Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06441-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06441-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-06441-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06441-01 (5785-2022)
Demandante: Luis Enrique Guchuvo Torres
Demandado: Unidad Nacional de Protección
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Escolta del
Departamento Administrativo de Seguridad (Liquidado)
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
la parte demandada contra de la sentencia de 11 de mayo de 2020, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1.
PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad de los oficios E-1300, 05-
201304379 de 13 de marzo de 2013 y E-1300, 05-201306203 de 16 de abril de
2013, expedidos por el jefe de la oficina jurídica del Departamento
Administrativo de Seguridad y el director de la citada entidad, respectivamente,
a través de los cuales se negó el reconocimiento de una relación laboral, así
como también de los emolumentos salariales y prestacionales a las que tiene
derecho el señor Luis Enrique Guchuvo Torres.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho reclamó lo siguiente:
i) Declarar la existencia de una relación laboral entre el demandante y la
autoridad administrativa demandada durante el interregno comprendido
entre el 31 de diciembre de 2005 al 15 de noviembre de 2011.
ii) Reconocer y pagar por concepto de prestaciones sociales, entre esas,
auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de
1 Folios 3 y 4 del expediente.
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Demandante: Luis Enrique Guchuvo Torres
servicios, riesgo, clima, de navidad y de vacaciones, dotaciones, auxilios
de transporte y alimentación, viáticos y los recargos por el trabajo
dominical, festivos y horas extras.
iii) Devolver los dineros pagados por aportes al sistema de seguridad social,
pólizas de garantía y retención en la fuente.
iv) Reconocer las diferencias generadas a favor del demandante por los
incrementos salariales anuales percibidos por los empleados públicos
que se encontraban en la misma condición y categoría que el
demandante.
v) Pagar la sanción moratoria.
vi) Indexar los dineros reconocidos y cumplir la sentencia en los términos
del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
vii) De manera subsidiaria, en caso de no acceder a lo anterior, condenar a
la entidad a pagar el equivalente a 100 SMLMV, por los daños y
perjuicios ocasionados por atender una labor de protección y no recibir
una remuneración adecuada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda2
El señor Luis Enrique Guchuvo Torres fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:
i) Laboró de manera continua e ininterrumpida como escolta en el DAS en
el componente de seguridad a personas y el programa de protección a
dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos
humanos desde el 30 de diciembre de 2005 hasta el 15 de noviembre de
2011 a través de contratos de prestación de servicios. Durante su
vinculación prestó sus servicios bajo la continua subordinación y
dependencia de sus superiores, en el horario y fechas señaladas y en
los diferentes lugares y sedes determinadas por el empleador.
ii) Solicitó al DAS el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella por sus
servicios como escolta; sin embargo, se negó mediante los oficios E-
1300, 05-201304379 de 13 de marzo de 2013 y E-1300, 05-201306203
de 16 de abril de 2013.
2 Folios 5 y 6 del expediente.
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1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación3
Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 1°, 2°, 13, 25, 53, 58, 113, 123, 189 y 336
de la Constitución Política de 1991; 8° del Código Civil; 80 de la Ley 153 de
1887; 32 de la Ley 80 de 1993; 54, 70, 81, 98 y 138 de la Ley 489 de 1998; 5°
del Decreto Ley 3135 de 1968; 2° del Decreto 643 de 2004; parágrafo del
artículo 3° del Decreto 218 de 2000; los Decretos 2400 de 1968, 2110 de 1992
y 200 de 2003.
Como concepto de violación explicó que fue beneficiario de una sucesiva
celebración de contratos de prestación de servicios con funciones de protección
a personas, lo que generó una relación de trabajo permanente y subordinada,
sin autonomía para ejecutar los objetos contractuales.
Afirmó que en virtud del principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal consagrado en el artículo 53 constitucional es clara la desnaturalización
de la relación contractual cuando se acordó mediante la suscripción de
contratos de prestación de servicios la ejecución de funciones permanentes que
eran desempeñadas por los empleados de planta.
1.4. Contestación de la demanda4
La Unidad Nacional de Protección por conducto de mandataria contestó el
petitum demandatorio oponiéndose a las pretensiones de la demanda, sostuvo
que la entidad pública no expidió el acto administrativo impugnado y por ende
no podría restablecer un derecho que no afectó.
Expresó que el demandante fue coproductor y beneficiario de los instrumentos
contractuales, teniendo en cuenta que él participó en dichos actos y no
controvirtió nada, por lo que tendrá que probar si en la fase precontractual
manifestó por escrito su inconformidad y objeción.
Indicó que las labores desarrolladas se coordinaron con el supervisor del
contrato, sin configurarse el grado de subordinación o dependencia propio de
las relaciones ordinarias laborales, el DAS y el contratista en razón a la
experiencia y formación en los temas de protección únicamente acordaron
obligaciones del orden técnico y un tiempo específico para el cumplimiento de
las obligaciones encomendadas.
Aseveró que el Departamento Administrativo de Seguridad contrató los
servicios de una persona natural al momento que las actividades no podían
llevarse a cabo solamente con personal de planta por ser insuficiente.
3 Folios 6 a 11 del expediente.
4 Folios 339 a 349, ibidem.
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Demandante: Luis Enrique Guchuvo Torres
Formuló como excepciones las siguientes: i) inexistencia de nexo causal,
imposibilidad de pedir la nulidad de un acto que no expidió la Unidad Nacional
de Protección; ii) inexistencia de la obligación; iii) falta de legitimación material
en la causa por pasiva; iv) pago y v) genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia5
El 11 de mayo de 2020, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por lo tanto:
i) declaró la nulidad de los actos administrativos acusados;
ii) ordenó el reconocimiento y pago del valor de las prestaciones sociales que
devengaban los escoltas del Departamento Administrativo de Seguridad, área
operativa, oficina de protección especial, para el cargo de escolta, código 205,
grado 5 en el período comprendido entre el 30 de diciembre de 2005 y el 15 de
noviembre de 2011;
iii) ordenó tomar durante el mencionado lapso el ingreso base de cotización
pensional del demandante (el sueldo previsto en la planta del Das para el cargo
de escolta, código 205, grado 5), mes a mes, y si existe diferencia entre los
aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que
el actor deberá acreditar las cotizaciones realizadas al citado sistema durante
los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no se hubieren realizado
o existiere diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador;
iv) ordenó indexar las sumas reconocidas;
v) ordenó dar cumplimiento a la providencia de acuerdo al artículo 192 de la
Ley 1437 de 2011 y vi) negó las demás pretensiones de la demanda.
Para llegar a la anterior decisión, luego de referenciar los contratos de
prestación de servicios suscritos por el actor con el extinto DAS y las pruebas
del plenario, el a quo concluyó que se encontraban acreditados los requisitos
que sustentan una relación laboral subyacente.
En efecto, sobre la prestación personal del servicio se encontró que según el
objeto contractual y las obligaciones que debía cumplir el demandante se
deduce que laboró prestando seguridad a diferentes personas que pertenecían
al programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y
defensores de derechos humanos en Bogotá y en otras ciudades a las que
requirieran desplazarse.
Así mismo, en lo atinente a la remuneración se acreditó con las órdenes de
pago expedidas por la autoridad administrativa a favor del señor Luis Enrique
5 Folios 6 a 11 del expediente.
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Demandante: Luis Enrique Guchuvo Torres
Guchuvo Torres por concepto de honorarios y viáticos.
En torno a la subordinación, se indicó que, con base a los documentos y los
testimonios, se observó que el demandante debía cumplir con las misiones
asignadas, los desplazamientos y las órdenes impartidas por los coordinadores
de seguridad a personas y los coordinadores de seguridad de instalaciones y
avanzadas, adicionalmente, recibía elementos para ejercer las funciones
asignadas, a saber, armamento, vehículos, municiones, chalecos y equipos de
comunicación, funciones que no se desempeñaron temporalmente, por el
contrario, fueron permanentes en la misma forma que el personal de la planta
de la dirección de protección del DAS, además, carecía de autonomía e
independencia en el cumplimiento de las tareas asignadas.
