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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00208-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00208-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR los ordinales CUARTO y QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia del 10 de agosto de 2020, los cuales quedarán de la siguiente manera: TERCERO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la E.S.E Hospital San José de Marsella el reconocimiento y pago al señor Norberto Marulanda Sierra la suma de setenta y ocho millones seiscientos ochenta y un mil trescientos setenta y cuatro pesos ($ 78.681.374), por el período comprendido entre el entre el 2 de enero de 2004 al 30 de diciembre de 2005; del 1° de febrero de 2006 al 30 de marzo de 2009, del 1° de abril de 2009 al 31 de julio de 2012, del 1° de agosto de 2012 al 30 de junio de 2014, del 1° de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014, y del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia. Adicionalmente, condenar a la entidad demandada pagar a favor del señor Norberto Marulanda Sierra el valor equivalente a veintiocho (28) dotaciones de vestido y calzado que se debieron suministrar en las fechas: 30 de abril de 2004, 30 de agosto de 2004, 30 de diciembre de 2004, 30 de abril de 2005, 30 de agosto de 2005, 30 de diciembre de 2005, 30 de abril de 2008, 30 de agosto de 2008, 30 de diciembre de 2008, 30 de abril de 2009, 30 de agosto de 2009, 30 de diciembre de 2009, 30 de abril de 2010, 30 de agosto de 2010, 30 de diciembre de 2010, 30 de abril de 2011, 30 de agosto de 2011, 30 de diciembre de 2011, 30 de abril de 2012, 30 de agosto de 2012, 30 de diciembre de 2012, 30 de diciembre de 2014, 30 de abril de 2015, 30 de agosto de 2015, 30 de diciembre de 2015, 30 de abril de 2016, 30 de agosto de 2016 y 30 de diciembre de 2016. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 19 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 66001-23-33-000-2018-00208-01 (1909-2021) Demandante: Norberto Marulanda Sierra CUARTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a E.S.E Hospital […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00208-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00208-01 (1909-2021)
Demandante: Norberto Marulanda Sierra
Demandado: E.S.E Hospital San José de Marsella

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral –
cooperativas de trabajo asociado y contrato sindical - auxiliar
administrativo

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con
el fin de precisar el alcance del restablecimiento

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 10 de agosto de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Norberto Marulanda Sierra interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad del oficio número 160 del 20 de marzo de 2018, a través del
cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de una
relación laboral.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar la existencia de
una relación laboral entre las partes, sin solución de continuidad, entre el 2 de
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2016; ii) reconocer y pagar las
prestaciones sociales1 causadas durante dicho período, así como los
emolumentos devengados por los empleados de planta de la entidad
demandada; iii) reajustar los aportes al sistema pensional correspondientes al
tiempo laborado; iv) indexar las sumas reconocidas; v) pagar los intereses

1
Auxilio de transporte, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima anual, prima de navidad, prima
de vacaciones, vacaciones, bonificación por recreación, bonificación por servicios prestados, bonificación
navideña, cesantías e intereses a las cesantías, y demás emolumentos.

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

moratorios causados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia,
conforme al numeral 4 del artículo 195 del CPACA; vi) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 ibidem; y vii) condenar en costas a la
entidad demandada.

3. Como hechos relevantes, señaló que se vinculó a través de cooperativas
de trabajo asociado y de una asociación gremial para prestar sus servicios en la
E.S.E. Hospital San José de Marsella. Indicó que laboró entre el 2 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2016 y que desempeñó funciones relacionadas con
servicios generales, vigilancia, apoyo administrativo en archivo e historias
clínicas, así como actividades de estadística y atención al usuario (SIAU).

4. Como concepto de violación, sostuvo que la entidad demandada no podía
vincular personal mediante cooperativas de trabajo asociado para el desarrollo
de actividades misionales permanentes, en contravención de lo dispuesto en el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Afirmó que la E.S.E. Hospital San José de
Marsella fue la verdadera beneficiaria de los servicios prestados y que, por esa
razón, le corresponde asumir el pago de las prestaciones sociales reclamadas.

5. Finalmente, señaló que el acto acusado incurrió en falsa motivación,
puesto que desconoció la verdadera naturaleza de la relación existente entre las
partes. En consecuencia, sostuvo que debía aplicarse el artículo 25 de la
Constitución Política.

Contestación de la demanda

6. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que entre
las partes no existió vínculo contractual ni laboral, razón por la cual no se
configuró una relación de dependencia.

7. Indicó que los esquemas de vinculación utilizados por el hospital se
ajustaron a los parámetros fijados por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de
la Protección Social en el pronunciamiento conjunto n.º 042575 de marzo de
2012. Señaló que dichas autoridades reconocieron las particularidades propias
de las relaciones laborales en el sector salud, las cuales exigen mecanismos
flexibles de vinculación, previa realización de estudios y análisis orientados a
garantizar una prestación eficiente y oportuna del servicio público.

8. Finalmente, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de
relación laboral, ausencia de continuidad en la prestación del servicio y cobro de
lo no debido.

Sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró no probada la tacha de
sospecha formulada frente a los testimonios de Manuel Eduardo Sánchez y
Rosalba Osorio, negó la excepción de prescripción trienal y anuló el Oficio n.°
160 del 20 de marzo de 2018, por medio del cual la ESE Hospital San José de

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

Marsella negó el reconocimiento de la relación laboral reclamada por el señor
Norberto Marulanda Sierra y el pago de las prestaciones sociales
correspondientes.

10. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada
a pagar las diferencias prestacionales causadas entre lo reconocido al actor y lo
devengado por el personal de planta con cargo similar, durante los períodos en
los que estimó demostrada la relación laboral. En concreto, reconoció efectos
económicos por los lapsos comprendidos entre el 2 de enero de 2004 y el 30 de
diciembre de 2005; el 1.º de febrero de 2006 y el 30 de marzo de 2009; el 1.º de
abril de 2009 y el 31 de julio de 2012; el 1.º de agosto de 2012 y el 30 de junio de
2014; el 1.º de julio y el 31 de diciembre de 2014; y el 1.º de enero de 2015 y el
31 de diciembre de 2016. Además, ordenó efectuar los aportes a pensión y salud
que correspondieran, computar el tiempo laborado para efectos pensionales,
actualizar las sumas reconocidas con base en el IPC y dar cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 del CPACA. Finalmente, negó las demás
pretensiones y se abstuvo de imponer condena en costas.

11. Como fundamento de la decisión, el Tribunal señaló que la tacha por
sospecha formulada respecto de los testimonios de Manuel Eduardo Sánchez
Nieto y Rosalba Osorio no conducía a excluir sus declaraciones, sino a valorarlas
con mayor rigor.

