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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00079-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00079-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el ordinal séptimo de la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que condenó en costas a la parte demandada, por los motivos expuestos en esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 23 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Radicado: 76001-23-33-000-2012-00079-01 Número interno: (3038-2023) Demandante: William Humberto Serna Ospina SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda radicada por el señor William Humberto Serna Ospina contra la Unidad Nacional de Protección. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: RECONOCER a la abogada Luz Angelly Álvarez Peña, identificada con cédula de ciudadanía 1.010.174.983 de Bogotá y tarjeta profesional 180.602 del C.S de la J., como apoderada de la Unidad Nacional de Protección, en los términos del poder especial conferido. QUINTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2012-00079-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00079-01 (3038-2023)
Demandante: William Humberto Serna Ospina
Demandado: Unidad Nacional de Protección

Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Escolta del
Departamento Administrativo de Seguridad (Liquidado)

Decisión: Revoca parcialmente sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
la parte demandada en contra de la sentencia de 30 de julio de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad del oficio 2012-69977-2 de
13 de febrero de 2012, expedido por el jefe de la oficina asesora jurídica del
Departamento Administrativo de Seguridad, a través del cual negó el
reconocimiento de una relación laboral, así como los emolumentos salariales y
prestacionales reclamados por el señor William Humberto Serna Ospina.

SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente:

i) Declarar la existencia de una relación laboral entre el demandante y la
autoridad administrativa demandada durante el interregno comprendido
entre el 1° de julio de 2005 al 31 de julio de 2009.

ii) Efectuar el reconocimiento y nivelación del demandante en cuanto al
código y grado en la forma equivalente existente en la planta de
personal, conforme a la asignación básica mensual y las funciones

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Número interno: (3038-2023)
Demandante: William Humberto Serna Ospina

desempeñadas.

iii) Reconocer y pagar los conceptos salariales y prestacionales que de ello
se derivaban, tales como cesantías y sus intereses, primas de servicio,
antigüedad, riesgo, clima e instalación, viáticos, vacaciones, bonificación
por servicios prestados y dotaciones, con base en lo devengado por un
empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las suyas.

iv) Devolver las sumas de dinero pagadas por concepto de seguridad social
en salud y pensión, retenciones y pólizas.

v) Otorgar los subsidios de la caja de compensación familiar y la
indemnización por despido injusto.

vi) Reconocer la sanción moratoria.

vii) Indexar las sumas que resultaren.

viii) Condenar en costas a la parte vencida.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor William Humberto Serna Ospina fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:

i) Laboró de manera continua e ininterrumpida como escolta en el DAS en
el distrito de Cali, departamento del Valle del Cauca, dentro del programa
de «Servicio de Protección a Personas», desde el 1° de julio de 2005 y
hasta el 31 de julio de 2009, a través de contratos de prestación de
servicios. Durante su vinculación prestó sus servicios bajo la continuada
subordinación y dependencia de sus superiores, en el horario y fechas
señaladas y en los diferentes lugares y sedes determinadas por el
empleador.

ii) El salario promedio mensual que devengó durante el último año de
servicios fue de $2.417.710.

iii) El 7 de febrero de 2012, solicitó al DAS el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella por sus servicios como escolta; sin embargo, se negó
mediante el oficio 2011-069977-2 del 13 de febrero de 2012.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 1°, 2°, 13, 25, 29, 53 y 83 de la Constitución

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Política de 1991; 138, 150, 152 y 156 de la Ley 1437 de 2011; los Decretos
2146 de 1989 y 1951 de 24 de 1993, así como, la Resolución 01759 de 17 de
agosto de 2004.

Como concepto de violación explicó que la entidad pública demanda conculcó
el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, se configuraron los
elementos de una relación laboral, toda vez que se acreditó la existencia de un
trabajo desarrollado de manera personal como escolta, de forma constante e
ininterrumpida y subordinado o dependiente, que la entidad contratante imponía
órdenes e instrucciones mediante sus superiores inmediatos en relación con la
manera de cumplimiento de sus funciones, fijándole un horario de trabajo para
la prestación de sus servicios y con una remuneración como retribución por las
labores ejecutadas.

Señaló que el Departamento Administrativo de Seguridad le proporcionó los
elementos oficiales, recibía comunicaciones y memorandos respecto al uso y
manejo de la dotación, de igual manera, destacó que debía tener disponibilidad
de tiempo como escolta.

Afirmó que con el trato recibido se vulneró el principio de igualdad, el derecho
al trabajo y demás garantías laborales, pues, desarrollaba similares funciones
a las del personal con un vínculo legal y reglamentario.

