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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00392-00

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00392-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Hernando Londoño Arenas contra la sentencia del 25 de noviembre de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 66001-23-33-000-2017-00420-01. Segundo: Condenar en costas al señor Hernando Londoño Arenas en favor del Ministerio de Educación Nacional, las cuales se liquidarán por Secretaría. Tercero: No condenar en costas al señor Hernando Londoño Arenas en favor de la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Cuarto: Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría General de esta Corporación ingresar el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia. Quinto: Háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00392-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN n.º 19

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00392-00 (586)
Demandante: Hernando Londoño Arenas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional- Departamento de
Risaralda- Secretaría de Educación

Temas: Causal de revisión del artículo 250-5 CPACA- Pago de intereses
moratorios por el pago tardío del retroactivo por homologación y
nivelación fruto del proceso de descentralización del servicio
educativo- Principio de congruencia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Hernando
Londoño Arenas contra la sentencia de segunda instancia del 25 de noviembre de
2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.

Los hechos en que se fundamenta el recurso pueden fundamentarse de la siguiente
manera:

El señor Hernando Londoño Arenas prestó sus servicios en la Secretaría de
Educación del departamento de Risaralda, en calidad de funcionario de la planta de
personal Administrativo.

Según la Ley 60 de 1993 y con ocasión de la certificación otorgada al ente territorial
para la administración del servicio educativo, se sometió al proceso de transferencia
del personal del departamento de Risaralda a la planta de cargos del departamento,
lo cual se concretó mediante Decreto 0258 del 2 de marzo de 2005.

Que a través de la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, aclarada y
modificada por la Resolución 1384 del 5 de septiembre de 2013, el Ministerio de
Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación departamental, reconoció
a favor del señor Hernando Londoño Arenas, el pago de un retroactivo por concepto
de homologación y nivelación salarial. En el referido acto administrativo se precisó
que la constitución de la obligación comprendía desde el año 1997 y hasta 2002.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00392-00 (586)

Que el pago de la homologación salarial del demandante se hizo efectivo en enero de
2013, y en la suma cancelada no se incluyeron los intereses moratorios por la
tardanza en el cumplimiento de la obligación.

Que el demandante presentó solicitud ante la Secretaría de Educación del
departamento en la que reclamó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios,
y esta petición fue resuelta negativamente por dicha entidad a través de las
Resoluciones 23577 del 21 de noviembre de 2016 y 0051 del 1 de febrero de 2017.

Que los anteriores actos fueron demandados a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el propósito de que se declarara su nulidad y se
ordenara el reconocimiento de los intereses moratorios desde los 30 días posteriores
a su causación hasta el mes de enero de 2013.

El Tribunal Administrativo de Risaralda conoció en primera instancia el proceso dentro
del radicado 66001-23-33-000-2017-00420-00 y mediante sentencia del 29 de agosto
de 2018, negó las pretensiones.

Que la providencia fue apelada por la parte demandante y, en segunda instancia, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió la decisión que
es objeto de revisión en el presente proceso, la cual quedó ejecutoriada el 2 de febrero
de 2022.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la sentencia del 25 de noviembre de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó parcialmente la decisión de negar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor
Hernando Londoño Arenas, salvo el numeral segundo que condenó en costas a la
parte actora, el cual se revocó. Para arribar a la decisión tuvo en cuenta los siguientes
argumentos:

Se expresó en la sentencia que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado relacionada con el reconocimiento y el pago de
retroactivos por nivelación salarial en el ámbito administrativo 1 existe consenso acerca
dos aspectos: (i) se considera apropiado un breve intervalo temporal entre el
reconocimiento del derecho y la ejecución del pago. Esto se justifica en base a las
complejidades administrativas y económicas que implica dicho proceso, lo que
sugiere que el tiempo transcurrido fue considerado como prudente y proporcional y
(ii) la falta de inclusión de los intereses moratorios en los actos administrativos y la
ausencia de una normativa que los respalde impiden su reconocimiento.

