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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00573-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00573-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 2 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00573-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de febrero de 2025

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00573-01 (1880-2023)
Demandante: Rogerio Ramírez Cárdenas
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011)
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00573-01 (1880-2023)
Demandante: Rogelio Ramírez Cárdenas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Secretaría de
Educación del departamento de Caldas

Tema: intereses moratorios. Subtema 1. Homologación del personal administrativo de
la Secretaría de Educación de Caldas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de
noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante prestó sus servicios como empleado administrativo y fue incorporado en
la planta de personal de la Secretaría de Educación de Caldas. Debido a la
incorporación se realizó la homologación y nivelación salarial del empleo. En el
presente proceso, solicita la nulidad del acto administrativo que le negó el pago de los
intereses moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le pagó la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas por concepto de la nivelación y
homologación salarial.

II. ANTECEDENTES
1
2.1. La demanda

1. Rogerio Ramírez Cárdenas, por conducto de apoderado, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2.El demandante solicitó la nulidad de las resoluciones 6698-6 del 4 de septiembre de
2017 y 7270-6 del 4 de octubre del mismo año, expedidas por la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas que le negaron el reconocimiento y pago de

1
Índice 2 Samai, ED_DEMANDA_17001233300020180057, 001Cdno1, págs. 4 a 27.
2
15 de noviembre de 2018.
1

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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00573-01 (1880-2023)
Demandante: Rogerio Ramírez Cárdenas
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

los intereses moratorios causados por el pago tardío del valor retroactivo de la
homologación y nivelación salarial.

3. A título de restablecimiento del derecho, el actor pidió el reconocimiento y pago de
los intereses moratorios causados entre el 10 de febrero de 1997 hasta el 15 de abril
de 2013, fecha de pago del valor retroactivo por homologación y nivelación salarial.
Igualmente, reclamó que la sentencia se cumpla en los términos del artículo 192 del
CPACA y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

5.El señor Rogelio Ramírez Cárdenas prestó sus servicios como personal
administrativo a la Secretaría de Educación del departamento de Caldas. De
conformidad con lo ordenado por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación certificó
al referido departamento para la administración del servicio educativo, en
consecuencia, el personal nacional fue incorporado a la planta territorial, mediante el
Decreto 0021 de 1997, en principio con las mismas condiciones, salvo en lo salarial.
Derivado de esta situación, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en concepto del 9 de diciembre de 2004, estableció que las entidades territoriales
debían efectuar la correspondiente nivelación salarial, y el mayor valor tenía que ser
pagado por la nación.

6. Posteriormente, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas expidió la
Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, en la cual presentó ante el Ministerio de
Educación Nacional el estudio técnico para la homologación salarial. Una vez
aprobado, el departamento profirió los Decretos 399 del 20 de abril de 2007 y 337 de
diciembre de 2010, que homologaron y nivelaron los cargos administrativos
pertenecientes a la planta de personal. Y con el Decreto 353 del 15 de diciembre de
2010 se realizó la incorporación a la planta del departamento de Caldas.

7. El Ministerio de Educación Nacional certificó la deuda por homologación y nivelación
de los cargos administrativos del departamento para los años de 1997 a 2009. Por lo
tanto, la Secretaría de Educación le pagó al señor Rogerio Ramírez Cárdenas el valor
del retroactivo causado por concepto de la homologación y nivelación salarial, desde
el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2002.

8. La Secretaría de Educación certificó que le pagó al demandante el valor de
$112.436.654, que pese a causarse hasta el año 2002 solamente se pagó el 15 de
abril de 2013. Por consiguiente, el actor pidió el reconocimiento de intereses
moratorios por el pago tardío, lo que fue negado por la entidad a través de las
resoluciones acusadas, al afirmar que no existía mora en el cumplimiento de las
obligaciones laborales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. En la demanda se invocan las siguientes normas:

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350.
Del Código Civil, los artículos 1608, 1617 y 1649.
2

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Demandante: Rogerio Ramírez Cárdenas
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

De la Ley 446 de 1998, el artículo 16.
Del Decreto 01 de 1984, el artículo 177.

10. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:

11. Los empleados administrativos de las secretarías de educación, una vez fueron
incorporados, tenían derecho a recibir el reconocimiento de la asignación salarial
acorde con el cargo y las funciones. Por ello, se pretende el pago de los intereses
moratorios dado que la homologación y nivelación salarial fue reconocida años
después de haberse causado. Resaltó entonces que, si bien, las resoluciones 2003-6
del 22 de marzo de 2013, 4626-6 del 4 de julio de 2013 y 9138-1 del 11 de diciembre
de 2014, ordenaron el reconocimiento del retroactivo a favor del demandante, causado
desde el 10 de febrero de 1997, lo cierto es que el pago se realizó el 15 de abril de
2013.

12. Los intereses moratorios constituyen un derecho mínimo fundamental de los
trabajadores y, por tanto, son irrenunciables. Interpretación que se debe acoger en
atención a los principios de favorabilidad, equidad e igualdad en materia laboral.

2.1.4. Contestación de la demanda

2.1.4.1. Ministerio de Educación3

13. El Ministerio de Educación Nacional, mediante apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la Secretaría de Educación de Caldas
no es el sujeto pasivo de los pagos reclamados por la demandante, comoquiera que
los recursos que cubren las obligaciones prestacionales de los docentes no provienen
del presupuesto de la nación, y el acto administrativo demandado fue expedido por la
Secretaría de Educación.

14. La deuda por concepto de retroactividad en los eventos en que la homologación
conlleve la nivelación de salarios se asume con recursos del Sistema General de
Participaciones, siguiendo las pautas de la directiva ministerial 10 del 30 de junio de
2005.

15. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta
demanda y prescripción.

2.1.4.1. Secretaría de Educación del departamento de Caldas4

16. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, a través de apoderado,
se opuso a las pretensiones de la demanda, así:

17. Mediante el Decreto 0021 del 10 de febrero de 1997 se incorporó a la estructura del
departamento de Caldas la planta de cargos docentes, directivos docentes y
administrativos. Sin embargo, dicha incorporación trajo consigo una desigualdad
salarial para los empleados administrativos de la Secretaría de Educación respecto a
los empleados de la planta central.

3
Índice 2 Samai, idem, págs. 106 a 124.
4
Índice 2 Samai, idem, págs. 137 a 144.
3

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18. El proceso de homologación inició desde el año 1997 y se realizaron diversos
estudios técnicos para revisar el salario de cada funcionario homologado en la escala
salarial de la administración territorial, de acuerdo con el nivel jerárquico y los
requisitos para el desempeño del cargo. Se revisaron y certificaron las funciones de
cada empleado desde el 10 de febrero de 1997, de acuerdo con el nivel jerárquico y
los requisitos para el desempeño del cargo, grado y salario.

19. Los pagos recibidos por el demandante corresponden a dineros relacionados con el
proceso de homologación y nivelación salarial. Debido a su indexación, el accionante
no tiene derecho a reclamar una sanción moratoria en concepto de intereses, ya que
esto implicaría imponer una doble sanción al departamento de Caldas. Además, se
debe considerar que dicha entidad territorial actuó únicamente como ejecutora de las
políticas definidas por el nivel central.

20. Propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva,
prescripción e inepta demanda.

2.2. Sentencia de primera instancia5

21. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de sentencia del 2 de noviembre de
2022, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la parte actora,
con fundamento en las siguientes consideraciones:

22. Teniendo en cuenta que a la parte demandante le fue reconocida la indexación
sobre las sumas pagadas por concepto de homologación y nivelación salarial, es
improcedente ordenar el reconocimiento de intereses de mora por el pago tardío del
retroactivo, puesto que los dos conceptos son incompatibles.

23. Agregó que el lapso transcurrido entre la fecha de reconocimiento y el pago del
retroactivo por homologación y nivelación salarial resultaba razonable a la luz de las
diferentes gestiones de orden administrativo que las entidades debieron adelantar para
efectuar este tipo de reconocimientos.

24. El beneficiario del pago por homologación y nivelación salarial no se opuso ni
presentó recursos contra el acto administrativo que contiene la suma reconocida, por
tanto, en el asunto no puede propiciarse una nueva discusión a través de una petición
posterior de reconocimiento de intereses.

25. No existe una norma relativa a la obligación de pago inmediato de la suma
reconocida por concepto de homologación y nivelación salarial, y el trámite está
compuesto por una sucesión de etapas administrativas que incluyeron la apropiación
presupuestal, por lo que no eran aplicables las normas civiles sobre intereses de mora
a este tipo de casos.

26. No condenó en costas a la parte actora al considerar que la demanda no fue
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal.