1.4. Contestación de la demanda

La Unidad Nacional de Protección por conducto de mandataria contestó el
petitum demandatorio y se opuso a las pretensiones de la demanda, explicó
que la contratación estatal objeto de debate atendió los presupuestos legales y
las políticas de protección para organizaciones sindicales sociales,
manteniéndose con claridad el límite entre los contratos de prestación de
servicios y aquellos que generan una relación laboral, por lo tanto, no se generó
subordinación alguna sino el cumplimiento de los objetos contractuales.

Formuló como excepciones las siguientes: i) buena fe; ii) inexistencia de la
obligación; iii) pago y iv) falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5. Sentencia de primera instancia

El 30 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo tanto: i) declaró la
nulidad del acto administrativo acusado; ii) declaró la existencia de una relación
laboral entre las partes desde el 1° de julio de 2005 al 31 de julio de 2009; iii)
ordenó el reconocimiento del valor equivalente a las prestaciones sociales
comunes que devengan los escoltas de planta de la entidad, liquidados
conforme a los valores pactados en los contratos por el referido lapso; iv)
ordenó a la parte demandada tomar durante el tiempo reconocido, el ingreso

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base de cotización (honorarios pactados) mes a mes, y si existiere diferencia
entre los aportes efectuados como contratista y los que se debieron realizar, se
cotizara a la administradora de pensiones la suma faltante en el porcentaje que
le correspondiese como empleador, igualmente, deberá regresar al ciudadano
las sumas pagadas en exceso y en el evento de que el demandante no hubiese
realizado cotizaciones o si existieren diferencias en su contra, éste tendrá la
carga de cancelar o completar el porcentaje que le corresponda; v) ordenó dar
cumplimiento a la providencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437
de 2011; vi) condenó en costas a la parte demandada y vii) negó las demás
súplicas del medio de control.

Sobre el cumplimiento del elemento de prestación personal del servicio, se
estableció con base a los contratos de prestación de servicios aportados, los
certificados expedidos por la entidad territorial y los testimonios.

Para llegar a la anterior decisión, luego de referenciar los contratos de
prestación de servicios suscritos por el actor con el extinto DAS y las pruebas
del plenario, el a quo concluyó que se encontraban acreditados los requisitos
que sustentan una relación laboral subyacente.

En efecto, sobre la prestación personal del servicio, se encontró que de los
contratos de prestación de servicios se desprende que el demandante tuvo
vinculaciones con el DAS desde el 1° de marzo de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2007, sin solución de continuidad, como escolta, no obstante, a
pesar de que se demostró la prestación del servicio desde el 1° de marzo de
2005 se tuvo en cuenta el extremo temporal de inicio indicado en la demanda
que corresponde al 1° de julio de 2005.

En cuanto a la remuneración aseveró que no fue objeto de discusión en el litigio,
desde la demanda se indicó que siempre le fueron pagados los honorarios
como retribución del servicio prestado, a pesar de que no se allegó la prueba
de todos los pagos recibidos por el interesado, la entidad pública no debatió ni
se opuso a ello.

En torno a la subordinación, se aseguró que, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado del análisis del objeto contractual se desprendía que el
demandante estaba en una condición de subordinación con la entidad,
cumplían funciones que no eran temporales y no gozaban con autonomía e
independencia al estar sometidos a horarios, así mismo, la persona encargada
de los servicios de escolta debe atender y obedecer órdenes de los superiores,
a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y lugar se prestará
el servicio.

De los medios de prueba allegados al expediente se vislumbraron múltiples
órdenes de trabajo y misiones en las que se le precisaban instrucciones para
ejecutar sus labores de escolta, en consecuencia, las funciones del señor

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William Humberto Serna Ospina exigían la presencia de un superior que le
asignara órdenes, igualmente, algunas de las funciones contractuales fueron
las relativas a: i) cumplir con las actividades de protección en el lugar que le
sea asignado por el DAS; ii) realizar las actividades de índole protectivo previa
autorización para cumplir con la actividad encomendad, o destinación del
funcionario competente del Departamento Administrativo de Seguridad; iii)
presentar para su revisión en la dependencia de control de armamento, radios
y vehículos del DAS o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de
dotación; v) informar al supervisor del contrato las novedades del servicio
relacionadas con los permisos, incapacidades u otras circunstancias que
suspendan o interrumpan la ejecución del contrato.

Finalmente, manifestó que no es procedente el reconocimiento y pago de la
indemnización por despido sin justa causa y la sanción moratoria, ello, dado
que los efectos patrimoniales de la declaratoria de un contrato realidad son
diferentes a los motivos de un despido injusto como causal de terminación de
un contrato laboral.

