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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2014-00140-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2014-00140-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. MODIFICAR los numerales tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida el veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Meta, los cuales quedarán así: «TERCERO: DECLARAR que entre la señora LILIANA ORTIZ TRUJILLO y la E.S.E. MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO existió una relación laboral entre el 3 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: A título de restablecimiento, CONDENAR a la E.S.E. MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO a reconocer y pagar a la señora LILIANA ORTIZ TRUJILLO una indemnización equivalente a veinticuatro millones, ochocientos veinte mil, ciento veintidós pesos ($ 24.820.122), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia. Además, cancelar, a título de indemnización, las sumas correspondientes al calzado y vestido y labor, por cada año de servicio prestado, teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación». QUINTO: ORDENAR a la E.S.E. MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la Señora LILIANA ORTIZ TRUJILLO, que corresponde a los honorarios pactados, mes a mes en todo el periodo laborado, según el cargo desempeñado, que va desde el 3 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por este concepto, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, para lo cual, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar el porcentaje que le correspondía como trabajador». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024) Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2014-00140-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024)
Demandante: Liliana Ortíz Trujillo
Demandada: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

Tema: Relación laboral encubierta. Auxiliar enfermería. MODIFICA
SENTENCIA.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Liliana Ortíz Trujillo instauró demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra del
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del oficio 100.25.00298 del 13 de septiembre de 2013,
y, en consecuencia, que entre las partes existió una relación laboral del 3 de enero
de 2007 al 31 de diciembre de 2011.

3. Que se reconozcan y paguen los salarios, prestaciones, recargos por el trabajo
suplementario, indemnizaciones por no pago de las cesantías y los perjuicios
morales.

4. Que reintegre los valores que asumió por aportes a salud, pensión y riesgos
laborales y los descuentos por retención en la fuente.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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5. Que estuvo vinculada a la E.S.E. desde el 2007 hasta el 2011 mediante contratos
de prestación de servicios y varias cooperativas de trabajo asociado como auxiliar
de enfermería.

6. Que cumplía con un horario asignado por su jefe inmediata, el cual correspondía
a turnos semanales entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. Que los auxiliares de
enfermería de planta devengaban un salario superior y tenían todas las prestaciones
y beneficios como empleados públicos.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7. La demanda fue admitida el 29 de agosto de 2014, la entidad formuló
llamamientos en garantía a las cooperativas de trabajo asociado SERVISOCIAL y
COOASTCOM y a las aseguradoras Compañía de Seguros Condor, Aseguradora
Solidaria de Colombia y Aseguradora de Fianzas S.A. – CONFIANZA, los cuales
fueron admitidos el 7 de septiembre de 2016.

8. La E.S.E., manifestó que la actora no tuvo ningún vínculo contractual directo con
la entidad y su prestación de servicios en el área asistencial tuvo lugar como
trabajadora asociada de las diferentes cooperativas, con las cuales de manera libre
y voluntaria se asoció. Que desconocía las condiciones de la relación de la
demandante con las cooperativas y la reclamación debió hacerse a esas empresas.
Propuso como excepción la inexistencia de la relación legal y reglamentaria y
prescripción.

9. Aseguradora Solidaria de Colombia expresó que la póliza que se pretende
afectar solo ampara los riesgos derivados de las obligaciones laborales a cargo de
la cooperativa de trabajo asociado SERVISOCIAL causadas en la vigencia del
contrato y no reclamaciones dirigidas a la E.S.E.

10. Propuso como excepciones la inexistencia del siniestro, límite temporal de la
póliza, falta de cobertura frente a la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, inexigibilidad de la obligación a cargo de la aseguradora y, finalmente, la
de límite de la suma asegurada.

11. La Cooperativa de Trabajo Asociado COOASTCOM contestó el llamamiento
de manera extemporánea.

Los demás llamados en garantía guardaron silencio.

12. Se celebró audiencia inicial el 28 de noviembre de 2017, se fijó el litigio, se surtió
la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue
apelada dentro del término oportuno por la demandante y la demandada.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

13. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 25 de abril de 2024,
accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la relación laboral entre las partes
desde el 3 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, con sus interrupciones y,
como consecuencia, ordenó a la entidad pagar prestaciones sociales y salariales
ordinarias devengadas por un auxiliar de enfermería de su planta, liquidadas con la
base de los contratos suscritos en dichos periodos.

14. Además, ordenó a la entidad cotizar en el respectivo fondo de administración de
pensiones las diferencias, en caso de existir, entre los aportes realizados por la
contratista y los que debieron realizarse en virtud de la relación laboral. Negó las
demás pretensiones y condenó en costas a la entidad.

