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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00225-02

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00225-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia del 1°. de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx NC/HGM 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00225-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de enero de 2025

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00225-02 (1517-2022)
Demandante: María Melva Ramírez de Blandón
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011)
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00225-02 (1517-2022)
Demandante: María Melva Ramírez de Blandón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Secretaría de
Educación del departamento de Caldas

Tema: intereses moratorios. Subtema 1. Homologación del personal administrativo de
la Secretaría de Educación de Caldas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 1º.
octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante prestó sus servicios como empleada administrativa y fue incorporada
en la planta de personal de la Secretaría de Educación de Caldas. Debido a esto se
realizó la homologación y nivelación salarial del empleo. En el presente proceso,
solicita la nulidad del acto administrativo que le negó el pago de los intereses
moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le pagó la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas por concepto de la nivelación y homologación
salarial.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1

1. María Melva Ramírez de Blandón, por conducto de apoderado, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2.La demandante solicitó la nulidad de las resoluciones 6976-6 del 14 de septiembre
de 2017 y 9724-6 del 13 de diciembre del mismo año, expedidas por la Secretaría de

1 Índice 2 Samai, ED_17001233300020180022(.zip) NroActua 2, págs. 3 a 27.
2 24 de abril de 2018.

1

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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00225-02 (1517-2022)
Demandante: María Melva Ramírez de Blandón
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

Educación del departamento de Caldas que le negaron el reconocimiento y pago de
los intereses moratorios causados por el pago tardío del valor retroactivo de la
homologación y nivelación salarial.

3. A título de restablecimiento del derecho, la actora pidió el reconocimiento y pago de
los intereses moratorios causados entre el 10 de febrero de 1997 al año 2001, y hasta
el 15 de abril de 2013, fecha de pago del valor retroactivo por homologación y
nivelación salarial. Igualmente, reclamó que la sentencia se cumpla en los términos
del artículo 192 del CPACA y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

5.La señora María Melva Ramírez de Blandón prestó sus servicios como personal
administrativo en la Secretaría de Educación del departamento de Caldas. De
conformidad con lo ordenado por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación certificó
al referido departamento para la administración del servicio educativo, en
consecuencia, el personal nacional fue incorporado a la planta territorial, mediante el
Decreto 0021 de 1997, en principio con las mismas condiciones, salvo en lo salarial.
Derivado de esta situación, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en concepto del 9 de diciembre de 2004, estableció que las entidades territoriales
debían efectuar la correspondiente nivelación salarial, y el mayor valor tenía que ser
pagado por la nación.

6. Posteriormente, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas expidió la
Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, en la cual presentó ante el Ministerio de
Educación Nacional el estudio técnico para la homologación salarial. Una vez
aprobado, el departamento profirió los Decretos 399 del 20 de abril de 2007 y 337 de
diciembre de 2010, que homologaron y nivelaron los cargos administrativos
pertenecientes a la planta de personal. Y con el Decreto 353 del 15 de diciembre de
2010 se realizó la incorporación a la planta del departamento de Caldas.

7. El Ministerio de Educación Nacional certificó la deuda por homologación y nivelación
de los cargos administrativos del departamento para los años de 1997 a 2009. Por lo
tanto, la Secretaría de Educación le pagó a la señora María Melva Ramírez de Blandón
el valor del retroactivo causado por concepto de la homologación y nivelación salarial,
desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2001.

8. La Secretaría de Educación certificó que le pagó a la demandante el valor de
$56.255.319, que pese a causarse hasta el año 2001 solamente se pagó el 15 de abril
de 2013. Por consiguiente, la actora pidió el reconocimiento de intereses moratorios
por el pago tardío, lo que fue negado por la entidad a través de las resoluciones
acusadas, al afirmar que no existía mora en el cumplimiento de las obligaciones
laborales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. En la demanda se invocan las siguientes normas:

2

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Demandante: María Melva Ramírez de Blandón
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350.
Del Código Civil, los artículos 1608, 1617 y 1649.
De la Ley 446 de 1998, el artículo 16.
Del Decreto 01 de 1984, el artículo 177.

10. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:

11. Los empleados administrativos de las secretarías de educación, una vez fueron
incorporados, tenían derecho a recibir el reconocimiento de la asignación salarial
acorde con el cargo y las funciones. Por ello, se pretende el pago de los intereses
moratorios dado que la homologación y nivelación salarial fue reconocida años
después de haberse causado. Resaltó entonces que, si bien, las resoluciones 2005-6
del 22 de marzo de 2013, 4623-6 del 4 de julio de 2013 y 9139-6 del 11 de diciembre
de 2014 ordenaron el reconocimiento del retroactivo a favor de la demandante,
causado desde el 10 de febrero de 1997, lo cierto es que el pago se realizó el 15 de
abril de 2013.

