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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00363-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00363-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

Tema: retroactivo de la nivelación salarial. Subtema: homologación del personal
administrativo de la Secretaría de Educación de Soledad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el municipio de Soledad contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Subsección B, el 29 de octubre de 2021, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Ivette María Maldonado de Domínguez solicitó la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales la Secretaría de Educación de Soledad la excluyó
del listado de beneficiarios del proceso de homologación y nivelación salarial, así
como de las decisiones que negaron el pago del retroactivo correspondiente, pese a
haber sido previamente reconocida como beneficiaria de dicho proceso.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien la entidad
sostuvo que la demandante no era beneficiaria del proceso de homologación y
nivelación salarial, en el expediente obraban actos administrativos que le otorgaban
tal condición y que no fueron revocados, por lo que su exclusión y la negativa de pago
del retroactivo resultaban injustificados; y negó el reconocimiento de intereses
moratorios.

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Ivette María Maldonado de Domínguez, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 22 de marzo de 20181, contra el municipio de Soledad, Secretaría de Educación,
con las siguientes pretensiones2:

2. Se declare la nulidad del aviso expedido el 22 de abril de 2014 por el secretario
de Educación de Soledad, mediante el cual convocó a los funcionarios y
exfuncionarios adscritos a la planta de personal de dicha entidad, vinculados al
proceso de homologación y nivelación salarial, para la actualización de su información
personal, en cuyo listado anexo de beneficiarios no fue incluida la señora Ivette María
Maldonado de Domínguez.

3. Se declare la nulidad del oficio del 16 de junio de 2014, mediante el cual el
secretario de Educación de Soledad dio respuesta desfavorable a la petición
presentada por la señora Ivette María Maldonado de Domínguez, radicada bajo el No.
SAC2014PQR737, al indicar que no se encontraba incluida como beneficiaria del
proceso de homologación y nivelación salarial.

4. Se declare la nulidad del oficio del 16 de julio de 2014, mediante el cual el
secretario de Educación de Soledad dio respuesta desfavorable a la petición
presentada por la señora Ivette María Maldonado de Domínguez, radicada bajo el No.
2014PQR2802, al negarle su inclusión en el listado de beneficiarios del proceso de
homologación y nivelación salarial, con el argumento de que la solicitud fue
presentada de manera extemporánea para ser tenida como beneficiaria en dicho
proceso.

5. A título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó que se declare
que la señora Ivette María Maldonado de Domínguez es beneficiaria del proceso de
homologación y nivelación salarial, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
1287 del 30 de junio de 2010; y, en consecuencia, se ordene a la entidad demandada
reconocer y pagar el retroactivo salarial derivado de dicha homologación. Asimismo,
pidió que se condene a la entidad accionada al pago de: i) intereses moratorios; ii)
perjuicios morales y iii) de las costas del proceso.

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. La señora Ivette María Maldonado de Domínguez prestó sus servicios como

1 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 5 a 12.
2 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo

010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 8 a 9.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

personal administrativo de la Secretaría de Educación de Soledad desde el 8 de julio
de 1979, en el cargo de secretaria, código 5140, grado 06.

8. De conformidad con lo ordenado en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de
Educación certificó al departamento del Atlántico para la administración del servicio
educativo; en consecuencia, el personal nacional fue incorporado a la planta territorial
de dicho departamento, mediante el Decreto 1457 del 3 de octubre de 1997, expedido
por la Gobernación del Atlántico. Derivado de lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, en concepto del 9 de diciembre de 2004, estableció que
las entidades territoriales debían efectuar la correspondiente nivelación salarial, y el
mayor valor tenía que ser pagado por la nación.

9. En este contexto, mediante el Decreto 1095 del 3 de diciembre de 2002, la
Gobernación del Atlántico estableció la planta de personal de la Institución Educativa
INEM Miguel Antonio Caro del municipio de Soledad, en la cual figura la señora Ivette
María Maldonado de Domínguez en el cargo de secretaria. A su turno, la Secretaría
de Educación del municipio de Soledad, por medio de la Resolución 1287 del 30 de
junio de 2010, le asignó la denominación de secretaria, código 440, grado 02, con una
asignación mensual de $1.062.080, como personal administrativo adscrito a dicha
entidad. Más adelante, la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico
expidió la Resolución 00802 del 3 de marzo de 2011, mediante la cual reconoció a la
demandante la suma de $27.282.548 por concepto de retroactivo derivado del proceso
de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo
financiado con recursos del Sistema General de Participaciones.

10. El 13 de julio de 2012, la señora Ivette María Maldonado de Domínguez radicó
ante la Secretaría de Educación de Soledad un escrito al que anexó la documentación
requerida dentro del proceso de homologación y nivelación salarial, con el propósito
de que se efectuara su liquidación y pago.

11. Posteriormente, el 31 de enero de 2014, la demandante, junto con otros
funcionarios, presentó petición ante la Secretaría de Educación del municipio de
Soledad, mediante el cual solicitó información sobre el estado del proceso de
homologación y nivelación salarial, así como sobre su inclusión en el listado de
beneficiarios.

12. Sin haber obtenido respuesta a la petición anterior, el 22 de abril de 2014, la
Secretaría de Educación del municipio de Soledad convocó a los funcionarios y
exfuncionarios adscritos a la planta de personal de esa entidad, vinculados al proceso
de homologación y nivelación salarial, para la actualización de su información
personal; no obstante, en el listado anexo de beneficiarios no fue incluida la
demandante.

13. En razón de lo anterior, el 23 de abril de 2014, la señora Ivette María Maldonado
de Domínguez presentó una nueva petición, en la que solicitó explicaciones sobre su
exclusión del listado de beneficiarios, así como copia de su expediente administrativo

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

relacionado con el reconocimiento del retroactivo salarial derivado del proceso de
homologación y nivelación salarial.

14. Mediante comunicación del 16 de junio de 2014, la Secretaría de Educación dio
respuesta a la petición presentada el 31 de enero de 2014, e indicó que la demandante
no se encontraba incluida dentro de los beneficiarios del proceso de homologación.

15. Seguidamente, a través de oficio del 16 de julio de 2014, en respuesta a la
petición del 23 de abril de 2014, la entidad informó a la demandante que no había sido
incluida en el proceso de homologación por no haber radicado oportunamente la
documentación requerida y que, por tal razón, no contaba con expediente dentro de
dicho proceso.

