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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00916-01

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2014-00916-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia de veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A dentro del proceso instaurado por la señora Alexandra Elena Hernández 21 Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019) Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez Gutiérrez contra del departamento del Atlántico, Secretaría de Educación, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia. Segundo. No condenar en costas de segunda instancia a la parte actora. Tercero. Reconocer personería jurídica al abogado Pedro Torres Olivares, como apoderado de la demandante, de acuerdo con los documentos aportados. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el portal Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2014-00916-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

19 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez
Demandado: Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación

Temas: Intereses moratorios por homologación y nivelación salarial en
el departamento del Atlántico

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018) por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A por medio de la cual
declaró probada, de oficio, la excepción de inexistencia de la obligación y se
denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la señora Alexandra Elena Hernández
Gutiérrez, por medio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución
00226 de 22 de enero de 2014, suscrita por el secretario de educación del

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

departamento del Atlántico, a través de la cual se ordenó el reconocimiento y pago
de valores retroactivos a favor del personal administrativo que se financia con
recursos del sistema general de participaciones.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
demandante solicitó condenar al ente territorial accionado a lo siguiente: i) reliquidar
los valores pagados desde el año 1997 hasta el 2009, mes por mes, atendiendo a
las diferencias de salario establecido en las ordenanzas de la Asamblea del
Atlántico para esas anualidades y el salario recibido por intermedio de la Secretaría
de Educación Departamental, específicamente frente a las bonificaciones por
servicios prestados y por recreación, las primas de servicios, de vacaciones,
técnica, de navidad, las cesantías y sus intereses, la indemnización por vacaciones,
los días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar; ii) liquidar
el periodo de 1997 a 2001, que no fue reconocido dentro de la resolución acusada
por haber operado la prescripción; iii) pagar los intereses moratorios producto del
reajuste salarial de homologación «no solo a partir del 29 de diciembre del año 2011
hasta enero de 2014, cuando se suspendió el proceso, sino también desde el
momento en que se hizo efectivo el derecho, es decir, desde el año en que se causó:
1997»; iv) devolver las sumas que fueron descontadas por concepto de
estampillas;1 v) asumir el costo del dictamen pericial solicitado como prueba en el
sub lite; vi) actualizar la condena de conformidad con el artículo 187 del CPACA; vii)
dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem; y
viii) pagar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló lo siguiente:

1 El actor inicialmente solicitó la devolución de los descuentos que se le efectuaron por concepto de

parafiscales patronales, pero posteriormente desistió de dicha pretensión (fl. 62) y el a quo lo aceptó
(folio 77); por tal motivo, en esta instancia no se resumen tampoco los hechos, el concepto de
violación, ni la contestación de la demanda en lo referente a esa pretensión.

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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

i) La señora Alexandra Elena Hernández Gutiérrez presta sus servicios en la
Secretaría de Educación del departamento del Atlántico en un cargo administrativo
desde el año 1997.

ii) La Gobernación del Atlántico inició el proceso administrativo de homologación de
cargos y nivelación salarial para sus empleados administrativos, que fue aprobado
por el Ministerio de Educación Nacional a través del Oficio 2009 EE30647 del 3 de
junio de 2009.

iii) Mediante el Decreto 208 de 2009, la Gobernación del Atlántico ordenó nivelar
salarialmente a los funcionarios administrativos del sector educativo del ente
departamental y, a través de la Resolución 03853 de dicha anualidad, la Secretaría
de Educación le asignó al actor la correspondiente denominación, código, grado y
salario mensual.

iv) Una vez posesionado el gobernador del departamento del Atlántico, José Antonio
Segebre, ordenó suspender el pago del proceso de homologación salarial hasta
tanto se revisaran las actuaciones adelantadas y enmendaran errores.

v) El Ministerio de Educación Nacional aprobó el nuevo estudio técnico de
homologación, mediante Oficio No. 2013EE34201 del 11 de junio de 2013.