15. Esto, al concluir que la subordinación estaba implícita en los servicios de los
auxiliares de enfermería y no logró demostrarse que la demandante ejerciera esa
actividad de manera autónoma e independiente, pues el acervo probatorio, en
particular, las cláusulas contractuales y el testimonio del señor Oscar Fernando
León Herrera, denotaban el direccionamiento sobre la vestimenta, actividades y
procedimientos que debía atender, su permanencia en la entidad y el acatamiento
de instrucciones de la jefe de enfermería y médicos de turno.

16. Que la vinculación excedió la temporalidad y permanencia que caracteriza la
contratación de prestación de servicios, pues fue sucesiva, se prolongó en el tiempo,
tuvo vocación de permanencia y las actividades desarrolladas por la actora, además
de ser indispensables para satisfacer el objeto misional de la entidad, por su propia
naturaleza y, de conformidad con las pruebas practicadas, se ejecutaron bajo el
direccionamiento y subordinación de la entidad.

RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que indicó que no se
acreditó la configuración de la relación laboral, pues la prueba testimonial es
insuficiente para concluir que desarrolló sus actividades bajo órdenes y sujeción de
un horario impuestos por la E.S.E.

18. Que el Tribunal pasó por alto que la demandante prestó sus servicios como
auxiliar de enfermería como trabajadora asociada de las cooperativas de trabajo
con las cuales la entidad contrató ciertos procesos y subprocesos administrativos y
asistenciales y, que, no se demostró la injerencia de la entidad en la organización
interna de esas asociaciones o la subordinación del personal enviado por aquellas.

19. Que los turnos eran fijados por las cooperativas de trabajo, sin participación
alguna de la E.S.E. en su programación, como se desprende de los cuadros
aportados.

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20. Que, en todo caso, de aceptarse la configuración de la relación laboral, se
debieron tener en cuenta las contraprestaciones económicas que la demandante
percibió como trabajadora asociada, esto es, las compensaciones ordinarias y
extraordinarias y las contribuciones al Sistema de Seguridad Social y, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, ordenarse el pago de las
diferencias prestacionales y no de la totalidad de esos emolumentos; además,
considerarse la responsabilidad solidaria de las cooperativas llamadas en garantía.

21. Que la base para la liquidación de esas diferencias y de los aportes pensionales
no es el salario percibido por un empleado público, sino lo pactado en los contratos
y las compensaciones cooperativas que percibió, porque no puede darse esa
categoría al contratista.

22. La demandante interpuso recurso de apelación, en el cual discutió los aspectos
que le fueron adversos de la decisión de primera instancia. En ese sentido, indicó
que debió ordenarse el pago de las diferencias salariales, pues, se demostró la
existencia de la relación laboral y la ejecución de actividades propias de un cargo
de planta de la entidad con funciones similares.

23. Que esa pretensión está amparada en principios constitucionales, legales y
convencionales que consagran el precepto de «a trabajo igual salario igual» e
impiden la discriminación por la forma de vinculación. Que, aunque en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo se rige por el principio de justicia rogada, en materia
laboral no puede acudirse a aquel para negar los derechos de los trabajadores y,
en su caso, se demostró el cumplimiento de los elementos de la relación de trabajo
del sector público.

24. Que las prestaciones sociales deben liquidarse conforme con el salario
devengado por un funcionario del mismo cargo de la planta de personal de la E.S.E.
y no con el valor de los horarios del contrato de prestación de servicios, de acuerdo
con el criterio jurisprudencial definido por el Consejo de Estado en esos casos,
porque se probó que el empleo de auxiliar de enfermería existía en la entidad.

25. Que debió reconocerse el recargo por el trabajo nocturno, dominical y festivo,
acreditado con los cuadros de turnos rotativos y, ordenarse el reintegro de los
descuentos de retención en la fuente, al haberse desvirtuado la legalidad de los
contratos de prestación de servicios.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

26. El 21 de octubre de 2024 fue admitido el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que esto ocurriera.

Las partes guardaron silencio.

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27. El Procurador Tercero delegado ante el Consejo de Estado indicó que debe
confirmarse el fallo de primera instancia, al acreditarse la existencia de los
elementos de la relación laboral.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

28. La Sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de
esa relación.

29. En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará lo relativo
al restablecimiento del derecho y si es procedente reconocer las prestaciones y de
aportes a pensión con una base de liquidación diferente a lo ordenado.

30. También, si hay lugar a ordenar el descuento de lo devengado en virtud de las
vinculaciones con cooperativas de trabajo asociado y reintegrar lo descontado por
retención en la fuente.

31. Finalmente, se estudiará lo relativo al reajuste salarial y el reconocimiento del
trabajo suplementario, nocturno y dominical. Y, lo correspondiente a la condena en
costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

32. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

33. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

34. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.

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35. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos,
por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

36. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución
de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

37. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello

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se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Cooperativas de trabajo asociado

38. De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las
cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de la
economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes a su
vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas,
profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir bienes en común,
prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las necesidades de los asociados
y de la comunidad en general.

