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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00026-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00026-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 13 de diciembre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00026-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00026-01 (1073-2021)1
Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: bacterióloga. Subtema 2: elementos
de la relación laboral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 13 de diciembre de 2019, que accedió a
las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante, quien prestó sus servicios como bacterióloga, mediante contratos, en
la Clínica Regional del Caribe de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, solicita
la nulidad del oficio que negó la existencia de la relación laboral. El Tribunal accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en tanto, declaró la prescripción
parcial y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias. La entidad interpuso
recurso de apelación para insistir en que los contratos de prestación de servicios no
dan derecho al reconocimiento de prestaciones sociales y que la actora no demostró
la subordinación.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Ingrid Patricia Núñez Tapia, mediante apoderado judicial, presentó demanda el
23 de enero de 2019, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

1 Expediente electrónico.

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00026-01 (1073-2021)
Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

del derecho, contra el Ministerio de Defensa – Policía Nacional con las siguientes
pretensiones:

2. Declarar la nulidad del oficio S-2018/028605 SECSA-JEAT-29 del 4 de julio de
2018, proferido por la Seccional de Sanidad del Atlántico, que negó el reconocimiento
de la relación laboral.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare la existencia de
una relación laboral desde el 1°. de mayo de 2002 hasta el 30 de abril de 2017, en el
empleo de bacterióloga. También pidió el pago de las prestaciones sociales, la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías, la indemnización por el
incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales, la indemnización por despido
sin justa causa, los aportes a la Caja de Compensación Familiar y la dotación de
calzado y uniforme. Adicionalmente, requirió que las sumas adeudadas sean
indexadas, que la sentencia se cumpla según los artículos 192 y 195 del CPACA, y
que se condene en costas a la entidad demandada2.

2.1.1. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. Ingrid Patricia Núñez Tapia celebró contratos de prestación de servicios para
ejercer como bacterióloga, desde el 1°. de mayo de 2002 hasta el 30 de abril de 2017,
con la Clínica de la Policía Regional del Caribe, por periodos de tres a once meses. La
accionante relató que cumplía órdenes de sus superiores jerárquicos, prestó el servicio
de manera personal y subordinada, así como el horario y los turnos impuestos por la
entidad.

6. El 26 de junio de 2018, presentó una petición ante la clínica para que se
declarara la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales. En
respuesta, el oficio S-2018/028605 SECSA-JEAT-29 del 4 de julio de 2018, expedido
por la Seccional de Sanidad del Atlántico, negó lo solicitado.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. La demanda cita las siguientes normas vulneradas: artículos 13 y 53 de la
Constitución Política; y 1°, 9, 14, 18, 21, 22, 23 y 25 de la Ley 100 de 1993.

8. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que prestó sus
servicios en la Clínica de la Policía Regional del Caribe en condiciones de
subordinación y dependencia, pese a haber sido vinculada formalmente mediante
contratos de prestación de servicios. Indicó que dicha modalidad contractual se habría

2 Samai, índice 2, expediente digital, _080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs. 1a
14.

2

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Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

utilizado para encubrir una verdadera relación laboral, pues en la ejecución del vínculo
se configuraron los elementos propios de un contrato de trabajo, a saber, la prestación
personal del servicio, la subordinación y la remuneración.

9. En particular, afirmó que la subordinación se evidenció en la sujeción a horarios
estrictos y turnos de rotación, así como en la necesidad de acatar de manera
permanente las órdenes impartidas por superiores o jefes inmediatos. Asimismo,
señaló que existieron llamados de atención por el cumplimiento del horario
(comunicaciones de 17 de agosto de 2010 y 26 de febrero de 2012), lo que permitiría
concluir que la demandante no contaba con autonomía para definir su jornada y debía
ajustarse a las directrices institucionales.

10. En cuanto a la prestación personal, indicó que la labor como bacterióloga fue
cumplida directamente en las instalaciones de la entidad, con los instrumentos,
equipos, insumos y demás medios de propiedad de la institución, bajo la coordinación
del jefe de sanidad. Finalmente, sostuvo que en realidad existió un vínculo laboral
continuo durante 15 años, 9 meses y 29 días, con órdenes permanentes y pago
mensual de la remuneración.

2.2. Contestación de la demanda

11. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la
demanda porque el vínculo entre la Policía Nacional y la señora Ingrid Patricia Núñez
Tapia no estuvo regido por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por la Ley 80 de
1993 y sus decretos reglamentarios, en tanto, se trató de una relación contractual de
prestación de servicios. Bajo esa premisa, la entidad afirmó que no existió
subordinación, sino una coordinación propia de este tipo de contratos, orientada a
acordar la forma y el momento en que la institución recibiría el servicio, así como el
lapso en que la contratista lo prestaría conforme a su idoneidad y experiencia.

12. En esa línea, argumentó que no se pactó una subordinación que impusiera el
cumplimiento de horarios o condiciones de dirección a la actora, equivalentes a una
relación laboral, razón por la cual no habría lugar a declarar la existencia de un vínculo
de esa naturaleza. Resaltó que las partes celebraron 22 contratos de prestación de
servicios, los cuales se ejecutaron en su totalidad conforme a los requisitos de la Ley
80 de 1993, sin que durante su desarrollo la contratista hubiera formulado
inconformidades respecto de su ejecución o forma de cumplimiento.

13. Asimismo, adujo que los contratos fueron celebrados de buena fe y en ejercicio
de la autonomía contractual. Finalmente, explicó que la necesidad de garantizar
cobertura continua obedece a la naturaleza esencial e ininterrumpida del servicio de
salud; por ello, afirmó que los contratistas organizaban voluntariamente entre sí los
horarios para cubrir las 24 horas del día durante el mes, lo cual —a su juicio— no

3

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Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

acredita subordinación, sino el cumplimiento de las obligaciones pactadas
contractualmente.