vi) A través de la Resolución 02318 del 8 de octubre de 2013 la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico revocó todos los actos administrativos
relativos al reconocimiento y pago de homologación que habían sido expedidos en
el año 2011.

vii) Por medio de la Resolución 0226 de 22 de enero de 2014, la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico reconoció el retroactivo salarial de
homologación a la accionante por los años 1997 a 2009, sin liquidar de forma
correcta las bonificaciones por servicios prestados y por recreación, las primas de
servicios, de vacaciones, técnica, de navidad, las cesantías y los intereses a las

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

mismas, la indemnización por vacaciones, los días de descanso compensatorio no
disfrutados y dejados de cancelar.

viii) El acto enjuiciado efectuó descuentos por concepto de estampillas sin que
hubiera lugar a ello. Además, la administración omitió reconocer el ajuste salarial
por el periodo 1997 a 2001 bajo el argumento de que había operado la prescripción;
empero, dicha figura no es aplicable en el sub lite ya que el Sindicato de
Trabajadores y Empleados de la Educación - SINTRENAL elevó la reclamación en
forma oportuna.

ix) La demandante tiene derecho al pago de los intereses moratorios del valor
recibido por retroactivo salarial, no solo a partir del 29 de diciembre de 2011, fecha
en que la Secretaría de Educación del Atlántico suspendió el pago de la
homologación, sino desde 1997 cuando se causó su derecho al reajuste salarial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política de 1991; 1551, 1553 y 2514 del Código Civil; 151 del Código Procesal del
Trabajo; 102 y 102 del Decreto 1848 de 1969; el Decreto 1042 de 1978 y la Directiva
Ministerial 10 de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) El proceso de homologación y nivelación salarial aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional tuvo dos momentos, a saber: 1) la incorporación, que consistió
en homologar el cargo administrativo a la planta de personal del departamento,
asignándole código, grado y denominación, con su respectivo salario; y 2) el pago
del retroactivo, que debía ser indexado y reconocerse con los correspondientes
intereses moratorios.

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

ii) A través de la directiva Ministerial 10 de 2005 se comunicó a los gobernadores,
alcaldes y secretarios de educación, el inicio del proceso de homologación indexado
y se les informó que debían tramitar sus propias homologaciones, realizando una
reclamación en forma directa o a través de apoderado, para recibir el retroactivo
salarial causado antes del 2005, en aplicación del artículo 151 del CPL.2

iii) En este caso no operó la prescripción sobre el citado retroactivo toda vez que
SINTRENAL, organización sindical a la cual pertenece la peticionaria, presentó
reclamaciones al respecto en los años 2000 y 2003.

iv) Los intereses moratorios se generan desde el día siguiente a la terminación
del pago pactado entre las partes, es decir, desde el momento en que adquirió el
derecho y se incurrió en mora.

v) El departamento del Atlántico no estaba facultado para hacer deducciones por
concepto de estampillas, pues estas solamente deben asumirlas los contratistas y
no los empleados públicos como la Alexandra Elena Hernández Gutiérrez.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda3
y expuso las siguientes razones de defensa:

i) El ente territorial no desconoció las normas citadas por la demandante, ni los
derechos invocados; por el contrario, la actuación de la administración se ciñó al
ordenamiento legal que dispuso el proceso de homologación y nivelación salarial
para el departamento.

ii) A la demandante se le pagó el retroactivo salarial en forma indexada, por lo que
no proceden los intereses moratorios reclamados. Igualmente, debían hacerse los

2 Código Procesal del Trabajo.
3 Folios 113 a 126.

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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

descuentos por concepto de estampillas, ya que el pago de acreencias laborales es
un hecho generador de ese impuesto.

iii) Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A mediante sentencia
proferida el 29 de octubre de 2018, declaró probada, de oficio, la excepción de
inexistencia de la obligación y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:4

i) Se encuentra probado en el proceso que la señora Alexandra Elena Hernández
Gutiérrez, en calidad de empleada pública administrativa, vinculada a la Secretaría
de Educación Departamental, le fue reconocido un retroactivo salarial por
homologación, mediante la Resolución 00226 de 22 de enero de 2014.

