Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01770-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01770-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01770-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2025
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01770-01 (5250-2023)
Demandante: Yeison Alberto Puentes Caviedes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01770-01 (5250-2023)
Demandante: Yeison Alberto Puentes Caviedes
Demandado: Nación-Ministerio del Interior-Unidad Nacional de Protección
Tema: Relación laboral encubierta/Escolta del Departamento
Administrativo de Seguridad (Liquidado)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra
la sentencia de 18 de agosto de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda1
2. Que se declare la nulidad de los oficios 00017865 de 13 de julio de 2015 y 15-
000.45459 de 5 de septiembre de 2015 expedidos por la jefe de la oficina asesora
jurídica de la Unidad Nacional de Protección que negaron la existencia de una
relación laboral entre el 1° de enero de 2004 y el 8 de julio de 2012.
3.Como consecuencia, solicitó que se pague al demandante las prestaciones
sociales y acreencias laborales a las que tendría derecho un trabajador, la
actualización de los valores que sean reconocidos, el cumplimiento de la condena
1 Folios 40 y 41 del expediente.
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Demandante: Yeison Alberto Puentes Caviedes
en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y que se condene en
costas a la entidad pública.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda2
4.El señor Yeison Alberto Puente Caviedes prestó sus servicios personales y
remunerados en favor del Departamento Administrativo de Seguridad a través de
contratos de prestación de servicios celebrados entre el 1° de enero de 2004 y
hasta el 8 de julio de 2012.
5. Durante su vinculación prestó sus servicios bajo la continua subordinación y
dependencia de sus superiores, esto es, con la disponibilidad permanente de
cumplir órdenes, igualmente, ejerció funciones idénticas al personal de
protección que integró la planta de personal de la institución.
6. En el mes de mayo de 2015, presentó derecho de petición en el que solicitó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales no
devengadas. La autoridad administrativa negó dicha solicitud mediante los oficios
00017865 de 13 de julio de 2015 y 15-000.45459 de 5 de septiembre de 2015.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración3
7.Señaló el demandante como vulnerados con la expedición de los actos
opugnados los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 32 de la Ley 80 de
1993; 1°, 19 y 21 de la Ley 909 de 2004; inciso final del artículo 2° del Decreto
2400 de 1968; 1°, 2°, 5°, 8° y 56 del Decreto 643 de 2004.
8. Como concepto de violación invocó la causal de nulidad de infracción de las
normas en que deberían fundarse los actos administrativos enjuiciados en tanto
se aplicaron indebidamente los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, pues,
la retribución por los servicios prestados debe ser proporcional con las
actividades ejecutadas por el trabajador.
9. Sostuvo que la legislación nacional prohibió la celebración de contratos de
prestación de servicios que buscaran la realización de funciones propias de la
institución beneficiaria y correlativamente por su inadecuado uso, se consagró
una sanción al funcionario que acudiera a la citada tipología contractual por fuera
de los objetivos determinados en el estatuto de contratación estatal.
10. Precisó que prestó personalmente los servicios en las mismas condiciones que
los empleados de planta, recibió órdenes, se sometió a una continuada
subordinación, hubo continuidad en la prestación del servicio y percibió una
remuneración.
2 Folios 41 y 42 del expediente.
3 Folios 43 a 49, ídem.
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1.4. Contestación de la demanda4
11. LaUnidad Nacional de Protección mediante apoderada se opuso a las
pretensiones invocadas y como consecuencia de ello, expresó que el personal
que ostentaba la calidad de empleado público era insuficiente para atender la
prestación del servicio de seguridad, razón por la que se acudió a la contratación
por prestación de servicios.
12. Destacó que la relación que se presentó fue de coordinación de actividades
en la que el contratista ejecutó las obligaciones contractuales en aras de cumplir
con el objeto contractual.
13. Formuló como excepciones las siguientes: i) imposibilidad de imputar el hecho
dañoso a la Unidad Nacional de Protección (inexistencia de nexo causal); ii) falta
de legitimación material en la causa por pasiva; iii) falta de causa para pedir; iv)
inexistencia de la obligación/inexistencia de causa jurídica para demandar/falta
de interés jurídico para obrar; v) prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia5
14. El Tribunal dictó sentencia el 18 de agosto de 2022 en la cual decidió: i)
declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta
por la UNP; ii) declarar probada de oficio la excepción de prescripción de los
derechos laborales reclamados y iii) declarar la nulidad de los actos
administrativos controvertidos. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la
parte demanda el giro a favor de los órganos de previsión social a los que estaba
afiliado el demandante de la suma faltante por concepto de aportes pensionales
en el porcentaje que como empleador debió efectuar, luego de realizar la
liquidación de lo efectivamente cotizado y lo que debió cotizar, entre el 1° de
marzo de 2005 al 31 de agosto de 2011, con excepción de los períodos de
interrupción. Finalmente, no se condenó en costas.
