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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00097-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00097-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2021-00097-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de octubre de 2025

Radicado: 47001-23-33-000-2021-00097-01 (4880-2023)
Demandante: Marobis Gutiérrez Suárez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00097-01 (4880-2023)
Demandante: Marobis Gutiérrez Suárez
Demandado: Municipio de Sitionuevo
Temas: Sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Marobis Gutiérrez Suárez por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, solicitó que se declare
la nulidad del acto administrativo ficto del 4 de marzo de 20192 que negó la sanción
moratoria por retardo en la cancelación de las cesantías definitivas.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) un día de salario por cada día de retardo a partir del 25 de febrero
de 2016 hasta que se surta la cancelación del auxilio, ii) el ajuste de la condena
tomando como base el índice de precios al consumidor, iii) el cumplimiento de la
sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y iv) la condena en costas.

Hechos.

SAMAI. 47001233300020210009700. Índice: 00034. Expediente digital – “03. Demanda.pdf”.
1
2
Producto de la no respuesta a la petición del 4 de diciembre de 2018.

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Radicado: 47001-23-33-000-2021-00097-01 (4880-2023)
Demandante: Marobis Gutiérrez Suárez

4. La señora Marobis Gutiérrez Suárez prestó servicios como apoyo en la
Secretaría General del municipio de Sitionuevo desde el 3 de febrero de 2012 hasta el
15 de diciembre de 2015.

5. La entidad territorial, mediante la Resolución núm. 1115 del 15 de diciembre de
2015 – notificada y ejecutoriada el 28 de diciembre de 2015 –, reconoció y ordenó el
pago de las cesantías definitivas de la actora, junto con otras prestaciones sociales. A
partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, el municipio contaba con 45 días
hábiles para el pago del auxilio, es decir, hasta el 24 de febrero de 2016, sin embargo,
a la fecha de presentación de la demanda, ello no ha ocurrido.

6. El 4 de diciembre de 2018 la beneficiaria peticionó la sanción moratoria
establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Solicitud que fue resuelta de
forma negativa por medio del acto ficto enjuiciado.

7. En la actualidad se adelanta proceso ejecutivo laboral cuyo título es la
resolución que ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, bajo el
radicado núm. 47-187-31-05-01-2019-00016-00, en el cual se libró mandamiento de
pago.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

8. Señaló como vulneradas las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

9. Al desarrollar el concepto de violación, expuso que, la sanción moratoria surge
como consecuencia automática del incumplimiento del plazo de 45 días hábiles
previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para cancelar las cesantías.

Contestación de la demanda.

10. El municipio de Sitionuevo no contestó la demanda3.

Sentencia de primera instancia.

11. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 28 de
septiembre de 20224, negó las pretensiones de la demanda, considerando que, si bien
en la Resolución núm. 1115 del 15 de diciembre de 2015 se ordenó el reconocimiento
y pago de las cesantías definitivas de la actora, no se encuentra acreditada su calidad
de servidora pública, por lo que no le resultan aplicables las disposiciones contenidas
en la Ley 244 de 1995. Toda vez que:

«[A]analizada la parte motiva del referido acto administrativo, observa esta Colegiatura
que, el MUNICIPIO DE SITIO NUEVO argumenta dicha decisión bajo el entendido de

3
Conforme se señaló en la sentencia de primera instancia.
4
Expediente digital – “24SentenciaPrimeraInstancia.pdf”.

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Radicado: 47001-23-33-000-2021-00097-01 (4880-2023)
Demandante: Marobis Gutiérrez Suárez

haberse configurado los elementos de un contrato realidad con la señora MAROBIS
GUTIERREZ SUÁREZ, vale decir, la prestación personal del servicio, la remuneración
y la subordinación; más no, en razón de una vinculación al ente territorial a través de
una relación legal y reglamentaria a través de la cual adquiere su calidad de servidora
pública, requisito indispensable para poder ser acreedora de la sanción moratoria de
que trata la disposición en mención por el pago tardío de su auxilio de cesantías.
[...]
Al respecto, huelga acotarse que, el hecho de que exista un acto administrativo que
haya reconocido el contrato realidad entre la aquí accionante y el ente territorial
accionado, per se no implica que ante la falta en el pago de los derechos prestacionales
reconocidos a su favor, como bien lo es el auxilio de cesantía, ello dé lugar a la sanción
moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues, se reitera, es
necesario que ésta ostente la calidad de servidora pública, respetando las
disposiciones en materia de ingreso a la carrera pública, que no puede suplirse a través
del acto administrativo contenido en la Resolución No. 1115 del 15 de diciembre de
2015».