12. Los intereses moratorios constituyen un derecho mínimo fundamental de los
trabajadores y, por tanto, son irrenunciables. Interpretación que se debe acoger en
atención a los principios de favorabilidad, equidad e igualdad en materia laboral.

2.1.4. Contestación de la demanda

2.1.4.1. Ministerio de Educación3

13. ElMinisterio de Educación Nacional, mediante apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que no es el sujeto pasivo de los pagos
reclamados por la demandante, comoquiera que los recursos que cubren las
obligaciones prestacionales de los docentes no provienen del presupuesto de la
nación, y el acto administrativo demandado fue expedido por la Secretaría de
Educación.

14. La deuda por concepto de retroactividad en los eventos en que la homologación
conlleve la nivelación de salarios se asume con recursos del sistema general de
participaciones, siguiendo las pautas de la directiva ministerial 10 del 30 de junio de
2005.

15. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta
demanda y prescripción.

2.1.4.1. Secretaría de Educación del departamento de Caldas4

16. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, a través de apoderado,
se opuso a las pretensiones de la demanda, así:

17. Mediante el Decreto 0021 del 10 de febrero de 1997 se incorporó a la estructura del
departamento de Caldas la planta de cargos docentes, directivos docentes y

3 Índice 2 Samai, idem, págs. 85 a 105.
4
Índice 2 Samai, idem, págs. 117 a 125.
3

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Demandante: María Melva Ramírez de Blandón
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administrativos. Sin embargo, dicha incorporación trajo consigo una desigualdad
salarial para los empleados administrativos de la Secretaría de Educación respecto a
los empleados de la planta central.

18. El proceso de homologación inició desde el año 1997 y se realizaron diversos
estudios técnicos para revisar el salario de cada funcionario homologado en la escala
salarial de la administración territorial, de acuerdo con el nivel jerárquico y los
requisitos para el desempeño del cargo. Se revisaron y certificaron las funciones de
cada empleado desde el 10 de febrero de 1997, de acuerdo con el nivel jerárquico y
los requisitos para el desempeño del cargo, grado y salario.

19. Los pagos recibidos por la demandante corresponden a dineros relacionados con el
proceso de homologación y nivelación salarial. Debido a su indexación, la accionante
no tiene derecho a reclamar una sanción moratoria por concepto de intereses, ya que
esto implicaría imponer una doble sanción al departamento de Caldas. Además, se
debe considerar que dicha entidad territorial actuó únicamente como ejecutora de las
políticas definidas por el nivel central.

20. Propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva,
prescripción e inepta demanda.

2.2. Sentencia de primera instancia5

21. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de sentencia del 1°. de octubre de
2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

22. La pretensión de obtener intereses de mora por el pago tardío del retroactivo carece
de vocación de prosperidad, dada la incompatibilidad con la indexación. Agregó que el
lapso transcurrido entre la fecha de reconocimiento y el pago del retroactivo por
homologación y nivelación salarial resultaba razonable a la luz de las diferentes
gestiones de orden administrativo que las entidades debieron adelantar para efectuar
este tipo de reconocimientos.

23. La beneficiaria del pago por homologación y nivelación salarial no se opuso ni
presentó recursos contra el acto administrativo que contiene la suma reconocida, por
tanto, no puede propiciarse una nueva discusión a través de una petición posterior de
reconocimiento de intereses.

24. No existe una norma relativa a la obligación de pago inmediato de la suma
reconocida por concepto de homologación y nivelación salarial, y el trámite está
compuesto por una sucesión de etapas administrativas que incluyeron la apropiación
presupuestal, por lo que no eran aplicables las normas civiles sobre intereses de mora
a este tipo de casos.

25. Condenó en costas a la parte actora al considerar que se negaron las pretensiones
de la demanda y la entidad participó activamente en todas las etapas del proceso.

5 Índice 2 Samai, idem, págs. 217 a 241.