16. Finalmente, la entidad demandada culminó el proceso de homologación y
efectuó el reconocimiento y pago de la nivelación salarial a los funcionarios incluidos
en el listado de beneficiarios, sin que la señora Ivette María Maldonado de Domínguez
fuera tenida en cuenta dentro del mismo.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

17. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículos 2 y 90.
La Ley 1437 de 2011, artículos 138, 152 y siguientes.
La Ley 640 de 2001.
La Ley 1395 de 2010.
La Ley 60 de 1993.
La Ley 715 de 2001.

18. Al explicar el concepto de violación, la señora Ivette María Maldonado de
Domínguez sostuvo que los actos administrativos demandados, mediante los cuales
se le negó el pago del retroactivo salarial, configuran una «falla del servicio» imputable
a la Alcaldía de Soledad – Secretaría de Educación de Soledad.

19. Afirmó que el retroactivo salarial dejado de percibir constituye una prestación
periódica, razón por la cual consideró que frente a su reclamación no opera el
fenómeno de la caducidad.

20. Expresó que, como consecuencia de la actuación que califica como ilegal,
sufrió perjuicios morales, en la medida en que se vieron frustradas las expectativas
que tenía frente a dichos recursos, lo que le generó dificultades para atender
obligaciones económicas previamente asumidas; circunstancia que, a su juicio, afectó
su buen nombre, teniendo en cuenta que el reconocimiento del retroactivo
correspondía a un derecho cierto.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

2.2. Contestación de la demanda

21. El municipio de Soledad, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones
de la demanda y solicitó que se nieguen3-4.

22. Arguyó que la demandante no tiene derecho a lo reclamado, esto es, a ser
incluida en la lista de funcionarios beneficiarios del proceso de homologación y
nivelación salarial, por cuanto no satisfizo los requisitos exigidos por la Secretaría de
Educación del municipio de Soledad, lo que condujo a que no se le creara expediente
administrativo y, en consecuencia, no accediera al pago del retroactivo salarial.

23. Añadió que la presente acción se encuentra caducada, toda vez que se
interpuso vencido el término de 4 meses previsto en el artículo 136 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), dado que el acto administrativo demandado fue proferido el 16 de junio de
2014 y la demanda se presentó el 22 de marzo de 2018.

24. En esa misma línea, afirmó que los derechos reclamados se encontraban
afectados por el fenómeno de la prescripción, en la medida en que había transcurrido
un término superior a 3 años desde que se hicieron exigibles sin que hubiesen sido
reclamados oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social y el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

25. Subrayó que la demandante no interpuso el recurso de apelación contra el acto
administrativo del 16 de junio de 2014, proferido por el Secretario de Educación de
Soledad, pese a que dicho medio de impugnación era obligatorio para agotar la vía
gubernativa, de conformidad con los artículos 76 y 161 del CPACA.

26. Finalmente, indicó que en la conciliación prejudicial no se identificó de manera
adecuada el acto administrativo a demandar ni el medio de control a ejercer, lo que, a
su juicio, impide tener por cumplido el requisito de procedibilidad previsto en el artículo
13 de la Ley 1285 de 2009.

3 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
030ED_C01_21 CONTESTACION DE LA DEMANDA-CON PODER.
4 En desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 23 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico

resolvió las excepciones propuestas en la contestación de la demanda en los siguientes términos: i) en cuanto a
la caducidad, indicó que oficiaría a la parte demandante para que acreditara la fecha de notificación del Oficio del
16 de junio de 2014, proferido por la Secretaría de Educación de Soledad; ii) frente a la falta de requisitos para
acudir a la jurisdicción contenciosa, por la no interposición del recurso de apelación contra el citado oficio, señaló
que, si bien el artículo 161 del CPACA exige agotar los recursos obligatorios contra actos administrativos
particulares, este requisito no resulta exigible cuando la administración no informa sobre los recursos procedentes;
en el caso concreto, el oficio no indicó la posibilidad de interponer apelación, por lo que no era obligatorio hacerlo;
iii) en relación con la alegada omisión de identificar el medio de control y el acto a demandar en la conciliación
prejudicial, precisó que el acta del 9 de agosto de 2017 únicamente da cuenta de que esta fue declarada fallida,
sin mayor detalle, por lo que ordenó oficiar a la Procuraduría para que remitiera las actas correspondientes, con el
fin de esclarecer la situación; y iv) respecto de la inexistencia del derecho reclamado y la prescripción, indicó que
su análisis se diferiría para la sentencia. Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675
(.zip), Carpeta “Principal”, archivo 041ED_C01_32 AUDIENCIA INICIAL-CONTINUACION AUDIENCIA INICIAL.

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2.3. Sentencia de primera instancia

27. El Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B,
mediante sentencia del 29 de octubre de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
accionada5, en los siguientes términos:

1°: DECLARAR la nulidad del acto administrativo consistente en el AVISO DE
CONVOCATORIA, efectuado por la Secretaría de Educación de Soledad a los
funcionarios beneficiarios del proceso de homologación y nivelación salarial a fin de
actualizar los datos personales dentro de las fechas de 22 al 25 de abril de 2014.

2°: DECLARAR la nulidad del acto administrativo de fecha 16 de junio de 2014 que
dio respuesta negativa a la petición formulada por funcionarios del municipio de
Soledad, en el cual la administración manifestó que la señora Ivette María Maldonado
de Domínguez no era beneficiaria del proceso de homologación.

3° DECLARAR la nulidad del acto administrativo de fecha 16 de julio de 2014,
consistente en la respuesta al derecho de petición formulado por la demandante Ivette
María Maldonado de Domínguez, en el cual la administración se negó a incluirla en el
listado de funcionarios beneficiarios del proceso de homologación, porque
supuestamente no radicó solicitud y documentos de soporte para que fuera tenida
como beneficiaria de ese proceso.

4° CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, al municipio de Soledad –
Secretaría de Educación, a reconocer que la demandada, señora Ivette María
Maldonado de Domínguez, es beneficiaria del proceso de homologación, y tiene
derecho al reconocimiento y pago del retroactivo salarial derivado de la homologación
del cargo como secretaria adscrita a la Secretaría de Educación del municipio de
Soledad, como fue dispuesto en la Resolución No. 1287 de 30 de junio de 2010,
expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Soledad.

5° NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6° Sin costas.

28. Consideró que se encuentra acreditado que mediante la Resolución 00802 de
2011, la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico reconoció a la señora
Ivette María Maldonado de Domínguez valores retroactivos por concepto de
homologación y nivelación salarial.

29. Destacó que, pese a dicho reconocimiento, la Secretaría de Educación del
municipio de Soledad convocó a los funcionarios y exfuncionarios vinculados al
proceso de homologación y nivelación salarial para actualizar sus datos; no obstante,
en el listado de beneficiarios no se incluyó a la demandante.