1.6. Recurso de apelación

La Unidad Nacional de Protección solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia, para tal efecto, expresó los siguientes argumentos:

i) No se demostró que efectivamente se prestaron los servicios con
subordinación y dependencia a la autoridad administrativa, únicamente se
valoraron los contratos y las órdenes de comisión sin existir prueba
testimonial.

ii) La relación que acaeció fue del orden contractual, ésta obedeció a lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que autorizó a las
entidades públicas para la celebración de contratos de prestación de
servicios con el propósito de realizar actividades no solo de carácter
permanente, sino las que de manera excepcional se requirieran para
desarrollar aspectos relacionados con la administración o funcionamiento
de la entidad y estas no pudieran realizarse con el personal de planta o
requieran conocimientos especializados, sin embargo, no generan un
vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.

iii) Toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte
del contratante, máxime cuando en este caso la labor contratada es
especialísima, puesto que de ella depende la vida de quienes son
beneficiaros del programa, lo que justifica que se hubiese designado un
supervisor.

iv) Debe tenerse en cuenta que una vez el escolta salía de las instalaciones
del DAS, las órdenes y sugerencias las impartía el protegido. Además, en

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las misiones era completamente autónomo, nunca se le entregó un
manual de funciones ni se le asignó un horario, simplemente se le indicó
que debía asistir a la entidad para hacerle entrega de las herramientas de
trabajo (armas, chalecos, vehículos blindados) que, por su carácter de alta
seguridad, no podían dejarse en manos de los contratistas. Lo anterior
desvirtúa que la relación fuera subordinada.

v) El fallo desconoció el principio «igual trabajo igual salario», por cuanto en
la condena en restablecimiento del derecho se «ordenó reconocer y pagar
las prestaciones sociales del demandante teniendo en cuenta los
honorarios suscritos durante la vinculación contractual», desconociendo
que el cargo que desarrolló existe en la planta global del extinto DAS, a
saber, el de agente escolta 205 grado 05, razón por la cual la providencia
debió establecer de acuerdo con este principio que se liquidara con base
en el salario de un servidor público ya que esto generaría un rompimiento
a la regla jurídica que establece el precedente del órgano de cierre.

vi) La Unidad Nacional de Protección no está legitimada en la causa por
pasiva, dado que no es la sucesora procesal del Departamento
Administrativo de Seguridad, sino que debe responder la Fiduprevisora en
los términos de lo contemplado en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015.

vii) Si bien, la Unidad Nacional de Protección fue asignataria de la función de
protección que tenía el Das, esta no tiene relación con los hechos
demandados, ya que, es una netamente operativa y aunque varios
escoltas fueron incorporados a la nueva planta de la unidad, lo cierto es
que otras entidades también fueron receptoras de estos trabajadores.

viii) No es procedente la condena en costas impuesta a la Unidad Nacional de
Protección, no se acreditó la causación de éstas, tampoco se determinó
que hubo mala o una actitud temeraria de la entidad pública.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

El 30 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente
regresaría al despacho para fallo2.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

2 Conforme al informe secretarial visto en el índice 9 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de pruebas.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 4, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, la UNP es apelante
único, el análisis se encuentra limitado a los reparos concretos formulados por
dicha entidad.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar:

¿sí existió una relación laboral encubierta entre el señor William Humberto
Serna Ospina y el Departamento Administrativo de Seguridad (Liquidado) en el
interregno comprendido entre el 1° de julio de 2005 al 31 de julio de 2009? Y si
como consecuencia de ello, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión a dicho vínculo, así
como los aportes a la seguridad social en pensiones.

¿Si se configuró o no el fenómeno de la prescripción?; ¿o si por el contrario
existió una relación eminentemente contractual con la entidad mencionada, sin
derecho a prestación alguna?

De probarse la relación laboral encubierta, debe determinarse si, ¿la Unidad
Nacional de Protección (UNP) es la entidad llamada a responder por las
consecuencias jurídicas del presente fallo?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las
partes.

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual
por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111
de la OIT,5 constituye, junto con otros principios convencionales,6 un axioma
laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos
de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la
Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de
los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo
recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes
términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido
que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80

5 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
6 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San

José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus
artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada».
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de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado
en función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la
inserción del prestador del servicio en el círculo rector,
organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la
categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las
exigencias del artículo 122 de la Carta Política7.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante

7 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado

76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término
estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios
previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma
esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de
permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual,
en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.

(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al
sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la
Administración, es improcedente la devolución de los valores que
el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron
como recursos de naturaleza parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable»
puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad
justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el
tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un contrato
futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no puedan
concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas
naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia

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de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del
25 de agosto de 20168, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la
relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de
los tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo
contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad
entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a
partir de sus fechas de finalización9, por lo que de no presentarse la
reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término10.