15. En primer lugar, verificó que la Unidad Nacional de Protección se vinculó al
proceso como parte demandada en razón a que fue sucesora procesal del
Departamento Administrativo de Seguridad. En consecuencia, gozaba de
legitimación en la causa por pasiva.
16. Dicho lo precedente, corroboró la existencia de los elementos esenciales de la
relación laboral de la siguiente forma:
17. Respecto a la prestación del servicio, indicó que en el período de 1° de marzo
de 2005 al 31 de agosto de 2011 se celebraron contratos con el Departamento
Administrativo de Seguridad cuyo objeto contractual para el que fue contratado
4 Folios 62 a 72 del expediente.
5 Folios 132 a 141, ídem.
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el ciudadano correspondió a la prestación de servicios de escolta. Que, como
consecuencia de la labor realizada percibió una remuneración, tal como se
evidenció en los honorarios pactados por las partes.
18. En lo concerniente a la subordinación, argumentó que según los documentos
aportados al expediente y las declaraciones rendidas, se evidenció que el señor
Yeison Alberto Puentes Caviedes cumplía horario impuesto por el DAS o por el
personal protegido, atendía las órdenes impartidas por la entidad, no elegía el
esquema de seguridad ni el horario de labores, cumplía los lineamientos
normativos y de seguridad señalados por la institución o el protegido, usaba los
elementos de trabajado suministrados por la institución y ejercía las mismas
funciones del personal perteneciente a la planta de la autoridad administrativa.
19. Por lo anterior, concluyó que se acreditaron los elementos de la relación laboral
subyacente con ocasión a la prestación del servicio en el Departamento
Administrativo de Seguridad.
20. En ese sentido, estudió la excepción de prescripción extintiva del derecho,
constató que como la relación laboral culminó el 31 de agosto de 2011, el
interesado podía ejercer su derecho hasta el día 31 de agosto de 2014, sin
embargo, radicó la reclamación administrativa el 5 de junio de 2015, motivo por
el cual, no era procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales
pretendidas a excepción de los aportes pensionales.
1.6. Recursos de apelación
21. La parte demandante6 presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando el reconocimiento de las prestaciones sociales
pretendidas. Para tal fin, delimitó su inconformidad en la declaración de la
excepción de prescripción extintiva del derecho, pues, contrario a lo determinado
en la decisión, el vínculo contractual finalizó el 8 de julio de 2012.
22. De otro lado, la Unidad Nacional de Protección7 solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
23. La institución no tiene legitimación en la causa por pasiva para cumplir la
condena judicial, ya que, a pesar de que es una de las asignatarias de la función
de protección a cargo del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, no
se incluyó la función administrativa bajo la cual se circunscribe el reconocimiento
y pago de acreencias laborales y la liquidación de contratos, en consecuencia,
solicitó condenar al PAP Fiduprevisora S.A, en razón a que la Ley 1753 de 2015
define que esta última asumirá las obligaciones económicas de la entidad
liquidada.
6 Índice 54 de Samai.
7 Índice 53 de Samai.
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24. Toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte del
contratante, máxime cuando en este caso la labor contratada es especialísima,
puesto que de ella depende la vida de quienes son beneficiaros del programa, lo
que justifica que se hubiese designado un supervisor.
25. Elhorario, las órdenes o sugerencias no las imponía el Departamento
Administrativo de Seguridad, en cambio, las definían conjuntamente el protegido
y los contratistas, por lo tanto, había autonomía en el desarrollo de la labor y
podían decidir con cuantos escoltas estaría el beneficiario del esquema de
seguridad.
26. La relación que acaeció fue del orden contractual, ésta obedeció a lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que autorizó a las entidades
públicas para la celebración de contratos de prestación de servicios con el
propósito de realizar actividades no solo de carácter permanente, sino las que de
manera excepcional se requirieran para desarrollar aspectos relacionados con la
administración o funcionamiento de la entidad y estas no pudieran realizarse con
el personal de planta o requieran conocimientos especializados.
27. Debe tenerse en cuenta que una vez el escolta salía de las instalaciones del
DAS, las órdenes y sugerencias las impartía el protegido. Además, en las
misiones era completamente autónomo, nunca se le entregó un manual de
funciones ni se le asignó un horario, simplemente se le indicó que debía asistir a
la entidad para hacerle entrega de las herramientas de trabajo (armas, chalecos,
vehículos blindados) que, por su carácter de alta seguridad, no podían dejarse
en manos de los contratistas.
