República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2022-00066-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00066-01 (1249-2024)
Demandante: Marzo Uriana
Demandado: Departamento de La Guajira
Tema: Sanción moratoria por el pago tardío de cesantías retroactivas parciales. Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006. Medida correctiva de administración temporal del sector de la
educación.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 19 de septiembre de 2023,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Marzo Uriana pretende la nulidad del acto ficto configurado por el silencio
de la administración frente a la petición de reconocimiento de la sanción moratoria
radicada el 7 de marzo de 2018, causada por el pago tardío de las cesantías
retroactivas parciales a las que tiene derecho por los servicios prestados como
celador del departamento de La Guajira, solicitadas el 19 de enero de 2015; así
como del oficio del 21 de julio de 2020 que negó la solicitud presentada en igual
sentido el 1.° de abril de 2020. El tribunal condenó a la entidad al reconocimiento
de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías, efectuado en
2019, con base en el salario devengado en 2015.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Marzo Uriana, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00066-01 (1249-2024)
Demandante: Marzo Uriana
Demandado: Departamento de La Guajira
departamento de La Guajira, con las pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho que se sintetizan a continuación1:
2.1.1. Pretensiones
2. El demandante solicitó que se declare la nulidad del acto ficto o presunto
configurado por el silencio de la administración frente a la petición de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria radicada el 7 de marzo de 2018 bajo
el nro. 2018PQR2681, y del oficio del 21 de julio de 2020, expedido por el líder de
gestión educativa del departamento de La Guajira, que negó de manera expresa la
solicitud radicada el 1.° de abril de 2020 bajo el nro. GJR2020ER004385.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió ordenar a la entidad
demandada reconocer y pagar la sanción moratoria equivalente a un día de salario
por cada día de retraso en el pago de las cesantías retroactivas parciales, contados
desde el vencimiento del plazo de 70 días previsto en la ley para cancelar la
prestación social reclamada, conforme con las leyes 244 de 1995 y 1071 del 31 de
julio de 2006, de la siguiente manera:
Fecha de Inicio de la Finalización Días en Salario Valor día Valor de la
solicitud sanción de la mora base de de salario sanción
moratoria sanción liquidación moratoria
moratoria
30/01/2015 23/04/2015 23/08/2019 1.583 (sic) $1.081.100 $36.037 $57.046.043
(sic) (sic) (sic) (sic)
4. Asimismo, solicitó condenar a la entidad demandada al pago de costas
procesales y ordenarle cumplir la sentencia en los términos de los artículos 189,
192, 194 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA).
2.1.2. Hechos
5. El señor Marzo Uriana fue vinculado laboralmente como celador por el
municipio de Manaure.
6. El demandante fue incorporado a la planta de personal administrativo de la
Secretaría de Educación del departamento de La Guajira a partir del 1.° de enero
de 2003, por disposición de la Ley 715 de 2001 y del artículo 2 del Decreto 3020 de
2002, tal como consta en el Decreto 120 del 12 de abril de 2004.
7. El actor, en ejercicio del derecho de petición, presentó el 19 de enero de 2015
(sic) ante la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira solicitud de
reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías retroactivas parciales, con
radicación interna 2015PQR468.
1
Samai, gestión en otros despachos, cuaderno principal, 1EXPEDIENTEDIGITAL, pdf demanda.
2
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8. La entidad tenía plazo hasta el 30 de abril de 2015 —70 días hábiles— para
reconocer y pagar la prestación, conforme con los plazos previstos en la Ley 1071
de 2006, de manera que la exigibilidad de la sanción moratoria inició el 1.° de mayo
de 2015 (sic) y el término de tres años para reclamarla vencía el 1.° de mayo de
2018.
9. El Ministerio de Educación Nacional intervino la Secretaría de Educación del
departamento de La Guajira el 17 de febrero de 2017 y asumió la administración
temporal del sector educativo en este ente territorial, en el distrito de Riohacha y en
los municipios de Maicao y Uribia.
10. La Secretaría de Educación del departamento de La Guajira, a partir del 18
de febrero de 2017, perdió la competencia para dirigir y administrar los recursos del
sistema general de participaciones destinados al servicio de educación.
11. El actor reiteró la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
retroactivas parciales el 21 de febrero de 2017, ante la ausencia de respuesta a la
petición inicial radicada en 2015.
12. Otros empleados de la entidad solicitaron las cesantías retroactivas parciales
en el período comprendido entre el 19 de junio de 2016 y el 19 de enero de 2017,
esto es, con posterioridad a la reclamación del actor, y la administración temporal
las reconoció y pagó mediante resoluciones expedidas en 2017.
13. El demandante, en ejercicio del derecho de petición, reiteró la solicitud de las
cesantías retroactivas parciales y reclamó de manera expresa el reconocimiento,
liquidación y pago de la sanción moratoria, con radicación interna 2018PQR2681
del 7 de marzo de 2018, con lo cual interrumpió el término de prescripción.
14. Por solicitud de la administración temporal, el actor presentó una nueva
solicitud de cesantías retroactivas parciales, en el formato dispuesto por la entidad,
el cual fue radicado con el nro. 2018PQR13938 del 17 de diciembre de 2018.