Que toda vez que el pago de la nivelación salarial del demandante se realizó en enero
de 2013, según la certificación de la entidad demandada y la Resolución 1858 que

1 Frente a este tema se invocaron las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección

B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 28 de septiembre de 2017, radicado núm. 73001-33-33-000-
2014-00406-01 (2488-15), del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés, radicado núm. 73001-23-33-
000-2014-00403-01 (4589-15); y subsección A y Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, M.P. William
Hernández Gómez, radicado núm. 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
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reconoció y ordenó dicho pago data del 31 de diciembre de 2012, se concluye que
solo transcurrió un mes entre el reconocimiento del derecho y la ejecución del pago,
tiempo que es considerado como prudencial y adecuado, en línea con los
antecedentes jurisprudenciales previamente mencionados. En consecuencia, no se
considera procedente la condena por el pago de intereses moratorios.

Por último, indicó que no había lugar a la condena en costas porque según lo
establecido en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, las
costas solo se imponen cuando en el expediente se evidencia que han sido causadas
y en la medida de su comprobación y al no haberse generado costas durante el trámite
del proceso, revocó la imposición de las costas impuestas en primera instancia.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La parte demandante, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 248 del
CPACA presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda
instancia citada.

Según la parte actora, se configura la causal quinta del artículo 250 del CPACA
teniendo en cuenta que existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Señaló que la sentencia está viciada de nulidad por su incongruencia respecto de
todos los temas que constituían el litigio, y esto se vio reflejado en un fallo citra petita,
esto es, que no abordó a plenitud los argumentos de la parte demandante.

Dice que la Subsección B no tuvo en cuenta que el señor Hernando Londoño Arenas
no solicitó intereses moratorios por el periodo comprendido entre la expedición del
acto que le reconoció la nivelación salarial y su efectivo pago – a saber, entre el 31
de diciembre de 2012 hasta el mes de enero de 2013-, sino desde el momento en que
su cargo fue homologado en la Secretaría de Educación de Risaralda hasta la fecha
en que la entidad efectuó el pago, esto es, entre 2013 y 1996 habiendo transcurrido
16 años.

Que en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
demandante siempre fue consistente con la definición de los límites temporales que
debían ser analizados en relación con los intereses moratorios y que la sentencia
resulta incongruente en tanto las pretensiones de la demanda no contenía ningún
petitum sobre la indexación que se reconoció de oficio; confundiéndose el significado
de esta figura con la de los intereses moratorios y llegando a la conclusión de que son
fenómenos incompatibles.

La omisión de pronunciarse sobre una pretensión solicitada vulnera el derecho al
debido proceso, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política. Esta
omisión se configura porque el juzgador no explicó claramente las razones para
prescindir del estudio de una pretensión, lo que resulta en una sentencia que difiere
de las instancias que la motivaron, lo que compromete la integridad del proceso

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judicial y el respeto a los derechos de las partes involucradas.

Que la carencia de evidencia en el expediente que respalde la solicitud de la parte
actora para el pago de una mora de un mes plantea dudas sobre si esta fue realmente
la intención de la reclamación, dado que iniciar un proceso completo ante el tribunal
contencioso administrativo por este motivo sería altamente improbable.

Que las razones jurídicas de su defensa siempre estuvieron direccionadas a
evidenciar quien tenía la responsabilidad de pagar ante una posible condena, pero no
en cuanto al periodo de la liquidación y por ello, la administración judicial se quedó
corta con la interpretación al pasar por alto que la parte demandada había
direccionado mal el espíritu de la defensa, señalando unos argumentos que no tenían
fuerza de excepción y al darle a la demanda un alcance con la cual no se presentó.

Que resulta un contrasentido señalar que debe existir norma expresa que autorice el
pago de intereses de mora como consecuencia del reconocimiento tardío del proceso
de la homologación y nivelación salarial, pues si bien es claro tal consagración no
existe en el ordenamiento colombiano porque el proceso de homologación no ha sido
regulado de manera particular, para lograr la eficacia de la resolución del problema
jurídico y de las mismas pretensiones se debe acudir a la analogía o a los principios
generales del derecho, tales como los consagrados en los artículos 1608 al 1617 del
Código Civil Colombiano, 23, 101, 102, y 141 de la Ley 100 de 1993, 884 del Código
de Comercio, 65 de la Ley 45 de 1990, entre otros.

