Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00363-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00363-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00363-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de enero de 2025
Radicación: 66001-23-33-000-2016-0363-02 (4005-2021)
Demandante: Lucía de Jesús Rendón Vallejo
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011)
Radicación: 66001-23-33-000-2016-0363-02 (4005-2021)
Demandante: Lucía de Jesús Rendón Vallejo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Secretaría de
Educación del departamento de Risaralda
Tema: intereses moratorios. Subtema 1. Homologación del personal administrativo de
la Secretaría de Educación de Risaralda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12
de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La accionante prestó sus servicios como empleada administrativa y fue incorporada
en la planta de personal de la Secretaría de Educación de Risaralda. Debido a la
incorporación se realizó la homologación y nivelación salarial del empleo. En el
presente proceso, solicita la nulidad del acto administrativo que le negó el pago de los
intereses moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le canceló la
Secretaría de Educación del departamento de Risaralda por concepto de la nivelación
y homologación salarial.
II. ANTECEDENTES
1
2.1. La demanda
1. Lucía de Jesús Rendón Vallejo, por conducto de apoderado, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.
2.1.1. Pretensiones
2. La demandante solicitó la nulidad del Oficio 21078 del 13 de noviembre de 20153,
dictado por la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, que le negó el
1
Índice 2 Samai, expediente digital, 3_Anexos_de_demanda_ED_001EXPEDIENTEDIGITAL, págs.5 a 19.
2
10 de junio de 2016
3
Aunque en la demanda se indica que es una resolución, se precisa que se trata de un oficio.
1
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Demandante: Lucía de Jesús Rendón Vallejo
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro
reconocimiento de los intereses moratorios causados por el pago tardío del valor
retroactivo de la homologación y nivelación salarial.
3. A título de restablecimiento del derecho, la actora pidió el reconocimiento y pago de
los intereses moratorios, liquidados con el interés bancario corriente, causados desde
el año 1996 y hasta enero de 2013, día en que fue efectivo el pago total del retroactivo
por homologación y nivelación salarial.
4.Igualmente, reclamó que la sentencia se cumpla en los términos del artículo 192 del
CPACA y que se condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos
5. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:
6.La señora Lucía de Jesús prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda, en la calidad de personal administrativo.
7. De conformidad con lo ordenado por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación
certificó al referido departamento para la administración del servicio educativo, en
consecuencia, el personal nacional fue incorporado a la planta territorial, como lo
ordenó la Resolución 2480 del 12 de julio de 1995. Derivado de esta situación, la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 9 de diciembre de
2004, estableció que las entidades territoriales debían efectuar la correspondiente
nivelación salarial, y el mayor valor tenía que ser pagado por la Nación.
8. Por lo tanto, el departamento de Risaralda mediante el Decreto 258 del 2 de marzo
de 2005, modificado por el Decreto 986 del 31 de agosto de 2010, homologó y niveló
los cargos administrativos de la Secretaría de Educación. A su vez, el Ministerio de
Educación, a través del oficio 2011EE187 del 3 de enero de 2011 aprobó la liquidación
de la deuda que correspondía al retroactivo por el reajuste de la homologación y
nivelación salarial.
9. En consecuencia, la Secretaría del departamento de Risaralda mediante la
Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, modificada por la Resolución 1384 del
5 de septiembre de 2013, le reconoció a la demandante el retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial, por el periodo comprendido entre 1996 a 2009. Sin
embargo, el pago se realizó solamente hasta enero de 2013. En razón del pago tardío,
la demandante solicitó el 6 de octubre de 2015 el reconocimiento de intereses
moratorios, que fueron negados en el oficio 21078 del 13 de noviembre de 2015.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
10. En la demanda se invocan las siguientes normas:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350.
Del Código Civil, los artículos 1608, 1617 y 1649.
11. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:
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12. La Secretaría de Educación de Risaralda, al expedir el acto administrativo
censurado, violó la ley cuando negó el pago de los intereses moratorios con
fundamento en que las sumas adeudadas por el proceso de nivelación y homologación
salarial fueron actualizadas de conformidad con el índice de precios al consumidor.
Indicó que no puede predicarse un doble pago cuando se trata de la indexación y los
intereses moratorios, comoquiera que la primera está dirigida a mitigar los efectos
negativos de la inflación, mientras que los intereses moratorios sancionan el retardo
en el pago de una obligación.