12. Precisó que el relato del señor Manuel Eduardo Sánchez Nieto resultaba
coherente y concordante con los demás medios de prueba allegados al proceso.
En cuanto a la declaración de la señora Rosalba Osorio, indicó que el hecho de
mantener vínculo laboral con la entidad demandada no implicaba, por sí solo, que
hubiera alterado los hechos expuestos en la demanda. En consecuencia, declaró
no probada la tacha formulada.

13. Estableció que quedó acreditado que el señor Norberto Marulanda Sierra
prestó sus servicios de manera personal en diferentes oficios para la entidad
demandada, por intermedio de cooperativas de trabajo asociado y de una
asociación sindical —COTRAIN, COOMULTISERPRO, CTA MULTISER,
COOPSALUD, SU FUTURO y ASOINSALUD— entre el 2 de enero de 2004 y el
31 de diciembre de 2016, y que percibió una remuneración como
contraprestación.

14. A partir de las certificaciones expedidas por las cooperativas de trabajo
asociado y de los testimonios de José Otoniuel Toro, Julieta Vélez Iza y Manuel
Eduardo Sánchez Nieto, concluyó que el actor desempeñó funciones
relacionadas con servicios generales, archivo, historias clínicas, apoyo
estadístico y atención al usuario (SIAU).

15. Precisó que, en relación con el período en el cual el demandante afirmó
haberse desempeñado como celador nocturno desde el 2 de enero de 2003, no
obraba prueba documental que permitiera establecer la forma de vinculación.
Añadió que, aunque algunos testigos señalaron que prestó sus servicios en la

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

entidad durante dicho lapso, no existía certeza sobre los extremos temporales de
esa relación.

16. En cuanto al elemento de subordinación, indicó que los testimonios daban
cuenta de que el actor recibía órdenes e instrucciones de la administradora del
hospital, Rosalba Osorio, quien fijaba el horario de trabajo —de 8:00 a.m. a 12:00
p.m. y de 1:30 p.m. a 6:30 p.m.— y que, para ausentarse de sus funciones, debía
solicitar autorización previa.

17. Así mismo, destacó que el señor Marulanda Sierra desarrolló labores
asistenciales y administrativas vinculadas directamente a la prestación del
servicio público de salud y al cumplimiento del objeto misional de la E.S.E.
Hospital San José de Marsella. En particular, señaló que las actividades de
servicios generales, archivo, historias clínicas, estadística y SIAU eran
necesarias para el funcionamiento ordinario de la institución, circunstancia que
reforzaba la existencia de subordinación en la ejecución de las funciones.

18. Con fundamento en lo anterior concluyó que resultaba aplicable el principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades, puesto que el actor desarrolló
sus funciones en condiciones equivalentes a las de los empleados de planta.
Explicó que se trataba de actividades permanentes, necesarias para el
funcionamiento de la institución y que no podían ejecutarse de manera autónoma
o independiente, lo que permitía tener por acreditados los elementos propios de
una relación laboral.

19. En ese contexto, concluyó que entre el demandante y la E.S.E. Hospital
San José de Marsella existió un vínculo de naturaleza laboral, pese a la utilización
formal de cooperativas de trabajo asociado y de una asociación sindical como
mecanismos de intermediación. Resaltó que el actor ejecutó labores propias de
la entidad, tanto en servicios generales como en apoyo administrativo en distintas
dependencias, en cumplimiento de la misión institucional, y que tales actividades
también eran desarrolladas por personal de planta.

20. Como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral,
precisó que las prestaciones sociales debían liquidarse con fundamento en la
remuneración pactada entre el demandante y las cooperativas de trabajo
asociado y la asociación sindical.

21. En relación con la prescripción, señaló que no se acreditaron
interrupciones relevantes en la prestación del servicio, razón por la cual concluyó
que existió continuidad en el vínculo entre el 2 de enero de 2004 y el 31 de
diciembre de 2016. Indicó que, como la terminación de la relación ocurrió en esta
última fecha y la demanda fue presentada el 5 de julio de 2018, no operó el
fenómeno prescriptivo.

22. Así mismo, consideró improcedente el reajuste de la remuneración
percibida por el demandante, al estimar que esta dependía de las condiciones
particulares acreditadas en cada caso concreto. Por ello, sostuvo que, una vez

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reconocida la existencia del contrato realidad, debía respetarse el acuerdo de
voluntades en torno a la remuneración pactada.

23. Finalmente, ordenó a la entidad demandada calcular el ingreso base de
cotización pensional del demandante, mes a mes, con fundamento en los valores
devengados durante el tiempo en que prestó sus servicios. En caso de existir
diferencias entre los aportes realizados y los que debieron efectuarse, dispuso
que la entidad trasladara al respectivo fondo de pensiones la suma faltante en la
proporción correspondiente al empleador. Se abstuvo de condenar en costas.

Recurso de apelación

24. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que el
Tribunal incurrió en una inadecuada valoración probatoria, además de omitir el
análisis de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

25. Señaló que no se allegó prueba documental que permitiera establecer que
el demandante laboró de manera continua y subordinada para la E.S.E. Hospital
San José de Marsella. Afirmó que el Tribunal dio por acreditada dicha
circunstancia con fundamento en la descripción de actividades efectuada por el
actor y en testimonios que, a su juicio, únicamente evidencian su presencia en la
institución.

26. Agregó que los contratos celebrados con las cooperativas de trabajo
asociado y aportados al proceso demostraban la existencia de vínculos
autónomos, sin que se hubiera acreditado la prestación personal del servicio ni
la subordinación. En ese sentido, sostuvo que no existía prueba de una relación
directa o indirecta entre el hospital y el demandante, razón por la cual no
resultaba procedente aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades.

27. Precisó que el Tribunal desconoció la autonomía de las cooperativas de
trabajo asociado, encargadas de suministrar el personal requerido para la
ejecución de las labores contratadas. Añadió que la E.S.E. Hospital San José de
Marsella no intervenía en las decisiones relacionadas con la vinculación del
personal ni en su administración.

28. Así mismo, sostuvo que el demandante desempeñó diversas actividades
durante distintos períodos, circunstancia que —a su juicio— desvirtúa la
continuidad en la prestación del servicio. Explicó que cada interrupción
contractual y cada cambio de cooperativa implicaban la ruptura del vínculo, de
manera que no podía considerarse la totalidad del período discutido como una
única relación laboral. Con fundamento en ello, afirmó que el Tribunal erró al
concluir que no operaba la prescripción.