28. Porúltimo, como el criterio para la imposición de costas es subjetivo y
únicamente procede si se acreditó su existencia, en segunda instancia no es
posible condenar en costas a la entidad.
1.7 Trámite de segunda instancia
29. El 6 de junio de 2025 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso
que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso
regresaría al despacho para fallo.
30. Encontrándose el expediente en la Secretaría de la Sección Segunda, la
procuradora tercera delegada ante esta Corporación emitió concepto8 en el que
solicitó confirmar la decisión de primer grado.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
8 Índice 29 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
31. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9.
32. De tal modo que, como en este asunto si bien ambas partes recurrieron la
decisión proferida en primera instancia, la competencia se limitará a los
argumentos manifestados en cada uno de sus recursos por no comprender toda
la sentencia.
2.2. Problema jurídico
33. Deacuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
34. ¿entre el señor Yeison Alberto Puentes Caviedes y el Departamento
Administrativo de Seguridad (Liquidado) existió una relación laboral encubierta o
subyacente en los períodos en que celebraron contratos de prestación de
servicios?
35. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal, o si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.
36. Además, debe determinarse si, ¿la Unidad Nacional de Protección (UNP) es
la entidad llamada a responder por las consecuencias jurídicas del presente fallo?
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
37. Enlo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
38. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
39. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
40. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
41. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por las partes, el señor
Yeison Alberto Puentes Caviedes suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicios con la autoridad administrativa:
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No. Contrato Objeto contratado Inicio Finalización Valor
El contratista en virtud a sus condiciones
personales se compromete para con él DAS a
prestar sus servicios de protección; con sede
principal en la ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la ciudad donde se asigne el
086 del 28 de esquema protectivo, dentro del componente
$8.340.000
febrero de seguridad a personas, del programa de 01/03/2005 30/08/2005
M/cte.11
200510 protección a Dirigentes Sindicales,
Organizaciones Sociales y Defensores de
Derechos Humanos, conforme a las medidas de
seguridad aprobadas por el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos del
Ministerio del Interior y de Justicia
Interrupción de 125 días hábiles
130 del 27 de
$14.610.840
febrero de Ídem 01/03/2006 30/11/2006
M/cte.13
200612
591 de 1° de
$10.458.110
diciembre de Ídem 01/12/2006 01/04/2007
M/cte.
200614
Interrupción de 59 días hábiles
145 del 28 de $10.355.478
Ídem 01/07/2007 30/12/2007
junio de 200715 M/cte. 16
529 del 19 de
$28.268.080
diciembre de Ídem 01/01/2008 18/12/2008
M/cte.
200717
$14.506.260
M/cte.
173 del 29 de
diciembre de 02/01/200919 30/06/2009
Honorarios
200818
mensuales de
1.575.000
Adición y
prórroga I del
contrato de
Ídem $3.150.000
prestación de 01/07/2009 29/08/2009
M/cte.
173 del 29 de
diciembre de
200820
Adición y
prórroga II del
$1.575.000
contrato de 30/08/2009 28/09/2009
M/cte.
prestación de
173 del 29 de
10 Folios 42 a 47 del archivo titulado «CONTRATO 086 DE 2005 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 866 7», expediente digital, índice 2 de Samai.
11 Valor extraído del acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 086 del 28 de febrero de
2005, visible en el folio 1 del archivo titulado «CONTRATO 086 DE 2005 YEISON ALBERTO PUENTES
CAVIEDES CC 80070746 CAJA 866 7», expediente digital, índice 2 de Samai.
12 Folios 59 a 64 del archivo titulado «CONTRATO 130 DE 2006 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 1013 12», expediente digital, índice 2 de Samai.
13 Valor extraído del acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 130 del 24 de febrero de
2006, visible en el folio 1 del archivo titulado «CONTRATO 130 DE 2006 YEISON ALBERTO PUENTES
CAVIEDES CC 80070746 CAJA 1013 12», expediente digital, índice 2 de Samai.
14 Folios 35 a 40 del archivo titulado «CONTRATO 581 DE 2006 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 406 13», expediente digital, índice 2 de Samai.
15 Folios 27 a 33 del archivo titulado «CONTRATO 145 DE 2007 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 385 4», expediente digital, índice 2 de Samai.
16
Valor extraído del acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 145 del 28 de junio de 2007,
visible en el folio 1 del archivo titulado «CONTRATO 145 DE 2007 YEISON ALBERTO PUENTES
CAVIEDES CC 80070746 CAJA 385 4», expediente digital, índice 2 de Samai.