Incluso, en el expediente se aportó la copia de la Resolución 01759 de 17 de
agosto de 2004 «por medio del cual se adopta el manual específico de
funciones y requisitos de los empleos de la planta de personal del
Departamento Administrativo de Seguridad» en la que se estableció que el
cargo de agente escolta, código 205, grado 5 de la oficina de protección
especial tiene la función general de prestar los servicios de protección a
personas, contra riesgos, peligros o amenazas que puedan afectar su
integridad, es decir, comparadas las funciones de ese cargo con los objetos
contractuales y las misiones cumplidas por el interesado, se estableció que
cumplía las mimas tareas esenciales que los funcionarios pertenecientes a la
planta de personal.
Por último, respecto a la solicitud de la parte demandante de ordenar el pago
de las prestaciones sociales no devengadas por la vinculación mediante los
contratos de prestación de servicios, razonó que el reconocimiento se realizaría
con el valor equivalente a las prestaciones sociales que recibían los escoltas
de la institución, liquidadas con base al salario previsto en la planta del
Departamento Administrativo de Seguridad.
1.6. Recurso de apelación
La Unidad Nacional de Protección solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia, por tal razón, expresó los siguientes argumentos:
i) La entidad pública no tiene legitimación en la causa por pasiva para
cumplir la condena judicial, ya que, a pesar de que es una de las
asignatarias de la función de protección a cargo del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad, no se incluyó la función administrativa bajo
la cual se circunscribe el reconocimiento y pago de acreencias laborales
y la liquidación de contratos, en consecuencia, solicitó condenar al PAP
Fiduprevisora S.A, en razón a que la Ley 1753 de 2015 define que esta
última asumirá las obligaciones económicas de la entidad liquidada.
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ii) El objeto contractual se enmarcó en la realización de actividades
inherentes al funcionamiento de la entidad y la labor del demandante
consistió en prestar el servicio de protección que otorgaba el Ministerio
del Interior a ciertas personas que era administrado por el Das y, para el
que no se contaba con personal de planta suficiente, sin desbordar los
parámetros de la contratación estatal.
iii) El horario, las órdenes o sugerencias no las imponía el Departamento
Administrativo de Seguridad, en cambio, las definían conjuntamente el
protegido y los contratistas, por lo tanto, había autonomía en el desarrollo
de la labor y podían decidir con cuantos escoltas estaría el beneficiario del
esquema de seguridad.
iv) No se demostró que efectivamente se prestó los servicios con
subordinación y dependencia a la autoridad administrativa, la relación
solamente fue de carácter contractual, las instrucciones y parámetros
establecidos sobre el horario, las órdenes, las misiones, la vigilancia y
supervisión por parte del demandante correspondían al cumplimiento de
obligaciones mutuas y a la coordinación de actividades entre el
contratante y el contratista.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
El 27 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente
regresaría al despacho para fallo6.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 8, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, la entidad
6 Conforme al informe secretarial visto en el índice 20 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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demandada es apelante único, el análisis se encuentra limitado a los reparos
concretos formulados por ésta.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar sí existió una relación
laboral encubierta entre el señor Luis Enrique Guchuvo Torres y el
Departamento Administrativo de Seguridad (Liquidado) en el interregno
comprendido entre el 30 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2011,
y si como consecuencia de ello, le asiste el derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión a dicho vínculo,
así como por concepto de aportes a la seguridad social en pensiones; o si se
configuró el fenómeno de la prescripción; o si por el contrario existió una
relación eminentemente contractual con la entidad mencionada, sin derecho a
prestación alguna.
De probarse la relación laboral encubierta previamente citada, debe
determinarse si, ¿la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad llamada
a responder por las consecuencias jurídicas del presente fallo?
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las
partes.
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por
esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario
igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio
111 de la OIT,9 constituye, junto con otros principios convencionales,10 un
axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
10 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la
Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de
los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo
recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes
términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido
que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar
ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
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ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto
contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se
materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador
del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la
categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las
exigencias del artículo 122 de la Carta Política11.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la
necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma
esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas
dentro del expediente.
11 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-
31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto
se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable»
puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad
justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el
tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un contrato
futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no puedan
concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas
naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201612, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la
relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de
los tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo
contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad
entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a
partir de sus fechas de finalización13, por lo que de no presentarse la
reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
12 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
13 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada
en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación
de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
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relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término14.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
2.4. Análisis de la Sala
El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:
1. Contratos de prestación suscritos entre el demandante y el
Departamento Administrativo de Seguridad: De acuerdo con las pruebas
documentales aportadas, el señor Luis Enrique Guchuvo Torres suscribió los
siguientes contratos de prestación de servicios con la autoridad administrativa:
Contrato de
# prestación de Inicio Terminación Objeto contractual Valor
servicios
El contratista en virtud
de sus condiciones
personales se
compromete para con
el D.A.S. a prestar los
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C.
y eventualmente en la
30 de diciembre 28 de febrero de $2.817.616
1 578 de 200515 ciudad donde se
de 2005 2006 M/cte.16
designe el esquema de
protectivo, dentro del
componente seguridad
a personas, del
programa de protección
a dirigentes sindicales,
organizaciones
sociales y defensores
de derechos humanos,
14 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
15 Folios 20 a 25 del expediente.
16 Según acta de liquidación del contrato, folio 27, ibidem.
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Número interno: (5785-2022)
Demandante: Luis Enrique Guchuvo Torres
conforme a las
medidas de seguridad
aprobadas por el
Comité de
Reglamentación y
Evaluación de Riesgos
del Ministerio del
Interior y de Justicia
1° de marzo de 30 de noviembre $17.700.990
2 032 de 200617 Ibidem
2016 de 2016 M/cte.18
1° de diciembre 30 de junio de $15.799.110
3 499 de 200619 Ibidem
de 2006 2017 M/cte.20
1° de julio de 30 de diciembre $13.784.040
4 283 de 200721 Ibidem
2007 de 2007 M/cte. 22
1° de enero de 31 de diciembre $28.831.040
5 580 de 200723 Ibidem
2008 de 2008 M/cte.
1° de enero de 28 de diciembre $21.759.390
6 104 de 200824 Ibidem
2009 de 2009 M/cte.
29 de
17 de diciembre $6.728.130
7 170 de 200925 septiembre de Ibidem
de 2009 M/cte. 26
2009
18 de diciembre 31 de marzo de $8.702.049
8 237 de 200927 Ibidem
de 2009 2010 M/cte. 28
1° de abril de 30 de junio de $10.057.672
9 62 de 201029 Ibidem
2010 2010 M/cte.30
1° de julio de 31 de diciembre $9.720.163
10 255 de 201031 Ibidem
2010 de 2010 M/cte.32
17 Folios 29 a 34 del expediente.
18 Según acta de liquidación del contrato, folio 38, ibidem.
19 Folios 40 a 45, ibidem.
20 Según acta de liquidación del contrato, folio 47, ibidem.
21
Folios 49 a 55, ibidem.
22 Según acta de liquidación del contrato, folio 57, ibidem.
23 Folios 59 a 66, ibidem.
24 Folios 68 a 78, ibidem.
25 Folios 79 a 86, ibidem.
26 Según acta de liquidación del contrato, folio 88, ibidem.
27 Folios 91 a 96 del expediente.
28 Según acta de liquidación del contrato, folios 99 a 101, ibidem.
29 Folios 102 a 110, ibidem.
30 Según acta de liquidación del contrato obrante en el CD del folio 395, ibidem.
31 Folios 111 a 117, ibidem.
32 Según acta de liquidación del contrato obrante en el CD del folio 395, ibidem.
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Demandante: Luis Enrique Guchuvo Torres
1° de enero de 30 de abril de $10.626.639
11 440 de 201033 Ibidem
2011 2011 M/cte.34
1° de mayo de 31 de mayo de $2.514.418
12 69 de 201135 Ibidem
2011 2011 M/cte. 36
1° de junio de 30 de junio de $2.514.418
13 152 de 201137 Ibidem
2011 2011 M/cte.38
1° de julio de 30 de septiembre $7.543.234
14 226 de 201139 Ibidem
2011 de 2011 M/cte.40
1° de octubre de 15 de noviembre $3.771.627
15 295 de 201141 Ibidem
2011 de 2011 M/cte.42
2. Ejecución de los contratos de prestación de servicios: La ordenadora
del gasto del Departamento Administrativo de Seguridad a través de certificado
expedido el 19 de diciembre de 201243 constató que la entidad pública celebró
con el señor Luis Enrique Guchuvo Torres los contratos de prestación de
servicios N° 578 de 2005, 032 de 2006, 499 de 2006, 283 de 2007, 580 de
2007, 104 de 2008, 170 de 2009, 237 de 2009, 62 de 2010, 255 de 2010, 440
de 2010, 69 de 2011, 152 de 2011, 226 de 2011 y 295 de 2011, así mismo,
mediante certificación expedida el 26 de febrero de 201044 por la coordinadora
de seguridad a personas de la institución se indicó que el demandante presta
sus servicios como escolta contratista desde el 31 de diciembre de 2005.