29. Finalmente, indicó que no se acreditaron los elementos propios de una
relación laboral. En cuanto a la subordinación, afirmó que no existía prueba de
órdenes impartidas por la entidad y que el cumplimiento de horarios constituía
únicamente una forma de coordinación entre las partes. Respecto de la

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

remuneración, señaló que no obraba evidencia de pagos efectuados
directamente por la E.S.E. ni trazabilidad de recursos provenientes del hospital a
favor del demandante. En relación con la prestación personal del servicio, reiteró
que la designación del personal correspondía exclusivamente a las cooperativas,
razón por la cual las labores podían ser ejecutadas por cualquiera de sus
asociados.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. Mediante auto del 9 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada; y por auto del 7 de octubre de 2024, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión en segunda instancia.

31. La parte demandante, en esta instancia, sostuvo que prestó sus servicios
de manera continua, personal y subordinada para el Hospital entre los años 2003
y 2016. Añadió que las cooperativas constituyeron un mecanismo de
intermediación utilizado para encubrir un vínculo laboral, por lo que solicitó
confirmar la sentencia que declaró la existencia del contrato realidad y reconoció
los derechos laborales derivados del mismo.

32. La entidad demandada, en sus alegatos de conclusión en segunda
instancia, reiteró que el actor tuvo la condición de trabajador vinculado a terceros
—cooperativas o empresas de servicios temporales—, que la contratación
obedeció a necesidades estructurales y se ajustó a la legalidad, y que no se
acreditaron los elementos de la relación laboral. Sostuvo, además, que, en todo
caso, los derechos reclamados podrían encontrarse prescritos, por lo que solicitó
negar la demanda en su integridad.

33. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, en atención a que las actividades y funciones
desarrolladas por el actor revisten carácter permanente y corresponden al objeto
misional de la entidad demandada. Indicó que, conforme al acervo probatorio y a
la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, se verifica la concurrencia de los
elementos de la relación laboral, en particular la subordinación. En consecuencia,
concluyó que los contratos de prestación de servicios suscritos encubrieron una
relación de carácter laboral.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

34. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la entidad
demandada en los reproches formulados contra la sentencia de primera

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instancia. En particular, deberá establecer si el Tribunal valoró indebidamente las
pruebas con base en las cuales concluyó que se presentaron los elementos de
una relación laboral entre el demandante y la E.S.E. Hospital San José de
Marsella.

36. Para resolverlo, la Sala analizará si tienen asidero los cuestionamientos
relacionados con la falta de prueba sobre la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación, así como los reparos relativos a la continuidad
del vínculo, las interrupciones contractuales, los cambios de cooperativa y sus
efectos frente a la prescripción.

Análisis del problema jurídico

37. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues si bien es cierto
que las pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación durante la ejecución de los objetos
contractuales, también lo es que hay lugar a hacer ajustes en el acápite de
restablecimiento del derecho.

La desnaturalización de los contratos de prestación de servicios

38. El actor ejecutó sus labores en la E.S.E. Hospital San José de Marsella,
vinculado a través de cooperativas de trabajo asociado y asociación sindical, en
los cuales desempeñó los siguientes cargos:

Vinculación Duración Objeto Valor Interrupciones
mensual
Cooperativa de 2 de enero de Prestar sus servicios $ 566.700
Trabajo Asociado 2004 al 30 de en el centro de trabajo 21 días hábiles
Independiente- diciembre de Hospital San José de
COTRAIN CTA2 2005 Marsella
Cooperativa de 1° de febrero Prestar sus servicios $ 915.686
Trabajo Asociado de 2006 a 30 como auxiliar de
Multifuncional de de marzo archivo en el Hospital Sin interrupción
Servicios 2009 San José de Marsella
Profesionales-
COOMULTISERPRO
CTA3
Cooperativa de 1° de abril de Prestar sus servicios
Trabajo Asociado 2009 al 31 de como auxiliar
Multiplicadora de julio de 2012 administrativo en el $ --- Sin interrupción
Servicios- servicio de archivo de
MULTISER4 historia clínicas en el
Hospital San José de
Marsella
Cooperativa de 1° de agosto Prestar sus servicios
Trabajo Asociado en de 2012 al 30 desarrollando $
Salud- de junio de procesos de apoyo de 1.072.6256 Sin interrupción
COOPSALUD5 2014 Estadística y SIAU en

2
Índice 19 de SAMAI del Tribunal. Archivo 2_002CUADERNOPRINCIPA1_1(.pdf). Folio 50.
3
Ibidem. Folio 51.
4
Ibidem. Folio 52.
5
Ibidem. Folio 55.
6
Ibidem. Folio 72. El valor correspondiente se establece con base en los desprendibles de nómina obrantes
en el expediente.

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

el Hospital San José
de Marsella

Cooperativa de 1° de julio al Prestar sus servicios $ 692.016
Trabajo Asociado- 31 de como auxiliar
SUFUTURO7 diciembre de administrativo en el Sin interrupción
2014 Hospital San José de
Marsella
Organización 1° de enero Prestar sus servicios $726.617
Sindical- de 2015 al 31 desarrollando
ASOINSALUD8 de diciembre actividades de apoyo
de 2016 en SIAU en el
Hospital San José de
Marsella

39. En el expediente obran, entre otros, los siguientes documentos: acuerdos
cooperativos de trabajo suscritos con COOMULTISERPRO y SUFUTURO HOY
CTA, así como acuerdo asociativo con ASOINSALUD9; desprendibles de nómina
correspondientes a las distintas cooperativas y a la asociación sindical10;
certificaciones de remuneración expedidas por SUFUTURO y ASOINSALUD11;
certificación expedida por la entidad demandada en la que se especifica la
remuneración básica del cargo de auxiliar de servicios generales para los años
2004 a 2005, así como la relativa a trabajadores de planta y trabajadores oficiales
entre 2002 y 2016, junto con la planta de cargos de la E.S.E 12; contratos suscritos
entre la E.S.E. Hospital San José de Marsella y las cooperativas de trabajo
asociado, así como con la asociación sindical13; certificación expedida por
Cafesalud sobre el reporte de cotizaciones14; reporte de semanas cotizadas a
Colfondos15; resumen de semanas cotizadas ante Colpensiones16; y Manual
Específico de Funciones por Competencias Laborales de la E.S.E. Hospital San
José de Marsella17.

40. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores José
Otoniel Toro, Julieta Vélez Iza, Manuel Eduardo Sánchez Nieto, Diana Milena
Ándica Bueno, Rosalba Osorio y el interrogatorio de parte, quienes manifestaron
lo siguiente:

• El demandante manifestó que ingresó a laborar en la E.S.E. Hospital San
José de Marsella en el año 2003, inicialmente en el área de servicios
generales, donde cumplía funciones de portería en horario nocturno.
Posteriormente, desempeñó labores de mantenimiento, aseo y
desinfección de las instalaciones y, más adelante, fue asignado al archivo
de historias clínicas. Indicó que, tras la jubilación de la funcionaria
encargada de dicha dependencia, asumió responsabilidades adicionales

7
Ibidem. Folio 56, 61 a 62.
8
Ibidem. Folio 64, 68 a 69.
9
Ibidem. Folio 53 a 54, 57 a 63, 65 a 69.
10
Ibidem. Folio 70 a 83.
11
Ibidem. Folio 85,87 a 88.
12
Ibidem. Folio 90, 92 a 93, 95 a 96.
13
Ibidem. Folio 99 a 306, y Archivo 1_001CUADERNOPRINCIPAL_1(.pdf). Folio 2 a 27.
14
Índice 16 de SAMAI del Tribunal. Archivo 1_001CUADERNOPRINCIPAL_1(.pdf). Folio 28 a 40.
15
Ibidem. Folio 41 a 45.
16
Ibidem. 46 a 54.
17
Ibidem. 71 a 158.

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relacionadas con el manejo del archivo y actividades de estadística,
conforme a las necesidades del servicio.

Señaló que su vinculación se realizó a través de distintas cooperativas de
trabajo asociado, inicialmente con Cootrain y luego con otras entidades
seleccionadas por el hospital en los respectivos procesos contractuales.
Precisó que recibía inducción del personal saliente bajo la supervisión de
Rosalba Osorio, jefe de personal de la entidad, quien además le impartía
instrucciones y le asignaba tareas específicas, como cubrir temporalmente
funciones de portería.

En cuanto a la jornada laboral, afirmó que cumplía un horario fijado por la
entidad, generalmente de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 6:30 p.m.,
sujeto a ajustes según la programación institucional. Indicó que los pagos
eran efectuados por las cooperativas mediante consignación bancaria y
que, salvo en los últimos meses de vinculación, no debía presentar
informes de actividades para recibir la remuneración. Finalmente, explicó
que su permanencia en distintas cooperativas obedeció a la celebración
periódica de procesos contractuales por parte del hospital.

• El señor José Otoniel Toro manifestó que laboró en la E.S.E. Hospital San
José de Marsella durante aproximadamente dieciocho años, hasta el año
2010, período en el cual coincidió con el demandante. Indicó que este
ingresó a la institución en el año 2003, inicialmente como celador, y
posteriormente fue asignado a actividades de recepción de citas, archivo
de historias clínicas y apoyo en portería, según las necesidades del
servicio.

Señaló que el actor desempeñaba funciones de manera permanente en
distintas dependencias del hospital y cumplía horarios similares a los del
resto del personal. Precisó que las órdenes e instrucciones eran
impartidas por Rosalba Osorio, administradora del hospital, quien además
autorizaba los permisos para ausentarse del servicio. Añadió que el
demandante no podía designar reemplazos y que la organización del
trabajo dependía directamente de la administración del hospital y no de las
cooperativas.

Finalmente, indicó que los pagos eran efectuados a través de cooperativas
de trabajo asociado, aunque los recursos provenían del hospital. También
expresó que no le consta que el demandante hubiera disfrutado de
vacaciones durante el tiempo en que coincidieron laboralmente.

• La señora Julieta Vélez Iza manifestó que se desempeñó como empleada
de planta en el área de estadística en salud de la E.S.E. Hospital San José
de Marsella hasta el año 2010 y que conoce al demandante desde hace
aproximadamente veinte años. Indicó que este ingresó a la institución en
el año 2003, inicialmente como portero en jornada nocturna, luego cumplió
funciones de servicios generales y posteriormente fue asignado al archivo
de historias clínicas, dependencia en la cual trabajó bajo su coordinación.

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

Precisó que el actor cumplía el mismo horario asignado al resto del
personal, equivalente a una jornada de ocho horas diarias, fijada por la
administración del hospital. Añadió que Rosalba Osorio fungía como jefe
inmediata, impartía instrucciones y asignaba tareas conforme a las
necesidades del servicio. También señaló que el demandante debía
solicitar autorización para ausentarse de sus labores y que no tuvo
conocimiento de que hubiera disfrutado de vacaciones durante el tiempo
en que laboró en la entidad. Finalmente, indicó que los pagos eran
efectuados por la cooperativa de trabajo asociado y reiteró que la
prestación del servicio se desarrolló de manera continua.

• El señor Manuel Eduardo Sánchez Nieto manifestó que conoció al
demandante desde el año 2009, cuando ingresó a laborar en la E.S.E.
Hospital San José de Marsella en el área de facturación, mientras el actor
se desempeñaba en el archivo de historias clínicas. Indicó que
posteriormente coincidieron en dicha dependencia y que, en ocasiones,
cubría sus ausencias por instrucción de Rosalba Osorio o del gerente de
turno.

Señaló que tanto él como el demandante finalizaron su vinculación en
diciembre de 2016 y que únicamente hacia esa época tuvo conocimiento
de que el actor disfrutó de vacaciones, puesto que lo reemplazó
temporalmente en sus funciones. Manifestó que ambos se encontraban
vinculados mediante cooperativas de trabajo asociado, utilizadas por la
entidad para la contratación del personal, y que dichas entidades
efectuaban el pago de los honorarios.

Añadió que el área administrativa del hospital definía el perfil requerido
para suplir vacantes y posteriormente lo socializaba con la cooperativa
correspondiente. Finalmente, indicó que las actividades desarrolladas por
el demandante eran coordinadas por la administración del hospital y que
este cumplía un horario de trabajo fijado por la entidad. También afirmó
que el actor prestó sus servicios de manera continua.

• La señora Diana Milena Ándica Bueno manifestó que conoció al
demandante desde el año 2007, cuando ambos se encontraban
vinculados a la E.S.E. Hospital San José de Marsella a través de la
cooperativa COOMULTISERPRO. Indicó que posteriormente estuvieron
vinculados mediante otras entidades, entre ellas Multicer y la asociación
sindical ASOINSALUD.

Señaló que le consta que el demandante desarrollaba actividades en el
área de archivo, aunque no tenía conocimiento detallado sobre otras
funciones desempeñadas. Precisó que la vinculación se realizaba
mediante contratos suscritos con las cooperativas o asociaciones,
generalmente por períodos anuales.

