Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2022-00064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2022-00064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-40-000-2022-00064-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de marzo de 2025
Radicado: 44001-23-40-000-2022-00064-01
Demandante: Jesús María Ibarra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00064-01 (7114-2023)
Demandante: Jesús María Ibarra
Demandado: departamento de La Guajira.
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Confirma decisión
de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada contra la sentencia del 30 de agosto de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Jesús María Ibarra por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se
declare la nulidad del acto ficto o presunto, producto de la no respuesta a la
petición del 5 de marzo de 2018 y del oficio sin número del 21 de julio de 2020,
por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la cancelación tardía de las cesantías.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, correspondiente a un (1)
día de salario por cada día de retardo, contados desde el 71 día hábil después
de haber radicado la solicitud de cesantías hasta cuando se hizo efectivo el
pago de la prestación, por un valor de 57.046.043 COP, ii) se dé cumplimiento
a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del Código
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Demandante: Jesús María Ibarra
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
y iii) se condene en costas a la entidad demandada.
Hechos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5. El señor Jesús María Ibarra fue vinculado como celador por parte del municipio
de Barrancas, y a partir del 1° de enero del año 2003 fue incorporado sin
solución de continuidad a la planta de personal administrativo de la Secretaría
de Educación del departamento de La Guajira.
6. El 19 de enero del año 2015 presentó ante la entidad territorial reclamación
administrativa para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías
retroactivas, siéndole asignado el radicado PQR 2015PQR468. En vista de que
no existió respuesta, el 21 de febrero de 2017 reiteró la petición.
7. El 5 de marzo de 2018 elevó una nueva solicitud, insistiendo en el pago de las
cesantías y requiriendo la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
por el no pago de la prestación.
8. La precitada Secretaría por medio de la Resolución 1136 del 12 de agosto de
2019, reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales al demandante,
prestación que fue cancelada el 23 del mismo mes y año.
9. Por último, el 1 de abril de 2020, con radicado interno GJR2020ER04385, exigió
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. Solicitud que fue resuelta
negativamente a través del oficio del 21 de julio de esa anualidad.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: el preámbulo y los
artículos 1, 2, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; la Ley 244 de 1995 –
modificada por la Ley 1071 de 2006-, y el artículo 15 de la Ley 962 de 2005.
11. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso
que la conducta asumida por parte de la entidad territorial configura la hipótesis
legal establecida en el artículo 6 de la Constitución Política, porque los
servidores públicos son responsables por la omisión en el cumplimiento de sus
obligaciones y deberes.
12. En este caso, la entidad demandada está en la obligación legal de pagar la
sanción moratoria predicada, ya que está demostrada la tardanza en la
cancelación de las cesantías retroactivas.
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Demandante: Jesús María Ibarra
Contestación de la demanda
13. El departamento de La Guajira1 por intermedio de apoderada, se pronunció
sobre los hechos de la demanda y se opuso a todas las pretensiones, por
carecer de fundamentos de hecho y de derecho para invocarlas.
14. Indicó que el demandante se encuentra amparado por el régimen retroactivo de
cesantías, razón por la que no es viable el reconocimiento de la sanción
moratoria, pues esta penalidad fue consagrada para el sistema de liquidación
anual2.
15. Al respecto, el Consejo de Estado en reiteradas providencias ha señalado que
los trabajadores vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996
que no se hayan acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de
liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, no tienen derecho
al reconocimiento de la sanción moratoria.
16. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“cumplimiento del deber constitucional y legal”, “legalidad del acto
administrativo”, “inexistencia de la obligación legal”, “inaplicabilidad de normas
y precedente jurisprudencial invocado” y “genérica”.
Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 30 de agosto
de 20233, previa declaratoria de nulidad de los actos demandados, condenó al
departamento de La Guajira a pagar a favor del señor Jesús María Ibarra una
sanción moratoria por el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2015 y el
22 de agosto de 2019; teniendo en cuenta la asignación básica del año 2015.
18. Aclaró el tribunal que la demanda fue admitida en contra del departamento de
La Guajira, ya que, mediante las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público devolvió la competencia a la entidad
territorial para la administración del sector educativo. En consecuencia, se
consideró que dicho ente estaba legitimado para actuar como extremo pasivo.