39. Los artículos 16 y 17 del citado decreto precisaron que, cuando una cooperativa
envíe a sus asociados a prestar servicios a un tercero en condiciones que
configuren subordinación, se entenderá que existe una relación laboral dependiente
entre el asociado y la persona natural o jurídica beneficiaria de su trabajo.

40. Se les prohibió expresamente que actuaran como empresas de intermediación
laboral o de servicios temporales, o que dispusieran del trabajo de sus asociados
para suministrar mano de obra a terceros. En caso de configurarse tales prácticas,
la cooperativa, sus directivos y el contratante serían solidariamente responsables
de las obligaciones económicas derivadas de la relación laboral.

Respecto de esta modalidad, esta Corporación sostuvo1:

«(...) la finalidad, estructura y funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo
Asociado son distintas a las de las empresas comerciales y, por consiguiente,
es válido que el legislador defina para ellas un régimen diferente, sin que ello
implique el desconocimiento de los derechos laborales constitucionalmente
protegidos. Es decir, que el trabajo asociado no puede ser utilizado
indebidamente para eludir las obligaciones de carácter laboral con los
trabajadores dependientes o subordinados, so pena de comprometer su
responsabilidad ante las autoridades correspondientes», razón por la cual,
cuando «(...) el asociado sea vinculado con otro ente, pero por órdenes
puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, y pretenda que en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas se
reconozca la existencia de una relación laboral, deberá acreditar que se han
consolidado los elementos propios de la misma».

41. En ese orden, al encontrarse acreditado el uso indebido de esa figura
cooperativa y reunirse los requisitos de una relación laboral respecto del tercero que
se beneficia de la labor, en virtud del principio constitucional de la primacía de la
realidad sobre las formas, es plausible declarar su existencia, sin perder de vista el
escenario fáctico y jurídico de cada caso.

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente 23001-

23-33-000-2013-00390-01 (2022).

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Resolución del caso concreto

42. Con las pruebas documentales es posible establecer que la demandante estuvo
vinculada a la E.S.E. como auxiliar de enfermería, en las siguientes modalidades:
(i) del 3 de enero al 30 de abril de 2007 como trabajadora asociada de la Cooperativa
de Trabajo Asociado SURGE; (ii) del 1 de mayo de 2007 al 27 de mayo de 2009,
como trabajadora asociada de la Cooperativa de Trabajo Asociado de
SERVISOCIAL CTA; (iii) del 1 de junio de 2009 al 28 de febrero de 2010, por
contratos de prestación de servicios profesionales suscritos directamente con la
E.S.E. demandada y (iv) del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2011 como asociada
de la Cooperativa de Trabajo Asociado COOATSCOM.

43. Según lo certificaron las cooperativas de trabajo y se pactó en los contratos de
prestación de servicios suscritos entre la E.S.E. y la demandante, esta última recibió
una contraprestación económica con determinada habitualidad.

44. Demostrada la prestación del servicio y la remuneración, se procede a revisar si
efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal del recurso
de apelación de la entidad.

45. Obran los contratos de prestación de servicios n.º 342 de 2009, 509 de 2009 y
030 de 2010, en los que se establecieron como actividades a cargo de la contratista
las siguientes:

• Utilizar la indumentaria exigida por las normas de calidad, (traje completo, zapatos
con suela antideslizante y buena presentación personal).
• Llevar impreso en la blusa el nombre completo y la profesión Auxiliar de Enfermería.
• Conservar y hacer cumplir principios de asepsia y antisepsia en urgencias,
hospitalización y sala de partos.
• Vigilar y controlar los líquidos endovenosos administrados y registrar los líquidos en
la historia clínica, realizando balance por turno.
• Control de signos vitales en los pacientes, e informar cambios.
• Equipar nuevamente las salas de procedimientos, una vez terminado el
procedimiento y dejar la sala en condiciones para nuevo uso.
• Diligenciar los registros indicados por la organización.
• Lavar, secar y clasificar equipos según los procedimientos realizados y entregar en
la Central de esterilización para realizar proceso y verificación del esterilizado.
• Responder por pérdidas y daños causados en los equipos, instrumental e insumos
de apoyo suministrados por la ESE Municipal, cuando su deterioro obedezca al uso
inadecuado por su parte o la perdida durante la ejecución del presente contrato.
• El contratista se obliga a conocer, cumplir y socializar los siguientes documentos:
Protocolos, manuales de procesos y procedimientos de su profesión, guías de
promoción y prevención, normas de bioseguridad, manual de esterilización,
protocolo de complicaciones de su profesión y manejo de desechos.
• Cumplir con los protocolos existentes de la disposición final de desechos
hospitalarios.