14. Propuso las excepciones de inepta demanda, por ausencia de argumentos en
el concepto de violación; falta de causa para demandar; cobro de lo no debido; buena
fe contractual; y prescripción3.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de diciembre
de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas. En este sentido, declaró la nulidad del oficio demandado y la prescripción del
derecho al pago de las acreencias causadas entre el 1°. de mayo de 2002 y el 2 de
abril de 2007, salvo los aportes a pensión. En consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho ordenó:

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la POLICÍA NACIONAL- CLÍNICA REGIONAL CARIBE al
pago de las prestaciones sociales ordinarias igual a las que devenga un empleado
público en similar situación, pero liquidadas conforme se pactó en el contrato de
prestación de servicios, correspondientes al periodo 09 abril 2007 a 30 de abril de 2017,
excluido el lapso de suspensión del contrato 67-7-20103 de 2007 y 67-7-2025 de 2008
(86 días no laborados) y del contrato 67-7-20165 de 2011 y 67-720209 de 2012 (98 días
no laborados), las cuales deberán liquidarse con base en la asignación vigente al
momento en que se causaron según lo pactado en los contratos de prestación de
servicios y en la forma establecida en la Ley.

Así mismo, la entidad demandada deberá tomar, por el tiempo que duró la vinculación
del demandante, esto es entre el 1 mayo de 2002 y el 30 de abril de 2017, el ingreso
base de cotización (IBC) pensional (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe
diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron, efectuar,
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aporte a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, para lo cual la
actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus
vínculos contractuales; y en la eventualidad de que la demandante los hubiese hecho,
deberán ser devueltos en el porcentaje que por Ley le correspondía al empleador, dentro
de una relación laboral.

Y si no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar
o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora, en armonía
con lo dicho en la parte motiva, siendo dable que le sean descontadas de las sumas a
reconocérsele.

[…].

3 Samai, índice 2, expediente digital,6 _080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

144 a 162.

4

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Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
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16. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expuso que la demandante tiene
derecho al reconocimiento de la relación laboral y al pago de las prestaciones sociales,
puesto que demostró la prestación personal del servicio como bacterióloga, con unas
funciones que no tuvieron carácter transitorio, sino que fueron prolongadas en el
tiempo y con el cumplimiento de horario de trabajo. Además, la vinculación a través de
contratos de prestación de servicios se dio con el ánimo de emplearla de forma
permanente desde el 1° de mayo de 2002 hasta el 30 de abril de 2017.

17. Precisó que las partes pactaron suspensiones de la actividad contractual,
mayores a 15 días, que no son equivalentes a la expiración del vínculo, de modo que
«ese lapso no se computa para la causación de emolumentos laborales, pero no
interrumpe la vigencia de la relación subyacente de manera que tampoco genera la
exigibilidad de eventuales créditos laborales ni da lugar al inicio del trienio para la
prescripción extintiva».

18. En cuanto a la prescripción, el Tribunal señaló que existió una interrupción
superior a 15 días al finalizar el contrato 67-7-20252 de 2006 y que la actora interpuso
la reclamación administrativa el 26 de junio de 2018, para obtener el reconocimiento
de la relación laboral. Por consiguiente, operó la prescripción del derecho al pago de
las prestaciones causadas entre el 1°. de mayo de 2002 y el 2 de abril de 2007.
Entonces, consideró que solamente procede el pago de las prestaciones sociales
ordinarias causadas del 9 de abril de 2007 al 30 de abril de 2017, liquidadas con los
honorarios de los contratos de prestación de servicios.

19. El Tribunal no impuso condena en costas, al considerar que no se causaron, en
aplicación del numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso4.

2.4. Recurso de apelación de la parte demandada

20. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional pidió que se revoque el fallo
de primera instancia y que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda,
con sustento en los siguientes razonamientos:

21. La entidad indicó que la vinculación mediante contratos de prestación de
servicios de la demandante con la Clínica Regional del Caribe de la Policía Nacional
no ocultó una relación laboral, ya que la contratista tenía conocimiento sobre que
estaban regidos por la Ley 80 de 1993.

22. Frente al supuesto cumplimiento de horario, destacó que con la actora se
coordinaban los turnos de servicio para cumplir con el objeto del contrato, en razón de
la naturaleza de la labor pactada, teniendo en cuenta que el servicio de salud no se

4 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.
253 a 273.

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puede interrumpir y el personal de planta era insuficiente. Entonces no existió un
horario impuesto por la Policía Nacional y los contratistas no cumplían órdenes ni
estaban sujetos a dirección alguna.

23. Por consiguiente, no hay lugar al reconocimiento y pago de prestaciones
sociales, las cuales no se causan en los contratos de prestación de servicios regidos
por la Ley 80 de 19935.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

24. El auto del 25 de noviembre de 2021 admitió el recurso de apelación, conforme el
numeral 3 del artículo 247 del CPACA6. Luego, en auto del 8 de septiembre de 2022
se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto7.

2.6. Alegatos de conclusión de la parte actora

25. La demandante sostuvo que se encuentran acreditados los elementos propios de
una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación
(cumplimiento de órdenes y de horarios impuestos) y la remuneración. Finalmente,
afirmó que la entidad demandada habría encubierto dicha relación bajo otra modalidad
contractual, con el propósito de eludir las obligaciones laborales correspondientes8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
corresponde a la Sala definir si:

¿La parte actora no acreditó la existencia de la relación laboral con la entidad,
dado que los contratos de prestación de servicios, como bacterióloga, estaban
regidos por la coordinación propia del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, fueron

5 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.
281 a 290.
6
Samai, índice 4.
7 Samai, índice 11.
8 Samai, índice 16.