19. Dilucidado lo anterior, precisó que el demandante en este caso es servidor
público vinculado al personal administrativo de la Secretaría de Educación del
departamento de La Guajira, razón por la que se aplica el régimen retroactivo
de cesantías según los antecedentes administrativos.
1 Páginas 253 a 265 del expediente digital
2 Así fue expresado por la parte demandada en la contestación.
3 Páginas 426 a 443 del expediente digital.
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20. A efectos de establecer si se configuró la sanción moratoria, adujo el a quo que
el demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas el
19 de enero de 2015, razón por la cual la entidad demandada debía resolver la
petición y efectuar el pago hasta el 30 de abril de la misma anualidad; sin
embargo, el acto administrativo se expidió el 12 de agosto de 2019, es decir por
fuera de los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.
21. En ese orden de ideas, la penalidad se empezó a causar el 4 de mayo de 2015
y finalizó el 22 de agosto de 2019, es decir el día anterior al pago de dicha
prestación4.
22. Aunque es cierto que los actos demandados fueron expedidos por el Ministerio
de Educación Nacional a través de la administración temporal para el sector
educativo del departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia, dichas actuaciones se entienden realizadas por
el departamento de La Guajira, pues según el artículo 30 de la Ley 715 de 2001,
con la medida de administración temporal se retira al jefe del organismo
intervenido y son asumidas las funciones por el administrador designado.
23. De igual manera, tal como lo expuso el agente del Ministerio Público en su
concepto, el departamento de La Guajira es el empleador del demandante y en
dicha condición, es quien está obligado legalmente a atender en forma oportuna
el pago de los emolumentos salariales y prestacionales causados en el curso
de la relación laboral que los une, así como a asumir los efectos adversos que
se puedan deducir de su conducta omisiva.
24. En ese sentido, resulta desproporcionado que, tras adoptar una medida de
asunción temporal de la competencia, se sustraiga al ente territorial empleador
de sus deberes como patrono y se imponga una barrera administrativa excesiva
e injustificada al extremo débil de la relación de trabajo.
Recurso de apelación
25. La apoderada del departamento de La Guajira5 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, en el cual solicitó se revoque el
numeral tercero por los siguientes motivos:
26. La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Administración Temporal del
sector Educativo en el departamento de La Guajira comparte una
responsabilidad solidaria con el ente territorial, en cuanto al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria se refiere.
4 Sic
5 Folios 449 a 452 del expediente digital.
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27. Mediante el CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 y la Resolución 0459 del
mismo año, se ordenó la intervención del sector educativo en el departamento
de La Guajira.
28. En aplicación del artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015 y con ocasión
de la expedición de la Resolución 11992 del 14 de junio de 2017 del Ministerio
de Educación Nacional, fue designada la doctora Alba Lucía Marín Villada como
administradora temporal para el sector Educación en el departamento de La
Guajira.
29. En ese orden de ideas, la entidad territorial perdió competencia en cuanto a la
prestación del servicio educativo desde el 21 de febrero de 2017, siendo la
Nación – Ministerio de Educación – Administración Temporal del sector
Educativo en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia, la entidad delegada para garantizar la prestación
de dicho servicio en el departamento.
30. Dilucidado lo anterior, debe ponerse de presente que a la fecha de expedición
del CONPES 3881, habían transcurrido 472 días de mora atribuible al
departamento de La Guajira, y de ahí en adelante se causaron 652 días hasta
que la Administración Temporal acreditó el pago de la prestación.
31. Así las cosas, es claro que el tribunal no realizó un análisis jurídico juicioso de
la responsabilidad que recae sobre la Administración Temporal del sector
Educativo para el departamento de La Guajira en lo atinente a la mora, lo que
implica una condena desproporcionada.
32. Es particularmente grave que no se haya vinculado al Ministerio de Educación
Nacional al proceso para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción
frente a las situaciones contenidas en la demanda de la referencia, ya que es
errado el argumento de que el departamento hoy en día ostenta las
competencias del sector educativo con motivo de la expedición de las
Resoluciones 1876 y 1914 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional.