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En cuanto a la organización del trabajo, indicó que las actividades eran
asignadas por la cooperativa o la asociación sindical; sin embargo,
reconoció que se desarrollaban conforme al horario de funcionamiento del
hospital. Añadió que las solicitudes de permiso debían tramitarse ante
dichas entidades mediante formatos establecidos para tal efecto.

Finalmente, manifestó que recibían salario mensual y prestaciones
sociales, tales como primas, cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones y subsidio familiar, según correspondiera. También indicó que
desconoce si el demandante prestó sus servicios de manera continua
durante todo el período alegado, dado que no compartieron
permanentemente las mismas dependencias, y que la contratación
mediante cooperativas obedecía a las necesidades de personal del
hospital.

• La señora Rosalba Osorio Betancur manifestó que se desempeña como
administradora y profesional universitaria en la E.S.E. Hospital San José
de Marsella y que conoce al demandante, quien prestó sus servicios en la
entidad durante varios años a través de cooperativas de trabajo asociado,
aunque no precisó las fechas exactas de vinculación.

Explicó que la contratación mediante cooperativas, empresas temporales
y asociaciones sindicales obedeció a procesos de reestructuración
administrativa derivados de dificultades financieras, lo que implicó la
reducción de la planta de personal y la necesidad de acudir a dichos
esquemas para garantizar la prestación del servicio. Indicó que el hospital
celebraba contratos con tales entidades y transfería los recursos
necesarios para cubrir salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema
de seguridad social.

Señaló que las cooperativas suministraban el personal previa verificación
de los perfiles requeridos por el hospital. Añadió que las funciones eran
definidas en los contratos y comunicadas a los trabajadores por intermedio
de coordinadores de las cooperativas, aunque la supervisión de las
actividades correspondía a funcionarios del hospital.

Finalmente, indicó que el personal debía cumplir el horario de atención al
público de la entidad y que cualquier solicitud de permiso debía tramitarse
a través de la cooperativa con visto bueno del hospital. Precisó que los
contratos celebrados con dichas entidades tenían duración anual y eran
renovados mediante nuevos procesos de selección. También afirmó que
desconoce si el demandante disfrutó de vacaciones durante el tiempo en
que prestó sus servicios.

41. Bajo este marco fáctico, la Sala estima necesario empezar por establecer
si la entidad demandada recurrió de forma impropia a la intermediación laboral.

42. Al respecto, se advierte que el reproche de la entidad demandada
consistió en que el a quo erró al declarar acreditada la subordinación continuada

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y, en consecuencia, al reconocer la existencia de un vínculo laboral porque la
demandante nunca estuvo vinculada directamente con la entidad.

43. En este contexto, es pertinente recordar que las cooperativas de trabajo
asociado en Colombia tienen sustento jurídico en la Ley 79 de 1988, que permitió
la conformación de colectivos de personas para desarrollar, de manera
concertada, iniciativas de emprendimiento laboral. El modelo buscó democratizar
los medios de producción y distribuir equitativamente los excedentes, con el fin
de contribuir a la reducción de los altos índices de desempleo que históricamente
ha enfrentado el país.

44. Posteriormente, el Decreto 4588 de 2006 definió estas organizaciones
como «entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la
economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras,
contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan directamente su
capacidad de trabajo para desarrollar actividades económicas, profesionales o
intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar
servicios que satisfagan las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general».

45. No obstante, dicha normativa estableció límites precisos al uso de esta
figura. En sus artículos 16 y 17 se dispuso que, cuando una cooperativa envíe a
sus asociados a prestar servicios a un tercero en condiciones que configuren
subordinación, se entenderá que existe una relación laboral dependiente entre el
asociado y la persona natural o jurídica beneficiaria de su trabajo.

46. Asimismo, se prohibió expresamente que las cooperativas y
precooperativas actuaran como empresas de intermediación laboral o de
servicios temporales, o que dispusieran del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros. En caso de configurarse tales prácticas, la
cooperativa, sus directivos y el contratante serían solidariamente responsables
de las obligaciones económicas derivadas de la relación laboral.

47. La jurisprudencia de esta corporación18 ha precisado que la finalidad,
estructura y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado difiere
sustancialmente del de las empresas de carácter comercial, lo cual justifica que
el legislador establezca para ellas un régimen jurídico especial, siempre que no
se desconozcan los derechos laborales constitucionalmente protegidos.

48. Se ha advertido, en particular, que el trabajo asociado no puede ser
utilizado indebidamente para evadir obligaciones laborales frente a trabajadores
dependientes o subordinados, so pena de comprometer la responsabilidad tanto
de la cooperativa como del tercero beneficiario ante las autoridades competentes.
En consecuencia, cuando un asociado presta sus servicios a un tercero bajo
órdenes permanentes provenientes de la cooperativa y de dicho tercero y solicita
la desnaturalización de la figura al amparo del principio de primacía de la realidad

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente
23001-23-33-000-2013-00390-01 (3612-2015)

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sobre las formalidades, le corresponde acreditar la prestación personal del
servicio, la subordinación continuada y la remuneración.

49. Se observa en el proceso que el demandante también prestó sus
servicios al hospital a través de la figura prevista en el artículo 482 del Código
Sustantivo del Trabajo, desarrollada por el Decreto 1429 de 2010. Dicha
disposición define el contrato sindical como un acuerdo de voluntades de
naturaleza colectivo-laboral, de carácter solemne, nominado y principal, que
puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios
empleadores o sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la
ejecución de obras con sus propios afiliados.

50. Su celebración y ejecución se enmarcan en el ejercicio de la libertad
sindical y se desarrollan bajo la autonomía administrativa e independencia
financiera del sindicato o de los sindicatos contratantes, rigiéndose por las
normas y principios del derecho colectivo del trabajo.

51. En el caso concreto, las pruebas documentales y testimoniales permiten
concluir que la vinculación formal del señor Norberto Marulanda Sierra a través
de cooperativas de trabajo asociado y, posteriormente, de una organización
sindical, no correspondió a una verdadera relación autónoma con dichas
entidades, sino a un mecanismo mediante el cual la E.S.E. Hospital San José de
Marsella ejerció una constante subordinación respecto del demandante.

52. En efecto, de las certificaciones y acuerdos allegados al expediente se
desprende que el actor fue asignado al centro de trabajo de la E.S.E. Hospital
San José de Marsella para desarrollar actividades de servicios generales, archivo
de historias clínicas, apoyo administrativo, estadística y SIAU. Estas labores se
insertaban en la organización regular del hospital.