15. La entidad remitió los expedientes de cesantías retroactivas para el
correspondiente pago mediante oficio del 22 de octubre de 2018, trámite que no se
adelantó durante dicha vigencia a pesar de que existían los recursos apropiados
con dicha destinación.
16. El gobernador (e) del departamento de La Guajira mediante el Decreto 234
del 20 de diciembre de 2018, «por medio del cual se liquida el presupuesto de
ingresos y gastos (…) para la vigencia 2019», destinó $600.000.000 al rubro de
cesantías retroactivas.
17. La administración temporal reconoció las cesantías retroactivas parciales al
demandante, mediante Resolución 1137 (sic) del 12 de agosto de 2019, y realizó el
pago efectivo el 23 de agosto de 2019 (sic), esto es, cuatro años después de la
reclamación.
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18. El demandante solicitó la sanción moratoria causada por la mora en el pago
de sus cesantías retroactivas parciales el 8 de junio de 2020, con radicación
GJR2020ER004385.
19. El líder de gestión educativa negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por medio de oficio expedido el 21 de julio de 2020.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
20. El demandante señaló como violados el preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 29
y 53 de la Constitución Política, la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la
Ley 1071 de 2006, y el artículo 15 de la Ley 962 de 2005.
21. El actor indicó que la omisión en el pago oportuno de las cesantías
retroactivas parciales comprometió la responsabilidad prevista en el artículo 6 de la
Constitución Política a cargo de los servidores públicos y vulneró el derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas y los principios mínimos previstos en los
artículos 25 y 53 constitucionales.
22. En cuanto al régimen de la prestación, expresó que el artículo 1 de la Ley
244 de 1995 previó quince días hábiles para expedir la resolución de liquidación de
las cesantías y el artículo 2 ibidem señala un plazo máximo de cuarenta y cinco días
hábiles para efectuar el pago, contados desde la firmeza de dicho acto, de modo
que la mora se causa después de transcurridos setenta días hábiles desde la
radicación de la petición, según lo establecido en la sentencia de unificación CE-
SUJ-S2-01218 del 18 de julio de 2018.
23. Por último, afirmó que la entidad vulneró los derechos a la igualdad y al
debido proceso, incurrió en desviación de poder y desconoció lo previsto en el
artículo 15 de la Ley 962 de 2005, al no atender los turnos de reclamación de pago
de las cesantías, pues realizó el pago a empleados que presentaron solicitudes con
posterioridad al demandante.
2.2. Contestación de la demanda
24. La apoderada del departamento de La Guajira propuso las excepciones de
«falta de legitimación en la causa por pasiva», «cumplimiento del deber
constitucional y legal», «legalidad del acto administrativo», «inexistencia de la
obligación legal», «inaplicabilidad de normas» y la genérica del artículo 282 del
Código General del Proceso2.
25. Se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que la vinculación
laboral del demandante se produjo antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de
1996, de modo que conservó el sistema de liquidación retroactiva previsto en la Ley
6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947,
2
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folio 246.
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sin que obre en el expediente documento alguno en el que hubiera manifestado su
consentimiento expreso de acogerse al de liquidación anual de la Ley 50 de 1990,
de manera que la sanción moratoria no procede en su caso.
26. Adujo que la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 fue establecida
para el régimen anual de cesantías y para el retiro definitivo del servicio, supuesto
que no se configura en este caso, en el que el demandante continúa vinculado a la
entidad y no solicitó la liquidación definitiva de la prestación ni el cambio de régimen.
27. Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
corporación, los servidores vinculados antes de la Ley 344 de 1996 que no se hayan
acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual no tienen
derecho al reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías.
28. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, expuso que, con
motivo de la medida correctiva de administración temporal del sector de la
educación en el departamento de La Guajira y en los municipios de Riohacha,
Maicao y Uribia, adoptada en el Documento CONPES 3883 del 21 de febrero de
2017, el Ministerio de Educación Nacional asumió la prestación del servicio
educativo en el departamento de La Guajira hasta el 16 de agosto de 2021, cuando
dichas atribuciones se restituyeron a la entidad territorial. En consecuencia, era
dicho ministerio el encargado de reconocer y pagar las cesantías parciales y
responder por la sanción moratoria.
2.3. Sentencia de primera instancia
29. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 19 de
septiembre de 2023, declaró la nulidad del acto ficto configurado por el silencio de
la administración frente a la petición del 7 de marzo de 2018 y del oficio del 21 de
julio de 2020, por medio del cual el ente territorial negó de manera expresa el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria3.
30. A título de restablecimiento del derecho, condenó al departamento de La
Guajira a reconocer y pagar al demandante un día de salario por cada día de mora
en el pago de las cesantías parciales, por el «período comprendido entre el 4 de
mayo de 2015 y el 22 de agosto de 2019, teniendo en cuenta para la liquidación y
pago la asignación básica devengada en la anualidad 2015, cuando se causó la
mora, debidamente certificada, sin que varíe por su prolongación en el tiempo».
Negó las demás pretensiones, se abstuvo de imponer condena en costas y ordenó
remitir copia de la providencia a la Procuraduría General de la Nación y a la
Contraloría General de la República.