5
Índice 2 Samai, idem, 001Sentencia.pdf.
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Demandante: Rogerio Ramírez Cárdenas
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2.3. Recurso de apelación6

2.3.1. Parte demandante

27. El señor Rogelio Ramírez Cárdenas, a través de apoderado, solicitó que se revoque
la sentencia de primera instancia, al afirmar que:

28. Contrario a lo expuesto en el fallo de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas y el Ministerio
de Educación tenían la obligación de realizar oportunamente todas las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para garantizar que los empleados de la
nación percibieran un salario en condiciones de igualdad respecto del personal
perteneciente al nivel territorial, desde el momento de la incorporación.

29. En el caso concreto, el personal administrativo fue transferido de una planta de
personal a otra en el año 1997; sin embargo, los empleados tuvieron que esperar hasta
el año 2009 (sic) para recibir el pago del salario debidamente ajustado, es decir, con
la nivelación salarial. Estos hechos acreditan que el departamento de Caldas y el
Ministerio de Educación incurrieron en mora en el pago de las acreencias laborales.

30. La nivelación salarial debió pagarse desde el momento de la incorporación y no 16
años después, dado que el valor retroactivo de las diferencias salariales a favor del
empleado constituye una contraprestación directa del servicio prestado, en virtud de
principio constitucional de a trabajo igual salario igual.

31. Así pues, en criterio del recurrente, los intereses de mora son la única figura jurídica
que permite indemnizar a la parte por el pago tardío de una obligación, y comprenden
el componente resarcitorio e inflacionario. Aunado a que en la demanda se piden los
intereses sobre el capital neto sin indexar.

32. Por otra parte, expuso que de la lectura de los artículos 187 y 192 de Ley 1437 de
2011 no es posible inferir que para el legislador sean incompatibles la indexación y los
intereses de mora, ya que las sumas líquidas deben ajustarse por el IPC y generar
intereses si no se pagan oportunamente.

33. Aunque se haya pagado una actualización monetaria deben prevalecer los intereses
de mora, pues estos incluyen tanto el componente inflacionario como el
indemnizatorio. Si se considera que existe una incompatibilidad entre intereses de
mora e indexación, la demandada debió reconocer intereses de mora sobre las sumas
liquidadas, en lugar de indexación. Esto, en tanto, el demandante tuvo que esperar
hasta el año 2013 para recibir el retroactivo causado para el periodo del 10 de febrero
de 1997 hasta 2002.

34. Los servidores públicos tienen derecho al pago puntual de su remuneración y
prestaciones sociales. Si el empleador incumple con estas obligaciones debe asumir
las consecuencias económicas para resarcir los perjuicios causados. En el caso de los
empleadores públicos, el artículo 90 de la Constitución establece la responsabilidad
patrimonial del Estado por los daños antijurídicos imputables a la acción u omisión de
las autoridades.

6
Índice 2 Samai, idem, 031apelaciondemandante.pdf.
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35. El Tribunal consideró que no procedía dicho reconocimiento al no existir una norma
específica que regule los intereses de mora para la homologación y nivelación salarial.
A juicio de la recurrente, esto omite el deber legal y constitucional de aplicar la analogía
y otros criterios auxiliares, como la equidad, la doctrina y los principios generales del
derecho.

2.3.2. Trámite procesal en segunda instancia

36. Mediante auto del 27 de julio de 2023, se admitió el recurso de apelación presentado
por el apoderado de la parte demandante, y al no existir pruebas se prescindió del
periodo para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de
la Ley 2080 de 20217.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.3. Problema jurídico

38. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si procede el pago de intereses moratorios sobre el valor
reconocido por concepto de la homologación y nivelación salarial, comoquiera que el
retroactivo se causó desde 1997 hasta 2002, pero el pago se efectuó el 15 de abril de
2013.

39. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos 3.3.1.
Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización del servicio
educativo; 3.3.2. Hechos probados; y 3.4. Caso concreto.

3.3.1. Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización
del servicio educativo

40. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que la Ley 43 de
19758 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los departamentos,
el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias, en
consecuencia, los gastos de la prestación servicio educativo estaban a cargo de la
nación. En virtud del proceso de descentralización del sector educativo, dispuesto en

7
Índice 4 Samai.
8
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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las Leyes 60 de 19939 y 715 de 200110, los departamentos y municipios debieron recibir
el personal administrativo vinculado previamente con la nación, mediante un trámite
de homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió de base para su
incorporación a las plantas territoriales de personal11.