53. La Sala advierte, además, que la subordinación no se acredita
únicamente por la existencia de un horario, sino por la concurrencia de varios
indicios que, apreciados en conjunto, revelan el ejercicio efectivo del poder de
dirección por parte de la entidad demandada. Así, el demandante afirmó que
recibía inducción e instrucciones del personal del hospital bajo la supervisión de
la señora Rosalba Osorio, quien le asignaba tareas específicas, entre ellas cubrir
funciones de portería, y que cumplía una jornada definida por la entidad,
normalmente de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 6:30 p.m.

54. Esa versión fue corroborada por el testigo José Otoniel Toro, quien indicó
que el actor desempeñaba funciones permanentes en distintas dependencias del
hospital, cumplía horarios semejantes a los del resto del personal, recibía
órdenes de la administradora Rosalba Osorio, debía obtener autorización para
ausentarse y no podía designar libremente reemplazos. Este último aspecto
resulta relevante, porque descarta que el actor ejecutara una actividad autónoma
o sustituible por decisión propia, y evidencia que su fuerza de trabajo estaba
incorporada a la estructura funcional de la E.S.E.

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55. En igual sentido, la señora Julieta Vélez Iza manifestó que el demandante
trabajó en el archivo de historias clínicas bajo la coordinación interna del hospital,
con sujeción al horario dispuesto por la administración, a instrucciones impartidas
por la señora Rosalba Osorio y a la autorización previa para ausentarse de sus
labores. Por su parte, el señor Manuel Eduardo Sánchez Nieto señaló que el
actor se desempeñaba en el archivo de historias clínicas, que sus ausencias eran
cubiertas por instrucción de la señora Rosalba Osorio o del gerente de turno y
que el área administrativa del hospital definía los perfiles requeridos, los cuales
luego eran socializados con la cooperativa correspondiente.

56. La declaración de la señora Rosalba Osorio Betancur, lejos de desvirtuar
la subordinación, confirma varios elementos relevantes para tenerla por
demostrada. En efecto, aunque sostuvo que las cooperativas y asociaciones
comunicaban las funciones a los trabajadores, también reconoció que el hospital
verificaba los perfiles del personal suministrado, supervisaba las actividades
mediante sus propios funcionarios, exigía el cumplimiento del horario de atención
al público y otorgaba el visto bueno para los permisos. Estos elementos no
corresponden a una simple coordinación general del contrato celebrado con un
tercero, sino al ejercicio directo de potestades de organización, control y
vigilancia sobre la actividad cotidiana del trabajador.

57. En ese contexto, el argumento de la entidad demandada, según el cual
las instrucciones provenían de las cooperativas o asociaciones, no logra
desvirtuar la conclusión del Tribunal. La prueba no demuestra que dichas
entidades hubieran asumido de manera real y autónoma la dirección técnica,
disciplinaria y funcional del actor. Por el contrario, evidencia que la E.S.E.
determinaba el perfil requerido, recibía directamente el servicio, ubicaba al
trabajador en sus dependencias, sometía su actividad al horario institucional,
controlaba sus permisos, disponía reemplazos y verificaba la ejecución de las
tareas por medio de funcionarios propios.

58. Por tanto, la Sala concluye que el señor Norberto Marulanda Sierra no
actuó como un asociado cooperativo que prestaba servicios de manera
autónoma, sino como una persona incorporada funcionalmente a la organización
del hospital, bajo la dirección y supervisión de sus autoridades administrativas.
En consecuencia, se encuentra acreditado el elemento de subordinación
continuada.

59. Así las cosas, no prospera el reproche de la entidad apelante dirigido a
cuestionar la desnaturalización del vínculo.

60. Tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento relativo a la falta
de continuidad por variación de objetos contractuales o por cambio de
cooperativa. La continuidad no se desvirtúa por el solo tránsito entre
intermediarios ni por la modificación nominal de las actividades, cuando la prueba
evidencia que el actor permaneció vinculado a la misma entidad beneficiaria, en
sus dependencias, bajo la misma lógica de subordinación. Además, la única
interrupción relevante identificada fue de 21 días hábiles, lapso que no rompe la
unidad de la relación para efectos del análisis de prescripción.

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61. En suma, la Sala confirmará la declaratoria de desnaturalización del
vínculo entre Norberto Marulanda Sierra y la E.S.E. Hospital San José de
Marsella durante los períodos reconocidos por el Tribunal, al estar demostrado
que la prestación personal del servicio se ejecutó de manera remunerada y
subordinada, pese a la intermediación formal de cooperativas de trabajo asociado
y de una organización sindical.

El restablecimiento del derecho

62. Se advierte que, respecto de la vinculación a través de MULTISER,
comprendida entre el 1° de abril de 2009 y el 31 de julio de 2012, se tomará como
base para la liquidación el salario mínimo legal mensual vigente correspondiente
a cada uno de los años, ante la ausencia de una prueba específica sobre la
remuneración efectivamente percibida.

63. En relación con la vinculación a través de COOPSALUD durante el año
2012 y los meses de enero a julio de 2013, se aplicará como base de liquidación
el salario mínimo legal mensual vigente, dado que no existe certeza sobre la
remuneración percibida. No obstante, en el expediente obran desprendibles de
nómina de agosto, septiembre, octubre y diciembre del año 2013, en los que se
establece una remuneración mensual de $1.072.625 y de $1.103.804 para el mes
de enero de 2014, valores que se tomarán como referencia para la liquidación de
dichos lapsos.

64. Respecto de la vinculación a través de la asociación sindical
ASOINSALUD, en el expediente obran desprendibles de nómina correspondientes
al año 2015, en los que se precisa como remuneración ordinaria la suma de
$726.617, y para el año 2016 la suma de $777.480, valores que se adoptarán
como punto de referencia para la respectiva liquidación. En dichos documentos
también consta el reconocimiento del auxilio de transporte durante los referidos
períodos.

65. Se precisa que en el expediente obran documentos expedidos por
MULTISER correspondientes al año 2010, en los cuales se registran conceptos
tales como compensación anual, intereses sobre la compensación anual y
compensación por descanso. Asimismo, reposan certificaciones de SU FUTURO
y ASOINSALUD, en las que se identifican rubros denominados compensación
semestral, compensación anual y descanso anual, correspondientes a los años
2014, 2015, 2016 y 2017.

66. Bajo ese contexto, la Sala advierte que la mayoría de los conceptos
anteriormente descritos no son equiparables con aquellos previstos en la
legislación laboral —ni en el régimen público ni en el privado— como prestaciones
sociales legalmente reconocidas. En consecuencia, no puede entenderse que
dichos pagos satisfagan integralmente las acreencias laborales a las que tiene
derecho la demandante.

