto, se colige que el Decreto 4065 de 2011, por medio del cual se
crea la UNP, indica que dicha entidad hace parte del Ministerio del Interior, cuenta
con personería jurídica, autonomía administrativa y con el carácter de organismo de
seguridad nacional. Además, la entidad propende por articular, coordinar y ejecutar
la prestación del servicio de protección a las personas que el Gobierno Nacional
determine que deben ser protegidas en razón al riesgo extraordinario o extremo de
sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal.

Igualmente, el artículo 3 numeral 3.4 del Decreto 4057 de 2011 dispuso el traslado
de las funciones de seguridad del artículo 2. ° del Decreto 643 de 2004 que tenía el
DAS a la UNP, además de todas aquellas que se desprendieran de ellas.

Ahora bien, de la lectura de los contratos de prestación de servicios suscritos por el
actor con el DAS, se advierte que este tenía como objetivo el cumplimiento de
funciones de protección a personas que tuvieran en riesgo su vida e integridad, en
desarrollo del programa de Protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones
Sociales y Defensores de Derechos Humanos. Luego, se tiene que el citado Decreto
4065 de 2011 en su artículo 23 dispone que, una vez empezara a regir, se
trasladarían los archivos del DAS en supresión a la UNP, en lo atinente a los asuntos
que fueran de competencia de esta última entidad.

Por tanto, al ser las funciones que ejerció el actor en desarrollo del contrato de
prestación de servicios suscritos con el DAS, contentivas a la protección y seguridad
de personas en riesgo, aspecto inherente a las funciones de dicha entidad, tal y como
dispone el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2110 de 1992; y concordantemente,
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al cumplir la UNP, luego de la supresión del DAS, con las funciones de protección de
las personas en riesgo, aunado a las ordenanzas de traslado de competencias de
las funciones de seguridad y protección dispuestas en el artículo 3 numeral 3.4 del
Decreto 4057 de 2011 y el artículo 23 del decreto 4065 de 2011, es dable concluir
que la sucesión procesal del caso concreto y, por tanto, las responsabilidades
resultantes del mismo recaen sobre la Unidad Nacional de Protección.

Lo anterior aunado con lo preceptuado en el citado artículo 7 del decreto 1303 de
2014, inciso 3, en el que se estableció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado únicamente conoce de los procesos judiciales o prejudiciales en curso en
los que sea parte el extinto DAS, cuando la defensa de los intereses jurídicos del
Estado no recaiga directamente sobre alguna entidad a la cual previamente se le
trasladaron las funciones del DAS. Sin embargo, se repite, en el presente asunto las
funciones de seguridad y protección del DAS recayeron sobre la UNP, por lo que
esta entidad la que deba actuar como sucesora procesal en el presente asunto 47.

De manera que, es necesario que en esta instancia se declare probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado; y, consecuentemente, debe ser modificado el
numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el
sentido de condenar a título de restablecimiento del derecho por la declaratoria de la
relación laboral encubierta existente entre el señor Israel Moisés Mejía Lara y el
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008 a la
Unidad Nacional de Protección - UNP y no a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, dadas las razones expuestas previamente.

2.6. De la caducidad

Sobre la solicitud de caducidad expuesta por la parte recurrente, se debe advertir
que esta Subsección ha indicado que en los asuntos que se analiza la existencia de
una relación laboral encubierta, el estudio de la caducidad debe diferirse hasta el
momento de proferirse el fallo48, comoquiera que la declaratoria de ese vínculo
conlleva al derecho y pago de los aportes en pensiones para el contratista
demandante, aspecto que incluso debe ser abordado de oficio por el juez de

47 Las Subsecciones A y B Sección Segunda del Consejo de Estado en múltiples oportunidades se ha pronunciado

respecto a la responsabilidad de la UNP en los asuntos que versan sobre la responsabilidad de relaciones
laborales encubiertas de escoltas que ejercieron sus funciones en favor del extinto DAS, al respecto, ver las
siguientes sentencias: Subsección B: i) Rad 08001-23-33-000-2014-00521-01 (1470 – 2018) C.P CÉSAR
PALOMINO CORTÉS; ii) Rad 080012333000 2013-00812 01 (0303 – 2016) C.P SANDRA LISSET IBARRA
VÉLEZ. Subsección A: i) Rad 08001-23-33-000-2016-00197-01 (5863-2022) C.P: JORGE IVÁN DUQUE
GUTIÉRREZ; ii) Rad: 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018. C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS.
48 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Rad : 05001 23 33 000 2021 01460 01 (4638-2022)

C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós
(2022). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Rad : 66001 23 33 000 2017 00626 01 (1385-
2019). C.P GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023).
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. –
Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022)
Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

conocimiento, aun cuando no se depreque puntalmente por la parte demandante,
siguiendo los términos de la sentencia de unificación de 25 de agosto de 201649.