3. Actas de inicio y certificados de cumplimiento de los contratos de prestación
de servicios N° 578 de 2005, 032 de 2006, 499 de 2006, 283 de 2007, 580 de
2007, 104 de 2008, 170 de 2009, 237 de 2009, 62 de 2010, 255 de 2010, 440
de 2010, 69 de 2011, 152 de 2011, 226 de 2011 y 295 de 201145.
4. Órdenes de pago de los honorarios causados en favor del demandante por
el Departamento Administrativo de Seguridad, correspondientes a los contratos
de prestación de servicios N° 032 de 2006, 580 de 2007, 104 de 2008, 170 de
2009, 237 de 2009, 255 de 2010 y 62 de 201046.
33 Folios 118 a 126, ibidem.
34 Según acta de liquidación del contrato obrante en el CD del folio 395, ibidem.
35
Folios 127 a 132 del expediente.
36 Según acta de liquidación del contrato, folios 135 y 136 del expediente.
37 Folios 137 a 142, ibidem.
38 Según acta de liquidación del contrato obrante en el CD del folio 395, ibidem.
39 Folios 143 a 150, ibidem.
40 Según acta de liquidación del contrato obrante en el CD del folio 395, ibidem.
41 Folios 152 a 158, ibidem.
42 Según acta de liquidación del contrato obrante en el CD del folio 395, ibidem.
43 Folio 20, ibidem.
44 Folio 294, ibidem.
45 Documentos visibles en el CD del folio 395 del expediente.
46 Todas las órdenes de pago de los contratos referenciados yacen en los folios 178 a 216, ibidem.
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5. Actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios suscritos
entre el señor Luis Enrique Guchuvo Torres con el Departamento Administrativo
de Seguridad47.
6. Informes48 bajo misión de trabajo presentadas por el señor Luis Enrique
Guchuvo Torres a la coordinación de seguridad, instalaciones y avanzadas de
la autoridad administrativa en los que bajo la gravedad de juramento aseguró
el cumplimiento de sus misiones de trabajo.
7. Certificados de permanencia de fecha 13 de febrero de 2007 y 11 de
diciembre de 200749 mediante los cuales un subteniente de la estación de
policía de Melgar, el director seccional del Das en el departamento del Meta y
el inspector de policía del municipio de la Victoria (Cundinamarca) indicaron
que el demandante permaneció en esos sitios para desempeñar funciones
propias como escolta50.
8. Formato de asignación del vehículo Chevrolet Rodeo identificado con placa
BIB-748, fechado el 17 de septiembre de 2008 e identificado con radicado
161351 35, en el que se destaca que en el epígrafe de «conductores a los que
se asignara» se incluyó el nombre del demandante, también, éste se
identificaba con número de carnet.
9. Oficios OPES.GSIA.ATP 260449 de 10 de noviembre de 200652,
OPES.GSIA.ATP 154846 de 6 de julio de 200653, OPES.GSIA.ATP 1437964
de 21 de agosto de 200854, OPES.GSIA.ATP 21972 de 2 de febrero de 200655,
OPES.GSIA.TP 17894A de 5 de febrero de 200856 dirigidos a «JV PARKING»
en los que se informaba al establecimiento que el señor Luis Enrique Guchuvo
era la persona autorizada para dejar y retirar del parqueadero los vehículos
automotores Chevrolet Rodeo BIB763, Toyota Hilux BIB773 o Hyundai
Veracruz ION033.
10. En el expediente se encuentra un total de 55 misiones y órdenes de trabajo
que se extienden desde febrero de 2007 hasta el mes de marzo de 201157, en
los que el Departamento Administrativo de Seguridad, a través de su oficina de
protección especial y el coordinador/a del grupo de seguridad a instalaciones y
avanzadas, le precisan al demandante las indicaciones con las cuales debía
desarrollar su servicio como escolta, entre ellas se detallan: i) duración y lugar
47
Todas las actas de liquidación de los contratos se encuentran en el CD del folio 395, ibidem.
48 Folio 271, así mismo, todos los informes de visión se encuentran en el CD 395, ibidem.
49 Folios 272, 274 y 275, ibidem.
50 Folios 272, 274 y 275, ibidem.
51 Folio 287 del expediente.
52 Folio 296, ibidem.
53 Folio 297, ibidem.
54 Folio 298 del expediente.
55 Igualmente, en el CD ubicado en el folio 395 del expediente se visualizaron la totalidad de los
certificados de permanencia expedidas por las autoridades policiales y administrativas.
56 Folio 304, ibidem.
57 Folios 217 a 270 y folio 273, ibidem.
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en la que se ejecutó el servicio; ii) la persona (s) determinada (s) a las cuales
se le prestó el servicio de protección; iii) el armamento de protección asignado
por la entidad para la prestación del servicio y iv) se detalla que el
funcionamiento del servicio debía ser realizado atendiendo las instrucciones
que el jefe del grupo de protección dispusiera58.
11. Oficios del comité central del partido comunista colombiano con fechas 3
de junio de 2010 y 30 de junio59 de la misma anualidad en los que le informaba
a la coordinadora de seguridad de instalaciones y avanzadas del Departamento
Administrativo de Seguridad que el demandante prestaría los servicios de
seguridad durante los días 5 de junio y 1° al 5 de julio de 2010 a un dirigente
de dicha organización política.
13. Testimonios. El día 22 de agosto de 201760, en la audiencia de pruebas61,
se escucharon en declaración jurada a los señores Jaime Rodríguez Prieto y
Antonio María Bustos Cruz, a continuación, se relaciona lo dicho por ellos.
Jaime Rodríguez Prieto
Preguntas formuladas por el magistrado sustanciador: «[…]. PREGUNTADO: Sírvase
precisarnos hace cuánto tiempo que lo conoce, en dónde lo conoció y en qué
circunstancias o por qué motivo lo conoció. CONTESTÓ: EL Señor Luis Enrique Guchuvo
lo conozco aproximadamente a partir del año 2005 más concretamente como
compañeros de trabajo en el antiguo departamento administrativo de seguridad DAS.