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temporales y se celebraron por cuanto que la entidad no tenía personal de planta
para desarrollar esas funciones?

28. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) relación
laboral encubierta; ii) coordinación, subordinación y carga de la prueba; iii) hechos
probados relevantes; y iv) caso concreto.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

29.La jurisprudencia unificada de esta corporación9 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los elementos
esenciales propios de un vínculo laboral.

30. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

31. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado público
a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

32. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».

33. Dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la existencia de una

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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relación laboral encubierta, los cuales al ser valorados en conjunto bajo los principios
de la sana crítica, permiten al juez verificar la subordinación continuada y, en
consecuencia, declarar la relación laboral oculta detrás del ropaje formal del contrato
de prestación de servicios.

34. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación son
que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la entidad,
con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se materializa
en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la participación en reuniones
obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos. También son elementos
indicativos de la subordinación que las actividades contratadas correspondan al objeto
misional de la entidad con funciones equivalentes a los empleados de planta de
personal.

35. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»10.

36. Asimismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son formas
de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación con el
contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de una
relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el desempeño
de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad»11.

37. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».12

10 Idem.
11 Idem.
12
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo
externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado
necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.

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Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».13

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.14

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

38. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes de
la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse, de
manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su
ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De tal suerte,
cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada funciones
misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe reconocerse la
existencia de una relación laboral encubierta.

39. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el sentido de
precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.

13 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la

práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154
de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que
«las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.

IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

40. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último, que
en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado».

41. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta regla
de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción en
casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el que
más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más adecuado para
cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.

iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente para «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro
anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la
relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

42. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, la Sección Segunda,

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00026-01 (1073-2021)
Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 202515, frente a un instructor del SENA,
determinó que no existió solución de continuidad en una interrupción de 34 días, con
fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de los aprendices.

3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba

43. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no debe
recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que se puedan
fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia,
siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación
en la subordinación propia del contrato de trabajo»16.

44. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202117, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de
sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados18».

45. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder disciplinario.
La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una relación laboral
encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas que desarrollan
los empleados de planta.

46. La jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar la
subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración se
traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada
caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-01

(5263-2024), M.P Jorge Édison Portocarrero Banguera.
16 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-

33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad.

IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00026-01 (1073-2021)
Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,19 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o
no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante
es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las
que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la
facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus
servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación

47. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe demostrar
para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia ha expuesto
una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

48. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello, ese
interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que las pruebas se practiquen

19 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y

55.

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o se aporten»20, y materializa la regla procesal regulada en el artículo 167 del Código
General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Esta
norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula el principio de
necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

49. Es importante señalar que cuando se trata de la declaratoria de la existencia de
una relación laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en
sede de unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente expuestos.

50. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»21, de modo
que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia debe
estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir del
mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»22.

51. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los indicios
en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo cual remite a la
obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica
(art. 176 CGP)

52. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

53. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral, se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede distribuir
la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier momento antes
de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares».

20
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
21 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
22 Idem.

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3.3.4. La prueba del contrato de prestación de servicios

54. La Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 10 de diciembre de 2015 23,
se pronunció sobre el valor probatorio de las certificaciones para acreditar la relación
laboral, en el caso de quien pretendía la declaración de una relación laboral por haber
prestado sus servicios como informante de la fuerza pública.

55. Posteriormente, la Subsección A de la Sección Segunda, en sentencia del 6 de
mayo de 202124, concedió valor probatorio a los contratos de servicios aportados en
copia simple, así:

Por consiguiente, estima la Sala que, en el presente caso, los contratos de prestación
de servicios aportados en copia simple por la parte demandante tienen pleno valor
probatorio, en tanto que por ley gozan de dicha condición y, además, la parte contra
quien se hicieron valer no utilizó las herramientas procesales para refutar la validez de
estos.

56. Luego, la Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 11 de abril de 2024 25,
determinó que si la parte no aporta al proceso los contratos de prestación de servicios,
es improcedente descartar dichos tiempos de servicios si en el expediente constan las
certificaciones sobre los tiempos laborados, planillas, constancias de pago, entre otras
pruebas, dado que no existe una tarifa legal:

En pronunciamientos anteriores, esta Sala ha descartado la exigencia única de los
actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal
consideración es producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a
partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que,
con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana
crítica puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual se cuenta
y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo del proceso,
han hecho uso las partes.

Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que en efecto el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer las
necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general
de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico, a la luz de lo
dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento se exige la
solemnidad del escrito; ha señalado que esto no justifica que se imponga como
requisito para demostrar el elemento de la prestación del servicio que se aporte al
proceso judicial el aludido instrumento jurídico.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-31-000-2011-01694-
01(2592-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2012-00202-

01(4577-13), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00993-01

(0332-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta
de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y
materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar acreditado en
un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral encubierta, no es la
existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su formación, sino i) la prestación
efectiva de un servicio a favor de una entidad de orden estatal; ii) que esta se haya
desarrollado en forma subordinada; y iii) que como contraprestación por los servicios
haya recibido una remuneración. Esto permite otorgarle vigencia al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53 de la Constitución
Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un valor previamente
establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el acto jurídico por
medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que determina su
relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.