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2.3. Recurso de apelación6

2.3.1. Parte demandante

26. La señora María Melva Ramírez de Blandón, a través de apoderado, solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia, al afirmar que:

27. La indexación y los intereses de mora poseen definiciones conceptuales distintas,
además de tener un objeto y una causa diferentes. Los intereses de mora constituyen
una sanción por el incumplimiento en el pago oportuno de una obligación, mientras
que la indexación se refiere a la actualización del monto adeudado, ajustándolo a
valores presentes debido a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda desde el
momento en que surgió la obligación.

28. El Tribunal consideró que no procede el reconocimiento de los intereses de mora al
no existir una norma específica que los regulara para la homologación y nivelación
salarial. A juicio de la recurrente, esto omite el deber legal y constitucional de aplicar
la analogía y otros criterios auxiliares, como la equidad, la doctrina y los principios
generales del derecho.

29. Contrario a lo expuesto en el fallo de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas y el Ministerio
de Educación tenían la obligación de realizar oportunamente todas las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para garantizar que los empleados de la
nación percibieran un salario en condiciones de igualdad respecto del personal
perteneciente al nivel territorial, desde el momento de la incorporación.

30. En el caso concreto, el personal administrativo fue transferido de una planta de
personal a otra en el año 1997; sin embargo, los empleados tuvieron que esperar hasta
el año 2013 para recibir el pago del salario debidamente ajustado, es decir, con la
nivelación salarial. Estos hechos acreditan que el departamento de Caldas y el
Ministerio de Educación incurrieron en mora en el pago de las acreencias laborales.

31. La nivelación salarial debió pagarse desde el momento de la incorporación y no 16
años después, dado que el valor retroactivo de las diferencias salariales a favor del
empleado constituye una contraprestación directa del servicio prestado, en virtud de
principio constitucional de a trabajo igual salario igual.

32. Así pues, en criterio del recurrente, los intereses de mora son la única figura jurídica
que permite indemnizar a la parte por el pago tardío de una obligación, y comprenden
el componente resarcitorio e inflacionario.

33. En cuanto a la condena en costas, la parte recurrente señala que actuó de buena
fe y que su conducta no fue temeraria o dolosa; asimismo, adujo que en el expediente
no están probados los gastos en que pudo incurrir la parte demandada.

6 Índice 2 Samai, idem, págs. 244 a 262.

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2.3.2. Trámite procesal en segunda instancia

34. Mediante auto del 23 de junio de 2022, se admitió el recurso de apelación
presentado por el apoderado de la parte demandante, y al no existir pruebas se
prescindió del periodo para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 20217.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.3. Problema jurídico

36. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si procede el pago de intereses moratorios sobre el valor
reconocido por concepto de la homologación y nivelación salarial, comoquiera que el
retroactivo se causó desde 1997 hasta 2001, pero el pago se efectuó el 15 de abril de
2013.

37. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos 3.3.1.
Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización del servicio
educativo; 3.3.2. Hechos probados; y 3.4. Caso concreto.

3.3.1. Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización
del servicio educativo

38. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que la Ley 43 de
19758 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los departamentos,
el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias, en
consecuencia, los gastos de la prestación servicio educativo estaban a cargo de la
nación. En virtud del proceso de descentralización del sector educativo, dispuesto en
las Leyes 60 de 19939 y 715 de 200110, los departamentos y municipios debieron recibir
el personal administrativo vinculado previamente con la nación, mediante un trámite
de homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió de base para su

7 Índice 4 Samai.
8 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
10 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos

151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
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incorporación a las plantas territoriales de personal11.

39. La referida Ley 60 de 1993 implementó la descentralización del servicio educativo
y, por ende, desmontó la nacionalización ordenada por la Ley 43 de 1975; en
consecuencia, la nación debió entregar a los departamentos y municipios los bienes,
el personal y los establecimientos educativos. También dispuso que correspondería a
los departamentos administrar los recursos cedidos por la nación para la prestación
del servicio de educación, y las plantas de personal a pasaron ser departamentales en
virtud de la incorporación, así:

ARTÍCULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar
los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y
administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno
de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de
las plantas de personal que cada entidad territorial adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán
ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
para quien lo ejecute.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal
docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva
entidad territorial.

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones
del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las
disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades
territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se
determinará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas,
y será financiado con sus propios recursos.

El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios
educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen
especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277 de
1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán
definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992.

[…].