41. La referida Ley 60 de 1993 implementó la descentralización del servicio educativo
y, por ende, desmontó la nacionalización ordenada por la Ley 43 de 1975; en
consecuencia, la nación debió entregar a los departamentos y municipios los bienes,
el personal y los establecimientos educativos. También dispuso que correspondería a
los departamentos administrar los recursos cedidos por la nación para la prestación
del servicio de educación, y las plantas de personal a pasaron ser departamentales en
virtud de la incorporación, así:

ARTÍCULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos,
señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente
y administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el
lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni
por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo,
serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal para quien lo ejecute.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que
se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las
nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal
será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades
territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del
pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la
liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios
recursos.

El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios
educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen
especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley
2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes

9
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
10
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
11
Así lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto 1607 del 9 de diciembre de
2004, proceso CE-SC-RAD2005-N1607, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
7

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salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992.

[…].

42. El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la nación también
debió entregarse a los entes territoriales, mediante un proceso de incorporación que
exigía «la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones,
clasificación, etc. previstos en la planta de la nación con los exigidos para desempeñar
los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del
personal administrativo revestía características particulares, pues era el producto de
la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial. Cabe recordar que
según el decreto 2400 de 1968 -art. 48- 12, la incorporación operaba por reorganización
de dependencias o el traslado de funciones de una entidad a otra o por la supresión
de cargos de carrera y, conforme a la Ley 443 de 199813, también por la supresión del
empleo de carrera o por fusión o supresión de entidades o traslado de una entidad a
otra o modificación de planta»14.

43. Es importante destacar que la homologación e incorporación de los cargos de los
empleados administrativos provenientes del orden nacional requirió, en los casos
donde no existían cargos equivalentes, una nivelación salarial. Además, implicó el
reajuste de la estructura de las entidades territoriales encargadas de prestar el servicio
educativo. Para ello, fue necesario considerar la clasificación, funciones, grado de
responsabilidad y requisitos asociados a cada empleo, con el fin de determinar
adecuadamente la remuneración.

44. Ahora bien, una vez se implementó el proceso de descentralización en la educación,
se expidió la Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los empleados
administrativos docentes a las plantas de personal, quienes mantendrían su
vinculación sin solución de continuidad. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001
desarrollaron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos del
sistema general de participaciones «antes situado fiscal». Con este fin, se requería
realizar un estudio técnico para fijar las plantas de personal docente, directivo docente
y administrativos de los planteles educativos y luego proceder a la provisión de dichos
cargos en la planta de personal adoptadas por las entidades territoriales para la
prestación del servicio educativo. Los citados artículos señalan:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos
y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por
órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional,

12
Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 Ley 443 de 1998.
13
Derogada por la Ley 909 de 2004.
14
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, CE-SC-RAD2005-N1607,
M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional.
8

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deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su
incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren
nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin
perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley
o de acuerdo con esta. […]

45. En el marco de estos trámites administrativos, el Ministerio de Educación Nacional
en la Directiva 10 del 30 de junio de 2005, reguló los parámetros que debían seguir las
secretarías de educación para realizar la homologación de cargos y la nivelación
salarial del personal administrativo.

46. En síntesis, la prestación del servicio educativo pasó de la nacionalización a la
descentralización. Este proceso implicó la transferencia de responsabilidades, bienes,
personal y recursos desde la nación hacia los entes territoriales, con el fin de fortalecer
la gestión educativa. A su vez, la homologación e incorporación del personal
administrativo a las plantas de personal territoriales garantizó la continuidad laboral y
el respeto a los derechos salariales y prestacionales de los empleados.

3.3.2. Hechos probados

47. Consta en la Resolución 2003-6 del 22 de marzo de 2013 que la Secretaría de
Educación de Caldas presentó un estudio técnico ante el Ministerio de Educación para
la homologación y nivelación salarial. La metodología realizada consistió en que se
revisaron las funciones específicas del nivel jerárquico en que estaba ubicado cada
funcionario frente a los pares en el departamento de caldas; se comparó entonces «el
salario actual con el salario más aproximado de la escala de la administración central
del departamento, de acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos exigidos para el
desempeño del cargo»15.

48. Al ser aprobado el citado estudio técnico, el departamento de Caldas expidió el
Decreto 399 del 20 de abril de 2007 que homologó y niveló los cargos administrativos
del personal perteneciente a la planta de cargos del departamento, pagada con
recursos del Sistema General de Participaciones.