33. No tendría sentido que en aplicación de los Decretos Ley 028 de 2008 y 1068
de 2015, una entidad del orden nacional intervenga el sector educativo de una
territorial, nombre un administrador temporal, y la Administración Temporal no
sea responsable de cualquier mora o incumplimiento que se genere durante
dicha administración, lo que constituye un desconocimiento del artículo
2.6.3.4.2.22. del Decreto 1068 de 2015.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
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34. Mediante auto del 5 de febrero de 20246 se admitió el recurso de apelación, sin
que se haya emitido pronunciamiento de las partes y del agente del Ministerio
Público.
35. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
36. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7.
37. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a
lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las
partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.
Problema jurídico
38. Le corresponde a la Subsección determinar si la Nación – Ministerio de
Educación – Administración Temporal del sector Educativo en el departamento
de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, es
responsable proporcionalmente en el pago de la sanción moratoria reconocida
al señor Jesús María Ibarra, o tal como lo dispuso la sentencia de primera
instancia, el departamento de La Guajira debe responder por la condena
impuesta.
39. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará
los siguientes temas: i) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción
moratoria, ii) Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, iii) Hechos probados y iv) Caso concreto.
Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.
6 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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40. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 20068,
establece que:
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya
fuera del texto)
41. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)
42. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos
para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia
en el parágrafo del artículo en comento:
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de estas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro
del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (subraya fuera del texto)
43. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se
consideró en esa oportunidad que:
8 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a
la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:
TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
cómputo del término la ejecutoria la petición
(después de 15 días) el acto
de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
La Administración Temporal del sector Educativo en el departamento de
La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia.
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44. El Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante el documento
CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 9, recomendó la adopción de una
medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de
los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y
saneamiento básico en el departamento de la Guajira, por un periodo de 36
meses, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Decreto 028 de 2008 10 y los
artículos 2.6.3.4.2.1 11 y 2.6.3.4.2.1612 del Decreto 1068 de 2015.
45. En ese marco, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución
0459 del 21 de febrero de 2017, mediante la cual adoptó la medida correctiva
de asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio educativo
en los niveles de preescolar, básica y media en el departamento de La Guajira,
Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia y se describen los
eventos de riesgo identificados en las citadas entidades territoriales
certificadas.
46. Posteriormente, a través del CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 13, el
Consejo Nacional de Política Económica y Social, extendió la vigencia de la
medida correctiva adoptada mediante el documento CONPES 3883.
47. Mediante la Resolución 0624 del 21 de febrero de 2020, expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público se extendió por el término de 2 años
la vigencia de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia
adoptada mediante la Resolución 0459 del 21 de febrero del 2017 expedida por
la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en el departamento de La Guajira, y los municipios de Maicao,
Riohacha y Uribia.
48. Por su parte, por medio del artículo 2.6.3.4.2.22 del Decreto 1068 del 2015,
compilatorio del Decreto 2613 del 2009, mediante el cual se reglamentó el
9 Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/
3883.pdf
10 «Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice
con recursos del Sistema General de Participaciones»
11 «ARTÍCULO 2.6.3.4.2.1. Adopción de medidas correctivas. Las medidas correctivas, por su naturaleza
cautelar, se podrá adoptar de manera simultánea a la iniciación y comunicación del procedimiento respectivo. La
medida se surtirá mediante la publicación del acto administrativo en la página Web del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, y se entenderá surtida en la fecha de publicación.»
12 « ARTÍCULO 2.6.3.4.2.16. Recomendación Conpes Social. Con sujeción a la información suministrada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Conpes Social recomendará:
1. La adopción o no de la medida de asunción temporal de competencia en la respectiva entidad territorial.
2. La ejecución de actividades tendientes a superar los eventos de riesgo detectados, con sus respectivos
indicadores de evaluación y seguimiento.
3. Las medidas de mejoramiento institucional y de gestión orientadas a asegurar la prestación del respectivo servicio
que permitan a la entidad territorial reasumir la competencia.
4. Las actividades de seguimiento durante el periodo de adopción y ejecución de la medida correctiva que deberá
realizar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público».
13 Documento que puede ser consultado en el siguiente enlace: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/
3984.pdf.
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numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Ley 028 del 2008, se establecieron las
facultades y deberes del administrador designado, determinándose que el
administrador temporal tendrá las mismas facultades y deberes propios del jefe
del organismo intervenido.
