República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-31-000-2011-02061-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-31-000-2011-02061-01 (3280-2025)
Demandante: Yarlet Susana Álvarez Martínez
Demandada: Municipio de El Roble
Tema: sanción moratoria por el no pago del auxilio de cesantías. Subtema 1:
agotamiento de la vía gubernativa. Subtema 2: régimen aplicable Decreto 01 de 1984.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por Yarlet Susana Álvarez Martínez contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Escritural, el 16 de
diciembre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Yarlet Susana Álvarez Martínez acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del acto ficto que se
derivó del silencio administrativo negativo que operó frente a la petición del 27 de
diciembre de 2007, mediante la que solicitó el pago de las prestaciones sociales
ocasionadas en virtud de su vinculación como secretaria de Educación del municipio
de El Roble.
El Tribunal Administrativo de Sucre declaró la falta de agotamiento de la vía
gubernativa respecto de la sanción moratoria, al considerar que dicha pretensión no
fue formulada en sede administrativa, por lo que no existía correspondencia entre lo
solicitado ante la administración y lo pretendido en la demanda.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, dado que no se agotó la vía gubernativa respecto de
Radicación: 70001-23-31-000-2011-02061-01 (3280-2025)
Demandante: Yarlet Susana Álvarez Martínez
Demandado: Municipio de El Roble
la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Yarlet Susana Álvarez Martínez, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 19 de
noviembre de 20101, contra el municipio de El Roble, con las siguientes pretensiones2:
2. Se declare la nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo
que operó frente a la petición del 27 de diciembre de 2007, mediante la cual se solicitó
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas.
3. A título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó que se ordene al
municipio de El Roble el pago de los siguientes conceptos: i) nivelación salarial,
correspondiente a los años 2004 a 2007; ii) prima de vacaciones, correspondiente a
los años 2004 a 2007; iii) prima de navidad, correspondiente a los años 2004 a 2007;
iv) cesantías; v) intereses a las cesantías, correspondientes a los periodos
comprendidos entre el 1.º de abril y el 31 de diciembre de los años 2004, 2005 y 2006;
vi) sanción por la no consignación de cesantías, correspondiente a los periodos
comprendidos entre el 1.º de abril y el 31 de diciembre de los años 2004 a 2009 y
entre el 1.º de abril y el 8 de agosto de 2010; y vii) indemnización por la falta de pago
de salarios y prestaciones.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. La señora Yarlet Susana Álvarez Martínez no recibió, desde su vinculación el
1° de abril de 2003 como secretaria municipal de educación de El Roble, los
incrementos de la asignación básica mensual previstos en los Decretos 4177 del 10
de diciembre de 2004, 941 del 30 de marzo de 2005, 398 del 8 de febrero de 2006 y
627 del 2 de marzo de 2007.
6. En consecuencia, las prestaciones sociales, prima de vacaciones, prima de
navidad y cesantías, se liquidaron sin tener en cuenta la asignación salarial que debía
devengar.
7. Adicionalmente, la demandante indicó que no se efectuó el pago de los
intereses sobre las cesantías correspondientes a cada anualidad.
1 El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, Sucre declaró la nulidad de todo lo actuado
desde el auto admisorio, inclusive, con ocasión de su falta de competencia y ordenó remitir el proceso al Tribunal
Administrativo de Sucre. Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp.
45 a 47.
2 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 3 a 7 - (pretensiones pp.
3 a 4).
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Demandante: Yarlet Susana Álvarez Martínez
Demandado: Municipio de El Roble
8. Como resultado de lo anterior, se habrían generado intereses moratorios, así
como la sanción por falta de consignación oportuna de las cesantías y la
indemnización por la falta de pago de salarios y prestaciones.
9. La señora Yarlet Susana Álvarez Martínez, el 27 de diciembre de 2007,
presentó petición ante el municipio de El Roble, para el reconocimiento y pago de la
nivelación salarial, de las primas de vacaciones, de las cesantías y sus intereses, así
como de la indemnización por las vacaciones adeudadas, sin que la administración
emitiera respuesta, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, artículos 25 y 53.
La Ley 23 de 1991.
La Ley 446 de 1998.
La Ley 1285 de 2009, artículo 13.
La Ley 244 de 1995, artículo 2°.
El Decreto 173 de 1991.
11. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que el acto
ficto derivado del silencio administrativo negativo desconoció las normas
constitucionales y legales que regulan el reconocimiento y pago de los derechos
laborales.
12. Señaló que el municipio de El Roble no reconoció los incrementos salariales
previstos en los decretos expedidos para cada vigencia, lo que incidió en la
determinación de la asignación básica mensual que le correspondía devengar.
13. En ese sentido, afirmó que, como consecuencia de lo anterior, las prestaciones
sociales fueron liquidadas con base en un salario inferior al debido, lo que afectó el
reconocimiento de conceptos como prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías
e intereses a las cesantías.
14. Indicó que, adicionalmente, la entidad incurrió en mora en el pago de las
obligaciones laborales reclamadas, lo que dio lugar al reconocimiento de intereses
moratorios, así como de la sanción por la no consignación oportuna de las cesantías
y la indemnización por la falta de pago de salarios y prestaciones.
15. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la actuación de la administración
vulneró sus derechos al trabajo en condiciones dignas y a la remuneración mínima,
previstos en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, por lo que solicitó la
declaratoria de nulidad del acto demandado y el correspondiente restablecimiento del
derecho.
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2.2. Contestación de la demanda
16. El municipio de El Roble, a través de apoderado, se opuso parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos3.
17. Sostuvo que no resultan aplicables las disposiciones invocadas por la
demandante en relación con el reconocimiento de sanciones e indemnizaciones, en
la medida en que estas se prevén para las relaciones laborales de los trabajadores
oficiales, mientras que la actora ostentaba la calidad de empleada pública.
18. En ese sentido, se opuso a las pretensiones relacionadas con el
reconocimiento de intereses a las cesantías en el porcentaje reclamado, la sanción
por la no consignación de cesantías y la indemnización por la falta de pago de salarios
y prestaciones, al considerar que tales conceptos no fueron solicitados en la petición
presentada el 27 de diciembre de 2007, que dio origen al acto ficto demandado, ni
resultan procedentes conforme al régimen aplicable.
19. Adicionalmente, propuso como excepción la falta de agotamiento de la vía
gubernativa, al señalar que las pretensiones formuladas en la demanda no coinciden
con las reclamadas en sede administrativa, por lo que no se cumplió con el requisito
de procedibilidad para acudir a la jurisdicción.
2.3. Sentencia de primera instancia
20. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Escritural, mediante sentencia del 16
de diciembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte accionada4, en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de “falta de agotamiento de la vía
gubernativa” propuesta por el municipio de El Roble en su contestación respecto del
aumento salarial por los años 2008, 2009 y 2010; la prima de navidad, la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y la indemnización moratoria, por lo dicho en
la parte motiva.
SEGUNDO: DECLÁRASE probada, de oficio, la excepción de “prescripción” con
relación a los intereses sobre las cesantías causados entre el 7 de noviembre y el 31
de diciembre de 2003, por lo dicho en la parte motiva.
TERCERO: DECLÁRASE la nulidad parcial del acto administrativo ficto negativo que
se configuró por el silencio de la administración frente a la petición de fecha 27 de
diciembre de 2007, presentada por la señora Yarlet Susana Álvarez Martínez ante la
administración municipal de El Roble, por lo dicho en la parte motiva.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se ORDENARÁ al municipio de El Roble reconocer y pagar a favor de la
3 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 24 y 26.
4 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 145 a 167.
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actora los siguientes conceptos:
• Compensación en dinero de las vacaciones: por el período comprendido entre el 7
de noviembre de 2006 al 6 de noviembre de 2007.
• Prima de vacaciones: teniendo en cuenta los siguientes extremos temporales:
• Del 7 de noviembre de 2003 al 6 de noviembre de 2004.
• Del 7 de noviembre de 2004 al 6 de noviembre de 2005.
• Del 7 de noviembre de 2005 al 7 de noviembre de 2006.
• Del 7 de noviembre de 2006 al 6 de noviembre de 2007.
• Auxilio de cesantías: por los siguientes períodos:
• Del 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2003.
• Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2004.
• Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2005.
• Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.
• Del 1° de enero al 27 de diciembre de 2007.
• Intereses sobre las cesantías: por los siguientes períodos comprendidos entre:
• Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2004.
• Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2005.
• Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006.