Así entonces, en la citada sentencia de unificación50 se indicó que la caducidad, al
igual que la prescripción o el requisito de conciliación prejudicial, no cuentan con la
virtualidad suficiente para enervar la acción de la pretensión principal que propende
la nulidad del acto administrativo que negó la existencia de la relación laboral, cuando
lo que se busca es el reconocimiento de los aportes al sistema de seguridad social
devenido de la declaratoria de la relación laboral encubierta.

De cara al recurso de apelación, se considera pertinente aclarar que la caducidad se
refiere al término que posee el interesado para interponer las acciones que tenga a
su alcance con el fin de buscar la protección de sus derechos, conforme lo prescrito
en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que si se solicita la nulidad de los actos
administrativos que reconocen o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, o de actos producto del silencio administrativo, la demanda podrá
presentarse en cualquier tiempo (Literales c) y d) del numeral 1 ibidem.)

Asimismo, si se pretende la nulidad de un acto que reconoce o niega total o
parcialmente un derecho prestacional que no tiene el carácter de periódico (Literal d,
numeral 2 íb) la demanda deberá presentarse en un término máximo de 4 meses
contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, so pena de que opere la caducidad.

Y la prescripción se relaciona con el derecho, por lo que una vez causado el titular
tiene tres años para reclamarlo ante la administración y con ello interrumpe ese
término, el cual se reanuda por otros 3 años para acudir ante la jurisdicción, según
se desprende de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969.

Figuras jurídicas definidas en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016,
Radicación número: 23001-23-33-p000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005- 16,
en los siguientes términos: «En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes
pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del
contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas,
están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado: 23001 -23-33-000- 2013-00260-01(0088-15) CE-

SUJ2-005-16, demandante: Lucinda María Cordero Causil, sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de
agosto de 2016.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado: 23001 -23-33-000- 2013-00260-01(0088-15) CE-

SUJ2-005-16, demandante: Lucinda María Cordero Causil, sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de
agosto de 2016:
“En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad
social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el
artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)8 , y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en
condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante
una relación de trabajo”.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022)
Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA)30,
y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que
la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema
de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de
acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral,
prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo».

De allí que, le asistió razón al tribunal de instancia al ordenar el reconocimiento de
los aportes pensionales en los períodos acreditados, pues en este caso no procede
la caducidad pretendida por el recurrente.

2.7 De la condena en costas en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA establece que «salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida
de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «en
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la
revisión del recurso de apelación, no puede observarse dicha situación, contrario a
ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y,
por ende, no se condenará en costas.

Por último, se aceptará la renuncia del poder de la abogada Judith María Haydar
Martínez como apoderada de la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado
–ANDJE, según se advierte en los índices 13 y 14 visibles en SAMAI. A su vez, se
le reconocerá personería jurídica Julio Alexander Mora Mayorga como apoderado
del Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos y para los
efectos contenidos en los índices 16 y 17 de SAMAI.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022)
Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: MODIFIQUESE el numeral segundo de la sentencia de 25 de noviembre
de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará de la
siguiente manera:

“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento
del derecho, se ordenará a la entidad demandada Unidad Nacional de
Protección - UNP, en su calidad de sucesora procesal del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S - a tomar en el periodo
comprendido entre el 1 enero del 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008, salvo
interrupciones, los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios mes a mes, y en evento de existir diferencia entre los aportes
realizados y los que se debieron actuar, cotizar a la respectiva administradora
de pensiones la suma faltante en porcentaje que le corresponda como
empleador, debiendo acreditar el demandante las cotizaciones que efectuó en
dicho periodo, y en la eventualidad que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga cancelar o completar, según el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajador, en armonía con lo dicho en la parte
motiva.

La condena será actualizada aplicando para ello la siguiente fórmula:

R = RH: Índice final
Índice inicial”

SEGUNDO: ADICIONAR NUMERAL NOVENO a la sentencia apelada, el cual
quedará de la siguiente manera:

“NOVENO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de instancia.

CUARTO: ACEPTAR la renuncia de la abogada Judith María Haydar Martínez como
apoderada de la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado –ANDJE, según
se advierte en los índices 13 y 14 visibles en SAMAI y RECONOCER personería al
abogado Julio Alexander Mora Mayorga como apoderado del Agencia Nacional de
Defensa Jurídica en los términos y para los efectos conferidos en el poder.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2014-01572-02 (1390-2022)
Demandante: Israel Moisés Mejía Lara

QUINTO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
AUSENTE EN COMISIÓN

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