Compartimos labores en el sentido de que yo soy agente de protección en el DAS, agente
escolta y el señor Guchuvo ingresó también para cumplir esas funciones y ahí compartir
algunas, por razones del trabajo compartíamos algunas actividades de los protegidos
para los cuales prestamos el servicio y allí fuimos digamos estableciendo una relación
de compañeros de trabajo y de amistad. PREGUNTADO: Sírvase informarnos si usted
estuvo vinculado con el departamento administrativo de seguridad, con qué clase de
vinculación, en qué período de tiempo y quiénes fueron sus jefes supervisores o
coordinadores en las labores que usted desempeñó allí. CONTESTÓ: Ingresé al
departamento administrativo de seguridad DAS el 14 de julio de 1999 hasta el 31 de
diciembre del 2011, cuando hubo la supresión del DAS, los jefes inmediatos que
recuerde en la época, el señor Restrepo que era jefe de la oficina de protección en el
DAS, el señor José Alirio Nocove, el mayor Herrera y otros que, el señor Benítez, el
doctor Aguilar y así sucesivamente otros jefes que pasaban por esa oficina a la cual yo
dependía. PREGUNTADO: Sírvase precisarnos si tiene conocimiento de la forma de
vinculación al DAS del señor Luis Enrique Guchuvo Torres, el periodo de vinculación,
desde cuándo y hasta cuándo, qué actividades desarrollaba, las dependencias y el lugar
en donde prestaba sus servicios. CONTESTÓ: al señor Luis Enrique Guchuvo lo conocí
desempeñándose como escolta, como ya lo dije antes en el departamento administrativo
de seguridad aproximadamente a partir del 2006 y hasta cuándo terminó el DAS, cuando
fue reemplazado por la unidad nacional de protección. Compartimos, repito, labores, él
como contratista en el departamento, en el caso mío estoy vinculado de planta y allí pues
también desempeñamos funciones iguales, puesto que él entró para ingresar en los
esquemas de protección asignados por el departamento, en el cual también yo cumplía
esas funciones. PREGUNTADO: Precísenos dónde él prestaba sus servicios, en qué
lugar, en qué localidad, en qué municipio, en qué ciudad. CONTESTÓ: en la ciudad de
Bogotá, en las oficinas centrales en Paloquemao, en el antiguo edificio del DAS y de allí
se impartían todas las relaciones a las labores, por tratarse de agentes de escolta y
58 Así mismo, en el CD ubicado en el folio 395 del expediente se encuentran formatos adicionales de
misiones y órdenes de trabajo.
59 CD del folio 395, ibidem.
60 Acta visible en el folio 416 a 420, ibidem.
61 Actas visibles en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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contratistas para protección, pues nuestra permanencia o nuestras funciones se
realizaban en exterior a estos edificios, pero sujetos a las instrucciones que nos
dieran los jefes que antes nombré, como es una vez terminado el servicio de
escoltar a los protegidos debíamos regresar al departamento, hacer la dejación de
armamento, vehículos y todos los elementos que estuvieran a nuestra disposición
para prestar el servicio de protección. PREGUNTADO: Infórmenos si sabe o le consta,
en el caso concreto del señor Guchuvo, quién lo supervisaba o quién controlaba las
actividades que él desarrollaba, en qué consistían esos controles de esas actividades,
en qué días y en qué horarios desarrollaba esas actividades. CONTESTÓ: las
actividades de los señores contratistas, en el caso del señor Guchuvo e inclusive
nuestras por ser de escoltas, estaban sujetas al horario que nos asignara el
departamento que era las necesidades del servicio de los protegidos, a quien
reportábamos a la central de radio, en su época se llamaba dorado, por unos elementos
radios que nos que nos daban para hacer las comunicaciones de inicio del servicio, que
muchas veces era a cinco de la mañana, a seis, de acuerdo a la solicitud y reportábamos
también allí el fin del servicio cuando terminábamos, que también podía ser 7, 8, 9, 10,
11 de la noche, dependiendo la necesidad del servicio, siempre esa era la asignación
que nos hacían los jefes inmediatos en el departamento, como dije antes, dependiendo
de la oficina de protección a cargo de los señores que nombré, el señor Restrepo, el
señor Aguilar, Benítez, otros»62. Pregunta formulada por el apoderado de la parte
demandante: «[…]. PREGUNTADO: Indíquele al despacho o precísele las obligaciones
según nos ha manifestado anteriormente que tenía el señor Luis Guchuvo para con el
DAS y si eran las mismas que cumplía usted como como trabajador de planta de ese
organismo. CONTESTÓ: sí señor, las funciones del señor Guchuvo Enrique son las
mismas que cumplimos los agentes de escolta en su época, hoy agentes de protección,
que es prestar el servicio de escolta a los protegidos que estaban como dignatarios en
el departamento administrativo de seguridad, allí nuestras funciones las desarrollamos
de acuerdo a las instrucciones de los jefes inmediatos que ya he nombrado, el señor
Aguilar, bueno los que estuvieran a cargo las oficinas de protección en el DAS, esas eran
las funciones de tanto de contratistas como los agentes de planta. PREGUNTADO: Tiene
conocimiento para la prestación de ese servicio al señor Luis Guchuvo qué
elementos le eran entregados para prestar ese servicio y si eran los mismos que
le asignaban a usted como trabajador de planta. CONTESTÓ: sí señor, los
contratistas que así se llamaban en este caso Enrique Guchuvo, les entregaban el
armamento igual que a nosotros, una pistola, los radios de comunicación, la
munición, portaban un carné también en su parte posterior de sus fotos y de sus
nombres tenía el sello del departamento administrativo de seguridad y debían
hacer las mismas funciones que nosotros, en el caso del reporte de determinación
e inicio de sus servicios. PREGUNTADO: Indíquele al despacho si tiene conocimiento,
sí, dentro de las labores que realizaba el señor Luis Guchuvo y usted como agente de
escoltas, le prestaban en ocasiones o en algunas ocasiones seguridad a una misma
persona, es decir, había escoltas mixtos de planta y tantos contratistas.
CONTESTÓ: sí,
había el servicio dentro de un mismo esquema, compartíamos agentes de escolta con
los contratistas, prestando la seguridad a un mismo protegido, dependía de la cantidad
de escoltas que le asignaran a ese protegido, en mi caso particular compartí con varios
de ellos contratistas, no tuve la oportunidad de compartir con el señor Henrique
Guchuvo un mismo esquema, pero como dije anteriormente, sí coincidíamos en
algunos eventos donde se encontraban los protegidos y así pues se fue
estableciendo la relación de compañeros de trabajo. PREGUNTADO: Usted tiene
conocimiento qué pasaba con el señor Luis Henrique Guchuvo cuando la persona que
le era asignada para proteger tenía que ausentarse o irse fuera del país o fuera de la
ciudad por temas personales, qué pasaba con los contratistas, específicamente con el
señor Luis. CONTESTÓ: el señor Luis Enrique Guchuvo al igual que nosotros cuando el
protegido que teníamos asignado salía del país o inclusive de la ciudad y no lo
acompañábamos a su desplazamiento, debíamos presentarnos al departamento
administrativo de seguridad DAS en condición de disponibilidad»63. Preguntas
formuladas por el magistrado sustanciador: «PREGUNTADO: Precísenos dos cositas,
primero ¿cuál era el cargo que usted ocupó, o cuáles cargos ocupó en el DAS, mientras
estuvo atendido en el DAS? ¿Qué cargos ocupó usted? CONTESTÓ: sí señor, en el
departamento administrativo de seguridad DAS fui durante el tiempo que estuve allí
62 Minuto 8:36 a 16:20 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
63 Minuto 16:23 a 20:55 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
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agente escolta, ese era el grado 5 que era la denominación que teníamos allí en el caso
de los que estábamos vinculados de planta. PREGUNTADO: Precísenos señor
Rodríguez, ¿usted conoció o supo a qué personas le prestó el servicio de protección al
señor Guchuvo? CONTESTÓ: sí señor, en el departamento se creó un programa de
protección para defensores de derechos humanos y dirigentes de izquierda, de este
programa fuimos vinculados varios, en el caso mío, en el caso del señor Enrique para
proteger a los dirigentes del Partido Comunista y de la Unión Patriota, esa ha sido la
relación que se ha tenido en la prestación de este servicio, conocí al señor Guchuvo