• Del 1° de enero al 27 de diciembre de 2007.
Dichas sumas deberán ser canceladas debidamente indexadas, en aplicación de la
siguiente fórmula:
R = RH x índice final
índice inicial
En donde el valor presente (R), se determina multiplicando el valor histórico (RH), que
es la suma a que equivale al derecho causado, por el guarismo que resulte de dividir,
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente en la fecha en que debió
hacerse el pago.
QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SÉPTIMO: En firme esta decisión, ARCHÍVASE el expediente.
21. Afirmó que, si bien la demandante presentó petición ante el municipio de El
Roble en la que solicitó el reconocimiento y pago de la nivelación salarial, las primas
de vacaciones, las cesantías e intereses a las cesantías, así como la indemnización
por vacaciones no disfrutadas, en la demanda incluyó pretensiones adicionales
—relativas al aumento salarial de los años 2008 a 2010, la prima de navidad, la
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sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y la indemnización por la falta de
pago de salarios y prestaciones al momento de la terminación del vínculo laboral—
respecto de las cuales no agotó la vía gubernativa. Por ello, declaró la ineptitud
sustancial de la demanda respecto de estas y se abstuvo de emitir pronunciamiento
de fondo, al no existir correspondencia entre lo solicitado en sede administrativa y lo
pretendido en la jurisdicción contencioso administrativa.
22. En relación con el aumento salarial, destacó que, aunque la demandante alegó
la falta de reconocimiento de los incrementos correspondientes a los años 2004 a
2007, en el expediente no se aportó prueba que permitiera acreditarlos ni identificar
los actos administrativos mediante los cuales se fijaron las escalas salariales y los
emolumentos aplicables. En ese contexto, concluyó que no se acreditó el supuesto de
hecho de la pretensión, por incumplimiento de la carga de la prueba, motivo por el cual
negó su reconocimiento.
23. Frente a la indemnización por vacaciones, precisó que, si bien estas deben
disfrutarse de manera efectiva, excepcionalmente pueden compensarse en dinero
cuando el servidor se retira del servicio sin haberlas disfrutado. En el caso concreto,
advirtió que la demandante reclamó el periodo comprendido entre el 7 de noviembre
de 2006 y el 6 de noviembre de 2007, sin que en el expediente se acreditara su disfrute
ni la autorización de su compensación, y sin que la entidad desvirtuara dicha
afirmación. Asimismo, tuvo en cuenta que la actora se retiró del servicio el 8 de enero
de 2008, por lo que se configuró la causal legal para la compensación en dinero, y que
no había operado el término de prescripción. En consecuencia, accedió al
reconocimiento y pago de la indemnización por vacaciones.
24. En cuanto a la prima de vacaciones, expreso que esta prestación, aplicable a
los empleados territoriales conforme al Decreto 1919 de 2002 y regulada por el
Decreto 1045 de 1978, se liquida por cada año de servicio y procede de manera
proporcional en caso de retiro del trabajador sin completar el año. En el caso concreto,
concluyó que la entidad no acreditó su pago a favor de la demandante, por lo que
dispuso su reconocimiento respecto de los periodos comprendidos entre el 7 de
noviembre de 2003 y el 6 de noviembre de 2007. Finalmente, refirió que no operó la
prescripción, en atención a que la solicitud se presentó dentro del término legal de 4
años.
25. En lo relativo al auxilio de cesantías y sus intereses, expuso el marco normativo
aplicable y señaló que los empleados públicos territoriales vinculados con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996 se rigen por el sistema anualizado de
cesantías, conforme a la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de
1990. Asimismo, explicó que las cesantías anualizadas no están sometidas al
fenómeno de la prescripción, mientras que las cesantías definitivas sí lo están. En
cuanto a los intereses a las cesantías, afirmó que prescriben en el término de tres
años contados desde su exigibilidad, la cual se configura el 31 de enero de cada año.
26. En el caso concreto, encontró acreditado que la demandante se vinculó al
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municipio de El Roble como secretaria municipal de educación el 1.º de abril de 2003,
y que el 27 de diciembre de 2007 presentó petición ante dicha entidad en la que solicitó
el reconocimiento y pago de la nivelación salarial, de las cesantías y sus intereses, sin
obtener respuesta, lo que dio lugar a la configuración del silencio administrativo
negativo. Asimismo, advirtió que solo se le reconocieron cesantías por un periodo
inicial, sin que se acreditara la consignación de las correspondientes a las anualidades
siguientes. En consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías
causadas entre noviembre de 2003 y diciembre de 2007, así como de los intereses
generados entre 2004 y 2007.