En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.

8 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
9 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos

contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución
entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse
la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual,
que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras
de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]»
(Negrita fuera del texto)
10 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen

deprecado de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las
diferencias que se demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía
a la entidad contratante como empleadora.
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2.4. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de alzada y a
efectos de ser resueltos, se advierten las siguientes piezas probatorias
relevantes del expediente11:

• Contrato de prestación de servicios N° 108 de 1 de julio de 2005, suscrito
entre el demandante y el DAS, que tenían como objeto prestar los servicios de
protección en la ciudad de Cali y «eventualmente en la ciudad donde se asigne
el esquema protectivo (sic) dentro del componente seguridad a personas, del
programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y
defensores de derechos humanos, conforme a las medidas de seguridad
aprobadas por el comité de reglamentación y evaluación de riesgos del
Ministerio del Interior y Justicia». Por el término de duración de 2 de meses.

• Contrato de prestación de servicios N° 281 de 31 de agosto de 2005, suscrito
entre el demandante y el DAS, que tenía el mismo objeto del anterior y celebró
por una duración de 31 de agosto de 2005 al 28 de febrero de 2006.

• Contrato de prestación de servicios N° 184 de 1 de diciembre de 2006,
suscrito entre el demandante y el DAS, con igual objeto y se celebró por un
término de duración de 7 meses.

• Contrato de prestación de servicios N° 202 de 26 de diciembre de 2007,
suscrito entre el demandante y el DAS, con idéntico objeto, y se le celebró por
el término de 1 año.

• Adición al contrato de prestación de servicios N° 202 efectuada el 8 de mayo
de 2008, en cuanto al monto de los honorarios pactados.

• Contrato de prestación de servicios N° 092 de 26 de diciembre de 2008,
suscrito entre el demandante y el DAS, con similar objeto y celebrado por el
término de duración de 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2009.

• Prorroga N° 1 y adición N° 1 al contrato de prestación de servicios N° 092 de
26 de diciembre de 2008, por una duración de 1 de julio al 29 de agosto de
2009.

• Órdenes de trabajo permanente N° 1057 de 30 de agosto de 2005, 1154 de
15 de septiembre de 2005, 1188 de 23 de septiembre de 2005, 1277 y 1278 de
15 de octubre de 2005, 1293 de 21 de octubre de 2005, 1300 y 1302 de 26 de
octubre de 2005, 1401 de 21 de noviembre de 2005, 1409 de 23 de noviembre
de 2005, 1407 de 25 de noviembre de 2005, 1340 de 1 de diciembre de 2005,
1444 de 2 de diciembre de 2005, 1505 de 19 de diciembre de 2005, 0059 de

11
Todas ubicadas en el índice 66 de SAMAI expediente digital de primera instancia.
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23 de enero de 2006, 0060 de 24 de enero de 2006, 0074 de 27 de enero de
2006, 0147 de 16 de febrero de 2006, 913 de 19 de julio de 2005, 921 de julio
22 de 2005, 1467 de 3 de abril de 2007, 1665 de 1 de junio de 2007, 1175 de
2006, 1199 de 15 de enero de 2007, por las cuales se dan instrucciones
particulares al demandante relacionadas con la seguridad del protegido, utilizar
arma de dotación y elementos de protección asignados por la entidad para
prestar el servicio.

• Actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios.

• Certificaciones en las cuales el área de Talento Humano del DAS señalaba
que “no existe suficiente personal de planta para asumir la protección derivada
de los programas generales de protección a defensores de derechos humanos
y líderes sindicales, por causas relacionadas con la violencia política, ideológica
o con el conflicto armado” de 24 de junio de 2005. Así como las justificaciones
al respecto dadas por el jefe Oficina de Protección Especial.

• Memorandos de 19 de julio de 2005, dirigido al almacenista de la Seccional
DAS Valle por supervisor de programa de líderes sindicales mediante el cual
se solicita recibir el arma de dotación al demandante como escolta de
protección, así como entrega de chalecos.

• Memorando DGIN.SCTR.GESC-89625 de 13 de junio de 2005, dirigido al
Director Seccional DAS Valle por Subdirector de contrainteligencia en el cual
se sugiere vigilar el comportamiento del aquí demandante.

• Solicitudes de misiones de trabajo y pasajes de septiembre de 2005,
certificaciones de cumplimiento de viáticos dadas por el supervisor del contrato,
informes mensuales de interventoría de 31 de enero, 28 de febrero, 30 de
marzo, 30 de abril, 30 de junio y 31 de mayo de 2008.

• Documentos relacionados con asignación de esquema de protección
asignados.