15
Índice 2 Samai, expediente digital, ED_DEMANDA_17001233300020180057, págs. 54 a 56.
9

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Demandante: Rogerio Ramírez Cárdenas
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

49. La Secretaría de Educación de Caldas reconoció y liquidó para al señor Rogelio
Ramírez Cárdenas la suma de $99.715.062, por concepto de homologación y
nivelación salarial del periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2009 (sic), mediante la Resolución 2003-6 del 22 de marzo de 201316.

50. Esta resolución fue aclarada a través de la Resolución 4626-6 del 4 de julio de 2013
en el sentido de ajustar el valor a $96.777.96317. Posteriormente, la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas en la Resolución 9138-6 del 11 de diciembre
de 2014 fijó la suma reconocida en $105.777.46118.

51. El actor, a través de apoderado, presentó una reclamación administrativa el 3 de
marzo de 2017, ante la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, para
obtener el pago de los intereses moratorios presuntamente causados por la mora en
el pago de la homologación y nivelación salarial, desde el 10 de febrero de 1997 hasta
el 15 de abril de 2013, fecha del pago19.

52. La Secretaría de Educación de Caldas negó lo pedido en la Resolución 6698-6 del
4 de septiembre de 201720, confirmada en la Resolución 7270-6 del 4 de octubre de
201721, al estimar que no existía mora en el pago de las obligaciones laborales sino
«una simple equiparación de cargos como consecuencia de una decisión
administrativa del Estado, fundamentada en el concepto 1607 del 9 de diciembre de
2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado», y
agregó que las sumas adeudadas fueron indexadas con fundamento en el artículo 53
de la Carta Política.

53. En lo que concierne a la fecha de pago, la Secretaría de Educación de Caldas
certificó que al accionante «mediante Resolución número: 2003-6 del 22 de marzo de
2013 y Resolución aclaratoria número: 4626 del 04 de julio de 2013 le fueron
reconocidos y pagados por concepto de retroactivo de homologación y nivelación
salarial, como personal administrativo de los establecimientos educativos pagados con
recursos del Sistema General de Participaciones del sector educativo adscrito a la
planta de personal del departamento de Caldas a partir del 10/02/1997». El 15 de abril
de 2013 se pagaron los siguientes valores22:

Año Devengos (sic) Indexación Total

1997 1.791.093 3.113.167 4.904.260
1998 2.823.677 3.239.932 6.063.609
1999 11.820.944 10.151.635 21.972.578
2000 13.571.050 9.485.256 23.056.307
2001 14.463.212 8.291.135 22.754.347
2002 12.184.991 5.841.870 18.026.860

16
Idem.
17
Idem, págs. 62 a 66.
18
Idem, págs. 68 a 71.
19
Idem, págs. 36 a 44.
20
Idem, págs. 28 a 31.
21
Idem, págs. 32 a 34.
22
Idem, pág. 71.

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3.4. Caso concreto

54. El accionante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el pago
de los intereses moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le pagó la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas por concepto de nivelación y
homologación salarial, reconocidas por su incorporación, como empleado
administrativo de la planta de personal.

55. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda al
considerar que es improcedente el pago de intereses moratorios, comoquiera que no
existe una norma que así lo ordene cuando exista tardanza en el pago de la
homologación y nivelación salarial. También precisó que el demandante recibió el pago
de las sumas adeudadas debidamente indexadas, por lo cual es improcedente el pago
de intereses moratorios.

56. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación e indicó
que la nivelación salarial debió pagarse desde el momento de la incorporación y no 16
años después; agregó que los intereses moratorios sí son compatibles con la
indexación y que, en gracia de discusión, debió preferirse el pago de los citados
intereses; finalmente, precisó que aunque no exista una norma en concreto que ordene
el pago de los intereses, el juez debe acudir a la analogía y a los criterios auxiliares,
como la equidad.

57. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se acreditó
que el actor prestó sus servicios como empleado administrativo de la Secretaría de
Educación de Caldas, quien fue incorporado en la planta del departamento; asimismo,
la Secretaría en la Resolución 2003-6 del 22 de marzo de 2013 le reconoció al
demandante las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la homologación
y nivelación salarial, en razón de su incorporación en la planta de personal territorial,
desde el 11 de febrero de 1997 hasta el año 2002; valores que fueron pagados el 15
de abril de 2013 y que incluyeron la actualización de las sumas.