5 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
053ED_C01_44 FALLO-SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

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Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
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30. Estimó que no son de recibo los argumentos del municipio de Soledad, según
los cuales la señora Ivette María Maldonado de Domínguez no era beneficiaria del
proceso de homologación y nivelación salarial, toda vez que en el expediente obran
las Resoluciones 1287 de 2010, mediante la cual se le asignó la denominación de
secretaria, código 440, grado 02 y 00802 de 2011, que le reconoció expresamente
dicho beneficio, sin que exista prueba de que hayan sido modificados o revocados,
por lo que gozan de presunción de legalidad.

31. En ese orden, señaló que si bien a la parte actora le corresponde probar los
hechos en que funda sus pretensiones, también es su deber acreditar las afirmaciones
con las que busca controvertirlos, lo cual no ocurrió en el presente asunto, pues el
municipio no demostró que la demandante no fuera beneficiaria del proceso de
homologación, ni acreditó, como se expuso anteriormente, que los actos
administrativos que le reconocieron dicho derecho —Resoluciones 1287 de 2010 y
00802 de 2011— hubieran sido modificados o revocados por la administración.

32. Por último, indicó que no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios,
por cuanto su procedencia exige que estén expresamente previstos en una norma o
en el acto que reconoce el derecho, supuestos que no se evidencian en el caso
concreto.

2.4. Recurso de apelación

33. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión bajo los siguientes argumentos6.

34. Sostuvo que la demandante no cumplió con el requisito previo para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la medida en que no interpuso el
recurso de apelación contra el acto administrativo del 16 de junio de 2014, por lo que,
a su juicio, no se agotó en debida forma la actuación administrativa, conforme a lo
previsto en el artículo 161 del CPACA.

35. Indicó que la demandante no cumplió con el requisito de procedibilidad de la
conciliación prejudicial, en la medida en que no identificó de manera adecuada el acto
administrativo a demandar ni el medio de control a ejercer, pues se limitó a formular
una reclamación de carácter económico; circunstancia que, a su juicio, desconoció lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.

36. Aseveró que no le asiste a la demandante el derecho reclamado, dado que la
Resolución 00802 del 3 de marzo de 2011, mediante la cual se le reconocieron valores
retroactivos por concepto de homologación y nivelación salarial, fue revocada por la
Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013, en cuyo artículo segundo se dispuso que
el reconocimiento de dichos valores se realizaría con sujeción a las cifras contenidas
en el nuevo estudio técnico aprobado para la vigencia 2013. Con fundamento en ello,

6 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
054ED_C01_45 RECURSO APELACION-DEL DEMANDADO.

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afirmó que, para el momento en que la actora presentó sus solicitudes en el año 2014,
no existía derecho alguno a su favor.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

37. Mediante auto del 3 de noviembre de 20227, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada conforme a lo previsto en el
numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021.

38. En el término de ejecutoria de la anterior providencia, la apoderada de la señora
Ivette María Maldonado de Domínguez presentó escrito en el que se pronunció sobre
el recurso de apelación interpuesto por su contraparte8, en el sentido de pedir que se
confirmara la sentencia de primera instancia. Sostuvo que no es cierto que se hubiera
incumplido el requisito de procedibilidad, pues en la solicitud de conciliación
extrajudicial se identificaron el medio de control y los actos administrativos
demandados, lo cual, indicó, se encuentra acreditado en el expediente con las actas
respectivas allegadas al proceso.

39. Por otra parte, afirmó que carece de sustento la alegada inexistencia del
derecho reclamado, en tanto no obra prueba de la modificación o revocatoria de las
Resoluciones 1287 de 2010 y 00802 de 2011, mediante las cuales se reconoció a la
demandante como beneficiaria del proceso de homologación y nivelación salarial. En
ese sentido, destacó que las afirmaciones de la entidad demandada no se encuentran
respaldadas probatoriamente, por lo que las pretensiones de la demanda permanecen
incólumes.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

40. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

41. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el
artículo 3289 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

7 Samai, índice 3.
8 Samai, índice 8.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los

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42. ¿La demandante cumplió con los requisitos previos para acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en particular, el agotamiento de los recursos
obligatorios contra el acto administrativo del 16 de junio de 2014?

43. ¿Se satisfizo el requisito de procedibilidad relativo a la conciliación extrajudicial,
en lo concerniente a la adecuada identificación del medio de control y de los actos
administrativos demandados?

44. ¿La señora Ivette María Maldonado de Domínguez tenía derecho a ser incluida
como beneficiaria del proceso de homologación y nivelación salarial, o, por el
contrario, dicho derecho no existía, por cuanto la Resolución 00802 del 3 de marzo de
2011 fue revocada por la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013?

45.Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) homologación del personal administrativo y proceso de
descentralización del servicio educativo; (ii) hechos probados; y (iii) en el acápite de
análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos formulados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización
del servicio educativo

46. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que la Ley
43 de 197510 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y
comisarias, en consecuencia, los gastos de la prestación del servicio educativo
estaban a cargo de la nación11. En virtud del proceso de descentralización del sector
educativo, dispuesto en las Leyes 60 de 199312 y 715 de 200113, los departamentos y
municipios debieron recibir el personal administrativo vinculado previamente con la
nación, mediante un trámite de homologación de los cargos, funciones y salarios, que

casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
10 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los

departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, radicado 17001-23-

33-000-2018-00533-01 (0050-2021); sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 17001-23-33-000-2018-00573-
01 (1880-2023).
12 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
13 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos

151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».

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Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

sirvió de base para su incorporación a las plantas territoriales de personal14.

47. La referida Ley 60 de 1993 implementó la descentralización del servicio
educativo y, por ende, desmontó la nacionalización ordenada por la Ley 43 de 1975;
en consecuencia, la nación debió entregar a los departamentos y municipios los
bienes, el personal y los establecimientos educativos. También dispuso que
correspondería a los departamentos administrar los recursos cedidos por la nación
para la prestación del servicio de educación, y las plantas de personal pasaron a ser
departamentales en virtud de la incorporación, así:

ARTÍCULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos,
señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal
docente y administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos
sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial
adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este
artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las
prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera
otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental,
distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio
y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades
territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial
del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base
en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios
recursos.

El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los
servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores
públicos de régimen especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se
regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen.
Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de
1992.

14 Así lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto 1607 del 9 de diciembre de

2004, proceso CE-SC-RAD2005-N1607.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

[…].