31. Al motivar la decisión, el tribunal consideró que la sanción moratoria prevista
en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se causa por el pago tardío del auxilio de
cesantías con independencia de que el beneficiario esté sujeto al régimen
retroactivo o al anualizado y de que la prestación sea definitiva o parcial, conforme
3
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folio 345.
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con lo expuesto en las sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016 y del 18
de julio de 2018 de la Sección Segunda de esta corporación, reiteradas por la
Subsección B mediante sentencia del 7 de abril de 2022.
32. Precisó que el demandante solicitó el pago de las cesantías parciales el 19
de enero de 2015 y la entidad contaba con setenta días hábiles para pagarlas, los
cuales se cumplieron el 30 de abril de 2015, lo que evidencia que la mora empezó
a causarse desde el 4 de mayo de 2015, día hábil siguiente al vencimiento, y cesó
el 22 de agosto de 2019, día anterior al pago efectivo.
33. Afirmó que no operó el fenómeno de la prescripción porque desde la
exigibilidad de la sanción —4 de mayo de 2015— hasta la primera reclamación —7
de marzo de 2018— no transcurrieron tres años. Además, indicó que dicho término
tampoco se cumplió entre el 7 de marzo de 2018 y el 1.° de abril de 2020, fecha de
la segunda reclamación.
34. Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
consideró que, al ser el departamento de La Guajira el empleador del demandante,
dicho ente territorial es el obligado a asumir de manera oportuna el pago de los
emolumentos salariales y prestacionales causados en la relación laboral. Lo
anterior, en atención a que, según el artículo 30 de la Ley 715 de 2001, con la
medida de administración temporal «se retira al jefe del organismo intervenido y son
asumidas las funciones por el administrador designado», de modo que los actos
demandados se entienden expedidos por el departamento de La Guajira y, además,
no todo el período de mora se causó durante el lapso de intervención administrativa.
35. Por último, negó la indexación de la sanción moratoria con fundamento en la
regla fijada en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, según la cual la
mencionada actualización es improcedente, sin perjuicio del ajuste de la condena
previsto en el artículo 187 del CPACA.
2.4. Recurso de apelación
36. La apoderada del departamento de La Guajira presentó reparos frente a la
imputación de la sanción moratoria, con el argumento de que el tribunal omitió que
la administración del sector educativo en el ente territorial estuvo a cargo del
Ministerio de Educación Nacional durante la mayor parte del período de mora, con
ocasión de la medida de asunción temporal del servicio4.
37. Expuso que, con fundamento en el Decreto Ley 028 de 2008 y en el
Documento CONPES del 21 de febrero de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público ordenó, mediante la Resolución 0459 de 2017, la intervención del sector
educativo del departamento de La Guajira con cargo al Ministerio de Educación
Nacional, medida que rigió hasta agosto de 2021.
4
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folio 372.
6
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38. Afirmó que el departamento de La Guajira conservó la administración del
sector educativo hasta el 21 de febrero de 2017, por tanto, solo le es imputable la
mora causada desde el 4 de mayo de 2015 hasta el 21 de febrero de 2017, porque
la generada entre el día siguiente y el 23 de agosto de 2019 debe ser asumida por
el Ministerio de Educación Nacional.
39. Indicó que el artículo 2.6.3.4.2.22 del Decreto 1068 de 2015 fijó los deberes
y facultades del administrador designado, entre otros, «actuar bajo el marco de la
ley para preservar y defender los intereses y recursos públicos inherentes a la
prestación del servicio intervenido de la entidad territorial y de la Nación». Además,
señaló que el artículo 2.6.3.4.2.23 ibidem atribuyó a dicho administrador la
representación judicial y extrajudicial de la entidad territorial por las actuaciones u
omisiones generadas en la ejecución de la medida temporal, por lo que el
incumplimiento es imputable al administrador temporal y al Ministerio de Educación
Nacional.
40. Por lo anterior, solicitó declarar solidariamente responsables del pago de la
sanción moratoria al departamento de La Guajira y al Ministerio de Educación
Nacional, según el porcentaje equivalente a los días de mora causados bajo la
administración de cada entidad.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
41. Mediante auto del 26 de septiembre de 2022, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.° del artículo
247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y prescindió
del período para presentar alegatos de conclusión, al no existir pruebas por decretar
en segunda instancia5.
2.6. Ministerio Público
42. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
43. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, tiene
competencia para asumir el conocimiento del presente asunto conforme con lo
previsto en el artículo 150 del CPACA, dado que se trata de un recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal
administrativo.
5
Samai, índice 5, auto que admite recurso de apelación.
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3.2. Problemas jurídicos
44. De acuerdo con lo expuesto por la entidad demandada en el recurso de
apelación, con el alcance previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso
(CGP) sobre la competencia del juez de segunda instancia6, la Sala se ocupará de
resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿El departamento de La Guajira es el ente territorial obligado a asumir el pago de
la sanción moratoria reconocida al demandante por el retraso en el pago de las
cesantías parciales, aun cuando en una parte del período de mora el Ministerio de
Educación Nacional asumió temporalmente la administración del sector educativo
en dicho ente territorial?