• Oficio en el cual se relacionan los escoltas contratistas, dentro del cual se
encuentra el demandante de 21 de marzo de 2008.

Así las cosas, con el acervo probatorio, se tiene demostrada la prestación
personal del servicio del demandante, comoquiera que fue vinculado al
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS Seccional valle del
Cauca para prestar los servicios de seguridad y protección (escolta) dentro del
componente de seguridad a personas, del programa de protección a Dirigentes
Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos, a
través de los contratos de prestación de servicios referenciados, los cuales,
junto con sus respectivas prorrogas, se extienden sin solución de continuidad
por el período comprendido entre el 1 de julio de 2005 al 31 de julio de 2009.

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De la misma manera, con esos elementos de juicio se demuestra el segundo
elemento de la relación laboral, esto es, la contraprestación o remuneración,
que se refiere a las sumas de dinero recibidas por el demandante durante la
ejecución de sus labores.

En cuanto al otro elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, conforme con lo
previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo
de duración del contrato».

Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»12.

En el caso concreto, se tiene acreditado que el demandante estuvo vinculado
por aproximadamente 4 años al DAS Seccional Valle del Cauca, ejerciendo
funciones de escolta y cumpliendo el mismo objeto contractual13. De forma que,
resulta necesario establecer indicios que determinen la existencia de
subordinación en la ejecución de las labores a cargo del actor en el presente
asunto, atendiendo lo expuesto por esta Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES22021, en la que precisó como tales los siguientes:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia

de 29 de julio de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández
Gómez. 46 De la lectora generalizada de los contratos de prestación de servicios y de los
contratos por obra labor y a término fijo suscrito por la actora tanto con la E.S.E Salud Pereira
y la empresa Tempoeficaz respectivamente, se concluye que aquella tenía como funciones
las de “prestar sus servicios de manera personal en la E.S.E Salud Pereira como auxiliar de
enfermería”,
13 “El CONTRATISTA se en virtud de sus condiciones personales se compromete para con

el D.A.S a prestar sus servicios de protección; con sede principal en la ciudad de
Barranquilla, y eventualmente en la ciudad donde se le asigne el esquema protectivo, dentro
del componente de seguridad a personas, del programa de protección a Dirigentes
Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos, conforme a las
medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
del Ministerio del Interior y de Justicia.”
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“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva
realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala
Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el
juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o
imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente, que
la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o
vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la
exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del
elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta
ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana
crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de
planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en
la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de
planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una

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relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos
esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo.”

Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de
los siguientes ítems:

i) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio, tales
como los contratos de prestaciones de servicios, se colige que, dadas las
características particulares de su función de escolta, la prestación de su
servicio era aleatorio comoquiera que podía ser desarrollado en distintos
lugares. Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en que desde el mismo objeto
de los contratos de prestación de servicios se establecía que la prestación
de los servicios de protección eventualmente se realizaría en la ciudad de
Cali o en la que se asignara el esquema de seguridad.

De manera que, es dable advertir la sujeción a la que se encontraba sometido
el demandante por parte del DAS en lo concerniente al lugar del desarrollo
de sus funciones.

ii) Horario de labores: De las pruebas aportadas al plenario y de la
naturaleza propia de las labores ejecutadas por el demandante, se advierte
que este, como escolta o personal de seguridad, estaba sujeto a turnos que
dependían de las ordenanzas emitas por la entidad contratante14.

iii) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: Según
lo expuesto con precedencia, este requisito se configura al probarse que el
contratista se insertó en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, a partir de órdenes que lograran direccionar la manera en que, en
tiempo, modo, lugar y cantidad de trabajo, el contratista desarrollaba sus
funciones.

Analizadas las pruebas allegadas al plenario y valoradas en conjunto y bajo
el principio de la sana crítica, es claro que el demandante no ejecutaba sus
funciones de manera autónoma, pues estaba obligado a cumplir con los
turnos que le eran impuestos por la entidad contratante y ejecutaba su labor
conforme a las misiones u órdenes de trabajo asignadas; de tal manera que,
durante la ejecución de su labor debía seguir las directrices impuestas por el
Departamento Administrativo de Seguridad, dado que la función de escolta
se estructuraba a partir de los modelos de seguridad que de manera vertical
eran impuestos por parte de esa entidad, quien no solo le establecía la

14 Esta Subsección ha llegado a iguales conclusiones en casos de similares premisas fácticas. Ver

Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 76001-23-33-000-2012-00695-01 (1526-2018)
CP Rafael Francisco Suárez Vargas Bogotá, D. C. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
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persona que debía proteger, sino también los horarios en que debía hacerlo,
determinaba los lugares y forma de ejecutar la función.