13. Se pretende el pago de los intereses moratorios porque los valores causados por la
homologación y nivelación salarial se pagaron en enero de 2013, pese a que las
obligaciones nacieron a la vida jurídica desde el año 1996. De modo que, en virtud de
los principios de equidad e igualdad laboral, la actora no puede asumir las
consecuencias de la tardanza en el proceso administrativo.
2.1.4. Contestación de la demanda
2.1.4.1. Ministerio de Educación Nacional4
14. El Ministerio de Educación Nacional, mediante apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que no es el sujeto pasivo de los pagos
reclamados por la demandante, comoquiera que los recursos que cubren las
obligaciones prestacionales de los docentes no provienen del presupuesto de la
Nación, y el acto administrativo demandado fue expedido por la Secretaría de
Educación.
15. La deuda por concepto de retroactividad en los eventos en que la homologación
conlleve la nivelación de salarios se asume con recursos del Sistema General de
Participaciones, siguiendo las pautas de la directiva ministerial 10 del 30 de junio de
2005.
16. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta
demanda y prescripción.
2.1.4.2. Departamento de Risaralda5
17. La Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, a través de apoderado,
se opuso a las pretensiones de la demanda, así:
18. La homologación y nivelación salarial en el sector educativo procedió luego de
verificar que los empleados que provenían de la Nación deberían ser equiparados en
la planta de personal territorial, lo que se efectuó en el Decreto 258 de 2005. Explicó
que la certificación del departamento ocurrió en un momento diferente a la
homologación y nivelación salarial, ya que esta última sólo podía realizarse cuando la
Nación dispusiera de los recursos necesarios para asumirla.
19. Los valores pagados a los empleados administrativos, que resultaron de la
diferencia de salarios fueron debidamente indexados, y se pagaron cuando se
4
Idem, págs. 78 a 110.
5
Idem, págs. 118 a 145.
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reconoció la nivelación salarial, de tal suerte que no se configuró la mora alegada por
la parte interesada.
20. La Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, por la cual se reconoció y ordenó
el pago de la deuda retroactiva por concepto de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo del departamento de Risaralda, que fue modificada por la
Resolución 1384 del 5 de septiembre de 2013, incluyó a todos los beneficiarios del
mencionado proceso. Actos administrativos que se encuentran en firme y gozan de
plena validez.
21. Propuso las excepciones de inepta demanda, «falta de competencia de la entidad
territorial para decidir sobre la homologación y nivelación salarial», inexistencia de
valores adeudados y prescripción.
2.2. Audiencia inicial y auto que resuelve recurso de apelación
22. En audiencia inicial del 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo declaró
probada la excepción de falta de legitimación por pasiva del Ministerio de Educación,
en tanto, consideró que no tuvo injerencia en la expedición del acto administrativo
demandado, siendo el departamento de Risaralda el único llamado a defender su
legalidad6. Negó la excepción de inepta demanda interpuesta por el departamento de
Risaralda por indebida proposición jurídica, al estimar que el oficio que negó el pago
de los intereses moratorios no integra un acto complejo junto con las resoluciones que
reconocieron los valores por concepto de la homologación y nivelación salarial.
23. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión que declaró la falta
de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación. El Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del 11 de septiembre de 2020,
confirmó lo decidido por el Tribunal al indicar que «una vez la Secretaría de Educación
del departamento de Risaralda incorporó al personal administrativo a su planta de
personal, esta adquirió la calidad de empleador y, en consecuencia, es quien debe
responder ante un eventual conflicto laboral»; aunado a que el oficio demandado fue
firmado únicamente por la Secretaría de Educación de Risaralda7.
2.3. Sentencia de primera instancia8
24. El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de sentencia del 12 de marzo de
2021, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
25. La parte demandante solicitó intereses moratorios debido al pago tardío de la
nivelación y homologación salarial, reclamando su liquidación conforme a la tasa
bancaria anual desde que se hicieron exigibles hasta el momento de pago. Este
proceso se inició con el Decreto 0258 de 2005, mediante el cual la Secretaría de
Educación de Risaralda implementó la homologación salarial tras la aprobación del
Ministerio de Educación Nacional.
6
Idem, págs. 186 a 196.
7
Ídem, págs. 234 a 242.
8
Índice 2 Samai, expediente digital, 7_0007Fallo_ED_006SENTENCIAPRIMERAI.