48. El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la nación
también debió ser entregado a los entes territoriales, mediante un proceso de
incorporación que exigía «la homologación de cargos (comparación de los requisitos,
funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la nación con los exigidos para
desempeñar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que
en el caso del personal administrativo revestía características particulares, pues era
el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial.
Cabe recordar que según el decreto 2400 de 1968 - art. 48 -15, la incorporación
operaba por reorganización de dependencias o el traslado de funciones de una entidad
a otra o por la supresión de cargos de carrera y, conforme a la Ley 443 de 1998 16,
también por la supresión del empleo de carrera o por fusión o supresión de entidades
o traslado de una entidad a otra o modificación de planta»17.

49. Es importante destacar que la homologación e incorporación de los cargos de
los empleados administrativos provenientes del orden nacional requirió, en los casos
donde no existían cargos equivalentes, una nivelación salarial. Además, implicó el
reajuste de la estructura de las entidades territoriales encargadas de prestar el servicio
educativo. Para ello, fue necesario considerar la clasificación, funciones, grado de
responsabilidad y requisitos asociados a cada empleo, con el fin de determinar
adecuadamente la remuneración.

50. Ahora bien, una vez se implementó el proceso de descentralización en la
educación, se expidió la Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los
empleados administrativos docentes a las plantas de personal, quienes mantendrían
su vinculación sin solución de continuidad. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001
desarrollaron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos
del sistema general de participaciones «antes situado fiscal». Con este fin, se requería
realizar un estudio técnico para fijar las plantas de personal docente, directivo docente
y administrativos de los planteles educativos y luego proceder a la provisión de dichos
cargos en la planta de personal adoptadas por las entidades territoriales para la
prestación del servicio educativo. Los citados artículos señalan:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos
y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.

15 Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 Ley 443 de 1998.
16 Derogada por la Ley 909 de 2004.
17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, CE-SC-

RAD2005-N1607.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por
órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional,
deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su
incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren
nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin
perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o
de acuerdo con esta. […]

51. En el marco de estos trámites administrativos, el Ministerio de Educación
Nacional en la Directiva 10 del 30 de junio de 2005, reguló los parámetros que debían
seguir las secretarías de educación para realizar la homologación de cargos y la
nivelación salarial del personal administrativo.

52. En síntesis, la prestación del servicio educativo pasó de la nacionalización a la
descentralización. Este proceso implicó la transferencia de responsabilidades, bienes,
personal y recursos desde la nación hacia los entes territoriales, con el fin de fortalecer
la gestión educativa. A su vez, la homologación e incorporación del personal
administrativo a las plantas de personal territoriales garantizó la continuidad laboral y
el respeto a los derechos salariales y prestacionales de los empleados.

3.4. Hechos probados relevantes

53. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

54. Mediante Resolución 10898 del 8 de julio de 1979, suscrita por el Ministerio de
Educación, se nombró a Ivette María Maldonado de Domínguez, en el cargo de
secretaria, código 5140, grado 06, en el INEM Miguel Antonio Caro de Barranquilla18.

55. De conformidad con el Decreto 01457 del 3 de octubre de 1997, expedido por

18Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 13 a 14.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

el departamento del Atlántico, se modificaron los grados de los cargos y se reajustaron
los salarios del personal administrativo al servicio del sector educativo, con lo cual se
definió el régimen de remuneración aplicable en el marco de su incorporación a la
planta de la Secretaría de Educación del Atlántico. En dicho acto aparece incluida la
señora Ivette María Maldonado de Domínguez dentro del listado de funcionarios19.

56. Posteriormente, a través del Decreto 001095 de 2002, el departamento del
Atlántico definió la planta de personal de la Institución Educativa INEM Miguel Antonio
Caro del municipio de Soledad, en la cual se incorporó a la señora Ivette María
Maldonado de Domínguez en el cargo de secretaria20.

57. Los señores Ivette María Maldonado de Domínguez, Álvaro Rafael Barraza
González, Jeannette Artuz de Siado, Viviana Hernández Herrera, Omaira Carillo y
Giovanni Villalobos Zambrano reclamaron, el 29 de septiembre de 2005, ante la
Secretaría de Educación de Atlántico, el reconocimiento, la liquidación y el pago de la
diferencia salarial, entre el salario que percibían al momento de la solicitud y el que
debían devengar como empleados de la Secretaría de Educación del municipio de
Soledad, así como la continuidad en el pago del salario nivelado hacia el futuro21.

58. Mediante Resolución 01287 del 30 de junio de 2010, suscrita por el municipio
de Soledad, se asignó a la señora Ivette María Maldonado de Domínguez la
denominación de secretaria, código 440, grado 02, con una remuneración mensual de
$1.062.080, correspondiente al personal administrativo de la Secretaría de Educación
de dicha entidad territorial. En el mismo acto se dispuso que, si como resultado de la
aplicación de los criterios de homologación y de las modificaciones a la planta de
personal, la funcionaria devengara un salario superior, este se mantendría mientras
continuara en el ejercicio del cargo, con carácter especial y transitorio 22.

59. Seguidamente, el departamento del Atlántico, reconoció a favor de la señora
Ivette María Maldonado de Domínguez el pago de valores retroactivos derivados del
proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector
educativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, a través
de la Resolución 00802 del 3 de marzo de 201123.

60. En dicho acto administrativo, la entidad precisó que la liquidación del retroactivo
se efectuó con base en las diferencias entre los salarios efectivamente percibidos por
la funcionaria y los fijados para cargos equivalentes en la planta departamental,
incluyendo los factores salariales y prestacionales correspondientes, debidamente
actualizados conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, lo

19 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 19 a 20.
20 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo

010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 21 a 26.
21 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, CD02 Folio

125 (zip), archivo Ivette María Maldonado de Domínguez, pp. 23 a 24.
22 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo

010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 33 a 35.
23 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo

010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 27 a 32.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

que arrojó un valor a su favor de $27.282.548, una vez aplicadas las deducciones
legales.

61. La Secretaría de Educación del municipio de Soledad suscribió el aviso del 22
de abril de 2014, mediante el cual convocó a los funcionarios y exfuncionarios de la
planta de personal municipal beneficiarios del proceso de homologación y nivelación
salarial, con el fin de actualizar sus datos personales. Como anexo a dicha
convocatoria, se publicó un cronograma en el que se señalaba la fecha otorgada a
cada beneficiario para allegar la documentación requerida; sin embargo, en dicho
listado no fue incluida la señora Ivette María Maldonado de Domínguez24.