Si la respuesta a este interrogante es negativa, la Sala abordará el estudio del
siguiente aspecto:
(ii) ¿El Ministerio de Educación Nacional es responsable del pago de la sanción
moratoria en los porcentajes señalados por el ente territorial, bajo la figura de la
solidaridad?
45. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala seguirá el siguiente
orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial, (ii) hechos probados y
(iii) caso concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
46. La Ley 244 de 1995, «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas y regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de
la entidad pública obligada, correspondiente a un día de salario por cada día de
retardo hasta el pago efectivo de aquellas7.
47. Esta sanción se estableció para proteger el derecho de los servidores
públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva
de la prestación y para garantizar el pago parcial para educación o vivienda y con
6
CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El
juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
7
Artículo 2. «PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando
se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».
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ello lograr que la administración profiera las resoluciones en forma oportuna y
expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los
trabajadores.
48. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art. 1), en el sentido de extender su aplicación al régimen de
cesantías parciales, reemplazó la expresión «la entidad patronal» prevista en el
artículo 1 de la Ley 244 de 1995 por «la entidad empleadora», y agregó como
destinataria de la obligación a «aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y
pago de las cesantías». Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
similares términos a los fijados en la norma adicionada, así:
ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
49. El artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 reemplazó la expresión «la entidad
patronal», empleada en el artículo 1 de la Ley 244 de 1995, por «la entidad
empleadora», y agregó como destinataria de la obligación a «aquella que tenga a
su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías».
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Radicación: 44001-23-40-000-2022-00066-01 (1249-2024)
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50. La norma citada reiteró los términos para el reconocimiento (15 días) y pago
de la prestación (45 días) previstos en la Ley 244 de 1995, aplicables tanto a las
cesantías definitivas como parciales, de la siguiente manera:
Etapa Término
Expedición del acto 15 días hábiles siguientes a la La Ley 1071 de 2006 previó que,
de reconocimiento radicación de la solicitud cuando la solicitud esté
incompleta, la entidad debe
informar al peticionario dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes
a su recibo, con indicación de los
documentos o requisitos
pendientes. Una vez aportados, la
solicitud se resuelve en el término
de 15 días (art. 4).
Ejecutoria del acto 10 días La sentencia de unificación CE-
de reconocimiento SUJ-S2-01218 del 18 de julio de
2018 señaló dicho período de
conformidad con lo previsto en los
artículos 76 y 87 del CPACA
Pago de la 45 días hábiles siguientes a la
prestación firmeza del acto de
reconocimiento
Causación de la A partir del vencimiento de los Suma de los tres términos
sanción moratoria 70 días hábiles siguientes a la anteriores: 15, 10 y 45 días
radicación de la solicitud,
equivalente a un día de
salario por cada día de
retardo
3.3.2. Sanción moratoria en el pago de las cesantías de los servidores
públicos
51. La jurisprudencia de esta corporación ha considerado que la sanción por la
mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos es una penalidad a
cargo del empleador y en favor del trabajador, establecida para conminar a la
administración al pago oportuno de la prestación y no para compensar o indemnizar
los perjuicios derivados del retardo.
52. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del
18 de julio de 2018, se pronunció sobre los escenarios en que varía el momento de
causación de la sanción moratoria derivada del pago tardío o la falta de pago de las
cesantías parciales o definitivas y fijó las siguientes reglas8:
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento,
término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de
ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 18
de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).
10
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194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto
no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse
el término dispuesto en la ley9 para que la entidad intentara notificarlo
personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5
días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el
salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en
la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de
las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por
la prolongación en el tiempo.
3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la
sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del
CPACA.
53. En este orden, la sentencia de unificación fijó reglas sobre los siguientes
aspectos relevantes de la sanción moratoria: (i) la causación, al vencimiento de los
setenta (70) días hábiles contados desde la radicación de la solicitud; (ii) el salario
base de liquidación al momento del retiro del servicio para las cesantías definitivas
y el percibido al inicio de la mora en el caso de las parciales, y (iii) la improcedencia
de la indexación de la penalidad.
3.3.3. Prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
54. La jurisprudencia unificada de esta Sección ha fijado las reglas de
prescripción aplicables al auxilio de cesantías y a la sanción moratoria, con la
precisión de que las anualizadas no están sometidas a dicho fenómeno, porque la
obligación de consignarlas «surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la
ley» y no depende de la reclamación del trabajador, mientras que las definitivas sí.
Por lo anterior, ha señalado lo siguiente10:
9
Artículos 68 y 69 del CPACA.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016, radicación 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14).
11
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1.- Las cesantías anualizadas son una prestación imprescriptible. Las cesantías
definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.
2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto es el artículo 151 del Código
de Procedimiento Laboral.
55. Esta regla fue reiterada por la Sección en sentencia de unificación en la que
señaló que la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
depende de que el derecho a las cesantías sea exigible y la posibilidad de reclamar
efectivamente tal sanción existe mientras no haya operado la prescripción de la
prestación11.