46. Además, se estableció que para la ejecución de actividades se concertarían
unas agendas de trabajo, las cuales serían de estricto cumplimiento y, en caso

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contrario, no se certificarían las actividades mensuales por parte del supervisor y no
podría presentarse la cuenta de cobro hasta tanto sean atendidas.

47. Se aportaron los cuadros de turno del personal de auxiliares de enfermería en
la IPS Esperanza de la E.S.E. de junio, agosto, septiembre de 2008, febrero, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009,
enero, febrero, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2010, enero, mayo, junio, julio,
octubre, noviembre y diciembre de 2011. En los listados se incluye a la demandante,
el servicio o dependencia y las iniciales de lo que pareciera indicar la jornada.
Algunos fueron suscritos por la coordinación o gerencia de algunas de las
cooperativas a través de las cuales prestó el servicio.

48. Se cuenta con la declaración del señor Oscar Fernando León Herrera quien
indicó que prestó sus servicios a la E.S.E. en 2007 en el área de archivo y ahí
conoció a la demandante, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería del
área de urgencias de la IPS Esperanza, que tenían contacto porque él estaba
encargado de la gestión de historias clínicas y su puesto de trabajo era en el mismo
campo visual del área de enfermería.

49. Que la vinculación de la actora fue a través de cooperativas de trabajo asociado
y directamente con la E.S.E. Que existían auxiliares de enfermería de planta, con
funciones administrativas y menos carga laboral, su programación era diferente,
solo tenían turnos en horario diurno y su asignación salarial era mayor a la del
personal asociado.

50. Que cumplía el horario asignado en el cuadro de turnos o cronograma de trabajo
mensual fijado para el área asistencial por la entidad; además, las órdenes de la
jefe de enfermería y el médico del turno. Que el incumplimiento del turno acarreaba
llamados de atención y, eventualmente memorandos por parte de la jefe de turno,
quien era la encargada de la vigilancia y control de actividades.

51. Que no le suministraron dotación o los elementos de protección personal
requeridos para el ejercicio de su labor, debía, al igual que los demás contratistas,
adquirirlos. Que los insumos médicos si eran suministrados.

52. La demandante en su declaración indicó que prestó sus servicios a la E.S.E. a
través de algunas cooperativas de trabajo asociado y por contrato de prestación de
servicios directos con la entidad, como auxiliar de enfermería, entre 2007 y 2012.
Que cumplía el mismo horario del personal de planta, fijado por el jefe directo de la
E.S.E. en turnos de seis o doce horas, nocturnos, dominicales y festivos. Que no
solicitó permisos o se incapacitó porque no se vio en la necesidad de hacerlo.

53. Que la remuneración la recibió de las cooperativas y de la E.S.E., de acuerdo
con quien estuviera vinculada en el determinado periodo. Que las asociaciones solo
operaban como un medio o instrumento para hacer el pago, algunas de ellas tenían
una oficina, pero no tenían ninguna relación con el personal.

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54. Que no gozó de vacaciones ni percibió primas o cesantías, ni recibió dotación o
elementos personales para el desarrollo de sus funciones.

55. Que prestó sus servicios en diferentes IPS y centros de salud de la E.S.E. y le
era asignada la dependencia o área, las funciones en cada una de aquellas estaban
dadas por el protocolo y por sus conocimientos asistenciales específicos, pero eran
controlados por un jefe inmediato de la entidad.

56. De la valoración conjunta de las pruebas, la Subsección advierte que se
configura el elemento de la subordinación, porque, se acreditó que la entidad era
quien fijaba las condiciones de tiempo, modo y lugar para ejecutar las actividades
de auxiliar de enfermería.

57. Las estipulaciones contractuales y la prueba testimonial evidencian que la
demandante realizó tareas de auxiliar de enfermería en la E.S.E., consistentes
principalmente en la ejecución de actividades relacionadas con la atención y el
cuidado integral de pacientes. También se muestra que dichas funciones se
desarrollaban bajo parámetros previamente establecidos en los protocolos y
esquema de procedimientos de la entidad.

58. Igualmente, se demostró que cumplía sus labores como auxiliar de enfermería
bajo un esquema de turnos previamente establecidos e impuesto por la entidad. En
ese sentido, las declarantes de manera coincidente expresaron que tenía una
programación específica; además, de forma explícita en los contratos de prestación
de servicios suscritos con la institución pública se indicó que las agendas de trabajo
eran de obligatorio cumplimiento y estarían sujetas a verificación por parte de la
entidad.

59. Si bien es cierto que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el
cumplimento de un horario no involucra por sí mismo prueba de la subordinación3,
así como ha establecido que ciertos servicios específicos deben sujetarse a la
prestación dentro de las instalaciones de la entidad contratante y bajo unos
parámetros mínimos de coordinación que permitan supervisar la consecución del
objeto contratado, es igualmente cierto que estas condiciones de coordinación no
pueden despojar al contratista de la libertad técnica y administrativa, diferencias
fundamentales de la prestación dependiente del servicio.