40. El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la nación también
debió ser entregado a los entes territoriales, mediante un proceso de incorporación
que exigía «la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones,
clasificación, etc. previstos en la planta de la nación con los exigidos para desempeñar
los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del
personal administrativo revestía características particulares, pues era el producto de
la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial. Cabe recordar que

11 Así lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto 1607 del 9 de diciembre de

2004, proceso CE-SC-RAD2005-N1607, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
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según el decreto 2400 de 1968 -art. 48- 12, la incorporación operaba por reorganización
de dependencias o el traslado de funciones de una entidad a otra o por la supresión
de cargos de carrera y, conforme a la Ley 443 de 199813, también por la supresión del
empleo de carrera o por fusión o supresión de entidades o traslado de una entidad a
otra o modificación de planta»14.

41. Es importante destacar que la homologación e incorporación de los cargos de los
empleados administrativos provenientes del orden nacional requirió, en los casos
donde no existían cargos equivalentes, una nivelación salarial. Además, implicó el
reajuste de la estructura de las entidades territoriales encargadas de prestar el servicio
educativo. Para ello, fue necesario considerar la clasificación, funciones, grado de
responsabilidad y requisitos asociados a cada empleo, con el fin de determinar
adecuadamente la remuneración.

42. Ahora bien, una vez se implementó el proceso de descentralización en la educación,
se expidió la Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los empleados
administrativos docentes a las plantas de personal, quienes mantendrían su
vinculación sin solución de continuidad. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001
desarrollaron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos del
sistema general de participaciones «antes situado fiscal». Con este fin, se requería
realizar un estudio técnico para fijar las plantas de personal docente, directivo docente
y administrativos de los planteles educativos y luego proceder a la provisión de dichos
cargos en la planta de personal adoptadas por las entidades territoriales para la
prestación del servicio educativo. Los citados artículos señalan:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo 37
de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y administrativos
de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán
su vinculación sin solución de continuidad.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de
prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán cumplir los
requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a las
plantas que se establezcan.

[…]

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos
de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del
Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad
territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos
para el ejercicio del cargo.

12 Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 Ley 443 de 1998.
13 Derogada por la Ley 909 de 2004.
14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, CE-SC-
RAD2005-N1607, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional.
8

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Demandante: María Melva Ramírez de Blandón
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren nueva
vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del
derecho de la administración al traslado del mismo.

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo
se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo
con esta. […]

43. En el marco de estos trámites administrativos, el Ministerio de Educación Nacional
en la Directiva 10 del 30 de junio de 2005, reguló los parámetros que debían seguir las
secretarías de educación para realizar la homologación de cargos y la nivelación
salarial del personal administrativo.

44. En síntesis, la prestación del servicio educativo pasó de la nacionalización a la
descentralización. Este proceso implicó la transferencia de responsabilidades, bienes,
personal y recursos desde la nación hacia los entes territoriales, con el fin de fortalecer
la gestión educativa. A su vez, la homologación e incorporación del personal
administrativo a las plantas de personal territoriales garantizó la continuidad laboral y
el respeto a los derechos salariales y prestacionales de los empleados.

3.3.2. Hechos probados

45. Consta en la Resolución 2005-6 del 22 de marzo de 2013 que la Secretaría de
Educación de Caldas presentó un estudio técnico ante el Ministerio de Educación para
la homologación y nivelación salarial. La metodología realizada consistió en que se
revisaron las funciones específicas del nivel jerárquico en que estaba ubicado cada
funcionario frente a los pares en el departamento de caldas; se comparó entonces «el
salario actual con el salario más aproximado de la escala de la administración central
del departamento, de acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos exigidos para el
desempeño del cargo»15.

46. Al ser aprobado el citado estudio técnico, el departamento de Caldas expidió el
Decreto 399 del 20 de abril de 2007 que homologó y niveló los cargos administrativos
del personal perteneciente a la planta de cargos del departamento, pagada con
recursos del Sistema General de Participaciones.

47. La Secretaría de Educación de Caldas reconoció y liquidó para la señora María
Melva Ramírez de Blandón la suma de $52.867.084, por concepto de homologación y
nivelación salarial del periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2009 (sic)16, mediante la Resolución 2005 – 6 del 22 de marzo de 201317.

48. Esta resolución fue aclarada a través de la Resolución 4828-6 del 4 de julio de 2013
en el sentido de ajustar el valor a $51.564.00418. Posteriormente, la Secretaría en la

15 Índice 2 Samai, expediente digital, ED_17001233300020180000, págs. 52 a 55.
16 El pago por homologación se causó hasta el 2001.
17 Idem.
18 Idem, págs. 56 a 58.