prestándole seguridad al señor Mario Upegui, que fue concejal de Bogotá, recuerdo que
trabajó con él, y bueno, entre otros protegidos que hay de la Unión Patriota y del Partido
Comunista. PREGUNTADO: ¿No recuerda otros nombres de protegidos? CONTESTÓ:
no, no recuerdo señor magistrado»64. Preguntas formuladas por el apoderado de la
Unidad Nacional de Protección: PREGUNTADO: «[…] puede manifestar al despacho qué
funciones o qué actividades contractuales desarrollaba el señor Luis Enrique Guchuvo. CONTESTÓ: el señor Luis Enrique Guchuvo prestaba el servicio de seguridad a
dignitarios del departamento. ¿Qué son las actividades de seguridad? escoltar, en la
cual él debía conducir los vehículos asignados, portar su arma de dotación, tener su radio
de comunicaciones y cumplir las funciones asignadas por los encargados de la oficina
de protección en el departamento con unas funciones específicas de seguridad, de
protección a dignitarios. PREGUNTADO: Quiere decir que netamente cumplía las
actividades contractuales o adicionalmente desempeñaba alguna otra función. CONTESTÓ: discúlpeme mi ignorancia, no entiendo lo de contractuales, Puedo referirme
a que cumplía las mismas funciones que él, que eran propias del contrato, como agente
escolta y él como contratista, lo asignado para la protección» 65. Pregunta formulada por
el magistrado sustanciador: «[…]. PREGUNTADO: precísenos si dentro de las
actividades que desarrollaba el señor Guchuvo o la actividad principal era escolta o
conductor o las dos actividades, precísenos cómo era esa actividad. CONTESTÓ: sí
señor, los requerimientos para ejercer esta profesión, tanto contratistas como en el caso
de nosotros, agentes escoltas, los requisitos y condiciones para ejercerlo son, debemos
saber conducir, hay entrenamiento en el manejo de armamento, en las mismas
comunicaciones. PREGUNTADO: La pregunta es sobre las actividades concretas del
señor Guchuvo, ¿él era escolta o era conductor o son diferentes actividades relacionadas
con la protección?, es decir, en mi desconocimiento de la operación concreta, una cosa
podría ser escoltar y otra cosa es conducir, en el caso del señor Guchuvo, ¿cuál era la
función que usted le conoció? ¿Escoltaba, seguía el vehículo en otro vehículo o conducía
el vehículo, lo que usted le conste? ¿Qué era exactamente lo que hacía él? CONTESTÓ:
a mí me consta que el señor Guchuvo conducía los vehículos asignados para el esquema
y escoltaba a la vez, aclaro que la protección a dignitarios y las funciones que uno cumple
depende de la cantidad de escoltas que tenga el protegido, cuando el protegido tiene
asignado tres, cuatro, cinco unidades, pues uno tiene que cumplir todas esas funciones,
conducir, escoltar, todo, es uno de los requisitos que se tienen para ingresar a
desempeñar esta función, en ese caso, el señor Enrique Guchuvo cumplía esas
funciones»66. Preguntas formuladas por la agente del Ministerio Público: «[…]. PREGUNTADO:
Usted en respuesta anterior cuándo se le preguntó que cuando el
protegido no se encontraba en la ciudad o fuera del país, los hacían ir al DAS. ¿qué clase
de servicio prestaban entonces? ¿qué hacían allá en el DAS cuando se les hacía ir,
cuando no estaba el protegido asignado? ¿qué hacía el señor? CONTESTÓ: el
departamento tenía una minuta dónde uno se inscribía, en este caso a contratistas y en
el caso del señor Enrique Guchuvo, el trato personal, se inscribía uno en una
minuta de disponibilidad y ahí debía permanecer en las instalaciones esperando
que le asignaran a uno otra función o en su defecto, esperando que el protegido
llegara, es decir, debía permanecer en las instalaciones del departamento. PREGUNTADO: ¿Eso significa que quedaban a disposición, pero no asistían a otro
protegido? CONTESTÓ: normalmente lo dejaban a uno en disponibilidad dependiendo
del tiempo en que se demora el protegido porque como las asignaciones son
personalizadas, tienen un protegido permanente, entonces si el protegido va a llegar por
decir algo en tres días, lo dejaban a uno disponible en el caso del señor Enrique y a todos
disponibles esperando que el protegido llegara. PREGUNTADO: ¿Pero qué labores
64 Minuto 21:17 a 23:02 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
65 Minuto 23:05 a 27:33 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
66 Minuto 23:05 a 29:46 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
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hacían? ¿En ese tiempo qué hacían? CONTESTÓ: permanecer dentro de las
instalaciones atento a cualquier requerimiento de los jefes»67.
Antonio María Bustos Cruz:
Preguntas formuladas por el magistrado sustanciador: «[…]. PREGUNTADO: Desde
cuándo conoce al señor Guchuvo, en dónde lo conoció, por qué motivos o en qué
circunstancias. CONTESTÓ: si señor, él tiene un hermano laborando unos años
anteriores a la vinculación de él por parte de la planta global del DAS, posteriormente
hicieron las gestiones, él se vinculó en el año 96, en el 2005, creo que a finales del 2005,
y de ahí nos hicimos conocidos frente a que nosotros pertenecíamos a los esquemas de
protección del Partido Comunista y los sobrevivientes de la Unión Patriótica, entonces él
entró a ese esquema de seguridad, el cual nosotros ya estábamos cubriendo, y fue
asignado en dos ocasiones a trabajar conmigo en el mismo esquema. PREGUNTADO:
[…] Informe lo que le conste, acerca de las actividades que desarrollaba el señor
Guchuvo a lo largo de toda su vinculación, no solo durante el tiempo que usted afirma
coincidieron o en el mismo esquema, sino en el resto del tiempo de vinculación del señor
Guchuvo, ¿qué actividades desarrollaba? CONTESTÓ: nosotros como actividad
principal era brindarnos la protección en la integridad de los personajes que nos fueran
asignados, porque tenían un nivel de riesgo, el cual consistía en prestarles protección,
nos asignaban unos vehículos, los vehículos los daba el departamento directamente,
después eso lo tercerizaron también, ya usan rentadoras de vehículos, no son ya de la
unidad ni del DAS, sino ya era por parte de rentadoras, los elementos, en el caso de las
pistolas o armamento que requería para prestarles dicho servicio, eso los otorgaba
directamente el DAS, a ellos les otorgaba también el departamento, el armamento,
después fue cuando ya lo cogió totalmente la privada y ya el armamento de la entrega
se lo asigna, es la empresa privada que tenga el contrato con la empresa estatal. PREGUNTADO: infórmenos, lo que usted sepa, le cueste, sobre quién dirigía,
supervisaba o coordinaba y controlaba las labores que desempeñaba el señor Guchuvo,
en qué días, en qué jornadas, en qué horarios realizaba esas actividades y quién, reitero,
hacía esos controles o supervisión. CONTESTÓ: primero, si era un esquema de más de
dos personas, tres personas, cinco, entonces el coordinador del grupo, que era un
trabajador o un empleado directamente del DAS, eso normalmente lo daban era a la
persona que estuviera vinculada a planta, ese cargo, los horarios, pues, uno tenía
horario de entrada pero no tenía horario de salida porque uno firmaba y le decían
que tenía que tener la disponibilidad de las 24 horas y si el coordinador cumplía
con esa misión, pues, entonces le tocaba a la otra persona, una especie de
subordinación con la coordinación, entonces tenía que cumplir el mismo horario,
había descansos de vez en cuando, cuando se iba, el personaje salía del país, de pronto
el personaje decía, este fin de semana no voy a salir y efectivamente, pues, se
aprovechaba como descanso. Pero el tiempo era total, incluso cuando se iba el
personaje, uno quedaba en disponibilidad en el departamento, no era que podía de
pronto tramitar o solicitar el permiso de descanso y era a conciencia del jefe
inmediato, cuando eso era el señor Restrepo, estaba el señor Aguilar, después el
señor Chamorro, que fueron los jefes inmediatos que nosotros tuvimos, y la otra
vez que nosotros hacíamos un reporte de inicio de labor a diario y finalización de
turno, inicio de turno y finalización de turno [..] PREGUNTADO: ¿Qué cargo o cargos
ocupó usted durante su vinculación con el DAS? CONTESTÓ: mi nombramiento fue
agente escolta, pero a raíz de la experiencia que iba adquiriendo en estas cuestiones,
entonces muchas veces me tocó como coordinador de grupo, en el caso del doctor Mario
Upegui, ya fallecido, en el caso del secretario general del partido Jaime Caicedo, en el
caso del doctor Carlos Lozano, esos esquemas.