17 Folios 72 a 78 del archivo titulado «CONTRATO 529 DE 2007 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 386 8», expediente digital, índice 2 de Samai.
18 Folios 40 a 46 del archivo titulado «CONTRATO 173 DE 2008 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 1021 8», expediente digital, índice 2 de Samai.
19 Información extraída del acta de inicio del contrato de prestación de servicios 173 del 29 de diciembre de
2008, visible en el folio 37 del archivo titulado «CONTRATO 173 DE 2008 YEISON ALBERTO PUENTES
CAVIEDES CC 80070746 CAJA 1021 8», expediente digital, índice 2 de Samai.
20 Folios 21 y 22 del archivo titulado «CONTRATO 173 DE 2008 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 1021 8», expediente digital, índice 2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01770-01 (5250-2023)
Demandante: Yeison Alberto Puentes Caviedes
diciembre de
200821
102 del 29 de
$3.150.000
septiembre de 29/09/2009 26/11/2009
M/cte.
200922
Adición y
prórroga del
contrato de Ídem
prestación de $1.050.000
27/11/2009 17/12/2009
servicios 102 del M/cte.
29 de
septiembre de
200923
278 de 18 de
$5.678.400
diciembre de Ídem 18/12/2009 31/03/2010
M/cte.
200924
101 del 31 de $4.914.000
01/04/2010 30/06/2010
marzo de 201025 M/cte.
Adición y
prórroga del
contrato de Ídem
$1.638.000
prestación de 01/07/2020 31/07/2010
M/cte.
servicios 101 del
31 de marzo de
201026
287 del 30 de $8.190.000
Ídem 01/08/2010 27/12/201028
julio de 201027 M/cte.
473 de 28 de
$5.132.400
diciembre de 28/12/2010 31/03/2011
M/cte.
201029
Adición y
prórroga del
Ídem
contrato de
$1.638.000
prestación de 01/04/2011 30/04/2011
M/cte.
servicios 473 de
28 de diciembre
de 201030
87 del 27 de abril $1.638.000
Ídem 01/05/2011 31/05/2011
de 201131 M/cte.
171 del 1° de $1.638.000
Ídem 01/06/2011 30/06/2011
junio de 201132 M/cte.
243 del 1° de $3.276.000
Ídem 01/07/2011 31/08/2011
julio de 201133 M/cte.
21 Folios 8 y 9 del archivo titulado «CONTRATO 173 DE 2008 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 1021 8», expediente digital, índice 2 de Samai.
22 Folios 44 a 48 del archivo titulado «CONTRATO 102 DE 2009 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 962 9», expediente digital, índice 2 de Samai.
23 Folios 66 y 67 del archivo titulado «CONTRATO 102 DE 2009 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 962 9», expediente digital, índice 2 de Samai.
24 Folios 49 a 54 del archivo titulado «CONTRATO 278 DE 2009 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 964 2», expediente digital, índice 2 de Samai.
25 Folios 51 a 57 del archivo titulado «CONTRATO 101 DE 2010 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC. 80070746 CAJA 882 6», expediente digital, índice 2 de Samai.
26 Folios 8 y 9 del archivo titulado «CONTRATO 101 DE 2010 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC. 80070746 CAJA 882 6», expediente digital, índice 2 de Samai.
27 Folios 54 a 60 del archivo titulado «CONTRATO 473 DE 2010 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 1044 4», expediente digital, índice 2 de Samai.
28 Información extraída del acta de liquidación del contrato de prestación de 287 del 30 de julio de 2010,
visible los folios 85 a 87 del archivo titulado «CONTRATO 398 DE 2008 YEISON ALBERTO PUENTES
CAVIEDES CC 80070746 CAJA 398 12», expediente digital, índice 2 de Samai.
29 Folios 54 a 59 del archivo titulado «CONTRATO 473 DE 2010 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 1044 4», expediente digital, índice 2 de Samai.
30 Folios 73 y 74 del archivo titulado «CONTRATO 473 DE 2010 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 1044 4», expediente digital, índice 2 de Samai.
31 Folios 49 a 54 del archivo titulado «CONTRATO 87 DE 2011 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 989 9», expediente digital, índice 2 de Samai.
32 Folios 52 a 57 del archivo titulado «CONTRATO 87 DE 2011 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 989 9», expediente digital, índice 2 de Samai.
33 Folios 47 a 52 del archivo titulado «CONTRATO 243 DE 2011 YEISON ALBERTO PUENTES CAVIEDES
CC 80070746 CAJA 681 7», expediente digital, índice 2 de Samai.