Finalmente, también arguyó que la decisión objeto del presente trámite no se
encuentra dentro del margen de interpretación razonable ya que excedió el marco
jurídico y hermenéutico aceptable luego de adoptar una decisión con base a una
interpretación contra legem.

Contestación al recurso extraordinario

El Ministerio de Educación contestó2 el recurso oponiéndose a las pretensiones de la
demanda, argumentando, por un lado que, la parte demandante busca reabrir el
debate jurídico que concluyó con la sentencia recurrida que ya está ejecutoriada y por
el otro, que no hay incongruencia entre lo debatido y lo decidido en el proceso, dado
que el litigio se fijó a partir de la pregunta de si el demandante tenía derecho al pago
de intereses moratorios sobre la suma de dinero que le canceló la Secretaría de
Educación del departamento de Risaralda, por la nivelación salarial en la
homologación de cargos en el marco de la descentralización del servicio educativo, y
sobre ello fue que versaron las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia
recurrida.

Igualmente reiteró que no parece justificada la solicitud de intereses moratorios, en
tanto no hay un retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones laborales
por parte del empleador, sino simplemente una equiparación de cargos derivada de
una decisión administrativa del Estado respaldada por un concepto legal.

2 A través de memorial adjunto, visible en el índice 14 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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Por su parte, la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda guardó
silencio3.

Concepto del Ministerio Público

El señor Agente del Ministerio Público, Procurador Tercero Delegado ante el Consejo
de Estado, emitió concepto solicitando que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión, fundamentando su postura en los siguientes argumentos:

En primer lugar, respecto a la solicitud de intereses moratorios, considera que resulta
improcedente debido a la falta de pacto al respecto y a la ausencia de reclamación
del título que originó el capital, es decir, del acto administrativo que reconoció el nivel
salarial aplicable a la parte actora por su homologación de cargo en la nueva planta.

Para ello, señaló que esta cuestión ha sido debatida pacíficamente dentro de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y, en principio, tal discusión además excede
el alcance del recurso de revisión, ya que no se evidencia una violación sustancial al
debido proceso por parte del juez al hacer referencia a las fechas de causación de los
intereses moratorios, cuya reclamación no fue considerada fundamentada.

En segundo lugar, en relación con la causación de los intereses moratorios desde el
1.° de enero de 2003, fecha en que nominalmente se dispuso la homologación de
cargos en las plantas de personal de los municipios certificados y su consiguiente
nivelación de sueldos, se argumenta que no existe una fundamentación precisa sobre
cuándo surgieron estas obligaciones, dado que no hubo una condena que permita
deducir una decisión incongruente al respecto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se debe resolver si se configura la causal de revisión alegada por la parte actora, esto
es, si existe incongruencia entre lo pedido y lo decidido en la sentencia que puso fin
al proceso. Para el efecto, la Sala estudiará: i) generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) la causal de revisión invocada en el recurso; y,
finalmente, iii) el caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos del artículo 248 del
CPACA:

«Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
3 La Secretaría de Educación del departamento de Risaralda se notificó del auto admisorio de la demanda
mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2023 (índice 7 de SAMAI), sin que haya presentado
contestación de la demanda.
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Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

El recurso tiene por finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se
encuentra ejecutoriada y, de conformidad con las causales que establece el 250 del
CPACA, busca el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía
de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que fueron
permeadas por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo y ii) por
la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades originadas al
tiempo de proferir la sentencia4.

Si bien el recurso extraordinario constituye un medio impugnativo que afecta el
principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, en consecuencia,
constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un
mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos
debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para
corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas
situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la
sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia del recurso, es
necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre debidamente
acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación el recurso
extraordinario de revisión procede por especiales circunstancias consagradas
taxativamente en la ley5.