62. El Secretario de Educación del municipio de Soledad, a través de comunicación
del 16 de junio de 2014, dio respuesta a la petición radicada el 31 de enero de 2014,
bajo el número SAC2014PQR737, por los señores Ivette María Maldonado de
Domínguez, Zaida Luz Estrada Cabrera, Julio Nicolás Mendoza Ortiz, Janett Virginia
Artuz de Siado, Aura Marina Mayorga Quintero e Isabel María Coronell Polo, e indicó
que todos los peticionarios se encontraban incluidos como beneficiarios del proceso
de homologación y nivelación salarial, excepto la señora Ivette María Maldonado de
Domínguez25.

63. Con ocasión de la petición radicada el 23 de abril de 2014, bajo el número
2014PQR2802, por la señora Ivette María Maldonado de Domínguez, el Secretario de
Educación del municipio de Soledad, mediante comunicación del 16 de julio de 2014,
dio respuesta, en el sentido de indicar que como la referida señora no había sido
incluida dentro del listado de los beneficiarios del proceso de homologación, no
contaba con expediente asignado dentro de dicho proceso. En ese mismo sentido
informó: «[a] cabo de dar instrucciones para que usted sea atendida por el profesional
que está a cargo del proceso de homologación, acérquese a nuestras oficinas para
que pueda conversar directamente con este asesor»26.

3.5. Caso concreto

64. En el asunto bajo análisis, la inconformidad de la parte accionada con la
sentencia de primera instancia radica en que el acto administrativo acusado no cumple
con los requisitos para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la
medida en que la demandante no interpuso el recurso de apelación contra la decisión
negativa contenida en el acto del 16 de junio de 2014, pese a que dicho recurso era
obligatorio para agotar «vía gubernativa», de conformidad con lo previsto en los
artículos 76 y 161 del CPACA.

65. Por otra parte, alegó el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la

24 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 37 a 42.
25 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo

014ED_C01_05 OTROS-SUBSANACION DE LA DEMANDA, pp. 3 a 4.
26 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo

014ED_C01_05 OTROS-SUBSANACION DE LA DEMANDA, pp. 5 a 6.

14

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

conciliación extrajudicial, al considerar que la demandante no identificó de manera
adecuada el acto administrativo objeto de control, ni en la etapa de conciliación
prejudicial ni en la demanda inicial, lo que, a su juicio, desconoció lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.

66. Asimismo, adujo la inexistencia del derecho reclamado, al considerar que la
demandante no debía ser incluida dentro del proceso de homologación y nivelación
salarial, en tanto el acto administrativo en el que fundamenta su pretensión, en
particular, la Resolución 00802 del 3 de marzo de 2011, habría sido revocada por la
Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013, lo que impediría reconocer los efectos
jurídicos pretendidos.

67. Al respecto, se destaca que el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, al declarar la nulidad de los actos que excluyen a la demandante del
proceso de homologación y ordenó su vinculación como beneficiaria, junto con el
reconocimiento de las diferencias salariales correspondientes, al estimar que los actos
que le reconocían tal condición no habían sido válidamente modificados o revocados
y, por tanto, conservaban su presunción de legalidad. De otro lado, negó el
reconocimiento de intereses moratorios.

68. Bajo estas consideraciones, la Sala procederá a resolver los problemas
jurídicos propuestos.

3.5.1. Agotamiento de la actuación administrativa como requisito de
procedibilidad

69. Según el recurso de apelación, la accionante incumplió el requisito previo
previsto en el numeral 2° del artículo 161 del CPACA, por no haber interpuesto los
recursos obligatorios contra la comunicación del 16 de junio de 2014, mediante la cual
la Secretaría de Educación del municipio de Soledad dio respuesta a la petición
radicada el 31 de enero de 2014, e indicó que la señora Ivette María Maldonado de
Domínguez no había sido incluida como beneficiaria en el proceso de homologación.

70. Al respecto, la referida norma establece:

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El
silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente
el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.

71. En esa línea, es pertinente agregar que el agotamiento de la actuación
administrativa constituye un presupuesto procesal necesario para acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto garantiza que la administración
tenga la oportunidad de pronunciarse previamente sobre la situación jurídica que

15

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

luego será objeto de debate judicial. Si bien con la expedición del CPACA desapareció
la noción de «vía gubernativa», ello no implicó la supresión de dicha exigencia, pues
subsiste la obligación de formular ante la administración una reclamación concreta del
derecho que posteriormente se pretende hacer valer en sede judicial, de modo que la
entidad pueda emitir una decisión susceptible de control y, en su caso, de
contradicción mediante los recursos previstos en el ordenamiento27.

72. No obstante, lo anterior, la norma es clara en señalar que, si las autoridades
administrativas no otorgaron la oportunidad para interponer recursos, no será exigible
el referido requisito.

73. En el presente asunto, se acreditó que mediante comunicación del 16 de junio
de 2014, el Secretario de Educación del municipio de Soledad, dio respuesta a la
petición radicada el 31 de enero de 2014, bajo el número SAC2014PQR737, por los
señores Ivette María Maldonado de Domínguez, Zaida Luz Estrada Cabrera, Julio
Nicolás Mendoza Ortiz, Janett Virginia Artuz de Siado, Aura Marina Mayorga Quintero
e Isabel María Coronell Polo, indicando que todos los peticionarios se encontraban
incluidos como beneficiarios del proceso de homologación y nivelación salarial,
excepto la señora Ivette María Maldonado de Domínguez28.

74. En ese orden, se advierte que la autoridad que profirió la referida comunicación
más allá de brindar la información requerida por la demandante respecto del estado
de su proceso de homologación y nivelación salarial, no habilitó a la señora Ivette
María Maldonado de Domínguez la posibilidad de controvertir lo decidido, en tanto no
dispuso la procedencia de recurso alguno ni activó los mecanismos de contradicción
previstos en el ordenamiento. En consecuencia, no era exigible el agotamiento de la
actuación administrativa, de manera que no se configura el incumplimiento del
requisito previsto en el numeral 2° del artículo 161 del CPACA.

75. Aunado a ello, de conformidad con el numeral 1° del artículo 87 del CPACA, los
actos administrativos quedan en firme cuando contra ellos no procede recurso alguno,
desde el día siguiente a su notificación, comunicación o publicación, según el caso.
En esa medida, si frente a la referida comunicación no se indicó la procedencia de
recursos, se entiende que el oficio del 16 de junio de 2014 se encuentra en firme.