27. Con fundamento en lo anterior, declaró la nulidad parcial del acto administrativo
ficto que se configuró con el silencio de la administración frente a la petición de fecha
27 de diciembre de 2007, y a título de restablecimiento del derecho ordenó reconocer
y pagar los siguientes conceptos.
• La compensación en dinero de las vacaciones causadas por el período
comprendido entre el 7 de noviembre de 2006 al 6 de noviembre de 2007.
• La prima de vacaciones correspondiente a los períodos comprendidos entre el 7
de noviembre de 2003 al 6 de noviembre de 2007.
• El pago del auxilio de cesantías por los períodos comprendidos entre: i) el 7 de
noviembre de 2003 al 31 de diciembre de 2003; ii) el 2 de enero al 31 de diciembre
2004; iii) el 1° de enero al 31 de diciembre de 2005; iv) el 1° de enero al 31 de
diciembre de 2006; v) el 1° de enero al 27 de diciembre de 2007.
• El pago de los intereses sobre las cesantías por los períodos laborados,
comprendidos entre: i) el 2 de enero al 31 de diciembre de 2004, el 1° de enero al
31 de diciembre de 2005, ii) el 1° de enero al 31 de diciembre de 2006; iii) el 1° de
enero al 27 de diciembre de 2007.
28. En síntesis, el a quo negó las pretensiones relacionadas con el aumento salarial
por falta de prueba, y se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo respecto del
aumento salarial de los años 2008 a 2010, la prima de navidad, la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995 y la indemnización por la falta de pago de salarios y
prestaciones, por no haberse agotado la vía gubernativa. Por su parte, accedió a las
pretensiones relativas a la indemnización por vacaciones causadas y no disfrutadas,
la prima de vacaciones, el auxilio de cesantías por los periodos comprendidos entre
noviembre de 2003 y diciembre de 2007, así como a los intereses sobre cesantías
correspondientes a los años 2004 a 2007 y, en consecuencia, declaró la nulidad
parcial del acto administrativo ficto negativo.
2.3.1. Solicitud de adición
29. La demandante solicitó la adición5 de la sentencia de primera instancia, para lo
cual argumentó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración de
5 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 180 a 183.
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la petición presentada por la señora Yarlet Susana Álvarez Martínez ante el municipio
de El Roble el 27 de diciembre de 2007, en la que solicitó el pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, la cual allegó al plenario el 1° de noviembre
de 2011.
30. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante auto del 12 de marzo de 2020,
negó la solicitud6, al considerar que no se configuró omisión alguna que hiciera
procedente el mecanismo de la adición. En efecto, precisó que la providencia sí se
pronunció sobre la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, al declarar
probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de dicha
pretensión.
31. Asimismo, advirtió que el documento invocado por la parte demandante para
acreditar el agotamiento de la vía gubernativa no fue aportado oportunamente con la
demanda ni sometido a las actuaciones procesales correspondientes, y que, además,
no fue objeto de contradicción por la entidad demandada, en particular porque la
propia parte solicitó prescindir del período probatorio.
32. En ese contexto, concluyó que la solicitud no estaba dirigida a suplir una
omisión en la sentencia, sino a obtener la valoración de un medio de prueba allegado
de manera extemporánea, lo cual resulta ajeno a la finalidad de la adición. Por lo
anterior, negó la adición de la decisión.
2.4. Recurso de apelación
33. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, bajo los
siguientes argumentos7:
34. Cuestionó que se declarara probada la excepción de falta de agotamiento de la
vía gubernativa respecto de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, al
considerar que dicho requisito sí se encontraba cumplido, en tanto en el expediente
obraba constancia de la petición presentada ante el municipio de El Roble, mediante
la cual solicitó el reconocimiento y pago de la referida sanción.