ii) La demandante pretende la reliquidación de la suma pagada por tal concepto,
desde los años 1997 hasta 2009, con el argumento de que se encuentra mal
liquidado; no obstante, en su demanda se limita a hacer tal afirmación sin aducir
argumento alguno que la soporte. Por tal razón, esta pretensión no puede
prosperar.

iii) Respecto de la inclusión de la bonificación por servicios, bonificación por
recreación, primas de servicios, de vacaciones, técnica, de navidad, cesantías e
intereses, indemnización por vacaciones y descansos compensatorios no
disfrutados, no le bastaba a la demandante allegar la Resolución 00226 de 22 de
enero de 2014, puesto que de la simple lectura de tal acto no se desprende la
vulneración de los derechos invocados como desconocidos, ni existe evidencia que
permita deducir cuál fue el error aritmético que alega, por parte del ente territorial
demandado.

4 Folios 203 a 216.

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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

iv) En este orden, no existen elementos probatorios que permitan establecer que
los dineros efectivamente reconocidos, por medio de la resolución acusada, no
corresponden a todas y cada una de las acreencias laborales que fueron percibidas
en dicho período, pues la accionante se limitó a informar sobre una presunta mala
liquidación, pero no allegó pruebas idóneas que permitieran comprobar esa
afirmación.

v) No hay lugar a emitir pronunciamiento sobre la pretensión relacionada con la
devolución de los descuentos efectuados por concepto de parafiscales y
patronales, debido a que la sala de decisión aceptó el desistimiento de tal
pretensión.

vi) Tampoco procede el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por
cuanto las sumas reconocidas fueron indexadas.

1.4. El recurso de apelación

La señora Alexandra Elena Hernández Gutiérrez, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de apelación5 en contra de la sentencia de primera instancia.
Solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su petición expuso lo siguiente:

i) La resolución acusada no reconoció correctamente las prestaciones sociales,
horas extras y días de descanso compensatorio a que tenía derecho la parte actora
desde el año 1997. Además, no es posible declarar la prescripción frente a las
reclamaciones laborales elevadas dentro del proceso de homologación del
departamento del Atlántico.

ii) También deben pagarse los intereses moratorios solicitados en el sub lite, ya
que estos operan automáticamente ante la omisión de la administración de atender

5 Folios 228 a 280.

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

oportunamente las obligaciones adquiridas con sus empleados. Tampoco es válido
sostener que dichos intereses no se causan cuando se efectúa la indexación, pues
se trata de conceptos distintos.

iii) La sentencia apelada incurrió en una causal de nulidad por violación a los
derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la prueba, ya que se expidió
sin que se hubieran recaudado todos los elementos de juicio pertinentes;
igualmente, el tribunal negó el decreto de un dictamen pericial encaminado a que el
contador de esa corporación verificara que la Secretaría de Educación del Atlántico
liquidó erróneamente el retroactivo salarial que le correspondía a la señora
Hernández Gutiérrez. En estas condiciones, el a quo no debió negar las
pretensiones bajo el argumento de que la interesada incumplió con la carga
probatoria que le incumbía.

iv) El petitum de la demanda se negó sin realizar ninguna operación matemática y
con una escasa argumentación, a partir de la cual se concluyó que la resolución
enjuiciada liquidó en debida forma los emolumentos laborales de la accionante.

v) El retroactivo de homologación se generó de conformidad con lo señalado por
la Directiva Ministerial 10 de 2005, razón por la cual los intereses de mora deben
aplicarse bajo la óptica del citado acto administrativo.

vi) Finalmente, solicitó que se decrete la práctica de una inspección judicial (artículo
236 del CGP) con acompañamiento de peritos y se requiera a la entidad para que
acredite el pago por conceptos salariales y no salariales percibidos por el
accionante, con la indicación de la razón del pago; certificación de los pagos que se
hicieron por concepto de «reliquidación para las anualidades comprendidas entre
1997 a 2009 de los siguientes factores salariales y no salariales, como son
bonificación por servicios prestados; bonificación por recreación, horas extras,
prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a
las cesantías, días de descansos compensatorios, no disfrutados y dejados de
cancelar»; igualmente la certificación de horas extras laboradas y canceladas con
indicación de cada hora, el total de días de descanso compensatorio concedidos o

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

laborados con el señalamiento del valor de cada uno.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante

Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la parte
interesada no emitió pronunciamiento alguno.