49. En cuanto a la representación judicial y extrajudicial, el artículo 2.6.3.4.2.23 del
mencionado decreto dispuso:
«ARTÍCULO 2.6.3.4.2.23. Representación judicial y extrajudicial. En el evento de
asunción temporal de la competencia, la representación judicial y extrajudicial por
actuaciones u omisiones generadas en desarrollo de la aplicación de la medida
correctiva, estará a cargo de la entidad que asuma temporalmente la competencia.
Esta representación se ejercerá ordinaria y exclusivamente en relación con situaciones
jurídicas originadas durante la ejecución de la medida de asunción temporal de la
competencia.
Excepcionalmente a juicio de la Nación o del departamento, según el caso, y con el
objetivo de eliminar los eventos de riesgo o de asegurar la continuidad, cobertura y
calidad del servicio o sector y la correcta ejecución de los recursos dispuestos para su
financiación, podrá coadyuvar en la defensa judicial y extrajudicial con motivo de
situaciones generadas con anterioridad a la entrada en vigor de la medida correctiva,
estén o no judicializadas para tal momento.»
50. Finalmente, a través de las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público levantó la medida correctiva a partir del 16 de
agosto de 2021 y devolvió la competencia en el manejo del sector educativo al
departamento de La Guajira y a sus municipios certificados en educación.
Hechos probados
51. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
52. El alcalde del municipio de Manaure – Guajira mediante el Decreto 083 del 4 de
octubre de 1988 14 nombró en el cargo de celador al señor Jesús Ibarra,
posesionándose el 11 de octubre del mismo año.
53. Por medio del Decreto 120 del 2004 15, el gobernador del departamento de La
Guajira en uso de las facultades legales y constitucionales conferidas, en
especial las del artículo 305 de la Constitución Política, incorporó a la planta de
personal del departamento de La Guajira a un personal administrativo, entre
ellos el demandante.
14 Página 312 del expediente digital.
15 Páginas 39 a 52 del expediente digital
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Demandante: Jesús María Ibarra
54. El 19 de enero de 2015 16, el señor Jesús María Ibarra a través de apoderado
elevó petición ante la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira,
solicitando la liquidación y cancelación de las cesantías retroactivas,
reclamación que fue reiterada el 21 de febrero del año 2017 17.
55. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 0459 del 21
de febrero de 2017, a través de la cual adoptó la medida correctiva de Asunción
Temporal de la prestación del servicio educativo en el departamento de La
Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia. La cual fue
levantada a través de las Resoluciones 1876 y 1914 de 2021, con efectos a
partir del 16 de agosto de 2021.
56. El actor el 7 de marzo de 2018 18 requirió a la administración temporal, el pago
de las cesantías retroactivas y la sanción moratoria por la cancelación tardía de
la prestación.
57. Mediante la Resolución 1129 del 12 de agosto de 2019 19 la Administradora
Temporal para el sector Educación en el departamento de La Guajira, distrito
de Riohacha y municipios de Maicao y Uribia, «ordenó el reconocimiento y pago
de las cesantías retroactivas al señor JESÚS MARÍA IBARRA». En las
consideraciones de este acto, se plasmó «Que mediante solicitud presentada
en esta secretaría el día 19 de enero de 2015, bajo radicado número
2015PQR468, el señor ROLAN ANTONIO CASTAÑEDA, … mediante poder
otorgado por el señor JESÚS MARÍA IBARRA… solicitó el reconocimiento y
pago de las cesantías retroactivas…».
58. El dinero correspondiente al pago de la mentada prestación fue puesto a
disposición del demandante el 23 de agosto de 201920, tal como consta en el
certificado bancario BBVA del mes de agosto del mismo año.
59. El 8 de junio de 2020 21 el señor Jesús María Ibarra presentó una nueva petición
solicitando la sanción mora por la cancelación tardía de las cesantías, la cual
fue atendida por medio del oficio sin número del 21 de julio de esa misma
anualidad22, negando la penalidad requerida.