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26. El desarrollo de las etapas y trámites administrativos necesarios en el proceso de
nivelación y homologación salarial conllevó a concluir que no existió una dilación
injustificada por parte de la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de
Educación. En efecto, el Decreto Departamental 1062 de 2010 señaló las
denominaciones, grados y asignaciones salariales correspondientes a los cargos
homologados. En diciembre de 2012, el departamento de Risaralda, a través de la
Resolución 1858, reconoció y pagó a la demandante el retroactivo salarial solicitado,
incluyendo su debida indexación.
27. Contrario a lo pedido en la demanda, la indexación y los intereses moratorios son
incompatibles, ya que responden a la misma causa: compensar el efecto del tiempo y
la devaluación en una obligación económica. Por ende, para el Tribunal el pago de
ambos conceptos supondría un doble pago indebido.
28. Aunque la actora recibió el pago de la nivelación salarial en el mes de enero de
2013, para el fallador de primera instancia el retraso en sí no genera la causación de
intereses de mora, especialmente considerando que se realizó la indexación
correspondiente. Por ello, el reconocimiento de intereses moratorios resulta inviable
bajo las circunstancias del caso, dado que la entidad demandada actuó conforme a
derecho al pagar el retroactivo indexado, compensando así los efectos inflacionarios y
negando los intereses moratorios.
29. No se condenó en costas a la parte actora, dado que de la revisión del expediente
no se encontraron elementos probatorios que justificaran la imposición de la condena.
2.4. Recurso de apelación9
2.4.1. Parte demandante
30. La señora Lucía de Jesús Rendón Vallejo, a través de apoderado, solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia, al afirmar que:
31. El fallo de primera instancia incurrió en un evidente error de interpretación fáctica y
jurídica, toda vez que la nivelación y homologación salarial no se pagó oportunamente,
pues, aunque las pruebas acreditan que el derecho se causó entre los años 1996 a
2009, la nivelación fue pagada entre los años 2012 al 2014, es decir, tras 16 años de
efectuada la incorporación de personal.
32. La decisión del Tribunal de negar los intereses moratorios pasó por alto el deber
constitucional y legal de las entidades demandadas de efectuar todas las gestiones
administrativas y presupuestales para pagar oportunamente la nivelación salarial,
acorde con los principios de equidad e igualdad laboral entre los empleados de las
plantas del orden nacional que fueron incorporados al nivel territorial.
33. El recurrente censuró que la entidad territorial tenía plena autonomía para realizar
el proceso de homologación del personal administrativo, garantizando que no existiera
desmejora salarial. De modo que el personal administrativo transferido debió percibir
de manera inmediata la homologación de los salarios; sin embargo, tal como consta
en los actos administrativos demandados pasaron más de 16 años. Entonces, afirmó
9
Índice 2 Samai, expediente digital, 9_0009Recurso_apelacion_ED_008RECURSOAPELACION.
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que no se encuentra justificación en que, el trabajador deba cargar con las
consecuencias de la mora frente a la negligencia de las entidades en la realización de
los trámites administrativos.
34. La autoridad ha debido reconocer los intereses de mora, en lugar de la indexación,
en tanto, estaba acreditada la tardanza en el pago de las obligaciones salariales y
prestacionales. Indicó que las normas aplicables son los artículos 1608, 1617 y 1649
del Código Civil. Así pues, se resaltó que la verdadera forma de resarcir los perjuicios
causados por el paso del tiempo es el reconocimiento de los intereses de mora, en
aplicación del principio de favorabilidad.
2.4.2. Trámite procesal en segunda instancia
35. Mediante auto del 7 de abril de 2022, se admitió el recurso de apelación presentado
por el apoderado de la parte demandante, y al no existir pruebas se prescindió del
periodo para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de
la Ley 2080 de 202110.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
36. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.3. Problema jurídico
37. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si procede el pago de intereses moratorios sobre el valor
reconocido por concepto de la homologación y nivelación salarial, comoquiera que el
retroactivo se causó desde 1997 hasta 2002, pero el pago se efectuó en enero de
2013.
38. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos 3.3.1.
Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización del servicio
educativo; 3.3.2. Hechos probados; y 3.4. Caso concreto.
3.3.1. Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización
del servicio educativo
39. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que la Ley 43 de
197511 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y
10
Índice 4 Samai.