1.5.2. Parte demandada

La entidad demandada insistió en los argumentos planteados en la contestación de
la demanda.

1.6. El Ministerio Público

Guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

Al sustentar el recurso de apelación, la demandante solicitó declarar la nulidad de
la sentencia de primera instancia; sin embargo, dicha petición también fue elevada
ante el a quo con idénticos razonamientos y de los cuales se infiere que la autoridad
llamada a resolver tal incidente era el Tribunal Administrativo del Atlántico, pues
todos atañen al indebido agotamiento de la etapa probatoria en primera instancia y
la deficiencia argumentativa del proveído impugnado.6

6 En igual sentido se pronunció esta Subsección, mediante sentencia del 19 de agosto de 2021,

radicado: 08001-23-33-000-2014-00969-01 (3731-2019).

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

Bajo este contexto, la Sala carece de competencia para pronunciarse sobre la
aludida solicitud de nulidad, por cuanto las reflexiones en que se fundamenta
corresponden a la sustentación del recurso de apelación y no a un trámite incidental
independiente, el cual, además, fue resuelto por el Tribunal, mediante providencia
de 2 de mayo de 2019.7

Así las cosas, no existe solicitud pendiente de resolver y resulta procedente emitir
sentencia de mérito en el sub lite.

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si la demandante tiene derecho a la reliquidación de
los valores señalados en la Resolución 00226 de 22 de enero de 2014, proferida
por el secretario de Educación del departamento del Atlántico; a la liquidación por
el periodo de 1997 a 2001 dentro del proceso de homologación de cargos y
nivelación; y al pago de los intereses moratorios por el reajuste salarial de
homologación.

2.3. Marco jurídico

El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos

El marco jurídico fue tomado de la explicación dada por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto 1607 del 9 de diciembre
de 2004, con ponencia del magistrado Flavio Augusto Rodríguez Arce, frente al
proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos, el cual fue replicado recientemente por esta
Subsección en sentencia del 18 de noviembre de 2020.8

7 Folios 337 a 339.
8 Radicado: 08001-23-31-000-2014-00796-01(2678-19).

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

En el referido concepto la Sala de Consulta explicó que con la Ley 43 de 1975 9 se
nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían
prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos.
Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre
de 1980.

Luego, a través de la Ley 60 de 199310, se ordenó la descentralización del
servicio educativo, desmontando así, la nacionalización ordenada por la ley
anterior. Allí se dispuso la entrega por parte de la Nación, de los bienes, el personal
y los establecimientos educativos, a los departamentos y distritos, por lo que quedó
determinado que el personal administrativo del sector educativo que venía
prestando sus servicios a la Nación por mandato legal debía entregarse al
respectivo departamento o distrito, cumplido lo cual, entraban a formar parte de las
plantas de personal de carácter departamental o distrital, respectivamente.

El traspaso o entrega de tales servidores, conforme con el régimen de
administración de personal, debía producirse a través de un proceso de
incorporación, «que para su perfeccionamiento requería de la homologación de
cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la
planta de la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal
de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo
revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización
del servicio educativo hacia un ente territorial».

Posteriormente, la Ley 715 de 200111 pretendió municipalizar el servicio educativo
que había quedado departamentalizado previamente con lo que se dispuso que los

9 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
10 Derogada por el art. 113, Ley 715 de 2001. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional

1168 de 1996. «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de
conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según
los artículos 356y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»
11 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

departamentos certificaran a los municipios que cumplieran determinados
requisitos, de manera que la asunción de la administración autónoma de los
recursos del Sistema General de Participaciones - arts. 5 y 6-, aparejaba la
obligación de recibir el respectivo personal entregado por los departamentos,
sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.