35. En desarrollo de lo anterior, sostuvo que dicha prueba, allegada el 1° de
noviembre de 2011, no fue valorada al momento de proferir la sentencia, pese a su
relevancia, y que solo fue considerada al resolver la solicitud de adición de esta, bajo
un criterio restrictivo de las oportunidades procesales, con lo cual se desconoció la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. En ese sentido, afirmó que ello
configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico
por omisión en la valoración de pruebas relevantes.
36. Asimismo, controvirtió que se otorgara relevancia a la renuncia del período
6 Samai, índice 26. Archivo: 122_Incorporaexped_70001233100020110206_0_20260121085054015. Expediente
76001-23-31-000-2011-02061-00– de primera instancia.
7 Samai, índice 1. Expediente 76001-23-31-000-2011-02061-00– de primera instancia.
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probatorio realizada por su apoderado, pues explicó que esta obedeció a que la
controversia versaba sobre un asunto de pleno derecho. No obstante, afirmó que ello
no eximía al fallador de primera instancia de valorar integralmente las pruebas
obrantes en el expediente, en particular la petición presentada el 27 de diciembre de
2007.
37. Finalmente, aseguró que la falta de valoración de pruebas determinantes
vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por lo
que solicitó revocar la sentencia de primera instancia en lo relativo a la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y, en su lugar, ordenar su reconocimiento y
pago, junto con los intereses correspondientes.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
38. Mediante auto del 26 de enero de 20268, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el artículo 212 del Decreto 01 de 1984 (en adelante CCA).
39. Posteriormente, por auto del 16 de febrero de 20269, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión, en los términos del artículo 210 del CCA.
40. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no se pronunció.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
41. El presente asunto es de competencia de esta Corporación de conformidad con
lo establecido en el artículo 129 del CCA10, modificado por el artículo 38 de la Ley 446
de 1998, vigente al momento de presentación de esta demanda, según el cual, el
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
42. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:
8 Samai, índice 14.
9 Samai, índice 23.
10 Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no
se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184
de este código.
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43. ¿La excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 se ajusta a derecho o, por el
contrario, se sustentó en la omisión de valorar una prueba relevante, circunstancia
que impidió efectuar un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretensión?
44. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995; (ii) hechos probados;
y (iii) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá el problema jurídico
formulado.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. La sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995
45. La Ley 244 de 1995, «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo 2°
se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de aquellas11.
46. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación
definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de manera parcial para
educación o vivienda, buscando con ello que la administración expida las resoluciones
en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y
perjuicios a los trabajadores.
47. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (artículo 1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en los
artículos 4 y 5, así:
ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
11 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste».
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PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
48. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las
cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento. En el
evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario para
que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45) días
hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad obligada
debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las cesantías.
49. Ahora bien, en la sentencia de unificación CE-SUJ004 proferida por la Sección
Segunda de esta corporación, el 25 de agosto de 201612, se definió que la sanción por
mora en el pago tardío o no pago de las cesantías es una penalidad que no puede ser
considerada como un derecho imprescriptible, razón por la cual está sometida a la
prescripción trienal.
50. El mismo criterio se mantuvo en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 dictada por la Sección Segunda el 2 de noviembre de 2023 13, en la que se
precisó que la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
depende de que el derecho a las cesantías se haga exigible; además, la posibilidad
de reclamar efectivamente tal sanción existe mientras no haya vencido el término de
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001 23 31
000 2011 00628-01 (0528-14).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001-23- 33-
000-2012-00200-02 (2459-2014).
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prescripción.
51. Al respecto, se explicó que:
69. […] la causación de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, depende de que el derecho al auxilio de cesantía sea exigible,
entendiendo que este derecho pueda ser reclamado tanto en sede administrativa como
judicial, toda vez que si el interesado pierde la oportunidad de reclamar el
reconocimiento y pago de la prestación social por su inactividad, mal podría
comprenderse que continúa abierta la posibilidad de conminar el pago de la sanción
moratoria, puesto que esta penalidad nace a la vida jurídica con el único propósito de
garantizar el pago oportuno de la prestación, […]
71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en que
no haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del
reconocimiento de esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un deber
del beneficiario el actuar proactivamente para que esta penalidad no se pierda.
72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante la
administración de forma extemporánea o acude tardíamente a la administración de
justicia, escenario que acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva,
[…].
52. Con todo, la sanción moratoria prescribe en su totalidad y no de forma parcial,
ya que, aunque su cálculo se acumule diariamente, se trata de una obligación
indivisible de ejecución y, por tanto, sujeta a un único término de prescripción14.