PREGUNTADO: ¿Ese cargo de agente
escolta tenía algunos niveles o grados? CONTESTÓ: sí, señor, grado 05»68. Pregunta
formulada por el apoderado de la parte demandante: «PREGUNTADO: quiénes eran
los jefes directos del señor Luis Guchuvo en el DAS, y si eran los mismos suyos,
y cómo recibían órdenes de ellos, si le consta. CONTESTÓ: sí, en eso entonces
estaba el DAS dividido en varias secciones, lo que era PJ, criminalística, y nosotros
pertenecíamos a la subdirección de protección, en esa subdirección de protección había
un doctor Pinillos, el mayor Acero, que fueron como los directores de esa subdirección,
y los jefes inmediatos estuvo el señor Chamorro, el señor Aguilar, el señor Restrepo,
67 Minuto 29:47 a 31:28 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
68 Minuto 44:50 a 53:16 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
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incluso estaba una señorita Jenny, que no me acuerdo el apellido de ella, ella está
actualmente en la unidad. PREGUNTADO: ¿Esas mismas personas que usted acaba
de señalar, eran los mismos jefes del señor Luis Guchuvo, o cambiaban por ser
contratistas? CONTESTÓ: no señor, eran directamente los mismos, Incluso
nosotros necesitábamos salir a alguna misión, nos tocaba abrir una minita y dejar
el reporte hacia dónde se salía, y con la autorización directa y expresa de esos
jefes inmediatos, nos otorgaban una misión firmada por ellos, sin esa misión no
se puede salir a hacer ningún acompañamiento a ninguno de los personajes. PREGUNTADO: Cuando usted señala y habla de misiones las misiones, esas misiones
o esas autorizaciones, permisos, ¿quién los pasaba al DAS?, ¿Ustedes como el señor
Luis Guchuvo, como contratistas, o ustedes como agentes, o era el protegido
directamente el que coordinaba todo? CONTESTÓ: no, en el Partido Comunista había
siempre un delegado para coordinar las salidas, entonces se hacía la solicitud a ese
coordinador, y ese coordinador enviaba los correos para que autorizaran las salidas, o
en físico muchas veces, porque se refundían los correos y todas esas vainas, entonces
se hacía en físico, a nosotros nos daban una solicitud de misión, nosotros la radicábamos
en la Oficina de Servicios Especiales a la cual nosotros pertenecíamos, y pasadas dos
horas o el tiempo, o si había tiempo, entonces al otro día uno pasaba y recogía la misión
que era ya firmada la Oficina, la que nos otorgaba la Oficina de Servicios Especiales. PREGUNTADO: Qué elementos le entregaban al señor Luis Guchuvo para la prestación
de ese servicio, dónde se los entregaban, quién los entregaba y cómo le hacían ese
seguimiento a esos elementos que le eran entregados. CONTESTÓ: algo así, siempre
en transportes había una Oficina de Transportes ahí dentro de la misma
Subdirección de Protección a cargo del señor Antonio, y ahí le asignaban a uno el
vehículo donde fuera a transportar al personaje, Había un armerillo donde le
asignaban el arma, y a esa arma se le hacía revisión mensualmente, a lo que era al
carné, al porte, y al arma y a la munición, mensualmente, y el chaleco también que
le asignan a uno, un chaleco antibalas, los radios, si no tenían radios, entonces ya
empezaron a salir en esa época los Avanteles, entonces cambiaron los radios por
Avanteles, y los Avanteles, por medio de los Avanteles, uno hacía los reportes de
inicio de labores y de terminación de turno. PREGUNTADO: usted tiene conocimiento
si el señor, cuando se ausentaba, la persona que estaba protegiendo, señor Luis
Guchuvo, qué pasaba con él, ¿se podía irse a descansar a su casa o tenía que quedar
a disposición de alguien? ¿Cuál era ese procedimiento cuando la persona a protegerse
tenía que ausentarse por cualquier motivo? CONTESTÓ: automáticamente se escribía
en la minuta de la oficina, para notificar que el personaje salía de viaje, se iba a
encontrar por fuera, y entonces quedaba en disponibilidad de la oficina, en un caso
que requirieran algún personal de refuerzo en algún otro de los servicios, se
reasignaba mientras llegaba el personaje, y en algunos casos había campo, y
entonces le dejaban a uno, dependiendo del número de días, entonces le dejaban
uno o dos días de descanso.
PREGUNTADO: […] ¿Durante el tiempo que usted
conoció al señor Luis Guchuvo, o sea, durante el tiempo que prestó ese servicio, y que
se está demandando 2005-2011, usted tiene conocimiento, le cuesta si durante ese
tiempo el DAS contrató a través de un contrato laboral, o sea, igual de planta como el
suyo, ¿a alguna persona usted tiene ese conocimiento? CONTESTÓ: claro que sí, a
nosotros nos sorprendió, digamos, en el caso de, porque nosotros entrábamos todos por
planta, y posteriormente aparecieron las contrataciones que venían dándose, la
vinculación por contrato, pero también nos sorprendía, digamos, cuando nosotros
íbamos a reentrenamientos, o incluso en los mismos pasillos, encontraba a una gente
nueva, porque ellos argumentaban era que la contratación estaba cerrada dentro del
departamento, que no había eso, pero uno encontraba mucha gente nueva, con carnés,
por el número de series, entonces a veces uno se daba cuenta que eran nuevos[…]» 69. Preguntas formuladas por el apoderado de la Unidad Nacional de Protección: PREGUNTADO: […] ¿El señor Luis Enrique Guchuvo Torres tenía autonomía
contractual frente al ejercicio del objeto del contrato? CONTESTÓ: yo pienso que
ellos nunca tuvieron autonomía porque ellos cumplían los mismos horarios que nosotros
y las disponibilidades son las veinticuatro, a nosotros actualmente nos requieren a la una
de la mañana, a la una de la mañana tenemos que parar y nos ha tocado hacerlo, no es
cuento, es una realidad, entonces si nosotros teníamos esa obligación entonces con más
veras el muchacho, el joven que estaba de contrato y más por no perder el vínculo laboral
69 Minuto 31:45 a 44:40 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
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porque tú sabes que en este país es duro conseguir trabajito y entonces por esa razón
los muchachos se someten totalmente […]»70.
Así las cosas, con el acervo probatorio, se tiene demostrada la prestación
personal del servicio del señor demandante comoquiera que fue vinculado al
extinto Departamento Administrativo de Seguridad seccional Valle del Cauca
para prestar los servicios de seguridad y protección (escolta) dentro del
componente de seguridad a personas, del programa de protección a dirigentes
sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, a
través de 15 contratos de prestación de servicios, los cuales, junto con sus
respectivas prorrogas, se extienden sin solución de continuidad por el período
comprendido entre el 30 de diciembre de 2005 al 15 de noviembre de 2011,
esto es, por 5 años, 10 meses y 16 días.
De la misma manera, con esos elementos de juicio y demás documentales
recaudados en el expediente, tales como las órdenes de pago y los
comprobantes de pago de honorarios profesionales, se demuestra el segundo
elemento de la relación laboral, esto es, la contraprestación o remuneración,
que se refiere a las sumas de dinero recibidas por el demandante durante la
ejecución de sus labores.
En cuanto al otro elemento esencial de la relación laboral, este es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, conforme con lo
previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo
de duración del contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»71.
En el caso concreto, se tiene acreditado que el demandante estuvo vinculado
por 5 años, 10 meses y 16 días a la sede central del Departamento
70 Minuto 53:19 a hora 1:02:51 de la audiencia de pruebas de 17 de enero de 2018.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio
de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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Administrativo de Seguridad, ejerciendo funciones de escolta y cumpliendo
el mismo objeto contractual72. De forma que, resulta necesario establecer
indicios que determinen la existencia de subordinación en la ejecución de las
labores a cargo del actor en el presente asunto, atendiendo lo expuesto por
esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES22021, en la
que precisó como tales los siguientes:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo
puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la
imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar
la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo
que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector,
organizativo disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que
esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un
ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho
de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de
72 «El contratista en virtud de sus condiciones personales se compromete para con el D.A.S. a prestar los
servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. y eventualmente en la ciudad
donde se designe el esquema de protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del programa
de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos,
conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia».
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la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo».