3.4. Hechos probados relevantes

57. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:

58. Certificación del 17 de octubre de 2018, expedida por la Dirección de Sanidad
Seccional del Atlántico de la Policía Nacional, en la cual hace constar los contratos de
prestación de servicios celebrados desde el 1°. de mayo de 2002 hasta 30 de abril de
2017, como bacterióloga, regidos por el artículo 32 de la Ley 80 de 199326.

59.Planillas de agendamiento de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de la
señora Ingrid Patricia Núñez Tapia en el servicio de laboratorio de 2002, 2004, 2006 a
201727.

60. La señora Ingrid Patricia Núñez Tapia solicitó el 26 de junio de 2018 a la Clínica
Regional del Caribe, Sección de Sanidad de la Policía Nacional, la declaración de la
existencia de la relación laboral, el pago de las prestaciones sociales, la indemnización
por el incumplimiento en su pago, la indemnización por despido sin justa causa, la
dotación de calzado y uniforme, horas extras y la sanción moratoria por la no
consignación de cesantías28.

61. La Dirección de Sanidad, en el oficio S-2018-028605/SECSA-JEFAT-29 del 4 de
julio de 2018, negó lo pedido por la actora, al considerar que la administración estaba
26 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

17 a 21.
27 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

22 a 97.
28 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

100 a 101.

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facultada para celebrar contratos de prestación de servicios, sin que sea procedente
el reconocimiento de las prestaciones sociales, dado que no se trata de un contrato
laboral29.

62. En la audiencia de pruebas rindieron declaración los señores Vilma Heredia
Vizcaino, Nelsy Judith Castillo Marino, Pedro Antonio Cubillos Blanco y Luis Antonio
Padilla Barrios30.

63. Entre la parte actora y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional
del Atlántico, se firmaron los contratos de prestación de servicios que se detallan a
continuación, acorde con la certificación de la entidad del 17 de octubre de 201831:

Contrato Objeto Plazo Fecha inicial Fecha final Valor
mensual
67-7-20175 Bacterióloga 5 meses 01/05/2002 30/09/2002 $1.100.000
de 2002
67-7-20389 Bacterióloga 2 meses 01/10/2002 30/11/2002 $1.100.000
de 2002
67-7-20531 Bacterióloga 4 meses y 01/12/2002 15/04/2003 $1.100.000
de 2002 45 días
67-7-20135 Bacterióloga 2 meses 16/04/2003 15/06/2003 $1.100.000
de 2003
67-7-20293 Bacterióloga 5 meses y 16/06/2003 30/11/2003 $1.100.000
de 2003 15 días
67-7-20583 Bacterióloga 45 días 01/12/2003 16/01/2004 $1.100.000
de 2003
67-7-20020 Bacterióloga 11 meses y 16/01/2004 31/12/2004 $825.000
de 2004 15 días
Interrupción de 1 año, 11 meses y 19 días
67-7-20252 Bacterióloga 3 meses y 19/12/2006 02/04/2007 $1.100.000
de 2006 15 días
67-7-20103 Bacterióloga 7 meses y 09/04/2007 02/03/200832** $1.320.000
de 2007 28 días (suspensión)

67-7-20025 Bacterióloga 11 meses y 03/03/2008 28/02/2009 $1.320.000
de 2008 28 días
67-7-20043 Bacterióloga 8 meses 01/03/2009 31/10/2009 $1.320.000
de 2009
67-7-20309 Bacterióloga 6 meses 01/11/2009 30/04/2010 $1.386.000
de 2009
67-7-20180 Bacterióloga 6 meses 06/05/2010 30/11/2010 $1.386.000
de 2010
67-7-20432 Bacterióloga 5 meses 01/12/2010 30/04/2011 $1.386.000
de 2010
67-7-20165 Bacterióloga 9 meses y 16/05/2011 08/06/201233** $1.386.000
de 2011 15 días (suspensión)

29 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

102 a 103.
30 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

199 a 210.
31 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

17 a 21.
32 Acorde con la certificación, «se realizó suspensión del contrato por 86 días, por lo que su terminación se extendió

hasta el 2 de marzo de 2008».
33 Según la certificación «la contratista tuvo suspensión de contrato por 98 días, correspondientes a licencia de

maternidad, por lo que la fecha de terminación es para el 8 de junio de 2012».

16

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00026-01 (1073-2021)
Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

67-7-20209 Bacterióloga 7 meses y 16/06/2012 31/01/2013 $1.429.936
de 2012 15 días
67-7-20007 Bacterióloga 5 meses 01/02/2013 30/06/2013 $1.429.936
de 2013
67-7-20251 Bacterióloga 8 meses y 16/07/2013 31/03/2014 $1.429.936
de 2013 15 días
67-7-20049 Bacterióloga 6 meses 01/04/2014 30/09/2014 $1.487.134
de 2014
67-7-20260 Bacterióloga 8 meses y 01/10/2014 15/06/2015 $1.487.134
de 2014 15 días
67-7-20223 Bacterióloga 11 meses 01/07/2015 30/05/2016 $1.487.134
de 2015
67-7-20121 Bacterióloga 11 meses 01/06/2016 30/04/2017 $1.487.134
de 2016

3.5. Caso concreto

64. En el asunto bajo análisis, la accionante celebró contratos de prestación de
servicios, desde el 1°. de mayo de 2002 hasta el 30 de abril de 2017, como bacterióloga
de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional del Atlántico, y solicita la
nulidad del oficio que negó la existencia de la relación laboral y el pago de los
emolumentos laborales.

65. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así declaró
la nulidad del acto demandado y ordenó el pago de las prestaciones sociales ordinarias
como las de un empleado público, por el periodo del 9 de abril de 2007 al 30 de abril
de 2017, sin incluir los tiempos de suspensión de los contratos, que correspondieron
a 86 y 98 días no laborados. Dispuso que el pago de las prestaciones se debe calcular
con el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
Así, mismo ordenó el pago de aportes a pensión por todo el tiempo laborado,
liquidados también sobre el valor de los honorarios.

66. Inconforme con esta decisión, la entidad demandada interpone recurso de
apelación para lo cual insistió en que no existió una relación laboral porque los turnos
de trabajo eran coordinados para garantizar la prestación continua del servicio de
salud, de modo que no existía subordinación, puesto que los contratistas no cumplían
órdenes, sino que existían instrucciones sobre la prestación del servicio profesional.

67. Ahora bien, con el objeto de resolver los recursos de apelación se estudiarán
los elementos de la relación laboral y luego la prescripción.

• Elementos de la relación laboral

68. Como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, para que proceda la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la parte demandante
debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo: (i) la prestación personal del servicio, (ii) la
subordinación continua y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio.

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69. Respecto a la prestación personal del servicio, se encuentra acreditada con
la certificación sobre los contratos de prestación de servicios descritos en el acápite
de hechos probados, celebrados desde el 1°. de mayo de 2002 al 30 de abril de 2017.
Además, los objetos de los contratos fueron para prestar los servicios profesionales de
bacterióloga en la Clínica Regional del Caribe de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, Seccional del Atlántico.

70. En lo que se refiere a la remuneración, igualmente en la certificación sobre
los contratos de prestación de servicios celebrados entre la actora y la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional, las partes acordaron el pago de honorarios a favor de
la contratista.

71. En cuanto a la subordinación, la parte interesada debe demostrarla de manera
fehaciente. Esta se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica reglamentos
internos y puede imponer sanciones por incumplimiento, características propias de una
relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma del contrato de prestación de
servicios.

72. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tales
casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan asumir
un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional de la
entidad.

73. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos, o más técnicamente, indicios que permiten inferir la existencia
de una relación laboral subordinada encubierta.

74. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

75. Ahora bien, la Subsección destaca que la demandante se desempeñó como
bacterióloga en el laboratorio de la Clínica de la Policía Nacional de la Regional Caribe,
donde prestaba el servicio en los horarios establecidos unilateralmente por la entidad,
a través de la imposición de turnos, tal como lo acreditan las planillas que fueron

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aportadas al proceso. En efecto, obran las planillas de agendamiento de 2002, 2004,
2006 a 2017. A modo de ilustración, la planilla de julio de 2002 indicó que «para efectos
de supervisión, cualquier cambio de turno debe solicitarse por escrito a la coordinación
del laboratorio»34.

76. Ello evidencia que la accionante estaba sometida al poder de dirección de la
Clínica, encontrándose inserta en su estructura organizacional. La sujeción al poder
sancionatorio es un hecho acreditado porque le enviaban llamados de atención, como
el del 17 de agosto de 2010, donde el auxiliar del laboratorio clínico de la Dirección de
Sanidad del Atlántico se dirigió a la señora Ingrid Núñez Tapia por no incluir en el libro
correspondiente una muestra de sangre, indicándole que su responsabilidad era
anotar las muestras en el libro, así:

De la manera más atenta me dirijo a ustedes con el fin de notificarle sobre el hallazgo
encontrado en el turno del día 13 de agosto del año 2010, en donde se tomó una muestra
de sangre a la paciente MARINEL ARRIETA, para ser enviada a la Red Externa y esta no
aparece reportada en el libro correspondiente para estas muestras, la Dra. Lunibeth recibe
la muestra tomada por los auxiliares del laboratorio y no reporta la muestra en el libro,
pero deja anotado en el libro de entrega de turno a la Dra. Ingrid Núñez Tapia en el turno
de la noche, esta a su vez entrega a la Dra. Rina. Bacterióloga del Laboratorio
CONTINENTAL, pero tampoco hace la anotación en el libro de la Red externa perdiéndose
el seguimiento y persona responsable de recibirle la muestra.

Es responsabilidad de la bacterióloga que recibe y entrega muestra para la Red externa
anotar las respectivas muestras en el libro de estas35.

77. Posteriormente, en el oficio del 26 de febrero de 2012, la bacterióloga del
laboratorio clínico realizó un «llamado de atención», a la señora Ingrid Núñez, en los
siguientes términos36:

Mediante el presente en calidad de líder del área diagnóstica y con la responsabilidad de
mantener el buen funcionamiento de la misma, se hace necesario recordarle lo siguiente:

• Cuando se deje una consigna de pendiente en la entrega de un turno sea esta de manera
escrita o verbal debe cumplirse con el objetivo primordial de dar conclusión a la emisión
de un resultado oportuno para el servicio que lo requiera y no delegar dicha consigna de
turno en turno, lo cual genera inconformidad en el servicio, como se presentó con la
emisión de un resultado de una gota gruesa: el día 10 de febrero, el cual fue entregado
de manera verbal en el turno de la tarde y dicho resultado fue emitido por el turno del día
sábado en horas de la mañana, lo anterior con la finalidad de mejorar y evitar este tipo de
inconvenientes y poder seguir prestando un servicio con oportunidad, eficacia, y de
confianza.

• La puntualidad es regla de oro en toda organización y refleja la imagen, por lo tanto, le
recuerdo la puntualidad para recibir los turnos esto debido a que en el transcurso de este
mes ha llegado con más de 20 minutos de retraso a relevar a su compañera.