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

67. Por lo tanto, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo
de primera instancia con el fin de precisar que el pago de las prestaciones sociales
debe realizarse con base en el valor de los honorarios percibidos cada uno de los
contratos. Al respecto, se pone de presente que la jurisprudencia de esta
Subsección19 ha precisado que cuando se declara la desnaturalización del vínculo
en el marco del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, el
contratista solo tiene derecho a los emolumentos mínimos del régimen general
consagrados en los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 1978, liquidados con base
a lo anteriormente expuesto20.

68. En consecuencia, el demandante tiene derecho a que se le reconozcan y
paguen los siguientes emolumentos: auxilio de transporte y subsidio de
alimentación correspondientes a los años 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014; cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de Navidad,
vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados a partir del
año 2016 y prima de servicios a partir del año 2015, causados durante el período
comprendido entre el 2 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2016, los cuales
se liquidarán en los términos que se exponen a continuación.

CESAN INTERE
Desde IPC IPC
AUXILIO
TIA S
SALARIO AUXILIO TOTAL SOBRE
AUXILIO DE
# meses PROMED. AUXILIO DE
# Dias DE TRANSP ANUAL CESAN LA
complpor MENSUA DE ALIMENT
por año
año L POR
TRANSP T.
ALIMENT INDEXAD SALARI TIA INDEXA CESAN
Año FINAL INICIAL T. INDEXAD
AÑO O OS DA TIA
O
INDEXA
DA
COOTR
566.70 122.89 6.894.8 651.97 1.926.0 234.34
AIN 365 11,97 41.600 30.675 90.621
2004 158,17 53,54 0 6 50 6 93 1
COOTR
566.70 124.68 6.875.9 650.32 1.822.1 221.08
AIN 364 11,97 44.500 32.363 90.679
2005 158,17 56,45 0 7 60 0 64 9
COOMU
LTISER 915.68
334 11 0 0 0 0 10.194. 949.80 2.528.6 281.52
PRO 6
(2006) 158,17 59,41 637 0 96 8
COOMU
LTISER 915.68
365 12 0 0 0 0 11.140. 1.048.2 2.682.9 326.42
PRO 6
(2007) 158,17 61,80 846 60 01 0
COOMU
LTISER 915.68 132.79
PRO
365 12 55.000 37.533 90.621 11.140. 1.052.5 2.541.3 309.19
6 4
(2008) 158,17 65,51 846 54 28 5
COOMU
LTISER 915.68 133.59
PRO
89 2,97 59.300 40.412 91.041 2.716.5 233.68 526.45
6 2
(2009) 158,17 70,21 35 6 1 15.618
MULTIS
496.90 131.40 4.554.9 418.71 927.81
ER 275 9 59.300 40.412 89.548
(2009) 158,17 71,38 0 2 17 2 9 85.050
MULTIS
515.00 135.68 6.265.8 594.32 1.311.2 159.53
ER 365 12 61.500 41.221 90.946
(2010) 158,17 71,69 0 8 33 9 70 8
MULTIS
535.60 135.72 6.516.4 618.06 1.318.9 160.47
ER 365 12 63.600 42.528 90.754
(2011) 158,17 74,12 0 1 67 9 42 1
MULTIS
566.70 139.72 4.023.5 361.98 745.99
ER 213 7 67.800 44.655 92.027
(2012) 158,17 76,75 0 5 70 5 5 52.966
COOPS
566.70 137.96 2.890.1 254.49 517.87
ALUD 153 5 67.800 44.655 90.867
(2012) 158,17 77,73 0 4 70 9 1 26.411
COOPS
ALUD
589.50 142.45
(2013) 212 7 70.500 46.192 93.334
enero a 0 0 4.165.8 374.72 757.15
julio 158,17 78,28 00 6 8 53.506
COOPS
ALUD
(2013) 1.072.6
agosto a
153 5 0 0 0 0
25
diciembr 5.470.3 480.04 955.08
e 158,17 79,50 88 7 3 48.709
COOPS
ALUD 181 6 1.103.8 0 0 0 0 6.659.6 590.20 1.167.6
(2014) 158,17 79,95 04 17 2 33 70.447

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
20
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-06872-01 (0121-
2019).

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SUFUT
692.01 139.34 4.244.3 377.63 730.83
URO 184 6 72.000 47.551 92.024
(2014) 158,17 81,73 6 0 65 6 0 44.824
ASOINS
725.61 8.828.3 867.59 1.653.3 201.15
ALUD 365 12 0 0 49.767 94.839
(2015) 158,17 83,00 7 40 3 40 6
ASOINS
ALUD 365 12 777.48 0 0 53.634 95.115 9.459.3 985.24 1.747.2 212.58
(2016) 158,17 89,19 0 40 6 40 1