60. En este caso, es importante precisar, que esta Sección en oportunidades
anteriores2 ha señalado que la labor de enfermería no puede ejercerse de manera
independiente y autónoma, porque estos profesionales de la salud no pueden definir
por sí solos el lugar ni el horario en que prestan sus servicios. De igual manera,
están supeditados a las directrices y órdenes del personal médico frente a los
cuidados especiales que requiere cada paciente y le son fijadas las condiciones de

2 Ver, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 2022, expediente 50001-23-33-000-2014-00227-01 (4679-

2019) y del 23 de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-2020).

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024)

cómo asistirlos.

61. No puede pensarse entonces que la parte actora tenía un margen de libertad y
que determinaba autónomamente el tiempo, modo y lugar donde debía desarrollar
sus funciones. Es evidente, que la E.S.E., a través de sus empleados, impartía
indicaciones puntuales sobre el manejo de asuntos en cada una de las áreas
asignadas, fijaba el lugar y los tiempos en que debía desarrollar su labor asistencial.
Situaciones que demuestran la existencia de una verdadera subordinación.

62. A partir de las anteriores conclusiones, también se evidencia que la vinculación
a través de cooperativas de trabajo asociado desbordó los límites de esa forma
contractual e implicó una tercerización laboral, al haberse configurado la
subordinación y dependencia en la prestación de los servicios profesionales por
parte de la demandante.

63. Es oportuno referir que en la jurisprudencia el Consejo de Estado3 y la Corte
Suprema de Justicia4 han explicado que la tercerización y la intermediación laboral
legales son permitidas en Colombia, pero cuando aquellas desbordan sus límites,
naturaleza y finalidades se convierten en ilegales y conducen al reconocimiento de
relaciones laborales encubiertas y a la protección de los derechos de quienes
resultaron afectados por la indebida utilización de dichas figuras.

64. Para la Sala no hay duda de que el beneficiario directo de los servicios prestados
fue el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., pues, frente a aquel fue que
se materializaron las condiciones de subordinación típicas de una relación laboral.

65. Todo lo anterior conduce a la Sala a concluir que, a pesar de la apariencia que
se quiso dar a la vinculación por parte de la entidad demandada, en aplicación del
artículo 53 de la Constitución Política, la realidad demostrada, por encima de las
formas, es que la demandante, tuvo una relación de carácter laboral con la E.S.E.,
disfrazada en otras formas jurídicas.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia en este punto.

De la prescripción e interrupciones contractuales

Demostrada la subordinación, se procede a verificar los periodos de prestación del
servicio con sus interrupciones.

66. Según las certificaciones allegadas y los contratos de prestación de servicios, la
Sala establece que la señora prestó sus servicios en los siguientes interregnos.

3 Sobre el análisis, ver, entre otras, la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del 9 de junio de 2022,

expediente 2016-00263. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
4 En ese tema, ver, entre otras, las sentencias del SL1210-2022 del 28 de marzo de 2022, radicado: 88214;

SL467-2019 del 6 de febrero de 2019, radicado: 71281

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024)

Vinculación Objeto Plazo Inicio Finalización

Cooperativa SURGE Aux. Enfermería 4 meses 3-Ene-2007 30-Abr-2007

Cooperativa SERVISOCIAL CTA. Aux. Enfermería 1 año y 1 mes 1-May-2007 27-May-2009

CPS 342 con E.S.E. Auxiliar Enfermería 1 mes 1-Jun-2009 30-Jun-2009

CPS 509 con E.S.E. Auxiliar Enfermería 6 meses 1-jul-2009 31-Dic-2009

CPS 030 con E.S.E. Auxiliar Enfermería 2 meses 1-Ene-2010 28-Feb-2010

Cooperativa COOATSCOM Aux. Enfermería 10 meses 1-Mar-2010 31-Dic-2011

67. En cuanto a la finalización del vínculo, reposa la certificación del 24 de agosto
de 20105 de la Cooperativa de Trabajo Asociado COOATSCOM que da cuenta que
la actora prestó sus servicios a la E.S.E, en virtud del contrato de prestación de
servicios asistenciales con esa entidad, desde el 1 de marzo de 2010 hasta la fecha
de expedición del documento, esto es, 24 de agosto de 2010.

68. La Sala advierte que además obran unos comprobantes de pago de dicha
cooperativa por septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, los cuales
fueron reconocidos por el juez de primera instancia. Sin embargo, no sucedió lo
mismo con los correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, a pesar de que los
documentos de pago guardan total concordancia con los descritos antes.

69. Esta decisión debe ser modificada, pues los desprendibles evidencian que la
actora prestó sus servicios a través de la cooperativa en lapsos posteriores a los
certificados por el tercero, pues no de otra forma podría explicarse que recibió una
remuneración en esos periodos.