34 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

22 a 97.
35 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, pág. 98.
36 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, pág. 99.

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Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

• En el diario desarrollo de la vida nadie está excento de calamidades domésticas pues
son situaciones que no están programadas para que sucedan, pero usted a lo largo del
cumplimiento de sus responsabilidades laborales estas situaciones de calamidades se
han convertido en constancia razón que de alguna u otra forma genera un trastorno
organizacional.

Por lo anterior respetuosamente con el único objetivo de mejorar la invito a fijar estrategias
personales que le permitan seguir creciendo laboralmente.

78. Adicionalmente, los señores Vilma Heredia Vizcaino, Nelsy Judith Castillo
Marino, Pedro Antonio Cubillos Blanco y Luis Antolino Padilla Barrios37 relataron las
condiciones en que la actora prestó sus servicios como bacterióloga en la Clínica del
Caribe, para lo cual destacaron que cumplía los turnos rotativos fijados por la
coordinadora del servicio que podían ser nocturnos o en días festivos, y que recibía
órdenes de sus superiores, por ejemplo, para asistir a capacitaciones o a reuniones
administrativas, por fuera del horario de atención en el laboratorio. Así mismo, debía
prestar sus servicios con los implementos y en las instalaciones de la entidad de salud
y solo existía una bacterióloga de planta. Para mejor ilustración se trae a colación lo
narrado por los testigos.

79. La señora Vilma Heredia Vizcaino afirmó que conoció a la señora Ingrid Núñez
Tapia por haber sido compañeras de oficio en la Clínica de la Policía Seccional Caribe,
donde ambas se desempeñaron como bacteriólogas. Indicó que la señora Ingrid
Núñez Tapia prestó sus servicios en dicha clínica entre los años 2002 y 2017, bajo la
modalidad de contratista. Señaló que la señora Ingrid Núñez Tapia desarrollaba
actividades asistenciales propias de la bacteriología, las cuales comprendían la
prestación del servicio en todas las áreas de la clínica, incluyendo consulta externa,
urgencias y hospitalización, específicamente en el laboratorio clínico.

80. Manifestó que la labor se ejecutaba mediante turnos rotativos, los cuales podían
ser de seis o doce horas, comprendidos entre siete de la mañana y siete de la noche,
siete de la noche y siete de la mañana, o en horarios fraccionados, como de siete de
la mañana a una de la tarde o de una de la tarde a siete de la noche. Precisó que debía
cumplirse un total de ciento cuarenta y cuatro horas mensuales, las cuales eran
distribuidas durante el mes entre el personal del laboratorio.

81. Explicó que los horarios eran organizados e impuestos por la coordinadora del
laboratorio, quien actuaba como jefe inmediato, y que dichos turnos eran avalados por
el coordinador médico y por la dirección de la clínica, a cargo del coronel
correspondiente en ese momento. Indicó que los horarios eran comunicados
mensualmente por correo electrónico y, adicionalmente, publicados en un cartel visible
dentro de la clínica, no solo para el personal de laboratorio sino también para el
personal uniformado.

37 Samai, índice 2, expediente digital, 6_080012333000201900026011EXPEDIENTEDIGI2021041315553, págs.

199 a 210.

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82. Afirmó que la coordinadora del laboratorio asignaba las labores en cada área y
ejercía control permanente sobre el personal, a quien debía rendirse cuenta del trabajo
realizado. Señaló que el servicio de laboratorio era continuo, las veinticuatro (24)
horas, por lo cual no podía dejarse descubierto, siendo obligatorio cumplir
estrictamente el turno asignado, incluso si las labores específicas hubieran finalizado
antes de la hora establecida.

83.Indicó que, además de las actividades ordinarias en la clínica, el personal debía
cumplir servicios adicionales, como la realización de exámenes de laboratorio en la
Escuela de Policía, los cuales debían prestarse incluso en días de descanso, y era
necesario el traslado del personal a otras dependencias distintas a la clínica.

84. Manifestó que el personal se encontraba sujeto de manera permanente a órdenes,
impartidas por la coordinadora del laboratorio como jefe inmediato, así como por sus
superiores jerárquicos, entre ellos el coordinador médico y el director de la clínica, sin
que existiera autonomía para modificar los horarios asignados. Precisó que cualquier
novedad, calamidad o situación personal debía ser previamente informada.
Finalmente, indicó que los cambios de turno solo podían realizarse previo acuerdo con
los demás integrantes del equipo y con autorización de la coordinadora, para concluir
que los horarios eran totalmente impuestos por la entidad.

85. La señora Nelsy Judith Castillo Marino afirmó que su profesión es técnica de
laboratorio y que conoce a la señora Ingrid Núñez desde hace aproximadamente más
de veinte años, por haber trabajado juntas en el laboratorio clínico. Indicó que siempre
la reconoció como una persona trabajadora, responsable y colaboradora.

86. Señaló que los cambios de turno, cuando se requerían, eran voluntarios y podían
solicitarse, los cuales se gestionaban a través de la coordinadora del servicio, quien
dirigía y supervisaba dichas decisiones. Aclaró que no se trataba de determinaciones
adoptadas de manera autónoma por las bacteriólogas.

87. Indicó que no conocía con exactitud el horario específico de trabajo de las
bacteriólogas. Frente a la pregunta sobre si el trato hacia la señora Ingrid era igual al
del personal de planta o al del personal uniformado de la Policía Nacional, precisó que
existía una diferencia, en la medida en que el personal uniformado se encontraba
sometido a un régimen distinto, especialmente en cuanto a horarios y órdenes
externas; no obstante, aclaró que tales condiciones no eran aplicables a las
bacteriólogas, cuyo ejercicio era independiente del régimen propio de los uniformados.