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42. De otro lado, en relación con las declaraciones rendidas por los señores
William Fernando Caicedo Calderón34 y Jorge Eduardo Collazos López35 es
necesario poner de presente que la entidad demandada señaló que sus
expresiones eran parcializadas, toda vez que mantenían una relación de amistad
con el señor Yeison Alberto Puentes Caviedes, por lo que debían ser tratados
como testigos sospechosos.
43. Al respecto, es preciso recordar el deber de imparcialidad, en los términos
prescritos por el Código General del Proceso:
«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos
o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso».
44. Como se puede apreciar, le corresponde al juez determinar que un testigo es
sospechoso y valorar sus declaraciones de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.
45. Ahora bien, para valorar el testimonio, es necesario que las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del relato sean claras, que las respuestas sean
responsivas, exactas y completas36 y que el declarante explique cómo llegó al
conocimiento de los hechos, pues sólo de esta forma el juzgador podrá apreciar
la veracidad de lo expuesto, y determinar si la información se obtuvo de primera
mano, si resulta verosímil, si no contraría los dictados del sentido común o las
leyes de la naturaleza, y, además, si es consonante con el resto del material
probatorio37.
34 Al respecto, el apoderado de la parte demandada formuló las siguientes preguntas: «señor William, usted
manifiesta, en la presentación que usted hizo que no sea demandante, señor Jason, desde el 2005.
¿Actualmente usted todavía mantiene una relación de amistad con él?» Contestó: Sí, sí, claro, claro que
sí. Hasta la actualidad, sí. Yo, por ahí a veces nos hablamos, pero pues ya no es tan frecuente. Intervención
del apoderado de la parte demandada: Ya teniendo en cuenta la respuesta por él, también solicito la tacha
por sospecha, conforme al artículo 11 del Código General del Proceso, en atención a los sentimientos o
intereses que puedan tener, aunando a lo que usted manifestó hace poco, señor William, de que interpuso
una demanda por las mismas circunstancias hoy acá en esta demanda».
35 Sobre el punto, el apoderado de la parte demandada realizó las siguientes preguntas: «señor Jorge, una
pregunta. Buenos días. ¿Actualmente usted tiene una relación de amistad o se hablan de vez en cuando
con el señor Jason, hoy demandante?» Contestó: «Sí, señor, yo tengo una relación de amistad con él, nos
conocimos en el DAS y desde ahí hemos sido amigos» Intervención del apoderado de la parte
demandada: «Señor magistrado, con base en el artículo 211 solicito la tacha por sospecha del testigo para
efectos de que se ha analizado de fondo en la sentencia en atención a que puede tener relación de
sentimientos en esta diligencia. Intervención del magistrado sustanciador: Muchas gracias, doctor. Se hará
la valoración con el rigor propio de esas declaraciones cuando están ligadas con esas relaciones».
36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de febrero de 1965, magistrado
ponente: Gustavo Fajardo Pinzón, publicada en Gaceta Judicial, Tomo CXI, página 54,
37 cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de agosto de 1992, magistrado
ponente: Alberto Ospina Botero, publicada en la Gaceta Judicial 2458, que se encuentra en el Tomo ccxix,
pp. 301 y ss.
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46. Noobstante, tal como se infiere de la norma mencionada, no impide la
declaración de un testigo sospechoso, sino que le impone al juzgador el deber
de apreciarlo con mayor severidad, y que su dicho sea contrastado con las
demás pruebas que existen en el expediente38. De allí que se haga el estudio del
medio probatorio en mención de manera conjunta con los demás elementos
probatorios traídos al proceso.
47. Dicho lo anterior, con el material probatorio allegado al proceso se acreditó la
prestación personal del servicio de seguridad y protección (escolta) dentro del
componente de seguridad a personas, del programa de protección a dirigentes
sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos entre el
1° de marzo de 2005 al 31 de agosto de 2011, interrumpidamente. Y si bien es
cierto, la parte demandante en su recurso afirma que el vínculo contractual con
la entidad demandada terminó el 8 de julio de 2012, la prueba documental traída
al proceso demuestra que lo fue hasta el 31 de agosto de 2011. Razón por la
cual, se mantendrán los extremos temporales fijados por el a quo en la sentencia
apelada.
48. Con relación a la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por el contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que, a partir de los contratos de prestación de servicios, se
extraen los honorarios recibidos por el demandante por concepto de los servicios
ejecutados. Con lo que se acredita este requisito.
49. Encuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala ha afirmado
que «implica una superioridad jerárquica en el esquema organizacional de quien se
atribuye esta facultad sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que
una facultad es una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las
normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta ejecución
del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter administrativo,
que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en la prestación del
servicio contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que identifiquen al
contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva implícita la
superioridad jerárquica contenida de la subordinación»39.