Ello, se advierte del contenido de los contratos de prestación de servicios
suscritos y de las órdenes de trabajo permanente, en los que el contratista
debía cumplir con las actividades de protección que le asignara el DAS;
ejecutar sus labores con base en los elementos de dotación dados por la
entidad, tales como armamentos y radios de comunicaciones, chalecos, y
presentar los elementos de trabajo a la dependencia que se le indicara.

De modo que, se considera que el señor William Humberto Serna Ospina se
encontraba inserto bajo la dirección y control efectivo de funciones por parte
de la entidad demandada, pues dicha entidad determinaba las condiciones
de tiempo, modo y lugar en que debía ejecutar sus funciones, sin que sea
dable considerar que ellas estaban regidas bajo el principio de coordinación,
pues de acuerdo con lo expuesto, se advierte que lo que existió entre las
partes fue una verdadera relación de subordinación.

Ahora, uno de los cargos de la apelación consistió en que la subordinación
se acreditó solamente con medios de prueba de carácter documental, sin
existir una prueba testimonial, por lo que se hace necesario recordar que de
acuerdo al artículo 165 del Código General del Proceso se podrán tener como
medios probatorios la declaración de parte, la confesión, el juramento, el
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualquier otro elemento de
convicción que sea útil para el convencimiento del juez, por lo tanto, la
subordinación puede ser demostrada mediante cualquier tipo de medio
probatorio, dado que no existe tarifa legal, para demostrar los elementos de
la relación laboral.

En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por el demandante, como lo
sostiene la entidad recurrente en el escrito de alzada; pues de esos mismos
medios de convicción se advierte con claridad meridiana que en realidad
existió entre las partes una relación laboral subyacente, en la que el
demandante ejecutó sus labores de manera subordinada a través de la
imposición de horarios, labores, elementos para su realización y los lugares
en los que se prestaba el servicio; debiéndose confirmar en consecuencia, la
sentencia de primera instancia en torno a este aspecto.

Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si
bien se confirmó la existencia de una relación laboral encubierta, ello no
implica que el demandante obtenga la categoría de empleado público, pues

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no median los componentes a fin de declarar una relación legal o
reglamentaria en los términos del artículo 122 de la Carta Política.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral:

Al respecto, es de mencionar que la efectiva realización del programa de
protección al cual fue vinculado el actor, era de competencia y
responsabilidad del extinto DAS, pues así lo dispone el Decreto 2110 de
1992, en concordancia con el Decreto 643 de 2004.

En efecto, siguiendo lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto 372 de
1996, por el cual se establece el funcionamiento del Ministerio del Interior y
de Justicia y se dictan otras disposiciones complementarias, se regula lo
relacionado a la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los
Derechos Humanos y se determina que tal entidad, adscrita al Ministerio del
Interior, cuenta con la obligación de actuar preventivamente en los casos
inminentes de riesgos y amenazas de los derechos humanos, a través del
desarrollo de programas especiales para su protección, preservación y
restablecimiento; emprendiendo de oficio las acciones correspondientes ante
las autoridades judiciales, así como la protección de los denunciantes15. Para
dichas actividades, la Dirección General contaba con el apoyo del DAS, así
como de otras entidades del Estado.

Posteriormente, el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2110 de 1992 dispuso
como funciones generales adscritas al funcionamiento del DAS la de
«Proteger al Presidente de la República y a su familia en la forma que él
determine, a los Expresidentes, y prestar servicios de seguridad personal a
quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales,
puedan ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos
pudieren derivarse perturbaciones del orden público» (subrayado de la Sala).

15 “Artículo 28. DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LOS
DERECHOS HUMANOS. La Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos
Humanos del Ministerio del Interior, tiene por objeto actuar, preventivamente, en casos de amenaza
inminente de los derechos humanos, desarrollar programas especiales para su protección,
preservación y restablecimiento; y emprender de oficio las acciones correspondientes ante las
autoridades judiciales, así como la protección de los denunciantes. Lo anterior, sin detrimento de las
funciones del Ministerio Público o de otras autoridades.” El artículo 29 de la misma norma, dispone
para el logro del objeto señalado en el artículo anterior, las siguientes funciones: “a) Adelantar las
acciones y los programas de protección de los derechos humanos que le asignen el Consejo
Gubernamental de Derechos Humanos y el Ministro del Interior;
(…)
d)Desarrollar con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad y otros organismos, el
Programa de Protección Especial a Testigos y Personas Amenazadas, para la seguridad de las
personas amenazadas por la violencia política y, en casos particulares de extremo riesgo de violación
de los derechos a la vida y la integridad personal;”.
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Luego, el Decreto 643 de 2004 en su artículo 2, detalló nuevamente las
funciones generales del DAS16, facultando a la entidad de seguridad para
adelantar las funciones de protección del Estado, con la responsabilidad de
brindar los servicios de protección a las personas designadas en los
programas implementados por el Ministerio del Interior y de Justicia, lo cual
realizaba a través del personal que estuviera a ella vinculado.