69. (…) la causación de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, depende de que el derecho al auxilio de cesantía sea exigible,
entendiendo que este derecho pueda ser reclamado tanto en sede administrativa
como judicial, toda vez que si el interesado pierde la oportunidad de reclamar el
reconocimiento y pago de la prestación social por su inactividad, mal podría
comprenderse que continúa abierta la posibilidad de conminar el pago de la sanción
moratoria, puesto que esta penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito
de garantizar el pago oportuno de la prestación (…).
71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en
que no haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del
reconocimiento de esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un
deber del beneficiario el actuar proactivamente para que esta penalidad no se
pierda.
72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante
la administración de forma extemporánea o acude tardíamente a la administración
de justicia, escenario que acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción
extintiva (…).
56. A su vez, dispuso que si el reclamo se presenta después de los tres años
contados desde la exigibilidad «se configura la prescripción total», criterio que se
precisó en el sentido de indicar que la sanción moratoria no prescribe de forma
parcial, porque, aunque su cálculo se acumule diariamente, es indivisible y de
ejecución instantánea12.
57. Igualmente, esta Sección ha considerado, de manera pacífica, que el término
de la prescripción extintiva de la sanción moratoria es el previsto en el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS)13, porque la
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 2
de noviembre de 2023, radicación 08001-23-33-000-2012-00200-02 (2459-2014).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
20 de marzo de 2025, radicación 05001-23-33-000-2018-02426-01 (1118-2024), M.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves.
13
«ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años,
que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
12
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establecida en los Decretos 3135 de 196814 y 1848 de 196915 solo cobija los
derechos de que tratan dichas normas, entre los que no figura la penalidad citada.
58. En consecuencia, el titular del derecho dispone de tres años, contados desde
que la obligación se hace exigible, para formular la reclamación ante la
administración y acudir después a la vía judicial; la sola presentación de la solicitud
administrativa interrumpe dicho término por un lapso igual16.
3.3.4. Administración temporal del sector educativo
59. El Decreto Ley 028 de 2008 estableció la estrategia de monitoreo,
seguimiento y control integral al gasto que ejecutan las entidades territoriales con
recursos del sistema general de participaciones y dispuso que estas funciones
corresponden a las autoridades del orden nacional y al ministerio respectivo en los
sectores de educación y salud17.
60. El artículo 13 de dicho decreto previó que, una vez verificado el
incumplimiento del plan de desempeño, procede la asunción temporal de
competencia como medida correctiva en los departamentos y distritos en los cuales
la Nación asume las funciones de programación presupuestal, ordenación del gasto,
competencia contractual y nominación del personal respecto de los recursos del
sistema general de participaciones destinados a la financiación del servicio, por un
término máximo de cinco años. Las medidas correctivas se adoptan mediante el
procedimiento previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y requieren
la recomendación previa del Consejo Nacional de Política Económica y Social.
61. En el ámbito del sector educativo, el artículo 30 de la Ley 715 de 200118
dispone que el Ministerio de Educación Nacional puede suspender la capacidad
legal de las autoridades territoriales para la administración del servicio público de
educación y designar de forma temporal un administrador especial cuando la
entidad territorial no adopta las acciones necesarias para corregir las fallas
advertidas en la evaluación de control. Dicho administrador tiene «todas las
facultades propias del jefe del organismo intervenido» y dispone de los recursos del
sistema general de participaciones y de los demás destinados al servicio educativo
trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá
la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
14
Decreto 3135 de 1968, artículo 41: «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo
escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
15
Decreto 1848 de 1969, artículo 102: «Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos
consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial
formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre
de 2021, expediente 27001-23-33-000-2013-00282-01 (2937-2015).
17
«Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice
con recursos del Sistema General de Participaciones».
18
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
13
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público «como ordenador de gasto y nominador dentro de los límites de la ley», con
el objeto de garantizar la prestación del servicio y corregir las fallas que dieron lugar
a la evaluación.
62. El Decreto 1068 de 2015, al compilar la reglamentación de la medida
temporal19, previó que las atribuciones de programación presupuestal, ordenación
del gasto, competencia contractual y nominación del personal comprenden los
recursos del sistema general de participaciones que corresponden a la entidad
territorial sobre la cual recae la medida correctiva (artículo 2.6.3.4.2.19). En cuanto
a las obligaciones de la entidad intervenida, la normativa citada establece lo
siguiente:
Artículo 2.6.3.4.2.20. La asunción temporal de la competencia por parte de la Nación
o el departamento, según el caso, no implica solidaridad alguna respecto a las
obligaciones a cargo de la entidad sobre la que recae la medida correctiva,
existentes o causadas con anterioridad o con posterioridad a la adopción de la
medida, y generadas en el correspondiente sector o servicio. El pasivo originado en
el servicio o sector se mantendrá a cargo de la entidad territorial sujeta de la medida,
el cual deberá ser financiado con cargo a sus recursos propios o a los apropiados
con destinación específica para el servicio o sector según el caso, pero, atendiendo
las particulares normas que gobiernen este aspecto.