11
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Lucía de Jesús Rendón Vallejo
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro
comisarias, en consecuencia, los gastos de la prestación servicio educativo estaban a
cargo de la Nación. En virtud del proceso de descentralización del sector educativo,
dispuesto en las Leyes 60 de 199312 y 715 de 200113, los departamentos y municipios
debieron recibir el personal administrativo vinculado previamente con la Nación,
mediante un trámite de homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió
de base para su incorporación a las plantas territoriales de personal14.
40. La referida Ley 60 de 1993 implementó la descentralización del servicio educativo
y, por ende, desmontó la nacionalización ordenada por la Ley 43 de 1975; en
consecuencia, la Nación debió entregar a los departamentos y municipios los bienes,
el personal y los establecimientos educativos. También dispuso que correspondería a
los departamentos administrar los recursos cedidos por la Nación para la prestación
del servicio de educación, y las plantas de personal a pasaron ser departamentales en
virtud de la incorporación, así:
ARTÍCULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar
los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y
administrativo de los servicios educativos estatales.
Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno
de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de
las plantas de personal que cada entidad territorial adopte.
Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán
ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
para quien lo ejecute.
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal
docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva
entidad territorial.
Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones
del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las
disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades
territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se
determinará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas,
y será financiado con sus propios recursos.
El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios
educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen
especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277 de
1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán
12
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de
la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones».
13
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de
los servicios de educación y salud, entre otros».
14
Así lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, proceso
CE-SC-RAD2005-N1607, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
7
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Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro
definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992.
[…].
41. El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la Nación también
debió integrarse a los entes territoriales, mediante un proceso de incorporación que
exigía «la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones,
clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los exigidos para desempeñar
los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del
personal administrativo revestía características particulares, pues era el producto de
la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial. Cabe recordar que
según el decreto 2400 de 1968 -art. 48- 15, la incorporación operaba por reorganización
de dependencias o el traslado de funciones de una entidad a otra o por la supresión
de cargos de carrera y, conforme a la Ley 443 de 199816, también por la supresión del
empleo de carrera o por fusión o supresión de entidades o traslado de una entidad a
otra o modificación de planta»17.
42. Es importante destacar que la homologación e incorporación de los cargos de los
empleados administrativos provenientes del orden nacional requirió, en los casos
donde no existían cargos equivalentes, una nivelación salarial. Además, implicó el
reajuste de la estructura de las entidades territoriales encargadas de prestar el servicio
educativo. Para ello, fue necesario considerar la clasificación, funciones, grado de
responsabilidad y requisitos asociados a cada empleo, con el fin de determinar
adecuadamente la remuneración.
43. Ahora bien, una vez se implementó el proceso de descentralización en la educación,
se expidió la Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los empleados
administrativos docentes a las plantas de personal, quienes mantendrían su
vinculación sin solución de continuidad. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001
desarrollaron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos del
sistema general de participaciones «antes situado fiscal». Con este fin, se requería
realizar un estudio técnico para fijar las plantas de personal docente, directivo docente
y administrativos de los planteles educativos y luego proceder a la provisión de dichos
cargos en la planta de personal adoptadas por las entidades territoriales para la
prestación del servicio educativo. Los citados artículos señalan:
Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo 37
de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y administrativos
de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán
su vinculación sin solución de continuidad.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de
prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán cumplir los
requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a las
plantas que se establezcan.
15
Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 Ley 443 de 1998.
16
Derogada por la Ley 909 de 2004.
17
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, CE-SC-
RAD2005-N1607, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional.
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Demandante: Lucía de Jesús Rendón Vallejo
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro
[…] Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos
del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad
territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos
para el ejercicio del cargo.
Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren nueva
vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del
derecho de la administración al traslado del mismo.
A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo
se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo
con esta. […]
44. En el marco de estos trámites administrativos, el Ministerio de Educación Nacional
en la Directiva 10 del 30 de junio de 2005, reguló los parámetros que debían seguir las
secretarías de educación para realizar la homologación de cargos y la nivelación
salarial del personal administrativo.
45. En síntesis, la prestación del servicio educativo pasó de la nacionalización a la
descentralización. Este proceso implicó la transferencia de responsabilidades, bienes,
personal y recursos desde la Nación hacia los entes territoriales, con el fin de fortalecer
la gestión educativa. A su vez, la homologación e incorporación del personal
administrativo a las plantas de personal territoriales garantizó la continuidad laboral y
el respeto a los derechos salariales y prestacionales de los empleados.