Causal de revisión invocada

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión: «Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe
existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso, bien sea que resuelvan o
no el litigio de fondo. Contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación,
pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en
que hubiera incurrido la providencia.

La nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir,
que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión
judicial, pues, de generarse por una situación anterior que no se alegó oportunamente,
procedería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha
aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en
un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien
tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia6.

4 Consejo de Estado. Sala N°27 Especial de Decisión. Sentencia del 8 de marzo de 2024. Rad. 11001-03-15-

000-2023-01429-00.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1993. REV-

040.
6 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
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Respecto al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA −que se configure una causal de nulidad−, se precisa que si bien, por regla
general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están consagrados en el
artículo 133 del Código General del Proceso −8 causales−, la jurisprudencia del
Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de contenido, en atención
a las múltiples interpretaciones que se generaban alrededor de la misma.

Así, la Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre ellas,
sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-
15-000-2008-00294-007 ha definido otros eventos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber:

«En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el
proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de
ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en
estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número
de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación».

También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso8 o el
principio de congruencia9 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado. De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los
supuestos que dispone el artículo 133 citado, existen otras causas
jurisprudencialmente que comportan una anomalía respecto de la sentencia y que
podrían desvirtuar sus efectos de cosa juzgada.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales

7 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación: sentencia

del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; sentencia del 7 de octubre de 2019,
radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).
8 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último

evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la
causal de revisión en comento» (Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión N°. 26. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-2011-01639-00).
9 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de
congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» (Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Rad.11001-03-25-000-2014-00440-00(1452-
14).
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en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido10.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último […]».

Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero
de 201811, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita12, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones externas, cuando la decisión está en
armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia
en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia13.

Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir incongruencia en
cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe
ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad. Sobre el
particular, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció en los siguientes
términos:

«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir
la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe

10 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión N° 19. Sentencia

del 18 de agosto de 2020. Rad.11001-03-15-000-2017-02369-00.
11 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Rad. 25000-23-41-000-2013-

00911-01.
12 Consejo de Estado. Sala N° 22 Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Rad. 11001-03-15-

000-2013-00358-00; Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Rad. 76001-23-
24-000-1997-04345-01 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor
derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente
o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las
pretensiones».
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Rad. 50001-23-31-000-2002-

00198-02 (15770).
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negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios […]» (énfasis fuera de texto)14.

Caso concreto

Verificado el expediente se advierte que la sentencia impugnada que puso fin al
proceso resolvió la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, a partir de los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso
de apelación.

Para ello, dispuso como problema jurídico establecer si el demandante tenía derecho
al pago de intereses moratorios sobre el valor que le canceló la Secretaría de
Educación departamental de Risaralda por la homologación y nivelación salarial en
calidad de personal administrativo.

Ahora bien, para la solución del caso concreto la Subsección B de la Sección
Segunda, precisó sobre el reconocimiento de intereses por el no pago inmediato del
valor de la homologación y nivelación salarial lo siguiente:

« Así las cosas, teniendo en cuenta que en el sub lite el pago de la nivelación salarial
se efectuó en el mes de enero de 2013, tal como se indicó en la certificación de la
entidad accionada, y que la Resolución 1858 que reconoció y ordenó el pago de la
nivelación data del 31 de diciembre de 2012, se evidencia que solo pasó un mes, de
modo que no es procedente la condena por el pago de intereses moratorios, puesto
que se considera un plazo prudencial, tal como se indicó en los antecedentes
jurisprudenciales previamente citados.

(…)».

Con base en lo anterior, la aludida Subsección invocó como parámetro para
solucionar el asunto, la aplicación de un precedente horizontal, a través del cual en
diferentes casos15, se determinó, por un lado, que no era procedente el
reconocimiento de intereses por el no pago inmediato del valor de la homologación y
nivelación salarial, por cuanto el reconocimiento de estos – debido a su contenido
sancionatorio- debe estar estipulado en la ley y tiene que atender a una causa
injustificada en la dilación del pago. Por el otro que, la mera mora en el pago de la
obligación no genera automáticamente el reconocimiento de intereses, máxime,
cuando se encontró que el pago tardío fue justificado por el cumplimiento de múltiples
etapas de un proceso interadministrativo complejo16.