SALA BONIF
RIO PRIMA PRIMA PRIMA BONIF ICA-
PROM PRIMA DE PRIMA DE VACA PRIMA DE ICA- CIÓN
Desde IPC IPC # meses
# Dias ED. DE SERVI DE NAVID VACA CION DE VACA CIÒN POR
complp
por año
or año MENS SERVI CIO NAVID AD CION VACA CION POR SERVI
UAL CIO AD CION SERVI CIO
POR INDEX INDEX INDEX INDEX CIO INDEX
Año FINAL INICIAL
AÑO ADA ADA ADA ADA ADA
COOT
566.7 592.2 1.749. 323.9 956.9 323.9 956.9
RAIN 365 11,97
2004 158,17 53,54 00 0 0 10 529 25 52 25 52 0 0
COOT
566.7 592.3 1.659. 325.3 911.6 325.3 911.6
RAIN 364 11,97
2005 158,17 56,45 00 0 0 29 674 57 33 57 33 0 0
COOM
ULTIS
915.6
ERPR 334 11
O 86 871.8 2.321. 424.7 1.130. 424.7 1.130.
(2006) 158,17 59,41 0 0 27 106 77 902 77 902 0 0
COOM
ULTIS
915.6
ERPR 365 12
O 86 954.3 2.442. 464.2 1.188. 464.2 1.188.
(2007) 158,17 61,80 0 0 69 599 02 072 02 072 0 0
COOM
ULTIS
915.6
ERPR 365 12
O 86 958.2 2.313. 511.1 1.234. 511.1 1.234.
(2008) 158,17 65,51 0 0 79 707 11 047 11 047 0 0
COOM
ULTIS
915.6
ERPR 89 2,97
O 86 229.2 516.3 125.5 282.7 125.5 282.7
(2009) 158,17 70,21 0 0 21 92 14 61 14 61 0 0
MULTI
496.9 386.9 857.3 227.8 504.9 227.8 504.9
SER 275 9
(2009) 158,17 71,38 00 0 0 17 64 73 40 73 40 0 0
MULTI
515.0 541.0 1.193. 313.1 690.9 313.1 690.9
SER 365 12
(2010) 158,17 71,69 00 0 0 96 822 50 05 50 05 0 0
MULTI
535.6 562.7 1.200. 325.3 694.2 325.3 694.2
SER 365 12
(2011) 158,17 74,12 00 0 0 10 807 20 25 20 25 0 0
MULTI
566.7 340.3 701.3 200.9 414.0 200.9 414.0
SER 213 7
(2012) 158,17 76,75 00 0 0 42 92 17 59 17 59 0 0
COOP
SALU 566.7
153 5 241.1 490.6 144.3 293.6 144.3 293.6
D 00
(2012) 158,17 77,73 0 0 36 79 20 73 20 73 0 0
COOP
SALU
D 589.5
212 7
(2013) 00
enero 353.9 715.2 207.9 420.1 207.9 420.1
a julio 158,17 78,28 0 0 83 46 34 45 34 45 0 0
COOP
SALU
D
(2013) 1.072.
153 5
agosto 625
a
diciem 454.8 904.9 227.9 453.4 227.9 453.4
bre 158,17 79,50 0 0 41 34 33 86 33 86 0 0
COOP
SALU
181 6 1.103. 563.4 1.114. 277.4 548.9 277.4 548.9
D
(2014) 158,17 79,95 804 0 0 64 735 84 64 84 64 0 0
SUFU
692.0 354.6 686.3 207.4 401.3 207.4 401.3
TURO 184 6
(2014) 158,17 81,73 16 0 0 50 45 00 77 00 77 0 0
ASOIN
SALU 725.6
365 12 362.8 691.3 789.8 1.505. 408.4 778.2 408.4 778.2
D 17
(2015) 158,17 83,00 09 91 85 254 04 79 04 79 0 0
ASOIN
SALU
365 12 777.4 583.1 1.034. 897.0 1.590. 462.3 819.9 462.3 819.9 388.7 689.3
D
(2016) 158,17 89,19 80 10 090 00 744 85 96 85 96 40 93

CONSOLIDADO INDEXADO
AUXILIO AUXILIO DE CESANTI
INTERES PRIMA PRIMA VACACION PRIMA DE BONIFICACI
DE ALIMENTAC AS
ES A LAS DE DE ES VACACION ON POR
TRANSPO ION CESANTI SERVICI NAVIDA ES SERVICIOS
RTE AS OS D
$1.476.259 $1.192.417 $23.860.8 $2.503.85 $1.725.4 $21.964. $11.724.41 $11.724.41 $689.393
15 1 81 330 4 4
TOTAL INDEXADO: $78.681.374

69. En cuanto a la dotación de vestido y calzado, de conformidad con la Ley
70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, y teniendo en cuenta que el actor devengó

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

remuneraciones mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales durante algunos de los períodos de ejecución de los contratos de
prestación de servicios, la Sala ordenará a la entidad accionada reconocer y
pagar a favor del actor la compensación en dinero correspondiente a las
dotaciones de vestido y calzado causadas en esos lapsos, teniendo en cuenta el
valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la
adquisición de cada dotación, así:

i) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2004.
ii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2004.
iii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2004.
iv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2005.
v) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2005.
vi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2005.
vii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2008.
viii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2008.
ix) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2008.
x) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2009.
xi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2009.
xii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2009.
xiii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2010.
xiv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2010.
xv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2010.
xvi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2011.
xvii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2011.
xviii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2011.
xix) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2012.
xx) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2012.
xxi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2012.
xxii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2014.
xxiii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2015.
xxiv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2015.
xxv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2015.
xxvi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2016.
xxvii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2016.
xxviii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2016.

Condena en costas

70. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

71. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un

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Demandante: Norberto Marulanda Sierra

interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

72. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

73. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se modificará la sentencia
apelada, no se impondrán costas en esta etapa, puesto que se hacen ajustes a
las decisiones de la primera, de manera que no se puede predicar que exista una
parte vencida en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales CUARTO y QUINTO de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia del 10 de agosto de 2020, los cuales
quedarán de la siguiente manera:

TERCERO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la E.S.E
Hospital San José de Marsella el reconocimiento y pago al señor Norberto
Marulanda Sierra la suma de setenta y ocho millones seiscientos ochenta y un
mil trescientos setenta y cuatro pesos ($ 78.681.374), por el período comprendido
entre el entre el 2 de enero de 2004 al 30 de diciembre de 2005; del 1° de febrero
de 2006 al 30 de marzo de 2009, del 1° de abril de 2009 al 31 de julio de 2012,
del 1° de agosto de 2012 al 30 de junio de 2014, del 1° de julio de 2014 al 31 de
diciembre de 2014, y del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, por
concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la
parte motiva de esta providencia.

Adicionalmente, condenar a la entidad demandada pagar a favor del señor
Norberto Marulanda Sierra el valor equivalente a veintiocho (28) dotaciones de
vestido y calzado que se debieron suministrar en las fechas: 30 de abril de 2004,
30 de agosto de 2004, 30 de diciembre de 2004, 30 de abril de 2005, 30 de agosto
de 2005, 30 de diciembre de 2005, 30 de abril de 2008, 30 de agosto de 2008, 30
de diciembre de 2008, 30 de abril de 2009, 30 de agosto de 2009, 30 de diciembre
de 2009, 30 de abril de 2010, 30 de agosto de 2010, 30 de diciembre de 2010, 30
de abril de 2011, 30 de agosto de 2011, 30 de diciembre de 2011, 30 de abril de
2012, 30 de agosto de 2012, 30 de diciembre de 2012, 30 de diciembre de 2014,
30 de abril de 2015, 30 de agosto de 2015, 30 de diciembre de 2015, 30 de abril
de 2016, 30 de agosto de 2016 y 30 de diciembre de 2016. Para tales efectos, se
deberá tener en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia
fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación.

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CUARTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a E.S.E Hospital
San José de Marsella el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, por lo cual, la entidad accionada deberá
completarlos al respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le
correspondía durante el período en los que se demostró la existencia de la
relación laboral; esto es, desde del 2 de enero de 2004 al 30 de diciembre de
2005; del 1° de febrero de 2006 al 30 de marzo de 2009, del 1° de abril de 2009
al 31 de julio de 2012, del 1° de agosto de 2012 al 30 de junio de 2014, del 1° de
julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014, y del 1° de enero de 2015 al 31 de
diciembre de 2016 tomando como base el valor de los honorarios pactados en
cada contrato.

La entidad demandada deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC
pensional del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de
servicios mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como
contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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