Las implicaciones del citado proceso en términos de la Sala de Consulta y Servicio
Civil fueron las siguientes:

i) Como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo,
las entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en
las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el
procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos, sin
detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la
estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos
de sus empleados públicos, y establecerles un límite máximo salarial, dentro del
cual las entidades pudieran ejercer sus competencias según su situación fiscal.

ii) La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían
reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para
cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva
planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su
nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza
de las funciones, el nivel de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con
sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la
remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación.

iii) Las condiciones de incorporación no estaban sometidas a la discrecionalidad
de las autoridades departamentales, sino a las resultas de un estudio técnico
concertado que permitiera ubicar los servidores en el grado de remuneración que

dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.

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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

correspondiera a las funciones que debían cumplir, a los requisitos exigidos para el
cargo que conforme a las necesidades del servicio debían desempeñar y a los
demás elementos estructurales del empleo, dentro de los límites establecidos por el
Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos reglamentarios de la Ley 4 de 1992.

iv) El personal administrativo tenía una connotación muy particular, en tanto si
bien, sus salarios debían ser cubiertos con el situado fiscal, cuando el salario en la
entidad territorial fuera superior al que devengaba en la Nación, esa diferencia debía
asumirla esta última, pues se imponía la nivelación; pero los recursos propios se
comprometían si la incorporación desconoció los parámetros legales analizados o
el límite reglamentario de incremento salarial dispuesto por el Gobierno.

v) En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de
homologación en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, si el proceso se
cumplió conforme a derecho y existía disponibilidad, debía asumirlos el Sistema
General de Participaciones; si no existía disponibilidad, serían de cargo de la
Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal administrativo
contrariando el orden jurídico, respondería con sus recursos propios.

En suma, con ocasión del proceso de descentralización del sector educativo las
entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las
respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el
procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos.

2.4. Hechos probados

• La señora Alexandra Elena Hernández Gutiérrez se vinculó a la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico desde el 11 de diciembre de 2002, en el
cargo de auxiliar administrativo.12

12 Información extraída de la Resolución 00226 de 22 de enero de 2014 (folios 18 a 24).

13

Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

• El Ministerio de Educación Nacional mediante oficio 2009EE30647 de 2009 expidió
concepto favorable al departamento del Atlántico para adelantar el proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial.13

• El 28 de noviembre de 2011, a través del Oficio 3981, la Secretaría de Educación
Departamental puso en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional la
existencia de errores generados por la no aplicación del Decreto 1457 de 1998 en
la cuantificación aprobada por el Ministerio por valor de $37.175.354.744 y advirtió
que el nuevo valor sería $30.947.334.083.14

• El 29 de diciembre de 2011, por Oficio 2011EE77306, la Dirección de
Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional ordenó
suspender el proceso de pago por concepto de homologación y nivelación salarial
del personal administrativo de la Secretaría de Educación del Atlántico hasta tanto
no se revise una propuesta de modificación de la liquidación aprobada por el
Ministerio fundamentada en la aplicación del Decreto Departamental 1457 de 1997
y se determine su impacto en los recursos destinados por la Nación para cubrir la
deuda.15

• El 11 de junio de 2013, mediante Oficio 2013EE34201, el aludido ministerio aprobó
el nuevo estudio técnico que incluyó todos los conceptos de nómina, parafiscales y
patronales durante el período 1997- 2009, por un costo de $27.388.338.173. A su
vez, el viceministro de educación preescolar, básica y media, por Oficio
2013EE86036 del 5 de diciembre de 2013, dirigido al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, certificó la necesidad de proporcionar recursos para el proceso en
mención.16

• El 22 de enero de 2014, por Resolución 00226, la Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos

13 Información extraída de la Resolución 00226 de 22 de enero de 2014 (folios 18 a 24).
14 Información extraída de la Resolución 00226 de 22 de enero de 2014 (folios 18 a 24).
15 Información extraída de la Resolución 00226 de 22 de enero de 2014 (folios 18 a 24).
16 Información extraída de la Resolución 00378 del 22 de enero de 2014 (folios 20 a 28)

14

Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

a favor del personal administrativo que se financia con recursos del Sistema General
de Participaciones, de conformidad con la aprobación del estudio técnico y
certificación de la deuda por el Ministerio de Educación dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial. Concretamente, las consideraciones
de dicho acto administrativo son las siguientes:17

Que con la presente Resolución se pone fin a la última fase del proceso administrativo
de homologación de cargos y salarios, por lo que corresponde notificar personalmente
al beneficiario y/o interesado, representante o apoderado (art. 44 CCA) y solo es
susceptible del recurso de reposición, por expedirse en ejercicio de facultades
expresamente conferidas (D.208/09), en los términos de los artículos 49 y 50 del CCA.

Que de conformidad con los antecedentes legales de la vinculación del beneficiario,
se tiene que la evolución salarial de cargo que venía desempeñando durante los años
laborados que más adelante se citan es la siguiente:

NOMBRAMIENTO
Documento Cédula fecha 5 de diciembre de 2002 cargo Auxiliar Administrativo
Fecha de ingreso Dpto.: 11 de diciembre de 2002 Homologado a: Auxiliar Administrativo
INFORMACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES

SGP GOBERNACIÓN

ACTO
AÑO ADMINISTRA- SALARIO DIFERENCIA
SALARIO ACTO ADMINISTRATIVO
TIVO DE DEPARTAME
SGP DE SALARIOS
SALARIOS NTO
SGP
1997

1998

1999

2000

2001
Decreto 660 de
2002 468.655 452.565 Ordenanza No. 000046 de 2001 - 16.090
2002
Decreto 3535 de
2003 501.461 696.580 Ordenanza No. 000036 de 2002 195.119
2003
Decreto 4150 y
2004 534.000 846.345 Ordenanza No. 000031 de 2003 312.339
4352 de 2004
Decreto 916 de
2005 563.377 892.894 Ordenanza No. 000012 de 2004 329.517
2005
Decreto 372 de
2006 591.546 937.539 Ordenanza No. 000002 de 2005 345.993
2006
Decreto 600 de
2007 618.166 979.728 Ordenanza No. 000026 de 2006 361.562
2007
Decreto 643 de
2008 653.340 1.035.475 Ordenanza No. 000028 de 2008 382.135
2008

17 Folios 20 a 28.

15

Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

Decreto 708 de
2009 703.452 1.114.896 Ordenanza No. 000057 de 2009 411.444
2009

Que de acuerdo con las cifras certificadas por el Ministerio de Educación Nacional al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le corresponde al funcionario HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ ALEXANDRA ELENA, la suma de $44.743.413, valor en el que se encuentran
incluidos los correspondientes a pagos a terceros vinculados a nómina, así:
$2.255.074 por aportes parafiscales; $7.661.475 por aportes patronales; sumas que
deben ser deducidas en el presente acto administrativo del valor total de liquidación,
quedando a su favor un valor a pagar de $34.826.864, sin perjuicio de los descuentos
a realizar por concepto de embargos y aportes a sindicatos. (…)

Que las cifras que vienen señaladas a su favor, resultan de la aplicación aritmética
realizada a la sumatoria de las diferencias salariales que arroja el comparativo de los
salarios recibidos por el beneficiario durante el periodo fiscal que viene señalado y los
salarios vigentes para la misma época que devengaban en la Gobernación del
Atlántico los cargos del nivel central financiados con recursos propios, determinados
conforme a las ordenanzas antes relacionadas. Producto de la sumatoria de las
diferencias salariales, en caso de que se presenten y las no salariales aplicables a
cada caso, como por ejemplo horas extras, prima de servicios, indemnización por
vacaciones, prima técnica, subsidio de alimentación, subsidio de transporte,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad,
bonificación especial de recreación; además de los cuales se calcularon los aportes
parafiscales, patronales y descuentos sindicales legalmente establecidos. […]

Que los valores por ingresos de nómina fueron actualizados (indexados) con base en
el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para los respectivos años,
usando para ello la tabla de series de índices de empalme […].