Del mismo modo, aludió a la sentencia del 7 de diciembre de 2017 de la Subsección
A de la Sección Segunda de esta Corporación17, cuyo criterio de decisión fue acogido

14 Consejo de Estado. Sala N° 22 Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Rad. 11001-03-15-

000-2013-00358-00.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César

Palomino
Cortés, radicado núm. 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado núm. 73001-

33-33-000-2014-00406-01 (2488-15).
17 Rad. 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).

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también por la Subsección B en sentencia del 23 de agosto de 201818 que, en otro
caso semejante, expuso lo siguiente:

«Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el
presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de
los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido
si no se dijo nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo,
como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en
consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que
faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente asunto
[…]».

A juicio de esta Sala, lo que se acaba de indicar evidencia que la negación del
reconocimiento de los intereses moratorios reclamados por el señor Hernando
Londoño Arenas desde enero de 2003, respondió a dos parámetros claros, señalados
en la jurisprudencia de las subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a saber:

a) Que el proceso de homologación de cargos administrativos del sector
educación, que se dio en virtud de la descentralización del servicio educativo, requirió
de una serie de etapas en las que influyeron varias normas que fueron expedidas
mientras este se llevaba a cabo y esto no comprometió la responsabilidad de la
administración porque la demora en el pago de la nivelación salarial estuvo justificada
por la necesidad de adelantar esas gestiones.

b) Que el reconocimiento de intereses moratorios por parte de la administración
en estos eventos demanda la preexistencia de normas expresas que los reconozcan
de forma clara, dado su carácter sancionatorio.

Siendo estos los lineamientos que sirvieron de premisa para resolver el caso concreto,
se considera que no hay lugar a predicar incongruencia interna pues el juzgador
planteó como problema jurídico a resolver si había lugar a solicitar los intereses
moratorios por el pago del valor del retroactivo correspondiente a la homologación y
nivelación, lo cual constituía precisamente las pretensiones de la demanda y al
encontrar que no había lugar a estos, dispuso confirmar la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Risaralda.

Igualmente, se advierte que existe plena armonía entre lo propuesto por la parte
apelante y el problema jurídico resuelto por la sentencia, ya que se abordaron los
aspectos que fueron objeto de inconformidad, sin que se puede predicar de la
sentencia una incongruencia externa como pasará a explicarse.

En el marco de la formulación del recurso, el demandante insistió en la existencia de
una incongruencia externa en la sentencia objeto de revisión, sustentada en la falta

18 Rad. 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).

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de un análisis exhaustivo de los argumentos planteados en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por ende, para abordar con la debida profundidad este
reparo, resulta imperativo efectuar una breve referencia a los fundamentos que
respaldaron dicho medio de control, así como poner en evidencia el motivo por el cual
la respectiva Subsección sí procedió con el estudio correspondiente.

Tras un análisis del recurso de apelación, se desprende con claridad que el
fundamento principal del recurrente en dicha oportunidad radica en la ocurrencia de
un proceso tardío en la homologación, imputable directamente al Ministerio de
Educación del cual se debe derivar necesariamente unos intereses moratorios que
deben ser liquidados. Esto, pues la administración aceptó la existencia de una deuda
retroactiva que fue pagada hasta 16 años después, justificando así la necesidad de
reconocer y cancelar la sanción correspondiente.

En el recurso de revisión se argumentó que el análisis efectuado por la Sección
Segunda, Subsección B se limitó al intervalo comprendido entre diciembre de 2012 y
enero de 2013, período en el cual, no se configuraba mora alguna, dado que apenas
transcurrió un mes. En este contexto, el actor adujo que la autoridad no consideró
debidamente que la mora objeto de reclamación abarcaba un lapso de 16 años
transcurridos.