De esa manera, es de concluir que las funciones de seguridad que ejerció el
actor, aunque se fundaban en el programa de protección creado en un primer
momento por el Ministerio del Interior, lo cierto era que, en lo atinente a su
concreción, la entidad a cargo de ello resultaba ser el extinto DAS siguiendo
las preceptivas jurídicas previamente indicadas.

Por tanto, al ejecutar el actor sus funciones de escolta por 4 años
aproximadamente al servicio del DAS, se evidencia que desempeñó tareas y
funciones que inherentemente debían ser desarrolladas por el personal de la
entidad y resultaban ser del giro ordinario de la misma. Advirtiéndose con
claridad meridiana que en realidad existió entre las partes una relación
laboral subyacente, en donde el actor ejecutó sus labores de manera
subordinada a través de la imposición de horarios, labores, elementos para
su realización y los lugares en los que se prestaba el servicio; debiéndose
confirmar en consecuencia, la sentencia de primera instancia en torno a este
aspecto.

Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si
bien se confirmó la existencia de una relación laboral encubierta, ello no
implica que el demandante obtenga la categoría de empleado público, pues
no median los componentes a fin de declarar una relación legal o
reglamentaria en los términos del artículo 122 de la Carta Política

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la
condena con base en los honorarios contractuales, no obstante, la Unidad
Nacional de Protección considera que dichos valores deben ser liquidados
de acuerdo a la asignación salarial que percibe un escolta que integraba la

16
“ARTÍCULO 2. FUNCIONES GENERALES. Entidad suprimida por el artículo 1 del Decreto 4057 de
2011. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina
el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: (…) Brindar seguridad al Presidente de la República
y su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información
relacionada con su seguridad tiene reserva legal.
(…)
PARÁGRAFO. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de
los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá
concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen
funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales
servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo
correspondientes.”
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planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad
(liquidado), al ser la asignación básica del empleado público inferior a lo
recibido por el contratista, de tal manera que se aplique el principio de igual
salario igual trabajo.

Si bien en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005 de 25 de agosto de 2016,
estableció que el ingreso sobre el que debe calcularse las prestaciones
sociales que no recibió el contratista, será los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios, tal premisa, varía si dentro del
respectivo proceso se acredita que la labor ejecutada por el demandante
existía en la planta de personal de la entidad, es decir, se demuestra la
existencia del cargo, las funciones y el salario.

De la misma manera, la declaración de la relación laboral subyacente no
implica la adquisición del estatus de empleado oficial, por lo tanto, no es
equiparable la situación de contratista-trabajador con la de las personas que
gozan de una vinculación legal y reglamentaria.

En ese sentido, si bien es cierto dentro del proceso se allegaron el Decreto
1951 de 24 de septiembre de 199317, por el cual se «adiciona la nomenclatura
de los empleos del DAS, se describe la naturaleza de una denominación, se
fijan los requisitos mínimos para su desempeño y se dictan otras
disposiciones» y apartes de la Resolución N° 01759 de 17 de agosto de
200418, por la cual se adopta el manual específico de funciones y requisitos
a nivel de grado, en la que aparece la denominación del cargo escolta nivel
central y seccional, área operativa, código 205, grado 05, lo cierto es que ello
no es suficiente para determinar que la condena deba hacerse con
fundamento en el salario de ese cargo, pues no fue probado en este caso el
monto del mismo, con el objeto de determinar si con el valor de los honorarios
resultaba o no más benéfico para el trabajador aquí demandante, como
garantía del principio de favorabilidad.

2.6. Autoridad administrativa encargada de asumir la condena ante la
supresión del Departamento Administrativo de Seguridad

La Unidad Nacional de Protección reclamó que no es la entidad pública
legitimada por pasiva y en ese orden de ideas no debe asumir el pago de la
condena, frente a ello, esta instancia destaca que contrario a lo explicado por
la demandada, las obligaciones de carácter laboral del extinto Das se
asignaron a la Unidad Nacional de Protección, de ahí que, es el sucesor
procesal de la referida institución.

17
Índice 62 del expediente de SAMAI primera instancia.
18
Ibídem.
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Número interno: (3038-2023)
Demandante: William Humberto Serna Ospina

El Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, dispuso la supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y ordenó el cese definitivo
de sus actividades; al tiempo que se ordenó en el artículo 3 numeral 3.4 19 el
traslado de las funciones de seguridad que se encontraban en cabeza del
DAS comprendidas en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de
200420 y las demás que de ella se desprendieran, a la Unidad Nacional de
Protección, a partir de la regulación que para ello se estableciera en un
decreto posterior.