50. En el caso concreto, a efectos de determinar si se configuró o no la
subordinación, se deben analizar los elementos probatorios con el fin de
establecer si existió una relación de subordinación con la autoridad
administrativa.
38 Sentencia de 23 de mayo de 2024; Sección Segunda, Subsección A, radicado 66001-23-33-000-2017-
00083-01 (2190-2020) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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51. Para ello se tendrán en cuenta los criterios expuestos por esta Corporación
en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
52. En esos términos, en cuanto al lugar de trabajo, dadas las características
particulares de la función de escolta, la prestación de su servicio era aleatorio
dado que podía ser desarrollado en distintos lugares. En efecto, el declarante
William Fernando Caicedo Calderón explicó que se cumplían las funciones
«dentro y fuera de la ciudad, por ejemplo, cuando el protegido no estaba, tocaba
presentarse en las instalaciones del DAS desde las ocho de la mañana, tocaba
firmar una planilla donde nos tocaba estar ahí disponibles todo el día hasta las
cinco de la tarde, se volvió en la lista y se verificaba que había estado todo el día
o si no había salido otro servicio para hacer, pues también cuando se estaba ahí
disponible, tocaba prestar seguridad alrededor de las instalaciones del
Departamento Administrativo de Seguridad, también tocaba ir a llevar vehículos
dentro y fuera de la ciudad».
53. No obstante, el común denominador en cuanto al lugar de la prestación del
servicio del señor Yeison Alberto Puentes Caviedes, era la imposición que sobre
estos hacía el DAS en las misiones y órdenes de trabajo, así como la
consecuente información que debía rendirle a la entidad por medio de los
informes de prestación de servicios, respecto a los desplazamientos que
realizaría conforme las indicaciones de su protegido40.
54. Respecto al horario de labores, teniendo en cuenta la naturaleza propia de
las labores ejecutadas por el demándate, se advierte que este, como escolta o
personal de seguridad, estaba sujeto a turnos que dependían de las ordenanzas
emitas por la entidad contratante41.
55. Nótese que el testigo Jorge Eduardo Collazos López ante la pregunta
formulada por el apoderado de la parte demandante ¿en qué consistían los
horarios?, relató que «en estar disponible siempre con el protegido, a la hora que
citara al protegido, teníamos que estar con él, al horario que él quisiera».
56. En todo caso, es de resaltar que para la Sala de Subsección el cumplimiento
de un horario no debe entenderse como un aspecto que, en su análisis particular
y aislado, configure el elemento de la subordinación en la relación laboral
encubierta. Por el contrario, el cumplimiento del horario debe entenderse, en los
contratos de prestación de servicios, como un parámetro lógico que guarda
40 Es de indicar que el numeral 1 de la cláusula octava de la totalidad de los contratos de prestación de
servicios suscritos por el actor con el Das, disponen que aquel contaba con la obligación de cumplir con la
protección personal del protegido en el lugar que se le fuera indicado por la entidad o por el protegido, lo
anterior de la siguiente forma: «[…] 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea
asignado por el DAS o por su protegido […]».
41 Esta Subsección ha llegado a iguales conclusiones en casos de similares premisas fácticas. Ver
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018) CP
Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
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relación con la coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la
correcta ejecución del objeto convenido42.
57. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma
que, para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte
demandante probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y
organizativo de la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades
ejecutadas se encontraban dirigidas de manera irresoluta por la entidad
contratante.
58. Es claro que el demandante no ejecutaba sus funciones de manera autónoma,
pues estaba obligado a cumplir con los turnos que le eran impuestos por la
entidad contratante y ejecutaba su labor conforme a las misiones u órdenes de
trabajo asignadas; de tal manera que, durante la ejecución de su labor debía
seguir las directrices impuestas por el DAS, dado que la función de escolta se
estructuraba a partir de los modelos de seguridad que de manera vertical eran
impuestos por parte de esa entidad, quien no solo le establecía la persona que
debía proteger, sino también los horarios en que debía hacerlo, determinaba los
lugares y forma de ejecutar la función.
59. Ello, se advierte del contenido de los contratos de prestación de servicios
suscritos, en los que el contratista debía cumplir con las actividades de
protección que le asignara la institución43; comunicar a la entidad los
desplazamientos a otras ciudades y novedades en la prestación del servicio 44,
ejecutar sus labores con base en los elementos de dotación dados por la
demandada, tales como vehículos armamentos y radios de comunicaciones45, y
presentar para revisión dentro de los primeros cinco días de cada mes los
elementos de trabajo a la dependencia de control de armamento, radios y
vehículos del DAS, o la que hiciera sus veces46.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós
(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas.