88.A partir de lo anterior, la testigo afirmó que no existía una relación de subordinación
en los términos del régimen del personal uniformado, sino que se trataba del
cumplimiento de las funciones propias del cargo de bacterióloga.

89. Asimismo, manifestó que, además de las labores ordinarias en la clínica, se

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presentaban casos especiales, como acuartelamientos o actividades extraordinarias
—por ejemplo, durante los carnavales—, en los cuales se solicitaba mayor
colaboración por parte del personal, en el marco de planes de contingencia. Precisó
que estas actividades eran previamente definidas con la coordinadora, sin que
implicaran decisiones unilaterales de las bacteriólogas.

90. El señor Pedro Antonio Cubillos Blanco indicó que es enfermero profesional,
con especialización en gerencia y auditoría en servicios de salud, y que conoce a la
señora Ingrid Núñez desde los años 2002 o 2003, con ocasión del ejercicio de sus
actividades laborales, periodo durante el cual compartieron el escenario laboral por
aproximadamente 10 años.

91. Indicó que, en la prestación del servicio, se cumplían horarios estrictos,
generalmente en jornadas continuas, los cuales eran previamente organizados por las
personas delegadas para tal fin dentro del proceso administrativo de la clínica. Precisó
que existía un jefe directo, se cumplían turnos obligatorios y el personal se encontraba
bajo la dirección y supervisión de la institución.

92. Señaló que en cada área existía una coordinadora, encargada de organizar los
turnos, verificar su cumplimiento y velar porque se observaran las directrices
institucionales, todo ello bajo los lineamientos de la clínica. Afirmó que sí existían
órdenes directas impartidas por los coordinadores y disposiciones provenientes de la
dirección técnica.

93. Frente a la supervisión del trabajo de la señora Ingrid Núñez, indicó que esta se
encontraba a cargo de la coordinadora designada. En relación con las actividades
desarrolladas por fuera de la clínica, manifestó que estas podían hacer parte del
contrato y que cualquier incumplimiento daba lugar a llamados de atención o
actuaciones disciplinarias, las cuales podían ser notificadas de manera verbal o escrita
por el jefe directo.

94. Relató que tenía conocimiento de la existencia de una bacterióloga de planta,
quien recibía un trato diferente, pues cumplía jornadas de ocho horas diarias, con
descanso los fines de semana, sin turnos nocturnos ni labores en días festivos.

95. Respecto del tipo de contrato de la señora Ingrid Núñez, indicó que tenía
conocimiento de este, pues el lineamiento contractual era similar para todas las
personas vinculadas bajo esa modalidad. Señaló que la programación de horarios, la
intensidad horaria y el desarrollo de turnos mensuales eran muy similares para todo el
personal.

96. Explicó que, desde el área de enfermería, tenía conocimiento de los horarios del
personal de bacteriología, dado que estos eran publicados en lugares visibles de los
distintos servicios, lo cual evidenciaba que el comportamiento horario era equivalente
al del personal de enfermería. Añadió que dichos horarios eran firmados por la

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coordinadora correspondiente.

97. Finalmente, afirmó que los horarios eran impuestos por los jefes de cada área.
Indicó que, ante el incumplimiento de actividades, se generaban sanciones de la
oficina de talento humano, bajo manejo de personal uniformado, y que tuvo
conocimiento de llamados de atención y amonestaciones.

98. El señor Luis Antolino Padilla Barrios indicó que es médico, se desempeña
como coordinador médico de la clínica y que ha laborado en dicha institución por
veintitrés años. Manifestó que conoce a la actora por cuanto esta se desempeñó como
bacterióloga. Indicó que, según su conocimiento, los turnos se coordinaban con la líder
del área, con el fin de garantizar la prestación continua del servicio durante las
veinticuatro horas del día, y que dichos horarios se organizaban de acuerdo con las
necesidades del servicio.

99. Afirmó no tener conocimiento acerca de si la señora Ingrid Núñez debía prestar
servicios por fuera de la clínica. Explicó que, durante el tiempo en que laboró la actora,
existía una bacterióloga de planta, la cual, según su apreciación, recibía un trato igual
desde todo punto de vista.

100. Frente a la posibilidad de que el personal de bacteriología fuera citado para cumplir
requerimientos adicionales fuera del horario ordinario, el testigo manifestó que, en
algunas oportunidades, dicho personal era convocado para capacitaciones o
reuniones administrativas, ya fuera por el jefe seccional o por el director de la clínica,
labores que se desarrollaban por fuera de las actividades propias del laboratorio.

101. En cuanto a la distribución concreta de los horarios de la señora Ingrid Núñez,
indicó que no tenía conocimiento específico sobre el manejo interno del laboratorio,
aclarando que su ámbito de conocimiento se limitaba al servicio médico, el cual debía
garantizar atención permanente durante las 24 horas. Finalmente, precisó que el jefe
inmediato de la señora Ingrid Núñez era una empleada de planta, y que el superior
jerárquico de todo el personal era el director de la clínica.

102. Así entonces, respecto a la dirección y control efectivo de las actividades, en
cuanto al modo, cantidad de trabajo y la inserción en la estructura organizacional de la
entidad, se destaca que la bacterióloga recibía órdenes de la coordinadora del servicio
de laboratorio, tal como lo indicaron los testigos.