70. La anterior conclusión, encuentra respaldo con los cuadros de turno o
programaciones que, como se expuso en el acápite anterior, demuestran el
agendamiento en las mensualidades correspondientes a noviembre y diciembre de
2010, enero, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2011.

71. Adicionalmente, en la Certificación del 11 de diciembre de 2014, allegada con el
llamamiento en garantía por parte de la E.S.E., en la que el gerente de la
Cooperativa de Trabajo Asociado COOATSCOM informa lo siguiente:

5 Folio 264 Cuaderno de Pruebas.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024)

72. Así las cosas, existen elementos de prueba que permiten a la Sala concluir que
la demandante prestó sus servicios a la E.S.E., a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado COOATSCOM desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 31 de
diciembre de 2011.

73. En cuanto a la prescripción, debe recordarse que mediante la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 20216, esta Sección adoptó el periodo de treinta
días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre
contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.

74. Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos tengan
objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea inmodificable
puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que quiso la
sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla podrá en
todos los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.

75. De conformidad con el cuadro realizado para la prestación del servicio, se
observa que no existieron interrupciones, por lo que, para efectos de la prescripción,
hay una sola relación laboral.

76. También se tiene que la reclamación administrativa se presentó el 9 de
septiembre de 20137 por lo que se encuentra dentro de los 3 años siguientes a la
culminación de la vinculación; la respuesta por parte de la entidad fue emitida el 13
de igual mes y año, la conciliación prejudicial se declaró fallida el 4 de marzo de
2014 y la demanda se instauró el 31 de marzo del último año mencionado8.

77. De esta manera, no se configuró la prescripción de los derechos laborales
reclamados.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-

2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
7 Folios 35 a 38 del archivo «1_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNONO1» del expediente

digital.
8Folio 118 ibidem.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024)

78. Como consecuencia de lo explicado en este acápite, se modificarán los
numerales tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida el 25 de enero de 2024
por parte del Tribunal Administrativo del Meta, en el sentido de declarar la existencia
de la relación laboral encubierta entre las partes entre el 3 de enero de 2007 y el 31
de diciembre de 2011 y, el consecuente reconocimiento de las prestaciones
económicas y diferencias pensionales en ese mismo lapso.

79. Por lo tanto, se confirmará la decisión de primera instancia en cuanto a la no
prosperidad de la excepción de prescripción y se modificará en cuanto a los
periodos de vinculación demostrados, tal como se dijo anteriormente.

De las prestaciones a reconocer

80. Se observa que, el Tribunal Administrativo del Meta condenó a la entidad
demandada a pagar todas las prestaciones sociales comunes con quienes ocupan
un cargo de planta, teniendo como base la remuneración pactada en los contratos
suscritos en los periodos acreditados.

81. Para la Sala, esa decisión plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro cuál sería el
servidor público con el que debe equipararse el contratista para cancelarle las
mismas prestaciones que a este; además, si se delega esto en la entidad, surgen
inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir
de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía
funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional
del demandante?

82. Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación de las prestaciones. En esas
condiciones, cualquier decisión en ese sentido devendría incierta, impidiendo su
cumplimiento material y efectivo.

83. Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia se
encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se superó
el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la entidad.

84. El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de manera
pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.

85. De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024)

proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.

86. Esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la administración
tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y de no ser
compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso ejecutivo y
solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis de a cuál
cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario para
completar la sentencia.

87. En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso efectivo
a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas partes, la
Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el conflicto y
preste verdadero mérito ejecutivo, para lo cual tendrá en cuenta los honorarios
pactados y liquidará la condena de manera concreta.

88. Por esas mismas consideraciones, resultan improcedentes las pretensiones de
la parte demandante encaminadas a que ordene el reajuste salarial y, que, se
liquiden las prestaciones teniendo como base la asignación salarial del cargo de
auxiliar de enfermería de la E.S.E., pues, se reitera no hay certidumbre absoluta de
que la situación de la actora es totalmente semejante a la de ese empleo o, que,
dentro de la estructura de cargos de planta de la entidad exista otro cargo con mayor
similitud.

89. Así, para el caso será la compensación ordinaria que percibió durante el tiempo
en que estuvo vinculada por intermediación de las cooperativas de trabajo asociado
y el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios,
respectivamente, los que constituyan la base para calcular las prestaciones sociales
a que haya lugar conforme lo dispuesto en los Decreto 1042 y 1045 de 1978 que
regulan el régimen prestacional aplicable a los empleados públicos.

90. Bajo el derrotero9 trazado por esta Sala de Decisión, se precisa que respecto a
la vinculación de la demandante a través de SURGE entre el 3 de enero al 30 de
abril de 2007, se tomará como base para la liquidación el salario mínimo legal
mensual vigente de ese año, ante la ausencia de una prueba específica sobre la
remuneración efectivamente percibida.