43 Vrg. Contrato de prestación de servicios 101 del 31 de marzo de 2010 «OCTAVA: Obligaciones del
contratista: […] 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS
o por su protegido. […]».
44
Vrg. Contrato de prestación de servicios 529 del 19 de diciembre de 2007 «OCTAVA: Obligaciones del
contratista: […] 8. Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del D.A.S., los
desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las novedades que se
presenten en el servicio. […]».
45 Vrg. Contrato de prestación de servicios 287 del 30 de julio de 2010 «OCTAVA Obligaciones del
contratista: […] 9. mantener en buen estado los elementos logísticos entregados por el DAS y velar por
su buen uso y cuidado, los cuales deberán destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del
presente contrato.».
46 Vrg Contrato de prestación de servicios 69 de 2011: «OCTAVA: Obligaciones del contratista: […] 3.
Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del DAS, o
en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los primero cinco días de cada
mes».
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60. En cuanto a los testimonios, el testigo William Fernando Caicedo Calderón,
mencionó que al interesado se asignaba a un esquema de seguridad mediante
orden escrita y si éste se encontraba en disponibilidad, en el evento de requerirse
un servicio, la orden era tipo verbal47. Complementariamente, destacó que no
existía la posibilidad de elegir el esquema de protección, a propósito, indicó que
«eso lo escogía directamente el jefe de protección del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, era quien le daba a uno la carta para la
presentación y eso, uno no tenía esa de escoger».
61. Con lo anterior fue coincidente el testigo Jorge Eduardo Collazos López al
señalar que «el DAS nos daba las órdenes, nos daba las misiones de trabajo».
62. La Sala considera que, si bien es cierto las citadas declaraciones fueron
tachadas por sospechosas, su análisis riguroso permite otorgarle credibilidad
pues fueron claras, responsivas y coherentes en sus respuestas, sin que se
advirtiera favorecimiento alguno frente al demandante.
63. Por lo anterior, existen elementos de juicio que permiten concluir que en el
ejercicio de las funciones desplegadas por el actor giraban en tornos al cuidado
y protección de personas, de ahí que, no podía desarrollar sus actividades sin
estar sujeto a las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores,
asimismo estar sometido a horarios de trabajo debido a la naturaleza de la labor
encomendada, circunstancias que en efecto desvanecen la figura de
coordinación y desvirtúan la autonomía con la que se presta el servicio que se
entiende es personal.
64. De modo que, se considera que el señor Yeison Alberto Puentes Caviedes se
encontraba inserto bajo la dirección y control efectivo de funciones por parte de
la autoridad administrativa, pues dicha entidad determinaba las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que debía ejecutar sus funciones, sin que sea dable
considerar que ellas estaban regidas bajo el principio de coordinación, pues de
acuerdo con lo expuesto, se advierte que lo que existió entre las partes fue una
verdadera relación de subordinación.
65. Además, es de acotar que esta Subsección con precedencia ha indicado que
las funciones ejecutadas por los escoltas contratistas al servicio del
Departamento Administrativo de Seguridad, por su naturaleza, se ejecutan bajo
el principio de subordinación, dadas las condiciones regladas y uniformes que
se instituyen por sus superiores para la prestación de sus servicios 48. En
consecuencia, se confirmará la decisión de primer grado en lo atinente a la
configuración de los elementos de la relación laboral.
47 Sobre el particular, el declarante manifestó que «cuando se iba a prestar un servicio que uno iba fijo al
esquema de seguridad, era mediante orden escrita, pero cuando se estaba disponible y necesitaban el
servicio, entonces era verbalmente que lo hacían».
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025. Radicado 25000-
234200020130687201 (0121-2019) C.P: Juan Camilo Morales Trujillo.
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2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
66. Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre el
contratista y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o no
de interrupción.
67. El material probatorio revela que el demandante inició labores desde el 1° de
marzo de 2005 hasta el 31 agosto de 2011, lapso en el cual acaecieron dos
interrupciones de 125 y 59 días hábiles en los períodos de 31 de agosto de 2005
a 28 de febrero de 2006 y de 2 de abril de 2007 a 30 de junio de 2007,
respectivamente.
68. De tal manera que, en este caso se dieron tres relaciones laborales
encubiertas, la primera comprendida entre el 1° de marzo de 2005 al 30 de
agosto de 2005, la segunda desde el 1° de marzo de 2006 al 1° de abril de 2007
y la tercera entre el 1° de julio de 2007 al 31 de agosto de 2011.
69. Ello obliga a revisar el término de prescripción, y por consiguiente para su
interrupción, tenía el demandante para la presentación de la reclamación
administrativa para el primer período de la relación laboral hasta el 29 de agosto
de 2008, para el segundo hasta el 30 de marzo de 2010 y para el tercero hasta
el 30 de agosto de 2014.