53. En la misma providencia se indicó que, según el criterio pacífico de la
jurisprudencia de la Sección Segunda, el término de la prescripción extintiva para
efectos de la sanción moratoria es el previsto en el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), el cual dispone lo siguiente:
ARTICULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador},
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción,
pero sólo por un lapso igual.
54. Lo anterior, comoquiera que la prescripción establecida en los Decretos 3135
de 196815 y 1848 de 196916, solo se refiere a los derechos de que tratan esas normas,
entre los que no figura la sanción moratoria, en tanto para el momento en el que fueron
dictadas tal penalidad no se había instituido.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20
de marzo de 2010, radicado 05001-23-33-000-2018-02426-01 (1118-2024). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
15 Artículo 41. Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.
16 Artículo 102. Prescripción de acciones.
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3.5. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto
55. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
56. El alcalde municipal de El Roble nombró a Yarlet Susana Álvarez Martínez en
el cargo de secretaria de educación municipal de El Roble, mediante Decreto 020 del
1° de abril de 200317, y, en acta de la misma fecha, tomó posesión18.
57. Luego, a través de Decreto 063 del 7 de noviembre de 2003, fue nuevamente
nombrada en el mismo cargo19 y, mediante acta del 7 de noviembre de 2003 tomó
posesión20.
58. Posteriormente, por medio del Decreto 002 del 1° de enero de 2004, fue
nuevamente nombrada en dicho cargo21 y tomó posesión el 2 de enero de 200422.
59. El municipio de El Roble, mediante constancia del 20 de septiembre de 2019
informó, que la señora Yarlet Susana Álvarez Martínez, fue vinculada a la Alcaldía
Municipal de El Roble, en el cargo de secretaria de educación municipal, a través de
los siguientes actos administrativos23:
Acto administrativo Fecha de inicio Fecha de Sueldo
salida devengado
Decreto No. 020 y acta de 1° de abril de 25 de agosto $1.080.000
posesión del 1° de abril de 2003 de 2003
2003
Decreto No. 063 y acta de 7 de noviembre 31 de $1.143.180
posesión de fecha 7 de de 2003 diciembre de
noviembre de 2003 2003
Decreto No. 002 y acta de 1° de enero de 8 de enero de $1.143.180
posesión de fecha 1 de enero 2004 2008
de 2004
60. Yarlet Susana Álvarez Martínez, el 27 de diciembre de 2007, presentó petición
ante la Alcaldía Municipal de El Roble, mediante la cual solicitó: (i) el reconocimiento,
liquidación y pago de la nivelación salarial a la que consideraba tener derecho desde
el 5 de noviembre de 2003 hasta la fecha de presentación de la solicitud; (ii) el
reconocimiento, liquidación y pago de las primas de vacaciones correspondientes al
mismo período, así como el pago parcial de las cesantías y sus intereses; (iii) el
reconocimiento, liquidación y pago de la indemnización por las vacaciones
17 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 12.
18 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 128.
19 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 13.
20 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 131.
21 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 14.
22 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 15.
23 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 126.
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adeudadas; y (iv) la expedición de copias de los comprobantes de pago y de los actos
administrativos correspondientes, debidamente certificados24.
3.6. Caso concreto
61. En el asunto bajo análisis, la inconformidad de la parte demandante con la
sentencia de primera instancia se circunscribe a la declaratoria de la excepción de
falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de la sanción moratoria prevista
en la Ley 244 de 1995.
62. En ese sentido, sostuvo que dicho requisito sí se encuentra cumplido, toda vez
que en el expediente obra la petición mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago
de dicha sanción, elemento probatorio que, a su juicio, no fue valorado por el fallador
de primera instancia.
63. Al respecto, el Tribunal consideró que no se acreditó el agotamiento de la vía
gubernativa respecto de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, en la
medida en que la petición allegada al proceso no contenía solicitud alguna relacionada
con la sanción moratoria, por lo que se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo
frente a ese aspecto. Asimismo, al resolver la solicitud de adición, concluyó que no se
configuraba omisión alguna, en tanto el documento invocado por la demandante no
fue aportado oportunamente ni sometido a las reglas procesales correspondientes,
razón por la cual no podía ser valorado.