91. Frente al periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2007 al 27 de mayo de
2009 en el que la actora prestó sus servicios como trabajadora asociada de
SERVISOCIAL, debe advertirse que:

9 Ver las sentencias del 7 de mayo de 2026, expediente 41001-23-33-000-2021-00095-01 (5929-2024) y del 22

de mayo de 2026, expedientes 6001-23-33-000-2017-00269-02 (5716-2022) y 66001-23-33-000-2018-00208-
01 (1909-2021).

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(i) Se cuenta con los desprendibles de pago de casi todos los meses de 2007,
en los que se indica que la compensación ordinaria correspondió a $ 433.700,
por lo que se tomará ese valor como base de liquidación para toda esa
anualidad;

(ii) Del año 2008 solo se aportó el desprendible del mes de enero, en el que
consta que la compensación ordinaria fue de $ 523.033 y, en ese orden, se
tendrá ese valor como remuneración del periodo comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2008 y,

(iii) Como no se allegó ningún documento que acreditara cuál fue la
compensación ordinaria del 2009, se tendrá como valor de referencia la
compensación ordinaria del 2008 más el incremento del Índice de Precios al
Consumidor de 2009.

92. Finalmente, de la vinculación a través de la cooperativa COOATSCOM no hay
prueba de la remuneración que percibió la demandante en marzo, abril, mayo y junio
de 2010 ni tampoco un parámetro previo que permita deducir el valor de la
compensación ordinaria que percibió con esa asociación en esos lapsos, de manera
que para estos se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente de ese
año.

93. Tampoco se aportó el comprobante de pago de junio de 2011, pero este monto
sí puede inferirse de lo que percibió la actora para el periodo inmediatamente
anterior, esto es, mayo de esa anualidad; ya que como se advirtió, para 2011 se
cuenta con los comprobantes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

94. Aclarado lo anterior, la demandante tiene derecho al pago de las prestaciones
legales que perciben los empleados de una entidad pública del orden territorial, por
ser la demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas antes
citadas, es decir, las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías e intereses a las cesantías, el auxilio de transporte y subsidio de
alimentación.

95. Ahora, es necesario precisar que, en los comprobantes de pago de la
Cooperativa de Trabajo Asociado COOATSCOM se evidencia que percibió durante
los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010 y
enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2011 el concepto de «Auxilio de Transporte». De este modo, en esos
periodos no será reconocida tal prestación, porque resulta evidente que se amparó
el costo de movilización de la trabajadora.

96. El monto recibido por el mencionado auxilio se tendrá en cuenta en el cálculo
de la liquidación de las prestaciones sociales, porque tiene incidencia directa en
algunos de los factores a reconocer, según se define en los decretos citados atrás;

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sin embargo, se restará de la sumatoria del total de la indemnización, a efectos de
no incurrir en un doble pago.

97. La Sala resalta que, aunque en los mencionados comprobantes se enlista el
concepto de «Auxilio de Alimentación y Vivienda», este no puede equipararse al
subsidio de alimentación de los empleados públicos, puesto que las cifras exceden
de manera desbordante el monto fijado por el Gobierno Nacional para esta
asignación en las anualidades correspondientes. En ese orden, pese a que la
denominación pueda resultar similar, es evidente que se trató de una cobertura
distinta y su propósito es desconocido, por lo que este pago no será tenido en cuenta
para la liquidación de las prestaciones toda vez que no es posible determinar a cuál
correspondería.

98. No es procedente el reconocimiento de la prima de servicios ni de la
bonificación por servicios prestados, debido a que, al tratarse de una contratista
que desempeñó funciones en una entidad del orden territorial, el reconocimiento de
esas prestaciones operaría a partir de 2015 y del 1 de enero de 2016,
respectivamente. No obstante, la demandante prestó sus servicios únicamente
hasta el 31 de diciembre de 2011.

99. Tampoco el subsidio familiar definido en la Ley 21 de 1982, como el derecho
en dinero, especie y servicio de los trabajadores de carácter permanente 10 cuya
remuneración mensual fija o variable no sobrepase el límite de treinta y cuatro mil
doscientos pesos ($ 34.200.00) o la suma que equivalga a cuatro veces el salario
mínimo legal11, laboren diariamente más de la mitad de la jornada máxima legal o
totalicen 96 horas de labor durante el respectivo mes12 y tengan personas a cargo13.
Esto, porque, en el caso, pese a que la demandante se encuentra dentro del
requisito de remuneración, actividades y horarios, no acreditó haber tenido personas
a su cargo.