Recurso de apelación.

12. El apoderado de la demandante5 inconforme con la decisión anterior presentó
recurso de apelación, para ello expuso que negar las pretensiones de la demanda por
no ostentar la calidad de servidora pública, desconoce los principios mínimos del
trabajador reseñados en el artículo 53 de la Constitución Política.

13. Además, «[s]i el acto administrativo expedido por el municipio había reconocido al
accionante su derecho a las cesantías, y ese acto administrativo es constitutivo de ese
derecho (al igual que una sentencia judicial), no puede sustentarse la negación judicial del
pago de la sanción moratoria de la Ley 244/95 en el hecho de que el accionante no tuvo la
calidad de servidor (por ausencia de nombramiento y posesión); hacerlo, como lo hizo el
Tribunal a quo, vulnera los derechos mínimos de la accionante como trabajadora del Estado.
[…]
La accionante prestó sus servicios al municipio accionado por muchos años en un oficio con
denominación de cargo público. Figuró en la realidad como un servidor público, pero su
vínculo fue por OPS. Si esto fue así, y el municipio, en actuación administrativa, profiere un
acto administrativo donde reconoce que lo real fue la relación de trabajo y ordena pagarle
cesantías y prestaciones sociales, nace para ese municipio la obligación legal (Ley 244 de
1995) de cancelar las cesantías dentro del plazo previsto por esa ley, so pena de incurrir en
mora y pagar salarios caídos (un día de salario por cada día de mora). Esta es la interpretación
que, por virtud del principio de favorabilidad, debe acoger la judicatura, y no la de desestimar
la condena por mora con fundamento en aspectos meramente formales, como el
nombramiento y la posesión.»

14. Es cierto que la declaración de una relación laboral encubierta no confiere al
trabajador la calidad de servidor público, pero si le otorga derechos mínimos e
irrenunciables, entre ellos, las cesantías, las cuales deben reconocerse y pagarse de
manera oportuna, so pena de que haya lugar a la sanción moratoria pretendida.
5
Expediente digital – “26RecursoApelación.pdf”.

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Demandante: Marobis Gutiérrez Suárez

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

15. Mediante auto del 20 de octubre de 20236 se admitió el recurso de apelación.

16. Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

17. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

18. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

19. De igual forma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

Problema jurídico.

20. Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante le asiste
derecho a la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías definitivas,
cuyo reconocimiento fue ordenado en un acto administrativo que declaró la existencia
de una relación laboral encubierta.

21. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria y
ii) Caso concreto.

Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

6
SAMAI. Índice 00004.
7
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Marobis Gutiérrez Suárez

22. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, establece
en su artículo 18 un término de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales para expedir el acto
administrativo de reconocimiento de la prestación. Posterior a ello, la entidad
pagadora tiene un plazo máximo de 45 días hábiles, contados a partir de que quede
en firme el acto, para su cancelación9.

23. El parágrafo del artículo 2 10 de la norma en comento también dispone una
sanción cuando se incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías, así
como su pago, equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas.

24. Esta Sección, en sentencia de unificación CE-SUJ2-01218 del 18 de julio de
2018, sentó jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria 11.

Caso concreto.

25. Expone la apelante que, contrario a lo decidido por el tribunal, al existir acto
administrativo que declaró la relación laboral encubierta con el municipio de Sitionuevo
y ordenó el pago de las cesantías definitivas - Resolución núm. 1115 del 15 de
diciembre de 201512 -, tiene derecho a que estas sean canceladas dentro del plazo

8
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías,
deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el
inciso primero de este artículo.» (Negrilla fuera de texto)
9
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual
quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.» (Negrilla fuera de texto)
10
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.
Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (subraya fuera del texto)
11
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento
en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera
tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente,
de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20065),
10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011 6) [5 días si la petición se presentó en vigencia
del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en
firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción
moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
12 «Por su parte el Consejo del Estado dijo:. numero05001-23-31-000-2005-03000-01(1793-12) Radicación