63. En cuanto a la administración de las plantas de personal, la normativa señala
que la «nominación y administración» están a cargo de la Nación, a través de la
persona que se designe, con «la facultad de expedir los correspondientes actos
administrativos generales y particulares relacionados con todas las situaciones
administrativas derivadas de la relación laboral, legal y reglamentaria», con la
precisión de que «el personal sobre el cual recaigan las medidas pertenecerá o
continuará perteneciendo a la planta de cargos de la entidad territorial respecto de
la cual se haya asumido de forma temporal la competencia» (artículo 2.6.3.4.2.21).
64. En lo atinente a los deberes y facultades del administrador designado, el
decreto en cita incluye las de ejecutar la planeación del sector o servicio, suscribir
los contratos requeridos para garantizar las metas de continuidad, cobertura y
calidad, administrar el personal responsable de la prestación y «actuar bajo el marco
de la ley para preservar y defender los intereses y recursos públicos inherentes a la
prestación del servicio intervenido, de la entidad territorial y de la Nación». Para el
efecto, «las facultades propias del jefe del organismo intervenido se refieren, en el
caso de las entidades territoriales, a las contenidas en los artículos 305 y 315 de la
Constitución Política», que prevén las atribuciones de los gobernadores y alcaldes
(artículo 2.6.3.4.2.22).
65. En este marco, la entidad que asume temporalmente la competencia tiene a
cargo «la representación judicial y extrajudicial por actuaciones u omisiones
generadas en desarrollo de la medida correctiva», la cual ejerce «ordinaria y
exclusivamente en relación con situaciones jurídicas originadas durante la ejecución
19
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público».
14
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de la medida de asunción temporal de la competencia» y, de manera excepcional,
para coadyuvar en la defensa judicial y extrajudicial de situaciones anteriores a la
entrada en vigencia de la medida correctiva (artículo 2.6.3.4.2.23).
66. La asunción temporal de competencia se levanta por vencimiento del término
máximo de cinco años prevista en el artículo 13 del Decreto 028 de 2008, por
solicitud del ministerio del sector intervenido, del Departamento Nacional de
Planeación o de la entidad territorial afectada, mediante acto administrativo
motivado expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez
superados los eventos que motivaron la medida correctiva.
3.4. Hechos probados
67. El demandante prestó servicios al departamento de La Guajira en el cargo de
celador, nombrado mediante el Decreto 052 del 30 de julio de 1992, expedido por
el alcalde del municipio de Manaure, según consta en la certificación expedida por
la profesional especializada del Área Administrativa y Financiera de la Secretaría de
Educación Departamental el 3 de marzo de 202020.
68. El demandante devengó una asignación básica de $1.081.100 entre el 1.° de
enero y el 31 de diciembre de 2015, como lo indica el formato único para la
expedición de certificado de salarios expedido el 3 de marzo de 202021.
69. El departamento de La Guajira, mediante el Decreto 120 de 2004, incorporó
la planta de personal administrativo financiada con recursos del sistema general de
participaciones a la planta de cargos adoptada conforme con el artículo 2 del
Decreto 3020 de 200222.
70. El demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas
parciales el 19 de enero de 2015, bajo radicado 2015PQR468, petición que reiteró
el 21 de febrero de 2017, bajo radicación SACSEDPQR159523.
71. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución nro. 0459
del 21 de febrero de 2017, dictó la medida correctiva de «asunción temporal de la
competencia de prestación del servicio de educación en el Departamento de La
Guajira, y los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia», a través de la cual la Nación
asumió las funciones de programación presupuestal, ordenación del gasto,
competencia contractual y nominación del personal con cargo a los recursos del
Sistema General de Participaciones, por un término máximo de cinco años24.
72. El Ministerio de Educación Nacional designó a Alba Lucía Marín Villada como
administradora temporal para el sector educación en el departamento de La Guajira,
20
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folio 180.
21
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folios 181 y 182.
22
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folios 38 a 51.
23
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folio 52 a 56.
24
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Resolución 0459 del 21 de febrero de 2017.
15
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mediante la Resolución 11992 del 15 de junio de 2017, según consta en los
considerandos de la Resolución 1137 del 12 de agosto de 201925.
73. El demandante insistió en el pago de las cesantías retroactivas parciales y
reclamó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en la petición radicada el
7 de marzo de 2018, bajo el nro. 2018PQR268126.
74. La administración temporal del sector educativo en el departamento de La
Guajira, mediante la Resolución 1137 del 12 de agosto de 2019, reconoció
cesantías retroactivas parciales al demandante por $42.666.296,84, descontó
$34.298.069,25 por abonos anteriores y ordenó girar el saldo líquido27.
75. El pago se abonó a la cuenta bancaria del demandante el 23 de agosto de
2019, según consta en el extracto de movimientos expedido por el Banco BBVA el
26 de agosto de dicho año28.
76. El demandante permanecía ejerciendo el cargo el 3 de marzo de 2020, según
el formato único para la expedición de certificado de salarios29.
77. El líder de gestión educativa de la administración temporal, por oficio del 21
de julio de 2020, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria con el
argumento de que el régimen de cesantías retroactivas parciales aplicable al actor
no prevé dicha penalidad30.