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Previo a resolver el asunto, resulta pertinente indicar que, mediante auto del 25 de
febrero de 2021, el despacho ponente resolvió la solicitud de pruebas elevada por
la demandante al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
de primera instancia. En dicha providencia se consideró que, en aras de garantizar
el debido proceso de las partes, en esta instancia únicamente se decretaría la
prueba solicitada tendiente a que se allegue certificación de horas extras y
descansos compensatorios no disfrutados y dejados de cancelar a la demandante.

Aclarado esto, el primer aspecto por abordar consiste en establecer si la
Secretaría de Educación del departamento del Atlántico liquidó en debida forma los
valores señalados en la Resolución 00226 de 22 de enero de 2014,
específicamente las bonificaciones por servicios prestados y por recreación; las

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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

cesantías y sus intereses; la indemnización por vacaciones; las horas extras; los
días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de cancelar; y las primas
de servicios, vacaciones, navidad y técnica.

Del estudio del expediente se tiene que el único parámetro de comparación que la
parte demandante esgrimió para indicar que no se liquidaron en debida forma los
citados emolumentos son las diferencias de salario establecidas en las Ordenanzas
de la Asamblea del Atlántico, sin que señale ningún argumento adicional.

Sin embargo, de la lectura de la resolución demandada, la cual se transcribe en el
acápite de hechos probados, se advierte que la entidad sí atendió al valor del salario
contemplado en las citadas ordenanzas.

Luego, la parte actora no explicó en el recurso de apelación de qué forma la entidad
incurrió en una errónea liquidación, ni realizó diferenciación alguna frente a los
factores salariales o prestacionales, toda vez que concretó la diferencia en un monto
global por salario.

En este orden de ideas, los documentos aportados al plenario impiden determinar
el error en la liquidación que pretende enrostrar la señora Hernández Gutiérrez a la
Resolución 00226 de 22 de enero de 2014, pues su apoderado incumplió con la
carga de probar cuáles fueron las presuntas pautas normativas desconocidas por la
Secretaría de Educación, los yerros cometidos o los valores desconocidos.

A su vez, en lo que concierne a las horas extras, tampoco se allegaron elementos
de juicio que permitieran evidenciar cuál fue la jornada laboral desplegada por la
interesada; por el contrario, la entidad accionada afirmó que en sus archivos no
existían registros de horas extras y días compensatorios no disfrutados y dejados
de cancelar.

Es preciso hacer énfasis en que es a la parte actora a quien le incumbe señalar las
normas que considera infringidas, así como los vicios atribuidos al acto
administrativo y aportar soportes tendientes a corroborar su dicho, sin que le

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Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

corresponda al juez efectuar un control integral de legalidad de los actos acusados,
y asumir los roles y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone a los sujetos
procesales.

En lo que se refiere a la reliquidación de las cesantías y sus intereses, advierte la
Sala que como no ha finalizado la relación laboral, el derecho se sigue causando
por lo que era apenas viable que no se incluyera en la liquidación el citado
emolumento, el cual, en el sistema de retroactividad, impone el pago al trabajador
al momento de culminar su vinculación, salvo en casos de retiros parciales. Y en el
sistema anualizado se deben liquidar anualmente al empleado, a través de acto
administrativo que puede cuestionarse en vía administrativa y que deben ser
consignadas en el fondo administrador de cesantías junto con sus intereses
correspondientes.

El segundo aspecto por abordar consiste en establecer si le asiste derecho a la
demandante al reconocimiento y pago de emolumentos laborales por el período del
1997 a 2001, producto del proceso de homologación y nivelación salarial, pues, en
su sentir, el ente territorial accionado renunció a la prescripción.