58. Bajo esta perspectiva, y conforme a lo establecido en el marco normativo, la Ley 60
de 1993 dispuso la descentralización del servicio educativo que anteriormente estaba
bajo la responsabilidad de la nación. Como resultado, los empleados administrativos
que formaban parte de las plantas de personal fueron integrados a las entidades
territoriales, encargadas desde entonces de gestionar dicho servicio y administrar los
recursos transferidos por la nación. Este proceso de incorporación fue reglamentado a
través de los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001.

59. En consecuencia, tal como se narró en los hechos probados, la Secretaría de
Educación de Caldas presentó un estudio técnico ante el Ministerio de Educación para
la homologación y nivelación salarial. Una vez se surtió la aprobación del estudio
técnico, el departamento de Caldas expidió el Decreto 399 del 20 de abril de 2007 que
homologó y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la planta de
cargos del departamento, pagada con recursos del Sistema General de
Participaciones.

60. Como respuesta a lo planteado en el recurso, la Subsección señala que el criterio
pacífico y reiterado de las Subsecciones A y B de esta Sección ha consistido en que
los intereses moratorios tienen un carácter sancionatorio lo que implica que deben
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estar regulados para que la autoridad esté facultada para reconocerlos en los eventos
de los pagos de los valores retroactivos por homologación y nivelación23.

61. Ciertamente, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se indicó que no es viable
reconocimiento de los intereses moratorios sobre el valor retroactivo de la nivelación
salarial, porque en el marco del derecho sancionatorio debe existir una norma que
ordene su pago, así:

Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los
mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si
no se dijo nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo,
como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en
consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que
faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente asunto24.

62. A su vez, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró que no hay lugar al pago
de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe
una norma que autorice dicho reconocimiento25.

63. Por otra parte, en sentencia del 28 de septiembre de 2017, la Subsección B partió
de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento del retroactivo de la
nivelación salarial frente a la fecha del pago, y observó que transcurrió un plazo
mínimo, prudente y proporcional de cara a la complejidad de los trámites
administrativos para materializar el proceso de homologación y nivelación salarial26.

64. Finalmente, es importante resaltar que las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado han declarado infundados los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos en casos de similares hechos, al indicar que el criterio de la Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha consistido en27:

a) Que el proceso de homologación de cargos administrativos del sector educación,
que se dio en virtud de la descentralización del servicio educativo, requirió de
una serie de etapas en las que influyeron varias normas que fueron expedidas
mientras este se llevaba a cabo y esto no comprometió la responsabilidad de la

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con radicado
73001-23-33-000-2014-00311-00 (0905-2015); sentencia del 19 de septiembre de 2024, proceso con radicado
08001-23-33-000-2014-00916-01 (3341-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con radicado
73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15), M.P. William Hernández Gómez.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, proceso con radicado
73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15), M.P. César Palomino Cortés.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 73001-33-33-000-2014-00406-01
(2488-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, proceso con
radicado 11001-03-15-000-2023-00392-00 (586), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. En el mismo sentido, ver el fallo
del 28 de octubre 2024, Sala Especial de Decisión 8, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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administración porque la demora en el pago de la nivelación salarial estuvo
justificada por la necesidad de adelantar esas gestiones.
b) Que el reconocimiento de intereses moratorios por parte de la administración en
estos eventos demanda la preexistencia de normas expresas que los
reconozcan de forma clara, dado su carácter sancionatorio.

65. En este orden de ideas, siguiendo el precedente de la Sección se concluye que la
parte actora no tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios, en tanto no
existe norma que lo ordene, y las resoluciones que le reconocieron las diferencias
salariales y prestacionales derivadas de la homologación y nivelación salarial, no
dispusieron que se causaban intereses moratorios.

66. Igualmente, se destaca que el pago de la nivelación salarial se hizo el 15 de abril de
2013, plazo que se considera prudente, si se tienen en cuenta la complejidad de los
trámites administrativos en el marco del proceso de homologación y nivelación salarial.

67. En virtud de estos argumentos, la Subsección confirmará el fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

4. Costas

68. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario28 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida,
haya incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

69. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el accionante, quien se
desempeñó como empleado administrativo de la Secretaría de Educación de Caldas,
no tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre el valor
pagado por concepto de la homologación y nivelación salarial, toda vez que no están

28
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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regulados expresamente para ese evento, ni se dispuso que se causaban en el acto
administrativo que reconoció la citada nivelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 2 de noviembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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