3.5. Caso concreto
78. El demandante solicitó la nulidad del acto ficto configurado por el silencio de
la administración frente a la petición radicada el 7 de marzo de 2018 y del oficio del
21 de julio de 2020, por medio del cual el líder de gestión educativa negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada por el retardo en el pago
de las cesantías retroactivas parciales.
79. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 19 de
septiembre de 2023, declaró la nulidad de los actos demandados y condenó a la
entidad demandada a reconocer y pagar la mora causada entre el 4 de mayo de
2015 y el 22 de agosto de 2019. Lo anterior, con el argumento de que el
departamento de La Guajira, en condición de empleador del demandante, es el
obligado a asumir de manera oportuna el pago de los emolumentos salariales y
prestacionales causados en la relación laboral, sin que la medida de administración
temporal del sector de la educación lo relevara de dicha obligación.
25
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folio 175.
26
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folios 65 a 68.
27
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folios 175 a 177.
28
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folio 179.
29
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folios 181 y 182.
30
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folios 142 y 143.
16
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80. La entidad demandada circunscribió los reparos de la apelación a la
imputación de la sanción moratoria, con el argumento de que la administración del
sector educativo estuvo a cargo del Ministerio de Educación Nacional durante la
mayor parte del período de mora, razón por la que solo le resulta atribuible el lapso
comprendido entre el 4 de mayo de 2015 y el 21 de febrero de 2017. Afirmó que el
período restante debe ser asumido por el ministerio citado bajo la figura de la
«solidaridad».
81. Al respecto, se encuentra acreditado que el demandante presentó la solicitud
de reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas parciales el 19 de enero de
2015 y la reiteró el 21 de febrero de 2017, fecha en la que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, mediante la Resolución 0459, dictó la medida correctiva de
asunción temporal de la competencia para la prestación del servicio de educación
en el departamento de La Guajira y en los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia.
En cumplimiento de dicha medida, el Ministerio de Educación Nacional designó
administradora temporal para el sector mediante la Resolución 11992 del 15 de junio
de 2017.
82. El demandante reiteró la solicitud de pago de las cesantías y adicionó el
reconocimiento de la sanción moratoria mediante petición radicada el 7 de marzo
de 2018. La administración temporal reconoció la prestación por Resolución 1137
del 12 de agosto de 2019 y realizó el pago el 23 de agosto de 2019.
83. Por tanto, la mora empezó a causarse el 4 de mayo de 2015, cuando venció
el plazo previsto en la ley para realizar el pago. El demandante solicitó la sanción
moratoria el 7 de marzo de 2018, solicitud que el ente territorial negó mediante oficio
del 21 de julio de 2020.
84. Las pretensiones de la demanda presentada el 22 de noviembre de 202031
se circunscribieron a la nulidad de los actos que negaron la sanción moratoria y al
reconocimiento de la penalidad, sin cuestionar el acto por el cual la administración
temporal reconoció las cesantías retroactivas parciales ni el valor liquidado.
85. Por otra parte, el recurso de apelación solo se dirige contra la orden de
condena en contra del ente territorial, de manera que la causación de la penalidad,
el período de mora, el salario base de liquidación, la no configuración de la
prescripción y la improcedencia de la indexación, definidos en la sentencia de
primera instancia, no fueron cuestionados.
31 Auto admisorio del 26 de septiembre de 2022 «El 22 de noviembre de 2020, la accionante y 26 ciudadanos
más presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (…), con radicación 44-001-23-40-000-
2020-00376-00. // Mediante auto de 3 de febrero de 2021, la magistrada sustanciadora inadmitió la demanda
(…); en consecuencia, se ordenó al apoderado accionante desglosar los documentos correspondientes a cada
uno de los accionantes y someter a reparto las demandas individualmente formuladas. // En escrito de 4 de
noviembre de 2021, la parte actora formuló demandas de manera individual para cada accionante (…). // Previo
a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de la referencia (…), es necesario destacar que, si bien la misma
correspondió a este despacho por reparto realizado el 23 de mayo de 2022, esta se entiende radicada el 22 de
noviembre de 2020, cuando se presentó la demanda inicial identificada con radicado 44-001-23-000-2020-
00376-00, tal y como se dispuso a través de proveído de 22 de febrero de 2022 dictado en el referido asunto».
Samai, índice 2, archivo 86719 kb, folio 229.
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86. Precisado lo anterior, es del caso señalar que la petición de reconocimiento
y pago de las cesantías retroactivas parciales en este caso fue radicada el 19 de
enero de 2015, fecha a partir de la cual corrieron los quince (15) días hábiles para
expedir el acto de reconocimiento, así como los diez (10) días de ejecutoria y los
cuarenta y cinco (45) días hábiles para efectuar el pago, plazo que, según lo
determinó el tribunal, venció el 30 de abril de 2015, sin que la entidad apelante
hubiera cuestionado dicho cómputo.
87. En este contexto, la situación jurídica que dio lugar a la sanción moratoria se
originó con anterioridad a la ejecución de la medida correctiva, dado que el
incumplimiento del término legal para el pago de las cesantías retroactivas parciales
se produjo el 30 de abril de 2015 y la mora empezó a causarse desde el día hábil
siguiente.