76. Ahora bien, aunque en el recurso de apelación se cuestionó únicamente la
comunicación del 16 de junio de 2014, resulta pertinente precisar que los demás actos
administrativos objeto de la demanda —esto es, el aviso del 22 de abril de 201429,
suscrito por la Secretaría de Educación del municipio de Soledad, mediante el cual se
convocó a los beneficiarios del proceso de homologación y nivelación salarial para la
actualización de sus datos, sin incluir a la demandante, así como la comunicación del

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, radicado 25000-

23-42-000-2018-02233-01 (1295-2023).
28 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo

014ED_C01_05 OTROS-SUBSANACION DE LA DEMANDA, pp. 3 a 4.
29 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo

010ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS, pp. 37 a 42.

16

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

16 de julio de 201430, a través de la cual se dio respuesta a la petición presentada por
esta el 23 de abril de 2014, y le informó que no había sido incluida en el listado de
beneficiarios por no contar con expediente dentro de dicho proceso— tampoco
permiten tener por exigible el requisito previo antes analizado, en la medida en que en
dichos actos no se indicó la procedencia de recursos.

77. En ese sentido, al no haberse previsto mecanismos de contradicción frente a
tales decisiones, no se configura el supuesto que habilita la exigencia del agotamiento
de la actuación administrativa, conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo
161 del CPACA.

3.5.2. Exigencia de la conciliación prejudicial para demandar los actos
administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la nivelación salarial

78. De conformidad con lo expuesto por el municipio de Soledad en el recurso de
apelación, la demandante no satisfizo en debida forma el requisito de procedibilidad
para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previsto en el artículo 13
de la Ley 1285 de 200931, en la medida en que, al promover la conciliación prejudicial
ante la Procuraduría General de la Nación, no identificó el medio de control a ejercer
ni precisó con claridad los actos administrativos objeto de demanda.

79. En este punto, es menester agregar que el numeral 1° del artículo 161 del
CPACA dispone que:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial
constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen
pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa
y controversias contractuales.

[…]

80. La normativa referida permite concluir que la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho solo es exigible cuando el asunto objeto de controversia sea conciliable, esto
es, cuando recaiga sobre derechos de carácter transable, incierto o discutible.

81. En consecuencia, dicho requisito no resulta exigible en aquellos eventos en los
que: (i) el asunto no sea susceptible de conciliación, como ocurre cuando se discuten
derechos ciertos, indiscutibles o irrenunciables, como es el caso de las prestaciones
sociales32 y las mesadas pensionales, sobre las cuales no hay lugar a transacción por
ser derechos ciertos e indiscutibles33; (ii) la administración promueva la demanda con

30 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo
014ED_C01_05 OTROS-SUBSANACION DE LA DEMANDA, pp. 5 a 6.
31 «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia ».
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de mayo de 2008, radicado 08001-23-31-000-2005-02003-

01 (0932-2007).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de abril de 2012, radicado 44001-23-31-000-

2011-00105-01 (2029-11).

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

ocasión de actos obtenidos por medios ilegales o fraudulentos; y (iii) la parte
demandante sea una entidad pública34.

82. Con base en los argumentos expuestos en precedencia y revisado el escrito
introductorio, se tiene que, en el presente asunto, no se configura un supuesto que
haga exigible el requisito de conciliación extrajudicial, en la medida en que la
controversia versa sobre el reconocimiento de derechos laborales derivados de una
nivelación salarial, los cuales inciden en la remuneración de la demandante como
servidora pública y en los factores que sirven de base para la liquidación de sus
prestaciones sociales, aspecto que limita su carácter transable.

83. Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera la exigibilidad de la
conciliación extrajudicial en el presente asunto, lo cierto es que no le asiste razón al
municipio de Soledad al afirmar que la solicitud presentada no identificó los actos
administrativos a demandar. En efecto, de la constancia expedida por la Procuraduría
15 Judicial II Administrativa de Barranquilla35 se advierte que en la solicitud de
conciliación se individualizaron expresamente los actos objeto de controversia, esto
es, el aviso del 22 de abril de 2014, así como las comunicaciones del 16 de junio y 16
de julio de 2014, respecto de las cuales se solicitó su nulidad y el consecuente
restablecimiento del derecho.

3.5.3. Existencia del derecho de la demandante a ser incluida en el proceso de
homologación y nivelación salarial

84. A partir de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la entidad
demandada sostiene que la señora Ivette María Maldonado de Domínguez no tiene
derecho a ser incluida en la lista de beneficiarios del proceso de homologación y
nivelación salarial, en la medida en que la Resolución 00802 del 3 de marzo de 2011
fue revocada por la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013, en cuyo artículo
segundo se dispuso que la expedición de los actos administrativos mediante los
cuales se efectuara el reconocimiento de valores retroactivos por concepto de
homologación de cargos y salarios a favor del personal administrativo del sector
educativo, debía hacerse con sujeción a las cifras aprobadas en el nuevo estudio
técnico adoptado para la vigencia 2013.

85. En primer lugar, es preciso señalar que las partes tienen la carga de acreditar
los supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial. En ese sentido, el interés en la causa comporta la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»36, y materializa la regla procesal regulada en
el artículo 167 del Código General del Proceso (en adelante CGP) consistente en que
«incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen». Esta norma se armoniza con el artículo 164

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, radicado 25000-23-

42-000-2020-00522-01 (0281-2023).
35 Samai, índice 10, 08001233300020180036301_T134200328501385675 (.zip), Carpeta “Principal”, archivo.

044ED_C01_35 OTROS-RESPUESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
36 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.

18

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

ibidem que regula el principio de necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso»37.

86. Así, conforme al principio de la carga de la prueba, corresponde a la parte
actora demostrar los supuestos fácticos en los que sustenta sus pretensiones y a la
parte demandada aquellos en que funda sus excepciones, sin que ninguna goce de
privilegio alguno que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados,
por lo que cada una debe acreditar sus afirmaciones.

87. Bajo ese entendido, si la entidad demandada considera que la Resolución
00802 del 3 de marzo de 2011, mediante la cual el departamento del Atlántico
reconoció a favor de Ivette María Maldonado de Domínguez el pago de valores
retroactivos derivados del proceso de homologación y nivelación salarial, fue revocada
a través de la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013, debió ponerlo de presente
en la oportunidad procesal correspondiente, máxime cuando solo fue hasta la
interposición del recurso de apelación que formuló dicho planteamiento.

88. En relación con ello, el derecho de defensa implica la posibilidad de que quienes
intervienen en un proceso judicial o administrativo hagan uso de los medios legítimos
y adecuados para la protección de sus intereses y, en ese marco, puedan: «(i) ser
oídas para hacer valer las razones y argumentos para oponerse a los que se
presenten en su contra, (ii) aportar y solicitar la práctica de pruebas, así como
controvertir, contradecir y objetar las pruebas en su contra, y (iii) a ejercer los recursos
a que hubiere lugar»38.