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- desvirtuado da lugar al pago de Prestaciones Sociales. Principio de la realidad
sobre las formalidades
Lo anterior significa que el contrato de Prestación de Servicios puede ser. desvirtuado cuando se demuestran los 3 elementos
que caracterizan una relación laboral, pero de manera fundamental cuando se compraba la subordinación dependencia respecto
del empleador, evento en el cual surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista en apelación del principio
de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales consagrado en el Artículo 53 de la Carta Política,
independientemente de la denominación jurídica que se le haya dado a tal relación....
Que se hace necesario reconocer, autorizar y pagar a la señora MAROBIS GUTIERREZ SUAREZ, identificada anteriormente, las
Prestaciones Sociales a que tiene derecho, […]» (Transcrito con errores de la Resolución núm. 1115 del 15 de diciembre de
2015).

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legal establecido en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, y, en consecuencia, a la
respectiva sanción por mora en su pago.

26. Desde ya advierte la Sala que los reparos de la recurrente no tienen vocación
de prosperidad, en tanto la sanción moratoria no surge de la declaración de una
relación laboral derivada de la celebración de contratos de prestación de servicios con
la administración.

27. Y es que si bien al contratista le asiste derecho a las prestaciones sociales del
orden legal recibidas por los servidores públicos de planta de la entidad 13, la sanción
moratoria no es un derecho laboral, sino que constituye una penalidad económica
contra el empleador por su retardo en el pago las cesantías 14 de los servidores
públicos.

28. Sobre el particular, precisa la Sala que tal declaración no otorga al contratista
la calidad de empleado público, pues no crea un vínculo legal y reglamentario entre
las partes contratantes15.

29. Y aunque el artículo 53 Superior16 establece el derecho del contratista a ser
tratado en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma cantidad y calidad de
trabajo de manera subordinada en ejercicio del principio de primacía de realidad sobre
las formalidades, lo cierto es que dichas garantías se aplican en consonancia a las
disposiciones constitucionales que regulan el acceso al empleo público, esto es, el
artículo 122 ibidem17, entre otros.

30. De manera que, en estos casos, la jurisprudencia «reconoce que al contratista
le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si
la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder

13
De conformidad con las sentencias de unificación SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021.
14
Posición acogida en la sentencia de unificación CE-SUJ2-01218 del 18 de julio de 2018.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencias de 28 de noviembre de 2024 y del 23 de octubre de 2024, C.
P. Luis Eduardo Mesa Nieves, núm. internos. 4065-2024 y 4524-2021, respectivamente.
16
Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no
pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
17
Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser
utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Sin perjuicio de las demás sanciones que
establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado
lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a
que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

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en la práctica una relación de trabajo»18, sin embargo, por prohibición constitucional,
las sentencias y actos administrativos constitutivos que declaran la relación laboral
encubierta, no tienen la consecuencia jurídica de atribuir al interesado derechos y
prerrogativas que tendría, por disposición legal un servidor público.

31. Por último, no es de recibo el argumento de la apelante relativo a que tiene
derecho a la sanción moratoria en virtud del principio de favorabilidad, pues en el
presente asunto, no existe conflicto entre las normas vigentes que regulan la materia
o distintas interpretaciones de una misma disposición19.

32. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 28 de septiembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de
la demanda.

Condena en costas.

33. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

34. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

35. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

36. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el

18 Sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16.
19 Sobre el principio de favorabilidad ver: «Primero: el artículo 53 de la Constitución Política obliga a todos los jueces

de la República a optar por la decisión más favorable para el trabajador en caso de duda en la aplicación o
interpretación de las fuentes formales del derecho. Este principio de favorabilidad en sentido estricto implica que
cuando el juez puede elegir entre dos o más normas vigentes que regulan una misma circunstancia, le corresponde
escoger aquella disposición que más favorezca al trabajador. En sentido amplio, el principio de favorabilidad implica
que, ante múltiples interpretaciones de una misma disposición, el juez debe escoger la más provechosa para el
trabajador o la que mejor asegure sus derechos laborales y la garantía de acceso a la seguridad social.» (Corte
Constitucional, Sentencia SU 218 de 2024)

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magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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