3.3.2. Hechos probados
46. Consta en el oficio 21078 del 13 de noviembre de 2015 que el Ministerio de
Educación Nacional, mediante Resolución 2480 del 12 de julio de 1995 certificó al
departamento de Risaralda para la administración del servicio educativo.
Posteriormente, el citado Ministerio expidió la Directiva 10 del 30 de junio de 2005, en
la que indicó el procedimiento que debían seguir las entidades territoriales para la
homologación y nivelación salarial de los empleados, que incluía la elaboración de un
estudio técnico18.
47. El departamento de Risaralda, a través del Decreto 258 del 2 de marzo de 2005,
realizó el estudio técnico de homologación y niveló los cargos administrativos. El
Decreto 986 del 31 de agosto de 2010 modificó la homologación y nivelación de los
cargos. Posteriormente, mediante la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012,
modificada por la Resolución 1384 del 5 de septiembre del mismo año, se ordenó y
reconoció el valor retroactivo adeudado por concepto del ajuste del proceso de
nivelación y la suma se indexó19.
48. La Secretaría de Educación de Risaralda en la Resolución 1858 del 31 de diciembre
de 2012 le reconoció a la señora Lucía de Jesús Rendón Vallejo el retroactivo por
concepto de la homologación y nivelación de los cargos de 1996 a 2009 y, como consta
18
Idem, págs. 23 a 26.
19
Idem.
9
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en el certificado expedido por el ente territorial, el pago se realizó en el mes de enero
de 201320.
49. La parte actora presentó reclamación administrativa el 6 de octubre de 201521 ante
la Secretaría de Educación de Risaralda para obtener el pago de los intereses
moratorios presuntamente causados desde el año 1996 hasta el mes de enero de
2013, que fueron negados con el oficio 21078 del 13 de noviembre de 201522. Allí, la
Secretaría estimó que tanto la indexación como los intereses moratorios obedecen a
la misma causa, esto es, la devaluación del dinero.
3.4. Caso concreto
50. La accionante solicitó la nulidad del acto administrativo que le negó el pago de los
intereses moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le canceló la
Secretaría de Educación del departamento de Risaralda por concepto de nivelación y
homologación salarial, reconocidas por su incorporación, como empleada
administrativa de la planta de personal.
51. El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no existió una dilación injustificada por parte de la Secretaría de
Educación Departamental debido a todos los trámites administrativos que era
menester realizar en el proceso de incorporación de los empleados y de homologación
y nivelación salarial. Aunado a que el pago concomitante de los intereses moratorios
y la indexación implicaría un doble pago, en tanto, obedecen a la misma causa, que
consiste en la depreciación del dinero.
52. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación e indicó
que la nivelación y homologación salarial se causó entre los años 1996 a 2009, pero
el pago fue hecho 16 años después, lo que constituyó una carga que no estaba
obligada a soportar la accionante.
53. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se acreditó
que la actora prestó sus servicios como empleada administrativa de la Secretaría de
Educación de Risaralda, quien fue incorporada en la planta del departamento;
asimismo, la Secretaría en la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, reconoció
y ordenó el pago a favor de la demandante del retroactivo por concepto de la
homologación y nivelación salarial, desde 1996 a 2009, valores que fueron pagados
en el mes de enero de 2013.
54. Bajo esta perspectiva, y conforme a lo establecido en el marco normativo, la Ley 60
de 1993 dispuso la descentralización del servicio educativo que anteriormente estaba
bajo la responsabilidad de la Nación. Como resultado, los empleados administrativos
que formaban parte de las plantas de personal fueron integrados a las entidades
territoriales, encargadas desde entonces de gestionar dicho servicio y administrar los
recursos transferidos por la Nación. Este proceso de incorporación fue reglamentado
a través de los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001.
20
Idem, pág. 41.
21
Idem, págs. 29 a 37.
22
Idem, págs. 23 a 26.
10
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55. En consecuencia, tal como se narró en los hechos probados, la Secretaría de
Educación de Risaralda presentó un estudio técnico ante el Ministerio de Educación
para la homologación y nivelación salarial. Una vez se surtió la aprobación del estudio
técnico, el departamento de Risaralda expidió el Decreto 258 del 2 de marzo de 2005,
modificado por el Decreto 986 del 31 de agosto de 2010, que homologó y niveló los
cargos administrativos del personal perteneciente a la planta de cargos del
departamento, pagada con recursos del Sistema General de Participaciones.