89. En ese contexto, la garantía del derecho de contradicción supone la posibilidad
real de participar en el debate probatorio, lo que exige no solo la facultad de solicitar
y aportar pruebas, sino también de conocerlas oportunamente para controvertirlas y
formular las observaciones correspondientes, en condiciones de igualdad procesal.

90. Con base en lo expuesto, no es de recibo que la entidad demandada pretenda
sustentar en sede de apelación un argumento fáctico que no fue propuesto ni
acreditado en las etapas procesales correspondientes, pues ello desconoce las reglas
que rigen la oportunidad para aportar pruebas y vulnera el derecho de contradicción
de la parte actora, en la medida en que se le priva de la posibilidad de controvertir
oportunamente dicho planteamiento.

91. En esa misma línea, para que un elemento probatorio pueda ser valorado en
segunda instancia, debe haber sido solicitado, decretado e incorporado al proceso en
las oportunidades previstas en la ley o, en su defecto, cumplir alguno de los supuestos
excepcionales que habilitan su decreto en esta etapa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 212 del CPACA:

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2026, radicado 08001-23-

33-000-2019-00026-01 (1073-2021), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
38 Corte Constitucional, sentencia T-261 del 13 de junio de 2025, radicado 10.741.908, M.P. José Fernando Reyes

Cuartas.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

[…]

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se
decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros
diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último
caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad
para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar
estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y
4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las
decreta.

[…]

92. En el caso concreto, no se configura ninguno de los supuestos que habilitan la
práctica de pruebas en segunda instancia, pues la Resolución 02318 del 8 de octubre
de 2013 no fue solicitada ni allegada en la oportunidad probatoria correspondiente, ni
se acreditó la existencia de circunstancia alguna que justificara su incorporación
extemporánea. Por el contrario, el recurrente se limitó a mencionar su existencia en el
escrito de apelación, sin aportar el documento ni solicitar formalmente su decreto
como prueba.

93. De este modo, además de resultar extemporáneo, el argumento carece de
sustento probatorio dentro del proceso, lo que impide su valoración en esta instancia.

94. Ahora bien, aun cuando la referida resolución no obra en el expediente, se
advierte, a partir de los antecedentes administrativos descritos por la gobernación del
Atlántico en la Resolución No. 00987 de 2015, publicada en la página oficial de la
entidad39, que el Decreto 000208 del 24 de junio de 2009 dispuso la homologación y
nivelación salarial de los cargos del sector educativo. Posteriormente, el Ministerio de
Educación Nacional, a través del Oficio No. 2010EE81422 del 10 de noviembre de
2010, aprobó el estudio técnico presentado por la entidad territorial, el cual sirvió de

39 Página web Secretaría de Educación Departamental. URL:
https://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/educacion/homologacion/oficiohomo538.pdf.

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Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

fundamento para la expedición de las resoluciones de reconocimiento de valores
retroactivos en el año 2011.

95. No obstante, mediante Oficio No. 2011EE77306 del 29 de diciembre de 2011,
el Ministerio de Educación Nacional ordenó la suspensión del proceso de pago por
concepto de homologación y nivelación salarial, al advertir inconsistencias en las
liquidaciones derivadas de la no aplicación del Decreto 1457 de 1997, lo que dio lugar
a la formulación de un nuevo estudio técnico. Dicho estudio fue aprobado por el
referido Ministerio mediante Oficio No. 2013EE34201 del 11 de junio de 2013, que
ajustó los valores correspondientes al periodo 1997–2009.

96. En desarrollo de lo anterior, la Secretaría de Educación del departamento del
Atlántico expidió la Resolución No. 02076 del 6 de septiembre de 2013, por medio de
la cual ordenó la apertura de una actuación administrativa para revisar la liquidación
de los valores retroactivos reconocidos en el proceso de homologación hasta esa
fecha. Seguidamente, mediante la Resolución No. 02318 del 8 de octubre de 2013,
dispuso la revocatoria de los actos administrativos expedidos en la vigencia 2011
relacionados con dicho reconocimiento.

97. Con todo, tales actuaciones no permiten concluir que se hubiera producido la
revocatoria particular del derecho reconocido a la señora Ivette María Maldonado de
Domínguez, en la medida en que no se acreditó dentro del proceso la expedición de
un acto administrativo que así lo dispusiera frente a su situación concreta, así como
tampoco que se hubiera cumplido con las garantías propias de dicho procedimiento.
Además, del contenido mismo de dichas actuaciones se advierte que estuvieron
orientadas a la revisión y ajuste de la liquidación de los valores retroactivos derivados
del proceso de homologación, como consecuencia de inconsistencias en su
cuantificación, y no a la supresión del derecho sustancial previamente reconocido.

98. En ese orden, aun si se admitiera la existencia de decisiones administrativas
posteriores encaminadas a recalcular o ajustar los valores retroactivos reconocidos
en el año 2011, ello no desvirtúa que la demandante fue incorporada al proceso de
homologación y nivelación salarial ni que adquirió los derechos derivados de dicha
situación, los cuales no pueden entenderse extinguidos por la sola revisión de las
liquidaciones. En otras palabras, las actuaciones adelantadas en el año 2013 se
circunscribieron a la tasación económica del reconocimiento, sin afectar la condición
de beneficiaria del proceso de homologación ni el derecho mismo que de allí se deriva.

99. Con fundamento en lo expuesto, se tiene que las Resoluciones 01287 del 30
de junio de 2010, mediante la cual se asignó a la señora Ivette María Maldonado de
Domínguez la denominación de secretaria, código 440, grado 02, y 00802 del 3 de
marzo de 2011, a través de la cual se reconoció a favor de la demandante el pago de
valores retroactivos derivados del proceso de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo del sector educativo, se encuentran en firme.

100. En relación con la primera de ellas, se advierte que el numeral 1° del artículo

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87 del CPACA dispone que los actos administrativos quedarán en firme «cuando
contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso». En ese orden, de la lectura de la referida
resolución se observa que en su artículo quinto se estableció:

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

101. En consecuencia, la Resolución 01287 del 30 de junio de 2010 se encuentra
en firme, sin que se hubiera allegado al proceso prueba de que la misma haya sido
modificada, revocada o suspendida por la administración.

102. Por su parte, frente a la Resolución 00802 del 3 de marzo de 2011, se observa
que según el numeral 3° del artículo 87 del CPACA, los actos administrativos quedan
en firme «desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los
recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a
ellos». Al respecto, en el considerando de dicho acto se indicó:

Que con esta resolución se pone fin a la actuación administrativa, por tanto debe
notificarse personalmente al interesado, representante o apoderado (arts. 44 CCA) y
solo es susceptible del recurso de reposición, por expedirse en ejercicio de facultades
expresamente conferidas (D.208/09), en los términos de los artículos 49 y 50 del CCA.