60. La profesional especializada del área administrativa y financiera de la
Administración Temporal de la competencia de la prestación del servicio de
educación en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los
16 Páginas 53 a 57 del expediente digital.
17 Página 62 del expediente digital.
18 Páginas 66 a 69 del expediente digital.
19 Páginas 175 a 178 del expediente digital.
20 Página 180 del expediente digital.
21 Páginas 125 a 142 del expediente digital.
22 Páginas 143 a 144 del expediente digital
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Demandante: Jesús María Ibarra
municipios de Maicao y Uribia, certificó que el señor Jesús María Ibarra presta
sus servicios al departamento de La Guajira desde 11 de octubre de 1988, para
un total de 31 años, 4 meses y 22 días 23.
Caso concreto 24
61. De conformidad con los artículos 320 y 328 del CGP, al no existir motivo de
inconformidad frente a la causación de la sanción moratoria, la Sala no se
pronunciará sobre ello, por lo que el estudio se limitará a los aspectos objeto de
reparo.
62. El departamento de La Guajira afirmó en su recurso que la decisión de primera
instancia vulneró el debido proceso por la no vinculación del Ministerio de
Educación Nacional.
63. Entidad esta a quien le asiste responsabilidad en el pago de la sanción
moratoria, porque en virtud de la Administración Temporal para el sector
Educación en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia, tuvo a su cargo la administración en materia
educativa de dicha entidad desde el 21 de febrero de 2017 hasta el mes de
agosto de 2021.
64. En ese contexto, en lo que se refiere a la posible violación del derecho al debido
proceso por la no vinculación de la Administradora Temporal, observa la Sala
que este asunto ya fue analizado por el tribunal de primera instancia tanto en el
auto admisorio de la demanda, como en el fallo apelado.
65. Véase que la demanda inicialmente fue dirigida en contra del «Ministerio de
Educación – Administración Temporal de la competencia de la prestación de los
servicios educativos en el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha
y los municipios de Maicao y Uribia»; sin embargo, en el auto que la admitió se
tuvo como demandado únicamente a la entidad territorial, toda vez que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resoluciones 1876 y 1914
23 Página 181 del expediente digital.
24 El tribunal tuvo como fecha de presentación del medio de control el día 23 de noviembre de 2020 tal como se
dispuso en el auto admisorio de la demanda. Del expediente se observa que, mediante auto del 18 de agosto de
2022, previo a su admisión el Tribunal Administrativo de la Guajira requirió a la oficina de reparto judicial para que
certificara cuando fue presentada la demanda en estudio, toda vez que el acta de reparto tenía fecha del 20 de
mayo de 2022, pero la constancia de remisión de la demanda y sus anexos el 2020.
En respuesta al requerimiento, la profesional universitaria grado 13 de la oficina de reparto judicial manifestó que
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor José Rafael Ureche Ureche y otros fue
recibida el 22 de noviembre de 2020, y de conformidad con la providencia del 22 de febrero de 2022, emanada de
ese tribunal y remitido a dicha oficina el día 20 de mayo de 2022 vía correo electrónico, se ordenó el desglose del
proceso, y se hizo nuevo reparto originando este proceso. En el auto de desglose se dispuso: « Se tendrá como
fecha de presentación de cada una de las demandas el 23 de noviembre de 2020 cuando se radicó la demanda
inicial...»
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de 2021 devolvió la competencia al departamento de La Guajira para la
administración del sector educativo.
66. Además, en el fallo apelado se declararon no probadas las excepciones
propuestas por el departamento de La Guajira, entre ellas la denominada falta
de legitimación en la causa por pasiva, con base en los siguientes argumentos:
«Vale precisar que si bien es cierto que los actos demandados fueron expedidos por el
ministerio de educación nacional a través de la administración temporal para el sector
educativo del departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de
Maicao y Uribia, dichas actuaciones se entienden realizadas por el departamento de
La Guajira, pues según el artículo 30 de la ley 715 de 20019, con la medida de
administración temporal se retira al jefe del organismo intervenido y son asumidas las
funciones por el administrador designado.
De igual modo, debe destacar la sala que tal como lo rememora el ministerio público
en su concepto, es el departamento de La Guajira el empleador del demandante y, en
dicha condición, es quien está obligado legalmente a atender en forma oportuna el
pago de los emolumentos salariales y prestacionales causados en el curso de la
relación laboral que los une, así como a asumir los efectos adversos que se puedan
deducir de su conducta omisiva.