64. Así las cosas, a continuación, la Sala procederá a resolver el problema jurídico
propuesto.
65. Con la demanda se pretende la nulidad del «acto ficto presunto proveniente del
silencio administrativo negativo, de la petición formulada mediante escrito de fecha 27
de diciembre del año 2007, en el cual solicito el pago y reconocimiento de las
prestaciones sociales a ella adeudadas»25 (sic).
66. Al punto, se tiene que el acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo tiene, como regla general, un sentido negativo, esto es, que la solicitud
no ha sido acogida favorablemente26.
67. El artículo 40 del CCA dispone que «transcurrido un plazo de tres meses
contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión
que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa».
68. De acuerdo con lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es posible demandar la decisión que contiene la
24 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 10 a 11.
25 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 3. Pretensiones de la
demanda.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2025, radicado 13001-23-
33-000-2019-00368-01 (2781-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos, incluso
cuando esta se configura de manera ficta como consecuencia del silencio
administrativo.
69. A su vez, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación27 ha
señalado que la vía gubernativa constituye el mecanismo a través del cual quien se
encuentra inconforme con una decisión o actuación administrativa puede
controvertirla, con el fin de que la administración tenga la oportunidad de pronunciarse
sobre una pretensión concreta antes de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
70. Por ello, el ordenamiento jurídico exige el agotamiento previo de la vía
gubernativa, en los términos de los artículos 6328 y 13529 del CCA, como presupuesto
procesal para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
71. En ese contexto, la jurisprudencia ha puntualizado30 que en sede judicial no es
posible modificar sustancialmente ni introducir nuevas solicitudes distintas de aquellas
formuladas ante la administración, en tanto es en la vía administrativa donde se
plantea la pretensión y se brinda a la entidad la oportunidad de pronunciarse sobre
ella.
72. En consecuencia, debe existir congruencia entre lo solicitado en sede
administrativa y lo pretendido en la demanda, ya que lo contrario desnaturaliza el
propósito del agotamiento de la vía gubernativa31.
73. Precisado lo anterior, se tiene que con la demanda se allegó la petición
presentada por la señora Yarlet Susana Álvarez Martínez el 27 de diciembre de 2007,
en los siguientes términos: (i) el reconocimiento, liquidación y pago de la nivelación
salarial a la que consideraba tener derecho desde el 5 de noviembre de 2003 hasta la
fecha de presentación de la solicitud; (ii) el reconocimiento, liquidación y pago de las
primas de vacaciones correspondientes al mismo período, así como el pago parcial
de las cesantías y sus intereses; (iii) el reconocimiento, liquidación y pago de la
indemnización por las vacaciones adeudadas; y (iv) la expedición de copias de los
comprobantes de pago y de los actos administrativos correspondientes, debidamente
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2018, radicado: 08001-23-
32-000-2011-00276-01 (3070-15), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
28 Artículo 63. El agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los numerales 1º y 2º del
artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de
reposición o de queja.
29 Artículo 135. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso
administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto
expreso o presunto por silencio negativo. El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la
vía gubernativa. Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2019, radicado 54001-23-31-
000-2004-01397-02 (3372-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de julio de 2018, radicado: 05001-23-31-
000-2011-01137-01 (3998-13), C.P. César Palomino Cortés; Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27
de abril de 2016. Radicado: 68001-23-31-000-2009-00603-01 (4575-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez;
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2015. Radicación: 25000-23-25-000-2004-00247-
01 (1886-2012), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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certificados32.
74. Como se advierte, la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías definitivas no fue solicitada en la petición que se aportó con la demanda. En
consecuencia, no puede entenderse que el acto ficto negativo derivado de dicha
solicitud comprenda ese aspecto, pues la configuración del silencio administrativo se
encuentra delimitada por lo efectivamente pedido en sede administrativa. Por ello, no
se acreditó el agotamiento de la vía gubernativa respecto de dicha pretensión.
75. Al punto, esta Sección33 ha indicado que la sanción moratoria, por pertenecer
al ámbito del derecho sancionador, es de interpretación restrictiva y no puede
aplicarse por analogía, razón por la cual su reconocimiento debe ser reclamado
previamente ante la administración.