103. Por consiguiente, al tratarse de un acto que pone fin a la actuación
administrativa y frente al cual procedía únicamente el recurso de reposición, su firmeza
se consolidó una vez venció el término para su interposición sin que este fuera
ejercido.

104. De este modo, ambas resoluciones produjeron efectos jurídicos plenos y
adquirieron firmeza, pues no se acreditó válidamente su modificación o revocatoria
dentro del proceso, razón por la cual conservan la presunción de legalidad que las
ampara. En consecuencia, no es posible desvirtuar los derechos reconocidos a la
demandante con fundamento en afirmaciones que no cuentan con respaldo probatorio
y que fueron formuladas de manera extemporánea.

105. Por último, resulta pertinente advertir que esta Subsección, mediante sentencia
del 26 de noviembre de 202540, proferida dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, analizó la legalidad de un acto administrativo mediante
el cual se negó el reconocimiento y pago de valores retroactivos derivados de la
homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo,
respecto de un funcionario adscrito a la Secretaría de Educación del municipio de
Palmira.

106. En esa oportunidad, la Sala concluyó que operó el fenómeno de la prescripción

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2025, radicado 76001-

23-33-002-2019-00160-01 (3047-2024).

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respecto de las sumas reclamadas, en la medida en que, si bien se había producido
la homologación del cargo, no existía un reconocimiento expreso de los valores
retroactivos, por lo que el derecho a exigir su pago debía ejercerse dentro del término
legal correspondiente. En efecto, del citado proveído se advierte que aun cuando en
el momento de la posesión del funcionario accionante se hizo referencia a un
retroactivo derivado del proceso de homologación, su reconocimiento no había
quedado en firme, pues el interesado debió acudir posteriormente ante la
administración para solicitar su liquidación y pago:

3.10. Mediante acta de posesión 1151.1.5.0167 de 2014 se posesionó en el cargo de
secretaria, código 440, grado 7, sin solución de continuidad y se reconoció, para efecto
del pago un retroactivo como resultado del proceso de homologación y nivelación
salarial conforme al Decreto 1273 de 2008 expedido por el departamento del Valle,
desde el 01 de enero de 2003 hasta el 31 de marzo de 2014.

[…]

3.12. El 19 de septiembre de 2018 presentó petición ante la Secretaría de Educación
del municipio de Palmira con radicado PQR20180017098 en la que solicitó la
liquidación, indexación y pago del retroactivo reconocido en el acta de posesión
1151.1.5.0167 de 2014 por concepto de homologación y nivelación salarial del Decreto
1273 de 2008. El municipio de Palmira mediante Oficio 1151.5.158 del 26 de
septiembre de 2018 se pronunció, pero no dio respuesta a la petición, simplemente se
limitó a narrar una serie de actuaciones administrativas que no resolvieron de fondo el
asunto.

107. Tal supuesto difiere del que se examina en el presente caso, pues aquí no solo
se acreditó la homologación del cargo de la demandante, sino también el
reconocimiento expreso de los valores retroactivos a su favor mediante acto
administrativo, lo cual incide directamente en la naturaleza del derecho reclamado y
en su exigibilidad.

108. Nótese que la Resolución 00287 del 30 de junio de 2010 asignó a la señora
Ivette María Maldonado de Domínguez el cargo de secretaria, código 440, grado 02,
en desarrollo del proceso de homologación, definiendo así la nueva denominación y
condiciones salariales del empleo, sin que en dicho acto se efectuara reconocimiento
alguno por concepto de retroactivo:

“ARTÍCULO PRIMERO: Asígnesele al Sr. (a) MALDONADO DE DOMÍNGUEZ
INVETTE MARÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 22.672.621 la
denominación SECRETARIO, código 440, grado 02 y $1.062.080 de salario mensual
correspondiente al personal administrativo de la secretaria de educación y
establecimientos educativos del municipio de Soledad financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones de conformidad a la homologación determinada
en el Decreto No. 080 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Si el empleado en virtud de aplicar los criterios de
homologación y los actos administrativos que han modificado la planta municipal,

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quedara devengando un salario superior al señalado por el gobierno municipal,
conservará dicho salario mientras se desempeñe en el cargo de forma especial y
transitoria.

[…]

ARTÍCULO CUARTO: Autorizase al área de presupuesto para realizar los ajustes
necesarios y dar cumplimiento a lo establecido en esta resolución.

[…]”

109. En ese contexto, se advierte que la homologación del cargo —que comporta la
definición de la nueva denominación y condiciones salariales— constituye una
actuación distinta del reconocimiento económico de los valores retroactivos. Así,
mientras en el precedente citado la controversia se centró en la posibilidad de exigir
el pago de acreencias que no habían sido efectivamente reconocidas ni satisfechas,
en el presente asunto se encuentra acreditado que dicho reconocimiento fue definido
de manera expresa mediante acto administrativo particular, por lo que no se trataba
de una mera expectativa, sino de un derecho cierto. Así se advierte de la lectura de la
Resolución 000802 del 3 de marzo de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer a favor del Sr(a) MALDONADO DE DOMÍNGUEZ
IVETTE MARÍA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 22672621 la suma
de (VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS).

110. En consecuencia, no resulta trasladable al presente asunto la conclusión
adoptada en el referido precedente en materia de prescripción, en tanto las
circunstancias fácticas y jurídicas que lo sustentaron no coinciden con las aquí
acreditadas.

111. En ese estado de cosas, no se configura la prescripción alegada, pues,
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 —reiterado en el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969—, el término para exigir derechos de naturaleza
laboral se cuenta a partir de su exigibilidad, circunstancia que, en este caso, se predica
de un derecho previamente reconocido por la administración.

3.4. Conclusión

112. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la señora Ivette María
Maldonado de Domínguez tiene derecho a ser incluida como beneficiaria del proceso
de homologación y nivelación salarial, así como al reconocimiento de los valores
retroactivos derivados de este, en tanto se acreditó que dicho derecho fue
previamente definido mediante acto administrativo particular que no fue desvirtuado
ni válidamente revocado por la administración.

113. En consecuencia, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del

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Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en el presente proveído.

3.7. Costas

114. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 41 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Subsección B, del 29 de octubre de 2021, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

41 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00363-01 (3907-2022)
Demandante: Ivette María Maldonado de Domínguez
Demandada: Municipio de Soledad, Secretaría de Educación

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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