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de
los siguientes ítems:
i) Lugar de trabajo: del análisis en conjunto del acervo probatorio, tales como
los contratos de prestaciones de servicios y las órdenes y misiones de encargo
de prestación del servicio de vigilancia, se colige que, dadas las características
particulares de su función de escolta, la prestación de su servicio era aleatorio
dado que podía ser desarrollado en distintos lugares. Lo anterior se evidencia,
por ejemplo, en que para el período comprendido entre el 30 al 31 de marzo de
2010 el actor prestó sus servicios en los municipios de Ibagué (Tolima) y
Chinauta (Cundinamarca)73, y posteriormente, entre el 25 al 27 de marzo de
2011 cumplió funciones de escolta en el municipio de Flandes (Tolima)74.
No obstante, el común denominador en cuanto al lugar de la prestación del
servicio del señor Luis Enrique Guchuvo era la imposición que sobre estos
hacía el DAS en las misiones y órdenes de trabajo, así como la consecuente
información que debía rendirle a la entidad por medio de los informes de
prestación de servicios, respecto a los desplazamientos que realizaría
conforme las indicaciones de su protegido75.
De manera que, es dable advertir la sujeción a la que se encontraba sometido
el demandante por parte del Departamento Administrativo de Seguridad en lo
concerniente al lugar del desarrollo de sus funciones.
ii) Horario de labores: De las pruebas aportadas al plenario y de la naturaleza
propia de las labores ejecutadas por el demandante se advierte que este como
escolta o personal de seguridad, estaba sujeto a turnos que dependían de las
ordenanzas emitidas por la entidad contratante76.
iii) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: Según
lo expuesto con precedencia, este requisito se configura al probarse que el
contratista se insertó en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, a partir de órdenes que lograran direccionar la manera en que, en
tiempo, modo, lugar y cantidad de trabajo, el contratista desarrollaba sus
funciones.
73 Folio 218 del expediente.
74 Folio 217, ibidem.
75 Es de indicar que el numeral 1 de la cláusula primera de la totalidad de los contratos de prestación de
servicios suscritos por el actor con el Das, disponen que aquel contaba con la obligación de cumplir con la
protección personal del protegido en el lugar que se le fuera indicado por la entidad o por el protegido, lo
anterior de la siguiente forma: «[…] 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea
asignado por el DAS o por su protegido […]».
76 Esta Subsección ha llegado a iguales conclusiones en casos de similares premisas fácticas. Ver
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018)
CP Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
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Analizadas las pruebas allegadas al plenario y valoradas en conjunto y bajo el
principio de la sana crítica, es claro que el demandante no ejecutaba sus
funciones de manera autónoma, pues estaba obligado a cumplir con los turnos
que le eran impuestos por la entidad contratante y ejecutaba su labor conforme
a las misiones u órdenes de trabajo asignadas; de tal manera que, durante la
ejecución de su labor debía seguir las directrices impuestas por el DAS, dado
que la función de escolta se estructuraba a partir de los modelos de seguridad
que de manera vertical eran impuestos por parte de esa entidad, quien no solo
le establecía la persona que debía proteger, sino también los horarios en que
debía hacerlo, determinaba los lugares y forma de ejecutar la función.
Ello, se advierte del contenido de los contratos de prestación de servicios
suscritos, en los que el contratista debía cumplir con las actividades de
protección que le asignara la autoridad administrativa77; ejecutar sus labores
con base en los elementos de dotación dados por la entidad, tales como
vehículos armamentos y radios de comunicaciones78, y presentar para revisión
dentro de los primeros cinco días de cada mes los elementos de trabajo a la
dependencia de control de armamento, radios y vehículos del DAS, o la que
hiciera sus veces79.
A propósito, se destaca que los 2 testigos traídos al proceso expresaron que
conocieron al señor Luis Enrique Guchuvo Torres cuando actuaban en calidad
de agentes de protección en el Departamento Administrativo de Seguridad y
determinaron la época en la que desempeñaron sus funciones, veamos: a)
Jaime Rodríguez Prieto inició a laborar el 14 de julio de 1999 hasta el 31 de
julio de 2011 y b) Antonio María Bustos Cruz comenzó a trabajar en el año
1996, no obstante, a pesar de que el declarante Jaime Prieto afirmó que no
compartió con el demandante un mismo esquema de seguridad si coincidieron
en múltiples eventos en los que participaron los protegidos a cargo de ellos,
razón por la cual, se considera que estos testigos son directos y conocen la
ciencia de su dicho porque también prestaron sus servicios en la entidad
pública demandada durante los extremos temporales en los que el demandante
suscribió contratos de prestación de servicios con la demandada y fueron
compañeros de trabajo.
Las manifestaciones dadas por las testigos fueron coherentes y pacíficas en
señalar que, en la ejecución de las labores contratadas el demandante debía
cumplir órdenes de los jefes de la oficia de protección, entre ellos de los señores
Restrepo y Aguilar, y que cuando los beneficiarios de los esquemas de
77 Vrg. Contrato de prestación de servicios 237 de 2009 «OCTAVA: Obligaciones del contratista: […]
1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su
protegido. […]».
78 Vrg. Contrato de prestación de servicios 62 de 2010 «NOVENA Obligaciones del DAS: […] 4.
Suministrar y efectuar mantenimiento a los elementos dados como dotación, vales decir, vehículos,
armamento y radios de comunicaciones».
79 Vrg Contrato de prestación de servicios 69 de 2011: «OCTAVA: Obligaciones del contratista: […] 3.
Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del DAS,
o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los primero cinco días de
cada mes».
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protección salían del país o se dirigían a otro lugar sin los escoltas, tanto los
vinculados a la planta de personal y los contratistas debían firmar una minuta y
presentarse a la oficina del DAS dado que en ese momento quedaban en
condición de disponibilidad, es decir, atender los requerimientos que por
razones del servicio hicieran los superiores.
Por otra parte, el deponente Jaime Rodríguez Prieto aseveró que también le
constaba que el ciudadano conducía los vehículos asignados a los esquemas
de seguridad y prestaba el servicio protectivo concomitantemente, asimismo, el
declarante Antonio María Bustos Cruz afirmó que pertenecían a los esquemas
de protección del partido comunista. Lo anterior es coincidente y no es
contradictorio con los medios de pruebas documentales, pues, conforme a los
Oficios OPES.GSIA.ATP 260449 de 10 de noviembre de 2006,
OPES.GSIA.ATP 154846 de 6 de julio de 2006 , OPES.GSIA.ATP 1437964 de
21 de agosto de 2008 , OPES.GSIA.ATP 21972 de 2 de febrero de 2006,
OPES.GSIA.TP 17894A de 5 de febrero de 2008 es cierto que el demandante
conducía vehículos del Departamento Administrativo de Seguridad con los que
se adelantaban servicios de seguridad, igualmente, de la lectura de solicitudes
del comité central del partido comunista colombiano de los días 3 y 30 de junio
de 2010 se destaca que el actor integró el esquema de seguridad de un
dirigente del mencionado partido político el día 5 de junio de 2010 y entre el 1°
al julio de esa anualidad.
De modo que, se considera que el señor Luis Enrique Guchuvo se encontraba
inserto bajo la dirección y control efectivo de funciones por parte de la entidad
pública, pues ésta determinaba las condiciones de tiempo, modo y lugar en que
debía ejecutar sus funciones, sin que sea dable considerar que ellas estaban
regidas bajo el principio de coordinación, pues de acuerdo con lo expuesto, se
advierte que lo que existió entre las partes fue una verdadera relación de
subordinación.
Además, es de acotar que esta Subsección con precedencia ha indicado que
las funciones ejecutadas por los escoltas contratistas al servicio del
Departamento Administrativo de Seguridad, por su naturaleza, se ejecutan bajo
el principio de subordinación, dadas las condiciones regladas y uniformes que
se instituyen por sus superiores para la prestación de sus servicios80.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral:
80 Ver entre otras, las sentencias del 1 de septiembre de 2022, expediente 2012-00162-02 (6229-2019);
26 de enero de 2013 expediente 2012-00121-01 (3578-2013) y del 21 de septiembre de 2013 expediente
2013- 00324-01 (0215-2018).