76. En ese estado de cosas, se concluye que la decisión del a quo de declarar la
falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de la sanción moratoria prevista
en la Ley 244 de 1995 se ajusta a derecho, en la medida en que no se acreditó que
dicha pretensión fuera formulada en sede administrativa.
77. De este modo, corresponde a la Sala analizar el reproche relativo a la omisión
de apreciar la petición allegada al proceso el 1° de noviembre de 201134, con el fin de
determinar si, en el caso concreto, se configuró un exceso ritual manifiesto.
78. Al respecto, conviene destacar que las partes deben acreditar los supuestos de
hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial. En ese sentido,
el interés en la causa comporta la obligación de «procurar que las pruebas se
practiquen o se aporten»35, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen». Esta disposición se armoniza con el artículo 174 ibidem que
regula el principio de necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial
debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso» 36.
79. Así, la parte actora debe demostrar los hechos en que sustenta sus
pretensiones, sin que baste su simple enunciación para tenerlos por acreditados37.
80. Bajo ese entendido, si la demandante pretendía cuestionar actos fictos
negativos derivados de más de una petición, debía poner esa circunstancia de
presente desde la presentación de la demanda o, en su defecto, en la oportunidad
32 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 10 a 11.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2018, radicado: 08001-23-
32-000-2011-00276-01 (3070-15).
34 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 015RECIBEMEMORIAL_20110206100, pp. 57.
35 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2026, radicado 08001-23-
33-000-2019-00026-01 (1073-2021).
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de abril de 2026, sentencia 08001-23-
33-000-2018-00363-01 (3907-2022).
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procesal prevista para su reforma. Sin embargo, como se indicó, esta se dirigió
exclusivamente contra el acto ficto derivado de la petición mediante la cual se solicitó
el reconocimiento y pago de la nivelación salarial y de las prestaciones sociales
adeudadas.
81. En consecuencia, no puede afirmarse que el fallador de primera instancia haya
incurrido en un exceso ritual manifiesto, toda vez que la solicitud allegada al proceso
el 1° de noviembre de 2011 no integró el objeto del litigio, en la medida en que no fue
planteada como fundamento de las pretensiones ni se individualizó el acto ficto
derivado de la misma.
82. Recuérdese que el artículo 138 del CCA establece que, cuando se demande la
nulidad de un acto, este debe individualizarse con precisión y que, si se alega el
silencio administrativo, deben aportarse las pruebas que lo acrediten.
83. Con base en estas consideraciones, era deber de la demandante individualizar
adecuadamente los actos que demandaba y allegar, con la demanda, las pruebas que
sustentaban sus pretensiones.
84. En este escenario, admitir la valoración de la referida solicitud implicaría
desconocer el derecho de contradicción de la parte demandada, quien no tuvo la
oportunidad de controvertirla, en tanto dicho elemento no hizo parte del debate desde
su inicio.
85. Con todo, es preciso indicar que, contrario a lo afirmado en la alzada, la
exclusión de dicho documento no obedeció a la renuncia al período probatorio
manifestada por el apoderado de la demandante, sino a su incorporación por fuera de
la oportunidad procesal correspondiente, lo que torna irrelevante la discusión sobre
dicha renuncia.
86. De este modo, no resulta admisible que la accionante pretenda introducir un
fundamento fáctico que no fue planteado desde la demanda, pues ello alteraría el
objeto del litigio y desbordaría los límites dentro de los cuales debía adelantarse el
control de legalidad.
87. En consecuencia, la decisión de no valorar dicho documento no obedece a un
formalismo irracional o caprichoso, sino a que la solicitud en él contenida no hizo parte
de las pretensiones formuladas en la demanda.
3.7. Conclusión
88. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la demandante no agotó la
vía gubernativa respecto de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, en
tanto dicha solicitud no fue formulada en la petición que dio lugar al acto ficto
demandado. Asimismo, se advierte que la petición incorporada al proceso el 1° de
noviembre de 2011 no podía ser considerada, por cuanto no hizo parte de las
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pretensiones formuladas en la demanda. Así las cosas, esta circunstancia no obedece
a un formalismo irracional, sino a la aplicación de las reglas que rigen la delimitación
del litigio.
89. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto
declaró la falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
3.8. Costas
90. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 38 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Escritural, el 16 de diciembre de 2019, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
38 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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