88. Igualmente, se encuentra demostrado que la asunción temporal de la
competencia fue adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 21 de
febrero de 2017, de manera que la representación judicial y extrajudicial prevista en
el artículo 2.6.3.4.2.23 del Decreto 1068 de 2015 en favor de la entidad que asume
dicha competencia, atribuida de manera ordinaria y exclusiva para las situaciones
jurídicas originadas durante la ejecución de la medida, no comprende la obligación
de pago por la causación de la sanción ocurrida el 4 de mayo de 2015.
89. Frente a la imposición de pago de la sanción moratoria al ente territorial
sometido a la medida correctiva de administración temporal, esta Subsección ha
considerado que la entidad territorial empleadora es la responsable de la sanción
moratoria cuando la obligación de pago de las cesantías retroactivas parciales surge
antes de la adopción de la asunción del sector de la educación32.
90. Lo anterior, en atención a que el artículo 2.6.3.4.2.20 del Decreto 1068 de
2015 prevé que la asunción temporal de la competencia no implica solidaridad33
alguna respecto de las obligaciones existentes o causadas con anterioridad a la
medida correctiva, con la precisión de que el pasivo originado en el servicio se
mantiene a cargo del ente territorial34. En armonía con dicha previsión, el artículo
2.6.3.4.2.21 dispone que el personal continúa perteneciendo a la planta de cargos
del ente territorial, circunstancia que evidencia que en el presente caso el
departamento de La Guajira conservó la condición de empleador del demandante.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
12 de septiembre de 2024, radicación 44001-23-40-000-2019-00038-01 (5193-2022), M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
33
Código Civil, artículo 1568. «En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la
obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte
o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte
o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de
los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in
solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley».
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del
21 de marzo de 2024, radicación 44001-23-40-000-2022-00059-01 (6062-2023), M.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez, y del 20 de marzo de 2025, radicación 44001-23-40-000-2022-00064-01 (7114-2023), M.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves.
18
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00066-01 (1249-2024)
Demandante: Marzo Uriana
Demandado: Departamento de La Guajira
91. Resulta oportuno precisar que esta Subsección ha distinguido dos supuestos
a partir del momento en que se causa la prestación, así: (i) las obligaciones
existentes o causadas antes de la asunción temporal de la competencia están a
cargo de la entidad territorial conforme con el artículo 2.6.3.4.2.20 del Decreto 1068
de 2015; (ii) las causadas durante la vigencia de la medida correctiva corresponden
al administrador designado35.
92. Con fundamento en dicho criterio, la Sala atribuyó el pago de la sanción
moratoria a la Nación en un asunto en el que la solicitud de reconocimiento de las
cesantías se presentó cuando la medida correctiva se encontraba en ejecución,
supuesto que difiere del examinado en este proceso, en el que la petición se radicó
con anterioridad.
93. En este orden, el reparo relativo a la imputación parcial de la penalidad
presentado por el ente territorial no es de recibo, porque la obligación de pago de la
prestación que generó la sanción moratoria a favor del demandante se causó el 4
de mayo de 2015, por lo que se hizo exigible antes de que se adoptara la asunción
temporal de competencia —21 de febrero de 2017—.
94. Así, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa, dado que el ente
territorial demandado es el único llamado a responder por la totalidad de la sanción
moratoria causada por el retardo que se configuró cuando la administración del
sector de la educación estaba a su cargo.
95. En consecuencia, no hay lugar al estudio del segundo problema formulado,
dado que la imputación del pago al departamento de La Guajira como entidad
obligada al reconocimiento y pago de la cesantía retroactiva parcial excluye la
solidaridad alegada en el recurso de apelación conforme con lo previsto en el
artículo 2.6.3.4.2.20 del Decreto 1068 de 2015, según el cual la medida de asunción
temporal de competencia por parte de la Nación «no implica solidaridad alguna
respecto a las obligaciones a cargo de la entidad».
3.6. Conclusión
96. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que el departamento de La
Guajira es la entidad obligada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
causada por el retardo en el pago de las cesantías retroactivas parciales, porque la
obligación de pago de la prestación se hizo exigible el 4 de mayo de 2015, esto es,
con anterioridad a la medida correctiva de asunción temporal adoptada el 21 de
febrero de 2017, en el marco de la cual el pasivo originado en el sector educativo
se mantiene a cargo del ente territorial. En este orden, la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira el 19 de septiembre de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, será confirmada.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de septiembre de 2025, radicación 44001-23-40-000-2022-00053-01 (5899-2024), M.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
19
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00066-01 (1249-2024)
Demandante: Marzo Uriana
Demandado: Departamento de La Guajira
3.7. Costas
97. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar la
condena en costas debe verificarse que la parte vencida haya actuado de manera
temeraria o de mala fe36.
98. Por tanto, como en el presente caso no se demostró que la entidad
demandada haya incurrido en las conductas mencionadas, no se condenará en
costas en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira el 19 de septiembre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
36
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-valorativo». En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 44001-23-40-000-2022-00066-01 (1249-2024)
Demandante: Marzo Uriana
Demandado: Departamento de La Guajira
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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