En ese sentido, no resulta razonado ni proporcionado que, a raíz de la adopción de una
medida de asunción temporal de la competencia, se sustraiga al ente territorial
empleador de sus deberes como patrono y en consecuencia se imponga una barrera
administrativa excesiva e injustificada al extremo débil de la relación de trabajo, a quien
este tribunal está llamado a hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia mediante
la presente sentencia.
Lo anterior atendiendo también a que no todo el periodo de mora se causó en vigencia
de la medida de asunción temporal; todo ello, independientemente de las acciones de
repetición u otras que podrían radicarse en cabeza del departamento de La Guajira, de
estimar este que el ejercicio de la competencia por parte del nivel nacional le causó
perjuicios y en aras de lograr su reparación.
Así las cosas, no está llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el ente demandado. Tampoco están llamadas a
prosperar las demás excepciones, pues, conforme a lo expuesto, el derecho a la
sanción moratoria sí se causó a favor del demandante».
67. De lo previamente expuesto, concluye la Sala que no tienen vocación de
prosperidad los argumentos planteados por la parte recurrente.
68. Y es que la intervención del Ministerio de Educación a través de la
administradora temporal, llevada a cabo como consecuencia de la medida
correctiva de asunción temporal de la competencia del sector educativo en el
departamento de La Guajira, en los términos del artículo 13 del Decreto 028 de
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2008, se limita a trasladar al administrador las funciones propias del jefe del
organismo en los aspectos relacionados con el sector objeto de la medida y
sobre los recursos del Sistema General de Participaciones de la entidad
territorial, ejerciendo los actos propios de este.
69. Sin que ello implique responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones a
cargo de la entidad territorial existentes con anterioridad o posterioridad a la
adopción de la medida, tal como lo dispone el artículo 2.6.3.4.2.20 del Decreto
1068 de 2015 25.
70. Así las cosas, la Administración Temporal o el Ministerio de Educación no son
responsables de la sanción moratoria generada por el pago tardío de las
cesantías de un servidor de la entidad intervenida.
71. Aunado a lo anterior, cabe traer a colación que la penalidad se hizo exigible con
anterioridad a la adopción de la medida.
72. Véase que la radicación de la solicitud de cesantías retroactivas se realizó el 19
de enero de 201526 y la sanción de acuerdo con el cálculo efectuado por el
tribunal se hizo exigible el 4 de mayo de ese mismo año 27, es decir, que la
intervención del servicio educativo de la Guajira fue posterior a las situaciones
antes referenciadas.
73. En este caso, no operó la prescripción de la sanción moratoria, dado que entre
la fecha de exigibilidad de la penalidad y la reclamación administrativ a del 5 de
marzo de 2018 no transcurrieron tres años. Además, entre esta y la demanda
tampoco, ya que la misma fue interpuesta el 23 de noviembre de 2020.
74. En ese contexto, dado que la ficción legal de la adopción temporal no implica
per se la solidaridad de las obligaciones de la entidad intervenida, es claro que
la responsabilidad en el pago de la sanción moratoria no varió con la asunción
temporal, por lo tanto, es el departamento de La Guajira el responsable de la
condena.
75. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme
lo expuesto en precedencia.
25 «ARTÍCULO 2.6.3.4.2.20. Asunción del pasivo. La asunción temporal de la competencia por parte de la Nación
o el departamento, según el caso, no implica solidaridad alguna respecto a las obligaciones a cargo de la entidad
sobre la que recae la medida correctiva, existentes o causadas con anterioridad o con posterioridad a la adopción
de la medida, y generadas en el correspondiente sector o servicio. El pasivo originado en el servicio o sector se
mantendrá a cargo de la entidad territorial sujeta de la medida, el cual deberá ser financiado con cargo a sus
recursos propios o a los apropiados con destinación específica para el servicio o sector según el caso, pero,
atendiendo las particulares normas que gobiernen este aspecto.»
26 Así se advierte en el acto administrativo que reconoció las cesantías y se observa de la petición obrante en el
expediente.
27 Aspecto que no fue objeto de reproche en el recurso.
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Condena en costas
76. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta
Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había
o no lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada
en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.
77. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
78. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 30 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a las consideraciones
antedichas.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
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Demandante: Jesús María Ibarra
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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