56. Como respuesta a lo planteado en el recurso, la Subsección señala que el criterio
pacífico y reiterado de las Subsecciones A y B de esta Sección ha consistido en que
los intereses moratorios tienen un carácter sancionatorio lo que implica que deben
estar regulados para que la autoridad esté facultada para reconocerlos en los eventos
de los pagos de los valores retroactivos por homologación y nivelación23.
57. Ciertamente, en sentencia del 7 de diciembre de 2017 se indicó que no es viable el
reconocimiento de los intereses moratorios sobre el valor retroactivo de la nivelación
salarial, porque en el marco del derecho sancionatorio debe existir una norma que
ordene su pago, así:
Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente caso,
teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto
buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto
en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los
intereses moratorios.
Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro
de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o
estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no
se evidencian en el presente asunto24.
58. A su vez, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró que no hay lugar al pago
de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe
una norma que autorice dicho reconocimiento25.
59. Por otra parte, en sentencia del 28 de septiembre de 2017, la Subsección B partió
de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento del retroactivo de la
nivelación salarial frente a la fecha del pago, y observó que transcurrió un plazo
mínimo, prudente y proporcional de cara a la complejidad de los trámites
administrativos para materializar el proceso homologación y nivelación salarial26.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con
radicado 73001-23-33-000-2014-00311-00 (0905-2015); sentencia del 19 de septiembre de 2024, proceso con
radicado 08001-23-33-000-2014-00916-01 (3341-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con radicado
73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15), M.P. William Hernández Gómez.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, proceso con radicado
73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15), M.P. César Palomino Cortés.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 73001-33-33-000-2014-00406-01
(2488-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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60. Finalmente, es importante resaltar que las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado han declarado infundados los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos en casos de similares hechos, al indicar que el criterio de la Secciones A
y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha consistido en27:
a) Que el proceso de homologación de cargos administrativos del sector educación, que
se dio en virtud de la descentralización del servicio educativo, requirió de una serie de
etapas en las que influyeron varias normas que fueron expedidas mientras este se
llevaba a cabo y esto no comprometió la responsabilidad de la administración porque
la demora en el pago de la nivelación salarial estuvo justificada por la necesidad de
adelantar esas gestiones.
b) Que el reconocimiento de intereses moratorios por parte de la administración en estos
eventos demanda la preexistencia de normas expresas que los reconozcan de forma
clara, dado su carácter sancionatorio.
61. En este orden de ideas, siguiendo el precedente de la Sección se concluye que la
actora no tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios, en tanto no existe
norma que lo ordene, y las resoluciones 1858 del 31 de diciembre de 2012 y 1384 del
5 de septiembre de 2013, que le reconocieron a la demandante las diferencias
salariales y prestaciones derivadas de la homologación y nivelación salarial, no
dispusieron que se causaban intereses de mora.
62. Igualmente, se destaca que el pago de la nivelación salarial reconocida en la
Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012 se hizo en el mes de enero de 2013,
plazo que se considera prudente, si se tienen en cuenta la complejidad de los trámites
administrativos en el marco del proceso de homologación y nivelación salarial.
63. En virtud de estos argumentos, la Subsección confirmará el fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
4. Conclusión
64. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la accionante, quien se
desempeñó como empleada administrativa de la Secretaría de Educación de
Risaralda, no tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre
el valor pagado por concepto de la homologación y nivelación salarial, toda vez que no
están regulados expresamente para ese evento, ni se dispuso su causación en el acto
administrativo que reconoció la citada nivelación.
5. Costas
presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario28 de la
65. La
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, proceso con
radicado 11001-03-15-000-2023-00392-00 (586), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. En el mismo sentido, ver el fallo
del 28 de octubre 2024, Sala Especial de Decisión 8, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
28
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida,
haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 12 de marzo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Katya Jimena Quiroz
Naranjo, identificada con cédula de ciudadanía 42.110.886 y tarjeta profesional 83.639,
como apoderada de la Secretaría de Educación de Risaralda, en los términos del
memorial que obra a índice 11 de Samai.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
NC/HGM
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