No obstante, este cargo se desvirtúa teniendo en considera que, en contradicción con
lo expuesto por el interesado, la Subsección efectivamente abordó dicha cuestión.

En este sentido, aunque el actor señala que la autoridad judicial limitó el análisis de
los intereses moratorios a un periodo menor al reclamado, esto es, el comprendido
entre la fecha del acto de reconocimiento del retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial y la fecha efectiva del pago, lo cierto es que, las
pretensiones y razones de la demanda del señor Hernando Londoño Arenas fueron
objeto de pronunciamiento de forma íntegra con base en línea jurisprudencial de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
en esta materia, entre los argumentos expuestos en la providencia se tiene: i) que el
proceso de homologación implicó una serie de procedimientos cuya complejidad en
el ámbito administrativo no atribuía responsabilidad a la administración por el pago
tardío de la nivelación salarial, y ii) la ausencia de disposiciones normativas explícitas
que reconozcan la imposición de sanciones moratorias en tales circunstancias.

De modo que, no se advierte que el estudio de la sentencia de segunda instancia se
haya limitado a analizar la procedencia de los intereses moratorios en el periodo
comprendido entre diciembre de 2012 y enero de 2013, como afirma la recurrente. Al
respecto, simplemente se afirmó que el pago reconocido en la Resolución 1858 del
31 de diciembre de 2012 a favor del demandante por concepto de homologación y
nivelación salarial se efectuó en un plazo razonable pero no es que haya modificado
el objeto de la litis a ese mes.

Finalmente, la Sala observa que el propósito del recurrente, al argumentar sobre la
incongruencia del reconocimiento de una indexación de oficio no solicitada en la
demanda, es volver a discutir la interpretación de las normas y la jurisprudencia

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establecida por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación en el fallo
objeto de revisión. Sin embargo, se destaca que no es posible cuestionar una
sentencia respecto a la no aplicación de una norma o su interpretación, ya que estos
aspectos están fuera de la naturaleza de la causal invocada.

En consecuencia, la Sala Especial de Decisión estima que la alegada incongruencia
no se presentó, pues, contrario a lo sostenido en el recurso extraordinario, la
providencia acusada sí afrontó el tema de la procedencia del reconocimiento de
intereses moratorios desde el año 2003, como lo pretendía el señor Hernando
Londoño Arenas y, por tanto, no se configura la causal invocada, teniéndose que
declarar infundado el recurso.

De la condena en costas

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA en
cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión, en
los siguientes términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario se presentó el 30 de
enero de 2023, esto es, cuando ya estaba rigiendo la nueva ley, la Sala considera que
es procedente la condena en costas en el caso sub examine toda vez que se declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión.

Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación de
la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en los artículos
365 y 366 del CGP, los cuales se aplican por remisión dispuesta en el artículo 188 del
CPACA.

En este sentido, el numeral 8 del artículo 365 establece que «[s]ólo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».

Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso se encuentra
acreditada la gestión del apoderado del Ministerio de Educación Nacional a través de
la defensa ejercida en el escrito de contestación de la demanda, actuación que por sí
sola, constituye una prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en derecho, ya
que demuestra que designó un representante para estar al tanto del proceso y ejercer
la defensa de sus intereses. Por el contrario, dado que la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda no participó en el proceso, no procede fijación de agencias
en derecho a su favor.

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Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso dictará
un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral 3 del
artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión n.°19, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor Hernando Londoño Arenas contra la sentencia del 25 de noviembre de 2021,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 66001-23-33-000-2017-00420-01.

Segundo: Condenar en costas al señor Hernando Londoño Arenas en favor del
Ministerio de Educación Nacional, las cuales se liquidarán por Secretaría.

Tercero: No condenar en costas al señor Hernando Londoño Arenas en favor de la
Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, según lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.

Cuarto: Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría General de esta
Corporación ingresar el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de
su competencia.

Quinto: Háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y
archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente con permiso

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Firmado electrónicamente

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmado electrónicamente

NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente

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