100. En cuanto al calzado y vestido de labor, se advierte que la demandante entre
2007 y 2011 devengó una asignación mensual inferior a dos (2) salarios mínimos
legales y prestó sus servicios por más de tres meses, superándose con esto las
exigencias previstas en la Ley 70 de 1988 para acceder a este beneficio. Además,
no se probó que la entidad le hubiera suministrado las dotaciones como estaba
obligada. Así pues, este reconocimiento deberá realizarse en dinero por haberse
producido el retiro del servicio, a título de indemnización por cada año de servicio,
teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al
momento de la adquisición de la dotación.

101. En cuanto al trabajo complementario y horas extras reclamado, se tiene que
el reconocimiento de una relación laboral encubierta mediante sentencia solo tiene
un efecto declarativo respecto de la existencia del vínculo, pero no convierte en
10 Artículo 18. Ley 21 de 1982.
11 Artículo 20. Ley 21 de 1982.
12 Artículo 23. Ley 21 de 1982.
13 Artículo 27. Ley 21 de 1982.

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exigibles todas las obligaciones propias de una relación formalmente reconocida.
En particular, no es posible exigir al empleador el pago de horas extras ni de
recargos por trabajo dominical y festivo, cuando solo a partir de esta sentencia se
determina que existía una relación laboral.

102. Si bien la jornada máxima legal es de aplicación general, las horas extras y los
recargos por trabajo dominical y festivo no constituyen una consecuencia
automática del exceso sobre dicha jornada, sino que hacen parte de un régimen
que presupone la existencia previa de una relación laboral reconocida, dentro de la
cual el empleador pueda ejercer y se le pueda exigir las facultades de autorización
y compensación propias que se exige.

103. Pretender imponer esa obligación implica atribuirle al empleador un
incumplimiento normativo respecto de una carga que, en ese momento, no le era
exigible, vulnerando así el principio de legalidad.

104. Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $ 24.820.122.

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105. Por lo tanto, se modificará el numeral cuarto de la sentencia del 25 de enero
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, para incluir el valor de la
deuda a cargo de la entidad.

Reintegro retención en la fuente

106. Estima la Sala que es improcedente la devolución de las retenciones
efectuadas, pues el propósito de las decisiones en estos asuntos en los que se
declara el encubrimiento de la relación laboral es el reconocimiento de las
prestaciones que el contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines
pensionales.

107. Igualmente, esta corporación en otras oportunidades14, ha expuesto que «la
declaración de la existencia de dicha relación no implica per se la devolución de
sumas de dinero que se generaron en virtud de la celebración contractual, pues la
finalidad del restablecimiento de derecho es el reconocimiento de emolumentos
salariales y prestacionales dejados de percibir con la relación laboral oculta más no
la devolución de sumas pagadas con ocasión del contrato».

Por lo expuesto, se confirmará la decisión en ese punto.

De la condena en costas de segunda instancia

108. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

109. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

110. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

14 Ver, sentencias del 17 de noviembre de 2011, expediente 25000232500020080065501 (1422-2011); 13 de

mayo de 2015, expediente: 68001233100020090063601 (1224-2014) y del 4 de julio de 2024 expediente 63001-
23-33-000-2019-00159-01 (2006-2021).

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024)

111. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas de
segunda instancia, toda vez que se están haciendo ajustes a la decisión del
Tribunal, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida
en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

112. Por último, se reconocerá personería al Doctor Ernesto Daniel Benavides
Cáceres portador de la T.P 125.629 del C. S de la J. para actuar en representación
de la parte demandante, de conformidad con la sustitución de poder aportada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. MODIFICAR los numerales tercero, cuarto y quinto de la sentencia
proferida el veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo del Meta, los cuales quedarán así:

«TERCERO: DECLARAR que entre la señora LILIANA ORTIZ TRUJILLO
y la E.S.E. MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO existió una relación laboral
entre el 3 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: A título de restablecimiento, CONDENAR a la E.S.E.
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO a reconocer y pagar a la señora
LILIANA ORTIZ TRUJILLO una indemnización equivalente a veinticuatro
millones, ochocientos veinte mil, ciento veintidós pesos ($ 24.820.122),
por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación
realizada en la parte motiva de esta providencia.

Además, cancelar, a título de indemnización, las sumas correspondientes
al calzado y vestido y labor, por cada año de servicio prestado, teniendo
en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal
al momento de la adquisición de la dotación».

QUINTO: ORDENAR a la E.S.E. MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO,
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la Señora
LILIANA ORTIZ TRUJILLO, que corresponde a los honorarios pactados,
mes a mes en todo el periodo laborado, según el cargo desempeñado,
que va desde el 3 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011, y
si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que
se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por este concepto, solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador, para lo cual, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales,
con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar el
porcentaje que le correspondía como trabajador».

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00140-01 (5548-2024)

Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. RECONOCER personería al Doctor Ernesto Daniel Benavides Cáceres
portador de la T.P 125.629 del C. S de la J. para actuar en representación de la
parte demandante, de conformidad con la sustitución de poder aportada.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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