103. Por otra parte, la inserción de la actora en la estructura organizacional del
Hospital se evidencia porque la misión de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, a la cual pertenece la Clínica es la de «planificar, dirigir, desarrollar,
coordinar, supervisar y evaluar los servicios en materia de salud, por medio del
aseguramiento, la administración y la prestación de servicios de salud integrales y

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efectivos, en cumplimiento de la misión constitucional»38. Dicha función permanente
está relacionada directamente con el servicio de la bacterióloga en el laboratorio
clínico.

104. El servicio personal contratado correspondía a las funciones de la bacterióloga
de planta y a las necesidades permanentes de la Clínica del Caribe, según lo afirmado
por los testigos. Pese a ello se estaban satisfaciendo a través de contratos de
prestación de servicios, lo que desconoce el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, puesto que el instrumento contractual debe satisfacer una necesidad temporal,
tal como lo estableció el fallo de unificación del 9 de septiembre de 202139.

105. Entonces, fuerza concluir que no se trató del desarrollo de actividades bajo la
coordinación de la entidad, comoquiera que las funciones de la accionante se
ejecutaron según las órdenes de la Clínica, se reitera, con la imposición de un horario,
el cumplimiento de turnos y la sujeción a las directrices de la coordinadora del
laboratorio. En consecuencia, contrario a lo dicho por la entidad recurrente, la actora
no era autónoma en la prestación del servicio, sino que el contrato ocultó una relación
laboral, de modo que debe aplicarse el principio constitucional de primacía de la
realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la Carta Política. Además,
la demandante estuvo vinculada más de 15 años mediante contrato, de modo que la
prestación del servicio no fue temporal.

106. Debe decirse que la temporalidad y excepcionalidad son la esencia de los
contratos de prestación de servicios. Con ellos no pueden suplirse, de manera
definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades. Así pues, el
contrato de prestación de servicios debe celebrarse solo por el término estrictamente
indispensable para cumplir su objeto, lo que excluye su uso prolongado, encadenado
o sucesivo para cubrir funciones permanentes dentro de la entidad 40. En caso
contrario, se trata de una relación laboral subordinada.

107. Por otra parte, es conveniente destacar que resulta más oneroso para la entidad
asumir el pago de condenas judiciales por la indebida utilización de los contratos de
prestación de servicios, en lugar de realizar todos los trámites requeridos para crear
en las plantas de personal los cargos que se requieren de forma permanente para la
atención de la población.

108. En síntesis, se desprende que del 1°. de mayo de 2002 al 30 de abril de 2017
(salvo las interrupciones), la parte interesada demostró la existencia de la relación
laboral con las pruebas documentales y testimoniales.

38 https://www.policia.gov.co/disan
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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• De la prescripción

109. En atención a que la Sala estableció la configuración de los tres elementos de
la relación laboral, procede el estudio de la prescripción, como resultado del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Sobre el particular, el fallo de
unificación del 9 de septiembre de 202141 dispuso el término de 30 días hábiles «como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios» y solo para la prescripción de los derechos laborales.

110. A su vez, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201642 estableció que
el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación del vínculo
contractual.

111. En el caso objeto de estudio, la accionante presentó la reclamación el 26 de
junio de 2018, Luego, al considerar que el último vínculo contractual finalizó el 30 de
abril de 2017, el término de tres años para presentar la reclamación vencía el 30 de
abril de 2020.

112. Dado que la actora interpuso la petición el 26 de junio de 2018, la Sala concluye
que sí interrumpió la prescripción respecto de las pretensiones relacionadas con
prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta. No obstante, dicha
interrupción solo tuvo efectos frente al último lapso laborado del 19 de diciembre de
2006 al 30 de abril de 2017. Ello, toda vez que frente al primer periodo laboral existió
una interrupción superior a 30 días hábiles, que fue de 1 año, 11 meses y 19 días, que
corrió del 1 de enero de 2005 al 18 de diciembre de 2006, como se indicó en los hechos
probados.

113. Por lo que, únicamente procedería el pago de las prestaciones sociales
causadas entre el 19 de diciembre de 2006 y el 30 de abril de 2017 (salvo
interrupciones). Sin embargo, la Subsección no pasa por alto que la entidad es
apelante única, de modo que en virtud del principio de la non reformatio in pejus es
improcedente modificar la prescripción en perjuicio de la entidad.

• Restablecimiento del derecho

114. Consecuentemente, el criterio de la Subsección consiste en que la actora tiene
derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones
laborales legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, como vacaciones,
primas, bonificaciones y cesantías, entre otras. Para ello, se debe tomar como base el

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, proceso con radicado 23001-23-000-

2013-00260-01 (0088-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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salario de un empleado que desarrollaba las funciones de bacterióloga de planta43,
para el período de vinculación. En caso contrario, cuando no exista el cargo en la
planta, la base para calcular las prestaciones deben ser los honorarios. No obstante,
dada la condición de apelante única de la entidad, no hay lugar a modificar el fallo
apelado en este aspecto.

4. Conclusión

115. La señora Ingrid Patricia Núñez Tapia acreditó la existencia de una relación
laboral del 1°. de mayo de 2002 al 30 de abril de 2017, salvo sus interrupciones, en la
prestación del servicio como bacterióloga de la Clínica Regional del Caribe de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. En efecto, demostró la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación continua.

5. Costas

116. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 44 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

43 Al respecto consultar la sentencia del 18 de septiembre de 2025, de la Sección Segunda, Subsección B, proceso

con radicado 25000-23-42-000-2021-00754-01 (3165-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
44 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Demandante: Ingrid Patricia Núñez Tapia
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y otros

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
el 13 de diciembre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

27

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