Al respecto, el literal b) de la Directiva Ministerial 10 del 30 de junio de 2005,
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, fijó los efectos de la
homologación y nivelación salarial de los servidores administrativos del sector
educativo en los siguientes términos:

B. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN

Para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y
nivelación salarial, es preciso que la entidad territorial elabore un listado de las
reclamaciones recibidas, indicando en cada caso, la fecha de presentación de la
misma. Con base en este listado, debe proceder a determinar el monto de las deudas
respectivas.

Solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad de aquellos derechos que no
hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 103 del
Decreto 1848 de 1969, y 151 del Código Procesal Laboral, conforme a los cuales las
acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

escrito del titular de un derecho, o prestación debidamente determinado, recibido por
el empleador, interrumpe la prescripción por un lapso igual.

De acuerdo con dicha directiva, el Ministerio de Educación determinó que el aludido
proceso de homologación y nivelación salarial se sujetaría al ordenamiento jurídico
en relación con el fenómeno de la prescripción.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante
Concepto 2301 de 2016, explicó que el derecho al ajuste salarial no puede
prescribir; sin embargo, el retroactivo está sujeto a la prescripción trienal prevista
por el legislador, «de modo que una vez sea hecha una corrección de la
homologación o el funcionario la solicite (y sea procedente), solo se podría
reconocer el retroactivo hasta tres (3) años antes de esa circunstancia».18

En atención al anterior entendimiento, esta Subsección ha aclarado que las
reclamaciones que efectuaron los sindicatos ante la administración para obtener la
nivelación salarial no impiden aplicar la prescripción trienal del retroactivo ni
tampoco puede admitirse una renuncia a esta figura. De esta manera, se ha
sostenido que «la prescripción es un postulado jurídico previsto en normas de orden
público que impide su renuncia o negociación en casos particulares como el
presente, y mucho menos por parte de la misma administración que por el contrario
debe garantizar su aplicación».19

En efecto, esta corporación ha explicado que las entidades públicas no están
facultadas para renunciar a la prescripción, pues están llamadas a salvaguardar el
interés general, a través de la protección del erario.20

Por último, respecto del tercer aspecto por abordar, referente al pago de intereses
moratorios del reajuste salarial de homologación, es pertinente reiterar la postura

18 Concepto 2301 del 14 de diciembre de 2016, radicado: 11001-03-06-000-2016-00109-00.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto de 2021,
radicado: 08001-23-33-000-2014-00969-01 (3731-2019).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado:

11001-03-15-000-2019-03894-01.

19

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Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

adoptada por esta Subsección en asuntos similares,21 según la cual dichos intereses
tienen un carácter sancionatorio, por lo que su reconocimiento debe estar
consagrado en una norma que lo autorice expresamente, es decir, que faculte el
cobro para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho.

Así pues, se observa que en el presente asunto no se generó a cargo de la entidad
accionada el pago de los intereses moratorios pretendidos, puesto que no se dijo
nada al respecto en la resolución que reconoció el retroactivo y tampoco existe
norma que expresamente los consagre.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el recurso de apelación propuesto contra la
sentencia de primera instancia no prospera, por ende, se impone su confirmación.

2.7. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,22
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017,

radicado: 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-2015).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

20

Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la perceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que la demandante no demostró los yerros que
presuntamente se cometieron en la liquidación efectuada en la resolución enjuiciada
y tampoco le asiste derecho al pago de emolumentos laborales por el período de
1997 a 2001 ni de intereses moratorios, por lo que debe confirmarse la decisión de
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia de veintinueve (29) de octubre de dos mil
dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión A dentro del proceso instaurado por la señora Alexandra Elena Hernández

21

Radicado: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)
Demandante: Alexandra Elena Hernández Gutiérrez

Gutiérrez contra del departamento del Atlántico, Secretaría de Educación, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo manifestado en las
consideraciones de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas de segunda instancia a la parte actora.

Tercero. Reconocer personería jurídica al abogado Pedro Torres Olivares, como
apoderado de la demandante, de acuerdo con los documentos aportados.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el portal Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
GMSM

22

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