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Demandante: María Melva Ramírez de Blandón
Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

Resolución 9139-6 del 11 de diciembre de 2014 fijó la suma reconocida en
$52.867.07919.

49. La actora, a través de apoderado, presentó una reclamación administrativa el 4 de
abril de 2017, ante la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, para
obtener el pago de los intereses moratorios presuntamente causados por la mora en
la cancelación de la homologación y nivelación salarial, desde el 10 de febrero de 1997
hasta el 15 de abril de 2013, fecha del pago20.

50. La Secretaría de Educación de Caldas negó lo pedido en la Resolución 6976-6 del
14 de septiembre de 201721, confirmada en la Resolución 9724-6 del 13 de diciembre
de 201722, al estimar que no existía mora en el pago de las obligaciones laborales sino
«una simple equiparación de cargos como consecuencia de una decisión
administrativa del Estado, fundamentada en el concepto 1607 del 9 de diciembre de
2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado», y
agregó que las sumas adeudadas fueron indexadas con fundamento en el artículo 53
de la Carta Política.

51. En lo que concierne a la fecha de pago, la Secretaría de Educación de Caldas
certificó que a la accionante «mediante Resolución número: 2005-6 del 22 de marzo
de 2013, Resolución aclaratoria número: 4628-6 del 04 de julio de 2013 y Resolución
modificatoria número 9139-06 de fecha 11 de diciembre de 2014, se le reconoció
retroactivo de homologación y nivelación salarial como personal administrativo de los
establecimientos educativos pagados con recursos del SGP del sector educativo
adscrito a la planta de personal del departamento de Caldas a partir del año
11/02/1997». El 15 de abril de 2013 se pagaron los siguientes valores23:

Año Devengos (sic) Indexación Total
1997 $2.754.480 $5.559.387 $8.313.868
1998 $5.016.657 $5.649.549 $10.666.206
1999 $6.882.414 $6.371.666 $13.254.081
2000 $7.879.536 $6.070.359 $13.949.896
2001 $6.118.210 $3.935.061 $10.071.271
TOTAL $28.651.298 $27.604.023 $56.255.321

3.4. Caso concreto

52. La accionante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el pago
de los intereses moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le pagó la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas por concepto de nivelación y
homologación salarial, reconocidas por su incorporación, como empleada
administrativa de la planta de personal.

19 Idem, págs. 63 a 65.
20 Idem, págs. 36 a 44.
21 Idem, págs. 28 a 31.
22
Idem, págs. 32 a 35.
23 Idem, pág. 62.

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Demandada: Nación – Ministerio de la Educación Nacional y otro

53. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda al
considerar que es improcedente el pago de intereses moratorios, comoquiera que no
existe una norma que así lo ordene cuando exista tardanza en el pago de la
homologación y nivelación salarial. También precisó que la demandante recibió el pago
de las sumas adeudadas debidamente indexadas, por lo cual es improcedente la
cancelación de intereses moratorios.

54. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación e indicó
que la nivelación salarial debió pagarse desde el momento de la incorporación y no 16
años después; agregó que los intereses moratorios sí son compatibles con la
indexación y que, en gracia de discusión, debió preferirse el pago de los citados
intereses; finalmente, precisó que aunque no exista una norma en concreto que ordene
el pago de los intereses, el juez debe acudir a la analogía y a los criterios auxiliares,
como la equidad.

55. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se acreditó
que la actora prestó sus servicios como empleada administrativa de la Secretaría de
Educación de Caldas, quien fue incorporada en la planta del departamento; asimismo,
la Secretaría en la Resolución 2005-6 del 22 de marzo de 2013 le reconoció a la
demandante las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la homologación
y nivelación salarial, en razón de su incorporación en la planta de personal territorial,
desde el 11 de febrero de 1997 hasta el año 2001; valores que fueron pagados el 15
de abril de 2013 y que incluyeron la actualización de las sumas.

56. Bajo esta perspectiva, y conforme a lo establecido en el marco normativo, la Ley 60
de 1993 dispuso la descentralización del servicio educativo que anteriormente estaba
bajo la responsabilidad de la nación. Como resultado, los empleados administrativos
que formaban parte de las plantas de personal fueron integrados a las entidades
territoriales, encargadas desde entonces de gestionar dicho servicio y administrar los
recursos transferidos por la nación. Este proceso de incorporación fue reglamentado a
través de los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001.