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La Sala considera que la función desempeñada por el demandante era de
competencia y responsabilidad del extinto DAS, pues así lo dispone el Decreto
2110 de 1992, en concordancia con el Decreto 643 de 2004.
En efecto, siguiendo lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto 372 de 1996,
por el cual se establece el funcionamiento del Ministerio del Interior y de Justicia
y se dictan otras disposiciones complementarias, se regula lo relacionado a la
Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos
y se determina que tal entidad, adscrita al Ministerio del Interior, cuenta con la
obligación de actuar preventivamente en los casos inminentes de riesgos y
amenazas de los derechos humanos, a través del desarrollo de programas
especiales para su protección, preservación y restablecimiento; emprendiendo
de oficio las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, así
como la protección de los denunciantes81. Para dichas actividades, la Dirección
General contaba con el apoyo del DAS, así como de otras entidades del Estado.
Posteriormente, el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2110 de 1992 dispuso
como funciones generales adscritas al funcionamiento del DAS la de «Proteger
al Presidente de la República y a su familia en la forma que él determine, a los
Expresidentes, y prestar servicios de seguridad personal a quienes por razón
del cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de
atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse
perturbaciones del orden público» (subrayado de la Sala).
Luego, el Decreto 643 de 2004 en su artículo 2, detalló nuevamente las
funciones generales del DAS82, facultando a la entidad de seguridad para
adelantar las funciones de protección del Estado, con la responsabilidad de
brindar los servicios de protección a las personas designadas en los programas
81 “Artículo 28. DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS. La
Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, tiene
por objeto actuar, preventivamente, en casos de amenaza inminente de los derechos humanos, desarrollar
programas especiales para su protección, preservación y restablecimiento; y emprender de oficio las acciones
correspondientes ante las autoridades judiciales, así como la protección de los denunciantes. Lo anterior, sin
detrimento de las funciones del Ministerio Público o de otras autoridades.” El artículo 29 de la misma norma,
dispone para el logro del objeto señalado en el artículo anterior, las siguientes funciones: “a) Adelantar las
acciones y los programas de protección de los derechos humanos que le asignen el Consejo Gubernamental de
Derechos Humanos y el Ministro del Interior;
(…)
d)Desarrollar con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad y otros organismos, el Programa de
Protección Especial a Testigos y Personas Amenazadas, para la seguridad de las personas amenazadas por la
violencia política y, en casos particulares de extremo riesgo de violación de los derechos a la vida y la integridad
personal;”.
82 “ARTÍCULO 2. FUNCIONES GENERALES. Entidad suprimida por el artículo 1 del Decreto 4057 de 2011. El
Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la
Ley 489 de 1998, las siguientes: (…) Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente
y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva
legal.
(…)
PARÁGRAFO. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos
en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de
dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El
Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por
otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.”
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implementados por el Ministerio del Interior y de Justicia, lo cual realizaba a
través del personal que estuviera a ella vinculado.
De esa manera, es de concluir que las funciones de seguridad que ejerció el
actor, aunque se fundaban en el programa de protección creado en un primer
momento por el Ministerio del Interior, lo cierto era que, en lo atinente a su
concreción, la entidad a cargo de ello resultaba ser el extinto DAS siguiendo las
preceptivas jurídicas previamente indicadas.
Por tanto, al ejecutar el actor sus funciones de escolta por 5 años, 10 meses y
16 días al servicio del DAS, se evidencia que desempeñó tareas y funciones
que inherentemente debían ser desarrolladas por el personal de la entidad y
resultaban ser del giro ordinario de la misma.
En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por el demandante, como lo
sostiene la entidad recurrente en el escrito de alzada; pues de esos mismos
medios de convicción se advierte con claridad meridiana que en realidad existió
entre las partes una relación laboral subyacente, en donde el actor ejecutó sus
labores de manera subordinada a través de la imposición de horarios, labores,
elementos para su realización y los lugares en los que se prestaba el servicio;
debiéndose confirmar en consecuencia, la sentencia de primera instancia en
torno a este aspecto.
Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si bien
se confirmó la existencia de una relación laboral encubierta, ello no implica que
el demandante obtenga la categoría de empleado público, pues no median los
componentes a fin de declarar una relación legal o reglamentaria en los
términos del artículo 122 de la Carta Política.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
Ahora bien, es necesario poner de presente que una vez se ha comprobado la
existencia de la relación laboral entre la contratista y la entidad pública, en tanto
se ha descubierto la simulación del contrato de prestación de servicios,
corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en algún momento.
En el presente caso, no se presentaron interrupciones entre los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes, la prestación del servicio fue
continua e ininterrumpida, además, como la finalización del último vínculo
ocurrió el 15 de noviembre de 2011 y la reclamación administrativa fue
presentada el 27 de febrero de 2013, no operó el fenómeno prescriptivo frente
a los derechos laborales reclamados, ello, teniendo en cuenta que, contrario a
lo alegado por la recurrente, la parte demandante presentó reclamación dentro
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de los 3 años siguientes a la culminación de su vinculación, como
acertadamente lo concluyó el juez de primera instancia.
2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico
La Unidad Nacional de Protección reclamó que no es la entidad pública
legitimada por pasiva y en ese orden de ideas no debe asumir el pago de la
condena, frente a ello, esta instancia destaca que contrario a lo explicado por
la demandada, las obligaciones de carácter laboral del extinto DAS se
asignaron a la Unidad Nacional de Protección, de ahí que, es el sucesor
procesal de la referida institución.
Pues bien, el Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, dispuso la supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y ordenó el cese definitivo
de sus actividades; al tiempo que ordenó en el artículo 3 numeral 3.483 el
traslado de las funciones de seguridad que se encontraban en cabeza del DAS
comprendidas en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 200484 y las
demás que de ella se desprendieran, a la Unidad Nacional de Protección, a
partir de la regulación que para ello se estableciera en un decreto posterior.
Al mismo tiempo, se profirió el Decreto 4065 de 201185, por el cual se creó la
Unidad Nacional de Protección, y en su artículo 1 dispuso que esta es una
entidad del «orden nacional, […] con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior,
hará parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de
organismo nacional de seguridad».
En torno al objetivo de la Unidad Nacional de Protección, el artículo 3 ibidem
dispone que su finalidad es «articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud
de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales,
humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la
violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en
situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida,
integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo
público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario».
83
«Artículo 3°. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del
Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes
entidades y organismos, así […]
3.4 La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto
1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa
denominada Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado».
84 «Artículo 2°. Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de
las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: […]
14. Brindar seguridad al presidente de la República y su familia, vicepresidente y su familia, ministros
y ex presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal».
85 «Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura».
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A su vez el artículo 23 del citado Decreto 4065 de 2011 dispuso el traslado
archivos del DAS a la UNP en los siguientes términos: «Los archivos de los
cuales sea el titular el Programa de Protección de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) en supresión, a la entrada en vigencia del presente decreto y
que tengan relación con las competencias de la Unidad Nacional de Protección,
deberán ser transferidos a esta entidad, en los términos que señalen los
representantes legales a través de las Secretarías Generales».
A su turno, el Decreto 1303 de 2014 en el artículo 9° del Decreto 1303 de 2014
estableció que los procesos judiciales, reclamaciones de carácter
administrativo, laboral y contractual, en los que sea parte el Departamento
Administrativo de Seguridad o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del
primero, se notificarán a las entidades que hayan asumido las funciones, de
acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron
atribuidas a alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público,
corresponderán a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Teniendo en cuenta lo precedente, la Unidad Nacional de Protección interviene
en el proceso del epígrafe como sucesor procesal del DAS, pues, la función de
coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección le fue conferida a
la precitada entidad pública, por ende, le asiste la obligación de asumir la
condena del presente asunto.
2.5. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a
condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica,
por lo que en esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo
análisis, de la revisión de los argumentos presentados por las partes, no puede
observarse dicha situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las
razones en defensa jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en
costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2020, proferida por
la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual accedió parcialmente a pretensiones de la
demanda formuladas por el señor Luis Enrique Guchuvo Torres contra la
Unidad Nacional de Protección, por lo dicho en la motivación.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de
origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.
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