Al mismo tiempo, se profirió el Decreto 4065 de 201121, por el cual se creó la
Unidad Nacional de Protección, y en su artículo 1 dispuso que esta es una
entidad del “orden nacional, […] con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del
Interior, hará parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter
de organismo nacional de seguridad”.

En torno al objetivo de la Unidad Nacional de Protección, el artículo 3 ibidem
dispone que su finalidad es “articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por
virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas,
sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de
víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se
encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños
contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio
de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo
extraordinario.

A su vez el artículo 23 del citado Decreto 4065 de 2011 dispuso el traslado
archivos del DAS a la UNP en los siguientes términos: “Los archivos de los
cuales sea el titular el Programa de Protección de la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) en supresión, a la entrada en vigencia del presente decreto
y que tengan relación con las competencias de la Unidad Nacional de
Protección, deberán ser transferidos a esta entidad, en los términos que
señalen los representantes legales a través de las Secretarías Generales”.

19
«Artículo 3°. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del
Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes
entidades y organismos, así […]
3.4 La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto
1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa
denominada Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado».
20 «Artículo 2°.Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de

las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: […]
14. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros
y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal».
21 «Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura».

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A su turno, el Decreto 1303 de 2014 en el artículo 9° del Decreto 1303 de 2014
estableció que los procesos judiciales, reclamaciones de carácter
administrativo, laboral y contractual, en los que sea parte el Departamento
Administrativo de Seguridad o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del
primero, se notificarán a las entidades que hayan asumido las funciones, de
acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron
atribuidas a alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público,
corresponderán a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Así mismo, la Corporación a concluido que «la competencia de la Fiduprevisora
es de carácter residual, y atiende a que el proceso o las funciones no se hayan
trasladado a ninguna otra entidad llamada a suceder procesalmente al extinto
Das»22.

Teniendo en cuenta lo precedente, la Unidad Nacional de Protección interviene
en el proceso como sucesor procesal del DAS, pues, la función de coordinar y
ejecutar la prestación del servicio de protección le fue conferida a la precitada
entidad pública, por ende, le asiste la obligación de asumir la condena del
presente negocio.

2.7. Condena en costas

En el recurso de apelación la parte demandada solicitó revocar la condena en
costas. Al respecto, es importante señalar que esta Sección había sostenido la
tesis de que el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los
denominados gastos o expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos
ordinarios del proceso y otros, como son los indispensables para traslado de
testigos y la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la
justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso
de apelación, pólizas, copias, entre otros.

Tras la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», para quien resultara vencido en el litigio. En
consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, aspectos que el juez debía ponderar para
sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el
director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no.

Luego esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió aquella
posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era necesario

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado 76001-23-33-

000-2014-00204-01 (4087-2018) CP Gabriel Valbuena Hernández.
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evaluar la conducta de las partes -temeridad o mala fe-, sino los aspectos
previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365.

No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente fue
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar
que «En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de
analizar si las actuaciones de la Unidad Nacional de Protección de llevaron a
cabo con carencia manifiesta de fundamento legal.

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo no
efectuó dicho estudio y, además, verificada la contestación de la demanda, así
como el recurso de apelación presentado por el recurrente, no puede
considerarse que se presentaron sin sustento legal.

En ese orden, la decisión adoptada por el juez de primer grado no tuvo en
cuenta la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, tal como se expuso, por lo tanto, la Sala se abstendrá de
condenar en costas y revocará la condena impuesta en primera instancia, por
no haberse efectuado el análisis aquí expuesto.

2.8. Otras órdenes

En índice 11 de las actuaciones registradas en el Sistema de Gestión Judicial-
Samai, se vislumbra que el jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad
Nacional de Protección radicó poder especial otorgado por la entidad a la
abogada Luz Angelly Álvarez Peña, en consecuencia, se efectuará el
respectivo reconocimiento de personería como apoderada judicial de la parte
demandada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el ordinal séptimo de la sentencia del 30 de julio de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que condenó
en costas a la parte demandada, por los motivos expuestos en esta providencia.

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Demandante: William Humberto Serna Ospina

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda radicada por el señor William
Humberto Serna Ospina contra la Unidad Nacional de Protección.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: RECONOCER a la abogada Luz Angelly Álvarez Peña, identificada
con cédula de ciudadanía 1.010.174.983 de Bogotá y tarjeta profesional
180.602 del C.S de la J., como apoderada de la Unidad Nacional de Protección,
en los términos del poder especial conferido.

QUINTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen
y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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