57. En consecuencia, tal como se narró en los hechos probados, la Secretaría de
Educación de Caldas presentó un estudio técnico ante el Ministerio de Educación para
la homologación y nivelación salarial. Una vez se surtió la aprobación del estudio
técnico, el departamento de Caldas expidió el Decreto 399 del 20 de abril de 2007 que
homologó y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la planta de
cargos del departamento, pagada con recursos del Sistema General de
Participaciones.

58. Como respuesta a lo planteado en el recurso, la Subsección señala que el criterio
pacífico y reiterado de las Subsecciones A y B de esta Sección ha consistido en que
los intereses moratorios tienen un carácter sancionatorio lo que implica que deben
estar regulados para que la autoridad esté facultada para reconocerlos en los eventos
de los pagos de los valores retroactivos por homologación y nivelación24.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con

radicado 73001-23-33-000-2014-00311-00 (0905-2015); sentencia del 19 de septiembre de 2024, proceso con
radicado 08001-23-33-000-2014-00916-01 (3341-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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59. Ciertamente, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se indicó que no es viable
el reconocimiento de los intereses moratorios sobre el valor retroactivo de la nivelación
salarial, porque en el marco del derecho sancionatorio debe existir una norma que
ordene su pago, así:

Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente caso,
teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto
buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto
en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los
intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro
de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o
estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no
se evidencian en el presente asunto25.

60. A su vez, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró que no hay lugar al pago
de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe
una norma que autorice dicho reconocimiento26.

61. Por otra parte, en sentencia del 28 de septiembre de 2017, la Subsección B partió
de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento del retroactivo de la
nivelación salarial frente a la fecha del pago, y observó que transcurrió un plazo
mínimo, prudente y proporcional de cara a la complejidad de los trámites
administrativos para materializar el proceso de homologación y nivelación salarial27.

62. Finalmente, es importante resaltar que las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado han declarado infundados los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos en casos de similares hechos, al indicar que el criterio de la Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha consistido en28:

a) Que el proceso de homologación de cargos administrativos del sector educación, que
se dio en virtud de la descentralización del servicio educativo, requirió de una serie de
etapas en las que influyeron varias normas que fueron expedidas mientras este se
llevaba a cabo y esto no comprometió la responsabilidad de la administración porque
la demora en el pago de la nivelación salarial estuvo justificada por la necesidad de
adelantar esas gestiones.
b) Que el reconocimiento de intereses moratorios por parte de la administración en estos
eventos demanda la preexistencia de normas expresas que los reconozcan de forma
clara, dado su carácter sancionatorio.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con radicado

73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15), M.P. William Hernández Gómez.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, proceso con radicado

73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15), M.P. César Palomino Cortés.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00406-01

(2488-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Demandado: Min. Educación y el departamento del Tolima.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, proceso con

radicado 11001-03-15-000-2023-00392-00 (586), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. En el mismo sentido, ver el fallo
del 28 de octubre 2024, Sala Especial de Decisión 8, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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63. En este orden de ideas, siguiendo el precedente de la Sección se concluye que la
actora no tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios, en tanto no existe
norma que lo ordene, y las resoluciones que le reconocieron las diferencias salariales
y prestacionales derivadas de la homologación y nivelación salarial, no dispusieron
que se causaban intereses moratorios.

64. Igualmente, se destaca que el pago de la nivelación salarial se hizo el 15 de abril de
2013, plazo que se considera prudente, si se tienen en cuenta la complejidad de los
trámites administrativos en el marco del proceso de homologación y nivelación salarial.

65. En virtud de estos argumentos, la Subsección confirmará parcialmente el fallo de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, salvo la imposición de la
condena en costas.

4. Costas

66. En lo concerniente a la condena en costas, se observa que según el criterio
mayoritario de la Sección Segunda es menester analizar la conducta procesal de la
parte vencida; así pues, como en el asunto bajo estudio no se observa que la parte
actora haya desconocido la buena fe al presentar la demanda y el recurso de
apelación, por tanto, se impone revocar la condena en costas impuesta en la primera
instancia.

67. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 29 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida,
haya incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

68. Confundamento en lo expuesto, se concluye que la accionante, quien se
desempeñó como empleado administrativo de la Secretaría de Educación de Caldas,

29 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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no tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre el valor
pagado por concepto de la homologación y nivelación salarial, toda vez que no están
regulados expresamente para ese evento, ni se dispuso que se causaban en el acto
administrativo que reconoció la citada nivelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia del 1°.
de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las
pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la parte actora, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

NC/HGM

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