70. Empero, la petición de reconocimiento y pago de acreencias laborales ante la
demandada se radicó el 5 de junio de 201549, y la demanda fue presentada ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 7 de abril de 201650, por lo
tanto, operó en el fenómeno prescriptivo frente a los derechos laborales
reclamados, toda vez que la actora no presentó reclamación dentro de los 3 años
siguientes a la culminación de los vínculos contractuales, razón por la cual no
hay lugar a reconocer las prestaciones deprecadas en la demanda.
71. No obstante, en aplicación de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 de 9 de septiembre de 2021 el demandante tiene derecho a que la
autoridad administrativa, realice las cotizaciones a pensión, por dichos períodos,
por tratarse de una prestación imprescriptible, tal y como lo determinó el a quo.
2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico
72. La Unidad Nacional de Protección reclamó que no es la entidad pública
legitimada por pasiva y en ese orden de ideas no debe asumir el pago de la
condena, frente a ello, esta instancia destaca que contrario a lo explicado por la
49 Así se indicó en el oficio enjuiciado, 00017865 de 13 de julio de 2015, en éste se señaló que «atendiendo
su petición, recibida el pasado 5 de junio de 2015 con el radicado EXT15-00027623, debemos informarle lo
siguiente […]». Documento visto en los folios 5 a 8 del expediente.
50 Según el sello de recibido visto en el folio 40, ídem.
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demandada, las obligaciones de carácter laboral del extinto DAS se asignaron a
la Unidad Nacional de Protección, de ahí que, es el sucesor procesal de la
referida institución.
73. El Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, dispuso la supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad y ordenó el cese definitivo de sus
actividades; al tiempo que se ordenó en el artículo 3 numeral 3.451 el traslado de
las funciones de seguridad que se encontraban en cabeza del DAS
comprendidas en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004 52 y las
demás que de ella se desprendieran, a la Unidad Nacional de Protección, a
partir de la regulación que para ello se estableciera en un decreto posterior.
74. Al mismo tiempo, se profirió el Decreto 4065 de 2011 53, por el cual se creó la
Unidad Nacional de Protección, y en su artículo 1 dispuso que esta es una
entidad del «orden nacional, […] con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior,
hará parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo
nacional de seguridad».
75. En torno al objetivo de la Unidad Nacional de Protección, el artículo 3 ibidem
dispone que su finalidad es «articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud
de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales,
humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la
violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en
situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida,
integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo
público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario».
76. A su vez el artículo 23 del citado Decreto 4065 de 2011 dispuso el traslado de
archivos del DAS a la UNP en los siguientes términos: «Los archivos de los
cuales sea el titular el Programa de Protección de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) en supresión, a la entrada en vigencia del presente decreto y
que tengan relación con las competencias de la Unidad Nacional de Protección,
51
«Artículo 3°. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto
643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y
organismos, así […]
3.4 La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700
de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada
Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado».
52 «Artículo 2°. Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de
las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: […]
14. Brindar seguridad al presidente de la República y su familia, vicepresidente y su familia, ministros y
ex presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal».
53 «Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura».
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deberán ser transferidos a esta entidad, en los términos que señalen los
representantes legales a través de las Secretarías Generales».
77. A su turno, el Decreto 1303 de 2014 en el artículo 9° estableció que los
procesos judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral y
contractual, en los que sea parte el Departamento Administrativo de Seguridad
o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero, se notificarán a las
entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo con la naturaleza, objeto
o sujeto procesal y que si aquellas no fueron atribuidas a alguna de las entidades
de la Rama Ejecutiva del poder público, corresponderán a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado.
78. Así mismo, la Corporación ha concluido que «la competencia de la
Fiduprevisora es de carácter residual, y atiende a que el proceso o las funciones
no se hayan trasladado a ninguna otra entidad llamada a suceder procesalmente
al extinto DAS»54.
79. Teniendo en cuenta lo precedente, la Unidad Nacional de Protección
interviene en el proceso del epígrafe como sucesor procesal del DAS, pues, la
función de coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección le fue
conferida a la precitada entidad pública, por ende, le asiste la obligación de
asumir la condena del presente negocio.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
81. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado 76001-23-33-000-
2014-00204-01 (4087-2018) CP Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01770-01 (5250-2023)
Demandante: Yeison Alberto Puentes Caviedes
82. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
83. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia, por cuanto
ninguno de los recursos prosperó en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de agosto de 2022 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, conforme lo dicho en la motivación.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para
la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co
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